11º JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD – SAN RAFAEL – MENDOZA

AUDIENCIA 8 / TRES TESTIMONIOS SOBRE FEBRERO DEL 76

11-08-21 | En la audiencia declararon los hermanos Ramón y Roberto Rosales sobre sus respectivas detenciones antes del golpe de Estado. También Nilo Torrejón, quien pidió colaboración de los acusados para “encontrar los restos de los desaparecidos”. Todos los testigos compartieron militancia en la Juventud Peronista en los setenta. La próxima audiencia será el miércoles 25 de agosto a las 9:30.

“Buscaban información de los Montoneros”

Ramón Rosales tenía 22 años y vivía con su compañera, Nilda Brito, cuando detuvieron a la pareja el 26 de febrero de 1976. En la casa estaba también su madre y una hermana. “Unas seis o siete personas con uniformes del Ejército y con FAL reventaron la puerta y entraron. También había personal policial. A mi hermana, que era una adolescente, la manosearon por todos lados diciéndole que la tenían que revisar”, rememoró.

Ramón Emilio Rosales

Fue trasladado a Infantería, donde lo interrogaron junto a otros detenidos. Les preguntaban quiénes eran montoneros, a cuáles conocían en San Rafael y en qué casa había “un mimeógrafo o cosas para imprimir” de la organización. “Nosotros no teníamos idea porque hacíamos tareas sociales en el barrio. Sabíamos que con la Juventud Peronista (JP) estaba todo mal. Ya habíamos tenido problemas con la policía”, recordó el testigo. Señaló Rosales sobre quienes los custodiaban: “Eran soldados muy jóvenes, colimbas, yo los veía cuando me movía la capucha”.

De Infantería lo llevaron en un celular al D2 en la capital de Mendoza junto a Nilo Torrejón, Orlando Flores, Carlos Berón, Luis Abelardo Berón y otra persona cuya identidad no logró conocer. Rosales aseguró que el personal que estaba a cargo del operativo era del Ejército. Desde allí todos fueron trasladados a la Penitenciaría Provincial.

El testigo indicó que, de la cárcel de Mendoza, lo trasladaron a la de San Rafael. Estuvo cuatro días en una celda de castigo, aislado, hasta que una madrugada lo esposaron, lo subieron a un vehículo y lo volvieron a llevar a Mendoza. “Allí estaban cargando compañeros en camiones del Ejército. Nos subieron a un Hércules y nos trasladaron a La Plata”, expuso.

“Nuestro pecado fue pedir agua potable, que es un derecho”

Roberto Rosales fue detenido el 26 de febrero de 1976 en su casa de la calle Telles Meneses. Reconoció a dos de los imputados en este juicio, Oscar Pérez y Ernesto Mercado, como quienes participaban en las detenciones de fuerzas conjuntas entre la Policía de Mendoza y el Ejército.

Roberto Rosales desde San Rafael

“Pegaron una patada en la puerta, entraron con armas, fue un operativo violento de cinco o seis personas, además había mucho personal militar afuera. Dieron vuelta todo. Y éramos pobres, teníamos un roperito, un colchón… Lo único que hicimos fue haber estado en la Juventud Peronista (…) en un reclamo por el agua para el barrio. ¿Eso era un delito? El pecado fue pedir por nuestro derecho. Nosotros para tener agua teníamos que ir a dos cuadras con un balde”, detalló.

Roberto fue apresado junto a varias personas: su hermano Ramón, un vecino llamado Luis Elías Navarro, los hermanos Berón, “un pibe de apellido Acuña”, y el padre y la madre de Flores. Todas ellas fueron llevadas en un vehículo del Ejército a Infantería:  “Estuvimos dos o tres días tabicados, es decir vendados, en una pieza. Al lado había dos calabozos de chapa donde estaban una señora del barrio, Clara Velázquez, su hija y mi cuñada”. La custodia era de policías y militares, precisó. Varios víctimas fueron trasladadas y quedaron solo el testigo y Aldo Fagetti. Ambos fueron llevados a declarar a la Regional Segunda, señaló, donde estaba Ricardo Ríos.

Rosales fue detenido nuevamente el 7 de abril y conducido inicialmente a Infantería.  Luego pasó a Tribunales, “un centro clandestino de detención único en el país, donde los que impartían justicia vieron la injusticia que se estaba cometiendo y nunca hicieron nada”, ponderó. Allí estuvo detenido junto a Hugo Riera, Hugo Magallanes, Sergio Chaki, Mario Bracamonte, Alfredo Porras, Héctor Masini, Carlos Castro, Juan Domingo Chacón, Valdés, un empleado del Correo de apellido Cardoso y otro de apellido Domínguez, de la Dirección General de Irrigación. “En Tribunales nos sacaban vendados a Bomberos a hacer las declaraciones. La gente tiene que haber visto las atrocidades que se estaban cometiendo ahí adentro”, remarcó.

En su segunda detención, que se extendió de abril a octubre del 76, el testigo fue llevado al Comando de Infantería de Montaña con los hermanos José y Carlos Aguinaco, Juan Domingo Chacón y Alfredo Porras, recordó.

Calificó el trato recibido en sus detenciones como “inhumano”. “No nos pusieron médico. No como los señores acusados que tienen todas las garantías y están a derecho. La comida nos la traía nuestra familia. Lo que podían, éramos gente pobre”.

Coincidió con su hermano Ramón en que los interrogatorios eran violentos y que los represores insistían en sacar datos sobre Montoneros. “Si uno se caía al suelo lo agarraban como una pelota de fútbol. Todos los interrogatorios fueron violentos y con tortura”.

Roberto Labarta, José Musere y Daniel López fueron los policías que el testigo identificó entre quienes participaban de los operativos. “A Labarta lo conocía porque cuando hacíamos asado siempre estaba ahí, después uno se da cuenta que estaban haciendo inteligencia”, cerró.

La gran deuda de los acusados

Nilo Lucas Torrejón declaró en el juicio de lesa humanidad en 2015. Tenía 23 años y vivía en el barrio Constitución, donde fue detenido en su casa, que compartía con su esposa y sus dos hijos, a las 4 de la madrugada. Fue el 26 de febrero de 1976 en un operativo de la Policía de Mendoza y el Ejército. Lo llevaron a Infantería.

“Había muchos policías que yo conocía porque éramos del barrio. Estuvimos como 15 días. El Ejército era el que custodiaba”, refirió. Lo trasladaron junto a otros presos al D2, donde permaneció hasta mediados de marzo, y desde allí, a la cárcel de Mendoza. En diciembre de ese año lo llevaron a La Plata y luego a la cárcel de Caseros, hasta diciembre del 79. “De allí salí a Suecia, donde permanecí hasta principios del 84. Cuando volvió la democracia volví al país”, agregó.

Nilo Torrejón

Torrejón militaba en la Juventud Peronista, que comenzó a frecuentar en el 72. “De los desaparecidos varios eran compañeros de la JP. Algunos todavía nos comunicamos. De los desaparecidos recuerdo a Tripiana, Fagetti, Osorio. A la familia Berón y a los Flores los conocía a todos, participábamos en las movilizaciones, en actividad política”, se explayó.

El testigo dijo que en los interrogatorios le preguntaban “por Susana Llorente, y si conocíamos a Firmenich, a Quieto, en esa época… que eran referentes. Pero nosotros nos movíamos dentro de la JP en un local que estaba ahí”.

Dijo Torrejón que los que le pegaban en los interrogatorios “no eran del Ejército sino de Infantería”. Recordó que un día trajeron a tres detenidos a Infantería: Ríos, Santiago Illa y otro detenido de quien no recordó el nombre, “que estaban identificados como del PRT y del ERP. Los tenían separados, atados con alambres. Fagetti desaparece ahí. Cuando nos trasladaron a Mendoza, Ilia vino con nosotros. Luego supuestamente le dieron la libertad y después nos enteramos que no llegó a su casa”.

Tribunal

Torrejón concluyó: “Yo ya he declarado cinco veces y no me voy bien. Por lo menos creo que queda una gran deuda de los señores estos, que no han cooperado, por lo menos para encontrar los restos de los desaparecidos. Es una gran deuda hacia la sociedad, los familiares, la justicia. Es algo muy feo hacia el futuro, es lo que siento siempre. Esto no termina acá. Ellos tienen familia; nosotros, también”.

La próxima audiencia será el miércoles 25 de agosto a las 9:30.

AUDIENCIA 8 / TRES TESTIMONIOS SOBRE FEBRERO DEL 76

RÉQUIEM DEL MONTONERO PROLETARIO

Se cumplen 50 años de la muerte de José Sabino Navarro en las sierras de Córdoba

Ayudado por su compañero, el herido logra descender y mira alrededor.

—Yo no salgo de esta. Vos te vas, yo te cubro.

—No, Negro. Me quedo con vos.

—Yo soy el jefe y es una orden.

Jorge Cottone se encamina hacia el norte, en paralelo a la ruta sinuosa. Anda a ciegas unos quince minutos, hasta que encuentra un árbol caído donde guarecerse. Mientras se acomoda, cree oír dos disparos. El frío y el cansancio lo confunden. En la duermevela de esas horas, recuerda o sueña lo que su compañero le dijo en un momento de calma durante esos días de frenética huida: “Tengo muchas cosas en la cabeza. No puedo caer vivo”.

La madrugada renueva sus esperanzas de llegar a Alta Gracia, quizás a Córdoba capital. Camina hasta Anisacate, pasa frente a una capilla y en un descampado a la salida del pueblo le dan la voz de alto y le apuntan con varios FAL. No ofrece resistencia y entrega la pistola Browning, un revólver calibre 32 y una granada de mano. Es el final de una semana de fuga.

—Uy, cuando agarraron la granada y vieron que tenía una bala en la recámara de la pistola… ¡Se armó un despelote! Yo no sé por qué estoy vivo –dice Cottone, cincuenta años después.

