“Hacedores de memoria”, a diez años del primer juicio
Por Ailín Bullentini
En la Plaza de los Derechos Humanos del campo clandestino de la Armada.. Imagen: Verónica Bellomo
De frente y en alto, la fachada del edificio conocido como “el Cuatro Columnas” lleva el nombre “Escuela de Mecánica de la Armada”. De espaldas, esa construcción da a la plaza principal del lugar donde cerca de cinco mil personas estuvieron secuestradas durante la última dictadura cívico militar. Esa plaza rebautizada “Plaza de los Derechos Humanos” tuvo, ayer, un escenario y tres sillones. Dos estuvieron ocupados por sobrevivientes del centro clandestino y uno quedó vacío. “No, vacío no está”, dijo Néstor Fuentes, que pasó por el Casino de Oficiales entre octubre y noviembre de 1976. “En este sillón vacío estamos los cinco mil, los que logramos salir y los que no”, señaló desde el escenario. Fue uno de los pocos en hablar mirando a una audiencia que, desplegada en el patio, lo oyó emocionada, lo aplaudió conmovida. Fueron, en su mayoría, compañeros y compañeras de “historia, de determinación”, como se y les definió Noemí “Munú” Actis. Ella, Néstor y las decenas de ex detenides desaparecides que asistieron ayer al reconocimiento que el directorio del Espacio Memoria que funciona en la Esma les otorgó, sufrieron los crímenes de los represores, sobrevivieron, reconstruyeron aquellos días y lo contaron ante la Justicia y de cara a la sociedad.
“Hacedores de memoria” se llama el reconocimiento con el que el directorio del Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos que funciona en la Esma desde 2004, por decreto del presidente Néstor Kirchner, homenajeó a les sobrevivientes del centro clandestino por sus “aportes en la construcción de verdad y memoria sobre el terrorismo de Estado y sus consecuencias en el proceso de memoria, verdad y justicia”. La fecha fue especialmente elegida: esta semana se cumplieron diez años del primer fallo que condenó a represores por los crímenes de Estado en ese sitio.
Las cita les convocó a las 18.30 en la Plaza de los Derechos Humanos y el cierre fue la proyección de “Cazadores de utopías”, el documental en el que David “Coco” Blaustein recuperó muchas de sus historias. Fueron llegando con la caída del calor, se gritaban a la distancia a medida que se reconocían detrás del barbijo, revoleaban los brazos, se abrazaban, se tomaban de las manos. “Tanta alegría de volver a vernos”, se oyó por allí. Algunas, como Miriam Lewin, la “Negrita” García, la “China” y Ana Testa, llegaron juntas, venían desde el Museo Sitio de Memoria, donde participaron de la Visita de las Cinco. Otres, como Pilar Calveiro y Silvia Labayrú, vinieron desde México y España, respectivamente.
“Sabemos que este reconocimiento no es suficiente en comparación con todo lo que han hecho, construido y seguirán haciendo por su tenacidad”, opinó Guillermo Amarilla Molfino, representante de Abuelas de Plaza de Mayo en el directorio del Espacio Memoria. Fue él quien primero en la tarde definió el homenaje como “un abrazo colectivo”, que más tarde, sobrevivientes agradecerían “con el alma”. “Su tarea va a quedar para la historia porque sembró identidad y construyó familia”, continuó. Paula Sansone, compañera de Guillermo en Abuelas y en el directorio, agradeció la presencia de las decenas de sobrevivientes presentes y recordó a quienes, testigos del horror y testimoniantes desde su libertad, “hoy ya no están”: Alberto Girondo, Andrea Bello, Cachito Fucknan. Sara Solarz de Osatinsky, Thelma Jara de Cabezas, Víctor Basterra, Mario Villani, entre otres. La familia de Basterra, uno de los testigos principales en la Megacausa Esma, fue recocida al cierre del acto por la Legislatura porteña.
Antes de Néstor Fuentes, Ana “Rosita” Soffiantini, quien permaneció encerrada entre 1977 y 1978, reversionó en plural unos versos de “Como la cigarra”, de María Elena Walsh. “Tantas veces nos borraron, tantas veces desaparecimos, a nuestro propio entierro fuimos, solos y llorando. Hicimos ese nudo en el pañuelo que nos permitió después poder abrir la memoria”, recitó y agradeció “este hermoso abrazo que nos están dando, muy sentido, lo necesitábamos”.
PIlar Calveiro y Munú Actis coincidieron en lo grato del reconocimiento como un “abrazo”. “Este es el reconocimiento de los civiles, que se suma al de la Justicia. Me llega profundamente al alma”, sostuvo Munú, quien recordó que “no fue fácil sentarse a declarar, reconstruir lo que pasó acá adentro” ya que “se desconfiaba de nosotros porque estábamos vivos” y reivindicó “a los sobrevivientes que conozco a los que no conozco, a los que han declarado y a los que no han podido hacerlo. Si no pudieron es porque de alguna forma no han superado el salir de este lugar”. También agradeció a “los abogados, a los fiscales, a todos los que nos ayudaron a llegar ahí”. Mercedes Soiza Really, fiscal del juicio “Esma Unificada”, aplaudió desde la audiencia.
Calveiro estaba emocionada de haber podido cumplir con su objetivo de regresar a Argentina para encontrarse con “quienes compartimos esta situación de haber sufrido secuestro y torturas en Esma, de haber salido con vida, de haber recordo y testimoniado una, dos, tres, diez veces y abrazar a todos ellos”. Destacó que “cada uno en su lugar construye no una memoria, son muchas memorias, y todas aportan este proceso que es colectivo. Agradecida a todos y a cada uno, a toda esa pluralidad, a este colectivo”.
El acto cerró con el renombramiento de la calle Thorne –una de las laterales del Cuatro Columnas– como “19 de Marzo de 2004”, fecha en la que les sobrevivientes regresaron por primera vez al predio. Antes, subieron todos al escenario a descubrir la estatuilla que los reconoce como “Hacedores de Memoria”, y que quedará en el hall central del edificio para que el público la vea siempre. Y entonces se amontonaron, se rieron juntes, alzaron los dedos en V y gritaron fuerte que los 30 mil estarán presentes ahora y siempre.
Catalina De Sanctis: “Te cuento el horror de crecer con los asesinos de mis padres desaparecidos”
Virginia Nesi
A 45 años del golpe militar argentino, hay más de 300 niños secuestrados nada más nacer que aún no han conocido a su familia de origen. Solo saben quiénes son los padres “bárbaros” a los que se les ha confiado. Con motivo de la jornada por el derecho a la identidad, celebrada hoy en Argentina, una entrevista exclusiva con una nieta “retornada”. En un reportaje, dividido en tres etapas, la lucha ininterrumpida de las Abuelas de Plaza de Mayo por la justicia
Acerca las imágenes a la cámara, las mira antes de meterlas en la bolsa. “Esta es una foto de mi mamá, una fotocopia , cuando era niña me parecía mucho a ella”, dice. “Aquí está en la escuela, algunos compañeros no querían que los vieran”, agrega. Con el dedo señala pequeños trozos de papel que cubren las caras de dos alumnos. Quiere cuidar las fotografías que ha regalado para que no se arruinen, quiere buscar un lugar para guardarlas pronto para “tenerlas cerca”. Ella es Laura Catalina De Sanctis Ovando , 44 años, hija de desaparecidos , encontrada tras la investigación de las Abuelas de Plaza de Mayo., la organización no gubernamental creada en 1977 para buscar niñas y niños, ahora adultos, nacidos en cautiverio durante los secuestros de la dictadura militar (1976-1983), y luego entregados en adopción a parejas cercanas al régimen. Luego, el gobierno de facto llevó a cabo lo que los militares llamaron el “Proceso de Reorganización Nacional”, un plan basado en la política del terror para combatir la subversión. Más de 30.000 personas de todas las edades desaparecieron en Argentina . El país los llamó desaparecidos , los desaparecidos. Según lo informado por Nunca más, el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), se trata de hombres y mujeres “capturados, torturados y enterrados como no identificados o arrojados vivos al mar por aviones de la Armada en los denominados vuelos de la muerte “. Aún no se han encontrado los restos de muchos.
Miryam Ovando (tercera, sentada, abajo a la derecha) con sus compañeros de escuela, 1970/71
Los niños como botín de guerra
Aproximadamente 500 bebés han sido robados como “botín de guerra” y luego registrados como hijos legítimos de miembros de las fuerzas represivas. Ciento treinta el nipo que tú y tus nietas encontraste hasta ahora por las Abuelas. Las dos últimas datan de 2019. Las imágenes que Catalina nos muestra a través de Zoom representan los recuerdos de un pasado que le fue ajeno durante mucho tiempo. Durante al menos 30 años supo que era María Carolina Hidalgo Garzón , nacida el 15 de agosto de 1977 en el hospital militar de Campo de Mayo. Sin embargo, en su interior admite que había tenido dudas e incertidumbres sobre sus apropiadores desde que era niña.. Así llama a las dos personas que la criaron. “Les pregunté cómo era el embarazo porque no tenían fotos -declara-, me dijeron que nací siete meses, luego ocho”. Tiene veinte años cuando sospecha que no es su hija . Cuando ve una campaña de las Abuelas en la televisión , está casi segura de que es una nieta desaparecida . Pero le da miedo comprender, investigar.
La necesidad de conocer la verdad, el miedo a conocerla.
Catalina, 1983/1984
«El hombre que me crió me pareció perverso y pudo haber cometido esos actos de los que habla la gente – dice Catalina -. También me pregunté si podría haber violado a mi mamá . Me desprendí de todo, tarde o temprano habría descubierto la verdad, necesitaba saberlo, pero ese no era el momento ». Cuando habla de ello con la mujer que la crió, ella finalmente lo admite. Él le dice que es hija de personas consideradas subversivas: su padre había muerto en una pelea mientras sus abuelos no querían saber nada. Los apropiadoresmienten asegurándole que la salvaron. Si quería saber quiénes eran sus padres, ellos, los “padres adoptivos”, irían a la cárcel. El miedo a conocer la verdad paraliza a Catalina. Ella decide dejarlo ir. Entonces algo en su mente cambia: ” Me empezó a pesar señalarlos como padre y madre , la forma en que me exigían que los defendiera, tantos pensamientos me enfermaban”.
Campos de detención y tortura
Para entender bien el desarrollo de esta historia, retrocedamos en el tiempo casi medio siglo. Estamos en 1974. Raúl estudia antropología, Miryam estudia psicología. Son dos novios militantes de los Montoneros , una organización guerrillera vinculada al movimiento peronista. Dos años después, en 1976, el general Jorge Rafael Videla encabezó el golpe militar que derrocó a Isabelita Perón . Las redadas de casas contra los llamados subversivos están aumentando . Las personas objetivo son estudiantes, activistas, trabajadores, intelectuales, sindicalistas, periodistas. Hombres y mujeres que apoyan la justicia social, pensamientos políticos socialistas y comunistas.. El secuestro se convierte en el método de arresto de personas por “razones de seguridad nacional”. Raúl y Miryam deciden mudarse a otra casa. En abril de 1977, secuestraron a Miryam y la llevaron a un centro de detención clandestino . Está embarazada de seis meses cuando se enfrenta a la tortura militar. En mayo del mismo año también secuestran a Raúl. Cuatro meses después, Miryam, con la ayuda de un joven soldado, envía una carta a la familia informándoles que nació su hija: Laura Catalina. No sabes que han secuestrado a Raúl. Raúl nunca tendrá la certeza de haber sido padre.
Miryam Ovando y Raúl René de Sanctis Terré, nacidos en 1974. Desaparecidos en 1977
La fecha de nacimiento falsificada
Desde el día en que la separaron de su madre, Catalina tiene información vaga. “Yo debí haber nacido entre el 11 y el 15 de agosto, mi apropiadora dice que nací el 15 y me tomó el 22”, prosigue. En realidad , el 15 de agosto de 1977 es la fecha amañada en la que informan el día del supuesto nacimiento. Ella solo elige después de las 11 como fecha de nacimiento. En 1982 los abuelos denunciaron la desaparición de Miryam y Raúl a las Abuelas y, posteriormente, el grupo legal de las Abuelas a su vez interpuso denuncia en el Juzgado Federal N4.de la ciudad de Buenos Aires. Las denuncias se suman a llamadas anónimas advirtiendo sobre el secuestro de un niño. Mientras tanto, el caso en audiencia pública continúa. Un juez convoca a Catalina y luego llega la orden de llevarse algunos de sus objetos personales . “Primero me preguntaron si quería hacerme una prueba de ADN, pero no quería saber”, admite. La aterrorizaba saber la verdad, “asumir esa carga”. “Vinieron a mi casa y se llevaron un par de calcetines, un cepillo de dientes y algo de ropa interior”, dice. Es 2008 y los resultados del ADN confirman que es hija de desaparecidos . Mientras tanto, el Banco Nacional de Datos Genéticos , el primer banco creado en el mundoPara la recolección de datos genéticos, los abuelos de Catalina ya dejaron sus muestras de sangre. “ Tuve que distanciarme para darme cuenta de quién me buscaba, para darme cuenta de que mi apropiadora sabía que iban a matar a mi madre . Rompí el vínculo con ellos y me comuniqué con mi familia -continúa-. Los considero los asesinos de mis padres . Mientras habla, Catalina se toca el pelo varias veces, aparta la mirada de la cámara para encontrar las palabras adecuadas.
“Agradezco a las Abuelas”
Catalina, 1986
Cuando recupera su identidad, descubre que los abuelos que la buscaron ya están muertos. En 2010 conoció a su familia, solo dos años después recibió un nuevo documento con su nombre real. “Estoy agradecido con las Abuelas : si no hubiera sabido la verdad, hubiera sido una vida en vano. Me habría golpeado la cabeza contra la pared por tantos temas sin entender que en ese momento, la razón por la que me sentía perdido tenía que ver con la apropiación ». Vuelve por un momento en silencio. Lo que le duele ahora es la idea de no haber podido ser “la hija de sus padres”. «He sido de mis apropiadores , ese era mi papel», Especifica. Pero la búsqueda de la verdad aún no ha terminado para ella. Echa de menos recuperar los restos. “No sé si los encontraremos: el hombre que me crió, un oficial del servicio secreto, le dijo a mi socio que llamó a algunos de sus contactos para saber si habían volado el paquete “, especifica. El paquete al que se refería es su madre. El vuelo es el viaje aéreo en el que se subió a los secuestrados para ser arrojados al Río della Plata o al mar. Montaban gente, bajaban desaparecidos.
