La solución amistosa
La misma idea de reescribir el pasado inspira el anuncio oficial de un acuerdo de solución amistosa con María Fernanda Viola, la hija del capitán Humberto Viola, quien murió bajo el fuego del ERP en 1974. También perdió la vida la hermana de la señora Viola, María Cristina, entonces de 3 años. La señora Viola fue una de las protagonistas del video que el gobierno divulgó hace un año, en su primer 24 de marzo. Dijo que sólo pedía “reconocimiento moral”, porque “para nosotras no hubo ni verdad, ni memoria, ni mucho menos justicia”. Esto no es así. El 11 de agosto de 1974, 16 militantes del ERP fueron ejecutados por una patrulla del Ejército, que los sorprendió cuando se dirigían a intentar la toma de una unidad militar en Catamarca. Fueron enterrados en secreto en Capilla del Rosario. En represalia, la organización dispuso ejecutar a 16 militares, en cualquier lugar del país. Esta fue una de las medidas más desatinadas de aquellos años, y cesó por la autocrítica y la disculpa pública del ERP luego del asesinato del capitán Viola y de su hijita. Cinco detenidos por el crimen, Alberto Vivanco, José María Paz, Rubén Emperador, Francisco Carrizo y Fermín Núñez, fueron condenados en diciembre de 1979 a prisión y reclusión perpetua por el juez federal Manlio Martínez, pena que la Cámara Federal de Tucumán confirmó en 1982. Ninguna de las partes apeló. Todos denunciaron haber sido torturados. Además, las Fuerzas Armadas ejercieron represalias también indiscriminadas. Al día siguiente del atentado secuestraron a la esposa del dirigente gremial de los vitivinícolas tucumanos Oscar Montenegro. Berta Molina fue muerta a golpes. Dos días después el hijo de ambos, Luis Montenegro, de 18 años, también fue secuestrado, torturado y asesinado. Un año después del atentado un auto con siete personas secuestradas fue hecho estallar frente al domicilio de los padres del capitán Viola.
En 1989, los condenados recibieron el indulto de Carlos Menem. Pasaron dos décadas hasta que la familia Viola solicitó la reapertura de la causa. Su presentación de octubre de 2008 afirma que, desde que asumió la presidencia Néstor Kirchner, “cuando creía que las heridas empezaban a cerrarse y que los argentinos caminábamos hacia un futuro en común sin odios ni rencores, el gobierno nacional nos enfrentó con acontecimientos que me produjeron un profundo disgusto. Hoy me siento movilizada, enojada y triste porque veo que la sociedad se ha vuelto a dividir arengada por un gobierno con las mismas ideologías que aquellos que atacaron a mi familia. Es por eso que siento que debo defender los ideales por los que a Humberto y a mi pequeña les arrancaron la vida, vidas que también perdieron otros valientes que vestían con orgullo el uniforme conseguido en el glorioso Colegio Militar de la Nación”. La viuda de Viola solicitó que fueran juzgados como autores mediatos la conducción del ERP (el último de sus integrantes murió el año pasado), igual que el ex Presidente Héctor Cámpora (muerto en 1980) y el ex comandante en jefe cubano Fidel Castro (quien vivió hasta 2016). Esta arenga política fue desechada por el juez federal Daniel Bejas, por la Cámara Federal de Tucumán en septiembre de 2011, por la Cámara Federal de Casación Penal en 2014 y por la Corte Suprema de Justicia en 2015.
Al año siguiente, la familia Viola presentó la petición de reapertura ante la CIDH que la transmitió al Estado de Argentina en 2022, lo que da una idea de los términos que allí llevan los casos. El gobierno del Doctor Fernández solicitó que fuera rechazada, decisión que ahora revirtió el de los Hermanos Milei. Firmado el acuerdo en la Cancillería, las partes dispusieron solicitar su homologación a la Comisión Interamericana, y se anunció que el gobierno enviaría un proyecto de ley al Congreso, declarando imprescriptibles “los crímenes de las organizaciones terroristas”. La posibilidad de que semejante ley sea aprobada por el actual Congreso es nula, y la Constitución tuvo el cuidado de prohibir los decretos de necesidad y urgencia en materia penal. Lo que nadie puede impedir es el barullo que así meten, para distraer la atención de la crisis económica y de las consecuencias de la criptoestafa.