Carlos Luis Malatto, miembro de la plana mayor del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 de la provincia de San Juan durante la última dictadura (1976-1983), huyó del país en 2011 cuando estaba cerca de ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Un año antes la Cámara Federal de Mendoza decidió liberarlo a él y a todos los imputados por delitos de lesa humanidad de la provincia. Malatto no dejó pasar la oportunidad y escapó del país, primero a Chile y luego, aprovechando su doble ciudadanía ítalo-argentina, a la ciudad de Roma. Reportaje de la Radio red Medios al investigador Carlos Ureta
Desaparecidos – Durante la audiencia preliminar en Piazzale Clodio, el ex gerarca Malatto pidió ser juzgado por el tribunal militar italiano. Está acusado de ocho asesinatos. “Estaba siguiendo órdenes”
La próxima audiencia preliminar se realizará el 4 de noviembre contra Carlos Malatto, ciudadano italiano y ex teniente coronel del ejército argentino, acusado de asesinato por la muerte de ocho personas en San Juan, Argentina, a finales de los años 1970 durante la dictadura cívico-militar de Videla.
Durante la última audiencia que tuvo lugar en Roma en el tribunal de Piazzale Clodio el 9 de septiembre, los defensores de los exmilitares formalizaron ante el GUP la solicitud de que su asistencia sea juzgada por la justicia militar italiana
En realidad, el acusado afirmó que actuó como militar, “ejecutando órdenes”, durante una “guerra” contra grupos de oposición y guerrilla como los Montoneros, Tupamaros y el Ejército Revolucionario del Pueblo.
Según el fiscal de Roma es una reconstrucción sin fundamento ya que Malatto sería responsable de crímenes de naturaleza “política” y no militares. Tan cierto, no mataron soldados.
The Gup se ha reservado para decidir el 4 de noviembre. Si se descarta la opción de un juicio militar, el 2 de diciembre se celebrará otra audiencia para decidir sobre el traspaso a juicio del ex soldado que vive en la provincia de Messina desde 2011 y que hoy cumple 75 años. Siempre el 2 de diciembre el grupo Marisa Mosetti hablará, en caso de referido, sobre la solicitud de constitución de un partido civil, junto a los familiares de las víctimas, en nombre de nuestra asociación 24marzo Onlus – que en 2015 contribuyó al inicio de la investigación contra Malatto – y el presidente Jorge Ithurburu como representante legal.
La misma petición fue repetida por la Presidencia del Consejo de Ministros Italiano, el PD, Cgil, Cisl y Uil, la Red Federal de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Partido Comunista Argentina. Estos fueron añadidos a la Universidad Nacional de San Juan, porque cuatro de las víctimas atribuidas a Malatto, todas desaparecieron entre 1976 y 1977, eran estudiantes del Ateneo.
El 11 de julio, el gobierno argentino había anunciado el pasado 11 de julio que no quería formar un partido civil y seguir siendo sólo la parte ofendida en el proceso.
Estos son los nombres de las ocho víctimas: Juan Carlos Campora, Marie Anne Erize Tisseau, Jorge Alberto Bonil, Angel Josè Alberto Carvajal, Daniel Rodolfo Russo, Armando Alfredo Lerouc, Marta Elida de Lourdes Saroff y Florentino Arias.
Los abogados del partido civil son: Luca Ventrella para la Presidencia del Consejo de Ministros; Andrea Speranzoni para el Partido Comunista Argentino (caso Carvajal); Arturo Salerni para los casos Erize, Carvajal, Lerouc, Saroff y Campora; Mario Angelli para los casos Russo, Carvajales y la Asociación Apdu; Francesca Sassano para los casos Erize, Lerouc, Saroff y la asociación 24 de marzo Onlus; Alicia Mejía para el caso Carvajal; Marta Lucisano para los casos Saroff y Campora; Alessia Liistro para el caso Arias; Emma Persichetti para los casos Sar off y Lerouc.
Los abogados de la parte ofendida son: Arturo Salerni por la República Argentina, Antonello Madeo y Alessandra Torrelli por el Partido Demócrata (caso Carvajal); Mario Angelli por el Sindicato Cgil (caso Saroff); Martina Felicori por el Sindicado Uil (caso Arias); Emma Persichetti por el sindicato Cisl (caso ruso) y la asociación Rfdu.
El exmilitar argentino Carlos Luis Malatto pidio este lunes en Roma ser juzgado por un tribunal militar de Italia, país al que se fugó en 2011, y no por uno civil, por los crímenes que se le imputan en el Plan Cóndor, el sistema represor de las dictaduras latinoamericanas en las décadas de 1970 y 1980, informo Jorge iturburu, presedente de 24marzo.it, principal impulsora de la causa contra el profugo genocida.
La jueza del Tribunal de Roma, Marisa Mosetti, debía decidir este lunes si abría el proceso contra Malatto pero, ante su petición, ahora tendrá que aclarar primero en otra vista el 4 de noviembre si depende de la jurisdicción militar, explicó Iturburu.
