Mes: agosto 2021

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JUICIO A LOS APROPIADORES DE LA HIJA DE MOYANO-POBLETE

AUDIENCIA 12 / DECLARÓ POR SEGUNDA VEZ LA HIJA DE “PICHONA” Y CARLOS

Publicado el Por colectivojuiciosmendoza

27-08-2021 | Declararon Miriam Lourdes y su hijo, Maximiliano Galas. Ambas víctimas habían solicitado al tribunal un espacio para expresarse luego de las testimoniales oídas. La jornada concluyó con un repaso por la prueba ofrecida. El defensor oficial informó que Armando Fernández deseaba ampliar su declaración indagatoria antes de los alegatos. La próxima audiencia será el viernes 10 de septiembre a las 9:30. 

Miriam Lourdes declaró al iniciarse la etapa testimonial del debate. La principal víctima de la causa solicitó al presidente del tribunal una nueva instancia para explayarse, ahora también junto a su hijo Maximiliano, que presenció todas las audiencias.

Función conciliadora

Con voz por momentos temblorosa, Miriam relató parte de su vida. Al igual que en su declaración previa, se refirió a la infancia como una etapa “normal”. El primer indicio sobre su origen lo tuvo a los cinco o seis años, cuando en una “peleíta de niños” alguien dijo que ella era adoptada. Posteriormente, en la adolescencia, fueron surgiendo dudas que compartió con sus hermanos varones, que son diez años mayores y “tenían noción” de su llegada al hogar.

Entonces enfrentó a Fernández: “Ya eran muchas las situaciones, por la escuela, por los sucesos. Ahí me cuenta que no era hija biológica, que era adoptada en circunstancias no legales, pero él no sabía de mi procedencia”. Fernández se habría mostrado dispuesto a que la joven investigara, pero fue Miriam quien no tuvo necesidad.

En esa conversación, el principal imputado le explicó las circunstancias de su ingreso a la familia. Miriam reprodujo ante el tribunal un relato exento de precisiones y de nombres. Refirió que a principios de julio de 1977, cerca del aniversario del 9 de julio, Fernández estaba solo en la casa —Luffi había salido— cuando apareció un “conocido” que le planteó al exagente del D2 la situación de su empleada doméstica cama adentro. La mujer había tenido un ACV, estaba internada y su bebé recién nacida había recibido el alta. El hombre no podía hacerse cargo de la niña porque “le había salido un traslado para Buenos Aires”. En consecuencia, Fernández aceptó cuidarla hasta que fueran a buscarla.

“Mi mamá se casó a los dieciséis (…) es muy madraza, es de cuidar niños”. Además, agregó, “pensaron” en Luffi “porque era ama de casa, otras mujeres trabajaban”. Según Miriam, “era normal que ella cuidara niños de las vecinas”. Cuando regresó Luffi se encontró con “esa sorpresa” —una bebé “en un moisés con dos prendas de ropa y pañales” —, pero “era una situación provisoria”.

“Yo venía con el cordón infectado”, relató. Luffi estaba “desesperada” por llevarla al hospital. Como al día siguiente nadie fue a reclamarla, Fernández habría presentido que la situación era rara: “la persona que me llevó no existía”. Entonces, alguien aconsejó a Fernández cuáles eran sus opciones. Podía dejarla en una casa cuna pero eso implicaba que le “abrieran una causa, era mucha responsabilidad”. La otra era tratar de inscribirla y, “sobre el camino”, ir “viendo cómo encarar la situación”. Dado que “conseguir” un acta de nacimiento no era sencillo, le dijeron que buscara dos testigos que acreditaran que Luffi, que tenía 28 años, había dado a luz en su casa.

Santiago Garay era amigo de Fernández y padrino de uno de sus hijos. A modo de favor, este último le pidió que hiciera de testigo. “No podía saber si mi mamá estaba embarazada o no. Fue y firmó con la confianza en mi papá”, indicó Miriam. “Con esa partida entré a la obra social”, que habría sido el objetivo perseguido por el matrimonio Fernández-Luffi para adulterar la documentación.

Todo el relato ofrecido hizo hincapié en la inocencia de Garay y Luffi: “Mi papá engañó a mi mamá porque le dijo que [la inscripción] tenía un vencimiento, que si venían a reclamarme iba a ser entregada”. Debido a que nadie la buscó, la criaron “como una hija más”.

La mujer mencionó que a lo largo de su vida atravesó situaciones difíciles por su historia —problemas de salud y una relación compleja con el padre de su hijo— pero logró superarlas por la contención de su familia. Miriam consideró que Fernández le “salvó la vida dos veces”, cuando era bebé y luego de ese matrimonio doloroso.

“Cuando mi papá cae preso, fue muy difícil. De ser un héroe, pasó a ser lo peor para la sociedad. Para mí no”, sostuvo. “Yo solamente sé lo que fueron ellos como padres. No deja de ser mi papá, con sus errores. Yo puedo dar fe de lo que ha sido con nosotros y de lo que nos ha dado”.

A mediados de 2011 o 2012, Miriam comenzó a “tomar conciencia” de su situación. Entonces, como “militancia”, se reunió con hijos e hijas de militares. “En esa época, decir que éramos hijos de militares estaba mal visto”. Para esa misma fecha “corrió un rumor de que el gobernador iba a entregar las partidas de nacimiento a los derechos humanos” y Miriam se preocupó. “Empecé a venir a todos los juicios, a ser parte. No me gustó, sentía mucha exposición”. También se refirió a la prueba de ADN que la justicia ordenó en el caso de Irene Barreiro, hija de un militar, que terminó en un allanamiento por su negativa a realizarse el examen. “No quería exponerme a eso”, indicó.

En el 2017 recibió la notificación para realizarse la extracción. “Se me cayó el mundo —explicó—, mi miedo era mi mamá. Mi papá ya estaba condenado. Tuve que hacer locuras, me fui a Chile”. Miriam refirió que negaba tanto su identidad que, temiendo un allanamiento, cambió el cepillo de dientes y dejó ropa de sus hermanas en su casa.

Finalmente, decidió enfrentar la situación y se presentó de forma voluntaria tras una nueva citación. Luffi se exculpaba: “Yo no hice nada malo, lo único que hice fue darte amor”. Fernández, en tanto, “no sabía nada” porque no había investigado, pero “cabía la posibilidad” de que Miriam fuera una de las niñas buscadas por décadas. Recibir la noticia de su verdadero origen, “por un lado, fue una tranquilidad; por otro, incertidumbre y miedo”.

Aunque inicialmente sintió rechazo, hizo “el click” cuando fue a la ESMA, donde había nacido.  “Si yo estoy en esta vida en esta postura es por algo, creo que mi función es conciliar y apaciguar ambas historias (…) Estuve desde los dos lados (…) Tratemos de bajar los decibeles”, pronunció. “No voy a recuperar a mi mamá ni a mi papá”. Miriam también refirió que se contactó con su tía materna Adriana Moyano, con quien tuvo la posibilidad de hablar y fue de mucha ayuda.