La persecución

Siete días antes, el NegroArturo y el Flaco (Cottone) viajan desde Córdoba a Río Cuarto en un Peugeot 504 blanco. El 21 de julio, pasadas las 20 horas, se encuentran en el centro con Juan Antonio Díaz, trabajador ferroviario y militante local de Montoneros. Con él hacen un recorrido de reconocimiento y aguardan en una casa.

A la 1:30 de la mañana del 22, Arturo, el Flaco y el Negro ingresan al garaje de calle Echeverría y Díaz queda de campana. “No me golpearon ni nada, pero me apuraron para que les entregara las llaves”, contará el propietario Osvaldo Ravelli. Lo dejan atado y maniatado y se llevan una camioneta Peugeot y otro Peugeot 404. Con el Negro y Díaz en el Peugeot 504 blanco, Arturo en la camioneta y Cottone en el 404 salen hacia Córdoba. A los pocos minutos, Ravelli se libera, corre hasta la casa de su padre y de ahí en un Ford 52 hasta la comisaría más cercana. Con cuatro policías de Investigaciones se inicia la persecución con ese mismo auto, al que le cargan 40 litros de nafta en la estación de servicio del ACA. Primero hacia Holmberg ida y vuelta y luego rumbo a Córdoba por la ruta 36, hasta que alcanzan a los tres Peugeot a 105 kilómetros de Río Cuarto. A toda velocidad y con la víctima al volante.

—¿Qué velocidad llevaba usted? –preguntará meses después el asombrado juez a cargo de la causa.

—Se iba a todo tipo de velocidades: 170, 150, 140. Y más también en algunos tramos, hasta 175 –responderá Ravelli.

Pasando Los Cóndores, ven las luces de la caravana en fuga, se ponen a la par y el policía Villarreal da la voz de alto. Los asaltantes se detienen y vuelven a arrancar. Villarreal dispara dos veces y la camioneta conducida por Arturo se va a la banquina. Sus compañeros se detienen y replican el fuego. Atrapado en el tiroteo, Ravelli resulta herido con un proyectil calibre 45 y lo tienen que llevar al hospital en un Rastrojero.

Díaz, Cottone y el Negro abandonan los autos y esperan cerca de la ruta para intentar socorrer a Arturo. Sin saber qué pasó con él, se internan en el campo y se ocultan en una zanja que cubren con ramas, previendo que si identifican a su compañero como militante montonero los van a buscar con un helicóptero.

Arturo era Cecilio Salguero, quien hoy recuerda: “Cuando nos alcanzan, quedo en medio del tiroteo. Salgo de la camioneta, me voy arrastrando, cruzo la vía y me interno en un campo. Tenía un tiro en la espalda, que después fue leve, pero en ese momento estaba shokeado y mareado. Esa noche me refugié en la casa de unos campesinos. Les dije que me habían asaltado en la ruta y me habían pegado un tiro los ladrones. El hombre puso un colchón en la cocina y la señora me curó la herida con agua oxigenada”.

A la mañana siguiente, la radio informa sobre el enfrentamiento en la ruta y Salguero decide irse: “No sabía si el miedo los iba a hacer llamar a la policía o no. Me despedí y les agradecí. Cuando estaba esperando el colectivo, a las 8:30 más o menos, aparecen dos patrulleros del Comando Radioeléctrico y me detienen. Me llevaron a la comisaría de Almafuerte y me torturaron durante dos o tres días”.

Los otros tres pasan ocultos todo el 21, hasta que al anochecer regresan por la franja de monte entre la ruta y las vías hacia Berrotarán, donde intentarían tomar un tren a Córdoba. Como faltan dos horas para su arribo, van a comer a un bar cercano a la estación. Se sientan en distintas mesas y a la hora de irse Díaz sale primero. Alcanza a caminar una cuadra, una comisión policial lo sorprende y al sacar su arma le disparan y cae muerto. Desde el bar escuchan los tiros. Cottone se asoma y ve a Díaz tirado. Pagan la cuenta, piden pasar al baño y escapan por la ventana.

 

Al rescate

La noticia del asalto, la persecución y la muerte de Díaz activan las alarmas de la militancia montonera. En Córdoba, el Negro, su entonces pareja, la abogada santafesina Graciela de los Milagros Doldán –Monina– y el ex sacerdote Elvio Alberione encabezaban la tarea de contactar a los grupos dispersos y recomponer la organización luego del descalabro producido por la detención de varios militantes y la muerte de tres de sus fundadores: Emilio Ángel Maza el 8 de julio de 1970, una semana después de la toma de La Calera, y Fernando Abal Medina y Carlos Gustavo Ramus en el tiroteo de William Morris el 7 de septiembre del ‘70.

El Descamisado, número 7, 7 de agosto de 1973.

Por esos días, el Negro paraba en la casa de Jorge Colo Kaplan, delegado sindical en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba y chofer operativo de Montoneros.

Colorado, están huyendo. Vamos a buscarlos –le propone Monina la mañana del 22 de julio. Antes de salir, ella activa por teléfono otras dos líneas de búsqueda: a través de la conducción montonera, gestionar la intervención del Consejo Nacional del Partido Justicialista, y con Rosa Maureen Kreiker –Murina– como interlocutora, recurrir a los curas tercermundistas para esconder a los fugitivos en alguna parroquia de la zona. Al atardecer, inician el rescate militar.

“En Alta Gracia había una casa operativa. El Negro y la Petiza (Doldán) tenían la llave –relata Kaplan–. Salimos en una Renault 6 celeste mía. Ella nunca usaba pollera, pero ese día le pidió una a mi mujer. ‘Es para mostrarle las gambas a los milicos’, me dijo. Tenía armas de los dos lados. Llegamos a un control de la cana, del lado de ella había cinco o seis y del mío dos. Ella dice: ‘Yo me bajo los que están de mi lado, vos ocupate de los del tuyo’. Baja el vidrio, se sube un poco la pollera y se tira más cerca de mí, pero veo que con las dos manos va hacia las pistolas. Nos alumbran con linterna, le miran las gambas y… ‘Pasen’. Yo temblaba como una hoja; ella no. Llegamos hasta un punto determinado: ‘Quedate acá. Es una casa operativa y no la podés conocer’. Me deja en medio de unos arbustos y se va con el auto, demora veinte minutos, vuelve y dice: ‘No está, ni nadie ha entrado’”.

En Alta Gracia, Doldán hace un par de llamadas telefónicas y decide regresar a Córdoba. Al volver a pasar por el control policial les preguntan: “¿La pasaron lindo, chicos?”. En los días siguientes, sin noticias de los prófugos, se dedican a levantar las casas operativas.

No fueron los únicos. Tanto Cottone como Alberione cuentan –en el libro de Justo Pereira citado más adelante– que el padre del militante montonero Carlos Capuano Martínez tenía un camping por la zona y, “conocedor de la sierra, salió en la búsqueda con algún compañero” y “andaba despacito por la ruta bordeando el cerro en su Citroën”.

El cerco, el hambre y el frío

El Negro y Cottone se ocultan en los alrededores de Berrotarán, hasta que ven al vecino Ricardo Gross guardar su Renault Gordini. Lo obligan a llevarlos por el camino hacia el Valle de Calamuchita y lo dejan 18 kilómetros más adelante. El Negro toma el volante y en un primer control policial amaga frenar, acelera y lo elude. Recorren unos treinta kilómetros, rodean el embalse de Río Tercero y a las 23:45 llegan a Santa Rosa de Calamuchita, donde los bloquea otra “pinza”. Cottone dispara seis tiros al aire, logran escapar por caminos rurales y se esconden con el auto en un recodo del que va a Yacanto. A la mañana los detectan desde un helicóptero. Dejan el auto y se vuelven a perder en el campo.

A las 19 horas del 23, intentan cruzar sobre las piedras el río Santa Rosa para ocultarse en el seminario Santa Fe Los Algarrobos, pero en medio del cauce “les efectúan dos disparos intimidatorios y son contestados”, dirá el informe policial. En la huida, Cottone trastabilla y cae al agua en un pozo profundo. Logran salir del río y corren hasta asegurarse de que no los persiguen.

“Una hora después yo me sentía morir de frío y le dije al Negro: ‘No puedo seguir más’ –recuerda Cottone–. Entonces, él me desnudó, me escurrió toda la ropa y me volvió a vestir, porque yo estaba entumecido de frío. Nos tiramos, él se acostó arriba mío, me cubrió con su cuerpo y me dio el calor suficiente, porque no sé, cero grados hacía… y mojado”.

—¿A esa altura ya sabías quién era él?

—Nunca supe hasta mucho después. Él era mi jefe operativo, nada más que eso.

En paralelo al río El Sauce y guiándose por las estrellas, caminan varios kilómetros en dirección norte hacia Alta Gracia. A la tarde del día siguiente, se cruzan con un paisano. El Negro lo encara y sin mostrarle ningún arma le pide:

—Compañero, nos tiene que ayudar. Nosotros somos guerrilleros peronistas. ¿Nos puede dar algo de comer? Estamos sin comer desde hace dos días.

—Bueno… voy a buscar.

Al rato vuelve con una bolsa de arpillera con pan casero, un frasco de mermelada frutal, queso, una Coca Cola y un cuchillo. El Negro le promete que se lo van a dejar en el mismo lugar. Después de comer, escribe en un papel y lo clava con el cuchillo en un árbol: “Hasta la victoria siempre. Perón o Muerte. Montoneros. Venceremos”. “Fue una forma de agradecerle su solidaridad. Con el hambre que teníamos, el pan y el dulce eran un manjar y hasta hoy cada vez que tomo una Coca me acuerdo de aquella”, rememora Cottone.