En caso de que se desestime la opción de un proceso militar, se celebrará otra audiencia el 2 de diciembre para, esta vez sí, decidir si se abre el proceso penal en su contra.
Malatto, que en octubrecunple 75 años, se fugo de Argentina y llegar a Italia en 2011, donde reside en la ciudad de Messina (sur), hasta que en 2015 el Ministerio de Justicia italiano dio luz verde a una investigación sobre él tras recibir una denuncia.
La Fiscalía de Roma le imputa el asesinato de ocho personas en el Plan Cóndor.
En la audiencia de ese lunes la defensa del exmilitar sostuvo que debía ser procesado por la Justicia militar italiana porque sus actos en aquellos años, alegó, eran para combatir a “organizaciones terroristas”.
A su parecer, el acusado cumplió “órdenes militares” en medio de “una guerra” entre la dictadura de Jorge Rafael Videla y grupos opositores y guerrilleros como los montoneros, los tupamaros y el Ejército Revolucionario del Pueblo.
Una tesis que el fiscal, Stefano Opilio, no comparte ya que cree que sus acciones constituyeron “delitos políticos, no militares”.
En la vista de hoy en el Tribunal de Roma se sumó como demandante la Universidad Nacional de San Juan pues cuatro de las víctimas que se le atribuyen a Malatto formaban parte de la misma, todos ellos desaparecidos entre 1976 y 1977.
Se trata del rector, Juan Carlos Cámpora; el estudiante de Ingeniería y miembro del Partido Comunista, Angel Jose Alberto Carvajal; el estudiante de Ciencias Sociales, Jorge Alberto Bonil, y el tipógrafo Florentino Arias.
Malatto ha acudido al aula del Tribunal de Roma y, según los presentes, pues la vista se celebró a puerta cerrada, “parecía bien físicamente”.
Italia juzgó durante años a decenas de militares de países como Uruguay, Bolivia, Perú o Chile por la muerte o desaparición de ciudadanos con nacionalidad italiana en Latinoamérica en el “Plan Cóndor”.
Todos fueron juzgados en contumacia, ausentes, con la excepción de uno de solo de los imputados, el represor uruguayo Jorge Néstor Troccoli, que vivía en libertad en Italia y que se encuentra en prisión condenado a cadena perpetua por aquellos hechos.
El cambio de fiscal en la causa Malatto pospuso para julio la audiencia de hoy.
.- El Tribunal de Roma pospuso este lunes la audiencia preliminar del juicio al exmilitar argentino Carlos Luis Malatto, denunciado en su país por varios homicidios en la dictadura y residente en Italia, al próximo julio, debido a la falta de fiscal para el caso, informaron a EFE fuentes próximas al proceso.
La fiscal Gianfederica Dito, que en septiembre pasado formalizó el final de la investigación abierta en 2015 contra Malatto, quien en 2011 escapó de su país y se refugió en la isla de Sicilia (sur), ha sido nombrada nueva fiscal general de Arezzo (norte), lo que ha obligado a retrasar la audiencia hasta el 11 de julio.
Malatto, de 75 años, está acusado de asesinar a al menos ocho personas en la provincia de San Juan en la operación conocida como “Plan Cóndor”, la represión contra la oposición de izquierdas coordinada por parte de regímenes latinoamericanos entre las décadas de 1970 y 1980.
El tribunal también fijó la fecha del 9 de septiembre a petición de los abogados de Malatto para sus objeciones, por lo que no será posiblemente hasta finales de año cuando pueda comenzar el proceso que los familiares de las víctimas reclaman desde hace tiempo.
Algunos de ellos se encontraron hoy en el tribunal con Malatto, como el nieto de Juan Carlos Cámpora, entonces rector de la Universidad de San Juan; el de Armando Alfredo Lerouc y Marta Elida De Lourdes Saroff, o la hermana de Marie Anne Erize, desparecida en esa ciudad en 1976, que se mostró “muy emocionada y no pudo evitar las lágrimas”, según las fuentes.
La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Oficina del Fiscal del Estado, anunció que solicitará ser parte civil en el juicio, lo que fue acogido como “una sorpresa agradable” por los familiares, aunque ésta es una práctica habitual desde 1998.
También anunciaron la voluntad de constituirse como parte civil el opositor Partido Demócrata (PD), además de los sindicatos mayoritarios CGIL y UIL, la asociación ’24 marzo onlus’, la Red Federal para los Derechos Humanos y la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos, así como la Embajada argentina en Italia como parte agraviada.
Malatto, que estuvo presente en la sala acompañado de 5 abogados y se marchó sin hacer declaraciones, vive en Sicilia, vigilado por la policía y no es el único supuesto represor que ha acabado en Italia
El uruguayo Jorge Néstor Troccoli cumple cadena perpetua en la prisión italiana de Carinola (sur) por 26 homicidios de italo-latinoamericanos en el “Plan Cóndor”, como torturador del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA).
Y actualmente está siendo juzgado por otros tres homicidios: el del peronista argentino José Agustín Potenza, su pareja italiana,Raffaella Filipazzi, y la militante del Partido por la Victoria del Pueblo de Uruguay Elena Quinteros.