Negacionismo
Casi cincuenta años después de los vuelos de la muerte, muchos aún niegan o subestiman los hechos de ese período histórico. «Es un tema de actualidad no solo por las heridas de las víctimas , sino por la cuestión ideológica. El pensamiento de negación evoluciona constantemente y se aleja de la verdad ” , dice Catalina. El pasado todavía pesa sobre el presente. Las mentiras de las personas que la criaron contaminaron la verdad histórica y también su infancia. Su identidad la define como una construcción , algo que sigue moldeando a través de las elecciones diarias, “pero ahora puedo elegir quién quiero ser , si no hubiera sabido nada, hubiera tenido la ilusión de seguir siendo alguien”.al que le falta algo ». Cuando habla de la necesidad de comprender, Catalina se define a sí misma como una persona curiosa, ” no querer saber es negar “. Pero aceptar la realidad también provoca una herida profunda, difícil de nivelar, sobre la que se alternan capas de dolor con capas de coraje. Incluso hoy, cuando acude a los reconocimientos médicos y le pregunta si ha tenido en el pasado ciertos problemas de salud o enfermedades en su familia, responde que no lo sabe. «Digo que soy un sobrino” regresado “. Esto ya lo explica todo, no hace falta añadir nada más -admite-. Hay gente que teme que el pasado les cierre las puertas porque queda un prejuicio político ».
Raúl de Sanctis (el primero a la izquierda, con los brazos abiertos) con sus compañeros, 1973/1974
Catalina, 2021
Familia extendida
Catalina De Sanctis no se definiría como una persona fuerte, a decir verdad se siente “bastante débil”. Sin embargo, para ella, nacer de una madre esposada y torturada es un obvio acto de fuerza. Siente que tiene una tarea ahora: dignificar la vida, honrar a sus padres. Si al principio solo veía lo que le faltaba, ahora se centra en lo que tiene , “mucho y por suerte con alguien con quien compartirlo”. Sonríe cuando nombra a su compañero Rodrigo, su familia, amigos y personas con las que se encuentra. Pero en su familia, además de dos gatos y tres perros, también hay otros nietos recuperados . «Nos entendemos, sabemos lo que hemos vivido – dice Catalina – nos consideramos hermanos”. Aunque viven en diferentes provincias, organizan más reuniones a lo largo del año. Muchos colaboran con las Abuelas en la búsqueda de nietos desaparecidos. Trabajas en Conadi , la comisión nacional por el derecho a la identidad, en el área genética donde se reconstruyen los árboles genealógicos de grupos familiares en busca de desaparecidos . A su juicio, el de los nietos desaparecidos es un problema de mucha actualidad porque “tener nietos para encontrar significa que aún hoy se está cometiendo el crimen”.”. Entre los desaparecidos y desaparecidos se encuentran hombres y mujeres mayores de 40 años. La edad avanzada aumenta las dificultades para localizar a los niños robados durante el régimen. Recuperar tu identidad significa indagar en ti mismo, reflejarse en un pasado marcado por el sufrimiento. La de las abuelas de Plaza de Mayo es una lucha ininterrumpida contra el tiempo, pero “ahora nos toca a nosotros seguir buscando a los que faltan”.
JUICIO A LOS APROPIADORES DE LA HIJA DE MOYANO POBLETE. AUDIENCIA 17 / ABUELAS CONCLUYÓ SU ALEGATO Y EL PEDIDO DE PENAS
28-10-2021 | La querella de Abuelas de Plaza de Mayo, representada por el abogado Emanuel Lovelli y la abogada Viviana Beigel, concluyó su alegato. Solicitaron 15 años de prisión para Fernández, 13 para Garay y 10 para Luffi. La próxima audiencia es el jueves 11 de noviembre a las 11:30 y se espera que las defensas comiencen su argumentación.
El abogado Emanuel Lovelli retomó su alegato iniciado en la audiencia anterior, en la que quedó expuesta la materialidad de los hechos delictivos y también la calificación legal. Al ser considerados crímenes de lesa humanidad no prescriben y eso permite el juzgamiento actual. La sentencia de la causa conocida como “Plan sistemático”, dictada en 2012 por el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires, reconoce la sistematicidad de los delitos que aquí se juzgan.
El mismo fallo también detalla que los agentes que cometieron el delito actuaron en connivencia del plan represivo. No se exige un conocimiento detallado de todas las cuestiones relacionadas con el aparato organizado de poder, sino que basta con la simple representación de las cuestiones centrales de su actuación. Es decir, actuaron basándose en la impunidad que la dictadura les brindaría. Esto sucede incluso en el caso de la imputada: la sentencia de “Plan sistemático” condenó por apropiación también a Inés Susana Colombo, una mujer que no era integrante de las fuerzas armadas ni de seguridad, sino que era cónyuge de Víctor Alejandro Gallo. El hombre, excapitán del Ejército, sustrajo a un bebé hijo de personas desaparecidas
Alegato de Emanuel Lovelli
“Los delitos que sufrió Miriam comienzan con su propio nacimiento en la ESMA, alrededor del 10 de junio de 1977”, explicó Lovelli. Primero se produce el desapoderamiento de la niña por parte de su mamá y de toda la familia, legítima tenedora de su guarda. Luego se la traslada a Mendoza y se la inscribe como hija de Armando Osvaldo Fernández e Iris Yolanda Luffi, con la validación del acta de nacimiento que dan las firmas de Santiago Garay y Eduardo Smaha. Además, consignaron su fecha de nacimiento casi un mes después de la real.
Esta acción delictiva cesó por una acción externa a la voluntad de los agentes, que fue el resultado del estudio de ADN de Miriam. Las personas imputadas “durante cuarenta años renovaron la conducta dolosamente”, aseguró el abogado representante de Abuelas. Luffi y Fernández detentaron todos los roles que se les asignan a padres y madres: provisión de vestimenta, de alimentos, escolarización, etc. Su dedicación a Miriam no matiza en nada la conducta delictiva, “sino que la refrenda”: proyectaron sobre ella roles que usurparon y ella creció ensombrecida por una identidad que no era la propia. Quizás, con el tiempo, la acción delictiva se cometió por omisión de revelarle la verdad.
Pero la otra cara de la moneda de los crímenes sostenidos por los agentes es la búsqueda de su familia biológica. En su testimonio, Adriana Moyano relató cómo su padre recorrió todas las Casa Cuna en búsqueda de su nieta: por la información de las exdetenidas, buscaban a alguien que sabían que había nacido. Y si ella hubiera sido dejada en un lugar así, Francisco Moyano la hubiera encontrado.
En este punto, Emanuel Lovelli se detuvo y repasó algunas preguntas que se hacen, en general dirigidas a desacreditar a los organismos: por qué hubo sobrevivientes, por qué en el caso de Tortajada devolvieron a un bebé apropiado, por qué son 30 000. “La respuesta a eso la tienen los Fernández, los Garay, los Videla que pergeñaron el plan y nos deben explicaciones a la sociedad entera”, manifestó.
¿Por qué decidieron quedarse con Miriam?
En su declaración, Beatriz García aseguró que a ella y a muchas más personas del entorno de María del Carmen Moyano les inquietaba que su hija terminara en manos de un policía del D2. “El apropiador conocía a Pichona, su casa y su familia”, había dicho. Ana Montenegro, en consonancia, habló de esta apropiación en términos de perversión, del ejercicio burdo del poder al tratar a la niña como botín de guerra. ¿Por qué se quedaron con Miriam?
Esa pregunta, que se complementa con otras (por ejemplo, ¿por qué, si llegó a Mendoza, no la devolvieron con su familia?), tiene una respuesta clara para el abogado Lovelli: Miriam era una niña preciada porque era hija de una militante política que las fuerzas represivas —y el D2 en particular— acechaban desde el 75. El móvil no era satisfacer deseos de maternidad o paternidad sino que era una “motivación genocida”: buscaban interrumpir una cadena generacional, la línea ideológica de una generación mediante el traslado de Miriam —y tantos y tantas otras— a otro grupo que, en este caso, es el grupo genocida.
Como dijo la licenciada Lo Giúdice, “viven en un sistema de excepción sin saberlo”, se los y las extermina de un sistema de crianza, se los exilia de sí. Esta respuesta a la inquietante pregunta de por qué se apropiaron de Miriam demuestra “la elevada predisposición a cometer el hecho”, según palabras de Lovelli. Se refiere concretamente a la predisposición en fin de cumplir la acción desplegada por el aparato genocida.
Fernández era la cabeza de la inteligencia del D2 y eso es insoslayable. Para borrar cualquier intento de las personas acusadas de quitarse responsabilidad, el abogado interpeló a las partes con una analogía: “¿Qué pasaría por su cabeza si supieran que Etchecolatz se hubiera apropiado de una niña? ¿Qué hubiéramos pensado todos los aquí presentes? ¿Que no sabía, que no conocía su origen?”.
Lovelli repasó otros casos en los que bebés de las embarazadas que parieron en la ESMA terminaron en manos de la fuerza que las había llevado allí. Tal es el caso de Evelyn Bauer Pegoraro, apropiada, retenida y ocultada por el exmarino que había acechado a su madre, Luis Vázquez Policarpo, y su esposa, Ana María Ferra. Otro hecho del estilo es el de Juan Cabandié Alfonsín, apropiado por el policía Luis Antonio Falco, perteneciente a la Federal, que comandaba el centro clandestino de detención (CCD) a donde llevaron a su madre. Y un caso similar es el de Ezequiel Rochistein Tauro: su mamá fue vista en el CCD “Mansión Seré”, comandado por la Fuerza Aérea. A esa fuerza pertenecía el apropiador de su hijo, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, quien fue detenido el 9 de octubre de 2021, hace pocos días, tras permanecer veinte años prófugo.
Un camino totalmente diferente fue el que recorrió Jorge Castro Rubel, nacido casi en el mismo momento que Miriam. Luego de la sustracción de los brazos de su madre, Ana, lo dejaron en el Hospital Elizalde y fue apropiado por médico que trabajaba ahí. “Si con Miriam hubieran hecho lo mismo, quizás se hubiera acrecentado la posibilidad de encontrarla”, aseguró el abogado.
Luego, en su alegato, Lovelli se refirió a la inspección ocular que propusieron las partes acusadoras pero el tribunal rechazó. El descarte de la posibilidad de viajar a Buenos Aires fue por dimensionar el viaje desde Mendoza. Ese fue el recorrido que tuvo que hacer Miriam, “nada fue por error ni por azar, el destino estaba pensado”. Es decir, la negativa de viajar reafirma el planteo: “Si a nosotros, con las comodidades que tenemos, nos resultaba incordioso viajar a Buenos Aires, imaginen el estado de Miriam con menos de un mes de vida siendo trasladada de la ESMA a Mendoza”. La analogía del abogado se propuso “graficar lo espantoso que fue el viaje, vaya uno a saber acompañada por qué oficial para caer a las manos de Fernández”.
Con este repaso, Emanuel Lovelli aseguró que “Miriam estaba destinada a ser apropiada por el matrimonio Fernández-Luffi”. Sus hechos se adscribieron a la lógica represiva, más allá de si fue o no Fernández a buscarla a la ESMA. “La lógica genocida era que Miriam fuera con la familia Fernández. Pichona era a quien tenían en la mira y no les importó la situación de riesgo de Miriam”.
Las declaraciones indagatorias
Sobre las palabras de Armando Osvaldo Fernández al finalizar la etapa testimonial, Emanuel Lovelli se propuso hacer un análisis. “Fue una versión muy ofensiva” a las partes, al tribunal, pero sobre todo a Miriam, aseguró. Trató de “mentirle hasta el último momento”. Según esta versión, “tendríamos que suponer que aquel corredor de zapatillas había traído a Miriam desde la ESMA, que engañó a un agente de inteligencia”. Despectivamente se refirió a Miriam como un animal “sin marca ni seña”. Y también como producto de una trampa, de una “cama” que le habían hecho.
Otra reflexión mereció el silencio de Iris Luffi quien, ante “esas mentiras de su esposo no tuvo nada que decir”. De esa manera prestó consentimiento a esa historia y, además, se escudó en Miriam: “No hemos hecho nada malo”, dijo Miriam siendo la víctima. Sin embargo, nunca le dieron una explicación verdadera sobre su origen y su identidad. Decidieron continuar reteniéndola y ocultándola hasta que un hecho externo, 40 años después, puso fin a la incertidumbre.
“Tenían todo el aparato de inteligencia para poder averiguar de dónde había salido ‘ese animalito sin marcas ni señales’”. De hecho, una de las testigos aseguró que las mujeres secuestradas embarazadas durante la dictadura en Mendoza fueron solo seis: “Era indagar entre seis personas”, reafirmó Lovelli. Había herramientas para saber el origen de Miriam pero el matrimonio eligió la “ceguera voluntaria”. Es decir, miraron para otro lado durante tantos años con “la publicación del Nunca Más, la película La historia oficial, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, el caminar de Abuelas, los aportes argentinos a la Convención de los Derechos del Niño, las grandes manifestaciones a veinte años del Golpe…”. Miraron para otro lado porque “la representación de la procedencia de Miriam estaba hecha”.
Si bien no se pudo saber con claridad en qué momento preciso Miriam se enteró de que no era hija biológica de Fernández y Luffi, lo cierto es que no es responsabilidad de la víctima preguntarse por su identidad. Sin embargo, según declaró, planteó cierta incertidumbre en la adolescencia que nunca conmovió al matrimonio imputado. Luego se puso en marcha la denuncia y ella evitaba hacerse la pericia hasta que un día dijo: “No puedo seguir actuando como una delincuente que no soy. Estamos acorralados, hagámosle frente a lo que viene y vamos para adelante”. A raíz de esas palabras, Lovelli analizó que Miriam se sentía ocultada, justamente “la acción típica de la que ella era víctima”.
Un análisis de los testimonios
El abogado representante de la querella por Abuelas de Plaza de Mayo a continuación analizó los testimonios relacionados con las fuentes que originaron la denuncia por la identidad de Miriam. Respecto de Mariana Herrera Rubia, retomó la conocida frase de “en la familia Fernández hay hijos que no son hijos” y detalló: “Una pariente política lejana de Armando Osvaldo Fernández conocía esta situación”, al menos quince años antes de que se la encontrara. El tiempo suficiente para que su abuelo —Francisco Moyano— la conociera, ya que falleció en 2010.
Por su parte, Cintia Troncoso —pareja del hermano del cuñado de Miriam— se representó la idea de que alguna hija del matrimonio Fernández-Luffi fuera hija de personas desaparecidas. El origen de esa información fue Iris Luffi, según entendió Troncoso. Fue quien le dijo a su hija Stella que Miriam no era hija biológica del matrimonio, que la llevó el padre una noche y probablemente su papá y su mamá habían desaparecido.