Se explayó asimismo sobre su decisión de conservar el apellido de su apropiador: “Es muy violento que te quieran cambiar la identidad de un día para el otro. Cambié mi partida, pero no quería cambiar mi apellido. Me tienen en cuenta como víctima, pero hacen humo de mis sentimientos”. Consideró que “la lucha de Abuelas es súper válida” y mencionó que entabló vínculo con la institución, ante quienes explicó su voluntad de mantener el apellido como parte de su función conciliadora. “Dentro de la búsqueda, quise saber sobre ellos. Hacer las cosas legales que corresponden. Todo lo que implica ser hija de ‘Pichona’ y Carlos”, agregó.

También relató que ese rol de conciliación lo tiene al interior de la familia Fernández: “No puedo negar el dolor. Mi hermana se enoja. ‘Hay que ponerse en el lugar de ellos’, le digo. ‘Si a mí me hubiera pasado, si a mí me hubieran desaparecido, imagínate qué hubieras hecho’. No hay que enojarse, el odio no te lleva a ninguna parte”, concluyó.

El presidente del tribunal realizó la única pregunta de la jornada. Alejando Piña mencionó que muchos testimonios se habían dirigido a Miriam y le interesaba saber qué había sentido ella al escucharlos. La mujer rescató “dos testimonios súper valiosos”: los de Adriana Moyano y Beatriz García. “No fueron declaraciones lindas”, pero aseguró que las entendía. “Tengo que respetar lo que sienten, aunque sea doloroso para mí. Ellas tampoco se tienen que enojar conmigo. Son las personas que estuvieron cerca de mi mamá”. Con Beatriz, dijo, se debe “una charla frente a frente” que se pospuso involuntariamente por la pandemia. “Ellas ven en mí a esa amiga que desapareció (…) Construyamos para adelante, desde los distintos lugares en los que estemos”, propuso.

Por último, habló de sus hermanos y hermanas, que “también la pasaron muy mal con el odio”. “Como hijos no tuvimos la culpa. Si mi papá hizo algo, que sea condenado y que lo cumpla”, sostuvo.

La voz de la generación siguiente

A continuación, y como había solicitado, intervino Maximiliano Galas, hijo de Miriam. Tiene 19 años y es estudiante de Psicología. Introdujo con la aclaración de que su mamá ya había dicho casi todo lo que él sentía: “Siento que somos la misma persona”.

Expuso que la finalidad de su exposición era “defender a mi mamá y defender a mis abuelos”, la pareja imputada por la apropiación. Relató que, desde chico, él tuvo una relación muy cercana con Iris Luffi, a quien llama “mamá Iris” y Armando Fernández, a quien le dice “tata”. Su madre, Miriam, salía a trabajar y él fue, en parte, criado por quienes considera abuela y abuelo. De chico lo cuidaban, lo alimentaban, lo bañaban.

A Luffi la considera una “segunda madre” que siempre lo apoyó y acompañó; sobre Fernández aseguró: “Es la mayor figura paterna que tengo”. “Mis abuelos me criaron a la par de ella [Miriam], “estoy orgulloso de ser quien soy gracias a mi mamá y a ellos dos”, aseguró.

En las audiencias donde se juzga al matrimonio Fernández-Luffi por el delito de lesa humanidad de apropiación de una menor, Maximiliano Galas manifestó haber escuchado “cosas que sentí injustas”. Dijo comprender el dolor de las víctimas del terrorismo de Estado pero reclamó que se entendiera al mismo nivel “lo que sentimos hacia los abuelos”.

Rebatió la idea de que su madre estuviera afectada por un posible “síndrome de Estocolmo” y destacó el hecho de que tanto Luffi como Fernández se hicieron cargo de ella desde días después a su nacimiento: “Llegó a la vida de mis abuelos cuando era bebé, habrá tenido días. Mi abuela le tuvo que curar el cordón umbilical. No es un síndrome ni manipulación porque la criaron, es su hija”. Al igual que Miriam, Maximiliano aseguró tener una familia “muy unida”, que siempre se ha brindado apoyo. Eso, manifestó, “no es al azar, se lo debemos al amor y los valores que nos enseñaron”.

Para concluir, compartió su percepción de que el proceso penal contra Iris Luffi y Armando Osvaldo Fernández está basado en cierto “odio hacia lo que pasó y lo reflejan hacia ellos”. Sobre esta idea, expresó: “Nos están perjudicando a nosotros y particularmente a mi madre que es la víctima”.

Cuando las declaraciones habían terminado, habilitó el micrófono Marcela Fernández, otra de las hijas del matrimonio imputado, con la intención de decir unas palabras. Desde el tribunal, inmediatamente silenciaron a la mujer y el presidente aclaró: “Lo siento, pero no se puede hablar”.

Repaso sobre la prueba ofrecida

Antes de terminar, se mencionó la incorporación de prueba documental muy variada: declaraciones, documentos públicos, actas, informes, legajos, fallos judiciales. Debido a que en la audiencia pasada el tribunal rechazó la idea de hacer una inspección ocular en la ESMA, se incorporarán fotografías del excentro clandestino de detención, torturas y exterminio. Por otra parte, el equipo de acompañamiento a testigos víctimas informó que Liliana Giuliani no se encuentra en condiciones de prestar testimonio.

En la próxima audiencia tendrá lugar la ampliación de la declaración indagatoria de Armando Osvaldo Fernández e iniciarán los alegatos. Será el viernes 10 de septiembre a las 9:30.

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Córdoba: la Unidad Fiscal pidió el llamado a indagatoria de 154 imputados por crímenes cometidos contra 520 víctimas

Presentación conjunta de la fiscal Ángeles Ramos, el fiscal general Alberto Lozada y el auxiliar fiscal Facundo Trotta

25.08.2021 en Lesa humanidad
La fiscalía reorganizó las presentaciones realizadas en diferentes causas, reordenó los hechos e individualizó acusados. Pidió que se investigue la verdad en aquellos casos que no cuentan con imputados vivos. Describió el contexto del terrorismo de Estado antes y después del golpe de 1976.
 
La fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y titular de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos de Córdoba, María Ángeles Ramos, el fiscal general de esa provincia Alberto Lozada y el auxiliar fiscal Facundo Trotta requirieron este lunes el llamado a declaración indagatoria de 154 integrantes de fuerzas armadas y de seguridad, a quienes acusaron por crímenes de lesa humanidad cometidos en él ámbito del III Cuerpo del Ejército antes y durante la última dictadura cívico militar.
 
La base fáctica sobre la cual el Ministerio Público formuló el requerimiento son 300 casos que involucran los delitos padecidos por 520 víctimas. La pieza, de 759 páginas, es el resultado de un trabajo de reformulación y reorganización de las presentaciones previas de la fiscalía, producto de un nuevo análisis del cuadro probatorio y de los voluminosos expedientes en trámite. El escrito fue presentado en el Juzgado Federal N°1 de Córdoba, a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro.
 