Argentina además trata de lograr la extradición de Daniel Oscar Cherutti, supuesto represor en centros de detención clandestinos como Automotores Orletti, después de que el pasado enero Italia diese marcha atrás y denegase la del sacerdote Franco Reverberi, alegando que se encuentra en “condición semimoribunda”, según dijo.
Italia juzgó durante años a decenas de militares de países como Uruguay, Bolivia, Perú o Chile por la muerte o desaparición de ciudadanos con nacionalidad italiana en Latinoamérica en el “Plan Cóndor”.
La Fuga de Malatto
En 2010, el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, ordenó la indagatoria de Malatto y su detención, pero un año después la Cámara de Casación la dejó sin efecto la orden. Malatto se fugó a Chile en 2011, cuando se filtró que había una orden en su contra.
Al menos hasta el año 2000, y beneficiado con la ley de obediencia debida, el teniente coronel Malatto estuvo a cargo del área de Relaciones Humanas de la Octava Brigada de Infantería de Mendoza y vivía en la calle Sánchez, de Godoy Cruz.
Logró pasar la frontera con su pasaporte italiano pese a que pesaba sobre él una prohibición de salir del país y esto no quedó registrado en Migraciones. Luego viajó a Italia, donde vive con su doble nacionalidad.
Malatto fue segundo jefe en San Juan e iba a ser enjuiciado en esta provincia en 2011. Italia rechazó su extradición. Pese a ello, una organización de derechos humanos local no se rindió. Contactó a familiares de víctimas e insistió ante la justicia local que tomó el caso.
Malatto era miembro de la plana mayor del RIM 22 y fue fundamental para gestionar la relación entre el Ejército y la Policía de San Juan, desarrollando tareas en lo que denominaron Plan Cóndor. Era considerado un hombre de profunda confianza de Juan Carlos Olivera, quien fue condenado a perpetua por más de 50 crímenes de lesa humanidad que se le confirmaron durante juicio.
Carlos Malatto está acusado por secuestros, torturas y desapariciones en San Juan
Vestido con una camisa, campera y eclipsando su rostro con una gorra negra, Carlos Malatto, de 74 años, está reunido con un hombre al pie de unos yates en el puerto turístico de Portorosa, el más grande de Sicilia y uno de los más exclusivos del mar Mediterráneo. Corría diciembre de 2019 y nada podía entorpecer, en principio, la rutina sosegada en el paraíso marítimo bajo una ligera brisa y unas gaviotas sobrevolando el cielo límpido. “No puedo hablar, estoy con una persona”, es lo primero que larga Malatto a una periodista que lo interrumpe mostrándole el cartel de la recompensa que el Estado argentino ofrecía para su captura. La periodista lo sigue, caminando a la par en su huida. “¿Por qué no me responde?”, lo interroga, mientras Malatto desliza una sonrisa opaca de lado y continúa su marcha silenciosa, manos en los bolsillos, camuflado en la vida de un pensionado feliz.
Salvando las distancias, la fugaz caminata se pareció a aquel emblemático reportaje del periodista norteamericano Sam Donaldson al criminal nazi Erich Priebke en las calles de Bariloche, donde se había ocultado como un buen vecino. Poco después del reportaje, Priebke fue extraditado a Italia y sentenciado a prisión perpetua por su participación en la masacre de las Fosas Ardeatinas en Roma. Carlos Luis Malatto vive en Italia desde 2011 gracias a su pasaporte italiano, prófugo pese a conocerse su paradero. No había sido la única que vez que un periodista fue sobre sus pasos. “¡Váyase!”, gritó para expulsar a un reportero que le preguntó por su pasado como represor, antes de encerrarse en su casa, rodeado de un Mercedes Benz deportivo color azul. En torno a la villa de Malatto había varios yates, propiedades de los habitantes del “resort”. Respiraba un aire triunfal.
A Malatto los abogados italianos lo tienen en la mira desde 2015. El abogado argentino residente en Italia Jorge Ithurburu, presidente de 24Marzo Onlus –organización que querelló en Italia a militares y políticos latinoamericanos por delitos de lesa humanidad–, lo denunció en aquel año, luego de que el represor fuera localizado mientras vivía como un vecino más en el barrio exclusivo de Portorosa, y la Justicia europea rechazara la extradición. Según el artículo 8 del Código Penal italiano, el Estado puede enjuiciar a sus ciudadanos por esa clase delitos, sin importar si los cometieron dentro o fuera de las fronteras.
Antes que eso, la Justicia argentina llegó a detenerlo y mantenerlo bajo prisión preventiva durante algún tiempo, mientras se demoraba en fijar fecha para el juicio que lo tendría entre los acusados. Con la excusa de esa demora, la Cámara de Casación Penal le habilitó la libertad que le permitió fugarse en 2011. “Logró establecerse en Italia con el pasaporte de ciudadano italiano, que logró conseguir en tiempo record tras escapar de la Argentina vía Chile”, resumió Eva Lerouc, hija de dos víctimas del militar retirado y parte de la querella.
