SE CONOCE LA FECHA DEL INCIO DEL JUICIO A CABALLERO VIDAL.
SERA EL 22 DE FEBRERO del 2022
El Tribunal Oral Federal de San Juan, integrado por los jueces Daniel Doffo, Eliana Rattá y la puntana Carolina Pereira, estableció que el 22 de febrero comience el juicio contra el excortista local Juan Carlos Caballero Vidal. El exministro del máximo tribunal sanjuanino está acusado por no promover la investigación para esclarecer el secuestro y las torturas que sufrió Héctor Cevinelli y la muerte de Alberto Carvajal, este último, torturado salvajemente en el Penal de Chimbas, ambos casos, durante la última dictadura. Al momento de los hechos, en 1977, Caballero Vidal era juez penal de primera instancia y su “inacción, pese al conocimiento y el deber institucional” que tenía, se configuró la “omisión de promover la investigación. Al no intervenir, brindó la impunidad necesaria para que los autores de los delitos cometidos contra Cevinelli y Carvajal siguieran actuando, sin importar las gestiones que hicieran las víctimas y familiares”, había señalado el fiscal Francisco Maldonado en su requerimiento de elevación a juicio.
ado por el delito contemplado en el artículo 274 del Código Penal, el cual contiene una sanción al funcionario público de “inhabilitación absoluta de seis meses a dos años”. El imputado se jubiló como ministro de la Corte el 1 de diciembre de 2017, por lo que tal inhabilitación no surte efecto en ese caso si es que fuese declarado culpable.
Maldita coincidencia: un diálogo sobre la desaparición forzada y el gatillo fácil
El recorrido por los rasgos de estos delitos cometidos por las fuerzas de seguridad estatales. Su continuidad en la democracia y sus aspectos fundamentales.
El lunes 8 de noviembre a la madrugada, en el contexto de una razia policial que derivó en persecución, murió Lautaró Rosé (18 años) ahogado en la Costanera Sur de la ciudad de Corrientes. Estuvo desaparecido dos días y su amigo, que huía junto a él fue brutalmente golpeado por la policía y amenazado de muerte para acallarlo. La mañana del 17 de este mismo mes Lucas González (17 años) fue baleado por tres policías que habían interceptado el auto en que volvía junto a su amigo de un entrenamiento del club Barracas Central. Los oficiales, entre ellos un inspector, falsearon los hechos premeditadamente cuando tuvieron que reportar lo sucedido. La madrugada del 18 del corriente mes Alejandro Martínez (35 años) fue apresado por la policía en un hotel de San Clemente del Tuyú y trasladado a la Comisaría N° 3, donde fue presuntamente torturado y asesinado a golpes por la propia policía.
Ariel Pennisi: Las estadísticas, a la par de la hendidura que dejan los casos revisados cada uno en su especificidad, son brutales, nuestro sistema democrático cobija un comportamiento de las fuerzas de seguridad que parece traspasar signos partidarios y fronteras provinciales e incluso municipales. En democracia, lo constatamos todos los años, varias veces por año, las distintas fuerzas matan e intentan casi protocolarmente a esconder sus acciones. ¿Hay reglas no escritas para ese corporativismo? Además, estás trabajando en una investigación sobre desaparición en democracia. En relación a ese trabajo, dos preguntas: ¿existe un vínculo entre casos de “gatillo fácil” y violencia policial y desaparición forzada? En ese caso, ¿cómo caracterizás ese vínculo?; ¿qué hipótesis temprana fue apareciendo específicamente sobre las desapariciones forzadas en democracia?
Bruno Napoli: En primer lugar, la Desaparición Forzada de Personas (DFP) es un delito complejo tipificado en nuestro código penal de manera reciente (2011). ¿Pero qué implica y en qué se diferencia de un secuestro? Pues bien, en la Desaparición Forzada interviene el Estado, es decir, que funcionarios estatales (o individuos particulares con su ayuda o acuerdo) participan en el secuestro y desaparición de un ciudadano, pero además niegan información sobre el paradero de la víctima. Un delito que si bien ha sido marca represiva en los años de la dictadura (como parte de un plan sistemático para atacar a una parte de la población) continuó en democracia, ya con otra dinámica, es decir, no como un plan sistemático. Pensemos que desde 1983 a la fecha, son casi 200 las personas desaparecidas de manera forzada o involuntaria (como crimen de Estado). Y el formato es otro: no se detecta un ataque sistemático a una parte de la población por razones políticas o de otro tipo. Es más bien una operatividad represiva (y delictiva, por supuesto) que las fuerzas de seguridad federales y/o provinciales aplican a la hora de actuar en el contexto de su función securitaria. Tal vez, hablar de “violencia policial” no sea correcto o suficiente, pues las policías son fuerzas civiles armadas (no militares, a excepción de la Gendarmería) que tienen la potestad de usar la violencia como elemento ordenador de aplicación de las leyes (de hecho, son auxiliares de la justicia). El problema, entonces, no sería “la violencia” en sí, sino la comisión de delitos aprovechando esa potestad de violencia. En esa línea de razonamiento, operar en la calle y asesinar a balazos a alguien por “sospechas” sería un delito y no un “exceso” como se lo llama para bajarle el precio al hecho aberrante. Y siguiendo esa ratio delictiva, la desaparición se nos presenta como un delito extremo en esta operatividad represiva, pues es permanente, imprescriptible y “pluriofensivo”. Es la extracción aberrante de un ser humano de su línea vital para siempre, donde no queda ni siquiera un cuerpo para sepultar. En este punto, cometer el delito de secuestrar a un ciudadano (donde el perpetrador es el Estado) privarlo de su libertad, de su vida, y luego desaparecer su cuerpo, sobrepasa los límites de la violencia o la represión en sí misma. Pero comparte con el asesinato en la vía pública (lo que se denomina “gatillo fácil”) una operatividad de las fuerzas que dejan como responsable primario al Estado en su conjunto, pues son funcionarios públicos los que cometen estos delitos gravísimos. E insistimos, no son excesos en su función, que sería el uso racional de la fuerza, como dicen todos los manuales de seguridad en el mundo occidental, son delitos aberrantes y punto.
En segundo lugar, la realidad del hecho, inaudible aun para gran parte de la sociedad y para el Estado en sus expresiones burocráticas, ha demostrado una pasmosa continuidad en el tiempo a pesar de los gobiernos de distinto signo. Y una primera hipótesis podría indicarnos que no estamos frente a un “plan sistemático” como en dictadura, sino mas bien ante una forma de disciplinamiento interno de las FFSS, que anida en la obediencia corporativa de esconder las pruebas ante la comisión de un delito. E incluso fabricar pruebas falsas, pues un denominador común de la desaparición forzada (tanto para el derecho local como internacional) es la usina de rumores que salen de los mismos funcionarios, entregando datos inverosímiles a las familias (y a los medios) sobre el paradero imaginario del desaparecido (“se escapó del país”, “está con una pareja viajando”, “se escondió”, etc.). No es un dato menor que los números indiquen que cada gobierno (radical, peronista, de derecha o progresista) tuvo la misma cantidad de desaparecidos por año. Estos datos duros son una muestra de su continuidad y práctica, más interna que externa, independiente del ejecutivo de turno.
AP: ¿Qué peso tiene la legislación en un contexto tan determinado por redes de complicidad y capacidad operativa de los perpetradores de esos crímenes de Estado? ¿Cómo evaluás la relación entre legislación vigente acerca de la desaparición forzada y la posibilidad de llevar adelante procesos con resultados efectivos?
