Juicios de Lesa Humanidad en tiempo real

La Secretaría de DDHH lanzó un sitio con información en tiempo real de los juicios de lesa. Busca visibilizar los debates que se desarrollan en todo el país y las historias que allí se producen y mostrar las graves demoras que llevan a que algunos juicios se realicen con una porción de los imputados originales.

Historia, indicadores, estadísticas y agenda de los juicios orales por crímenes de lesa humanidad.
Seguimiento de las audiencias en vivo.
Análisis de la velocidad de los debates.
Los juicios en datos.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un sitio web con información en tiempo real de los 21 juicios orales por delitos de lesa humanidad que hay en todo el país y un análisis minucioso de la velocidad y de los nuevos temas que se tratan en los debates.

El portal juiciosdelesahumanidad.ar “permite analizar y comparar la velocidad y las horas de las audiencias, así como recorrer por ejes temáticos las diferentes causas y conocer historias de sobrevivientes, familiares y testigos a través de los microrrelatos audiovisuales”, informó la Secretaría en un comunicado en el que señala que tiene como objetivo “contribuir a visibilizar, comunicar e impulsar el desarrollo del proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.

El sitio reúne información hasta ahora fragmentada en una base de datos que se nutre de distintas áreas de la SDH, como la de querellas, acompañamiento a las víctimas y el Archivo Nacional de la Memoria. En esta primera etapa visibiliza los juicios que se están realizando hoy, con seguimiento de testimonios, sentencias y audiencias en vivo, con el “objetivo final de poner en línea la totalidad de los juicios actuales, próximos y pasados”, señalaron.

Con gráficos interactivos, el sitio permite visualizar los datos de velocidad, temáticos y de imputados. Un monitoreo de velocidad mide la duración de un juicio hasta llegar al veredicto y permite comparar los tiempos de cada debate; un mapa temático muestra las nuevas agendas de los juicios, como la violencia sexual, los delitos por motivación económica y las complicidades civiles; y otro gráfico permite analizar la situación de los acusados en cada juicio y medir la evolución de quienes resultan desafectados por razones de salud o fallecimiento.

El sitio web también tiene una sección dedicada a “Microrrelatos”, que son “pequeñas escenas o grandes relatos transformados en historias audiovisuales” realizadas por un equipo de comunicación compuesto por periodistas, historiadores y artistas con colaboración de ilustradores, artistas plásticos y de bellas artes que usaron documentos del Archivo Nacional de la Memoria para la elaboración de cada pieza.

http://www.juiciosdelesahumanidad.ar/index.php#!/

JUICIO POR LA APROPIACION DE LA HIJA DE LOS DESAPARECIDOS MOYANO-POBLETE

AUDIENCIA 4 / EL TESTIMONIO DE MIRIAM EN EL JUICIO POR SU APROPIACIÓN

23-4-2021 | Declaró brevemente en juicio la principal víctima de esta causa: Miriam Lourdes, hija de “Pichona” Moyano y Carlos Poblete, nacida en la ESMA y apropiada por el exagente de inteligencia Armando Fernández y su esposa, Iris Luffi. La mujer conoció su identidad en 2017 luego del análisis genético al que inicialmente se resistió. Fiscalía y querella omitieron interrogarla para no revictimizar, no así las defensas. La próxima audiencia será el 7 de mayo a las 9:30.

Antes de oír el único testimonio de la jornada, Alejandro Piña, presidente del tribunal, consultó si las partes estaban de acuerdo en omitir la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo. Como el documento no difiere sustancialmente con el del Ministerio Púbico Fiscal, la abogada querellante Viviana Beigel, al igual que fiscalía y defensas, mostró conformidad. Se declaró entonces abierto el debate. El juez Piña ofreció la palabra a las personas imputadas pero decidieron abstenerse. Se leyó luego la breve declaración de Santiago Abelardo Garay en instancia de ampliación indagatoria que se refirió la audiencia pasada al leer la requisitoria.

Las palabras de la nieta 127

Miriam Lourdes Fernández declaró en sala. Relató a pedido del tribunal parte de su vida: “Soy la cuarta hija de un matrimonio, mis padres adoptivos [Armando Fernández e Iris Luffi] tienen tres hijos varones y tres hijas mujeres”, comenzó. “Mi infancia fue hermosa, rodeada de una familia con hermanos, en un barrio, como cualquier niño normal”. En la adolescencia, “cuando tuve más noción de la vida fueron surgiendo dudas sobre mi identidad y mi vida. Con mis hermanos lo charlábamos mucho”. Explicó que entrada la secundaria la duda fue mayor: “Decidí enfrentar a mi papá y preguntarle mi historia, si era hija biológica de ellos (…) Me dijo que no, y me contó su historia. Fue una charla entre los dos. Yo con mi papá tenía mucha confianza y hablaba mucho. Me contó qué había pasado y me dijo que él iba a apoyarme en la decisión que tomara para saber mi historia”.

Miriam no quiso averiguar más: “Le dije que no me interesaba, que yo estaba bien así, que era feliz y que iba a seguir esa vida”. Agregó que sus hermanos y hermanas no entendían esa negativa. “Hasta el día que supe del ADN no me interesó saber sobre mi origen. Es más, traté muchas veces de evitar que se supiera”. Explicó que con Iris Luffi no pudo hablarlo porque era “más susceptible”: “Ahora que soy madre puedo llegar a entender esos silencios y respetarlos”, sostuvo. “A mi mamá la tuve al margen”, concluyó.