Como no todos los casos fueron atribuidos a algunos de los imputados pues los identificados hasta ahora como ejecutores o partícipes en esos hechos han fallecido, la fiscalía requirió que se los investigue en el marco del derecho a la averiguación de la verdad. “Teniendo en cuenta que la hipótesis de esta Unidad es que esos hechos fueron cometidos como parte del ataque generalizado y sistemático que llevó a cabo el Estado Argentino contra la población civil, corresponde profundizar la investigación de esos hechos a efectos de establecer, tanto su existencia, como quienes participaron en su comisión”, indicaron la y los representes del MPF, pues “no se puede descartar en esta instancia que en el curso de la investigación pueda surgir la participación de otras personas”.
 
Las imputaciones formuladas fueron encuadradas en los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, abuso deshonesto agravado, violación agravada, homicidio agravado, desaparición forzada de personas seguida de muerte, robo agravado, lesiones graves, aborto y encubrimiento.
 
Ataque generalizado y sistemático
 
“Todos los hechos fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Generalizado, porque fue un ataque a gran escala, dirigido contra una multiplicidad de personas. No se trató de un hecho aislado cometido por un autor aislado, por iniciativa propia y contra una víctima aislada. Sistemático, porque respondió a un plan metódico esto es, una acción repetida y continuada de actos inhumanos conexos, delineado desde las más altas esferas del Estado”, señaló la fiscalía.
 
En tal sentido, explicó que ese ataque generalizado y sistemático estuvo encabezado antes del golpe de Estado y -fundamentalmente en 1975- por el Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia de Córdoba (D2), que para tal fin operaba con una doble modalidad: por aplicación de la ley 20.840, que incluía “penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones”, con intervención del Poder Judicial de la Nación; y de manera clandestina.
 
En el primer caso, el D2 realizaba investigaciones que daban origen a sumarios, con intervención de jueces federales, que “en su mayoría fueron ilegales”, pues “en algunos casos no contaban con orden de detención y/o allanamiento; en otros, esas órdenes tenían como origen información extraída previamente bajo tortura”, puntualizó la representación del MPF.
 
En la modalidad clandestina, quienes actuaban lo hacían de civil y, “una vez ubicada la víctima, sin ningún tipo de explicación, era vendada, esposada y conducida en vehículos a las dependencias del D2”, agregó.
 
En la etapa previa al golpe de Estado, los centros clandestinos de detención utilizados para la represión ilegal fueron fundamentalmente el mismo D2 y el “Campo La Ribera”, sede oficial de una cárcel militar. La fiscalía refirió que existieron otros lugares que funcionaron de la misma manera, como el “Destacamento Pilar”, el “Chalet o Casa de Hidráulica”, la Comisaría de Río Cuarto, la Comisaría de Bell Ville y la Comisaría de Villa María.
 
A partir del golpe de Estado, el esquema de centros clandestinos de detención se completó con los denominados “La Perla” y “La Perla Chica o Malagueño”, que eran junto con “Campo La Ribera” los tres lugares en los que operaba el personal militar y civil del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, precisó el dictamen.
 
“El modus operandi implementado por las fuerzas represivas para efectuar los secuestros de las víctimas con posterioridad al golpe no varió sustancialmente, aunque a diferencia del personal de D2, los integrantes del Destacamento de Inteligencia 141 sólo procedieron de manera clandestina”, señaló la fiscalía.
 
Un número importante de víctimas sobrevivientes de los centros clandestinos de detención fueron conducidas a la Unidad Penitenciaria N°1 de Córdoba, también escenario de los delitos cuya investigación fue promovida por la Unidad Fiscal.

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COMISION PROVINCIAL DE LA MEMORIA DE CORDOBA

25 de agosto // “Día Provincial de la Lucha contra la Impunidad de los Delitos de Lesa Humanidad”

El 25 de agosto de 2016 se dictó sentencia en la Megacausa que condenó el terrorismo de Estado en Córdoba y por Ley (10.368) se instituyó en el “Día Provincial de la Lucha contra la Impunidad de los Delitos de Lesa Humanidad”
Por su magnitud, la Megacausa “La Perla, Campo de la Ribera y D2” es considerado al juicio al terrorismo de Estado en Córdoba.

“Con eje en lo ocurrido en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) del Tercer Cuerpo de Ejército en Córdoba, principalmente La Perla y Campo de la Ribera aunque también el Departamento de Informaciones D2 de la Policía, la Penitenciaría de barrio San Martín, la Perla Chica de Malagueño, el chalet de Hidráulica en el dique San Roque y el Puesto Caminero de Pilar, el proceso expone la índole sistemática y masiva del plan de exterminio de opositores políticos perpetrado por el Estado terrorista. Como parte de ese plan, se juzgan por primera vez en Córdoba los delitos de apropiación de niños, contra la integridad sexual y de índole económica”.

(Fragmento de la crónica “Un halo de luz y justicia sobre la dictadura cívico-militar”)

Con el compromiso diario de disputar sentidos sobre el pasado, a partir del presente y apostando al futuro, a 5 años de aquella sentencia, recordamos el alegato de la Dra. Carmona sobre como las violaciones sistemáticas ejercidas en los ex ccd fueron parte del plan sistemático de tortura y exterminio del terrorismo de estado:

“Los testimonios recogidos a lo largo de este debate dan cuenta del trato desigual, entendido como un plus de violencia caracterizado por lo sexual, padecido por las mujeres en los centros clandestinos de detención durante la represión ilegal en nuestro país en la última dictadura cívico militar. Estos testimonios permitirán advertir que los ataques sexuales no fueron hechos aislados, sino que, muy por el contrario, constituyeron una práctica generalizada en cuanto al modus operandi en los distintos campos de concentración creados en todo el país por los militares para aniquilar a los opositores políticos; de dichos campos de concentración, por supuesto que Córdoba no fue una excepción. 

Sin dudas existe una gran cifra negra de delitos de índole sexual que no han sido denunciados. Una pauta de ello es precisamente lo que acontece con este juicio, el más grande de la provincia de Córdoba. De un universo de más de setecientas víctimas, sólo se juzga un hecho de violación y dos de abuso deshonesto. 

La perversidad del sistema machista hace que la víctima sea la que lleva el estigma, la que sufre la vergüenza, subvirtiéndose de este modo el objeto de reproche. 

Las violaciones de los derechos de las mujeres continúan siendo escasamente reconocidas por los sistemas de Justicia. Esto es así a pesar de que ocurren en forma generalizada y sistemática en todo el mundo, impidiendo que las mujeres gocen de un efectivo acceso a la Justicia y a obtener una reparación cuando sus derechos fundamentales han sido violados.
Por ello, resulta muy importante la visibilización de estos crímenes, que sean investigados, juzgados y, en su caso, condenados y que, de esa manera, se acabe de una vez por todas con el silencio y la impunidad para sus autores”

Virginia Miguel Carmona
(Fragmentos del Alegato realizado el 16 de diciembre de 2015)

Más de 40 años después de ocurridos los hechos tenemos certezas sobre la importancia de juzgar a los responsables para construir un país más justo, en el cual el Estado demuestre que no es posible la continuidad de los modelos de impunidad e injusticias.