BN: En este punto no es dable entender la desaparición forzada sin comprender en su dimensión total la relación entre poder político, poder judicial y FFSS. Comenzando por el final, es una verdad de Perogrullo que las FFSS son funcionales a los otros dos poderes, pues representan un tipo de intervención “callejera” necesaria (al tener que lidiar con la cotidiana del delito común, privado) pero que termina siendo recaudatoria en términos materiales y simbólicos. Simbólicos porque se llenan interminables planillas de “detenciones” o “secuestros de droga” (por poner solo dos ejemplos) que justifican la acción de las fuerzas y arman el “como si” de jueces y políticos. Un teatro de operaciones donde se pueden mostrar resultados de la capacidad de policía estatal (en sus tres expresiones) para combatir el delito. Pero en términos materiales, esta operatoria teatralizada (donde menudeo y “perejiles” se turnan para pasar alguna noche en la comisaría) deriva en una recaudación material que alimenta espacios particulares del funcionariado y no conducen a una reducción real del delito. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando, por la razón que fuera, un funcionario estatal participa de una desaparición forzada, la relación promiscua de poderes hace que ninguna investigación prospere. Revisando cada caso sobre el tema específico de desaparición forzada, los cuerpos casi nunca aparecen, las condenas no llegan (salvo contadas excepciones) y los casos quedan en el olvido. Además, las familias quedan desamparadas por el Estado, ya que no tienen casi ninguna posibilidad de saber qué fue de sus seres queridos, y esto si es que sobreviven a la desaparición, pues en muchos casos, testigos y familiares son amenazados o asesinados sin más.
En este punto, el haber logrado que la desaparición forzada se haya tipificado en nuestro código penal, ya no como delito de lesa humanidad, sino como un delito complejo particular, debería facilitar las cosas, pues en la investigación no debería demostrarse un “plan sistemático” (como es el caso de los delitos de lesa humanidad), con la dificultad que ello significa, sino solo la intervención del Estado en la desaparición, lo que permitiría ir directo a los responsables e intentar conocer el destino final del desaparecido. Pero la complicidad promiscua antes mencionada anula incluso esta oportunidad que ha dado la tipificación del delito para su resolución.
AP: Hay quienes señalan que algunas policías cuentan con mayor holgura por parte de los códigos y leyes locales para cometer delitos graves como el asesinato o la desaparición forzada…
BN: En la desaparición forzada en democracia, la intervención de fuerzas federales o provinciales no ha hecho distingos a la hora de cometer este delito aberrante y estatal. Los casos se desparraman por todo el país y los datos son desoladores. Pero es cierto que, en algunas provincias, las leyes orgánicas de las FFSS han facilitado la comisión de este y otros delitos (tanto la desaparición como los casos de “gatillo fácil”). Y esto se debe a que algunas fuerzas aun cuentan con potestad para detener y retener ciudadanos por simple “merodeo”, por “sospechas” o por la famosa “averiguación de antecedentes”. Si a estas potestades arbitrarias le sumamos la actuación delictiva de usar la violencia de forma irracional, los fines recaudatorios y la complicidad de los poderes burocráticos antes mencionados, tenemos un coctel ideal para la desaparición forzada o involuntaria.
AP: Daría la impresión de que la transformación que se necesita excede la mera “capacitación” o incluso la formación humanista o en Derechos Humanos de las fuerzas… Es decir, está muy arraigada una lógica de funcionamiento y el tipo de sujeto que la historia reciente de las fuerzas de seguridad forja nos vuelve pesimistas al respecto. ¿Qué desafíos te parece que existen en el plano de la formación, entendida como fomento de un tipo de sujeto antes que como transmisión de conocimientos? O bien, ¿con qué otras políticas o dimensiones podría articularse una formación en ese sentido?
BN: Es muy complejo el delito de la desaparición forzada como para pensar soluciones únicas o centradas en un solo actor. Como señalamos, intervienen varios actores públicos o estatales a la hora de la comisión de este y otros delitos en el marco del uso de la fuerza de estos “auxiliares de la justicia”. Si la recaudación simbólica y material de esta acción beneficia a varios, no alcanzaría con la formación humanística de un solo actor. Debería ampliarse la forma de control civil en todos los espacios públicos, con fines de transparentar el funcionamiento de cada uno. Si los jueces y fiscales de la República son elegidos a dedo de acuerdo al padrinazgo político de turno y las direcciones de las Fuerzas también corren el mismo camino, la que está desdibujada es la línea que separa lo legal de lo ilegal dentro del mismo Estado. La formación democrática siempre sirve, siempre será necesaria para el funcionariado público (en todos los niveles), pero no hay resultados positivos posibles sin un control democrático sobre los vínculos de ese funcionariado con el delito. Y cuando hablamos de delito no solo nos referimos al asesinato o la desaparición, sino también a la recaudación por medio de la administración de los delitos comunes o a la elección de un juez o un fiscal en un concurso arreglado. Como mencionamos ya, la desaparición forzada de personas en democracia es aun inaudible para gran parte de la sociedad. Pero también lo es para la clase política (sean progresistas o conservadores, no importa en este punto), pues a la hora de administrar la cosa pública, pesa sobremanera la alianza simbólica y material de los poderes estatales que, además de administrar la cosa pública, administran también el delito privado.
Bruno Nápoli es historiador, docente, ensayista, especialista en delito económico y Derechos Humanos, trabajó con el archivo de Osvaldo Bayer durante más de 15 años, formó parte de la oficina de DDHH de la Comisión Nacional de Valores. Cuenta con una larga trayectoria como investigador y divulgador, editó a Osvaldo Bayer, es autor de En nombre de mayo (2014), coautor de La dictadura del capital financiero (2014) y autor de numerosos artículos y ensayos en libros y revistas.
Serán dos jornadas en homenaje al Dr. Juan Méndez, quien recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo por su inclaudicable lucha por la erradicación de la tortura en el mundo. Contará con la participación de juristas internacionales especialistas en la temática. Actividad abierta y gratuita.
El próximo martes 30 de noviembre a las 14.30, la Universidad Nacional de Cuyo hará entrega del Doctorado Honoris Causa a Juan Ernesto Mendez pilar fundamental en la lucha contra la tortura en el mundo. Coronará el acto, una conferencia magistral del nombrado.
Ese martes y el jueves, llevaremos adelante un seminario internacional de lujo sobre la tortura en el derecho internacional en homenaje a nuestro doctor H.C.
Quedan cordialmente invitadxs!
Aquí el link de inscripción e info del seminario: https://derecho.uncuyo.edu.ar/seminario-internacional-la-lucha-contra-la-tortura?fbclid=IwAR0-cmkSBNxpJbJueP8qHrksnoxi88z7DmIqyxdSNk3R2unA1ALtYvuf_vU
Una familia de Entre Ríos encontró a su hija, apropiada en 1978 en Buenos Aires: “Muchas madres no saben que estamos vivos”
Lourdes tiene 43 años, vive en Córdoba y acaba de encontrar a su mamá, a su papá y a su hermana, a través del Banco Nacional de Datos Genéticos. Una búsqueda de identidad de origen resuelta a tiempo. Y una herramienta esperanzadora para madres que están buscando hijos nacidos entre 1974 y 1983.