En cuanto a su presencia en los juicios donde se juzgó a Fernández, declaró que se expuso para interiorizarse: “Conocí mucho la historia”. Respondió al tribunal que asistía a todas las audiencias: “Escuché todo (…) No me llamó la atención”.

Cuando su hijo tuvo una “edad madura para entender la situación”, a sus catorce, decidió contarle. “Fue antes de que saltara mi identidad. Tenía derecho a saber mi historia, por más de que yo no la supiera completa, sabía de dónde venía”, explicó. Le dijo que era adoptada y que era un tema muy delicado y aclaró que ella “iba a hacer” a medida que el niño necesitara “conectar” con su identidad. Según la mujer, a él tampoco le hizo falta.

El presidente Piña quiso saber cómo había sido el proceso para llegar al ADN. Miriam refirió que fue a través de una denuncia en 2012. Años más tarde, en 2017, llegó una notificación a su casa: “Habían llegado varias (…) pero nunca lo asocié a lo mío, lo asocie con lo de mi papá”. Un día se cruzó con la persona que la entregaba. El documento “no decía nada”: “Como ya conocía mi historia y sabía cómo se manejaba esto, llamé a los abogados”, continuó. Le indicaron que era un procedimiento normal, pero ella siguió investigando. Se enteró de que venía gente de Buenos Aires a hacerle el ADN: “Yo no quise, prácticamente me escapé”. Preguntó en el juzgado si era obligatorio y como la respuesta fue negativa, no se presentó. Tres meses después volvieron a notificarla. “No puedo estar ocultándome y actuando como una delincuente que no soy”, pensó.  Les dijo a sus padres que su decisión era “hacerle frente” a lo que viniera.

Por último, relató que en octubre de 2017 le hicieron el análisis de ADN y en diciembre de ese año el juez le informó sobre su origen. Piña consultó si tenía contacto con la familia biológica y Miriam aclaró que únicamente mantenía relación con la familia materna.

No revictimizar

Cuando fue el turno de realizar preguntas, tanto la fiscalía como la querella decidieron abstenerse. Rodríguez Infante señaló que era un juicio difícil, que la mujer era testigo-víctima y tenía vínculo con las personas acusadas y le agradeció su testimonio. En la misma dirección, Viviana Beigel destacó que la intención de la querella era no revictimizar.

Por el contrario, la defensa indagó sobre cuestiones familiares. Miriam se explayó: “Desde los dieciséis años, en mi cabeza juzgué y prejuzgué la situación de mis padres biológicos y adoptivos. Llegué a una etapa donde dije ‘hay que conciliar, hay que hacerse cargo de su historia’ (…) Al principio estaba muy reacia a toda mi historia y todo mi origen. Aflojé y permití conocer mi historia. Parte de eso fue irme a la ESMA, conectarme donde estuve, donde nací (…) Yo creo que ahí fue el click que me hizo decir ‘soy parte de la historia y me tengo que hacer cargo’. Y concluyó: “Me costó mucho conectar”.

Explicó que pudo vincularse con la familia biológica materna: “Hay cosas buenas, logré conectar con una tía, una hermana de mi mamá. Obviamente la relación es muy difícil. Tenemos que ser muy cuidadosas las dos para no herir susceptibilidades de un lado y del otro (…) En teoría está todo bien. Ella actualmente está viviendo en Mar del Plata, la pandemia y la distancia no permiten que formemos lazos”. También se refirió a la “lucha genuina de Abuelas de encontrar a los nietos”. “Lo apoyo y es súper valioso”, sostuvo.

El defensor oficial Santiago Bahamondes preguntó si alguien de su entorno habló sobre apropiación o mencionó que había nacido en la ESMA. Miriam negó que Armando Fernández conociera su origen: “Si supiera obviamente hubiera hecho algo para restituirme (…) Después de tres hijos varones y con un hermano de un añito, no tenía mucho sentido apropiarse de una niña si no hubiera otras causas”. Remarcó que la decisión de no hablar más del tema en la familia fue de ella. Con sus hermanos, con otra confianza y en otro contexto, sí lo conversó.

Terminó su declaración indicando que estaba “luchando” por el apellido y que Fernández, después de verla sufrir por esa situación, le recomendó que lo cambiara, porque eso no modificaba su pertenencia familiar. La mujer explicó que una apropiación involucra a mucha gente, no solo a quienes la “adoptaron”, y que ella buscaba “preservar” a su familia.

La próxima audiencia será el viernes 7 de mayo a las 9:30.

CASO FARIAS: DE LA ZONA LIBERADA AL ENFRENTAMIENTO FRAGUADO

ESTE VIERNES 23 DECLARA SU  FAMILIA EN LA MEGACAUSA III

En la Megacausa III de San Juan por Delitos de Lesa Humanidad se viene debatiendo las circunstancia en que fue secuestrado Nicolás Alberto Farias en 1976.

Gabriel Farías: Mi papá fue secuestrado, torturado y ejecutado por la dictadura - Actualidad JachalleraNICOLAS FARIAS

Nicolás Alberto Farías, militaba en la Juventud Peronista, siendo por su militancia perseguido por la fuerzas de seguridad. El día martes 17 de agosto de 1976, alrededor de las tres de la mañana, en el domicilio familiar sito en calle Florida 207 del bar rio Mar t ín Güemes, en el depar tamento Rawson, seis o siete hombres ingresaron a la casa, vistiendo ropa estilo militar de fajina verde oscuro y usando distintos accesor ios para ocultar parte de sus rostros, fueron los que, según testimonio de Victorina Ortiz de Farías (esposa), secuestraron a Nicolás Alberto Farías.