En el paraje Cerro de Oro, entre Santa Rosa y Villa General Belgrano, descubren una casa vacía donde se refugian entre el 25 y el 27 de julio. Ahí encuentran algo de comida y se apoderan de un revólver calibre 32. Al mediodía del 27, la mucama los sorprende mientras cocinan. Ellos le dicen que están esperando a su amigo. La mujer simula creerles, pero al ver por la ventana que el matrimonio dueño de casa baja del colectivo, corre a avisarles. Por detrás, salen Cottone tapado con una manta y el Negro, que les ofrece pagar lo consumido. A la mujer le da un ataque de nervios, lo empuja e intenta golpearlo, hasta que él saca un revólver. En medio de un griterío, huyen y se esconden de nuevo en el monte hasta el anochecer del día siguiente. Ya en Villa General Belgrano, a las 20 del 28 de julio toman un ómnibus rumbo a Córdoba. Cottone se sienta atrás y Navarro en el tercer asiento.

Al llegar al paredón del dique Los Molinos, a las 20:30, un control policial detiene el colectivo. El guarda baja y los alerta sobre “dos jóvenes sospechosos”. Los policías Pedro Evaristo Videla y Ramón Heraldo Álvarez suben y “sorpresivamente los dos pasajeros aludidos abren fuego hiriendo de gravedad en la boca del estómago al agente Álvarez, en tanto el agente Videla recibía un impacto de bala en la articulación del hombro y brazo izquierdo”. No obstante, Álvarez logra abrir fuego y uno de sus disparos “puede haber alcanzado a uno de los sujetos, dado que lo vio caer hacia atrás, rebotando en el respaldar del asiento”, relatará el informe de la comisaría de Alta Gracia.

Los policías descienden del coche y el tiroteo cesa. En un instante de silencio y confusión, el Negro, con un balazo en el antebrazo, salta al asiento del conductor, arranca y a la máxima velocidad que permite el camino de montaña intenta seguir hacia Córdoba por la Cuesta del Águila, pero “a los pocos kilómetros el ómnibus, cuyo pasaje había podido descender en su totalidad, embiste un promontorio ubicado sobre la banquina derecha de la ruta, a la altura del kilómetro 778”.

El Negro y Cottone bajan del colectivo y escapan “en dirección al espeso monte que circunda la ruta por ambos lados”, mientras se inicia un amplio operativo de rastreo en Villa Ciudad de América, Cuesta del Águila, La Serranita, Los Patos y Villa La Bolsa, “con un nutrido contingente de efectivos policiales y con la colaboración de fuerzas militares, pertenecientes al Grupo de Artillería 141 ‘José de la Quintana’”.

Allí el jefe le ordena a su compañero que siga hacia Alta Gracia. Los fugitivos se separan.

La captura

Más adelante, el informe elaborado en la comisaría de Alta Gracia consigna que “alrededor de las 16 horas del día de ayer (29 de julio), personal adscripto a este departamento, secundado por el Comando Radioeléctrico, procede la detención del joven Jorge Alberto Cottone, argentino, 23 años de edad (…) que se lleva a cabo en el lugar denominado Las Higueritas, proximidades de la localidad de Anisacate y cercano al camino que une esta población con el Grupo de Artillería de José de la Quintana”.

A las 16:35 y delante de los periodistas, lo ingresan a la comisaría de Alta Gracia, donde es sometido a una golpiza con más furia que afán indagatorio, y a las 18 lo trasladan a Córdoba capital. Cottone aún recuerda la burla de los policías durante el viaje:

—Cómo te salvaste cagando, eh. Mirá si te agarraba el Ejército, te iban a hacer mierda.

Así finalizaba una amplia crónica titulada Tenaz persecución de extremistas en Córdoba, publicada el día siguiente en el diario La Nación: “Las posibilidades de escape de los guerrilleros se reducían hora a hora, pues el cerco se fue estrechando implacablemente (…) Cottoni (sic) fue encontrado en las inmediaciones de la iglesia en estado de extenuamiento. Se han despachado comisiones policiales a revisar el sector indicado por el guerrillero detenido, con el fin de ubicar al compañero, quien –según versiones circulantes– se presume habría dejado de existir”.

El hallazgo

En la madrugada del 21 de agosto, el paisano Secundino Roque Domínguez cabalgaba por la ruta 36 a la altura del paraje Agua de la Negra, entre las localidades de La Serranita y Villa Ciudad de América, cuando su perro encontró, en la alcantarilla de una vertiente a pocos metros del camino, un cadáver ya descompuesto y con las piernas desgarradas, como si hubiera sido atacado por animales salvajes. Horas después, la policía relevaría con el cuerpo las llaves de un auto, un reloj pulsera Tissot, un cargador de pistola 9 mm, un cortaplumas, 201.200 pesos moneda nacional, una cédula de identidad y un carnet de conductor de la provincia de Buenos Aires, una credencial de “enviado especial” de la revista 7 Días y otra de “supervisor” de la empresa Celulosa Argentina –todos los documentos a nombre de Luis Ourfali–, junto a un revólver Smith & Wesson, calibre 38 largo, de caño corto, “con cinco proyectiles, uno de ellos utilizado”.

Ya ese primer informe de la comisaría de Alta Gracia indicaba “un pequeño orificio al parecer de bala, por debajo de la tetilla izquierda, posible causa de su deceso”, y añadía: “A unos doscientos metros hacia el sur hace aproximadamente un mes había chocado un ómnibus ocupado por dos guerrilleros, uno de ellos detenido, quien informara que su acompañante se encontraba herido de bala por las inmediaciones, sindicándose el presente hallazgo como el presunto individuo”.

El informe de la autopsia realizada por la Policía Federal de Córdoba y elevado al tribunal el 30 de agosto indicaba que la causa de la muerte “se ignora con exactitud por lo avanzado de la putrefacción pero se tiene la evidencia de los disparos de armas de fuego”, uno en el antebrazo y otro en el tórax. Por orden del tribunal, se amputaron las manos del cadáver y se las envió para analizar las huellas digitales a la División Identificaciones de la Policía Federal en Buenos Aires, que el 2 de septiembre informó: “Conforme los postulados de la Ciencia Papiloscópica, se logró determinar que los calcos digitales obtenidos correspondían a José Sabino Navarro (…) identificado en esta Policía Federal, con prontuario C. I. n° 5.815.329”.

 

 

Al día siguiente, Elsa Navarro de Seillán reclamó ante la Cámara Federal Penal el cuerpo de su hermano menor “a efectos de darle cristiana sepultura, oponiéndose terminantemente a la entrega del cadáver a otro familiar, con la sola excepción de la esposa del mismo, de la que carecen de noticias desde hace más de un año”. El juez Jaime Lamont Smart la autorizó a retirarlo de la morgue judicial del Hospital San Roque en Córdoba capital. Así la familia recuperó el cuerpo, hoy sepultado en el cementerio de Olivos.

“Navarro, herido, se aleja y esta fiscalía cree que se suicida de un disparo en el corazón, ya que él tiene dos disparos, uno en el brazo y otro en el corazón, y si hubiera sido el primero el disparo en el corazón no hubiera podido conducir”, será la conjetura del Ministerio Público, no contrariada por los jueces, ni la organización revolucionaria, ni los sobrevivientes.

 

El jefe obrero

Nacido en Corrientes el 11 de diciembre de 1942, José Sabino Navarro fue uno de los fundadores de Montoneros. No participó –al menos no en forma directa– en el secuestro y ejecución del general Pedro Eugenio Aramburu, pero encabezó varias acciones guerrilleras y sobrevivió al tiroteo en la pizzería “La Rueda” de William Morris, donde murieron Abal Medina y Ramus. Ese día se convirtió en el jefe máximo de la organización. Estaba casado con Josefa Pina Mateika, con quien tuvo dos hijos.

A pesar de su arrojo y capacidad para la acción armada, a pesar de la excesiva confianza en su intuición, Navarro privilegiaba la construcción política y nunca soslayaba la dimensión clasista, aspecto en el que coinciden la mayoría de los autores que abordan la etapa de la organización que lo tuvo como protagonista y los entrevistados para esta crónica.

En el ya clásico ensayo Soldados de Perón. Historia crítica de los montoneros, el historiador inglés Richard Gillespie señala que casi todos los integrantes del grupo fundador “provenían de familias acomodadas”. En cambio Navarro, “por pertenecer a la clase obrera y a la vez a una familia de indiscutible raigambre peronista, era la única excepción a la regla general. Su padre lo había llevado, cuando sólo tenía dos años, a escuchar los discursos que Perón dirigía a las masas, y su madre pudo salvar la vida gracias al avión que Evita envió a Corrientes para trasladarla a Buenos Aires con el fin de que la operasen. A finales de los años ‘60, ese futuro líder montonero se había convertido en un activo sindicalista con el cargo de enlace sindical, e hizo lo posible para que los pretendidos militantes Dirk Kloosterman y José Rodríguez fueran elegidos para dirigir el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). Los nuevos líderes le causaron una gran desilusión. Corrió la voz de que habían colaborado con la dirección de la fábrica de coches DECA (Deutz Cantábrica) para que, en 1969, lo despidieran: toda esa experiencia condujo a Sabino Navarro, durante el mismo año, a formar un pequeño grupo armado para lanzarse a la guerra de guerrillas”.

A su vez, María O’Donnel en Aramburu lo define como “inequívocamente peronista” porque “había vivido experiencias y había sido testigo de hechos que la mayoría de los Montoneros de clase media solo habían conocido por el relato de terceros. No había entrenado en Cuba ni tenía la formación intelectual de otros dirigentes, pero su historia personal, su origen obrero y su entrega revolucionaria le daban todas las credenciales que podía necesitar”.

En su tesis Montoneros. El mito de sus 12 fundadores, Lucas Lanusse destaca su militancia en la Juventud Obrera Católica (JOC), sus vínculos con Juan García Elorrio –director de Cristianismo y Revolución– y exponentes de la izquierda peronista como John William Cooke, Fernando Alberte y Gustavo Rearte. “En agosto de 1968, Sabino participó del primer Congreso del Peronismo Revolucionario y en enero del año siguiente concurrió al Plenario Peronista de Pajas Blancas –refiere Lanusse–. Para ese entonces, ya no le quedaba ninguna duda de que era necesario iniciar de inmediato la lucha armada como complemento del frente sindical y político. Junto con el resto de la Tendencia Revolucionaria, defendió ardientemente esta postura en el Plenario, aunque otros abogaban por el fortalecimiento de la clase obrera militante como requisito previo esencial, o insistían en el fortalecimiento de la CGTA (Confederación General del Trabajo de los Argentinos). Dos meses más tarde, se produjo una de las últimas apariciones públicas de Sabino, cuando fue invitado por gente del Peronismo de Base a Córdoba a intervenir en un conflicto en la empresa Renault. Sabino fue uno de los oradores en una asamblea en puerta de fábrica”.