Acusado en la Argentina por cerca de 30 casos de desaparecidos, se desempeñó como teniente coronel del RIM 22, el temerario Regimiento de Infantería de Montaña de San Juan. Más de 16 testigos lo acusan como autor de torturas, según se desprende de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Mendoza. El de Malatto es un caso paradigmático de aquellos represores argentinos que se fugaron para evitar el juicio en la Argentina.
En su escala de regreso desde Arabia Saudita, donde participó de la reunión anual para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial de la UNESCO en la que el Museo Sitio de Memoria ESMA fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla se encontró en Italia con la fiscal de Roma Gianfederica Dito, a cargo de la causa contra el represor prófugo. Allí, según sus propias palabras, reafirmó el compromiso del Estado argentino para que la investigación contra Malatto avance hacia la etapa de juicio oral.
La fiscalía italiana había realizado días atrás el cierre formal de la etapa de investigación del expediente, en el que está acusado por el asesinato de al menos ocho personas en su carácter de miembro de la plana mayor del RIM22 en la provincia de San Juan. “Desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos asistiendo a la Justicia italiana en los procesos para acortar los plazos y con la expectativa de que se produzcan las extradiciones y las elevaciones a juicio”, explicó Pietragalla después del encuentro con la fiscal, durante una conferencia realizada en la Cámara de Diputados italiana. “Por primera vez el Estado argentino es querellante en procedimientos en el exterior y esto fue una decisión política de nuestra gestión para que no haya impunidad biológica, ya que la mayoría de los que están prófugos son personas de una edad muy elevada”, agregó.
El caso de Malatto no es el único que el Estado argentino sigue en Italia. Además, hay dos procesos de extradición abiertos para juzgar en el país al ex capellán militar de San Rafael, Franco Reverberi Boschi, y a Daniel Oscar Cherutti, ex miembro de la SIDE durante la dictadura. El pedido de extradición de Reverberi Boschi, en rigor, fue aceptado por el Tribunal de Apelaciones de Bolonia en julio de este año luego de un largo proceso judicial y el próximo 10 de octubre el Tribunal de Casación analizará esa decisión a pedido de la defensa del ex capellán. En el caso de Cherutti, el 28 de septiembre se desarrollará la primera audiencia ante la Justicia italiana para analizar el pedido de extradición. Por último, la Argentina también es parte del juicio que se sigue en ese país contra el ex militar uruguayo Jorge Troccoli, que tendrá su audiencia testimonial el 23 de octubre. El ex marino está acusado por los crímenes cometidos contra el argentino José Agustín Potenza, su pareja italiana Giuliana Filipazzi y Elena Quinteros, de Uruguay, en el marco del Plan Cóndor.
El uruguayo Troccoli, el ex capellán Reverberi Boschi y Malatto cuando estaba en actividad.
Sobre el caso Malatto, la Corte de Casación italiana decidió en 2014 rechazar el pedido de extradición de Italia, adonde había huido para evitar la captura en la Argentina. Su abogado fue Augusto Sinagra, defensor del jefe de la logia masónica P2, Licio Gelli, que tuvo notable influencia en el último gobierno del general Perón. Pero al año siguiente el ministro de Justicia de Italia, Andrea Orlando, dio vía libre a una acción judicial en Italia contra Malatto, indagado en principio por la participación en cuatro homicidios, entre ellos el de Juan Carlos Cámpora, ex directivo de la Universidad de San Juan, y el de la ex modelo francesa Marie Anne Erize.
Según investigó la Justicia argentina –con hechos acreditados por los tribunales italianos en cruces de información–, Carlos Luis Malatto había ocupado el cargo de segundo jefe de ejecución en el plan de tortura, secuestros, violaciones y desapariciones en San Juan. Conquistó, de ese modo, un rol de elite en la relación entre el Ejército y la Policía. Testigos en los juicios de lesa humanidad lo situaron en la Jefatura de la Policía y en la noche en que fue asesinado Ángel Alberto Carvajal, un militante comunista, en el Penal de Chimbas. Se cree que Carvajal fue torturado hasta la muerte.
Hombre de confianza de Jorge Antonio Olivera –apodado “El carnicero de San Juan”, condenado a prisión perpetua por más de 50 crímenes de lesa humanidad y antes desertor durante años, con fuga a Italia incluida–, los testimonios de sobrevivientes describieron a Malatto como uno de los torturadores más eficaces. Junto a otro represor, Gustavo De Marchi, estuvo a cargo de la toma de la Casa de Gobierno en 1976 y también se le atribuye el traslado de detenidos desde el Penal de Chimbas a otros centros clandestinos de detención. Entre las víctimas de Malatto –que la Agrupación 24 de Marzo de abogados sanjuaninos estima en más de 30–se encuentran activistas, estudiantes y líderes políticos, incluyendo a Daniel Rodolfo Russo, Florentino Arias, Armando Lerou y Marta Saroff. Todos fueron secuestrados o asesinados en San Juan, Mendoza o Buenos Aires, y pasaron por centros clandestinos de San Juan.