Con motivo de la denuncia ante la Seccional 6 del departamento de Rawson, perteneciente a la Policía de San Juan, se iniciaron las Actuaciones Policiales N 496 caratuladas “Actuaciones a raíz de la denuncia formulada por la Señora Victoriana Esperanza Ortiz de Farias, por la desaparición de su esposo Alberto Nicolás Farias” acumuladas a este expediente a partir de fs. 31. El fiscal Federal Dante Vega virtió precisiones sobre estas curcunstancias.

La fecha de secuestro el día 17 de agosto de 1976, obedece que las actuaciones policiales se inciaron en esa fecha. Desde el momento del secuestro la familia Ortiz se avocó a la búsqueda de Farías siempre con resultado negativo, advirtiendo que su vivienda era objeto de vigilancia por las fuerzas de seguridad, inclusive por personas vestidas de civil.

Pasados unos dias desde el secuestro, la vivienda de los Ortiz nuevamente fue objeto de un allanamiento, por personal de la de la Seccional 13¨ Rivadavia de la Policía de San Juan, como resultado de ese procedimiento detuvieron a Humber to Rafael, llevado Comisaría 13°, siendo interrogado a cara descubierta, amenazado e informado “que su cuñado había intentado escapar de un control en la zona de los boliche en Marquesado, que lohabían matado en ese control por no obedecer la orden de alto y que los compañeros de él habían logrado escapar”.

Nuevo Juicio de la zona 33

El fiscal general Dante Vega y el fiscal “ad hoc” Pablo Garciarena representan al MPF
Mendoza: comenzó un juicio a ex militares y ex policías por homicidios, secuestros y tormentos
21.04.2021 en Lesa humanidad
Los seis acusados cumplieron tareas en la denominada “sub-zona 33”, que comprendía la región de Cuyo. Los hechos juzgados en el debate -que se realiza de manera presencial y remota- alcanzan a 25 víctimas.
Frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza comenzó hoy el debate oral y público contra siete ex policías y ex militares por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 25 de personas durante la última dictadura cívico militar en la ciudad de San Rafael. El juicio es el resultado de la acumulación de las causas denominadas “Ocampo”, “Mercado” y “Rizo Avellaneda” -por los apellidos de tres de los acusados- e intervienen el fiscal general Dante Vega, titular de la Oficina de Derechos Humanos de esa jurisdicción, y el fiscal “ad hoc” Pablo Garciarena.
Los acusados son los ex militares Mario Guillermo Ocampo, Aníbal Guevara, Luis Rizo Avellaneda y los ex policías Oscar Pérez, Norberto Mercado y Luis Di Filippo, quienes cumplían tareas en la región de Cuyo, denominada “sub-zona 33”. En la zona la tarea de represión fue comandada desde la VIII Brigada de Montaña con asiento en Mendoza y comprendía, a su vez, a la sub-área operacional Nº 3315 correspondiente a los departamentos de San Rafael, Malargüe y General Alvear-, abarcando también a San Juan y San Luis. En el proceso también estaba acusado el policía Ángel Videla, pero fue apartado por razones de salud el 31 de marzo, antes del comienzo del juicio.
En la audiencia de apertura, el tribunal -presidido por Alejandro Waldo Piña e integrado también junto a Gretel Diamante y María Carolina Pereira- constató la presencia de las partes y luego comenzó con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, que no llegó a completarse. La jornada fue llevada adelante en una modalidad mixta, ya que los jueces asistieron presencialmente a la sede judicial y algunas de las partes participaron a través de la plataforma virtual Zoom. Hacia el final, el tribunal comunicó, en relación al cronograma pautado, que las audiencias se concretarán cada quince días. Las próximas dos -en las que continuará las lecturas de las piezas acusatorias- serán el miércoles 5 y 19 de mayo, ambas desde las 9:30.
El juicio incluye tres causas, que alcanzan a seis acusados de haber cumplido tareas en la región de Cuyo, denominada “sub-zona 33”.
Causa MercadoComienza un nuevo juicio oral por crímenes de lesa humanidad en San Rafael | Argentina.gob.ar
La causa caratulada como “Mercado” es de las tres, la que tiene más imputados y victimas involucradas. En el juicio se juzga el accionar de los ex policías Mercado, Videla, Di Filippo y Pérez, por los delitos de lesa humanidad cometidos contra veinte personas: Alfredo Rafael Porras, Héctor Aldo Fagetti, Juan Carlos Berón, Luis Abelardo Berón, Jorge Valentín Berón, Ramón Emilio Rosalez, Roberto Rosalez, Orlando Alfredo Flores, Nilo Lucas Torrejón, Francisco Tripiana, Roberto Simón Osorio, Pascual Armando Sandobal, Isidro Calívar, Josefina Margarita González, Hugo Adelmo Riera, Hugo Magallanes, Ricardo Ríos, Héctor Rosendo Chaves, Hugo Dardo Montenegro y Humberto Ramón Roca.
Norberto Mercado era una de las máximas autoridades policiales destinadas en la División Cuerpos de la Unidad Regional II y, desde ese puesto, se le atribuye haber tomado parte de la ejecución de los hechos, con poder de emitir y retransmitir órdenes para que el aparato criminal lograra secuestrar personas, mantenerlas cautivas e interrogarlas bajo tormentos. En ese sentido, se le imputan los cargos de privación abusiva de la libertad, agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado, en algunos casos, más un mes; y por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en 18 hechos.
Entre octubre de 1975 y noviembre de 1978 Oscar Pérez cumplió funciones como miembro del Departamento de Informaciones de la Policía de San Rafael. Al ex policía se lo culpa por la desaparición de Hugo Dardo Montenegro, por lo que le imputan homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas; privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima.
Las desapariciones de Hugo Dardo Montenegro y Félix Velázquez también son objeto del debate
Por último, Luis Di Filippo está imputado por privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes por cinco hechos; por privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por cinco hechos; por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima por diez hechos y como autor del delito de asociación ilícita.
Causa OcampoFue capturado el genocida Mario Guillermo Ocampo | La Imposible
Al ex militar Mario Ocampo se lo acusa como partícipe primario del delito de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes en perjuicio de Félix Ordenes Velázquez, quien fue desaparecido durante 1976 cuando se encontraba realizando el servicio militar obligatorio en la Compañía de Ingenieros de Montaña VIII.
Por ese entonces, Ocampo era el tercero en la cadena de mando de la Compañía, y frecuentemente se desempeñaba como “Jefe Accidental” del departamento. Durante los hechos en los que se perpetró la desaparición de Velázquez, según la fiscalía intervino directamente en el sumario que se fraguó con la intención de maquillar de legalidad el secuestro y desaparición de la víctima.
Las audiencias se concretarán cada quince días. Las próximas serán el miércoles 5 y 19 de mayo, ambas desde las 9:30.
Causa Rizzo Avellaneda
En esta causa se investiga el accionar del ex militar Luis Rizzo Avellaneda, quien se desempeñó como Jefe de Sección de Inteligencia de “San Rafael” desde el 17 de noviembre de 1975 hasta el 4 de diciembre del año 1977 y que tuvo un rol fundamental en la implementación del plan represivo. Entre sus funciones más destacadas se encuentra la de ejecutar rutinas técnicas: reunión de información, contra inteligencia, sabotaje, subversión y actividades psicológicas secretas.
Durante este juicio se lo acusa de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en perjuicio de Delfo Rodríguez, Néstor de la Barba y Carlos Arrigosi.
Otro de los imputados es Aníbal Alberto Guevara, que durante esa época se desempeñó primero como Jefe de la Seccional y luego como Teniente de la 8va. Brigada de Infantería de Montaña, cargos que le atribuían un numeroso personal a su cargo, al que dirigía y con el que participaba personalmente en operativos de secuestro, en febrero y marzo de 1976. Está acusado por la privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, en perjuicio de Héctor Ramón Ortiz Bellene, dirigente del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).
Puede ser una imagen de una o varias personas y personas de pie