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LOS APROPIADORES OCULTAN LOS MECANISMOS DEL ROBO DE NIÑOS

El dramatismo del juicio de los apropiadores de la Hija de Maria del Carmen Moyano y Carlos Poblete esta asuzado por las estrategias defensista recogidas por algunos medios de difusión de hablar de la familia del corazón y la familia biológia etc.

El fiscal Federal a cargo de la causa, Daniel Rodriguez es. claro en  puntualizar  que el  debate revisa la responsabilidad de un matrimonio mendocino en la apropiación ilegal de la hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete. El matrimonio está integrado por Armando Osvaldo Fernández, del entonces Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Mendoza, y su esposa, Iris Yolanda Luffi. También está imputado el ex Policía Abelardo Santiago Garay, quien firmó como testigo el acta de nacimiento fraguada de la niña. María del Carmen Moyano estaba embarazada de seis meses cuando la secuestraron en la provincia de Córdoba. Permaneció detenida en La Perla y luego fue trasladada a la ESMA, donde dio a luz a una beba aproximadamente en junio de 1977 que pocos días más tarde fue trasladada a Mendoza.

El ministerio público fiscal es muy cuidadoso en sus valoraciones para no develar el alegato final.

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MIAMI: REFUGIO DEL ULTIMO PERPETRADOR DE LA MASACRE DE TRELEW

SOCIEDAD

El último “fusilador” de la masacre de Trelew que amasó una fortuna y tiene una vida de lujo en Miami

Hace 49 años 19 guerrilleros que estaban prisioneros en una base naval de la patagonia fueron acribillados. Uno de los responsables de la masacre fue el entonces teniente Roberto Bravo, quien desde fines de los 70m reside en La Florida como un vecino notable de la comunidad. Su vida de millonario, el día que golpearon a su puerta para detenerlo y el pedido de extradición que le quita el sueño

Por Eduardo Anguita y Daniel Cecchini
24 de Agosto de 2021
La única imagen que existe del ex teniente Roberto Bravo (Diario Jornada de Chubut)La única imagen que existe del ex teniente Roberto Bravo (Diario Jornada de Chubut)

El viernes 25 de octubre de 2019 Roberto Guillermo Bravo se despertó temprano –una costumbre nunca abandonada desde sus tiempos de marino– y pensó que podía continuar con su rutina de casi todos los días, que a los 78 años no le exigía demasiada actividad.

Llevaba 47 viviendo en Estados Unidos, en ese momento en el lujoso barrio Sans Souci Estates de Miami, junto a su esposa y en las cercanías de las casas de sus tres hijos. En ese tiempo se había convertido en un empresario que había amasado una importante fortuna. Además, era un vecino notable de la comunidad.

En esos años, también, sus hijos habían adquirido –como él– la ciudadanía estadounidense. El mayor tenía una maestría en Administración, el segundo, una licenciatura en Tecnología de la Información; y el menor, una licenciatura en Negocios. Los tres habían servido en el Ejército o la Armada de los Estados Unidos.

Bravo llevaba una vida apacible en su casa, valuada en 1.700.000 dólares, y solo en ocasiones temía que, alguna vez, un hecho de su siniestro pasado terminara por alcanzarlo y exigirle el pago de una deuda. Sus cómplices en aquel hecho estaban presos o había muerto en prisión en la Argentina. Sólo él, hasta entonces, se había escabullido de las manos de la Justicia.

Quizás haya pensado en todo eso la mañana del 25 de octubre de 2019 cuando el timbre sonó a una hora exageradamente temprana y su mujer desde hacía 52 años, Ana María Giordano, le dijo que lo buscaban.

Minutos después salía esposado y custodiado ante la mirada atónita de un par de vecinos.

Habían pasado 47 años, dos meses y tres días desde la madrugada del martes 22 de agosto de 1972.

22 de agosto de 1972, 3.30 de la madrugada

Los 19 guerrilleros de FAR, ERP y Montoneros detenidos en la Base Naval Almirante Zar de Trelew dormían alerta, intranquilos. Desde hacía una semana, cuando habían sido recapturados en el aeropuerto tras la fuga del Penal de Rawson venían siendo despertados, maltratados física y psíquicamente así como sometidos a simulacros de fusilamiento.

Se habían entregado con la promesa de que los devolverían al Penal de Rawson pero el capitán Luis Emilio Sosa, que había negociado con ellos, faltó a la palabra empeñada y terminaron en la Base Naval.

Los hechos ocurridos la madrugada del 22 de agosto ya han sido narrados en otras ocasiones por Infobae:

Los guerrilleros que fueron masacrados en la base de Trelew en 1972Los guerrilleros que fueron masacrados en la base de Trelew en 1972

María Antonia Berger, una de las guerrilleras detenidas, no podía dormir y le preguntó la hora a un guardia. La respuesta del suboficial que estaba de guardia enfrente de su celda fue:

-Son las tres y media.

Minutos después, los marinos empezaron a entrar celda por celda para sacarlos al pasillo. Les dijeron que se quedaran parados al lado de cada puerta, mirando al suelo. Ricardo Haidar levantó un poco la cabeza y el capitán Sosa lo apuntó con su pistola 45:

-Haidar, no se me haga el machito que le pego un tiro – lo amenazó.

El capitán Sosa y el teniente Roberto Bravo siguieron su ronda de inspección por el pasillo. Berger también salió al pasillo: en cuanto se paró, empezaron los tiros. María Antonia alcanzó a ver que venían de una ametralladora en una punta del pasillo, y se sintió herida.

Consiguió meterse adentro de la celda; a su lado, María Angélica Sabelli dijo que estaba herida y cayó muerta en el acto. En el pasillo, la ametralladora seguía escupiendo: algunos buscaron un escape, pero no había adónde. Mariano Pujadas, Humberto Suárez y José Mena, que estaban en la primera celda, cayeron enseguida. Antes de caer, Jorge Ulla trató de tirarse encima de un marino, gritándole puteadas. En la puerta de su celda, Clarisa Lea Place y Susana Lesgart tuvieron el último reflejo de darse vuelta para evitar los tiros, y cayeron muertas. Ana María Villarreal de Santucho también cayó, boca abajo, en medio del pasillo. María Antonia escuchaba tiros, gritos, quejidos, y voces de los marinos:

-Este todavía está vivo.

Todavía se oían gemidos cuando entró el teniente Bravo:

-¡Levantensé, hijos de puta!

Los fusilaron dentro de la base en un hecho que se consideró crimen de lesa humanidad
Los fusilaron dentro de la base en un hecho que se consideró crimen de lesa humanidad

Ricardo Haidar y Alfredo Kohon se pararon. Bravo los apuntaba con una 45 y le metió a Haidar un balazo en el medio del pecho. Haidar salió disparado para atrás y cayó en su catre, sangrando a borbotones: cerró los ojos y trató de no moverse. Entonces el oficial disparó contra Kohon. Más lejos se oían otros tiros de gracia. Haidar se quedó quieto: sabía que si se movía o hacía el menor ruido lo remataban de un balazo.