Juan y Nélida con su bisnieto, esta semana se reencontrarán con una de sus hijas, que fue apropiada en 1978
Una pareja de Colón, Entre Ríos, se encontrará este fin de semana con la hija de la que se desvinculó hace cuatro décadas, cuando era una beba de meses y vivían en Buenos Aires. Lourdes Icoff (43) buscaba su origen biológico desde la adolescencia. Ahora sabe que su madre es Nélida Soria (82). Ambas recibieron la noticia de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) la semana pasada, y tuvieron un conmovedor primer encuentro virtual junto a Juan Rudis Correa y Sandra Correa Soria, que son el papá y la hermana de Lourdes. “Fue muy fuerte. Estoy súper feliz. No caigo”, dice Lourdes. Ellahabía acudido a Conadi hacía años y había dado negativo al ser comparada, en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), con las familias que buscan a los hijos de los detenidos-desaparecidos. Nélida, por su parte, lo hizo este año, al enterarse de que ahora también pueden dejar su muestra genética allí las mujeres que buscan hijos nacidos entre 1974 y 1983.
Lourdes vive en Unquillo, Córdoba. Siempre supo que era “adoptada”, y a los 15 años empezó a buscar a su familia biológica. Hoy los puentes con el hombre que la anotó con su apellido y luego, ante su demanda, le fue dando versiones de la historia –sin ahorrar en crueldades–, están rotos. Ella se crió con la madre de él y tuvo una infancia feliz. El caso tiene muchas zonas grises y es parte de una investigación en curso. Pero haber encontrado a su familia biológica, además de un vuelco emocional indescriptible, empieza a sumar piezas al rompecabezas de su vida.
Los Correa Soria son uruguayos. En 1978 estaban viviendo en Buenos Aires con su hija Sandra, de ocho años, montevideana, y una beba de pocos meses nacida en Argentina. Eran vendedores ambulantes y vivían en una pensión en el barrio porteño de Once. En plena dictadura, y en esas condiciones de gran informalidad, estaban regalados para el hostigamiento de los militares. Sandra recuerda que salían muy poco, que la plaza Miserere estaba siempre sitiada y sobrevolaban helicópteros, y que a su padre se lo llevaban detenido seguido.
El quiebre familiar se produjo durante una redada que puso a esta familia en una situación inhumana. Sandra lo recuerda así: “Mi papá no estaba, estábamos yo, mi mamá y la bebé en la pieza. A la noche tocaron pidiendo documentación. Nos dijeron que nos teníamos que ir porque éramos extranjeros. A la mañana siguiente pegan una patada en nuestra puerta, abren, empezamos a gritar. Alguien dice: ‘Hacé callar a esa pendeja, porque si no, no la vas a ver más’. Decían que mi papá era montonero, pero jamás fue así, mis padres jamás estuvieron en política”.
También recuerda el llanto de su madre en el momento desgarrador en que ambas se vieron forzadas a irse del país y separarse de la beba, a la que querían llamar Sofía, pero que no habían llegado a anotar. Y recuerda a un vecino de la pensión. Según esta reconstrucción familiar hecha por décadas, este hombre –que habría trabajado en el hospital de Campo de Mayo– les dijo que cuidaría de la beba unos días, hasta que pudieran volver por ella. Pero con los datos que tenían nunca más pudieron localizarla, y todas las puertas que golpearon, empezando por la de la pensión, se les fueron cerrando.
Después de la dictadura vivieron otras vez en Buenos Aires, en distintos barrios, hasta que se instalaron en Colón, donde trataron de seguir adelante, acomodando el dolor como se pudo. Sandra dice: “Siempre tuve este trauma, y pensaba ‘no me voy a morir sin conocer a mi hermana’”. Ahora la encontró.
“Muchas madres no saben que estamos vivos”
Mariano Landeira trabaja vendiendo pochoclo en un carrito en el parque y en la playa de Colón, donde también tienen un puesto los Correa Soria. Él tiene 46 años, fue apropiado en 1975 y busca su origen biológico. Este invierno, a partir de un posteo que él hizo sobre su caso en las redes sociales, Sandra le contó la historia de su hermanita e intercambiaron historias dolorosas, de las que nunca habían hablado. Conmovido por el relato, Mariano le contó que las mujeres que buscan hijos nacidos entre 1974 y 1983 ahora también tenían la posibilidad de dejar su sangre en el BNDG, y la guió para que se contactara con la Conadi. Sandra tomó la sugerencia y avanzó con esta nueva opción.
Un equipo viajó entonces a Colón para extraer una muestra de material genético de Nélida, que, cotejado con las muestras almacenadas en el Banco de quienes buscan sus orígenes, dio positivo con Lourdes. La conmoción fue total. Sandra reflexiona: “Esto es algo muy loco, porque yo soy una testigo que vi todo y recuerdo todo, ahora se encontró a una persona, y mi mamá vive, mi papá vive, mi hermana vive. Cuando le contaron, mi mamá lloraba, pedía perdón.Quiero que sepan que se puede ir [a Conadi], que hay muchas posibilidades”.
Mariano dice: “Muchas madres no saben que estamos vivos. Y también hay madres que entregaron un bebé voluntariamente y pueden estar arrepentidas, y no saben cómo encarar la búsqueda. Si mi mamá diera la muestra de sangre me encuentra. Eso es lo que hay que difundir. Y por eso es la lucha de para que el Banco de Datos Genético esté abierto a todo tipo de fecha y época”.
Él nació en febrero de 1975 en Wilde (Avellaneda, provincia de Buenos Aires)y fue entregado a su familia de crianza por la partera Juana Elena Arias de Franicevich, cuya clínica, conocida como “la clínica de Doña Elena”, se dedicó al tráfico de bebés entre 1956 y 1979, aproximadamente. Esto incluye tanto apropiaciones de bebés de detenidas-desaparecidas (en esa clínica trabajó el conocido médico de la Policía Bonaerense Jorge Antonio Bergés, condenado por delitos de lesa humanidad), como casos desligados del terrorismo de Estado. Mariano Landeira es uno de los miles de casos negativos del BNDG. El grupo de víctimas de Franicevich, que él integra, difunde este mensaje: “Si diste a luz en Wilde y te dijeron que tu hijo o hija murió y no te entregaron su cuerpito, llamanos, ¡estamos vivos y estamos buscándote! Si entregaste a tu bebé, no hay reproches ni reclamos, sólo queremos conocer nuestra historia”.
RECLAMO ANTE LA SUPREMA CORTE POR EL FALLO DE CASACION SOBRE LA SENTENCIA DE LA MEGACAUSA II
El Ministerio Publico decidió apelar el fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal que en Septiembre pasado confirmó las condenas perpetuas en el segundo megajuicio por delitos de lesa humanidad contra Jorge Olivera, Gustavo De Marchi, Daniel Gómez, Francisco Del Torchio, Eduardo Cardozo y Juan Carlos Coronel, exmilitares que integraron el grupo de tareas o “patota” que cometieron privaciones de la libertad, tormentos, desapariciones, homicidios y hasta abusos sexuales durante la última dictadura. No fue lo único, ya que el máximo tribunal penal federal ratificó el mismo castigo contra Juan Carlos Torres, expolicía del Departamento de Inteligencia D2, y la pena de 6 años el expolicía de la Federal Juan Alberto Aballay.
Pero el Fiscal Federal de San Juan, Francisco Maldonado había advertido los criterios que a su juicio el Tribunal de la Megacausa II había escrito podian tener consecuencias que obstaculazarian la justicia en esa causa y en la actual megacausa III. Con la firma de Catucci, Geminiani y Riggi, Casacion absolvió al exmilitar Juan Carlos Méndez Casariego, quien había sido sentenciado a 18 años. Su desvinculación se sumó a las que ya había efectuado el Tribunal Oral Federal sanjuanino a Elías Arancio (exmilitar), Nicolás Manrique (exuniformado local) y Pedro Blanco.