El expolicía estaba preso por su participación en el aparato represivo. En paralelo, a la tía de la testigo —una mujer del barrio que tenía un negocio y le alquilaba la vivienda a la familia Fernández— le pidieron que, si preguntaban por él, dijeran que no lo conocía. Quizás tenían en cuenta la posibilidad de que la investigación apuntara al caso de Miriam. Además, Cintia Troncoso aseguró que cuando supieron que la habían citado a declarar, le hicieron llegar amenazas y comentarios para que se abstuviera de presentarse.
Por su parte, los hermanos Rodrigo y Fernando Sánchez —este último expareja de Stella Fernández— mencionaron, mediante un testimonio orquestado, que supieron “por las noticias, hace ocho o nueve años” que Fernández estaba preso “por el tema de la Miriam”. Sin embargo, en aquel momento, el exintegrante del D2 estaba siendo investigado por su participación en el aparato represivo y recién fue procesado por la apropiación en 2018. En las noticias, la restitución de la identidad de Miriam se conoció en diciembre de 2017 y se relacionó con la aparición de la hija de Pichona Moyano y Carlos Poblete, nunca en referencia a los apropiadores.
A los testimonios, Lovelli sumó los datos de dos personas que no declararon: Sofía Sande y Blanca Haydeé Bustos. La primera dijo, mediante un correo electrónico, que “aunque era doloroso para Miriam, era preferible supiera la verdad”. La segunda, en 1977 recibió la visita del matrimonio Fernández-Luffi con la bebé y al preguntar por ella, Iris dijo “es mía”. Como a la mujer le resultó extraño porque la pareja había tenido otro bebé hacía poco tiempo, le contó esta situación a Beatriz García, amiga de Pichona, a quien conocía de la escuela en la que trabajaba.
Pedido de penas
Viviana Beigel realizó el pedido de penas para las tres personas imputadas. Sobre Armando Osvaldo Fernández, remarcó su participación activa en la llamada lucha antisubversiva y su desempeño como parte del aparato represivo, como también en la concreción de los operativos. Para el hombre formado en inteligencia contrasubversiva, solicitó la pena de 15 años de prisión.
Santiago Abelardo Garay también tuvo participación en el accionar represivo del aparato estatal pero, al no haber “usurpado el rol de padre”, la querella solicitó 13 años de prisión. Sobre Iris Yolanda Luffi pesa el agravante de su participación en el pacto de silencio genocida, del cual se valió para sostener la retención y el ocultamiento durante cuatro décadas y eso prueba su dolo directo. Conoció el origen de Miriam “desde el primer momento”, aseguró Beigel, pero tiene el atenuante de que no perteneció a las fuerzas y se resguardó en la conducta de su marido e, incluso, quizás no lo interpeló por sumisión. Para ella, solicitaron 10 años de prisión.
En los tres casos se pidió que, de ser posible, el cumplimiento de la condena se realizara en cárcel común. Además, la querella planteó la necesidad de declarar a María del Carmen Moyano como víctima de violencia de género y a la familia biológica, de delitos de lesa humanidad ya que la apropiación es un delito pluriofensivo.
La abogada agradeció a la agrupación HIJOS, a la Comisión Hermanos, a Abuelas de Plaza de Mayo y a la fiscalía. Interpeló a personas imputadas y a otras relacionadas a romper el pacto genocida: “Digan dónde están las nietas y nietos que nos faltan”. Antes de concluir, se dirigió indirectamente a la víctima principal de este juicio. Apuntó a que el camino de justicia la empoderara: que “esos pocos días en que Miriam estuvo en brazos de su madre resurjan y vuelvan a la memoria de Miriam para que pueda abrazar su historia, su identidad y reencontrarse con su verdad”.
La próxima audiencia será el jueves 11 de noviembre a las 11:30.
DESAPARECIDxS Y ASESINADxS DE Y EN MENDOZA ENTRE 1971 Y 1983
Este listado ha sido elaborado desde 2015 por equipo del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 de Mendoza, cotejando
información y listados elaborados previamente por organismos de derechos humanos, por la referenta Susana Muñoz y por el Registro
Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La sistematización fue realizada con apoyo del Proyecto de investigación “Territorios de la Memoria” y de las prácticas socioeducativas de la carrera de Sociología, ambas instancias de la UNCuyo. Actualmente sigue su ampliación a través del equipo de trabajo “Trayectoriasde vida”.
Este listado es -será por largo tiempo, o tal vez por siempre- preliminar; sujeto a modificaciones en base a nueva información que surja de diversos ámbitos: familiares, compañerxs, nuevas denuncias, datos obtenidos en juicios por delitos de lesa humanidad, entre muchos otros.
Por este motivo, solicitamos utilizar este registro citando siempre fuente y aclarando la fecha de última actualización, dato que consta al pie de página.
Si tenés más información que amplíe o modifique datos consignados en este listado,o imágenes relativas a estxs compañerxs y su época, podés comunicarte a espacio.memoria.mendoza@gmail.com y los Derechos Humanos exD2 de Mendoza, cotejando información y listados elaborados previamente por organismos de derechos humanos, por la referenta Susana Muñoz y por el Registro Unificado de Víctimas del DESAPARECIDxS Y ASESINADxS DE Y EN MENDOZA ENTRE 1971 Y 1983
Este listado ha sido elaborado desde 2015 por equipo del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 de Mendoza, cotejando información y listados elaborados previamente por organismos de derechos humanos, por la referenta Susana Muñoz y por el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La sistematización fue realizada con apoyo del Proyecto de investigación “Territorios de la Memoria” y de las prácticas socioeducativas de la carrera de Sociología, ambas instancias de la UNCuyo. Actualmente sigue su ampliación a través del equipo de trabajo “Trayectorias de vida”.
Este listado es -será por largo tiempo, o tal vez por siempre- preliminar; sujeto a modificaciones en base a nueva información que surja de diversos ámbitos: familiares, compañerxs, nuevas denuncias, datos obtenidos en juicios por delitos de lesa humanidad, entre muchos otros.
Por este motivo, solicitamos utilizar este registro citando siempre fuente y aclarando la fecha de última actualización, dato que consta alpie de página.
Si tenés más información que amplíe o modifique datos consignados en este listado, o imágenes relativas a estxs compañerxs y su época, podés comunicarte a espacio.memoria.mendoza@gmail.com http://www.espaciomemoriamendoza.com/…/Listado-para-web… de Estado (RUVTE) de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La sistematización fue realizada con apoyo del Proyecto de investigación “Territorios de la Memoria” y de las prácticas socioeducativas de la carrera de Sociología, ambas instancias de la UNCuyo. Actualmente sigue su ampliación a través del equipo de trabajo “Trayectorias de vida”.
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JUICIO A LOS APROPIADORES DE LA HIJA DE MOYANO POBLETE. AUDIENCIA 16
AUDIENCIA 16 / LOS ALEGATOS DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO
Publicado el 23 octubre, 2021 Por colectivo juicios mendoza
22-10-2021 | En el día Nacional por el Derecho a la Identidad, iniciaron sus alegatos por la apropiación de Miriam Viviana Beigel y Emanuel Lovelli. Beigel desarrolló la historia de persecución de “Pichona” Moyano, analizó las declaraciones de los policías imputados y desarrolló una extensa revisión de la apropiación como delito de carácter sexo-genérico. Lovelli profundizó en las calificaciones legales, el delito internacional de genocidio y los puntos en común entre la apropiación y la desaparición forzada. La próxima audiencia será el 5 de noviembre a las 9:30.
La fecha del alegato de la querella no solo coincidió con el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, sino también con el cumpleaños de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo y los 44 años desde la fundación de esta asociación civil. La abogada Viviana Beigel saludó especialmente a Estela Barnes de Carlotto y a “todas estas mujeres que a lo largo de los años sostuvieron esta búsqueda”.
Militancia y persecución de “Pichona” Moyano
Beigel ofreció una semblanza de María del Carmen Moyano desde su infancia y citó fragmentos de la declaración de su hermana Adriana, para quien “Pichona” era “un ser de luz”. La abogada destacó el compromiso social y político de María del Carmen con poblaciones vulnerables del barrio San Martín y el Campo Pappa, así como su militancia en Montoneros. Pichona estudiaba Farmacia junto a Beatriz García y Juan Basilio Sgroi, con quienes integró la Juventud Peronista 17 de Noviembre (JP 17).
Posteriormente trabajaron en la Dirección de Tránsito y Transporte. En esta repartición realizaba su tarea de infiltración Oscar Simone, personal civil de inteligencia (PCI) del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército, actualmente investigado en el noveno juicio de la provincia. También fue empleado el imputado Santiago Abelardo Garay. Según el testimonio de Beatriz, Pichona sufrió a fines del 74 o principios del 75 un secuestro mientras esperaba el micro a la salida del trabajo, ocasión en la que fue violentamente golpeada y arrojada a un descampado. En esta época, recordó la testigo, ya operaban los comandos paraestatales.
Audiencia 16
La abogada mencionó la persecución que sufrió la familia Moyano desde 1974, ampliamente probada en el debate, hasta el secuestro y la desaparición de María del Carmen en 1977. Recordó que luego de un acto relámpago en la rotonda del avión, en abril de 1975, la joven fue forzada a pasar a la clandestinidad y, por la misma razón, se trasladó a San Juan, donde conoció a Carlos Poblete, importante dirigente de Montoneros en esa provincia. De acuerdo a los expedientes relevados por infracción a la ley 20840, Pichona había sido identificada por personal de la Comisaría Séptima, de la Dirección de Investigaciones (D6) y de los Departamentos de Antecedentes Personales (D5) e Informaciones (D2) de la Policía de Mendoza.
Este último, donde trabajaba Fernández como agente de inteligencia, había ordenado el allanamiento del 4 de abril de 1975 en su vivienda. Beigel destacó que Francisco Moyano, padre de Pichona que fue detenido en ese operativo, “era retirado de la Policía, había sido oficial ayudante y había prestado servicios en la dependencia Comunicaciones. Y esta circunstancia no es menor, dada la repercusión que puede haber tenido que se detuviera a un policía retirado por supuesta participación de actividades subversivas”, aunque el objetivo manifiesto de la detención era conseguir que Pichona se entregara. Como Francisco sabía lo que sucedía en el Palacio Policial, hizo llegar un mensaje a su hija para que no lo hiciera. No es posible que el imputado, con dos condenas a perpetua en juicios previos y un rol central en la coordinación de la inteligencia de la provincia, desconociera los procedimientos y las seis órdenes de captura emanadas del D2 contra Pichona, insistió la querellante.
Alega Viviana Beigel
A principios de 1977, previo paso por Mendoza y por San Juan, la pareja Moyano-Poblete fue secuestrada camino a Córdoba. Adriana Moyano relató en el juicio las circunstancias de esa última visita a Mendoza, ocasión en la que su hermana se realizó un control médico por su embarazo. La pareja fue conducida al Centro Clandestino de Detención (CCD) La Perla. Teresa Meschiatti declaró que en este CCD había un oficial mendocino “Vega” o “Vergara”. “Perfectamente personal de otras jurisdicciones podía presentarse en Córdoba o en la ESMA”, destacó la abogada.
De allí fue retirado Carlos con destino incierto. A María del Carmen la mantuvieron con vida en la ESMA hasta que dio a luz a una niña. Pocos días después del nacimiento la bebé fue apropiada y “Pichona” fue desaparecida. Los testimonios de las sobrevivientes de la ESMA refirieron las precarias condiciones de detención de las embarazadas en dicho CCD y el episodio de ese parto en la enfermería del Casino de Oficiales, descripto por Ana María Martí como “el infierno”. La sentencia de la causa “Plan sistemático” acreditó estos hechos y la búsqueda de su familia, recordó la abogada.
La verdad sale a la luz
Beigel retomó las declaraciones de Cintia Troncoso, Rodrigo Sánchez y Fernando Sánchez en este juicio, que confirmaron la voluntad del matrimonio imputado por ocultar la verdad sobre el origen de Miriam. También demostraron la complicidad de otros integrantes de la familia en la mentira, concretamente de Stella Fernández. Mencionó luego las denuncias de la agrupación H.I.J.O.S. y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) que motorizaron la investigación judicial para determinar la verdadera identidad de la víctima.
Miriam declaró dos veces durante el desarrollo del debate y explicó que las dudas sobre su origen aparecieron en la adolescencia, momento en que interrogó a Fernández. Con Luffi casi no habló del tema porque “entendía su silencio”. La abogada calificó de “pacto genocida” esta actitud de la imputada” y destacó la situación de culpa que vivió la víctima cuando el análisis de ADN era inminente. “¿Cuántas versiones de su origen habrá recibido Miriam durante toda su vida?”, se preguntó la representante de Abuelas. Según Adriana Moyano, su sobrina sabía de su apropiación desde 2012.
El alegato continuó con un repaso por las declaraciones “manipuladoras” y “mentirosas” de Fernández y Garay que resultan “absolutamente inverosímiles” para dos policías del D2, fundamentalmente el relato de “la cama” que le habrían tendido a Fernández sus propios colegas. Destacó algunos elementos de esa mentira que transparentaron lo que Armando Fernández efectivamente sabía y pensaba de Pichona. En palabras de Ana María Martí, la madre “era un envase que había que eliminar”. Por su parte, la apropiación quedó clara cuando caracterizó a Miriam como “un animal sin marcas ni señales”: “Para ser el dueño de un animal es necesario ponerle una marca y una señal. Eso fue lo que hicieron Fernández y Luffi. Le pusieron una marca y una señal”, sintetizó la abogada. Para la inscripción “se buscó a dos represores del D2, y así se apropió de Miriam, en patota”, sostuvo Beigel.
La apropiación como práctica genocida desde una perspectiva de género
“Acá no estamos juzgando cómo se trató a Miriam durante su infancia. No se está discutiendo si (…) fueron buenos en este ejercicio usurpado de las funciones de padre y madre. No estamos analizando si la familia en términos tradiciones que falsamente conformaron fue una buena familia”, aclaró la querella. “Estamos ante uno de los delitos más aberrantes que se cometieron en el plan genocidio (…) al pretender borrar la identidad de quien debió pertenecer un grupo y fue educada con las ideas del genocida”, introdujo la abogada.
Mencionó a continuación las “prácticas preparatorias” que el sociólogo Daniel Feierstein detalla para el delito de apropiación, el parto en cautiverio y el despojo de la niña, que impactaron en la reformulación de las relaciones sociales de la comunidad. La realización simbólica del genocidio, agregó, se comprueba en la forma en que Miriam narra el hecho traumático que vivió.