LA COMPILICIDAD CIVIL EN LA DICTADURA. LOS PILARES DE LA POLITICA ECONOMICA

El próximo martes 27 de abril a las 18h llega el Tercer Encuentro Docente Virtual: “Más allá del terror y las botas. La Política económica entre 1976 y 1983, visibilizar los pilares civiles de la dictadura”
Invitados e invitadas:
Alfredo Zaiat: Economista y periodista.

Andrea Copani: Archivo Nacional de la Memoria/ Unidad Especial Investigación de Delitos de Lesa Humanidad cometidos con motivación económica de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación

👉Inscripción en: https://bit.ly/2QwPjJ6

☝Vacantes limitadas.

Puede ser una imagen de 9 personas, personas de pie y texto que dice "MUSEO SITIO MEMORIA ESMA MARTES 27 DE ABRIL 18 Tercer Encuentro Docente Virtual Más allá del terror y de las botas La política económica entre 1976 y 1983, visibilizar los pilares civiles de la dictadura. INVITADOS E INVITADAS: Alfredo Zaiat Economista y Periodista. Andrea Copani Unidad Especial de Delitos de Lesa Humanidad cometidos con Motivación Económica. Capacidad limitada, inscripción en el enlace: https://bit.ly/2QwPjJ6 Argentina unida Secretaria de Derechos DerechosHumanes de justida Ministerio Derechos Argentina"

ROMPIENDO EL PACTO DE SILENCIO…..

EL TESTIGO MILITAR

La declaración de un ex capitán del Ejército en la causa por los crímenes del Vesubio

La primera aparición pública de Barbieri, de 68 años, ocurrió hace dos semanas, cuando se contactó personalmente con el diario Página/12 y le dio una entrevista en la que contó su versión por primera vez en 40 años. Unos días después ratificó y amplió sus dichos durante una videollamada de cuatro horas y media ante el juzgado de Daniel Rafecas, cuando fue llamado a declarar como testigo en el marco de las investigaciones sobre el Regimiento 6 dentro de la causa del Primer Cuerpo de Ejército. El viernes volvió a hacerlo de manera virtual ante el Tribunal Oral Federal Nº 4 que lleva adelante el tercer tramo de la causa por los crímenes cometidos en El Vesubio, en la que se juzga el asesinato de 50 víctimas y el secuestro y la tortura de otras 370.

—Yo era un subteniente de 23 años y puedo dar una lista con trece nombres, así que seguro hay otros ex oficiales que saben mucho más —dijo Barbieri—. Esto es un llamado a que hablen, a que haya un corte tajante entre el Ejército de represión y el Ejército democrático de hoy.