El quinto Encuentro Federal de Derechos Humanos en la ex Esma
¿Qué es la defensa de los derechos humanos si no política?
Por Ailín Bullentini
21 de noviembre de 2021 – 01:12
“Sé que si no logramos ganar ésta, que si aquellos desgraciados vuelven, los desaparecidos no nos van a perdonar que tanta muerte haya sido en vano”, dijo Lita Boitano. La presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas hablaba en el cierre de la quinta edición del Encuentro Federal de Derechos Humanos, confirmando el carácter mixturado del evento: el trabajo sostenido en las diversas variables que conforman los derechos humanos y la insistencia en su ampliación se marmolan con militancia política en rechazo a gobiernos de derecha y apoyo a los nacionales y populares. Lita se mostró emocionada ante una Plaza de los Derechos Humanos, la central del predio donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada, “colmada de jóvenes y no tan jóvenes”. Y contenta de haber escuchado “que se hable de política. ¿Porque qué es la defensa de la militancia por los derechos humanos si no política?”.
Ya lo había dicho el secretario de Derechos Humanos de la Nación y referente de la Red Federal por los Derechos Humanos, colectivo organizador del encuentro, Horacio Pietragalla Corti. Lo hizo en declaraciones a este diario días atrás como lo hace en cada edición del encuentro donde se reunieron centenares de juristas, académicas y académicos, y dirigentes de organismos de derechos humanos y vinculados a las temáticas convocadas, estudiantes, integrantes de agrupaciones sindicales y políticas. Lo repitió nuevamente este sábado, con palabras que complementaron las de Lita: “Fuimos muchos desde diferentes espacios pero con algo en común: somos militantes políticos en materia de derechos humanos”.
La política se mostró de lleno en el cierre de la quinta edición de estos encuentros que tuvieron su estreno en 2017 en la Universidad Nacional de Avellaneda, en pleno gobierno de Mauricio Macri, y desde entonces contaron con la participación de Máximo Kirchner. Ayer no pudo estar presencialmente, pero sí de manera audiovisual: se lo vio hablando de la pandemia y los efectos que impuso al gobierno de Alberto Fernández en un video institucional de la Red Federal que lo combinó con extractos de discursos de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta y vicepresidenta, de Néstor Kirchner y del propio Fernández.
Pietragalla Corti subrayó que la exigencia para “que se apruebe la ley contra la violencia institucional en el Congreso nacional” será “el primer objetivo de las conclusiones del encuentro”. La norma, que fue presentada a principios de año por diputados del Frente de Todos y que logró dictamen de comisiones en julio pasado, “perderá estado parlamentario si no se trata así que vamos a pedir que que se trate y apruebe”. El asesinato de Lucas González por efectivos de civil de la Policía de la Ciudad a principios de semana fue el tema con más presencia en la jornada y regresó la urgencia de medidas que apunten a esa problemática a la mesa de debates múltiples por los derechos humanos. “De nada sirve que las autoridades del gobierno porteño den pésame a la familia de Lucas y después no den quorum al tratamiento de ley”, concluyó Pietragalla Corti.
Además de Máximo Kirchner, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto también se ausentó en la mesa de cierre –sufría de baja presión–, en la que sí estuvieron Boitano, la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida, el referente de H.I.J.O.S. Chaco Santiago Osuna y Norma Díaz, la mamá de Camila Arjona, asesinada por la policía en 2005.
Todes mencionaron el más reciente caso de gatillo fácil del que se tiene información. Osuna subrayó que “no hay nunca más en la dictadura si no hay nunca más en la violencia institucional” e invitó “al pueblo a que se sume a la defensa de los derechos humanos, ya que hay muchos desafíos por superar para mejorar el país en el que vivimos y nos compete a todos”. Díaz agradeció a “las Madres y Abuelas” por “servirnos de ejemplo para saber por dónde caminar, qué pasos dar” y a la red federal de derechos humanos por “estar ahí siempre para escucharnos y sentir que no en todos lados somos discriminados”.
El encuentro comenzó a las diez de la mañana con la apertura del Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja Delfor “Pocho” Brizuela. Entre las 11 y las 17, las comisiones Juicios de lesa humanidad, Salud Mental y derechos humanos, Comunicación y Derechos Humanos, Pueblos originarios y derecho a la Tierra, Violencia Institucional, Espacios para la Memoria, Diversidades, Trabajo y Derechos Humanos, Identidad, Migrantes Comunidad Afrodescendiente y Lawfare debatieron con apenas un receso a la hora del almuerzo. Algunas contaron con expositores, otras asumieron una funcionalidad de intercambio de experiencias en círculo.
La comisión de Diversidad fue la que contó con más participación de público joven. La de Lawfare recibió las visitas sorpresa del ex vicepresidente Amado Boudou y de Elizabeth Gómez Alcorta, quien previo a asumir como ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad fue abogada de Milagro Sala. Todas elaboraron conclusiones que serán compartidas para todes les participantes del encuentro en los próximos días, además de un programa estimativo de propuestas para el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.
La ejecución del joven de Florencio Varela que volvía de un entrenamiento de fútbol y fue baleado en la cabeza por personal de civil de la Policía Metropolitana ubicó a la comisión de Violencia institucional en el centro del debate. Desde la organización del encuentro indicaron que fue el área que tuvo participación récord esta edición. Las Madres en lucha –mamás de víctimas de las fuerzas de seguridad de todo el país– tuvieron una participación destacada. “Nos encontramos, nos reconocemos en nuestro dolor, que volvemos a revivir cada vez que muere otro pibe como los nuestros. Si hay algo que concluimos en estos encuentros y cada vez que la Policía mata a un chico o chica es que las víctimas son siempre las mismas, siempre vienen de un mismo lado, siempre son pibitos de barrios pobres”, compartió con este diario Dolores Sigampa, mamá de Ezequiel Demonty, un adolescente que fue obligado a arrojarse a las aguas del Riachuelo en Pompeya y falleció ahogado en 2002.
Juicios y Espacios
Fueron las dos comisiones dedicadas a repasar la situación actual y pensar cómo avanzar en materia de memoria, verdad y justicia en relación a los crímenes de la última dictadura. En la primera quedó flotando el desafío de cómo “abordar la enormidad del universo que tenemos enfrente”, destacó una de las participantes. Entre las expositoras estuvo Ivanna Aguilera, sobreviviente trans de la última dictadura, que representa una de las áreas hasta hace muy poco invisibilizadas en el proceso de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado. Esta tarde, Aguilera hizo hincapié en la soledad que transitaron elles, en el camino de búsqueda de justicia y verdad para los delitos que sufrieron. Entre las conclusiones de esa mesa, figura la de fortalecer “lo hecho en 15 años de juicio, valorar lo construido y hacer un balance de lo que se perdió en los últimos 6 años –cuatro de macrismo, dos de pandemia–”, así como fortalecer la instancia de instrucción de las causas judiciales, “pensar” cómo se abordan los casos de desapariciones de las que no hay información y mejorar la búsqueda y análisis de archivos.
La mesa de Espacios y sitios de memoria concluyó con la propuesta de comenzar a debatir federalmente una nueva ley de memoria que incluya respuestas a los reclamos que les compañeres que sostienen los sitios y espacios hoy en funcionamiento vienen planteando desde hace años.