En Navarro se sintetizaban también las contradicciones que atravesaron la experiencia histórica de Montoneros. Así lo planteaban los integrantes de la corriente interna que llevó su nombre, en el llamado Documento Verde, redactado en la prisión chaqueña de Resistencia y dado a conocer en julio de 1972: “Hay una contradicción entre nuestra práctica foquista y el desarrollo de las fuerzas revolucionarias. Hay una contradicción entre nuestra práctica foquista y la concepción de Guerra Popular Prolongada que surge como más acorde con la realidad y la tarea a desarrollar”.

“Lo conocí después de la muerte de Fernando Abal Medina. Quedó como jefe nacional nuestro. Es uno de los responsables que uno más recuerda de los jefes históricos. Está ahí como una especie de único dentro de todos los jefes (…) Sabino es el primer cuadro de conducción de jefatura nuestra que recorre el país. Es el tipo que logra armar la organización, logra convencer y encuadrar todas las voluntades en una sola fuerza (…) La relación entre la estructura de cuadros y el trabajo de masas no tenía continuidad. El Negro se fue a Córdoba porque no pudo salir de la crisis. ¡El jefe montonero va donde está la crisis! Donde está lo más difícil y al frente. Y así lo perdimos al Negro”, expresa Fernando Vaca Narvaja, en su testimonio para el libro Sabino Navarro: pasión revolucionaria, de Justo Pereira.

En octubre de 1970, un mes después de su detención en William Morris, Luis Rodeiro –uno de los autores del Documento Verde– le escribió a Sabino Navarro una carta desde la cárcel de Resistencia. Le agradecía su “gesto solidario” de mandarle un mensaje y preocuparse por él y le contaba que “ya no hay golpes ni picana ni interrogatorios”, pero lo que “duele hasta el alma es la soledad”. Al final, planteaba: “En cuanto a lo político, no puedo negarte –además ya habíamos hablado al respecto en libertad– que tengo dudas que me preocupan. De lo que estoy seguro es que somos hormigas contra un elefante: ¿no habría que intentar comerlo despacito, de a poco y sin apuro? La violencia no es todo. La autosuficiencia, la soberbia, nunca ha sido de mi agrado. Querido José, negrura mundial, ya habrá tiempo y oportunidad de conversar. Cuidate. Un abrazo”. La carta nunca llegó y la conversación no pudo ser.

 

 

Después del fin

Jorge Cottone y Cecilio Salguero fueron sentenciados el 22 de diciembre de 1971 a 18 y 14 años de prisión, respectivamente, por la Cámara Nacional Penal –llamada “Camarón” o “Cámara del Terror”– presidida por Jaime Lamont Smart, ante quien denunciaron haber sido torturados y amenazados por la policía. Ambos recuperaron la libertad con la amnistía dictada por Héctor Cámpora el 25 de mayo de 1973. Salguero fue secuestrado el 9 de marzo de 1977 y pasó por los campos de concentración de La Perla y La Ribera y las cárceles UP1 de Córdoba, U6 de Rawson y U9 de La Plata, hasta su liberación el 24 de julio de 1984.

El entonces juez Smart fue Ministro de Gobierno de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar. El 19 diciembre de 2012, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata le impuso la primera condena a prisión perpetua contra un miembro civil de la dictadura por crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto represivo conocido como “circuito Camps”. El 24 de octubre de 2014 recibió la misma condena por su participación en los secuestros, torturas y homicidios cometidos en el centro clandestino de detención “La Cacha”.

Los abogados Roberto Sinigaglia y Mario Hernández, defensores de Cottone, Salguero y otros presos políticos, fueron secuestrados y desaparecidos en operativos simultáneos del Ejército en Capital Federal y en Beccar, el 11 de mayo de 1976.

Graciela Doldán y Rosa Kreiker cayeron en manos de la patota del campo de concentración y exterminio de La Perla, en Córdoba, el 26 de abril de 1976. Ambas permanecen desaparecidas.

 

La despedida

En uno de los escasos momentos de calma, durante su escapatoria por las sierras de ese Valle de Calamuchita hoy sobrepoblado de turistas, Jorge Cottone y Sabino Navarro dialogan en confianza.

—¿Vos cómo entraste a la organización? –pregunta Navarro.

—Soy estudiante y como católico me empecé a interesar por lo social, por las injusticias, y así me acerqué al peronismo y a esta opción. ¿Y vos?

—Yo siempre fui peronista, porque siempre fui explotado. Yo nací y fui obrero toda la vida. A mí nadie me tuvo que decir ni tuve que leer lo que es la explotación.

—Claro, nosotros tuvimos que aprender a ser violentos –admite Cottone.

—La violencia nació conmigo –sentencia Navarro–. Che, ¿y vos qué opinás? ¿Salimos?

—¡Sí! ¡Claro que vamos a salir!

—Sí, porque yo no puedo caer vivo.

Días después, herido, agotado y rodeado por el cerco represivo, le pide a su compañero antes de cumplir su vaticinio:

—Dales un abrazo a mis hijos y deciles cuánto los quiero. Yo sé que no les va a faltar nada, porque la revolución les va a dar educación, salud y todo.

Réquiem del montonero proletario

HASTA LAS MANOS

Tras media vida impune, el empresario Carlos Blaquier deberá rendir cuentas por los secuestros de 1976

Aunque la defensa del empresario interponga nuevos recursos y quejas, los recientes fallos de la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación que confirmaron su procesamiento como partícipe de una serie de secuestros en 1976 lo dejaron a la intemperie y despejaron el camino para que avance el trámite judicial. La duda es si eso ocurrirá lo suficientemente rápido como para que Blaquier no muera antes de sentarse en el banquillo.

Mientras el juzgado de instrucción ultima detalles para el envío del expediente al Tribunal Oral Federal de Jujuy, es probable que los abogados defensores presenten un nuevo recurso extraordinario ante Casación, que seguramente será rechazado, y que luego vayan otra vez en queja a la Corte, aunque sepan que la suerte de Blaquier ya fue echada en el máximo tribunal. Las querellas estiman que la estrategia de la defensa no debería frenar el trámite de elevación.

En paralelo a los avances en el proceso contra Blaquier y Alberto Lemos, administrador de Ledesma durante la dictadura, el TOF jujeño sigue adelante con el juicio por la megacausa que reúne los casos de 120 víctimas secuestradas, torturadas y/o desaparecidas en Jujuy durante 1976. El debate oral comenzó hace tres años y entre los 21 imputados hay militares retirados del Ejército, ex policías, gendarmes e integrantes del servicio penitenciario provincial, todos acusados por los crímenes cometidos durante lo que se conoció como las “Noches del Apagón”, entre el 20 y el 27 julio de 1976, y durante los sucesos previos ocurridos en Libertador General San Martín y en la mina El Aguilar el 24 de marzo de aquel año.

Durante los tres años de juicio, tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas de los organismos de derechos humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos reconstruyeron la persecución contra trabajadores y representantes gremiales del ingenio Ledesma. Aunque Blaquier y Lemos estuvieron ausentes por la falta de mérito con que los había beneficiado Casación, la responsabilidad de la empresa en la represión estuvo en el centro del debate. El tribunal pudo escuchar a víctimas que relataron cómo fueron secuestradas en camionetas pertenecientes a Ledesma y puestas al servicio de las fuerzas represivas.

Blaquier y Lemos están acusados como partícipes de la privación ilegal de la libertad de 23 personas. Lo más probable es que su trámite no llegue a incorporarse en el juicio en curso, que está por entrar en su recta final luego de varios meses de demora por la pandemia de Covid-19. El 19 de agosto se realizarán en Jujuy las inspecciones oculares que faltaban para completar la etapa de prueba y luego vendrán los alegatos y la sentencia.

Antes de que Blaquier vaya a juicio deberá resolverse la integración del tribunal. Ya se sabe que uno de los jueces que lo componen actualmente tendrá que excusarse porque antes integró la Cámara de Apelaciones que confirmó el procesamiento del empresario. Las querellas esperan que, si se hace un nuevo juicio, el TOF adopte todas las medidas necesarias para acelerar un proceso en el que la investigación judicial ya está hecha.

Cuando procesó a Blaquier en 2012, el juez federal Fernando Poviña dio por probado que en los secuestros de 1976 se utilizaron vehículos de Ledesma, tal como surge de una multiplicidad de testimonios producidos en diferentes momentos históricos, y demostró a través de prueba documental que la colaboración logística de la empresa con las fuerzas de seguridad era habitual en la época de los hechos. Consideró que existía un grado de probabilidad suficiente como para ir a juicio de que Blaquier y Lemos conocieran el uso que se daría a las camionetas durante los secuestros de marzo y julio de 1976. Y sostuvo que la motivación económica empresarial era el móvil detrás de la participación de Ledesma al aportar medios materiales para los secuestros.

 

En estos últimos tres años de juicio oral y público, los testimonios de decenas de testigos apuntaron a la responsabilidad decisiva de la empresa de Blaquier en la represión en Jujuy, tal como pudo registrar la querella de H.I.J.O.S. durante el debate.