Beigel se refirió a la apropiación como una de las manifestaciones de la “desmaternalización, práctica represiva con carácter sexo-genérico” que buscó atacar la maternidad de las “militantes subversivas”. De acuerdo a la querellante, para comprender la “real dimensión de lo ocurrido” es necesario analizarlo desde una perspectiva de género. Por esa razón, explicó que el aparato represivo construyó la idea de las militantes políticas como mujeres desviadas de los roles tradicionalmente asignados a su género. Al alimentar las representaciones sociales de las mismas en tanto “locas”, “malas madres” o “prostitutas”, los responsables del genocidio justificaron su aniquilamiento.
Del mismo modo, los ataques sexuados buscaron “destruir las subjetividades” de las mujeres y se insertaron “dentro de la lógica de las asimetrías entre géneros sexuales”. Para disciplinarlas se diseñaron métodos represivos diferenciados. María del Carmen, como representante de una generación de mujeres que desafió los lugares históricamente asignados, sufrió las diversas formas de la desmaternalización practicadas en cárceles y centros clandestinos: tortura psicológica vinculada a la familia, distanciamiento de sus hijos y sus hijas y, en este caso, la sustracción de la recién nacida.
Las mujeres transgresoras no merecían ni debían maternar. “Los nacimientos en cautiverio y la apropiación de bebés fueron la forma de desmaternalización sistemática más violenta”, consideró la abogada. Pichona fue sometida a “la situación más extrema de violencia obstétrica”, tal como narraron sus compañeras de la ESMA, pero los genocidas se atribuyeron además “el poder de reorganizar ilegalmente los vínculos parentales mediante la apropiación de hijos e hijas de los oponentes políticos y su posterior distribución en otros sectores de la sociedad afines a ellos”, argumentó. El carácter sistemático y generalizado de esta práctica durante el terrorismo de Estado determinó que todos los tribunales nacionales la reconocieran como delito de lesa humanidad.
Para Beigel, al apropiarse de Miriam, el matrimonio Fernández-Luffi buscaba detener la “reproducción social de la subversión”, evitar la herencia de su madre y la posible venganza de los hijos y las hijas de sus víctimas. Por último, se refirió a los antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales para la consideración de esta figura en tanto delito de lesa humanidad cometido en el marco de un genocidio.
Lovelli desde la ex-ESMA, el lugar que vio nacer a Miriam
A continuación, intervino el abogado Emanuel Lovelli, también representante de la querella por Abuelas de Plaza de Mayo. Lovelli expuso su alegato desde las oficinas de la ex-ESMA —hoy refuncionalizada como sitio de memoria—, “el lugar donde nació Miriam y de donde fue arrebatada de los brazos de su mamá”. Estuvo acompañado por Adriana Moyano, hermana de Pichona. Antes de entrar de lleno a su argumentación saludó especialmente “a Miriam y a Maxi”.
Con respecto a la calificación legal, detalló que las conductas que se les endilgan a las personas imputadas son la retención y el ocultamiento de una menor de diez años, la supresión de su estado civil y la falsedad ideológica. “Esa figura —puntualizó— podría ser modificada bajo la figura de desaparición forzada de personas”. Sin embargo, no se les ha atribuido la responsabilidad penal de la sustracción, que sería la “acción típica” de inicio de la desaparición forzada. Citó, en este punto, a distintos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Emanuel Lovelli
Lovelli se explayó: “Teniendo un reproche penal que no abarca el primer tramo de la conducta, nos parece que pretender endilgarle la desaparición forzada no estando la sustracción podría llegar a tener un límite muy fino con la variación de la plataforma fáctica y eso choca con el principio de congruencia”. Más allá de esto, sostuvo que lo sucedido con Miriam fue una desaparición forzada agravada.
Respecto del delito descripto en el artículo 146 del Código Penal, el abogado explicó que es solo la sustracción la que se tiene que cometer antes de los diez años de la víctima. La retención y el ocultamiento se pueden perpetrar incluso después de esa edad y, además, pueden ser cometidas por agentes distintos a quienes realizaron la sustracción. Agregó: “No tenemos dudas de que Fernández sustrajo a Miriam, pero no es hecho de este debate”.
Por otra parte, retener es mantener a la víctima alejada del círculo que legítimamente debió haber ejercido tareas de cuidado y responsabilidades parentales. Esta figura también pena a quien retiene a una persona menor de diez años, aunque no la haya sustraído, manifestó Lovelli. Y apuntó contra lo que dijo Armando Osvaldo Fernández en la “fábula” que inventó en su ampliación indagatoria: “Un niño perdido no es un animal a marcar y a señar”, sino que el Estado debe asignar roles de cuidado.
La retención y el ocultamiento “son situaciones permanentes” y quienes cometen el delito renuevan su dolo —su intencionalidad— hasta que un hecho determinado le pone fin. En el caso que se analiza en este juicio, ese hecho fue la pericia de ADN que se realizó Miriam en 2017 y reveló su filiación con la familia Poblete-Moyano. El delito previsto por el artículo 146 del Código penal es pluriofensivo: la víctima principal es la menor de diez años —en este caso, Miriam—, pero también quienes tenían su legítima custodia. Ella no pudo ser criada por quienes el Estado y la ley indican.
Este delito complejo se concreta con la acción de hacer incierto, alterar o suprimir el estado civil de una persona menor de diez años, un delito de consumación instantánea. Según palabras del abogado de Abuelas, el bien jurídico protegido —el estado civil— incluye “la identidad de la persona con toda su complejidad, asociada al nombre, a la imagen, a marcas indisolubles de las personas, y se va completando a lo largo de toda su vida“.
Por último, se registró la confección de un acta de nacimiento fraguada, con la rúbrica de Smaha y Garay como testigos del hecho. Eso llevó a responsabilizarlos por la falsedad ideológica de un instrumento público que sirvió como medio para llevar adelante la apropiación de Miriam. De hecho, más allá de la historia que Garay contó en su indagatoria, también reconoció su firma en el acta de nacimiento. La constatación de estos dos policías hizo que no necesitaran siquiera buscar un médico o médica: “No tuvieron ningún reparo en ser los testigos falsos de ese nacimiento”.
El abogado Emanuel Lovelli también solicitó al tribunal que encuadrara los crímenes juzgados en el marco del delito internacional del genocidio. Fundó el pedido en el hecho de que la República Argentina aprobó en 1968 la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En ella se define al genocidio como los crímenes —matanza, lesión grave, sometimiento, impedimento de nacimiento y traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro— perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
Si bien el grupo político —como fue en el caso argentino— no está explícitamente protegido por la convención, Lovelli lo entendió como una parte del grupo nacional. Es decir, el aparato genocida intentó destruir parcialmente al grupo nacional. Los decretos de aniquilamiento del 75, dictados para perseguir y aniquilar el accionar subversivo, son la base sobre la que se fundamentó el accionar represivo.
“No tener en cuenta los grupos políticos sería entrar en lo que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos llama ‘categoría sospechosa’”, determinó el abogado. Es una “discriminación sospechosa” de ser inconstitucional y anticonvencional. Esto no se cuestionaría si el ataque sistematizado se diera contra personas con discapacidad o con determinada orientación sexual. Apeló al sistema de justicia para que ampliara los grupos de protección. “Lo que determina el genocidio no es lo que prevé la convención sino el espíritu genocida”, concluyó Emanuel Lovelli.
El caso de este juicio se enmarca plenamente: María del Carmen Moyano fue perseguida, secuestrada y desaparecida luego de dar a luz en la ESMA. A Miriam la trasladaron al grupo genocida. Para consumar este crimen, no hubiera importado si su destino hubiera sido otro, pero en este caso era el grupo genocida. Como Fernández y Luffi ya tenían hijos, la excusa del “deseo irrefrenable de ser padres” no tiene lugar.
“No había deseo de paternidad sino de discontinuar una generación, de discontinuar una generación política, de discontinuar lazos familiares”, afirmó el abogado representante de Abuelas de Plaza de Mayo. El accionar de las personas imputadas se asemeja más a un acto aleccionador: sacaron a Miriam de su grupo de pertenencia familiar, social e ideológica para llevarla al grupo genocida, como parte de la intención ideológica de la destrucción de su grupo.
Al final de la jornada, Emanuel Lovelli solicitó terminar su alegato en la próxima audiencia. En ella se referirá a la participación de las personas procesadas en referencia a los artículos del Código Penal, a la renovación del dolo, a la conducta jurídica y al grado de participación.
LA SESION COMPLETA
La próxima audiencia será el viernes 5 de noviembre a las 9:30.
El docente, investigador y escritor Reynaldo Castro presentó la tercera edición ampliada del histórico libro jujeño. Lo hizo en la Primera Feria Regional del Libro, organizada por la Municipalidad de La Quiaca.
Por Maira López
13 de octubre de 2021 – 11:13
El lunes último concluyó la Primera Feria Regional del Libro, organizada por la Municipalidad de La Quiaca, y el espacio se convirtió en un escenario de revindicación y manifestación de la historia jujeña.
Un ejemplo de ello, fue la participación del docente, investigador y escritor Reynaldo Castro, que presentó la tercera edición ampliada del libro “Con vida se lo llevaron. Memorias de madres y familiares de detenidos desaparecidos de San Salvador de Jujuy, Argentina”.
Castro dialogó con Salta/12, y contó que la nueva edición se realizó en abril de este año, a través de 500 armas, editorial que representa un contra-homenaje al gobernador Gerardo Morales, quien dijo que en el barrio Alto Comedero la Tupac Amaru tenía escondido un arsenal con 500 armas. Además, reiteró en la Feria del Libro, que también se creó una versión digital, “que circulará libremente para todos y todas”.
El libro, reúne el testimonio de familiares de detenidos desaparecidos de la provincia junto a las declaraciones dichas en el Juicio a las Juntas, las memorias que quedaron grabadas en el Nunca más y los recuerdos marginales que estuvieron a punto de diluirse, las solicitudes de paraderos, los hábeas corpus, algunos poemas, un puñado de canciones de la época y textos que vienen de otras páginas, explicó el escritor.
Para Castro, la liberación del material no es una novedad, porque es algo que sucedió con la primera edición, en 2004, momento en el cual la Asociación de ex Presos Políticos de Jujuy le pidió escanearlo y hacerlo circular. Después de ese pedido, “me puse a pensar que era una cuestión saludable”, ya que allí se reflejaban “memorias que han estado tapadas”, incluso por los propios sobrevivientes, que por miedo, decidieron no hablar por muchos años.
En ese sentido, afirmó que lo registrado son “memorias victoriosas”, que nacieron de un grupo que logró reunirse, articular luchas y desafiar a la dictadura. “Son memorias ejemplares que merecen ser difundidas, sobre todo, por las actuales luchas”. El escritor realizó una comparación con el presente y puntualizó en la alta tasa de femicidios que vive la provincia gobernada por el radical Morales.
Sostuvo que lo vivido en la actualidad también habla de un sometimiento y violación de los derechos; que en este caso, es visibilizado por la militancia y lucha de las mujeres jujeñas. Castro consideró que es preciso unir las memorias de aquel tormentoso pasado, con lo que sucede hoy, para “que las víctimas y familiares de las chicas también puedan organizarse y ser mucho más solidarios”, en ese transitar impuesto.
Además de reconocerse como un libro “objeto de memorias”, Castro también afirmó que es un “libro de combate”, que dialoga con otro de sus escritos: Cómo hacer identidades con las memorias (2016). Y que para fines de este año, lo hará con Tejer con hilos rotos: Terrorismo estatal en Jujuy, que incluye trabajos que reflexionan sobre cómo la dictadura se niega a pasar.
El autor insiste en dos cuestiones en esta nueva edición. La primera, en seguir convocando a personas que tengan algún dato, documento o información, que puede ser enviado al mail convidalosllevaron@gmail.com. La segunda cuestión, es pedir por la circulación del escrito, “para que estas memorias sean conocidas por personas que no vivieron en aquellos tiempos difíciles, para que todos y todas tengan la posibilidad de escuchar las voces que vienen del pasado y reclaman justicia”.
“Así como es imposible recordar todo; nadie puede borrar íntegramente el pasado. Ahora, con esta edición digital, tenemos un nuevo reservorio para este legado y también una plataforma que hará más fluida la transmisión de memorias. Un libro libre”, manifestó el docente universitario. Quien desee leerlo, puede hacerlo desde aqui
Con la edición online, que contiene 465 páginas, también se hizo una edición gutenbergniana, con el diseño de tapa de Remo Bianchedi, la edición de Gabriela Letizia y una excelente encuadernación con hojas pegadas y cosidas.
“La historia también pasó por acá”
Si bien el libro vio la luz en 2004, toda su producción se dio mucho tiempo antes, y de la mano de su maestro, Andrés Fidalgo. El ensayista, poeta y abogado defensor de presos políticos, lo llamó para un primer trabajo vinculado a los derechos humanos, que concluyó con la publicación de su libro Jujuy, 1966/1983, que sirvió de “plataforma” para el libro de Castro, que para ese entonces, fue contratado como secretario.
“Ahora entiendo que no me necesitaba, sino que él intuyó que yo podría escribir un libro como el que hoy nos convoca. Me pagó un buen sueldo, mes a mes, para enseñarme a escribir sobre la memoria”, dijo Castro en el acto de presentación de la primera edición, realizado en el salón Auditorium del Ministerio de Bienestar Social de Jujuy, un 23 de marzo de 2004.
El escritor no se cansa de destacar que el libro representa una construcción colectiva de la historia jujeña. “Siempre estamos acostrumbrados a que los grandes hechos y acciones, suceden en las grandes ciudades, alejadas, pero nunca en las nuestras”, confesó. Esa idea, le fue derrumbada gracias a Fidalgo, ya que con él, se enteró que en Jujuy existían más de 100 desaparecidos.
Precisamente, el libro Con vida se los llevaron, cierra con el listado de las 129 personas, que fueron detenidas desaparecidas, asesinadas o víctimas de desaparición forzada en la provincia. Con ese baldazo de agua fría, reconocer los lugares de detención en Jujuy, como el Centro Clandestino de Detención de Guerrero, lo llevó a decir en voz alta que “la historia también pasó por acá”. “Poder nombrar eso, es vencer la impunidad y el miedo”, admitió.
Con su jefe no sólo mantuvo un vínculo laboral, sino también afectivo. Un momento donde esto quedó reflejado, fue cuando Castro, en su puesto de secretario, inició la construcción de las fichas de las personas detenidas desaparecidas.