19-11-2021 | Durante la jornada, el defensor oficial Santiago Bahamondes elaboró una serie de argumentos antes de pedir la absolución de Fernández y Garay. Se refirió a la falta de dolo y a la prescripción de los hechos, que no serían delitos de lesa humanidad. Descartó, además, que en Argentina —desde el punto de vista jurídico— se hubiera cometido un genocidio. La próxima audiencia es el jueves 2 de diciembre a las 14:00.
Garay ante el registro civil
Santiago Bahamondes continuó con el análisis de la normativa que regía la inscripción de niños y niñas en el registro civil de Mendoza. El abogado buscó exculpar a Santiago Garay de los delitos imputados remitiéndose a la legislación provincial vigente en 1977. La inscripción de un nacimiento y el reconocimiento de la paternidad serían “dos ámbitos diferentes”. Para probar el hecho del nacimiento, la ley 3159 —“espejo” de la norma nacional— establecía la necesidad de un certificado médico u obstétrico. En caso de no existir, permitía la declaración de dos testigos que hubieran “visto al nacimiento”. Según el defensor, el texto “mejor redactado” habría indicado “ver al nacido”.
La actual ley 26413 —dictada en 2010— establece “requisitos mucho más precisos”. Los nacimientos por fuera de establecimientos médicos exigen certificados públicos del estado del niño o a la niña y confirmación del puerperio de la mujer. Además de otros elementos probatorios, se requieren dos testigos que acrediten haber visto al bebé o la bebé con vida, el lugar de nacimiento y el estado de embarazo de la madre.
Por el contrario, a Garay se lo llevó “solo para acreditar el hecho del nacimiento”. Este sería el “deber de veracidad” que la ley le ordenaba al testigo en ese momento. “Hoy tendría que haber dado fe (…) del lugar de nacimiento (…), que Luffi estaba embarazada”. Cabe recordar que Garay, además de compañero y amigo de trabajo de Fernández, vivía a dos casas del matrimonio apropiador.
El abogado cuestionó la acusación de la fiscalía porque responsabilizó a Garay de certificar un nacimiento “inexistente”: “El nacimiento efectivamente existió”, sostuvo. Su estrategia defensiva se enfocó en negar que Garay hubiera confirmado ante el Estado la paternidad, la fecha de nacimiento y el nombre de la niña porque la ley no lo requería. “¿Cómo puedo saber yo que mis hijos son míos? Hay una presunción legal de que un hijo nacido en matrimonio es hijo mío (…) Mucho menos un testigo podrá dar fe de la paternidad de alguien”, argumentó.
Bahamondes alega
“Su única mentira, a lo sumo, es que no vio a la recién nacida”, concluyó. Bahamondes rechazó la acusación que pesa sobre Garay por alteración del estado civil de Miriam. “Tampoco se le puede imputar falsedad ideológica porque Miriam efectivamente había nacido viva y eso era lo único sobre lo que tenía que declarar”.
El dolo
Como había anticipado la jornada anterior, el defensor oficial se detuvo en el requisito del dolo, es decir, la forma en que se acreditó el conocimiento de los hechos imputados: la apropiación de una niña previamente sustraída a su madre secuestrada en el marco de un plan sistemático, situación que lo convierte en delito de lesa humanidad.
Bahamondes desarrolló la teoría del dolo de Ramón Ragues y ejemplificó de forma coloquial —y en numerosos escenarios cotidianos— cómo la sociedad da por supuesto el conocimiento que una persona tiene sobre un hecho. Enumeró cinco razones: el conocimiento mínimo de “todo adulto normalmente socializado”, la transmisión previa de ese conocimiento —que haya recibido esa información— o su exteriorización —que haya hecho público ese saber—, las características personales del sujeto —formación, trabajo— y el contexto situacional en el que se desarrolló la acción.
Sobre esta base, cuestionó las formas en que la fiscalía probó el dolo de Fernández y Garay por su trabajo en el Departamento de Informaciones de la Policía (D2). El criterio de atribución de la responsabilidad de Armando Fernández habría sido, según el abogado, por el “conocimiento mínimo” del policía y por las características personales del mismo: no podía realizar su trabajo sin estar al tanto de lo que hacía el D2, dependencia que concentraba toda la información.
Para la defensa, esa tesis no debería aceptarse porque la burocracia de toda institución determina división de tareas. En sintonía con la estrategia recurrente de trasladar responsabilidades a las autoridades —oportunamente fallecidas y enfrentadas con Fernández—, Bahamondes insistió: “Siempre hay alguien que termina concentrando la información (…) ese alguien, a lo sumo, eran los jefes del D2”. Por otro lado, puso en duda que el conocimiento se sostenga en el tiempo e ironizó sobre la imagen construida de un “mega Fernández” que se acuerda “de todo, desde el 75 hasta el 77, con lujo de detalle. Todo el entramado de la lucha antisubversiva”.
“En realidad se llama burocracia”
Asimismo, en contra de la ya probada articulación interjurisdiccional de la represión a nivel nacional, Bahamondes sostuvo que el D2 era un organismo local y, por tanto, ignoraba el derrotero de María del Carmen Moyano por fuera de la provincia. En consecuencia, sus integrantes tampoco habrían adquirido esa información. Fernández no pudo presumir “que esa chiquita que recibió” había sido arrebatada de su madre. “Si él hubiera ido a ESMA, bueno…”, justificó. El contexto situacional del que hablan las teorías del dolo no se verificaría en el caso de su defendido.
El abogado calificó de “fabulosa” la interconexión que la fiscalía hizo entre el expediente que el D2 labró sobre el allanamiento en el domicilio de Francisco Moyano y otras causas citadas por Daniel Rodríguez Infante en su alegato cuando argumentó la persecución persistente de esta dependencia policial contra “Pichona” Moyano y su entorno. Bahamondes sostuvo que no había nada de extraño en la intervención del D2 porque la causa surgió por infracción a la ley 20840 y los delitos políticos eran “un poco la función” de dicho organismo. A su entender, no hubo persecución: “Esto es burocracia”. El D2, por ciertas razones desconocidas, pidió una orden de allanamiento al juez. A partir de allí, todo lo que sucedió, según el alegato del abogado, habría sido legal.
En el procedimiento, personal del D2 y de la Comisaría Séptima encontró en la vivienda “las típicas cosas que en ese contexto utilizaban los jueces para imputarte por ley 20840: armas”. Bahamondes se refirió a “una 1125 cuya tenencia se la imputaron a Moyano, que había sido policía”. Indicó que Francisco —“un policía raro”—, había querido entregarla cuando se retiró pero “no pudo”. Entonces lo detuvieron por orden judicial. También habrían incautado prueba documental: “Libros, cuadernos con anotaciones de las organizaciones armadas: cómo hacer ataques, no sé… cómo usar armas”, refirió, así como registros sobre la “contabilidad de ciertas empresas”. “Recordemos cómo se financiaba Montoneros”, agregó, aunque no desarrolló este aspecto. La Policía aseguró que dichos elementos estaban en la habitación de María del Carmen y, por tanto, se presumió la pertenencia de la joven a la agrupación y se emitió contra ella una orden de captura.
Persecuciones legales y con independencia jurisdiccional
Bahamondes se refirió a la “criminalidad organizada de Montoneros y otras organizaciones” como “un problema policial” de la época, razón por la cual se había sancionado la ley de seguridad nacional en 1974. Como es costumbre de las defensas en juicios por delitos de lesa humanidad, el abogado habló del “fenómeno de la represión ilegal” que se insertó en un marco legal. En este caso, la persecución del D2 habría sido legal y no correspondería decir que Pichona evitó un “secuestro” al no presentarse ante la Policía porque su detención se había dictado conforme al derecho.