Entonces oyó cómo el teniente Bravo y el otro oficial iban hasta la celda de Alberto Camps y Mario Delfino. Sonaron dos tiros. Delfino había caído muerto; Camps, con una bala en el vientre, trató de quedarse lo más quieto posible.

Al final del pasillo, un marino le decía a otro que la historia que tenían que contar era simple:

-Pujadas te agarró, salió un tiro para acá, entonces se quisieron ir y tuvimos que empezar a tirar…

María Antonia oyó unos pasos que venían hacia su celda, y pensó que la iban a matar. Con sorpresa, se dio cuenta de que no tenía más miedo: más bien una calma inesperada. Pensó que quizás fuera porque había perdido tanta sangre.

Los pasos se pararon, a su lado, en la celda. María Antonia respiraba fuerte y se dijo que era mejor si lo miraba. Un oficial le estaba apuntando a la cara con una pistola, y disparaba. La bala le entró por el mentón y la tiró para atrás, pero María Antonia siguió consciente.

Menos de cinco minutos después, el recuento que hicieron los marinos dio un saldo provisorio: 12 guerrilleros muertos y siete gravemente heridos: Alfredo Kohon, Pedro Bonet, María Antonia Berger, Carlos Astudillo, Alberto Camps, Miguel Ángel Polti y Ricardo Haidar.

Los llevaron a la enfermería y los dejaron allí, durante horas, sin atención médica. Eso hizo que sobrevivieran solamente tres: Berger, Camps y Haidar.

El encubrimiento oficial

En Buenos Aires, las versiones sobre los fusilamientos empezaron a circular la mañana de ese mismo martes 22 de agosto, pero recién a la una y media de la tarde apareció la primera información oficial distribuida por el Estado Mayor Conjunto, que decía que “al realizar el jefe de turno una recorrida de control en los alojamientos de los detenidos, mientras los mismos se encontraban en el pasillo, al llegar a uno de los extremos es atacado por la espalda por el delincuente subversivo Mariano Pujadas, quien logra sustraerle la pistola ametralladora con la que iba armado. Escudándose en el mismo intentan evadirse. El jefe de turno logra zafarse y es atacado a los tiros, resultando herido. En tal circunstancia, la guardia contesta el fuego contra los reclusos que se abalanzaban en masa hacia la puerta de salida, encabezados por Pujadas…”.

Resultaba imposible creer esa versión. Eran 16 muertos de un lado y ninguno del otro. Al día siguiente, el diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, informaba en tapa y decía: “Los acontecimientos, por sus características, resultan increíbles. Sus consecuencias -apenas entrevistas por los observadores, también atónitos- pueden resultar abrumadoras.”

Los muertos eran: Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, José Ricardo Mena, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villareal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Susana Lesgart y Mariano Pujadas.

Los tres sobrevivientes fueron trasladados después a la Cárcel de Devoto, donde el 25 de mayo de 1973, poco antes de ser liberados por la amnistía dictada por el gobierno de Héctor J. Cámpora, relatarían minuciosamente los hechos a Francisco “Paco” Urondo, que los recogió en su libro La Patria Fusilada.

Casi 35 años de impunidad

Hubo que esperar hasta 2006 para que el entonces juez federal de Rawson, Hugo Sastre, reabriera la investigación de los fusilamientos de Trelew por pedido de los familiares de las víctimas, acompañados por organismos de Derechos Humanos.

Tras un largo trabajo de investigación, logró la detención de la mayoría de los imputados por la comisión material de los hechos (16 asesinatos y tres intentos de homicidio) y/o por encubrimiento: el ex contraalmirante Horacio Mayorga; Roberto Horacio Paccagnini, jefe de la Base Zar en el momento del hecho; del ex capitán Jorge Del Real; el ex cabo Carlos Marandino; y el ex capitán de Navío Jorge Enrique Bautista.

En cambio, el excapitán Sosa y el ex teniente Bravo pudieron eludir sus capturas. Poco y nada se sabía de ellos luego de que perpetraran los fusilamientos de Trelew.

Tenían orden de captura, pero nadie sabía cómo encontrarlos. Se decía –no sin razón– que sus paraderos eran unos de los mayores secretos guardados por la Armada Argentina.

Sosa, capturado casi por casualidad

El ex capitán Luis Emilio Sosa recién pudo ser ubicado y detenido en febrero de 2008, por circunstancias casi fortuitas.

Un grupo especial de agentes de la Brigada de Drogas Peligrosas de Chubut se trasladó a Buenos Aires por orden del juez Sastre siguiendo una pista poco prometedora. Había localizado una vivienda en el barrio porteño de Recoleta que, según la escritura, pertenecía a la esposa de Sosa. Pensaron que podían encontrar allí al marino o, por lo menos, a su mujer.

Al principio creyeron que la pista no los llevaría a ningún lado. Los atendió un hombre joven, que dijo que le había comprado el departamento a Sosa hacía unos dos años.

-¿Sabe cómo encontrarlo? –preguntaron los policías.

-No, no lo vi más, no tengo ninguna relación –respondió.

Cuando los policías estaban por irse, el joven les preguntó:

-¿Por qué lo están buscando?

-Está acusado por la masacre de Trelew –le respondieron.

Y entonces ocurrió lo inesperado.

-¡Hijo de puta! ¡Yo tengo a mis padres desaparecidos! – casi gritó. Y les pidió que volvieran unas horas más tarde, que iba a revolver papeles para ver si podía darles alguna dirección,

El 15 de octubre de 2012 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativasEl 15 de octubre de 2012 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas

Cuando los policías volvieron el joven los esperaba con una dirección anotada en un papel: “Pueyrredón 1317, piso 3, departamento C”. Allí, les dijo, funcionaba la inmobiliaria Acher Salomón, donde había hecho la operación de compra del departamento.

Cuando la policía llegó al lugar, los atendió un hombre al que le preguntaron por Sosa.

-Es mi amigo. Su esposa trabaja acá – les contestó.

Delante de los policías llamó al marino y le contó lo que estaba pasando.

-Voy para allá – le respondió Sosa.

Minutos después llegó a la inmobiliaria y se entregó. Habían pasado 35 años, cinco meses y veinte días desde los fusilamientos.

Juicio y condenas

Terminada la instrucción, el caso fue elevado a juicio.

El 15 de octubre de 2012 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas.

El Tribunal absolvió a Rubén Paccagnini, para quien se habían pedido dos años de prisión, y a Jorge Bautista, acusado de encubrir los crímenes. El fiscal federal de Rawson, Fernando Gelves, manifestó su disconformidad con las dos absoluciones y dijo que las apelaría.

El 19 de marzo de 2014 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó las condenas a prisión perpetua de Sosa, del Real y Marandino. Anuló, además, las absoluciones de Paccagnini y Bautista.

Además, los jueces Liliana Catucci, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky calificaron por unanimidad los fusilamientos como “delitos de lesa humanidad”.

Mientras tanto, el exteniente Bravo había sido localizado en los Estados Unidos y se pidió su extradición.