Bajo esa tarea, tenía que repasar los nombres de las personas desaparecidas. En ese listado estaba el nombre de Alcira Fidalgo, hija de Andrés y Nélida Pizarro, secuestrada por Alfredo Astiz, y que estuvo un tiempo detenida en la ESMA. Su secuestro fue comprobado y recordado porque fue el caso número 500 en el Juicio a las Juntas Militares.
Retrato de Alcira Fidalgo
Fue Nélida quien animó y hasta exigió, a Castro que escribiera el libro. Lo hizo después de que le encomendara la tarea de que editara un libro de poemas de su hija. Ese primer trabajo juntos, lo llevó a tener varias historias sueltas de lo sucedido durante el terrorismo de Estado, que luego se decidió a retomar. Lo hizo a principios de los 2000, cuando le consultó a Nélida si podía entrevistar a familiares de detenidos desaparecidos. La propuesta se aceptó de inmediato y en 2002 y 2003, entrevistó grupalmente a madres y familiares de detenidos desaparecidos.
Ese ímpetu por contar que tenía Nélida, también lo encontró en las madres, hermanas y esposas, que accedieron a dar su testimonio. Dicho escenario, lo llevó a saber que el título del libro debía centrarse en la vida. “Estaba preparado para sentir historias tristes, pero la vitalidad con las que ellas tocaron el tema, me dieron una lección que me hizo salir de mis propios prejuicios. Ellas luchaban por la vida”, expresó a Salta/12.
Y destacó la labor de las mujeres. Para Castro, ellas “son las guardianas de la memoria”. Recordó que cuando Nélida lo “empujó” a hacer el libro de Alcira, fue a su casa y “tenía todo el material rotulado y ordenado”, lo que para él significó que “ella mantenía esa cuestión de pensar en el otro, en su hija, y pensar en las otras mujeres”. “Lograron trascender la condición de personas únicas, para adoptar una identidad colectiva”, manfiestó.
Un cambio de época
El escritor contó que se guardó un año para ordenar toda la información recolectada, luego la trasladó a cada persona que prestó su testimonio, y con la última revisión de Andrés Fidalgo, se aventuró a buscar una editorial para su publicación.
No fue fácil. La Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) manifestó que pantes de una publicación, el escrito tenía que pasar por una revisión obligatoria por parte de sus abogados. Castro no volvió. Buscó en Buenos Aires y otras editoriales cooperativas, pero no acusaban respuestas. Hasta que la editorial La Rosa Blindada, de José Luis Mangieri, dijo que sí. La publicación se dio gracias al aporte económico de Mangieri, los Fidalgo, los familiares, y el autor, y un 23 de marzo de 2004, se presentó.
Al día siguiente, el entonces presidente Néstor Kirchner, pronunciaría un discurso en la ESMA, en el que pidió perdón por el silencio de Estado ante los crímenes de lesa humanidad vividos en la última dictadura militar. Fue toda una sorpresa. Castro recordó que cuando apenas iniciaban el trabajo de recopilación, el conjunto no veía “ningún horizonte posible de justicia y creíamos que no había ninguna posibilidad de que (los genocidas) sean llevados al banquillo”.
Lo de Néstor “fue un impulso muy grande”, que luego, “llevó a la práctica con una política de derechos humanos”. Años después, la UNJu realizó una segunda edición, de manera veloz; y bajo el amparo de políticas nacionales que permitió consolidar un escenario a favor de la memoria, la verdad y la justicia.
Sin embargo, consideró que existió una etapa de “relajamiento”, que lo incluyó a él también. “Yo pensaba que ya había hecho mi tarea y podía dedicarme a otra cosa”, pero llegó el macrismo con la primera gobernación de Morales, y en Jujuy todo cambió. “Empezaron los allanamientos y se dio una gran despliegue persecutorio contra cualquier tipo de protesta, con presos incluidos”, recordando no sólo a Milagro Sala, sino a miembros de la Tupac, también presentes en las causas contra la dirigente.
“Por eso tenemos que seguir hablando de la dictadura”, señaló, para relatar lo sucedido y para que también sean juzgados todos los actores involucrados en los delitos de lesa humanidad en Jujuy, como es el caso del empresario Carlos Blaquier, dueño de Ledesma. Recordó que con el macrismo se profundizó la demora en los juicios, que recién hoy, se vuelven a retomar las causas, como las del propio Blaquier.
Había reclamado su libertad y una indemnización de 50.000 euros
Desde que Francia lo extraditó por la desaparición del estudiante Hernán Abriata, “Churrasco” hizo decenas de planteos judiciales en Argentina para que lo liberen. También acudió a la esfera internacional, pero nada de lo que dijo conmovió al Alto Comisionado de Naciones Unidas.
Por Luciana Bertoia
Sandoval cumplió 68 años el pasado 31 de agosto. Lleva menos de dos años detenido, porque, desde el fin de la dictadura, logró escabullirse de la justicia argentina.
Desde que Francia extraditó a Mario Alfredo Sandoval, el represor no cejó en su esfuerzo por salir en libertad y en denunciar a todos y cada uno de aquellos que intervinieron en el proceso para que pudiera ser detenido por el secuestro y la desaparición del estudiante Hernán Abriata. En Argentina, hizo, al menos, ocho reclamos judiciales y otros tantos en el Consejo de la Magistratura. Pero también llevó sus planteos a la esfera internacional. Ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció al Estado argentino por tenerlo detenido junto con condenados y reclamó una indemnización de 50.000 euros. Pero las cosas no le salieron bien a “Churrasco”, como conocían al exoficial de la Policía Federal Argentina (PFA) que actuaba en el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos comunicó la semana pasada al gobierno argentino que había decidido rechazar el planteo del represor.
Hace un año, Sandoval hizo una presentación ante el Comité de Naciones Unidas a través de William Woll, un abogado asentado en París. Decía que, desde que lo extraditaron de Francia, el Estado argentino violaba su derecho a la libertad y a la seguridad. Por ello, reclamaba el cese de la prisión preventiva y daba una serie de posibilidades para esquivar la cárcel. Sostenía que podía fijar domicilio en la casa de su madre o en la casa de su hermana. Su único límite era que tuviera un espacio amplio para hacer deportes porque hace muchos años que se dedica al runningy esa práctica quedó vedada en la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde pasa sus días desde diciembre de 2019.
Nada de lo que dijo Sandoval conmovió al Comité de Derechos Humanos, que desestimó su pedido de medidas provisionales, según informó el miércoles pasado al Estado argentino después de analizar la información que le habían proporcionado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Aún resta que el órgano de Naciones Unidas analice el fondo del planteo, pero todo indicaría que Sandoval tampoco tendrá éxito.
Sandoval cumplió 68 años el pasado 31 de agosto. Lleva menos de dos años detenido, porque, desde el fin de la dictadura, logró escabullirse de la justicia argentina. En 1985, se fue del país y se radicó en 1989 en Francia, donde obtuvo la ciudadanía en 1997. En 2008, la periodista Nora Veiras reveló que “Churrasco” se había reciclado como asesor en inteligencia económica de Nicolás Sarkozy. Ese hombre, peinado para atrás, no era otro que el que se desempeñaba como subinspector del Departamento de Asuntos Políticos de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) –antes conocida como Coordinación Federal– y que había sido un agente operativo del grupo de tareas 3.3.2 que actuaba en la ESMA.
El 30 de octubre de 1976, Sandoval había comandado el operativo en el que una patota secuestró al estudiante de Arquitectura Hernán Abriata. Durante el allanamiento, Sandoval se presentó como tal y le exhibió su credencial de la PFA a la compañera de Abriata, Mónica Dittmar. Abriata estuvo detenido en la ESMA, más precisamente en el lugar conocido como “Capuchita”.
El 6 de marzo de 2012, el juez federal Sergio Torres ordenó su captura. El 22 de marzo de ese año, dictó su procesamiento para reclamar su extradición a Francia, que se terminó concretando el 16 de diciembre de 2019. Al día siguiente, el juez Rodolfo Canicoba Corral –que subrogó en el juzgado que quedó vacante después de que Torres jurara como integrante de la Suprema Corte bonaerense– lo indagó y, a los tres días, le dictó el procesamiento, que fue confirmado al mes por la Cámara Federal porteña. “Churrasco” está a la espera de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 ponga fecha para su juicio, pero no pierde el tiempo. Hiperkinético, ya presentó al menos ocho recursos para enturbiar todo lo posible el proceso.
Lo primero que hizo fue pedir su sobreseimiento, alegando que era incapaz de enfrentar un proceso judicial, y también reclamó la prisión domiciliaria. Canicoba ordenó una serie de estudios médicos y rechazó las pretensiones del represor. Cuando se inició la pandemia, volvió a la carga con el pedido para irse a su casa. No tuvo suerte. Se contagió de Covid mientras estaba detenido pero lo pasó sin síntomas –y aun así el TOF 5 ordenó su internación en el Hospital Churruca para minimizar los riesgos–. Después solicitó la excarcelación, que se la rechazaron porque, entre otras cosas, estuvo siete años prófugo para la justicia argentina. Insistió ese año con un pedido de cese de la preventiva. Exigió después que lo declaren “preso de excepción” y armó un escándalo porque quiere tramitar su pasaporte y documento francés porque no quiere ser ciudadano argentino. Mientras tanto recusó a dos integrantes del TOF 5 que deberían juzgarlo, Daniel Obligado y Adriana Palliotti, y al fiscal Leonardo Filippini.
Cuando le queda tiempo, hace Zooms desde la cárcel que se difunden desde la web Prisionero en Argentino. Allí analiza la situación en América Latina. En otros ratitos, actualiza la página de la organización que fundó en Francia antes de su extradición, el Comité de Ayuda y Solidaridad con los Prisioneros Políticos de la Argentina (CASPPA, por su sigla en francés). Allí comparte, entre otros textos, los editoriales del diario La Nación despotricando contra la reactivación de la causa contra Carlos Pedro Tadeo Blaquier. El hiperactivo Sandoval tendrá que buscar otro entretenimiento porque en Naciones Unidas le pegaron un portazo.
Informe de Andhes
La responsabilidad de las empresas durante el terrorismo de Estado
15 de octubre de 2021 –
En el Noroeste argentino, la participación de actores económicos en el terrorismo de Estado presenta una alta correlación con la principal actividad económica: la agroindustria azucarera. Ésa es una de las conclusiones a las que arribó la organización de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) en su informe “Hacia una política de verdad y justicia sobre la complicidad de actores económicos en delitos de lesa humanidad, en el marco del Terrorismo de Estado en la Argentina. Aportes desde la sociedad civil”, que entregó la semana pasada a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
“Muchas veces, como en los casos de los establecimientos manufactureros azucareros, la empresa es propietaria de todo lo que se relaciona con la vida de su trabajador. De su tierra, de su casa, de la escuela donde lleva a sus hijos, del dispensario donde acude cuando está enfermo. El poder de la empresa resulta así, absoluto y de características feudales”, sostienen en el informe en el que se analizan las particularidades de los ingenios en Tucumán y en Jujuy.
Según Andhes, Argentina es uno de los países con mayor actividad judicial en casos de responsabilidad empresarial. Sin embargo, el proceso de justicia ha tenido muchos escollos. De acuerdo con la organización, a partir de la asunción de Mauricio Macri, los quince casos de responsabilidad empresarial que se encontraban en la etapa previa al juicio no tuveiron avances sustanciales. Esa lógica empezó a romperse ahora con la elevación a juicio de Carlos Pedro Tadeo Blaquier y Alberto Lemos por los secuestros en la zona de influencia del ingenio Ledesma.
El pasado 12 de septiembre, “La Libertad Avanza” obtuvo el 13,7% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, convirtiéndose en la tercera fuerza porteña y con posibilidades de crecer en noviembre. Mucho se habla en estos días de las nuevas derechas en general, y de los partidos libertarios en particular, pero aquí nos vamos a sumergir en las napas subterráneas por las que navegan estas pasiones políticas. Un perfil de la hiperactiva Victoria Villarruel.
Suele decirse que muchas hijas de los setenta se llaman Victoria, pero según el Registro Nacional de las Personas los nombres de mujer más usados durante esos años fueron María Laura y María Eugenia, más Trillizas de Oro y menos metáforas. Así que tal vez solo el azar explique que tres Victorias nacidas en aquella década encabecen las boletas electorales de la ciudad y la provincia de Buenos Aires: Tolosa Paz (1972), Montenegro (1976) y Villarruel (1975), la única que, por ahora, puede cantar su nombre.
Victoria Villarruel es una activista. En los quince años anteriores a secundar a Javier Milei en la lista del partido La Libertad Avanza, hizo crecer el alcance de los discursos favorables al Proceso de Reorganización Nacional, elaboró argumentos precisos con ese fin, escribió dos libros, dio decenas de conferencias, fue a innumerables programas de televisión, recorrió colegios secundarios, produjo con esmero los contenidos de sus redes sociales. En los primeros años dos mil, cuando los juicios a los integrantes del aparato represivo iniciaron su tercer ciclo, Villarruel abrió la caja de herramientas del movimiento de derechos humanos y agarró varias: creó una organización en la que el vínculo sanguíneo con los muertos es un criterio de pertenencia, hizo una lista, cuantificó a los fallecidos, reconstruyó sus biografías, glosó fragmentos del derecho internacional para asentarse sobre un principio de autoridad, pintó murales, recorrió las sedes de las Naciones Unidas. Así durante años, sin parar. No estuvo sola, fue parte de un programa político del que participaron personas e instituciones identificables orientado a poner en valor a la violencia estatal de la década del setenta. Ella hizo, sin embargo, un aporte específico: disputó la categoría “víctimas”. Ahora, luego de recolectar en las PASO del 12 de septiembre el 13,7% de los votos porteños, Victoria Villarruel está cerca de convertirse en diputada nacional.
2.
La historia de las organizaciones que agrupan a (ex)militares, sus esposas y sus hijxs, y a familiares de militares y policías fallecidos, empezó cuando la dictadura terminó. Forman un ramillete de siglas que, por fuera del ámbito castrense y de algunos grupos académicos, pocos argentinos podrían reconocer: FAMUS, UP, AAMC, AUNAR, AFyAPPA, AVTA, AFAVITA, ARPANA. Hay muchas A, porque la Argentina tiene un papel protagónico en los nombres. El resto se reparte en M de memoria, C de completa, U de unión, T de terrorismo, P de presos, S de Subversión, V de víctimas. En general, sus referentes son desconocidos hasta para las personas informadas, con la excepción de Karina Mugica, que tuvo un cierto protagonismo que se extinguió en 2006, y de Cecilia Pando. Estas organizaciones tuvieron distintos objetivos según la época: que los (ex)militares no fueran juzgados; que sí lo fueran lxs integrantes de las organizaciones revolucionarias; que las prisiones preventivas y las condenas sean cumplidas en domicilios y no en cárceles.