Durante su declaración, Barbieri insistió varias veces en que él provenía de una familia peronista. “Salí del Colegio Militar en 1975 con la idea de entrar a un Ejército nacional y popular. Mi papá quiso que yo fuera infante como Perón”. Su primer destino como oficial fue el Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa. Allí estaba el 5 de octubre de 1975 cuando ocurrió la acción de Montoneros contra el regimiento, que dio bautismo de fuego a la organización armada y que precedió los decretos de aniquilamiento dictados al día siguiente por el gobierno constitucional.

Uno de los soldados muertos ese día fue el subteniente Ricardo Massaferro, amigo íntimo de Barbieri. Según su testimonio, en noviembre de 1976 le dieron pase a otra unidad, el Regimiento 6 de Mercedes, un año antes de lo previsto. Barbieri dijo que al llegar fue recibido por el teniente coronel Justo Rojas Alcorta, un represor que murió sin ser juzgado, quien le reveló que había pedido su pase para que allí “pudiera vengar” a Massaferro, a lo que él se negó aduciendo que provenía de una familia católica. “Entonces me dijo que él había pensado originalmente en mandarme a un lugar pero que mejor me iba a poner en otro, y me mandó a la sección ‘perros’”.

Los represores del Regimiento 6

Hoy hay siete militares que se desempeñaron en el Regimiento 6 durante la dictadura elevados a juicio por los casos de 37 víctimas, 30 de las cuales siguen desaparecidas, en el marco de la causa del Primer Cuerpo. Entre ellos hay algunos notorios ex carapintadas como Eduardo Martín Sánchez Zinny y Emilio Morello, quien llegó a ser diputado nacional por el MODIN de Aldo Rico en los años ’90. La investigación judicial demostró que la mayoría de sus víctimas pertenecían a la localidad de Luján y que estaban vinculadas con la edición, impresión o distribución de Estrella Roja y El Combatiente del PRT-ERP. También está probado que los represores del Regimiento 6 estuvieron a cargo de El Vesubio, situado en Camino de Cintura y Autopista Ricchieri, durante una etapa de su funcionamiento. Varias de sus víctimas fueron llevadas a ese CCD luego de sus secuestros.

El testimonio de Barbieri viene a reafirmar lo que ya se sabía sobre la participación en la represión ilegal del Regimiento 6, donde él estuvo entre 1977 y 1979. “Me la pasaba en el cuartel. Estábamos sobrepasados de servicios porque había oficiales que se ausentaban, salían de noche portando armas largas y de civil. No sé a dónde iban. El casino de oficiales cerraba después de la medianoche, muy tarde, porque a veces hacían algún alto ahí. Esa gente no volvía a la noche, a veces tardaban uno o dos o días en regresar”. Barbieri mencionó algunos episodios puntuales, como un diálogo con David Cabrera Rojo, un teniente a quien había conocido en Formosa y que había dejado de frecuentar el Regimiento 6 hasta que un día reapareció de civil, con el pelo largo, y le preguntó si seguía convencido de no vengar a Massaferro; o como otra ocasión en la que supo que los Ford Falcon que se usaban para los operativos se habían secuestrado de un camión de traslado desde la fábrica hasta las agencias. Mencionó, también, haber visto alguna vez en el casino un bigote postizo, una peluca, un fusil FAL rebatible o una escopeta recortada.

Luego narró un diálogo con el teniente primero Alberto Bustos en el que, según Barbieri, su compañero volvió a insistirle con el tema de Massaferro y a continuación le reveló detalles de un “operativo” en el barrio San Andrés de la localidad de San Martín que había terminado con muertos y con un detenido, que había sido trasladado por tres oficiales del Regimiento 6, incluido el propio Bustos, a un CCD que su interlocutor identificó como El Vesubio. Según Pablo Llonto, abogado querellante, esa información es consistente con lo que ya se averiguó en la causa acerca del operativo contra una imprenta del PRT en San Andrés, en julio de 1976.

—Voy a decir la lista para no olvidarme —anunció Barbieri—. Yo vi salir de civil, portando armas y en horas nocturnas, del casino de oficiales del Regimiento 6 de Infantería de Mercedes, a las siguientes personas: al teniente coronel Justo Rojas Alcorta, al mayor Luis Fernández Bustos, al mayor Aurelio Santos Muñoz, al capitán Antonio Sampieri, al teniente primero odontólogo Sostaric, al teniente primero Serapio Del Río, al teniente primero Alberto Bustos, al teniente Durán alias “Titi”, al teniente Luis López, al teniente David Cabrera Rojo, al teniente Sebastián Oriozabala, al teniente Emilio Morello y al subteniente Eduardo Martín Sánchez Zinny”.

Según Sol Hourcade, abogada querellante del Centro de Estudios Legales y Sociales, lo más relevante del testimonio de Barbieri es que pertenece a un militar, aunque la información que dio ya se conocía con anterioridad gracias al testimonio de los y las sobrevivientes. “Es importante en la medida en que reafirma lo que ya estaba comprobado −dice Hourcade−. En cuanto a los nombres que dio, en su mayoría ya habían sido considerados en la etapa de instrucción. Algunos fallecieron, otros fueron procesados y elevados a juicio, pero ya habían sido contemplados”.

El relato sobre los documentos de El Vesubio

En 1979 Barbieri fue dado de pase al Regimiento 18 de Misiones, una unidad que en ese momento estaba en construcción. “Más lejos no me podrían haber mandado”. Permaneció allí tres años y, en 1982, pasó al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de La Tablada, donde estuvo por un período “breve y lamentable” de un año. Luego lo destinaron otra vez a Formosa, donde ascendió hasta capitán, y en 1988 pidió la baja del Ejército.