El escurridizo Bravo

Durante muchos años no se pudo establecer el destino de Bravo después de los fusilamientos de Trelew. Por otra parte, nadie lo buscaba.

En 1973, antes de terminada la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, Bravo fue enviado como “agregado militar” a la Embajada Argentina en Washington. En los años siguientes recibió entrenamiento por parte del Ejército delos Estados Unidos en infantería avanzada, pathfinder y reconocimiento anfibio.

El barrio en Miami donde vivía el último fusilador de Trelew según mostró el diario Jornada de ChubutEl barrio en Miami donde vivía el último fusilador de Trelew según mostró el diario Jornada de Chubut

Se retiró de la Armada Argentina en 1979 para empezar a trabajar en una empresa de electrónica estadounidense. El 24 de marzo de 1980 recibió su estado de “residencia permanente” y algunos años después, el 1° de septiembre de 1987, se naturalizó como ciudadano de los Estados Unidos.

De ahí en más, hizo una importante fortuna.

En 1982, Bravo y su familia se trasladaron a Miami, donde el ex marino fundó su propia empresa, RGB Group Inc.; y también desempeñó como presidente y CEO de RLM Services; One Fountainhead Center y Stafford Bookbinding; así como de gerente de Miami Alliance. RGB Group fue su empresa más exitosa, convirtiéndose durante años en proveedora de servicios médicos para el Pentágono.

Las detenciones

En 2010, Bravo fue detenido por primera vez por la Justicia norteamericana mientras estudiaba el pedido de extradición de la Argentina para ser juzgado por la masacre de Trelew.

Ese pedido no prosperó y fue liberado, pero la reputación de Bravo sufrió un golpe durísimo y sus negocios se fueron a pique. En 2014 debió cerrar RGB Group porque la mayoría de sus clientes no quisieron trabajar con un acusado por delitos de Lesa Humanidad.

Durante los cinco años siguientes siguió librando una batalla judicial para eludir nuevos pedidos de extradición por parte de la Justicia argentina, hasta que en octubre de 2019 fue nuevamente detenido.

En esa ocasión, el ofrecimiento de una fianza para esperar la resolución judicial en libertad puso en blanco sobre negro la magnitud de la fortuna de Bravo.

Su abogado ofreció: un bono personal de un millón de dólares en efectivo más otro bono garantizado con propiedades de familiares y amigos por valor total de 4.327.000 dólares. El listado de propiedades ofrecidas como garantía era encabezado por la mansión de North Miami, valuada en 1,6 millón de dólares, propiedad de Bravo y su esposa, Ana María Giordano. También los bienes raíces de sus tres hijos varones: una propiedad ubicada en Cooper City, Florida, valuada en 527.000 dólares y propiedad de Fernando Bravo; otra a nombre de Pablo Bravo, en Tallahassee, Florida, que vale 297.000 dólares; y otra ubicada en Frederick, Colorado, valuada en 503.000 y propiedad de Andrés Bravo.

La extradición, hoy

Por estos días se desarrolla un nuevo proceso de extradición de Roberto Guillermo Bravo en los Estados Unidos, que está a la espera de que el juez interviniente, Edwin Torres, emita su sentencia.

En marzo de 2021 el fiscal de distrito de Miami, Florida, Jason Wu se pronunció a favor de la extradición.

En su informe, el fiscal descartó que lo ocurrido en la Base Naval Almirante Zar haya sido la represión de una fuga, consideró que fueron ejecuciones extrajudiciales y que, como tales, no pueden considerarse una excepción al tratado de extradición entre los Estados Unidos y la Argentina. “Estados Unidos no es un refugio seguro para los acusados legalmente de asesinato en masa en el extranjero, y esta Corte no debe proteger a Bravo de responder a sus acusadores por más tiempo”, concluyó.

Al escribirse estas líneas –49 años después de la Masacre de Trelew-, Bravo sigue viviendo impune y en libertad, pro ya no duerme tranquilo.

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ITALIA ESPERA LA RESPUESTA DE CHILE AL PEDIDO DE EXTRADICIÓN DE TRES REPRESORES DEL PLAN CONDOR

El gobierno de Piñera no ha sido propenso a extraditar a sus ciudadanos

Los militares Rafael Ahumada Valderrama, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Vásquez Chauan fueron condenados a perpetua por la desaparición y muerte de dos ciudadanos chilenos de origen italiano, Juan José Montiglio y Omar Venturelli.

Por Elena Llorente

Desde Roma

Pese al pesimismo de algunos familiares y abogados de las víctimas italianas del trágico Plan Cóndor, que tuvieron que luchar y esperar más de 22 años para que la justicia italiana emitiera en julio pasado una condena definitiva contra 14 de los acusados (3 chilenos y 11 uruguayos), Italia dio un gran paso que se conoció este fin de semana, pidiendo oficialmente a Chile el arresto provisorio y la extradición de tres militares condenados a cadena perpetua en Italia y que viven en libertad en Chile. En efecto, la ministra de Justicia de Italia, Marta Cartabia, firmó ese pedido que fue enviado a la embajada italiana en Santiago. Se trata del coronel Rafael Ahumada Valderrama, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el brigadier Manuel Vásquez Chauan (foto).

Las coordinación entre las dictaduras latinoamericanas de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Perú, hizo del Plan Cóndor uno de los más trágicos acuerdos multilaterales de la historia latinoamericana. Los servicios secretos de cada país no sólo intercambiaban información con los otros miembros del Plan Cóndor (y según algunas fuentes también con la CIA de Estados Unidos) sino que se ayudaban para encontrar a sus ciudadanos que perseguidos habían escapado de un país a otro. Los militares de un país podían entrar clandestinamente en otro, llevándose a los que secuestraban a un tercer país o al propio pero sin dar información alguna a los familiares. Los secuestrados generalmente eran llevados a centros clandestinos de detención, torturados, asesinados y enterrados en lugares distantes o tumbas comunes o tirados semidopados desde aviones militares al río de La Plata o al Atlántico. Los perseguidos no necesariamente eran guerrilleros o comunistas aunque eran acusados de serlo por el simple hecho de oponerse a las dictadura del propio país.

El pedido de la ministra Cartabia es el primero referido a los represores condenados en Italia por el Plan Cóndor. Se espera ver cuál será la respuesta de la justicia y del gobierno chileno, no muy propenso en general a extraditar a sus ciudadanos. En 2013, en efecto, Francia había pedido la extradición de otros militares condenados pero la justicia chilena la negó.

El 9 de julio pasado se conoció la sentencia definitiva de la Corte Suprema italiana contra los 14 militares y torturadores del Plan Condor, por la desaparición y muerte de 41 ciudadanos de origen italiano (cuatro chilenos secuestrados en Chile, once uruguayos secuestrados en Argentina y seis argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, más 20 uruguayos secuestrados en Argentina pero atribuidos sólo a Néstor Troccoli, miembro del servicio de inteligencia de la marina uruguaya que teniendo pasaporte italiano escapó a Italia pero ahora ya está en la cárcel).