  • Juan Carlos Lescano, ex trabajador del ingenio: “El motivo de mi detención fue haber ido al sindicato a pedir asesoramiento al secretario gremial, Melitón Vázquez. Yo tenía anotado en el conforme todas las horas extra que hacía de las que no me salía el pago”.
  • Virginia Sara Luz Abdala: “En esa época yo tenía 16 años y no entendía muy bien qué estaba pasando. Mis padres eran muy progresistas y en casa tenían muchos libros y revistas, pero terminaron quemándolo todo, entonces empecé a percibir que algo no estaba bien. Vivir en Ledesma era como vivir en un apagón. Era un país, una ciudad y un pueblo sumido en el terror, la oscuridad y el silencio. Todo el tiempo se vivía con miedo”.
  • Julio César Taglioli, ex delegado gremial de la sección de trapiches y moliendas de Ledesma, secuestrado por la policía provincial en el portón del ingenio en marzo de 1976: “Mi cuñado era comisario inspector de la policía federal y consiguió un arreglo en el que yo saldría liberado si firmaba la renuncia a todos mis derechos laborales con la empresa Ledesma. En ese entonces me tenían aislado en una celda de castigo conocida como ‘el Chancho’, así que me sacaron para hacerme firmar y salir en libertad”.
  • Carlos Luis Figueroa, ex secretario de relaciones gremiales del Sindicato del Azúcar: “Nosotros ya sabíamos que se venía la intervención del sindicato, ya habían intervenido otros gremios esos días y era cuestión de tiempo, pero no pensábamos que iban a llegar al punto de meternos presos”. Según Figueroa, en la mañana de su detención estaba junto a otros compañeros en una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo en San Salvador de Jujuy cuando la policía provincial entró para llevarse a los trabajadores del ingenio. “Nunca me dieron las razones de mi detención. Yo supongo que fue por mi actividad gremial, porque en ese tiempo fue todo muy difícil, tuvimos que hacerle varias huelgas a Ledesma”.
  • Arturo Rafael Cancino, ex referente gremial y trabajador de la central termoeléctrica de Ledesma durante la zafra, detenido el 24 de marzo de 1976 al salir del ingenio: “Yo había entrado en 1969. Era dirigente gremial y conocía la situación, en las secciones me querían mucho los compañeros. (…) Cuando estoy detenido en el penal de Villa Gorriti me entrevisto con un capitán y le digo que quería volver a trabajar al ingenio cuando fuera liberado, a lo que el capitán responde: ‘Mire, sabemos todo porque Ledesma nos dijo’, como queriendo decir que yo me las tenía que arreglar con Ledesma”. Cuando lo liberaron, Cancino se tuvo que ir a Catamarca y no pudo regresar a Ledesma, donde había quedado su hijo, hasta la vuelta de la democracia.

 

Los testimonios del juicio oral se suman a la evidencia que sustenta la acusación contra Blaquier y Lemos desde hace años, y contribuyen a la reconstrucción histórica contextual sobre el poder sin límites que ejerció Ledesma en su zona de influencia durante la última dictadura: un caso emblemático de responsabilidad empresarial que ahora más que nunca tiene nombre y apellido.

* Las ilustraciones las realizó el artista Hugo Goldgel para el micro-relato audiovisual sobre la Megacausa Jujuy del sitio www.juiciosdelesahumanidad.ar, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Hasta las manos

La inteligencia sangrienta

9º JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD -MENDOZA

AUDIENCIA 53 / LA INTERVENCIÓN DIRECTA DEL DESTACAMENTO DE INTELIGENCIA

06-08-2021 | Se escucharon dos testimonios. Primero declaró Domingo Gilli, primo del exconscripto José Dimódica, quien murió en circunstancias sospechosas cuando estaba de guardia en Las Lajas. A continuación, Claudia Domínguez Castro relató lo que pudo reconstruir sobre las circunstancias de su apropiación y entrega por parte de Carabajal, integrante del Destacamento de Inteligencia 144. La próxima audiencia será el viernes 20 de agosto a las 9:30.

Durante la mañana, se presentaron ante el tribunal dos testigos: Domingo Gilli de manera presencial y Claudia Domínguez Castro de manera virtual. Los testimonios de hoy apuntaron a recabar información sobre la participación de la Fuerza Aérea y el Destacamento de Inteligencia del Ejército en la represión local.

Sobre la sospechosa muerte del conscripto José Dimódica

Domingo Gilli declaró en instrucción en 2007 por la dudosa muerte de su primo José Dimódica Gibanto en Campo Las Lajas, en 1979. Años más tarde, en 2017, varias personas de las familias García y Gibanto fueron convocadas a testimoniar en el debate oral del sexto juicio de Mendoza.

En esta ocasión, Gilli explicó que José Dimódica era cabo armero de la Fuerza Aérea Mendoza y realizaba guardias en Campo Las Lajas. Un sábado a la noche el testigo y dos primos —Jesús Gibanto y Juan Manuel García— iban a reunirse con él para comer un asado en un puesto ubicado antes del predio de la Aeronáutica, donde había una tranquera, pero el puestero —que conocía a su primo— les indicó que José había tenido un accidente al mediodía y había sido trasladado a un hospital. Supusieron que se trataba del Hospital Militar, en calle Boulogne Sur Mer, pero allí no se encontraba.

Domingo Gilli
Domingo Gilli

Desde el hospital se comunicaron con la IV Brigada Aérea, quienes informaron que a Dimódica “se le había escapado un tiro”. La familia de Dimódica se presentó en la IV Brigada, donde militares de rango les indicaron que José sería velado en la casa de una tía en Guaymallén. El testigo indicó que pudo asistir el segundo día y que había mucha gente.

Daniel Rodríguez Infante leyó parte de la declaración testimonial de Gilli en instrucción, en la cual refería que miembros de familia habían recibido amenazas cuando quisieron investigar sobre la muerte de José, pero el testigo no recordó los hechos.

La llegada de Claudia a la familia Bozzo Reitano: “De eso no se habla”

Claudia Domínguez Castro declaró por primera vez en un juicio donde se investiga el secuestro y desaparición de su mamá y su papá, Gladys y Walter. Su testimonio fue fundamental para esclarecer el rol de Inteligencia en la dictadura: su participación directa y sistemática en el plan represivo.

Su ingreso a la familia Bozzo Reitano estuvo directamente ligado a Héctor Segundo Carabajal, cuñado de Antonia Reitano e integrante del Ejército. Claudia pudo reconstruir bastante bien aquel proceso entre lo que le dijeron antes de que se restituyera su identidad, durante el juicio por su apropiación y con todos los datos que fue recabando. Carabajal, pudo asegurar, fue quien la ofreció al matrimonio y la entregó.

Antes del nacimiento de Claudia, sabían que Carabajal cumplía funciones en el Ejército —primero en Buenos Aires, después en Uspallata— pero no conocían bien su trabajo, “todos tenían dudas”. El dato de mayor interés para corroborar esto lo obtuvo cuando tuvo acceso al legajo de Carabajal. Le llamó la atención que de tocar un instrumento en la banda de música —según sabían— lo enviaran en comisión a Mendoza.

“Recuerdo haber leído en una libreta las situaciones de revista que él tuvo y el momento en que es enviado en comisión a Mendoza”, aportó la testigo. A partir de allí asoció las fechas de las designaciones con los sucesos en la familia Bozzo Reitano de los que tenía conocimiento y armó una cronología: el ofrecimiento “de un bebé” a su familia de crianza se había producido en diciembre del 77 —mes del secuestro de Gladys Castro y Walter Domínguez—, poco después de que el integrante de Inteligencia arribara a la Ciudad de Mendoza.

El relato familiar decía que les habían hablado de una mujer que “estaba sola, embarazada. No se sabía si iba a ser varón o nena, que no lo iba a querer y que nacería aproximadamente en el mes de marzo”, precisó Claudia. El marido “había fallecido” y ella “no podía o no quería tenerlo”. Según la partida de nacimiento, Claudia nació el 13 de marzo de 1978. Coincide con la fecha probable de parto que le dijo su abuela Angelina: “Después del 10 de marzo”. Ella había llegado con una indicación —no sabe si escrita u oral— de que debían dejar registrado que Antonia había dado a luz en el domicilio.

Sin embargo, Claudia recuerda que Julio Bozzo negó en, al menos, dos oportunidades la participación de Carabajal. La última vez fue en 2015, cuando ya la habían llamado para comentarle las irregularidades de su partida de nacimiento y la posibilidad de que fuera una de las más de 500 niñas y niños apropiados durante la dictadura.

Con su identidad restituida, un día antes de que Claudia conociera a sus abuelas, Antonia y Julio le admitieron que Carabajal había tenido algo que ver. Según le explicaron, no le habían dicho la verdad para cuidarla, por el contexto siempre “turbio” de Carabajal: deudas, amenazas, extorsiones a su alrededor. Ella reflexionó: “Sabía que había algo turbio ahí con él y no entendía por qué lo habían escondido”.

En ese tiempo Claudia también descubrió por qué Julio Bozzo llevaba años distanciado con Héctor Carabajal. A través de un llamado telefónico, había sido víctima de una extorsión: “Si no entregaba o devolvía no sé qué, iban a decir que Julio y Antonia tenían una hija de desaparecidos”. Bozzo intentó insistentemente averiguar con Carabajal de qué se trataba esa extorsión, pero nunca lo consiguió.

Las pistas para relacionarlo con su desempeño en el Destacamento de Inteligencia 144 son innumerables. En la familia nunca se supo bien a qué se dedicaba Carabajal —“todos tienen relatos distintos en momentos diferentes”— sabían que era militar, tenía relación con la intendencia del Ejército y participaba en fiestas de fin de año a las que solo eran invitados los integrantes de la fuerza. Sus hijos iban al Liceo Militar e incluso una prima festejó un cumpleaños en un salón de la fuerza que él consiguió. Pero Carabajal, después del 76 o 77, siempre estuvo vestido de civil.

Luego de la restitución de su identidad, Claudia supo una historia de Julio Bozzo. Él trabajaba en el correo y un día participó de una manifestación que fue disipada por las fuerzas. Luego de eso, Carabajal le hizo un comentario en la casa de Dominga —mamá de Antonia Reitano—: “’Qué poco les duró estar en la calle’ o algo por el estilo”. Julio asoció que Carabajal debía haber estado ahí porque no existía otra forma de conocer que la movilización había sido dispersada.