No son horas de calma en el barrio privado que habita en la playa siciliana. Un pasado que borrar se ha convertido en un fantasma que acecha cada vez con mayor fuerza. Tal vez los años de impunidad ya no corran más en su relajado paso entre los yates, como empresario reconocido de una de las costas más codiciadas del Mediterráneo. Ni el asombro de sus vecinos, ante los carteles que se pegaron en los alumbrados públicos sobre un genocida suelto en Italia. Su juicio, en este país, está pronto a suceder. Y luego, de acuerdo a lo que adelantaron las autoridades, un nuevo pedido de extradición, porque la Argentina también quiere condenarlo en su tierra por su multitud de víctimas.
La Corte de Apelaciones de Bolonia examino el pronunciamiento de la Corte de Casación favorable a la extradición de Franco Reverberi, disponiendo evaluar el estado de salud del ex capellán del ejército argentino para determinar si puede viajar en avión a la Argentina. La información la proporcionó, al salir de la Audiencia en llevada a cabo en Bolonia, Italia, Arturo Salerni, abogado de la República Argentina en el procedimiento de extradición de Franco Reverberi.
audio del anuncio del Abogado Arturo Salerni
El sacerdote- ex capellán del ejército argentino- fugado a Italia está acusado por diversos delitos de lesa humanidad que incluyen homicidio, secuestro, tortura y otros, hechos cometidos en Argentina durante los años de la dictadura.
El pronunciamiento de la Corte de Casación favorable a la extradición, a fin de verificar la salud de Reverberi que tiene una edad avanzada, estableció una audiencia para el 26 de enero de 2023, para realizar una pericia médica, de la que participa un médico legalista y un cardiólogo, para establecer si puede viajar Reverberi a Argentina.
La extradición fue solicitada por el Estado Argentino, a través de su Embajada en Ronra em base al pedido de detención del Juzgado Federal de San Rafael emitido el 10 de marzo de 2021. En los últimos meses , la estrategia argentina consistió en nombrar un abogado que representara al estado Nacional, Arturo Salerni, y la visita continuada del Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y el Director de asuntos Jurídicos, Federico Efrom, aportando nueva documentación a jueces y fiscales italianos.
Aparte del logro de reabrir la extradición del religioso, se considera que se ha logrado revertir el blindaje a los implicados en delitos de lesa humanidad en Argntina, que se fugaban a Italia
Reverberi, de 84 años, está acusado de partícipe secundario en diez casos de secuestros y torturas y en el asesinato de José Berón, militante del ERP aún desaparecido, y como miembro de una asociación ilícita junto a los represores de la Casa Departamental, sede de los tribunales provinciales en San Rafael. La Justicia italiana había rechazado dos veces su extradición, difícil de lograr en casos de personas con doble ciudadanía.
Su nombre se ventiló por primera vez en un juicio en 2010, cuando se celebró el primer debate por crímenes de lesa humanidad en Mendoza y cuatro sobrevivientes describieron su presencia asidua en el CCD y los interrogatorios. Mario Bracamonte, ex militante de la JP, dio uno de los testimonios más contundentes. Recordó la presencia de Reverberi en un episodio puntual, la noche del 9 de julio de 1976, a temperaturas bajo cero, cuando después de torturarlos los hicieron arrastrarse sobre su sangre en el piso. Esa noche la patota se ensañó con un sindicalista de la UOM al que ahogaron en un balde. Reverberi observaba. Cuando Bracamonte levantó la cabeza buscando la mirada del cura, recibió una patada de un oficial: “¿Qué mirás, negro?”.
Al igual que otros sobrevivientes, Bracamonte era católico y conocía desde antes a Reverberi porque era párroco de San Rafael. En el juicio de 2010, el cura fue llamado a declarar como testigo. Dijo que nunca había estado en La Departamental y que el Ejército lo había designado como capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael recién en 1980. Sin embargo, según la prueba documental reunida por la fiscalía, Reverberi había reconocido en una nota que venía prestando funciones desde antes de su nombramiento.
Tras las declaraciones de los sobrevivientes, la fiscalía pidió su indagatoria. Pero Reverberi abandonó el país un par de meses antes de que el juez lo llamara a declarar. Se instaló en Sorbolo, su tierra natal, que había dejado a los 11 años junto a sus padres emigrados a la Argentina. En 2012, la Justicia argentina lo declaró en rebeldía y pidió su extradición. Interpol emitió una orden de captura internacional −hoy caducada−, pero Reverberi ya se encontraba en tierra segura. Desde entonces siempre respondió a los oficios judiciales diciendo que no podía viajar a la Argentina por razones de salud. Da misa una vez por semana y confiesa fieles en la parroquia Santi Faustino y Giovita. Durante la pandemia ofreció sus servicios espirituales en formato virtual.