Las condenas (por la desparición de dos ciudadanos de origen italiano) de los tres chilenos de los que se ha pedido la extradición, no estuvieron incluidas en la sentencia de la Corte Suprema porque – como se informó el 4 de julio- en la segunda de las tres instancias que tiene la justicia italiana, la Corte de Apelaciones, ya habían sido condenados a cadena perpetua y esas sentencias se hicieron automáticamente definitivas porque sus abogados nunca apelaron ante la Corte Suprema. Por que esta sentencia fue emitida en 2019 y los abogados no apelaron, el procedimiento de pedido de arresto provisorio y de extradición pudo ser emitido un poco más rápidamente, ya que se requieren numerosos trámites y pasos burocráticos para poder llevarlos a cabo. Se supone que la justicia italiana pedirá el arresto provisorio y la extradición de otros de los condenados, sobre todo si viven en libertad en los respectivos países . Aunque también, si por ejemplo no existen acuerdos bilaterales que permitan la extradición, podría pedir que los condenados en Italia al menos sean juzgados en sus respectivos países.

Las culpas de los tres militares chilenos

Los tres militares chilenos fueron condenados por la desaparición y muerte de dos ciudadanos chilenos de origen italiano, Juan José Montiglio y Omar Venturelli. Según las leyes italianas, aunque hayan nacido en otros países, los descendientes de italianos son considerados también ellos italianos. Montiglio era militante del Partido Socialista, miembro de la Guardia Presidencial conocida como GAP (Grupo de Amigos Personales del presidente), que fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio presidencial de La Moneda. Montiglio había sido un estudiante de biología que después se haber sido adiestrado en Cuba había entrado a formar parte del GAP. Montiglio estuvo junto al presidente Allende hasta el último momento, es decir, hasta que fue asesinado, el día del golpe de Estado orquestado por Augusto Pinochet, el 11 de setiemrbe de 1973. Montiglio fue llevado por los militares a un cuartel donde lo obligaron a escavar la propia fosa y lo fusilaron. Al parecer después tiraron allí una granada para que no quedaran rastros.

Venturelli, ex sacerdote condenado a divinis por el obispo local porque ayudaba a los mapuches a reocupar sus tierras, enseñó en la Universidad Católica de Temuco. Fue miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). El 25 de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente ante el regimiento Tucapel de Temuco, donde había sido citado. Al día siguiente fue trasladado a la Cárcel Pública de esa ciudad, donde fue visto con vida hasta el 10 de Octubre, fecha en la que se presume que fue asesinado y hecho desaparecer.

Los tres militares chilenos tienen varias causas abiertas en Chile pero los tres están en libertad aunque no pueden salir del país, según explicó la abogada uruguaya Analía Banfi, residente en Washington donde es investigadora de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Durante un zoom en ocasión de la condena a los tres chilenos organizado en julio pasado por 24marzo.it (la organización de derechos humanos que ha llevado adelante los procesos contra los militares latinoamericanos en Italia), la abogada contó que Ahumada Valderrama tiene en Chile una condena de primera instancia por dos uruguayos desaparecidos en Chile.

María Paz Venturelli, hija de Omar Venturelli, que vive en Italia, agradeció a 24marzo.it y a los abogados todos sus esfuerzos porque se movieron “cuando a nadie le interesaba nada del juicio Condor”, dijo en el zoom. “Pero todavía estamos en camino. Esta sentencia es una cosa importante pero es una pequeñísima parte en comparación con todo el mal que estos personajes hicieron a lo largo de su carrera”. Ella y su madre, pocos días después de la desaparición del padre, se refugiaron en la embajada italiana en Santiago y vinieron a vivir a Italia. Su madre, fallecida en 2012, empezó a trabajar por abrir un proceso en Italia en la década del 1990.

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PARA ENTENDER LA HISTORIA DESDE LAS AULAS

Lo hicieron 3 historiadoras docentes ¿Por qué arde Tucumán?, el libro que trabaja en las aulas la destrucción de ingenios azucareros que decretó Onganía

11 de los 27 ingenios  que funcionaban en 1966 en la capital de la provincia dejaron de funcionar por decisión del dictador. El libro aborda las nefastas consecuencias de aquella decisión, que se extienden hasta nuestros días.

Por Ailín Bullentini 22/08/2021
 “¿Por qué arde Tucumán?” es una iniciativa de las docentes de historia Silvia Nassif, Daniela Wieder y Ximena Rosich.
 “¿Por qué arde Tucumán?” es una iniciativa de las docentes de historia Silvia Nassif, Daniela Wieder y Ximena Rosich.

Como en el resto del país y en el resto del mundo, la pandemia obligó en Tucumán a reconfigurar los vínculos educativos, algo que complicó aún más una tarea que Silvia Nassif, Daniela Wieder y Ximena Rosich –docentes de Historia que se desempeñan en el nivel secundario, terciario y universitario–, se venían proponiendo hace tiempo en sus diferentes espacios de enseñanza: “Cómo hablarle al futuro tucumano de nuestro presente desde nuestro pasado”. El año pasado, la provincia estableció por ley la incorporación de historia local en la currícula de contenidos educativos. “Pero no hay material con el que trabajar. Existen investigaciones pero son difíciles de bajarlas al terreno: no cuentan con el lenguaje apropiado, son extensas por demás. Así que nos propusimos hacerlo”, sostuvo Nassif sobre la creación “¿Por qué arde Tucumán?”, un libro dedicado a trabajar en las aulas el cierre de ingenios azucareros que propició la dictadura de Juan Carlos Onganía entre 1966 y 1973 y que generó efectos económicos y sociales, así como conflictos, que se viven hasta hoy.

“En Tucumán no hay nadie que no esté vinculado o vinculada con la industria azucarera”, asegura Nassif en diálogo con PáginaI12 retomando una idea que plantean en el prólogo del flamante libro ella y sus compañeras de estudios y amigas. completa: “Siempre hay algún familiar o conocido que trabaja o trabajó para algún ingenio azucarero; que suele ver los cañaverales arder en invierno o alguna chimenea de algún ingenio abandonado en su paisaje cotidiano”.

En este 2021 se cumplen 55 años de la decisión con la que Onganía, en su mal llamada “Revolución Argentina”, y por decreto, destruyó un tercio de la industria que llegó a emplear a 100 mil tucumanos en su época de auge. Aquel decreto fue fechado el 22 de agosto de 1966. Ese día, desde hace algunos meses, fue nombrado “Día nacional de desagravio al pueblo tucumano por el cierre masivo de ingenios azucareros”, tras una ley avalada en el Congreso nacional.

“Hablar de qué le ocurrió a la provincia, a sus habitantes, a nuestras familias, cuando 11 ingenios de los 27 que funcionaban entonces en la ciudad capital y en cada pueblo a lo largo de la ruta nacional 38 –por la que desde Buenos Aires se ingresa a la provincia– dejaron de funcionar, tiene que ver con nuestra identidad, nos ayuda a comprender mejor nuestro presente”, apuntó la profesora que, al igual que sus colegas, contaba con esa intención desde hacía tiempo y se topaba con la falta de material donde apoyar el proceso de aprendizaje.