Lo constante a lo largo de los últimos cuarenta años es el empeño por construir una memoria de la guerra contra la subversión. Durante mucho tiempo, estas disputas fueron intensas pero con poca exhibición pública, aunque hubo excepciones como la que protagonizó Ricardo Brinzoni, el jefe del Ejército nombrado por el gobierno de la Alianza que reclamó “verdad completa”.
En 2006, cuando la política de derechos humanos del primer kirchnerismo arrancaba su ciclo de esplendor y se reiniciaba el juzgamiento de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, Victoria Villarruel, recibida de abogada desde 2003, creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv).
3.
En 2014, la editorial Sudamericana publicó Los otros muertos: Las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70, coescrito entre Victoria Villarruel y Carlos Manfroni. El libro fue parte de un auténtico programa de transformación cultural craneado y puesto a rodar por Pablo Avelluto, quien dirigió entre 2005 y 2012 la editorial Random House Mondadori, una de las productoras de libros más grandes del mundo. Al dejar su puesto en el sector privado, Avelluto ocupó distintos cargos en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y luego fue ministro de Cultura de la Nación durante el mandato de Mauricio Macri, gestión que culminó como secretario luego de la degradación de esa cartera.
En su reciente libro¿Cómo se fabrica un best seller político?, Ezequiel Saferstein hace una reconstrucción detallista de cómo Avelluto tomó los discursos procesistas, la versión militar de lo ocurrido en los setenta, que hasta entonces circulaban en los márgenes y los hizo ingresar al mainstream. Los sacó de la revista Cabildo y los puso en la librería El Ateneo de la calle Florida. El sello Sudamericana produjo un stock de libros que cuestionaron el relato que predominaba en el espacio público: no hay nada que justifique la violencia estatal de la dictadura y esa violencia debe ser castigada con encarcelamiento. Así, una tanda consistió en extensas crónicas de ataques orquestados por las organizaciones revolucionarias contra baluartes estatales, como por ejemplo Operación Primicia de Ceferino Reato. Otra serie fue la trilogía de Juan Bautista “Tata” Yofre, best sellers rotundos de aquellos años. Otros libros portaban el espíritu del diálogo −una línea que luego Avelluto cultivó en su gestión pública de la mano de Graciela Fernández Meijide y Héctor Leis−, entre ellos Hijos de los 70 que cruza historias de hijxs de militantes y militares proponiendo una suerte de malla de traumas comunes. No todos los libros eran malos libros y no todos eran procesistas en sentido estricto; por ejemplo, la extensa entrevista de Reato a Jorge Rafael Videla tiene un valor histórico ineludible. Dice Saferstein: “el discurso ‘prohibido’ sobre los setenta se volvió un hit editorial.” Y va un poco más allá: los editores “participaron activamente en la materialización de ideas y discursos que pululaban por distintas esferas antes de ser plasmados en hojas de tinta y encarnados en personajes erigidos como referentes”. A ese caudal se sumó Victoria Villarruel con un aporte clave: no tomó a los militares como víctimas de la guerrilla o del kirchnerismo sino que puso en el centro a las y los civiles que fueron asesinados por las organizaciones revolucionarias.
En su libro, Villarruel le atribuye a la guerrilla argentina 1010 muertos, con sus nombres, la fecha y la organización responsable, entre 1969 y 1979. La lista fue construida con los datos publicados en los diarios; su criterio de inclusión no es del todo claro: aunque afirma que se trata de civiles, varios de los mencionados integraban el Ejército. Otros 84 figuran como “NN” y por lo tanto su condición no se puede discernir, ni tampoco si están o no superpuestos con los sí nombrados.
Con Los otros muertos en la mano, Villarruel armó su lugar de enunciación: se autoinstituyó portavoz de un grupo de personas que pocas veces (si es que alguna) habían tenido protagonismo en las discusiones públicas sobre la lucha armada. Ni militantes ni militares, se trataba de quienes no habían elegido ser parte de la guerra. Es cierto que había muchos cuyo carácter, su pertenencia a este conjunto, era discutible, pero había otros que portaban (portan) una complejidad mayor. Por ejemplo: los niños que murieron en ataques de las organizaciones revolucionarias antes y después de 1976.
Cuando Villarruel estaba en la posición de largada de su carrera pública, la víctima ya era un personaje central del modo en el que en la Argentina se construyen los problemas públicos. Ya había también por lo menos dos corrientes anudadas en torno a esa figura. Las víctimas de la violencia estatal (de tipo dictatorial o del tipo propio del régimen constitucional), que en general estaban representadas por organizaciones de derechos humanos o antirrepresivas. En paralelo, poco tiempo antes había surgido Juan Carlos Blumberg, que fue capaz de articular a las víctimas de la criminalidad común en torno a una fuerte demanda punitiva y que logró darle más músculo al brazo represivo del Estado. Esta corriente luego fue retomada por Carolina Píparo, quien también integrará próximamente el bloque libertario en el Congreso nacional si los resultados de las PASO en la provincia de Buenos Aires se mantienen. La historia de cómo la victimización se colocó en el centro de la política argentina es atrapante, pero lo que es preciso mencionar aquí es que un discurso que demandaba derechos para un grupo de víctimas y que pide más encarcelamiento tenía un terreno muy nutritivo para crecer.
En una entrevista que le dio a Cristian Palmiciano, autor de una tesis sobre el Celtyv, Villarruel dijo: “se la resalta mucho a la víctima civil que es la que ha quedado más olvidada de todas”. Con este plan y durante años, ocupó horas de televisión. ¿Quién podría discutir el carácter de víctima de este conjunto de muertos? El único camino para hacerlo es discutir la lucha armada: qué fue, qué significó, cuál fue su racionalidad, cuál era su ética. Espinoso, difícil, imposible de hacer en un panel de Intratables, no hay atajo. ¿Para qué hacerle el juego a semejante puesta en escena? Así fue como Victoria Villarruel tuvo espacio para un monólogo, que ahora se ha ramificado en sus redes sociales. No para. Encontró el punto, es hábil, hace chistes, se ríe.
Le pregunto a Penguin Random House Mondadori cuántos ejemplares lleva vendidos Los otros muertos. Me responden que no me pueden decir la cantidad, pero sí aportar información cualitativa: “el tema de la década del setenta siempre despierta interés. Este título es un long seller que integra nuestro catálogo y está entre los que siempre vuelven a reimprimirse. También está en formato digital muy amigable para los jóvenes lectores. En este sentido, te cuento que este mes reeditamos Juicio a los 70 de Julio Bárbaro. Su reedición tiene que ver con este interés por la temática en los jóvenes lectores”.
villarruel le atribuye a la guerrilla argentina 1010 muertos, con sus nombres, la fecha y la organización responsable, entre 1969 y 1979. la lista fue construida con los datos publicados en los diarios; su criterio de inclusión no es del todo claro: aunque afi rma que se trata de civiles, varios de los mencionados integraban el ejército.
4.
Victoria Villarruel pertenece la familia militar. Su padre, Eduardo Villarruel, integró el Ejército Argentino. Él mismo escribió sobre su desempeño en los setenta: “he intervenido en la lucha contra la subversión, tanto en ambiente urbano como rural, habiendo participado activamente en la ‘Operación Independencia’, oportunidad en la cual se me otorgara el correspondiente Diploma de Honor”. Luego de esta estadía en Tucumán durante 1976, Villarruel padre pasó varios años en Campo de Mayo; hasta que en 1982 fue combatiente en la guerra de Malvinas, en la que secundó la compañía de comandos 602, cuyo número uno era Aldo Rico. En mayo de 1987, el ministro de Defensa Horacio Jaunarena ordenó su arresto como sanción por haberse negado a realizar el juramento que obliga a todos los oficiales a observar y defender la Constitución Nacional y por haber promovido que sus subalternos tampoco lo hicieran. Este episodio obstaculizó su carrera durante años hasta que fue pasado a retiro en 1996. Posteriormente se dedicó a la seguridad e higiene de edificios en la ciudad de Rosario, donde creó una empresa (Safety Argentina) que parece ser el medio económico de vida de esta rama de la familia. La madre de Victoria es Diana Destéfani, hija de Lauro Destéfani, otro militar, en este caso de la Armada. Al padre y al abuelo, Victoria los menciona con frecuencia, les agradece que le hayan inculcado “que había que luchar por nuestros valores”. De quien nunca habla es de su tío: Ernesto Guillermo Villarruel, integrante con grado de capitán de la estructura del Regimiento III de La Tablada, que tuvo a su cargo el centro clandestino de detención “El Vesubio”. Villarruel fue detenido durante las elecciones de 2015, cuando fue a votar. En ese momento, tenía 71 años y era inspector de la Agencia Gubernamental de Control, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un ente encargado de hacer que las normas se cumplan. Un año después, fue declarado incapaz por cuestiones de salud de afrontar el juicio por delitos de lesa humanidad. Su esposa trabajó más de treinta años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde que fue nombrada durante la dictadura hasta 2014. La hija y el hijo del matrimonio trabajan hoy en ese tribunal.
A Victoria Villarruel le molesta que le digan “negacionista”. Un abogado especialista en temas de libertad de expresión recuerda ahora un caso: hace unos años ella demandó por daños y perjuicios a una periodista porque consideró que una nota en la que se hablaba de “defensores de genocidas” perjudicaba su imagen. “Reclamaba porque decía que se la trataba como una quinceañera, como si hubiera gestionado un show, y ella había organizado toda su vida para luchar por la memoria completa, no para quedar en el lugar que la dejaba la nota”, rememora él. Pocos días antes de que su candidatura a las PASO 2021 fuera presentada en el programa “A dos voces” del canal Todo Noticias, Villarruel tuvo una larga conversación con Pablo Sirvén, en La Nación +. La presentó como una “activista de derechos humanos”.
—Sirvén: ¿Sos negacionista?
—Villarruel: No.
—S: ¿Hubo violaciones de los derechos humanos en la dictadura?
—V: Sí.
—S: ¿Está bien que se hayan juzgado esas violaciones de los derechos humanos?
—V: Sí.
Lo cierto es que el discurso público de Victoria Villarruel es oscilante, se acomoda a la época y a la audiencia. En sus comienzos sostenía que lo ocurrido en los setenta fue una guerra, el enfrentamiento de dos bandos armados, un argumento que todavía usa en sus redes sociales. Por ejemplo, en abril de 2006, en un boletín de la Unión de Promociones (UP), una agrupación creada en 2005 para resistir la reapertura de los juicios, escribió: “en un contexto de guerra es legal matar al enemigo”. Este dictamen inicial está fácticamente complicado porque el contenido de “matar” y la definición de “enemigo” usados por la dictadura están bastante lejos de lo que Villarruel intenta presentar como una batalla a cielo abierto durante la Primera Guerra Mundial. Pero sigamos la lógica. El punto central de su argumento es que el “caso argentino” no debería regirse por la legislación internacional de los derechos humanos, sino por el derecho de guerra que emana de los convenios de Ginebra. De este modo, dejaría de ser operativa la categoría de crimen de lesa humanidad que determinó la imprescriptibilidad de los crímenes y permitió que sean juzgados todavía hoy. Entre este razonamiento y las respuestas a Sirvén existe bastante distancia. Pero todavía hay un paso más: como en las guerras no se puede matar civiles, las familias de los otros muertos tienen derecho a reclamar juicio y castigo. En torno a la cuestión de cuál es el derecho aplicable a los distintos tipos de crímenes setentistas hay un volumen de jurisprudencia imposible de resumir aquí. De todas formas, el proceder militar tampoco respetó los convenios de Ginebra, ya que uno de sus puntos principales es que los muertos de un conflicto armado deben ser identificados y entregados a sus familiares, y si esto no es posible enterrados de manera digna.
Al mismo tiempo, desde el Celtyv Villarruel desarrolló una estrategia de comunicación diferenciada y perspicaz: el Centro nunca habla de la violencia estatal, ni a favor ni en contra. Y condensa su comunicación en la historia de las víctimas a las que construye como tales con un modo particular de biografiarlas: relatos breves de cómo murieron, casi siempre con fotos, en escenas familiares, en la vida común.
desde el celtyv villarruel desarrolló una estrategia de comunicación diferenciada y perspicaz: el centro nunca habla de la violencia estatal, ni a favor ni en contra. y condensa su comunicación en la historia de las víctimas a las que construye como tales con un modo particular de biografi arlas: relatos breves de cómo murieron, casi siempre con fotos, en escenas familiares, en la vida común.
5.
En una entrevista con Saferstein, incluida en su libro, Pablo Avelluto dice respecto a su trabajo como editor: “hay que tratar de trabajar en ese ronroneo previo en torno a las noticias”, detectar lo que está ahí, convertirlo en objeto, hacerle espacio para que crezca.
En 2016, dos años después de la salida de Los otros muertos, por primera vez un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional recibió a representantes de una organización que justifica la violencia estatal de los años setenta. Victoria Villarruel y otros integrantes del Celtyv se reunieron en la Ex Esma con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Luego de las críticas a esta decisión, Avruj dijo que la política en materia de memoria, verdad y justicia no estaba en discusión y comparó la audiencia que habían tenido con una cita con los familiares de quienes murieron en el incendio del boliche Cromagnon. Los integrantes del Celtyv no lo vivieron así, hablaron de “cambio de paradigma”, de esperanza y alegría, de “un punto de inflexión en nuestras vidas”. Para las organizaciones de derechos humanos y para eso que se llama el campo progresista, el gobierno de Cambiemos retrocedió en las políticas relacionadas con la memoria y el castigo a la represión estatal. Pero para el Celtyv no fue suficiente. Habían ido a pedir que los otros muertos fueran reconocidos por el Estado como víctimas, que se les diera ese estatuto a través de algún simbolismo, como por ejemplo un monumento. No lo lograron. Aquella discusión que Avelluto había promovido encontró su límite institucional.
6.