La audiencia esta prevista para las 12 horas del 22 de diciembre proximo en el Tribunal de Apelación de Bolonia . El sacerdote- ex capellan del ejercito argentino- fugado a Italia esta acusado por diversos delitosde lesa humanidad que incluyen homicidio, secuestro, tortura y otros, hechos cometidos en Argentina durante los años de la dictadura militar.
La extradición fue solictada por el Estado Argentino, a través de su Embajada en Ronra em base al pedido de detencion del Juzgado Federal de San Rafael emitido el 10 de marzo de 2021. En los ultimos meses , la estrategia argentina consistió en nombrar un abogado que representara al estado Nacional, Arturo Salerni, y la visita continuada del Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y el Director de asuntos Jurídicos, Federico Efrom, aportando nueva documentacion a jueces y fiscales italianos.
Aparte del logro de reabrir la extradición del religioso, se considera que se ha logrado revertir el blindaje a los implicados en delitos de lesa humanidad en Argntina, que se fugaban a italia
Reverberi, de 84 años, está acusado de partícipe secundario en diez casos de secuestros y torturas y en el asesinato de José Berón, militante del ERP aún desaparecido, y como miembro de una asociación ilícita junto a los represores de la Casa Departamental, sede de los tribunales provinciales en San Rafael. La Justicia italiana había rechazado dos veces su extradición, difícil de lograr en casos de personas con doble ciudadanía.
Su nombre se ventiló por primera vez en un juicio en 2010, cuando se celebró el primer debate por crímenes de lesa humanidad en Mendoza y cuatro sobrevivientes describieron su presencia asidua en el CCD y los interrogatorios. Mario Bracamonte, ex militante de la JP, dio uno de los testimonios más contundentes. Recordó la presencia de Reverberi en un episodio puntual, la noche del 9 de julio de 1976, a temperaturas bajo cero, cuando después de torturarlos los hicieron arrastrarse sobre su sangre en el piso. Esa noche la patota se ensañó con un sindicalista de la UOM al que ahogaron en un balde. Reverberi observaba. Cuando Bracamonte levantó la cabeza buscando la mirada del cura, recibió una patada de un oficial: “¿Qué mirás, negro?”.
Al igual que otros sobrevivientes, Bracamonte era católico y conocía desde antes a Reverberi porque era párroco de San Rafael. En el juicio de 2010, el cura fue llamado a declarar como testigo. Dijo que nunca había estado en La Departamental y que el Ejército lo había designado como capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael recién en 1980. Sin embargo, según la prueba documental reunida por la fiscalía, Reverberi había reconocido en una nota que venía prestando funciones desde antes de su nombramiento.
Tras las declaraciones de los sobrevivientes, la fiscalía pidió su indagatoria. Pero Reverberi abandonó el país un par de meses antes de que el juez lo llamara a declarar. Se instaló en Sorbolo, su tierra natal, que había dejado a los 11 años junto a sus padres emigrados a la Argentina. En 2012, la Justicia argentina lo declaró en rebeldía y pidió su extradición. Interpol emitió una orden de captura internacional −hoy caducada−, pero Reverberi ya se encontraba en tierra segura. Desde entonces siempre respondió a los oficios judiciales diciendo que no podía viajar a la Argentina por razones de salud. Da misa una vez por semana y confiesa fieles en la parroquia Santi Faustino y Giovita. Durante la pandemia ofreció sus servicios espirituales en formato virtual.
La orden de captura internacional.
Según la fiscalía, “Reverberi tenía conocimiento pleno de las detenciones ilegales de los nombrados y de las torturas a las que fueron sometidos” y “se movía con autonomía” en la Casa Departamental. “Es tan torturador el que enchufa el cable en la pared como el que enciende la radio para que no se escuchen los gritos, el que pasa la picana por los genitales de la víctima, o el que llega después a ‘aconsejarle’ que hable para no ser torturado nuevamente −anotaron los fiscales en el segundo pedido de extradición−. Ahora bien, cuando el que llega después a dar consejos es además un sacerdote que se maneja con autoridad ante los demás miembros del aparato represivo, entrando y saliendo a su antojo del centro clandestino, no es un torturador cualquiera, es uno calificado”. Su aporte no radicaba sólo en el hecho de presenciar las torturas sino además en el daño infligido a las víctimas: “Abandonados de todo, ya ni siquiera pueden confiar en Dios porque un ‘representante’ suyo está presente en ese infierno”.
El Director Nacional de Asuntos Juridicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos Federico Efron, se reunio este 7 y 8 de Noviembre en Roma, Italia con los fiscales que llevan adelante la causa contra Luis Malatto por los homicios de Campora, Erize y Carbajal . El funcionario de la Secretaria de Derechos Humanos de Argentina se presento ante los fiscales para aportar pruebas sobre estos homicidios.
Efron explico que Malatto esta imputado en seis causas en San Juan, con sentencias firmes , a lo que habra que añadirle la decisión judicial en la Megacausa III en San Juan, cuya finalización esta proxima
Efron explico que a los fuscales italianos le intereso el camino transitado por la justicia argentina en estos casos de Lesa Humanidad
Por el caso Reverberi, Efron se reunió con el Fiscal de la Corte de Apelaciones de Bolonia que va acompañar el pedido de Argentina de extradición. Respecto del caso Trocoli se establecio un mecanismo de tranBajo en conjunto.