La segunda parte de su testimonio se concentró en la últimas semanas de su paso por el Regimiento 3 de La Tablada, mientras se acercaba la transición democrática. Barbieri relató un episodio insólito y siniestro que será investigado en la causa. Dijo que, el 3 de septiembre de 1983, mientras cumplía tareas como oficial de servicio, el médico del regimiento le contó que el entonces teniente coronel Horacio Giralda lo había llamado a su casa para ordenarle que fuera a desocupar un sector de la enfermería, ya que iban a depositar allí “documentación del LRD Vesubio”. Barbieri dijo que más tarde vio ingresar al regimiento a Giralda junto a Alberto Schoallert, quien había sido jefe del Regimiento 6 de Mercedes, con un camión y tres Falcon.

“No pude con mi genio y planifiqué un golpe de mano”, relató Barbieri. Siempre según su versión, dejó destrabada una puerta de la enfermería y a la noche se metió a escondidas con una linterna. Dijo que pudo ver varias pilas de hojas con antecedentes de personas, que llevaban foto y que referían nombre, organización, rango y descripción, todas con un sello en el margen superior que decía “Final”. “Me llamó la atención que algunas de las personas de las fotos tenían los ojos cerrados y la cabeza gacha”, observó. Barbieri afirmó que también vio un cuadernillo con la inscripción “PON Vesubio”, que en la jerga significaba “procedimientos operativos normales”.

Después, continuó diciendo el capitán retirado, manoteó algunas de las fichas, se las guardó en su abrigo y abandonó la enfermería. “Al salir a la oscuridad apareció el mayor Luis Alberto Sánchez, que era el oficial de Operaciones e Inteligencia del regimiento, junto a cuatro personas más de civil. Me pidió mi pistola, que ingenuamente le di, y la documentación que tenía. Después me tocaron la espalda y cuando me di vuelta recibí una trompada y a continuación una golpiza tremenda, que resistí con violencia hasta que me caí desmayado”.

Despertó en una habitación desconocida, encapuchado, con cinta en la boca y esposado de pies y manos. “Querían saber con qué organización de derechos humanos hablaba, pero yo no hablaba con nadie, era una patriada que me había mandado”. Barbieri aseveró que lo torturaron durante tres días con la técnica de ahogo del “submarino”, hasta que una mañana apareció de civil el teniente coronel Rojas Alcorta, a quien él conocía del Regimiento 6, y le anunció: “Le acabo de salvar la vida, pero me tiene que prometer que no va a decir nada porque si no su familia corre peligro y yo no me hago cargo”. Luego le hizo firmar unos papeles. Le dieron un sedante y volvió a despertar en su cama del casino de oficiales, vestido de combate y sin borceguíes. Giralda se llevó su ropa ensangrentada y volvió a advertirle que no hablara.

A partir de ese momento, Barbieri dice que pasó 40 ó 45 días incomunicado y vigilado, en supuesto castigo por una falta que le inventaron en el legajo. A fines de octubre, Giralda lo citó a su oficina, le devolvió el sueldo y lo reincorporó. Un mes después, Barbieri pidió su pase a Formosa. “Nunca dije nada de lo que había pasado, mi señora creyó la mentira esa de la sanción hasta hace pocos meses. Estuve aterrorizado hasta que me fui del Ejército en 1989. Iba por el regimiento de Formosa acompañado de dos soldados por miedo a que me pasara algo”.

—¿Por qué tardó tantos años en denunciar todo esto? —le preguntó el fiscal Agustín Vanella.

—No me animé. Yo me fui del Ejército con una mano adelante y otra atrás, no tenía nada. Pasé años muy difíciles. Me convencí hablando con mis hijos, creí que ya era hora de terminar con todo esto porque mentalmente me da muchas vueltas, a veces se va pero después vuelve. Ustedes saben el peligro que yo corro por decirlo, pero trato de no pensar en eso. Los oficiales jóvenes del Ejército tienen que saber la mierda que se vivió en esos años.

Al finalizar la audiencia, los representantes del Ministerio Público solicitaron al tribunal que arbitrara medidas para resguardar la seguridad de Barbieri ya que, según él mismo dijo, recibió agravios indirectos por vía de terceros luego de su primera declaración en los medios. “Más allá del aporte de datos, es un hecho importante que un ex oficial del Ejército que estaba en actividad en el momento de los hechos haya declarado como testigo −dice Llonto−. Casi no hay antecedentes de algo así: es un avance contra el pacto de silencio”.

MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

Homenaje a Carlos Slepoy

Militantes de derechos humanos, familiares y realizadores recordaron este sábado, con un acto virtual, al abogado Carlos Slepoy, quien desde España impulsó causas judiciales contra las violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras que gobernaron Latinoamérica durante los años ’70 y ’80.

A cuatro años de su fallecimiento, la figura de Slepoy fue homenajeada con una ceremonia que se exhibió de forma simultánea entre Argentina y España a través de la plataforma YouTube. También pudo verse en las redes sociales siguiendo los hashtags #carlosslepoy #JusticiaUniversal #memoriahistorica #laquerellaargentina #homenaje #documental.

El acto, que comenzó a las 12 de Argentina y las 17 de España, contò con la presencia de Nora Cortiñas, de la asociación Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, entre otros referentes. La presentación estuvo a cargo de la activista Paloma García, Andreu Osorio, la cantautora Clara Ballesteros, y el actor español Juan Diego Botto, entre otros. También participarán Silvia Slepoy, hermana del abogado; la escritora Elsa Osorio; y la cineasta Cristina Andreu.