Es septiembre de 2021 y la pospandemia está en el aire. Victoria Villarruel sube a un escenario, abajo hay miles de personas, muchas de ellas muy jóvenes, muy lookeadas y aun más entusiasmadas. Vicky, Vicky le gritan. Ella alza una mano para arengar. Canta tiene miedo la casta tiene miedo. Y dice: “Me tildan de genocida, me tildan de facha, de negacionista, los mismos que justifican los crímenes del comunismo en todo el mundo. Por eso, sin importarme las etiquetas y sin tenerle miedo a los motes: si robarse todo en nombre de los pobres es ser de izquierda, soy de derecha. Si usurpar tierras al Estado y a la gente es de izquierda, soy de derecha. Si defender la impunidad del terrorismo es de izquierda, señores, soy de derecha. Si votar leyes como la ley de alquileres, la ley Micaela, la ley Yolanda, la ley que mete el lenguaje inclusivo en los medios es de izquierda: yo soy de derecha”. Ahora, la agenda de Villarruel es sobre el presente pero su aura emana de ideas asentadas. Está arriba del escenario y grita: “Por eso, más allá de que me categoricen a mí o a nuestro frente, quiero una Argentina con vida, libertad y propiedad”. Vicky, Vicky. Pocos días después, durante un acto en el Parque Lezama, Villarruel vestida de rojo intenso recibe aun más aplausos, sobre todo después de agradecer “a todos por estar en el cierre de la campaña política más rebelde de los últimos años”.
7.
Después de las PASO, me puse en contacto con Victoria Villarruel. Nos saludamos, por WhatsApp. Le pregunté si podía llamarla. Me respondió que estaba en una videoconferencia, “si te parece escribime y yo voy respondiendo”, dijo. No pretendía discutir con ella sus ideas sino reconstruir cómo llegó a estar arriba de ese escenario, cómo armó una agenda política contemporánea, cómo confluyó con Javier Milei. Se lo pregunté. Pasaron las horas y no me respondió. Al día siguiente le insistí. Por el chat no me llegó ninguna respuesta. Un rato después, en medio de la crisis en el seno del gabinete nacional, tuiteó: “mientras tanto todos nosotros de rehenes del movimiento político más siniestro que padecimos… en serio con esta gente se puede dialogar o chatear por Whatsapp?”.
Ninguna hija nace con los valores de la familia biológica a la que pertenece. Pero no se trata de eso. Se trata de que la hija de una época puede aprovechar las oportunidades y ser más eficaz que quienes la precedieron. Me llegan las fotos del hotel en el que Victoria esperó los resultados del conteo de votos. Un cartel, letras negras sobre fondo blanco, dice: “ellos contra nosotros”.
“Que digan lo que saben, (…) que rompan este pacto de silencio en el que han persistido por más de cuarenta años. … Los acusados y la acusada están en condición de completar la verdad (…) Se lo deben a la sociedad en su conjunto y se lo deben, por supuesto, a Miriam”.
JUICIO A LOS APROPIADORES DE LA HIJA DE MOYANO POBLETE. AUDIENCIA 15
07-10-2021 | Daniel Rodríguez Infante concluyó su alegato en representación del Ministerio Público Fiscal. Reconstruyó los antecedentes en la búsqueda activa de Miriam, detalló la responsabilidad concreta de las tres personas imputadas, describió las figuras penales atribuidas y argumentó su pedido de penas. Por último, planteó una serie de reparaciones simbólicas para las víctimas. La próxima audiencia será el viernes 22 de octubre.
La fiscalía retomó su exposición con el largo camino transitado por las familias de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete hasta la recuperación de la identidad de Miriam, así como los aportes fundamentales de sobrevivientes y organismos de Derechos Humanos. Abordó en profundidad el rol del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía en la inteligencia desplegada por el aparato represivo local y el trabajo concreto de Fernández y Garay en esta tarea. Daniel Rodríguez Infante describió las figuras penales involucradas y las leyes que regulan las escalas para el pedido de penas. También valoró las declaraciones de testigos e imputados y justificó la adopción de medidas reparatorias.
La búsqueda
El legajo CONADEP de María del Carmen Moyano contiene múltiples habeas corpus presentados a su favor, con la particularidad de que ya referían su embarazo y un posible cautiverio en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Entre ellos, uno interpuesto por su padre, Francisco Moyano, el 16 de mayo de 1979: el texto sostenía que Pichona había estado en la ESMA en mayo de 1977 próxima a dar a luz, de acuerdo al relato de una testigo anónima. En otro de 1980 Francisco solicitaba información sobre su nieto y pedía la tenencia del mismo. Varias familias de mujeres embarazadas detenidas-desaparecidas presentaron en 1983 un habeas corpus colectivo que reclamó una vez más por Pichona y su hija.
Con el mismo objetivo, Francisco envió cartas al Ministerio del Interior y denunció la desaparición de la pareja ante la CONADEP. El embarazo de María del Carmen fue certificado en esa instancia mediante testimonios y con el informe de Helga Markstein de Tenembaum, médica que revisó a “Pichona” en enero de 1977 durante la última visita a Mendoza. Además, Adriana Moyano relató que su padre recorrió todas las casas cuna hasta que “se apagó” su vida frente a la certeza de la muerte de su hija.
La familia Poblete realizó igualmente presentaciones por Carlos y María del Carmen una vez recuperada la democracia. En el exterior, las sobrevivientes de la ESMA Ana María Martí y Sara Solarz de Osatinsky denunciaron tempranamente el cautiverio de “Pichona” y su parto en este centro clandestino.
En Mendoza, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y la Comisión Hermanos de la agrupación H.I.J.O.S. sostuvieron la tarea de las familias y aportaron información valiosa para encontrar a Miriam en 2017. El fiscal destacó que muchas de las declaraciones oídas en el juicio se dirigían a ella porque los organismos de Derechos Humanos y las personas que conocieron a la pareja “siguen intentando recuperar a Miriam”.
A raíz de la presentación de la Comisión Hermanos, la fiscalía solicitó la partida de nacimiento de Miriam en el registro civil de Dorrego donde fue inscripta. En 2014 fueron citadas a declarar Cintia Troncoso y Mariana Herrera Rubia, principales fuentes de las denuncias. También se incorporó la investigación del MEDH. Finalmente, el juzgado dispuso la realización del estudio de ADN con el consentimiento de la principal víctima. En diciembre de 2017 el Banco Nacional de Datos Genéticos presentó el informe en el que confirmó el nexo biológico de la mujer con las familias Poblete-Moyano. En octubre de 2018 el juzgado federal rectificó la identidad de Miriam y su lugar de nacimiento y declaró la falsedad ideológica de la partida y el DNI de ella emanado.
La responsabilidad penal de Fernández, Garay y Luffi
El fiscal comenzó este tramo del alegato con una reconstrucción del rol del Departamento de Informaciones de la Policía (D2) en tanto estructura abocada a las tareas de inteligencia como el espionaje, la infiltración y tortura para obtener información.
En el plano formal, explicó, el D2 centralizó la confección de sumarios prevencionales al amparo de las leyes antisubversivas. En el plano clandestino, esta dependencia tuvo a su cargo gran cantidad de hechos ilegales como secuestros y operativos conjuntos. También confeccionaba los prontuarios políticos, algunos de los cuales fueron recuperados en los noventa.
Su rol de inteligencia quedó plasmado normativamente en la Ley Orgánica de la Policía, sancionada en 1970 dentro del marco de la autodenominada Revolución Argentina. El nuevo esquema policial disponía la existencia de cinco departamentos: el segundo se denominó Informaciones Policiales. El fiscal señaló que la propia Policía dictó en agosto de ese año una resolución (111-J) para delinear el modo en que las diversas áreas debían relacionarse con el D2 en su ámbito de injerencia. Las mismas estaban obligadas a comunicarle “(…) detenciones o procedimientos de corte político, gremiales, estudiantil o que hagan a la seguridad pública —subversión, terrorismo, guerrilleros, extremismo—, o bien tomen conocimiento de hechos tales como huelgas, asambleas, reuniones, picnic, bailes, campamentos, etc., que respondan a los lineamientos como los descriptos precedentemente”.
Este organigrama por departamentos se repitió en varias provincias —La Pampa, Córdoba, San Juan y Santiago del Estero, entre otras—. En 1977, mediante una nueva modificación, el D2 pasó a llamarse Dirección de Información.
El rol de los policías imputados dentro del D2
Para conocer la responsabilidad de Armando Fernández en la represión ilegal, Rodríguez Infante indicó que bastaba remitirse al tercer y al cuarto juicio de la provincia, donde se lo condenó a prisión perpetua —en el sexto juicio la pena ascendió a 20 años—. Su legajo indica que se desempeñó como oficial inspector del D2 de marzo de 1971 hasta febrero de 1979. Antes había trabajado en la División Inteligencia del D5. En 1979 pasó a Comunicaciones, pero regresó al D2 en abril de 1980. Posteriormente, en octubre de 1981, fue trasladado a Inteligencia de la Unidad Regional II. En 1996 se acogió el retiro voluntario.
Entre 1974 y 1975 fue jefe de la División de Operaciones Especiales del D2, área en la que continuó desempeñándose hasta 1980. El organigrama de la represión de la subzona 33 —incorporado a este juicio como prueba— y el informe que la Policía aportó a la justicia en 1987 por la causa Rabanal dan cuenta de su función de enlace entre el D2 y el Destacamento de Inteligencia 162 del Ejército —después Destacamento 144—. Su legajo confirma una profunda formación en inteligencia, desde cursos realizados hasta dictado de materias.
Daniel Rodríguez Infante nombró algunos de los hechos en los cuales la intervención directa de Fernández —en muchos casos, junto a Smaha— se encuentra ampliamente probada por la documentación recabada, incluidos secuestros, interrogatorios y allanamientos: las causas “Tortajada”, “Desiderio Salinas”, “Mochi” y “Cangemi”, entre otras. El fiscal mencionó a modo de ejemplo el expediente “Del Monte”, que contiene los secuestros de Oscar Vera y Mabel D’Amico en Bariloche. La Escuela de Instrucción Andina de esta ciudad le “entregó” estas dos personas a Fernández, quien viajó a buscarlas como miembro del D2. Ambas víctimas se encuentran desaparecidas.
En síntesis, el policía fue acusado por delitos cometidos contra más de treinta víctimas, además de los casos que actualmente se encuentran en instrucción. Este protagonismo fue corroborado por sus colegas: las declaraciones de Sánchez Camargo y Oyarzábal, autoridades del D2, mencionan a Fernández y Smaha como enlaces con el Destacamento de Inteligencia 162, el Comando de Operaciones Tácticas (COT) y el jefe de la Policía, además de ser los responsables de confeccionar sumarios por subversión.
Santiago Abelardo Garay, por su parte, revistó en el D2 desde junio del 76 hasta junio del 77, momento en que pasó a la Dirección de Tránsito. Su compromiso con el plan represivo estatal se comprobó documentalmente de forma particular: el legajo personal acredita que mientras integraba el D2 fue destinado en comisión al Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña por cinco meses —entre enero y junio del 77—. Es decir que se encontraba allí cuando nació Miriam y hasta pocos días antes de su inscripción en el registro civil. Dentro de la Brigada —la más alta estructura militar de Mendoza— cumplió funciones en la División II, dedicada a la inteligencia.
Él mismo deseaba integrar el D2 para cambiar de tareas administrativas a operativas, como indica un recurso de reconsideración que elevó ante la junta evaluadora de la Policía. Allí resaltó que Maradona, jefe del Comando de la VIII Brigada, había calificado su trabajo como sobresaliente “por haber demostrado idoneidad profesional, conocimiento de la tarea de inteligencia, espíritu de colaboración, voluntad y sacrificio”. En el Comando había tenido a su cargo la instrucción de “causas contra elementos subversivos”.
Finalmente, el fiscal realizó un breve recorrido por la carrera policial de Eduardo Smaha, quien no fue imputado en este juicio porque ya había fallecido. No obstante, su biografía confirma el grado de formación que los tres policías implicados en la apropiación tenían en tareas de inteligencia antisubversiva y, por tanto, su conocimiento indefectible del plan criminal.
Los delitos atribuidos
Retención y ocultamiento de la identidad de una menor de diez años, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documentos públicos destinados a acreditar la identidad son las figuras penales por las cuales el Ministerio Público Fiscal imputó a Fernández, Luffi y Garay. La acusación se centró en la primera porque contiene “el núcleo de la criminalidad” y de ella se desprenden las otras dos, en palabras del fiscal. La ley aplicable —confirmada por la revisión de la sentencia en el anterior juicio por apropiación de Mendoza— es la 24410, norma que introdujo modificaciones en las escalas de las penas previstas por el artículo 146 del Código Penal para estos hechos.
La retención de la identidad es un delito pluriofensivo, así lo consideró la Corte Suprema de Justicia en el fallo Gualtieri cuyo texto citó el fiscal. Para el máximo tribunal, la víctima secuestrada es uno de los sujetos afectados pero no la única: los “deudos de las personas eliminadas” y “los parientes biológicos” también lo son. Por otro lado, esta figura presume la sustracción de ese niño o esa niña. Aunque dicha acción no pudo ser atribuida a las personas imputadas en la presente causa, otros responsables recibieron condenas por el hecho en juicios previos, según refirió el fiscal durante la segunda jornada de alegatos.
Daniel Rodríguez Infante
La retención se produce cuando se mantiene al niño o la niña fuera de la tutela de las personas legítimamente encargadas. El ocultamiento, que representa otra acción pero estrechamente ligada a la anterior, consiste en impedir o dificultar su localización y el restablecimiento del vínculo, explicó. Ambas acciones cesan cuando la información es relevada por cualquier medio, se recupera la verdadera identidad y se restablece el vínculo.
En la causa que se investiga, el delito de retención y ocultamiento se halla para el Ministerio Público ampliamente probado. Luego del secuestro de la pareja y la desaparición de Carlos, María del Carmen permaneció cautiva en la ESMA hasta el momento del parto. Poco después se produjo el desapoderamiento de su hija. “Basta contrastar la prueba documental vinculada con la inscripción de Miriam —partida de nacimiento y DNI— con la prueba pericial, que es el examen de ADN, para tener por acreditada la maniobra, la acción conjunta que llevaron a cabo Armando Fernández, Iris Yolanda Luffi y Santiago Abelardo Garay (…) al inscribir en el registro civil a Miriam como hija biológica del matrimonio Fernández-Luffi”, enumeró el fiscal.
Además de esta “maniobra inicial”, los delitos suponen la “ejecución constante de múltiples actos públicos y privados que implican exponer socialmente durante años a la víctima con una identidad falsa”, argumentó Rodríguez Infante, porque “a Miriam no se le brindó jamás información fidedigna sobre su origen biológico”. Se le escondió en la adolescencia, cuando ella misma —y por su iniciativa— enfrentó a Fernández y se enteró de que no era hija biológica. En ese momento le brindaron una versión falsa sobre su origen, por lo cual la retención y el ocultamiento se extendieron hasta diciembre de 2017, fecha del análisis genético. La verdad se conoció finalmente “por circunstancias absolutamente ajenas a la voluntad de los autores”, destacó.