Fedrico Efron dijo que la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación se ha hecho parte de los casos contra Malatto que se ventilaran en San Juan
Piden la detencion del teniente coronel Carlos Luis Malatto en Italia, por riesgo de fuga segun se supo este 25 de agostos en los tribunales de Roma. La presentación la realizo la abogada Francesca SASSANO del tribunal de Potenza, en calidad de defensora , Marie Noelle Erize Tisseau y la ONG 24MARZO Onlus.
Malatto esta cercado por sendas causas penales en Argentina e Italia. Justamente, la emisión de un pedido de extradición del militar genocida por parte del Juez Federal de San Juan Lepoldo Rago Gallo a fines de junio de 2022, que estaria proxima a llegar a los gribunales romanos, disparo las alarmas. Malatto se había escapado de Argentina en 2011. De Mendoza donde vivía –más precisamente en Godoy Cruz, donde incluso había abierto un negocio– se fugó a Chile y de ahí voló a Italia. Vivió en L’Aquila, una ciudad ubicada a un centenar de kilómetros de Roma, y luego en Génova. Cuando se difundieron más denuncias contra él, desapareció del mapa y fue descubierto en junio de 2019 por dos periodistas italianos en Portorosa de Messina. El abogado de Malatto es Augusto Sinagra, que perteneció a la Logia Masónica P2 de Licio Gelli.
Carlos Luis Malatto.
Por otra parte en la causa 38497/2015 RG NR, se imputa al Teniente Coronel Carlos Luis MALATTO, pendiente en la Fiscalía Penal de Roma, por la ONG 24MARZO Onlus en 30.7.2015, donde se interpuso denuncia por los hechos cometidos en competencia con otros sujetos (más de cinco) de varios episodios agravados de secuestro y asesinato de ciudadanos argentinosde la premeditación y el uso de la tortura y la actuación con crueldad y violencia,
La abogada Francesca SASSANO
La presentación de la abogada Sassano subraya que “debe considerarse que los hechos denunciados son imputables al gravísimo delito de asociación, habiéndose cometido en competencia entre varios sujetos, en relación con la que, también tras la modificación realizada al respecto por la Ley 47/2015, art. 275 c.p.p. establece una presunción de idoneidad absoluta para la prisión preventiva en prisión” .
Finalmente, existe un peligro concreto y actual de contaminación de las pruebas. precisamente a la luz de la supuesta nueva solicitud de extradición formulada pero no. Al respecto se cree que el abogado en San Juan de Malatto, Eduardo San Emeterio ya lo habria informado al militar prófugo.
En causas de lesa humanidad y contra dos torturadores
Así lo anunció el secretario de Derechos Humanos de la Nación durante una visita en ese país. Horacio Pietragalla Corti aseguró a Página12 que estudian repetir el mecanismo en otros países. Y habló del encuentro con el cardenal Pietro Parolín para establecer una mesa de trabajo sobre los archivos del Vaticano.
Por Elena Llorente
El cardenal Parolin es el número dos del Vaticano después del Papa.
Desde Roma
Por primera vez, la Argentina será parte querellante en los procesos iniciados en Italia contra dos torturadores, el uruguayo Jorge Troccoli y el argentino Carlos Luis Malatto, que por tener la ciudadanía italiana escaparon a la península. Y para incentivar la colaboración del país en estos dos casos pero también para hacer algunos acuerdos con el Vaticano y con la Fundación Basso a fin de que la Argentina pueda tener acceso a informaciones sobre el período de la dictadura que se encuentran en ambos archivos, está en Italia el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.
Argentina no se había presentado hasta ahora como parte querellante en otros juicios que se hicieron en Italia contra dictadores y violadores de derechos humanos, como por ejemplo el Juicio Cóndor, porque el país estaba procesando por su parte –a diferencia de otros países latinoamericamos– a los responsables de la represión.
El juicio contra de Troccoli, miembro de los servicios secretos de la Armada uruguaya, después de un largo período de instructoria comenzará en Roma el próximo 14 de julio. El juicio contra Malatto, miembro del RIM 22 (Regimiento 22 de infantería de Montaña) con base en San Juan, está todavía en la fase de instrucción, es decir inicial, pero se espera que la colaboración argentina pueda acelerar el proceso dado que ya fue condenado a cadena perpetua en San Juan en 2013, aunque se había escapado del país en 2011. Argentina había pedido a Italia la extradición de Malatto pero ésta fue negada porque los delitos de los que se lo acusaba a este ciudadano italiano habían caído en prescripción, según el código penal italiano.
Pietragalla Corti se encontró en Roma con el fiscal Erminio Carmelo Amelio del caso Troccoli y lo hará mañana con el fiscal del caso Malatto. Con el fiscal Amelio “estuvimos viendo la posibilidad de que cuando empiece el juicio los testigos puedan viajar y estar presentes en Italia porque creemos que la presencia es fundamental para entender la complejidad de los delitos”, contó el secretario de Derechos Humanos a PáginaI12.