Otra situación “rara” que relató Claudia Domínguez Castro es una de la que se enteró por su prima Silvana, quien había hablado con su mamá, Norma. Le contó que Carabajal, en ocasiones, salía a trabajar a la noche y volvía a la madrugada. “Yo lo relacioné con el momento en que secuestraban a las personas”, aclaró la testigo. Y agregó: “¿En qué trabajo se sale a las once de la noche y se vuelve a las tres o cuatro de la mañana? Para mí, eso… Más claro, echale agua”. Él en ese momento decía ejercer en el ámbito de la seguridad privada.

Claudia intentó esbozar una explicación sobre la participación del integrante de Inteligencia en el secuestro de su mamá y su papá, como también de su apropiación y entrega. En concreto, desconoce la función específica del hombre o si fue casualidad su implicación en el caso. Tampoco sabe si Héctor Carabajal participó directamente la noche del secuestro de Walter Domínguez y Gladys Castro, pero aseguró que, al ser un plan sistemático, él “sabía dónde he estado yo, dónde he nacido, dónde estaba mi mamá, qué pasó con mi papá”.

Finalmente, Claudia Domínguez Castro, nieta recuperada 117, agradeció la posibilidad de declarar y así “acercarse a la sensación de justicia”: “Estoy esperando de cada juicio algo de información”, manifestó conmovida, para poder “cerrar estas heridas que quedan aún abiertas”. En referencia a su mamá, Gladys Castro, y su papá, Walter Domínguez, concluyó: “Me encantaría poder escuchar qué pasó con ellos, dónde se los llevaron, cómo terminaron, cuándo y dónde nací”.

La próxima audiencia será el viernes 20 de agosto a las 9:30.

NUEVA DILACION: EL DEFENSOR OFICIAL RECUSÓ AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

SESION DEL 30 DE JULIO DE 2021 DE LA MEGACAUSA III DE SAN JUAN

Mientras la Megacausa III por Delitos de Lesa Humanidad cometidos en San Juan entre 1974 y 1983  se apresta a transitar su ultimo tramo, previo a los alegatos, el Defensor Oficial  de una decena de acusados de graves violaciones a los derechos Humanos, Esteban Chervin, decidio impugnar al presidente del Tribunal Oral Federal. Según el funcionario, la decisión de revisar la detenciones docimiciliaria de la que gozan casi todos los reos  de esta. causa -un trámite habitual y necesario- revela “parcialidad”. El   magistrado Alberto Carelli recibió la impugnación y convocó para la la próxima sesión en 13 de agosto a las 14,30 horas.

El defensor Oficial Esteban Chervin

Hector Cevinelli, secuestrado en 1976 en San Juan, ratificó sus dichos

Héctor Alberto Cevinelli, de origen puntano, era  estudiante de Ingeniería en Minas, participaba en el Centro de Estudiantes de IngENIERÍA y se desempeñaba como ayudante docente en el Instituto de Investigaciones Mineras de la Universidad Nacional de San Juan. Su secuestro se produjo el 12 de marzo de 1977, durante un procedimiento en su domicilio por un grupo fuertemente armado quienes, anunciándose como “la policía”, luego de apuntarlo con armas por la ventana, le exigieron que les abriera la puerta. Ya en el interior de su casa, y cubriéndole la cabeza a él y a su mujer, comenzaron a golpearlo. Posteriormente, fue subido a un automóvil marca Dodge y conducido a una construcción precaria cerca de unos cerros en zonda, que luego pudo identificar como cercano al Polígono de tiro del RIM 22. Allí fue víctima de múltiples y reiteradas torturas. Permaneció detenido hasta el 5 de abril de 1977.

Cevinelli, en un reconocimiento fotográfico llevado a cabo en sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan (audiencia de debate de fecha 29/02/2012. Acta N° 20 incorporada como prueba a los presentes), identificó entre las fotos del álbum de militares que le exhibieron a: Carlos Luis Malatto, al Cabo Pedro Eduardo Blanco, a quien recordó como una de las personas que estuvo en el lugar donde el permaneció detenido, al Cabo Jorge Alberto Colman, al Sargento Marcelo Enoj y el Subteniente Juan Francisco Del Torchio, identificando a este último como la persona que comandaba el operativo cuando lo secuestraron.

Asimismo, al exhibírsele el álbum de la Policía Federal, reconoció a Juan Alberto Aballay, señalándolo como la persona que le apuntó con un arma en su casa al momento de ser detenido y a Rodolfo Horacio Blanco como quien le hizo sacar la venda y le dijo que “no iba a volver”, quien hacía guardia mientras estaba detenido, señalando particularmente respecto de este último que esa misma foto también la había visto en el álbum fotográfico que le exhibieron de la Policía de San Juan.

El secuestro de Cevinelli no esta registrado como detenido  en sus antecedentes policiales su detención el 12 de marzo de 1977, y si hay constancias que ese mismo día se interpuso un Recurso de Habeas Corpus en su favor, relatando los hechos.

 

 

 

 

 

Murió el represor sanjuanino Jose Eladio Escudero sin condena Judicial

Integrante del D2 de la Policía de San Juan, a José Eladio Escudero se le atribuían diversos delitos de lesa humanidad, cometidos a partir de 1975.  Su participación mas relevante fue como autor del delito de Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Roberto Guilbert (art. 80 inc. 2o y 6o ­según ley 21.338­ del C.P.).

Escudero gozaba de detencion domicialiria en su casa del barrio Jardín Policial, en Rivadavia  y fue detenido en 2014. Acusado en la llamada causa de los Policías en la Megacausa III por su accionar en el D2 – bajo las órdenes del también fallecido Hilarion Rodriguez.

El represor formaba parte de un grupo de uniformados de la fuerza conjuntal que integraron la Dirección de Inteligencia D2 de la Policía de San Juan y la llamada patera del RIM 22 (Olivera, De Marchi, Malatto, etc).

Sospechado de haber cometido atrocidades contra al menos 150 personas, entre ellas estudiantes, políticos y sindicalistas que estaban vinculados a grupos montoneros, Escudero fue apartado de la causa por decisión del Tribunal Oral Federal, integrado por María Paula Marisi, Alberto Carelli y Gretel Diamante, por presentar un delicado deterioro mental.

Escudero fue beneficiado con la prisión domiciliaria, al igual que el conocido Alejandro Agustín “Pajarraco” Pereyra (involucrado en la causa Naranjo), Carlos Alberto Olha y Miguel Ángel Mereles.

Los otros ex policías aprehendido fueron a parar a diversas comisarías y sede policiales. Ellos fueron Raúl César Oro, Alberto Javier Bazán, Pedro Raúl Aravena y Carlos Antonio Saavedra.

Los que también terminaron apartados del juicio fueron Eduardo Vic y Carlos López Patterson. A ellos se les sumaron los fallecimientos de José Hilarión Rodríguez y Juan Carlos Bazan.

Escudero fue recocido por el gobierno de facto a través  decreto N° 2566 Gobernador y Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Juan, Alberto V. Lombardi, Capitán de Navio, y Jorge Pérez Ruedi, respectivamente, por medio del cual se promueve al grado inmediato superior a partir del día 01 de octubre de 1976 por “Merito extraordinario” al personal que actúo en el operativo la Rinconada. Los ascendidos por medio de este decreto fueron: I.­ Escalafón Seguridad y Defensa: A Comisario: Subcomisario José Hilarión Rodriguez M.I. N° 6.753.649; Subcomisario José Claudio Guzmán, M.I. N° 7.941.070, A Cabo Primero: Cabo Jose Eladio Escudero

TESTIMONIOS DE SU PASO POR LA PERLA

JUICIO POR LA APROPIACION DE LA HIJA DE LOS DESAPARECIDOS MOYANO-POBLETEAUDIENCIA 10 / “PICHONA” MOYANO Y CARLOS POBLETE EN EL CENTRO CLANDESTINO LA PERLA

30-07-2021 | Declaró Teresa Meschiatti, sobreviviente de La Perla que brindó testimonio en diversos juicios sobre las personas que conoció a lo largo de su extenso secuestro en este centro clandestino de detención cordobés. Entre ellas, a Carlos Poblete y María del Carmen Moyano. Recordó que “Pichona” y su pareja llegaron a mediados de abril y que la mujer tenía un embarazo avanzado.  La próxima audiencia será el viernes 13 de agosto a las 9:30.

La audiencia de la jornada contempló la detallada declaración de Teresa Meschiatti y un prolongado debate sobre la incorporación de prueba solicitada por el Ministerio Público Fiscal y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo.

Un testimonio clave para reconstruir los últimos momentos de “Pichona” y Carlos

“Es la décima vez que voy a un juicio”, comenzó Meschiatti, militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros detenida más de dos años en el centro clandestino de detención (CCD) La Perla, entre 1976 y 1978. En nuestra provincia ya había aportado información sobre Osvaldo Zuin, mendocino secuestrado en Córdoba y actualmente desaparecido.

Entre 2008 y 2013, en el marco de juicios desarrollados en su provincia, Teresa participó de la confección de una lista con personas desaparecidas o asesinadas que pasaron por La Perla o cuyos casos tenían relación con el Destacamento de Inteligencia. Las fuentes de las fechas eran a menudo las familias. En esas listas, la desaparición del matrimonio Moyano-Poblete figura a principios de abril de 1977. No obstante, tomando como referencia el traslado de otra embarazada —Dalila Bessio— al Hospital Militar el 12 de ese mes, la pareja, según sus recuerdos, habría ingresado a La Perla a mediados de abril.

Teresa Meschiatti

La testigo refirió que vio a Carlos y “Pichona” una sola noche. Estuvieron poco tiempo en La Perla. Les habían puesto dos biombos blancos que las autoridades del CCD usaban para evitar que otras personas detenidas conocieran a las víctimas que estaban muriendo o que luego serían trasladadas. No recuerda la cara de Carlos porque estaba acostado. A Pichona la observó cuando se levantó al baño: era alta, tenía una panza crecida y pelo castaño oscuro, largo y lacio. El nombre lo supo por Servanda Santos de Buitrago, “Tita”, una enfermera mayor también detenida que ayudaba a las personas heridas y embarazadas y repartía la comida. La mujer le contó a Meschiatti que el matrimonio había sido detenido en Mendoza. “Tita nos comentaba todo lo que pasaba adentro de La Perla”, aclaró.