De esa necesidad nace “¿Por qué arde Tucumán?”, con especial dedicación a les estudiantes de secundario. Desde su diseño y propuesta visual “¿Por qué arde Tucumán?” persigue un objetivo primordialmente pedagógico. Cuenta la historia desde el texto, pero también desde las imágenes y las herramientas para trabajar el contenido que los acompañan: posibles actividades introductorias, viñetas que hacen zoom en palabras específicas, en personajes diversos y que traducen algunos hechos en historietas; mapas, cuadros comparativos. “Pensamos en los docentes pero sobre todo en los estudiantes, que son el futuro”, insistió Nassif.

La eliminación de la mitad de los puestos de trabajo que albergaba la industria azucarera a nivel provincial, la concentración de la producción en pocas manos, la explotación de los trabajadores que se mantuvieron en pie, la desaparición de pueblos enteros que vivían de esa actividad que nunca se reemplazó “y la catástrofe social terrible” que provocó el cierre de un tercio de los ingenios azucareros en la provincia es una de los ejes del libro que presentan mañana (lunes 23 de agosto a las 19) las autoras a través del canal oficial de YouTube de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.

El otro, y quizá el más jugoso, son las luchas obreras que se dieron para resistir. “Siempre creímos que era importante que se sepan las razones de la miseria que se vive en la provincia, que son consecuencias de aquella catástrofe que sigue teniendo implicancias en nuestro presente, pero también sobre la enorme fortaleza y resistencia del pueblo trabajador tucumano”. La comprensión de estas luchas permite analizar el territorio provincial dentro del mapa del país en aquellos años: “Aquella crisis despierta protestas de todo el sector obrero azucarero –con la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (Fotia) a la cabeza– que convierte a la provincia en uno de los focos de tensión social previos al Cordobazo”, indica la autora.

La “previa” de los azucareros preparó el terreno para los estallidos del Tucumanazo, en unos años más –1970/1972–. La represión voraz de la última dictadura cívico militar eclesiástica que llegó en 1976 lo deglutió todo. Son más de 350 los trabajadores registrados en la industria azucarera –de los no registrados no hay datos– los que fueron secuestrados y detenidos durante el terrorismo de Estado, incluido el 80 por ciento de la comisión directiva de Fotia. De ellos, más de la mitad permanecen desaparecidos. “Mi intención inicial, cuando comencé el doctorado, era estudiar los efectos de la dictadura en el sector obrero de Tucumán. Y no hubo nada que no me indicara que para entender ese proceso primero tenía que entender qué había pasado con el cierre de los ingenios”, confió Nassif.

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2 MILLONES DE PESO POR LA CAPTURA DE UN OFICIAL PROFUGO DESDE EL 2013

Esta prófugo desde el 22 de noviembre del 2013

Elevan a 2 millones de pesos la recompensa por Roberto Carlos Brunello, un ex teniente acusado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca

12.08.2021en
Lesa humanidad
El Ministerio de Seguridad de la Nación incrementó la suma a cambio de información que permita dar con su paradero. La información puede suministrarse en la línea teléfonica 134 o escribiendo a través de un formulario publicado en la página web de esa cartera.
El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que elevó a 2 millones de pesos la recompensa para quienes aporten datos útiles que permitan lograr la captura del ex teniente Roberto Carlos Brunello, con documento nacional de identidad número 7.699.908, imputado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca durante la última dictadura cívico militar, en la causa donde se investiga el accionar del V Cuerpo del Ejército.
De nacionalidad Argentino, nació el 23 de marzo de 1949 en la ciudad de Córdoba y su último domicilio conocido fue en “Las Brisas Country Club”, Carrión N° 480, unidad funcional N° 349 de Zelaya, en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires.
Actualmente, Brunello se encuentra con un pedido de captura nacional desde el 22 de noviembre de 2013, medida que fue reiterada el 5 de junio de 2018, por la presunta comisión de los delitos de lesa humanidad. Se le imputan los siguientes delitos:
Violación de domicilio, secuestro y aplicación de torturas a once víctimas;
Secuestro y aplicación de torturas, en relación a treinta víctimas;
Violación de domicilio, secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual en perjuicio de dos víctimas;
Secuestro, aplicación de torturas y ejercicio de violencia sexual, en relación a tres víctimas;
Secuestro, aplicación de torturas y homicidio en un caso, bajo la modalidad de desaparición forzada de persona.
La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca informó que Brunello prestó servicios en la Compañía Combate “My Keller”, perteneciente al Batallón de Comunicaciones 181, de la que varios de sus miembros y autoridades ya fueron condenados. El Batallón era la unidad encargada del Área 511 y para la época de los hechos que se investigan estaba orientada específicamente a la concreción de los secuestros, el sometimiento a cautiverio y la aplicación de torturas, que se cometían en las instalaciones del predio militar. Allí funcionaba también el centro clandestino de detención y tortura (CCDyT) “La Escuelita”.
La causa por la que se busca a Brunello centra su investigación en integrantes del Ejército, agentes de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos cometidos contra 174 víctimas.
La Unidad Fiscal explicó que la investigación avanzó respecto de otros imputados y que próximamente comenzará el juicio oral, en lo que se conoce como mega causa Zona 5. En ese debate, será la primera oportunidad en la que se juzguen delitos sexuales sufridos por una víctima que permaneció cautiva en el CCDyT que funcionó en instalaciones del Batallón de Comunicaciones, además de los secuestros, torturas y homicidios que sufrieron otras 56 víctimas.
Cualquier tipo de información sobre el paradero de Brunello puede brindarse de manera telefónica al número 134 o entrando en el siguiente link del Ministerio de Seguridad de la Nación: ¿Podés darnos algún dato de la persona que estamos buscando? | Argentina.gob.ar.
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ROBERTO GUILBERT

??No figura en la efeméride, pero un 17 de agosto de 1976 en la historia de sangre y dictadura de San Juan, asesinan al primer montonero en combate ROBERTO GUILBERT.
?…Con tan solo 25 años, tu voz apagaron y tu cuerpo torturaron;
Tu existencia fue vida intensa, es historia pura;
Sueño con verte luchar, charlar con vos;
Con entender tu ausencia y allí es donde comprendo;
Que siempre estuviste a mi lado!!!
❤Tu sobrina Lucia. HLVS!!!! ✌?✊?
Testimonios Eloy Camus (nieto) en su libro “Historia de víctimas del Terrorismo de Estado” cuando asevera que Roberto José Guilbert fue el primer montonero muerto en un enfrentamiento en San Juan, el 17 de agosto de 1976, cuando se quedó a proteger la retirada de sus compañeros al pie del monte Cerro Negro en la Rinconada, departamento de Pocito, lugar donde Montoneros tenía un importante campamento para preparar militarmente a los miembros del grupo. Según este testimonio, la resistencia que opuso Roberto cuando quedó sólo contra un importante número de efectivos del Ejército y la Policía, permitió que sus compañeros (la mayoría mujeres) contaran con el tiempo necesario para escapar por la Quebrada saliendo a Zonda.
NUNCA MAS!!!!!??