Aunque sugirió que era necesario tener en cuenta “las sensibilidades” de cada momento, instó a analizar las cosas “en base a la ley” para no “pifiarle” nunca: “Ni en el 75, ni en el 76, ni en el 2021”. Justificó luego el rol de la Policía para reprimir el acto relámpago de abril de 1975 por el cual se habría desencadenado toda la investigación del D2 dirigida al grupo militante de María del Carmen: “Actuaron legalmente para imponer el orden, que para eso pagamos nuestros impuestos”. El abogado sostuvo que “en marzo de 1975 las instituciones funcionaban plenamente” y no se trató de una “guerra sucia contra la subversión”.
“No sé qué datos de ella tenía el D2, eso lo vi medio rápido”, se exculpó el defensor, pero supuso que no manejaba demasiada información de Pichona al momento de pedir su captura. También desconoció que el Departamento de Informaciones de Mendoza hubiera actuado en San Juan una vez que la joven se trasladó allí. La tesis de Bahamondes es que la Policía sanjuanina no buscaba a María del Carmen sino a Carlos Poblete, quien tenía un rol relevante en Montoneros. Ni los documentos del D2 recuperados de la vecina provincia ni el resto de la prueba de organismos de inteligencia mencionados por la fiscalía evidencian para el abogado una conexión con los hechos de Mendoza. La información de los diversos expedientes la aportó la Policía Federal.
“No saben qué carajo hacía Garay”
En síntesis, la defensa oficial argumentó que a Fernández y a Garay se los imputó sin acreditar el dolo necesario por su mera pertenencia al Departamento de Informaciones de la Policía y cuestionó el criterio general que el Ministerio Público Fiscal aplica en esta y otras investigaciones en curso. En cuanto a Garay, no existirían constancias de su intervención directa en algún procedimiento por razones políticas en esa época y únicamente “pasó” por el D2. “No saben qué carajo hacía Garay” en esta dependencia, reclamó.
Luego recorrió el legajo del policía para minimizar su actuación e indicó que su tiempo en el D2 fue “ínfimo”. Cuando pidió un ascenso, Garay habría exaltado su aporte y su formación: “¿Qué va a decir, ‘miren, soy un choto’?”, fue el argumento del abogado. Finalmente, los jefes del D2 le negaron la promoción y “le pagaron mandándolo a Tránsito”.
Bahamondes interpretó la declaración indagatoria de Garay y aventuró que para el acusado Miriam era efectivamente hija de Fernández y la inscripción ante el registro era una forma de reconocerla, aunque la versión de Fernández sostenía que era de una empleada de San Carlos. “No mucho más que eso” puede haberse representado Garay, insistió.
Sobre el plan sistemático de apropiación de menores
El defensor aseguró que no había pruebas en absoluto para atribuirles a sus dos defendidos el conocimiento del plan sistemático de apropiación. En este punto recurrió a dos juristas —Sancinetti y Ferrante— que analizaron estos casos y el conocimiento que los comandantes de las fuerzas podían tener. En su discusión, Sancinetti aseguró que a los jefes mayores se les puede imputar responsabilidad porque el aparato represivo se centró en el ataque a una porción de la población que incluía mujeres en edad de procrear. Esto “necesariamente los tendría que haber hecho pensar que muchas de ellas estarían embarazadas” y debieron plantearse cómo actuar ante “la problemática de los nacimientos en cautiverio”.
Sin embargo, Bahamondes aseguró que no se puede probar el conocimiento de Fernández sobre este tema. Según su criterio, no es posible responsabilizarlo penalmente porque ni siquiera se ha imputado “que él tuvo conocimiento efectivo de un caso de apropiación surgido en esta jurisdicción”. Para solventar su tesis, aseguró que, en rigor, “el tratamiento del aparato organizado de poder a estos casos fue un tanto caótico”. Negó que en ese momento existiera un plan sistemático de apropiación y ejemplificó con el testimonio de Meschiatti, quien relató que algunas mujeres secuestradas embarazadas en La Perla parieron en el Hospital Militar de Córdoba.
En su interpretación, “no había una planificación muy acabada” del destino de Pichona Moyano ni de Miriam. A ella “la entregaron sin nada”, otras y otros bebés llegaban a las familias apropiadoras con vestimenta o accesorios e, inclusive, hay quienes se dejaron en orfanatos. “No se puede decir que en esa época hubiera una sistematicidad”, reafirmó.
La prescripción del delito
Santiago Bahamondes criticó los mecanismos legales para juzgar este caso de apropiación como delito de lesa humanidad. En su criterio, es algo así como una maniobra “para salvar la prescripción”, a través del entendimiento del delito conexo: a cualquier delito cometido en el marco del plan sistemático, se le transfiere las características de los crímenes de lesa humanidad, entre ellas la imprescriptibilidad.
Aseguró, además, que abordar todos los delitos cometidos en el marco del plan sistemático de represión ilegal como de lesa humanidad es “un salto al vacío”. En sus términos, hay crímenes que se pueden incluir sin problema —como es el caso de la tortura, penada por el derecho internacional—, y otros que no: “La tortura es un delito de ius cogens pero no lo es la falsedad ideológica, no lo abarca como figura que merece imprescriptibilidad”. Lo mismo sugiere con la conducta antijurídica de alteración del estado civil de una persona.
Está probado que Fernández alteró el estado civil de Miriam y mintió sobre su paternidad, algo sobre lo que el derecho en ese momento le exigía veracidad, reconoció el defensor. Pero aseguró que no se lo puede responsabilizar penalmente cuarenta años después: “Se trata de delitos instantáneos que están proscritos. Y la manera de sortear la proscripción viola el principio de legalidad”. Respecto del artículo 146 del Código Penal —retención y ocultamiento de una menor de diez años— pidió la absolución al considerar que no está acreditado el dolo y los argumentos de la acusación no bastan: “Necesitamos certeza absoluta”.
Respecto de Garay, Bahamondes aseguró que su conducta “no alteró el estado civil de Miriam y tampoco tiene significado de ocultamiento”. Descartó la posibilidad de castigarlo penalmente por el artículo 146 del Código Penal ya que “no tiene nada que ver con la identidad, tiene que ver con retener a un chico y ocultarlo”. El aspecto de la identidad se agregó con posterioridad, “pero no está en la tipicidad”. En la opinión del abogado, estos cambios realizados por razones de justicia “violan la legalidad”.
En cuanto a la falsedad ideológica de Garay, que se le reclama por haber rubricado como testigo del nacimiento, el defensor remarcó: “No mintió porque no fue a dar verdad de eso”. Probablemente en lo que sí mintió es en haber visto con vida a la niña. Pero, más allá de eso, según la interpretación de la defensa, son “delitos instantáneos que están proscriptos”.
Recurrió a Sancinetti nuevamente para asegurar que el delito debió prescribir diez años después de que Miriam cumpliera diez años, es decir, a sus veinte. Como lo considera un delito instantáneo, Bahamondes se fundamenta en la ley 11179, vigente al momento de la sustracción y prevé una pena de tres a diez años de prisión ya que el pedido de la acusación le parece “excesivo”. El tribunal deberá definir si adopta ese criterio o el de la acusación, que lo considera un delito permanente y sostiene el pedido de penas en la ley 24410, sancionada en 1994.
La tipicidad, explicó, “no tiene que ver con lo que ellos [Poblete y Moyano] sufrieron anteriormente”. No negó el horror de la pareja pero lo desvinculó completamente del caso de Miriam y aseguró que solo se puede tener en cuenta como elemento contextual ya que, de lo contrario, habría que acreditar que Fernández y Garay hubieran tenido conocimiento de “los horrores de ese parto”.