Meschiatti aseguró que Pichona y Carlos permanecieron algunos días en algún CCD de Mendoza porque un suboficial mendocino a quien conocían como “Vergara” o “el tío” —llamado realmente Vega—, de unos cincuenta años, viajaba a Mendoza en sus vacaciones y pasaba por un CCD del Ejército. A su regreso, comentaba sobre las personas que veía.

“En La Perla, a los compañeros en general los mataban”, continuó, refiriéndose a Carlos. Y a las mujeres embarazadas —las “panzonas”— las trasladaban al Hospital Militar porque no tenían las instalaciones para realizar partos. La testigo supone que los rumores entre el personal sanitario por las extrañas condiciones de internación de esas mujeres —vendadas, esposadas y en salas especiales— hacían riesgoso el movimiento: “la información salía”. Meschiatti también mencionó que cerca del parto de Rita Alés de Espíndola les ordenaron limpiar con lavandina las paredes de una oficina del CCD para servir de sala de parto, pero finalmente el capitán González desistió. Ninguna de las “panzonas” que conoció Teresa regresó del hospital.

A María del Carmen la condujeron a la ESMA, como acreditó el testimonio de Sara Solarz de Osatinsky, compañera de militancia de Meschiatti y luego exiliada que trabajó, al igual que ella, para denunciar desde el exterior los delitos que había sufrido y conocido. Sara acompañó a Pichona durante el nacimiento de su hija: fue uno de los primeros partos que asistió como detenida en la ESMA. Solarz también refirió que Pichona llegó sola porque a esa altura Carlos ya estaba desaparecido. Meschiatti explicó que a la mujer, una vez que daba a luz, se la mataba: en Córdoba se la fusilaba y en Buenos Aires se la arrojaba al mar.

Daniel Rodríguez Infante

Cuando finalizó su testimonio, el fiscal Daniel Rodríguez Infante solicitó precisiones sobre la primera vez que Teresa denunció el caso de Pichona: la testigo explicó que desde Suiza, donde permanecía en calidad de refugiada, envió un texto mecanografiado a la CONADEP. También a pedido del fiscal mencionó la existencia de unas carpetas en La Perla con las inscripciones “QTH”, que en la jerga militar significaban “casa, centro, sede”, y “QTH FIJO”, que significaba “muerto/a”. Cuando investigaban a militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores en el 78, llevaron sesenta o setenta carpetas con esas carátulas que ella pudo ver.

La abogada querellante de Abuelas de Plaza de Mayo, Viviana Beigel, preguntó qué otra información tuvo Meschiatti sobre la pareja. La mujer indicó que en las listas conjuntas que elaboraron sobrevivientes de Córdoba estaba consignada su militancia en Montoneros.

Viviana Beigel
Viviana Beigel

Lo hago por los treinta mil

Teresa le mandó “un enorme abrazo virtual a la hija de la Pichona”, a quien no conoce. “Yo siempre creí que estaba desaparecida”. Expresó que la recuperación de la identidad la emociona: “Por esto hago esto, por eso no me callo. Lo hago por los treinta mil”.

Meschiatti

Las pruebas que faltan

La fiscalía pidió la incorporación de las declaraciones de Sara Solarz de Osatinsky, quien —según palabras de Meschiatti— declaró por primera vez ante el Senado francés en 1979. También solicitaron la declaración de “Tita” Buitrago, que testimonió en la Megacausa de La Perla en 2013. Ana María Martí está ofrecida como testigo pero no han logrado contactarla.

Del expediente de Francisco Moyano —padre de “Pichona”— se desprenden dos pruebas que el fiscal solicitó incorporar. Por un lado, el expediente por infracción a la ley 20 840 “Fiscal contra Pardini”. Por otro lado, las declaraciones en juicio de Ricardo Puga, Aldo Morán y Eva Lerouc sobre el caso de Liliana Riveros, quien estuvo detenida junto con Marta Saroff en el mismo centro clandestino de detención, y conocieron al matrimonio Poblete-Moyano. La fiscalía se comprometió a compartir las declaraciones individualizadas con las defensas para que se expidan al respecto.

Ya se había renunciado a los testimonios de Oscar Perdomo y Guillermo Martínez Agüero y a esta lista se sumó el de Marta Caralina Nadín. Queda pendiente la confirmación por parte del Equipo de Acompañamiento del contacto con Liliana Giuliani.

La querella, por su parte, desistió de los testimonios de Sofía Sandes y Blanca Haydeé Bustos de Fernández, al entender que ya hay “suficiente evidencia para suplir esos testimonios”, precisó la abogada Viviana Beigel. Pero sí sostuvo el pedido de declaración de la licenciada Alicia Lo Giudice porque “daría lugar a un testimonio experto” referido a las apropiaciones de niñas y niños durante la última dictadura y la dinámica de la restitución de identidad.

El abogado de Iris Luffi, Mariano Tello, nuevamente rechazó ese pedido por considerar que “no es pertinente” para dilucidar “la conducta de mi defendida en un hecho puntual, en donde no ha tenido ninguna participación esta profesional”. El defensor oficial, Santiago Bahamondes, hizo su aporte: “No vemos mucho la conexión” del objeto del juicio con la restitución de la identidad. Sin embargo, no se objetó el pedido ya que, aseguró, “a mi estrategia de defensa no le afecta en lo más mínimo”.

El fiscal Rodríguez Infante remarcó que el aporte de Lo Giudice es necesario para el objeto del juicio: “Nos puede dar una dimensión del daño causado y del impacto en las víctimas. Y eso sí es relevante”. El tribunal aceptó esta solicitud y citará a la licenciada a declarar en las próximas audiencias.

También se debatió la incorporación como prueba del libro Juraría que te vi, que mencionó Beatriz García en su declaración. “Es prueba contextual que no causa dilación en el juicio”, sostuvo el fiscal; Beigel acordó con esa postura. El abogado Bahamondes se opuso: “Me gustaría que la fiscalía y la querella me expliquen la pertinencia de incorporar el libro a la causa. Es muy lindo incorporar un montón de cosas, pero estamos en un debate oral y hay que oralizar las cosas —ironizó el defensor—. Me obligan a leer un libro si lo incorporan. Explíquenme por qué yo voy a tener que leer un libro, mínimo”.

Rodríguez Infante le respondió: cuando declaró Beatriz García, explicó que integraba el colectivo “Pichona Moyano” y puso a disposición el escrito que elaboraron en conjunto que habla específicamente del caso de María del Carmen Moyano. Tello consideró que la incorporación es “sobreabundante” y también se opuso. El tribunal decidió adoptar la posición de las defensas y rechazó la incorporación del libro.

Hacia el final, Miriam, víctima de este juicio, intervino para solicitar declarar nuevamente “no en forma de testigo sino como víctima”, precisó. También hizo saber que su hijo, Maximiliano Galas, quiere prestar testimonio. Las partes acordaron y el tribunal les confirmará la fecha en que tendrán lugar.

La próxima audiencia será el viernes 13 de agosto a las 9:30.

Causa Klotzman: prisión perpetua para el represor Fariña y tres ex policías de la Federal

Es por crímenes de lesa humanidad de 29 víctimas en la Quinta de Fisherton y la sustracción de quien resultó ser la nieta recuperada 103

La Justicia Federal de Rosario condenó al represor Jorge Fariña a prisión perpetua como coautor penalmente responsable de privación ilegítima de la libertad, violencia y amenazas, agravados en concurso real con tormentos aplicados por ser las víctimas perseguidas políticas, además de homicidio agravado por alevosía. La sentencia se produjo en el marco de la denominada causa Klotzman, por delitos cometidos en perjuicio de 29 víctimas en el centro clandestino de detención denominado “Quinta de Fisherton”, durante la última dictadura militar.

La misma pena recibieron los tres ex policías de la Federal Federico Almeder, Juan Enrique Langlois, en este caso partícipe necesario, y Enrique Andrés López, como coautores penalmente responsables de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, agravadas en concurso real por aplicación de tormentos calificados por tratarse de víctimas perseguidas políticas.

Además, Fariña fue considerado “coautor penalmente responsable por la sustracción de una menor de 10 añoscalificándolo como crimen de lesa humanidad” en perjuicio de María Pía Josefina Kertz, hija biológica de Cecilia Beatriz Barral (dio a luz en cautiverio) y Ricardo Horacio Klotzman, quien fue entregada a una familia de Santa Fe en aquel entonces y luego resultó ser la nieta recuperada 103 en 2011.

La pena de prisión perpetua superó las expectativas de la querella, puesto que el equipo de litigación de Abuelas Rosario había solicitado para Fariña, ex integrante del Destacamento de Inteligencia Nº 121 del Ejército, “la pena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta” y que sea cumplida “en cárcel común”, como tantos otros represores. La abogada de Abuelas, Sofia Barro Fosin, había reconstruido cómo Cecilia y Ricardo fueron secuestrados el lunes 2 agosto 1976 de su domicilio y “se los llevaron, a ella con un embarazo a término”.

En tanto, desde Hijos Rosario habían solicitado la pena que luego sentenció el Tribunal y el pedido de que cumplan la pena en cárcel común, puesto que estaban detenidos bajo el beneficio de la prisión domiciliaria.

El fiscal del juicio, Adolfo Villate, había pedido al Tribunal en su alegato la pena de prisión perpetua para los cuatro involucrados en el secuestro, desaparición y muerte de la cúpula rosarina del ERP, al igual que las querellas particulares y la de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Villate sostuvo que “los hechos están suficientemente probados y con el grado de certeza requerido para un veredicto de condena”, al acusar a los imputados por homicidios, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita en el caso de los policías.