Un nombre para los Desaparecidos.

La inteligencia militar en los años de plomo

UN DETALLADO ANÁLISIS DE LA INTELIGENCIA Y EL EJÉRCITO

16-4-2021 | La antropóloga Verónica Almada aportó información relevante sobre la estructura interna del Ejército y la tarea de inteligencia. La testigo de contexto convocada por la fiscalía trabajó en el relevamiento de documentación castrense como parte de un equipo del Ministerio de Defensa. Los informes que realizó el grupo fueron presentados como prueba en este juicio. 

María Verónica Almada Vidal fue convocada por la fiscalía como testigo de contexto después de aportar su conocimiento en los juicios por el Plan Cóndor y en el de la contraofensiva montonera, entre otros. Almada es antropóloga especializada en archivos y derechos humanos. Se desempeñó en el Ministerio de Defensa dentro del equipo de Stella Segado, creado en 2010, encargado de la desclasificación de la documentación producida por las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado con el objetivo de recuperar la información de valor judicial e histórico. La testigo se concentró en los archivos administrativos, es decir, aquellos sobre deberes y obligaciones para el personal o la institución, y coordinó el equipo que se abocó al Ejército. Los informes que produjo su grupo obran como prueba en la causa que se debate en este juicio. Con relación al valor de estos archivos, aclaró que contenían elementos significativos que daban cuenta del despliegue de las fuerzas represivas.

Consultada por el fiscal auxiliar Rodríguez Infante sobre las fuentes que relevó, la testigo mencionó su acceso a los legajos del personal en retiro o dado de baja, sumarios por enfermedad o accidente y las actas de calificación de oficiales para considerar los ascensos. Examinó libros históricos —memorias anuales de las unidades—, órdenes del día —donde las autoridades indican las actividades de la jornada— y boletines públicos, reservados y confidenciales. A modo de ejemplo, dijo que estos últimos informaban los cambios orgánicos como la creación de destacamentos de inteligencia. También revisó los archivos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Justicia Militar.

El representante del Ministerio Público Fiscal preguntó si había constancia de sustracción o destrucción de documentos. Almada explicó que las fuerzas tienen su reglamento de documentación, que instruye a remitir cierto material al Archivo General —en este caso, del Ejército— y a guardar otro a perpetuidad. La investigadora dejó en claro que algunas fuentes mencionaban documentos que no existían o no se encontraron. El equipo invocó el derecho a la verdad para solicitar lo faltante, pero la fuerza respondió que en 1983 el jefe de las Fuerzas Armadas dictó una orden de destrucción de material documental.

Fiscalía

La zonificación del territorio nacional

La testigo se explayó a continuación sobre el criterio de zonificación que adoptaron las Fuerzas Armadas para luchar contra la subversión. Señaló que la lógica para dividir el territorio se fue modificando a la par de cambios doctrinarios y en las hipótesis de conflicto. El esquema central se remonta a los años cincuenta, con la implementación del plan CONINTES, y se mantuvo durante el terrorismo de Estado. En 1975, a partir de directivas, se fraccionó el país en cuatro zonas: 1, 2, 3 y 5. Cada zona dependía de un Comando Operativo del Ejército. En mayo de 1976 se creó la zona 4. Se habla también de un documento “Plan de Capacidades Marco Interno” del Ejército, de 1972, donde se modificó lo que disponía el CONINTES.

Cada zona se subdividió a su vez en subzonas, dependientes de brigadas, que eran grandes unidades de combate subordinadas a los comandos. Las subzonas se organizaban en áreas y subáreas. Esta distribución respondía a la cadena de mando. La lucha contra la subversión se desempeñaba dentro del mando centralizado pero con ejecución descentralizada. Un operativo de una subárea involucraba a todas las unidades que estaban por encima de ella.

Nuestra provincia se ubicaba dentro de la zona 3 —a cargo del III Cuerpo de Ejército—, subzona 33 —Mendoza, San Juan y San Luis—, área 331 —Mendoza—. La documentación certifica la existencia de subáreas 3310 y 3316. El criterio numérico —zona, subzona, área, subárea— indicaría que existieron siete subáreas en Mendoza: 331-0, 331-1, 331-2, etc., hasta 331-6. Almada explicó que faltó relevar información para determinar el lugar correspondiente a cada subárea. Como en otros casos similares, la ausencia de información propia del Ejército sobre ciertas subáreas sugiere que estuvieron a cargo de otras fuerzas como la Aeronáutica o la Gendarmería, agregó.

Nombró luego algunas de las unidades contenidas en la subzona 331: la VIII y la XI Brigada de Compañía de Montaña, la Compañía de Alta Montaña, la Compañía de Esquiadores, etc. También aclaró que algunas no dependían de la VIII Brigada pero habían sido designadas para operar con ella, como el Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército, que respondía directamente al Comando del III Cuerpo de Ejército. En un documento titulado “Para la organización y el equipamiento del ejército y secciones en la lucha contra la subversión” figura un cuadro orgánico donde se dice que el Destacamento 144, al igual que el Liceo Militar General Espejo, actuaba en apoyo de la brigada. Originalmente todos los liceos y escuelas dependen del Comando de Institutos Militares, pero este quedó prestando funciones operativas con la VIII Brigada.