Rechazo a la declaración de genocidio y pedido de absolución
Antes de finalizar, el defensor Santiago Bahamondes se opuso a las medidas de reparación solicitadas por la fiscalía y la querella: “Son propias del derecho internacional”, argumentó. Esas declaraciones “se le piden a un Estado pero no se le pueden pedir a un juez” porque “son cuestiones ajenas a la jurisdicción”. A pesar de considerarlo fuera del alcance del tribunal, el abogado se refirió al delito del genocidio y aseguró que no aplicaba al caso argentino porque “los grupos [perseguidos] no son grupos identificados”.
Su razonamiento apeló con manifiesta ingenuidad a la persecución política montada por el aparato represivo estatal: “Te enganchaban porque tenías pelo largo, tenías un poquito de mala suerte y sufrías las consecuencias del aparato”. Sin justificar demasiado, lanzó su opinión: “Para mí es incorrecto hablar de genocidas porque (…) no se puede decir que lo que pasó en Argentina es un genocidio, en los términos del derecho internacional. En un lenguaje coloquial, claramente ya está aceptado. Pero no en un lenguaje jurídico”.
Finalmente, solicitó la absolución de sus dos defendidos —Fernández y Garay— o, de lo contrario, que la condena se hiciera con las penas mínimas.
La próxima audiencia es el jueves 2 de diciembre a las 14:00
El Fiscal Federal General de San Juan, Francisco Maldonado anuncio que en estos dias se realizan los examenes pertinentes sobre el estado de salud del ex magistrado Caballero Vidal para que en 2022 se inicie el Debate Oral y Publico por el delito de no promover una acción penal para investigar dos hechos graves.
El proceso se disparó en 2017, cuando la Justicia Federal se hizo eco de los dichos de dos abogados que le endilgaron. Acusaron a Caballero Vidal de que, en su rol de juez penal durante la dictadura, en 1977, se negó a investigar la muerte de Ángel Carbajal y las torturas sufridas por Héctor Cevinelli, ambos víctimas del régimen militar.
Rago Gallo lo procesó en 2018 por entender que fue miembro de una asociación ilícita que montaron los militares y ser partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y no impulsar una causa penal para determinar qué pasó con Carbajal y Cevinelli. La defensa del excortista apeló, la Cámara Federal de Mendoza le dictó la falta de mérito en los delitos más graves y confirmó la imputación por su negativa a investigar, que es el más leve.
Así las cosas, por ahora, Caballero Vidal será enjuiciado por la tipificación que establece el artículo 274 del Código Penal. El mismo habla de “dejar de promover la persecución y represión de delincuentes” y establece pena de inhabilitación de 6 meses a 2 años para ocupar cargos públicos.
Por otra parte, del actual debate de la Megacausa III podrian surgir otros hechos que agraven la situación de Caballero Vida. El excortista continúa bajo la lupa por los hechos más severos que le enrostran. La falta de mérito que dictó la Cámara Federal de Mendoza significa que seguirá siendo investigado.
Segun las fuentes, el abogado defensor, Fernando Castro, entiende que no hay justificación. Por eso, pidió que su cliente sea sobreseído por los delitos de asociación ilícita, tormentos agravados y privación de la libertad.
Por un problema interno el espacio se inundó y se mojaron documentos de la última dictadura. Convocan a una abrazo para hoy a las 10.30. Reclamos porque no se pone en marcha el Comité contra la Tortura.
Por Nicolás Hirtz
El Archivo Provincial de la Memoria, que desde 2012 funciona en la Biblioteca Provincial, se inundó ayer por la rotura de un caño que lleva agua al tanque del edificio, lo que provocó que se mojen cajas que contienen documentos clave para los juicios por delitos de lesa humanidad, como los datos de todos los presos políticos desde la década del 50.
Los organismos de derechos humanos como HIJOS y la Asociación Lucrecia Barquet pusieron en alerta a la sociedad, difundiendo fotos y videos de cómo se inundó la sala donde se acumulan los documentos en cajas en el suelo debido a la falta de condiciones e infraestructura que vienen reclamando desde hace años. El Archivo de la Memoria pertenece al Ministerio de Gobierno de la provincia, sin embargo, la Coordinación de Bibliotecas le presta un espacio en el segundo piso para funcionar.
Su encargado, Federico Vuistaz, la única persona que hoy trabaja en el Archivo y que ni siquiera consiguió aún su designación como director, sino que lo hace como encargado, se encontró ayer por la mañana con ese triste escenario. “Ya habíamos tenido algunas filtraciones con las lluvias fuertes que mojaban algunos archivos porque no tenemos estantería”, contó a Salta/12.
Vuistaz afirmó que venían solicitando mejorar las condiciones del lugar desde el gobierno anterior, “la documentación está en cajas en el piso, por lo que cuando entra agua se mojan”, acotó. “Esta vez lo que sucedió fue que se rompió un caño del edificio, y la cantidad de agua que cayó fue como un diluvio”.
El encargado detalló que con la colaboración del personal de la Biblioteca retiraron las cajas y estaban intentando salvar todo el material mojado. Pero reconoció que la situación no da para más, “las cosas no pueden seguir así en el piso”, y relató que no es lo único que falta, “tenemos que hacer expedientes y no tenemos ni siquiera una impresora”. Tampoco cuentan con un scanner para digitalizar los documentos que allí se encuentran, y lo más grave de todo es que él es el único personal para todo el Archivo, cuando “para ordenar los archivos es necesario una estantería y gente que lo pueda mantener y controlar”.
Desde que su antecesora, Cristina Cobos, se jubiló en 2019, Vuistaz quedó al frente pero sin una designación oficial, y también perdió la colaboración de una persona que hacía restauración debido a que la trasladaron nuevamente al archivo de la Biblioteca, “quedé solo como coordinador de hecho, aunque no de derecho, y soy el único que se encarga de todo acá”.
Aclaró que hay una persona que pertenece al Ministerio de Educación que ya solicitó el pase, “para no generar gastos porque no se quiere tomar personal”, pero no logran que eso suceda aún, a pesar de sus reiterados pedidos.
“Este es material importante, con todos los ingresos de presos políticos desde la década del 50, y que la Justicia pide documentación en cada juicio”, explicó. El decreto de creación del Archivo fue firmado por Juan Manuel Urtubey en abril del 2008, pero recién consiguió lugar y comenzó a funcionar en septiembre de 2012. Desde ese momento los organismos de derechos humanos reclaman mejores condiciones y más presupuesto.
Federico Vuistaz es hermano menor del dirigente de la JP y militante montonero Luis “Lucho” Vuistaz, asesinado en septiembre de 1976 en Santa Fe, y sobrino de Silvia Sáez de Vuistaz, detenida y desaparecida unos días antes de su casa de Embarcación.
Quien fuera directora del área durante siete años, la referenta de la Asociación Lucrecia Barquet, Cristina Cobos, confirmó el relato de Vuistaz, “él está solo y con una documentación que no está bien resguardada a pesar de que tanto en mi gestión como en esta nos cansamos de hacer pedidos”.
Cobos agregó que esos documentos, de alto valor histórico, no están bien resguardados debido a que el personal de seguridad de la Biblioteca tiene acceso a todas las oficinas, “no sabemos quién entra o sale de ahí”. Y recordó que les habían prometido conseguir un edificio exclusivo para guardar y cuidar esa documentación histórica.