La fiscalía considera que el dolo de las tres personas imputadas no admite dudas: “la criminalidad es tan manifiesta” que no pueden argumentar desconocimiento ni falta de voluntad cuando inscribieron como hija biológica a una menor previamente sustraída valiéndose de testigos falsos. Además, mantuvieron el engaño durante años. Por otro lado, el elemento contextual de la apropiación, es decir, su comisión en el marco del ataque general y sistemático contra la población civil, permite calificarla como un crimen de lesa humanidad. La jurisprudencia nacional establece que basta con representarse ese contexto y la posibilidad de una sustracción para probar el dolo.
Pero, en este caso, Fernández, Garay y Smaha —hasta su fallecimiento— tuvieron un conocimiento detallado y profundo. Ocultaron la información sobre el origen de Miriam al amparo del rol que desempeñaron en la estructura represiva estatal. Pertenecieron al D2, organismo que llevó a cabo la persecución “programada y detallada” de María del Carmen Moyano. La inscripción de Miriam se realizó en provecho del marco represivo y fue “un paso más” en la ejecución del plan sistemático: “Siempre supieron quién era Miriam. Siempre supieron que era la hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete”, aseveró el fiscal.
El análisis respecto a Iris Luffi fue en sintonía. Ella conocía a su esposo, sabía que era policía y que se abocaba a la denominada “lucha antisubversiva”. No obstante, inscribió como hija propia a una niña que llegó a la familia a través de ese hombre y con intervención de otros colegas. Durante los cuarenta años posteriores, las apropiaciones de menores en los años de la dictadura tomaron relevancia pública, particularmente gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. A esta altura, no es una novedad la participación directa de las fuerzas represivas en ellas. Está probado en el caso de Segundo Héctor Carabajal —integrante del Destacamento de Inteligencia 144— y en numerosas causas, de las cuales más de una decena tienen intervención directa de policías.
Un análisis de las declaraciones
Daniel Rodríguez Infante hizo un repaso por diversas declaraciones a lo largo del juicio para demostrar el nivel de conocimiento sobre el hecho delictivo que tenían las personas imputadas. En principio se refirió a Cintia Troncoso, cuyo testimonio fue una de las fuentes principales para la denuncia de la Comisión Hermanos. A través de Tobías Crespo —pareja de su hermana en ese entonces— se acercó a H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y relató una conversación con su marido, Rodrigo Sánchez.
Rodrigo le contó a Cintia algo que oyó de boca de su hermano Fernando —casado con Stella Fernández—. El suegro de Fernando —Armando Osvaldo Fernández— no estaba en San Luis, como se decía, sino que se encontraba preso. Fernando había agregado, además, que Miriam no era hija biológica del matrimonio: el policía apareció con ella una noche y terminaron por criarla como una más. Según recordó, Iris Luffi le había dicho todo esto a Stella.
Audiencia 15
Si bien se mostraron reticentes a declarar, una vez convocados los hermanos Sánchez fueron corroborando los dichos de Cintia a medida que les preguntaron con más minuciosidad. Tanto Fernando como Rodrigo hicieron hincapié en no involucrarse ni “tomar partido” en el tema. Las contradicciones en las que incurrieron, según sostuvo el fiscal, tienen que entenderse en su intento de no perjudicar al matrimonio imputado de acuerdo a “las generales de la ley”, ya que aseguraron conocer a la pareja con anterioridad.
Rodrigo, en primer lugar, dijo que sabía del caso únicamente por noticias antiguas, pero en realidad tomó relevancia pública recién en diciembre del 2017. Además, destacó que la reunión familiar en la que su hermano le habló del tema ocurrió ocho años atrás. Cuando le recordaron que estaba bajo juramento de decir verdad, admitió que quizás Fernando comentó “mi suegro está con problemas por el tema de la Miriam”. A pesar de no hablar con claridad, aseguró que se había enterado por las noticias o por su esposa Stella.
Del testimonio de Fernando Sánchez el fiscal destacó dos temas puntuales. Por un lado, el testigo asoció el conocimiento del caso a las noticias y desvinculó a Stella, su entonces esposa. Por otro lado, y sin que nadie se lo pidiera, ubicó en 2010 o 2012 una conversación con Rodrigo en una reunión familiar sobre lo que supuestamente vio en diarios o televisión acerca de la situación procesal de su suegro. “A Miriam después la convocan a hacerse la pericia”, declaró el hombre, cuando en realidad el caso apareció en la prensa después del estudio genético. Es decir que la familia manejaba información desde antes del análisis de ADN. “Las contradicciones de tipo marginal otorgan verosimilitud a todo el relato de Cintia”, destacó Rodríguez Infante.
A lo largo de su testimonio, Beatriz García aportó más detalles. En 2005, una compañera docente —a quien durante años le respetaron el anonimato— le comentó que en la familia de Fernández había una mujer que no podía ser hija biológica del matrimonio porque “no daban los tiempos de los embarazos”, en relación con el hijo anterior. Se trata de Blanca Haydeé Bustos, prima del imputado, quien también se reunió con Adriana Moyano para contarle que Luffi se jactaba de tener una niña recién nacida. “Es mía”, decía la acusada.
Otra de las fuentes para la presentación de la denuncia de la Comisión Hermanos fue Mariana Herrera Rubia. Entre 2002 y 2003, su vecina, Liliana Giuliani, le había dicho: “En la familia Fernández hay hijos que no son hijos”. Giuliani estaba casada con Jorge Giarratana, cuñado de Norberto Fernández, hermano del imputado. En el desarrollo de las audiencias también declararon las integrantes de H.I.J.O.S. que motorizaron la denuncia y corroboraron las pruebas: Mara Nayme Díaz, Celeste Seydell, Paula Baigorria y Belén Baigorria.
Respecto del testimonio de Miriam, Daniel Rodríguez Infante señaló: “Da cuenta de la representación clara de los apropiadores respecto del contexto en el cual obraron”. Dijo conocer que no era hija biológica y que la habían “adoptado en circunstancias no legales”. “La inverosimilitud del relato que a ella le contaron es tan manifiesta, es tan burda, que es un indicio más de la información que pretendieron ocultarle”, destacó el fiscal en su alegato. Ella misma aseguró que al enterarse de que no era hija biológica del matrimonio pensó que podía ser hija de personas desaparecidas.
Según el relato de Fernández, él se encontraba solo en su vivienda cuando arribó un conocido cuya trabajadora doméstica había dado a luz en el Hospital Emilio Civit y no podía hacerse cargo de la niña. Luffi se habría encontrado “con la sorpresa” a su regreso. Miriam sostuvo que su papá engañó a su mamá diciendo que la buscarían al día siguiente. En teoría, Fernández no sabía que se quedaría para siempre. Además, le dijeron que había llegado con el cordón umbilical infectado. El fiscal destacó que sería raro recibir el alta en esas condiciones. “Más absurdo e inverosímil resulta el tramo del relato de cuando alguien le recomendó que no la llevara a la Casa Cuna”, repasó Rodríguez Infante, y la supuesta recomendación de que buscara dos testigos para inscribirla como propia.
Por su parte, en la etapa de instrucción Santiago Abelardo Garay aseguró que sirvió de testigo en “el nacimiento de una niña de un vecino” con quien tenía “cierta amistad”. Del paso compartido por el D2 no hizo mención. Según Garay, Fernández le dijo que la pequeña era de una empleada doméstica que vivía en San Carlos y no podía mantenerla. Por el contrario, en su ampliación indagatoria Fernández dio otra versión. Él le habría mentido a Garay cuando le contó que tenía una nena propia y necesitaba testigos para inscribirla. Garay era en realidad el padrino de uno de los hijos del matrimonio, pero rechazó haber tenido conocimiento de que Iris Luffi hubiera atravesado un embarazo.
Con todo lo repasado, el fiscal aseguró que los imputados “ni siquiera se pusieron de acuerdo en la mentira” y es sencillo descubrirla. Para Garay era la hija de una empleada; para Fernández era su propia hija. “Justamente cuando se miente emergen las contradicciones. Usualmente no hay grandes dificultades para desbaratarla porque no se puede sostener”, remató.
En su relato, Armando Osvaldo Fernández dejó muchos cabos sueltos y expresiones fuera de lugar. Confundió el nombre de la supuesta trabajadora doméstica, a quien primero le dijo “Celia Azcurra” y después “Carmen”. Comparó a Miriam con el ganado sin marca al calificarla de “orejana” y parafraseó a un supuesto abogado Serrano quien le había dicho que “cuatrereó”. También dijo que “a diferencia de un camión que circula sin papeles”, él hizo “algo legal”: puso dos testigos falsos. Por último, el fiscal Rodríguez Infante desestimó los intentos defensistas del imputado. No tiene sustento que una de las cabezas de la inteligencia del aparato represivo estatal pudiera haberse creído la amenaza de terminar preso “por quedarse con la hija de una novia que ni siquiera existía”.
Las escalas que rigen el pedido de penas
Respecto del delito previsto en el artículo 146 del Código Penal —sustracción, retención y ocultamiento de una persona menor de 10 años—, las acciones juzgadas se pueden enmarcar en dos leyes: una vigente al momento de la sustracción —la ley 11179— y otra vigente en la actualidad —la 24410—. Como la retención y el ocultamiento son conductas permanentes, es decir, que siguieron cometiéndose hasta que se restituyó la identidad de Miriam en 2017, Daniel Rodríguez Infante pidió que se considerara esta última a la hora de otorgar las penas, que tiene una escala de cinco a quince años de prisión. Como se dijo anteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal coincidió con este criterio de aplicación de la 24410 en la causa por la apropiación de Claudia Domínguez Castro.
En relación con la alteración del estado civil de Miriam, el fiscal advirtió que se cometió una sola vez y por eso es aplicable la ley vigente al momento de los hechos. Es decir que el hecho de cambiar o sustituir el estado civil y asignarle uno falso se produjo el día que se inscribió a la niña, el 18 de julio del 77. Por último, la falsedad ideológica destinada a alterar documentos públicos fue un delito de carácter instantáneo —pero concurren entre sí por tratarse de dos hechos, la partida y el documento—. Por eso, en ambos casos no tiene incidencia la ley 24410. Todos los delitos concurren idealmente y los de falsedad ideológica están en concurso real.
Sobre Armando Osvaldo Fernández, Abelardo Santiago Garay e Iris Yolanda Luffi pesa la figura de coautoría funcional por división de tareas. En el contexto de ataque general y sistemático a la población civil, la apropiación es considerada un delito de lesa humanidad —que también puede interpretarse como desaparición forzada— y, por eso, es imprescriptible.
A la hora de solicitar penas, el fiscal consideró que tienen que tenerse en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes para acercarse a la máxima o a la mínima. En los casos de las tres personas acusadas, el hecho de constituir crímenes de lesa humanidad basta para alejarse sustancialmente de la pena mínima. Respecto de los policías, “estamos hablando de la intervención de agentes estatales” en el contexto de ataque sistemático a la población civil, argumentó. Respecto de Luffi, para el Ministerio Público no está probado que su intervención haya tenido el mismo desarrollo, profundidad y alcance. Esto simplemente le quita un agravante pero no le suma un atenuante. En cambio, sí debe contemplarse la intensidad en el caso de Fernández, quien hizo la declaración —falsa— en el Registro Civil.
“La extensión del daño es la contracara de la relevancia que tiene el derecho a la identidad”, afirmó Daniel Rodríguez Infante. Y señaló que este derecho es reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Constitución Nacional y por la misma ONU. Entonces, para entender la dimensión del daño tomó las palabras de la licenciada Alicia Lo Giúdice en este juicio. A diferencia de la adopción, donde hay una renuncia a la función materna y paterna, en la apropiación esa posibilidad se les arranca a las y los genitores. Las personas apropiadas crecen con una historia que no es la propia y su filiación falsificada es sinónimo de devastación. Hay, en ese sentido, un aplastamiento de la subjetividad.
En el caso de la apropiación de Miriam no tiene cabida el atenuante de la imposibilidad de procrear de la pareja. Tampoco la motivación altruista. Se registra, en cambio, una nueva cosificación humana que guarda estrecha analogía con la esclavitud.
Por todo esto, el fiscal pidió la pena de 15 años de prisión para Armando Osvaldo Fernández; 13 años para Abelardo Santiago Garay, ya que tuvo menor nivel de protagonismo, y 10 años para Iris Yolanda Luffi. Sobre ella pesa la menor cantidad de agravantes y no está probado que el nivel de representación del contexto fuera el mismo. Rodríguez Infante solicitó la inhabilitación absoluta y perpetua, además de una medida que no ha sido considerada aún en esta jurisdicción: en caso de resultar condenados, la fiscalía pidió que se pusiera en conocimiento al Ejecutivo provincial para su exoneración. Es decir, que pierdan completamente el rango policial y se produzca la separación definitiva de la Policía de Mendoza.
Medidas de reparación
La fiscalía cerró su alegato solicitando una serie de medidas reparatorias que exceden lo estrictamente punitivo pero tienen un gran sustento simbólico al sancionar las violaciones de derechos humanos. Daniel Rodríguez Infante se remitió al concepto de “reparación integral” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo desarrollo es “el más avanzado” en la materia. Esta jurisprudencia ha sido vinculante para los tribunales nacionales, recordó.
En concreto, pidió que María del Carmen Moyano sea considerada víctima de violencia por razones de género en sintonía con la resolución de este mismo tribunal en 2018. Para el Ministerio Público, la violencia se expresó de forma diferenciada y desproporcionada en virtud del género. El fiscal recordó el marco normativo penal internacional y nacional que describe estas situaciones y la jurisprudencia que ofrece múltiples antecedentes.
En segundo lugar, solicitó que se reconociera la comisión de los crímenes dentro del contexto del delito internacional del genocidio. El efecto de esta calificación tiene impacto en el derecho a la verdad y ha sido ampliamente convalidado por sentencias previas. Para la fiscalía, el carácter de crimen de lesa humanidad y la figura de genocidio no son excluyentes, a diferencia de lo que proponen otras posiciones teóricas. Por último, requirió que Miriam y toda su familia biológica sean consideradas víctimas del delito de lesa humanidad.
Rodríguez Infante concluyó el extenso alegato del Ministerio Público Fiscal con un llamado a las tres personas imputadas: “Que digan lo que saben, (…) que rompan este pacto de silencio en el que han persistido por más de cuarenta años. En este juicio hemos podido reconstruir en gran medida la verdad de lo que ocurrió (…) Los acusados y la acusada están en condición de completar la verdad (…) Se lo deben a la sociedad en su conjunto y se lo deben, por supuesto, a Miriam”.
La próxima audiencia será el viernes 22 de octubre a las 9:30.
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