Presidente del tribunalLa inteligencia como actividad principal y el personal capacitado de los destacamentos

El fiscal centró la atención en el rol de la inteligencia para la lucha antisubversiva y solicitó a la testigo que desarrollara las conclusiones a las que arribaron. Almada aclaró que su investigación no trabajó con documentación producida en el marco de las tareas de inteligencia, como sí contiene el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos (DIPBA). No obstante, en el archivo del Ejército que ella consultó, además de hablarse de la inteligencia, constaban los libros históricos de las unidades abocadas a ella, legajos del Personal Civil de Inteligencia (PCI) y sus recibos de sueldo, actas de calificación de cargos vinculados a esta materia, etc. Fueron muy importantes los reclamos que el propio personal hacía cuando algunos de los servicios prestados no se habían asentado en el legajo por tratarse de actividades de inteligencia.

La antropóloga sostuvo que desde el cambio doctrinario para hacer tareas en el plano interno la inteligencia se volvió una de las actividades más importantes en la lucha contrasubversiva. La definición del enemigo era tan abstracta y abierta —personas o elementos mezclados entre la población— que se hacía indispensable identificar, localizar, e individualizar. A partir de la reunión de información y de la inteligencia se decidían las operaciones. Algunos reglamentos y directivas postulaban que valía más la información transformada en inteligencia que el despliegue de efectivos sobre zonas o blancos no prefijados. Para determinar el “ciclo” de la inteligencia, la investigadora se remitió al reglamento reservado RC-16-1 de 1965. En él se indicaban los pasos —no lineales— de esta actividad, graficados como un círculo: 1) dirección —generalmente dependía de las grandes unidades, como el G2 de la VIII Brigada en Mendoza—, 2) reunión de información, 3) procesamiento y 4) análisis. En cualquier punto podía volverse a uno anterior.

En cuanto al rol de los destacamentos de inteligencia, Almada señaló que podían responder a requerimientos del G2 en cuanto a información necesaria para operar o realizar operaciones especiales. Justamente, el personal de un G2 no estaba necesariamente especializado en inteligencia, mientras que en los destacamentos eran personas específicamente capacitadas: en sus legajos figura la sigla AEI (Aptitud Especial de Inteligencia). Para trabajar en inteligencia se hacía un proceso de selección y se admitía a los candidatos por sus antecedentes. Luego asistían a cursos técnicos, de auxiliar de inteligencia, interrogación. En algunos legajos figura la evaluación completa con las materias finales, entre ellas, “Organizaciones Extremistas de Izquierda” e “Historia Política”.

A partir de documentos como el Reglamento 91 y el Reglamento Reservado RC-16-5, titulado “La unidad de Inteligencia”, de 1973, se pudieron determinar las funciones y el diseño de las unidades, batallones y destacamentos. Los destacamentos presentaban la misma estructura en todas las provincias. Una jefatura con un 1º y 2º jefe y una Plana Mayor. La plana mayor asistía al comandante en cinco temas: 1) Personal, 2) Inteligencia, 3) Operaciones, 4) Logística y 5) Asuntos Civiles/Finanzas. Luego estaban las Secciones de Ejecución I y II y sus apoyos —por ejemplo, especialistas en imágenes— También había Grupos de Actividades Especiales (AEI o AEIC), que hacían tareas de espionaje, sabotaje, operaciones especiales o psicológicas, y un Grupo de Archivo. Grupo y sección a menudo era una distinción de tamaño, aclaró Almada. Además de las fuentes indicadas anteriormente, pudieron reconstruir las actividades de cada división por los reclamos de ascenso del personal, cuando demandaban que algún servicio prestado no había asentado en su legajo por tratarse de tareas de inteligencia.

La Comunidad informativa y el Centro de Operaciones Tácticas

Al regreso del cuarto intermedio, el fiscal Rodríguez Infante consultó a la testigo específicamente sobre la Comunidad informativa (CI) y el Centro de Operaciones Tácticas (COT). Verónica Almada explicó que la CI “es el conjunto de los órganos de inteligencias que operan en una jurisdicción”. Es decir, nucleaba a las áreas de inteligencia de todas las fuerzas de un área. Por ejemplo, en el área 331 —Mendoza—, la integraba el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Provincial, la Policía Federal.

“El reglamento plantea que el éxito de las operaciones depende de la acción coherente y coordinada de esta Comunidad Informativa”, detalló la testigo. La CI está mencionada también en todas las directivas. Pero la función de la CI no era solamente poner en común información, sino también tenía funciones operativas, fijaba blancos -personas sobre las cuales se iba a reunir información-, “era un órgano de inteligencia mancomunado de todos esos servicios”. No solo compartía datos, sino que discutía cuestiones vinculadas a las operaciones mismas.

Por su parte, el Centro de Operaciones Tácticas está definido en el reglamento de organización y funcionamiento de los Estados Mayores. Su rol central era la coordinación centralizada de las operaciones, es decir que funcionaba como central única de inteligencia y tenía la lógica de concentrar en un solo organismo las tareas u operaciones en esta materia.

Cada jurisdicción podía disponer de un COT: “A través del COT se organiza todo lo que tiene que ver con el despliegue operativo de la fuerza”, explicó la antropóloga, y en él también podía participar personal de policía que realizaba operativos en conjunto con la fuerza. “La centralización de información tenía el objetivo de reunirla y coordinarla”, ya que los militares advirtieron que “muchos de los errores habían tenido que ver con la descoordinación de las tareas de inteligencia”.