La organización HIJOS denunció lo sucedido a través de sus redes sociales: “Repudiamos el abandono total del Archivo Provincial de la Memoria por parte del gobierno provincial. Este Archivo guarda los datos de todos los presos políticos desde la segunda mitad del siglo XX en adelante”, escribió en su cuenta de Twitter, y acompañó con un video que muestra la cantidad de agua que había y el estado en que se encuentran los documentos.
Además, la Mesa de Derechos Humanos de Salta (integrada por organizaciones de DDHH) convocó a un abrazo simbólico en la Biblioteca Provincial (Belgrano 1002) hoy a las 10.30, bajo la consigna “exigimos inmediata recuperación y puesta en valor del espacio”.
Comité contra la Tortura
Otra de las deudas del Estado provincial, a la que se comprometió desde hace años, es la de poner en funcionamiento el Comité contra la Tortura provincial, creado por la Ley 8024 en 2017 y reglamentado un año más tarde. En 2019 se realizó el llamado a concurso para designar a sus integrantes.
Tanto el abogado y representante de Naciones Unidas para la región, Rodrigo Sola, como Cristina Cobos, ganaron sus respectivos lugares como comisionados de las organizaciones de derechos humanos. Por el Ejecutivo se designó al abogado Ricardo Nioi, ex director provincial de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, mientras que la Cámara de Diputados nombró a su ex secretario y preso político Ramón Corregidor, y el Senado, a Marcelo Robles, de forma provisoria.
“En el primer año nos dijeron que no estaba incluido en el presupuesto, y ahora, en el 2021, ya con el presupuesto asignado, esperábamos que el gobierno saque el decreto de designación de cada uno de los miembros, pero nunca sucedió”, declaró Cobos. “El gobierno nos ignora, esa es la verdad, porque ya reuniones y promesas hemos tenido un montón”, agregó.
Aunque confió que la llegada de Abel Cornejo al Ministerio de Seguridad y Justicia les abre una nueva esperanza, ya que él, cuando era Procurador General, envió una nota al ministro Ricardo Villada solicitando que ese Comité comience a funcionar y controle la situación carcelaria y el accionar policial. “Ahora no debería tener ningún inconveniente de avalarnos y recordarle al gobernador su antiguo pedido”, concluyó.
El V Encuentro Federal de Derechos Humanos vuelve a ser presencial
Debatirán en comisiones violencia institucional y la estigmatización que sufren los pueblos originarios, entre otros temas. El cierre estará a cargo del Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.
Por Ailín Bullentini
“Es necesario más que nunca para todos, pero sobre todo para mí”, dijo a PáginaI12 Horacio Pietragalla Corti.. Imagen: NA
Con debates enfocados en violencia institucional, juicios de lesa humanidad, el derecho a la tierra de los pueblos originarios, el trabajo y la comunicación se llevará a cabo la quinta edición del Encuentro Federal de Derechos Humanos en el predio de la exESMA. El espacio de debate “militante”como lo definió su fundador y actual secretario nacional de Derechos Humanos y fundador, Horacio Pietragalla Corti, regresa este sábado a la presencialidad, tras “dos años de distanciamiento y virtualidad”. “Es necesario más que nunca para todos, pero sobre todo para mí”, sostuvo en diálogo con PáginaI12. “Más que nunca necesito que debatamos las urgencias y charlemos lo que está faltando en políticas públicas” de la materia, añadió.
Como suele ser desde su primera edición, el encuentro ocupará toda la jornada, que en esta ocasión será el sábado próximo. Les asistentes, en su mayoría “militantes de los derechos humanos de todo el país”, se reunirán en el predio del Espacio Memoria que funciona en la exESMA desde la mañana y hasta entrada la tarde: debatirán en comisiones violencia institucional, Lawfare, juicios de lesa humanidad, espacios para la memoria, identidad, diversidades, salud mental, pueblos originarios y derechos a la tierra, migrantes y comunidad afrodescendiente, trabajo y comunicación y compartirán conclusiones. El cierre, como siempre, estará a cargo de Pietragalla Corti y referentas del movimiento que a lucha por los derechos humanos de los últimos 45 años: la Abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto; la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida y la presidenta de Familiares de Desaparecidos Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano. Se esperan, además, figuras del arco político.
“Necesito más que nunca que me exijan, que me señalen qué es lo que falta”, aseguró Pietragalla en diálogo con este diario sobre las expectativas del encuentro que vuelve a ser presencial tras casi dos años de confinamiento y distanciamiento social producto de la covid-2019 y cuya “característica principal”, insistió en destacar el funcionario, es “federalismo”. “Es un momento del año para encontrarnos todos los trabajadores, compañeros militantes, referentes de organismos de derechos humanos de todo el país en este, un espacio militante en permanente construcción para fortalecer y seguir consolidando políticas públicas”, reparó.
El Encuentro Federal de Derechos Humanos nació durante los primeros años de Mauricio Macri en la Presidencia, “cuando desde el Consejo Federal de Derechos Humanos, el espacio institucional de debate entre funcionarios provinciales y nacionales del área estaba demasiado limitado, mientras desaparecía Santiago Maldonado, se reprimía la protesta social”, consignó Pietragalla, impulsor del espacio y de la Red Federal de Derechos Humanos que surgió en paralelo para sumar a aquellas personas que venían de años anteriores trabajando en la temática, tanto en el erario público como en la sociedad civil. “Buscamos siempre generar una discusión verdadera sobre los temas que nos preocupaban”, apuntó. El primer encuentro se realizó en la Universidad Nacional de Avellaneda, en 2017.
Si bien mantiene su espíritu militante por sobre el institucional, desde que Pietragalla Corti asumió la función pública el encuentro comenzó a abrazar los espacios oficiales. En 2020 fue virtual de punta a punta debido a las restricciones en los encuentros presenciales frente al avance del coronavirus. En esta ocasión, los ejes de las mesas debate, que ebullirán simultáneamente entre las 11 y las 16 del sábado en el predio de Av. del Libertador al 8100, “están establecidos desde las temáticas con las que suelen trabajar las secretarías y subsecretarías de derechos humanos de todo el país”, con ampliación en las voces que participan hacia agrupaciones, colectivos y redes militantes y de la sociedad civil.
Para Pietragalla Corti, en tanto, hay algunas temáticas que encabezarán el encuentro en su totalidad: la violencia institucional y la estigmatización que sufren los pueblos originarios. La primera “es un eje que atraviesa a todos los gobiernos, todas las provincias, todos los poderes y sobre la que nos debemos ir trabajando y consolidando soluciones”, apuntó el secretario. Sobre la segunda, mencionó “la necesidad urgente de pensar cómo contrarrestamos el sentido común que se quiere imponer desde determinados sectores y que caracteriza a estas poblaciones como las enemigas del país cuando en realidad son un sector más que postergado y desoído”.
Habrá debates enfocados en los derechos humanos vinculados con las identidades y diversidades, así como salud mental, trabajo y comunicación. Y si bien no hay una mesa específica desde la que se aborde la llegada de la ultraderecha al debate legislativo, Pietragala Corti consideró que “esa preocupación atravesará todo el encuentro”. “La pandemia obligó al aislamiento y al individualismo, hay sectores que se enojaron mucho por las restricciones lo cual funcionó como caldo de cultivo para que estos actores negacionistas y cercenadores de derechos llegaran al Congreso. Quiero creer que no tendrán presencia histórica y constructiva, quiero creer que son actores fugaces, aunque esto no quita que no haya que prestarles atención”, concluyó.