Además, solicitó que esos hechos sean “calificados como delitos de lesa humanidad” por cuanto “formaron parte de un plan sistemático y generalizado que se llevó adelante en contra de la población civil”.

Durante el juicio, que luego de varias postergaciones se inició en septiembre del año pasado, se ventilaron los casos de 29 víctimas del terrorismo de Estado, la mayoría ligadas al ERP, de las cuales solo hubo dos sobrevivientes. Uno de ellos es Fernando Brarda, quien prestó su testimonio en el debate, y de un hombre que luego de 40 años que estuvo secuestrado “por error” en la “Quinta de Fisherton”, por donde pasaron los desaparecidos de la causa.

El tribunal estuvo integrado por Osvaldo Facciano, Mariela Emilce Rojas y Eugenio Martínez Ferrero. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 16 de septiembre.

Las víctimas

Cecilia Beatriz Barral, Ricardo Horacio Klotzman y la hija de ambos, recuperada en 2011; Juan Alberto Tumbetta, Edgardo Silva, Osvaldo Aníbal Matosky Szeverin, Fernando Patricio Brarda, María Laura Gonzalez, Ricardo José Machado, Elvira Estela Marquez, Liliana Beatriz Girardi, Julio Adolfo Curtolo, María Teresa Latino, Maria Teresa Serra, Elvio Ignacio Castañeda, Alejandro Ramón Pastorini, José Ángel Alba, Herminia Nilda Inchaurraga, José Rolando Maciel, Elena Cristina Marques, Dante Rubén Vidali, Isabel Ángela Carlucci, Víctor Hugo Fina, Héctor Alberto González, María Teresa Vidal Martínez Bayo, Juan Carlos Lieby, Daniel Emilio Garrera, María Victoria Gazzano Bertos y Oscar Alberto Medina.

El rol de Jorge Fariña

Durante la audiencia del juicio, el fiscal Villate, con la asistencia del fiscal ad-hoc Alvaro Baella, describió las tareas que ejercieron los imputados en el plan de exterminio y enumeró los hechos por los que se los acusó, según publicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Con respecto a Fariña, señalaron que el imputado comenzó a prestar servicio en el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario ya desde 1973, que el 19 de diciembre de ese año fue ascendido de Teniente Primero a Capitán y que luego, el 1 de enero de 1975, continuó sus servicios en la Escuela Superior de Guerra hasta diciembre de ese año, para luego volver y continuar su desempeño en el Destacamento 121, donde fue nombrado como Jefe de la Sección Comando y Servicio en marzo de 1976.

A su vez, en abril de 1976 fue designado como Jefe de la Primer Sección de Ejecución, mientras que el 22 de septiembre del mismo año fue nombrado como Jefe de la Central de Operaciones de Inteligencia (COI), dependencias centrales las últimas en la represión ilegal estatal.

En cuanto a las tareas que realizó, Baella aseveró que “ocupó un lugar intermedio en la cadena de mando del armado represivo, que tuvo un amplio rango de autonomía para ejecutar las ordenes que le eran dadas y que para ello transmitió esas órdenes a sus subordinados, siempre en el cumplimiento del plan macro que organizó el genocidio”.

El fiscal ad hoc también sostuvo que “la responsabilidad deviene clara al haber retransmitido órdenes, tomadas de sus decisiones, pero a su vez ejecutando materialmente los hechos” y agregó que “por todo esto no cabe duda de que Fariña es responsable de todo lo que se lo acusa como coautor.”

Familiares de víctimas y militantes estuvieron presentes en las afueras de los Tribunales Federales de Rosario.

Familiares de víctimas y militantes estuvieron presentes en las afueras de los Tribunales Federales de Rosario.

La responsabilidad de los policías federales

Con respecto a los policías Almeder, Langlois y Andrés López, el fiscal Villate indicó que eran, para la fecha de los hechos, agentes de la Policía Federal que cumplían funciones en Rosario.

En ese sentido, el fiscal remarcó que participaron de lo que se llamó la “oficina técnica”, que tenía como función recabar información y que dentro de esta oficina funcionaba también la llamada “brigada antisubversiva”.

Explicó que las tareas en las que participaba la Policía Federal se organizaban bajo la dirección del jefe de la delegación (Juan Dib, quien estaba imputado pero falleció el año pasado) en coordinación con las máximas autoridades del Destacamento Inteligencia 121 del Ejército, entre quienes se encontraba el propio Fariña, y que contaba entre sus recursos con personal del escalafón de seguridad, entre ellos Almeder y López, y con integrantes del Cuerpo de Informaciones. Este departamento centralizaba en esa fuerza de seguridad las actividades de inteligencia, en este caso concreto, en la persona de Langlois.

De esta manera, Villatte explicó cómo accionaron en los autodenominados “Operativos Conjuntos”, hechos delictivos perpetrados por este grupo de tareas, conformado tanto por integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 como por miembros de la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina, quienes, más allá de la división de funciones, actuaban en lo relativo al secuestro, torturas, asesinato y desaparición de personas.

AUDIENCIA 52 / EL SECUESTRO DE BLANCA SANTAMARÍA

9º JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD | MENDOZA

08-07-2021 | Declaró brevemente María Florencia Santamaría, hermana de Blanca Graciela, secuestrada en mayo de 1976 en el marco de operativos conjuntos contra el Partido Revolucionario de los Trabajadores. La fiscalía consultó también por la detención de la testigo en la Comisaría 16 en 1975. La próxima audiencia será el 6 de agosto a las 9:30.

Antes de comenzar, la fiscalía solicitó al tribunal que se omitiera la citación de Pedro Víctor Coria, también prevista para la fecha, con el objetivo de evitar revictimizar al hombre, que ya declaró en numerosas instancias previas. Daniel Rodríguez Infante propuso incorporar estas declaraciones a la causa.

Secuestrada en camisón

Florencia había sido detenida en 1975 y se encontraba alojada en la cárcel de Mendoza cuando secuestraron a su hermana, Blanca Graciela, en mayo de 1976. El interés de la fiscalía era saber cómo había sido el operativo según el relato de su familia.

La testigo explicó que era de noche y todas las personas de la familia dormían cuando escucharon golpes. “Entró un grupo de tareas”, supuso. Eran aproximadamente siete personas de civil. Encerraron a su padre y su madre en el baño. “Buscaban a mi hermana con nombre y apellido”. La joven estaba en camisón y enferma de bronquitis en la habitación que compartía con la hija de Florencia, que era bebé. Graciela gritaba y pedía que la dejaran. No pudo vestirse.

María Florencia Santamaría

Héctor Toledo, vecino de la familia, escuchó los ruidos. Se asomó y vio un vehículo particular, sin identificación de ninguna fuerza.

Más tarde volvieron a buscar a un compañero de Graciela que estaba durmiendo en su misma casa, pero se había escapado por los techos. Mucho tiempo después la testigo supo que se trataba de Osvaldo Zuin: “Es uno de los desaparecidos que refieren haber visto en Campo Las Lajas”, explicó. Cuando volvieron por él, también ingresaron al domicilio del vecino.

La detención de María Florencia no es objeto de este juicio. Fue secuestrada el 30 abril de 1975 y estuvo inicialmente en la Comisaría 16. Daniel Rodríguez Infante solicitó que relatara lo que le dijo en esa ocasión el comisario de la dependencia policial: “Pero cómo no me dijiste que eras hija de Luis Santamaría, si me hubieras avisado no llamaba”, fue la expresión. “Para las torturas”, aventuró la testigo. El padre de las hermanas era miembro del Partido Demócrata y el comisario se identificó como correligionario.

En la Comisaría 16 estuvo detenida junto a Ortiz, que también fue torturado allí. Después hicieron el mismo recorrido: Tribunales Federales, Departamento de Informaciones de la Policía (D2) y finalmente la penitenciaría. La testigo recuperó su libertad desde el penal de Devoto en noviembre de 1981 y permaneció con libertad vigilada hasta 1982.

Para cerrar, recordó: “Mi mamá y mi papá murieron sin saber dónde estaba mi hermana”.

La próxima audiencia será el viernes 6 de agosto a las 9:30.

LOS LIBROS DEL RECTOR CAMPORA

Juan Carlos Cámpora fue el primer Rector, entre 1964 y 1966, de la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento (UPDFS), base y antecesora de la Universidad Nacional de San Juan. De hecho, antes de quedar incorporada definitivamente a la UNSJ el 10 de octubre de 1973, aquella casa de estudios había sido la sede principal en donde se realizaron los estudios de factibilidad para la creación de esta Universidad nacional. “Llegan para participar de estos cursos hombres y mujeres de distintos lugares del país y algunos de otros países, con distintas ideas, con diferentes creencias, con concepciones diversas del mundo moderno. A ninguno de ellos le hemos preguntado sobre lo que piensan ni en lo que creen (…) No nos hemos interesado en averiguar cuáles son sus pensamientos porque creemos que el pensamiento humano es y debe ser libre, y que en esa libertad radican esencialmente sus posibilidades de superación”, había expresado Cámpora al dejar inaugurada la Universidad Provincial. Poco tiempo después fue creado, en 1965, el Colegio Central Universitario, como institución dependiente de esa Universidad.

Durante su ejercicio al frente de la UPDFS, Cámpora fundó el Museo Arqueológico, antecedente del actual Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier” de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ. Fue creado en abril de 1965 “con el objeto de resguardar el valioso testimonio arqueológico que representaba el cuerpo congelado de época incaica hallado en 1964 en forma casual en la cumbre del Cerro El Toro, e impulsar la investigación en arqueología”, explican desde aquel Instituto de la FFHA.

La hija y el nieto de Juan Carlos Cámpora y el libro de Eloy Camus coinciden en el relato: era entre las 8.30 y 9 de la mañana del 25 de febrero de 1977 cuando el ingeniero Campora salió de su casa del Barrio Juan XXIII para ir en su Citroën 3CV a su médico, de apellido Schabelman, y nunca más se supo de él.