Para el caso Malatto han aumentado de 7 casos, que eran los que tenía en mano la justicia italiana hasta ahora para acusarlo, a 30 casos que deberán ser estudiados gracias a la colaboración de la secretaría de Derechos Humanos. “En la secretaria tenemos un registro único de víctimas del terrorismo de Estado, y eso nos da la posibilidad de agregar nuevas víctimas”, explicó el funcionario.
Vaticano y Fundación Basso
El Vaticano posee un archivo inmenso que normalmente no está abierto a cualquiera. Entre otras cosas, incluye la documentación de las nunciaturas, es decir las embajadas vaticanas en los distintos países. “Estuvimos reunidos con el cardenal Pietro Parolin (NdR. Número dos del Vaticano después del Papa) de la secretaría de estado vaticana. Nuestra idea era reiniciar una serie de conversaciones que se habían tenido en base a un Memorandum que firmó el papa Francisco –creo en 2017– para el acceso de las víctimas a archivos que tengan que ver con la dictadura argentina”, contó Pietragalla.
Pero este trabajo quedó detenido por varios años. “Nuestro pedido ahora fue poder reiniciar ese trabajo, hacer una mesa técnica con archivistas de la Secretaria de Derechos Humanos y del Vaticano que puedan hacer trabajos de investigación sobre el tema”, agregó. También se pidió que se cambiara el criterio de consulta ya que no todas las víctimas tienen familiares que puedan reclamar para poder acceder a los archivos. “Nosotros buscamos que sean entendidos como organismos de Derechos Humanos las Abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que está interesada en que se vaya adelante en las causas para poder dar respuestas a las familias de las víctimas sobre el destino de nietos y desaparecidos. El Vaticano dijo que ´se estudiará cuándo pueden abrirse los archivos para generar esta mesa tećnica´. Esperamos una respuesta”, indicó Pietragalla.
Con la Fundación Basso se firmó un acuerdo parecido este lunes. Hay documentación de los años 60 y 70 que hablan de la cooperación entre Italia y las víctimas de las dictaduras, no sólo de Argentina sino de otros países latinoamericanos. “Poder intercambiar archivos entre la secretaría de Derechos Humanos y la Fundación Basso será de suma importancia para nosotros. Fue muy interesante ver esos archivos”, subrayó. Se tratará de digitalizar los documentos de interés para poder agregarlos al Archivo Nacional de la Memoria de Argentina, explicó.
El caso Reverberi
El sacerdote Franco Reverberi, que trabajaba como cura en Godoy Cruz, Mendoza, durante la dictadura, colaboraba con los militares que torturaban a los opositores en un centro clandestino de la zona. El presenciaba las torturas y luego, con la Biblia en la mano, les pedía a las víctimas que colaboraran con sus torturadores. Pero de este caso no se habló con el Vaticano.
Teniendo pasaporte italiano, Reverberi escapó a Italia en 2011. Argentina pidió la extradición de Reverberi, que actualmente vive en una localidad de la provincia de Parma, Sorbolo. Pero Italia rechazó la extradición dos veces. El 30 de junio, no obstante, se conocerá la decisión definitiva de la Corte Suprema italiana sobre este tema. Pero hasta el 15 de junio, el abogado de la defensa argentina, Arturo Salerni, podrá presentar nuevas pruebas a la Corte. “Lo ideal es que nosotros podamos juzgar a este personaje en Argentina. Pero si así no fuera, seguiremos colaborando para que se lo juzgue en Italia”, enfatizó Pietragalla.
“Para nosotros otra novedad importante es que a partir del viaje que hicieron recientemente a Argentina los abogados italianos que defienden a los familiares de las víctimas y estos últimos contactos, si hay algo que se consolidó es el rol de la Secretaría de Derechos Humanos querellante en todas estas causas. Argentina también será parte querellante en otros países donde se harán procesos similares. Por ejemplo en Alemania”, concluyó.
Después de todos estos encuentros y de la inauguración de un mosaico recordatorio de las Madres de Plaza de Mayo por el 45 aniversario de su creación, colocado frente a la Embajada Argentina el jueves pasado, Pietragalla Corti hará el martes una visita muy emblemática para Roma y para Argentina. Visitará las Fosas Ardeatinas, un monumento histórico de la capital italiana que reúne las tumbas de los 335 asesinados por los nazis en ese lugar durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente un 24 de marzo –el día del golpe de Videla en Argentina– , pero muchos años antes, en 1944, como venganza por la muerte en un atentado de la Resistencia el día anterior, de 33 soldados nazis.
Entre los nazis responsables de esta matanza estuvo Erich Priebke, el oficial de la SS que luego de la Segunda Guerra escapó a Bariloche donde vivió impune durante casi cinco décadas. Fue extraditado a Italia en 1995 donde fue procesado y condenado a cadena perpetua. Murió en Roma en 2013.
