El EPM colocó diez Baldosas por la Memoria en el D2 de Mendoza

 

21-06-2021 | A 45 años de los procedimientos destinados a destruir totalmente la conducción de Montoneros en Mendoza, inauguramos diez baldosas en la explanada del EPM exD2 que recuperan la memoria de diez compañeras y compañeros desaparecidos.

Esta es la segunda etapa del proyecto Baldosas por la Memoria que se propone instalar en la explanada del EPM exD2 baldosas con los nombres de todas las personas asesinadas y/ desaparecidas en Mendoza en el marco del terrorismo de Estado. La baldosa inaugural fue colocada en septiembre de 2020, en el quinto aniversario del Espacio. Las primeras diez se inauguraron en diciembre pasado.

La actividad se realizó sin convocatoria pública por resguardo ante la pandemia COVID-19. Solo participó la familia de Juan Carlos Charparín, que reside en la provincia.

 

Las historias de las baldosas que se inauguran

A principios de 1976, las fuerzas represoras desplegaron operativos para desbaratar  las estructuras cercanas a Montoneros y algunos de sus cuadros. El Partido Peronista Auténtico —que intentaba la legalización— fue embestido, al igual que la corriente sindical de ATE de la cual participaban integrantes de la Juventud Trabajadora Peronista. Hacia junio y julio de ese año, con la dictadura ya consolidada, el aniquilamiento apuntó a la destrucción total de la conducción de Montoneros en Mendoza.

El 1 de junio fue secuestrado Dante Ángel Marchi, conocido como “el Gordo Pipi”,  dirigente del Movimiento Villero Peronista de Córdoba que se encontraba oculto en Mendoza. Los procedimientos se extendieron a personas cercanas que consiguieron sobrevivir. A partir de sus testimonios fue posible reconstruir las posteriores desapariciones, entre ellas la de de Ricardo Luis Sánchez Coronel, detenido el 2 de junio.

Avanzado junio se produjeron los procedimientos que descabezaron la organización: Jorge Vargas Álvarez, histórico militante de FAR-Montoneros, fue secuestrado el 12 de junio con su familia. El 17 de junio cayeron Francisco Urondo junto a su compañera Alicia Raboy, quienes fueron víctimas de una cita envenenada, es decir, conocida por los represores.  En estos casos, niñas muy pequeñas fueron secuestradas junto a su padre y su madre y sometidas a terribles escenarios. Vinculados con estas capturas, desaparecieron —en un lugar indeterminado—, Rosario Aníbal Torres y Jorge Lubino Amodey.

Ya en julio el operativo recayó sobre militantes que se refugiaron en Mendoza provenientes de San Juan. A principio de mes cayó Domingo Britos, el 12 y 13 secuestraron y desaparecieron al matrimonio integrado por Rafael Olivera y Nora Rodríguez Jurado, dos sus hijas también sufrieron la detención.

A continuación repasamos sus historias y trayectorias de vida, a 45 años de su desaparición.

DANTE ÁNGEL MARCHI BENA – 26 AÑOS

Nació en Córdoba, lo conocían como «el Gordo Pipi”. Era soltero y se desempeñaba como obrero municipal. Según testimonios de sus compañeros y compañeras, era un muchacho grandote, criollo, que venía de cuna humilde. Se caracterizaba por ser una persona muy querible y respetada por su compromiso y dedicación al trabajo social en los barrios periféricos. Tenía gran llegada y capacidad de movilización de la gente de la zona. Era un líder natural que participó de la creación del Movimiento Villero.

Inició su actividad política a principio de los 70 como militante de base de la Juventud Peronista y luego se integró a Montoneros. Dada su exposición debió abandonar su ciudad en 1975 y se instaló en Mendoza. Aquí fue secuestrado en circunstancias imprecisas el 1 de junio de 1976, lo trasladaron a Córdoba y fue visto en el centro clandestino de detención La Perla.

JORGE VARGAS ÁLVAREZ – 33 AÑOS

Nació en San Juan, era un conocido abogado laboralista que prestaba sus servicios al sindicato minero local AOMA y en defensa de los derechos de las y los trabajadores de distintos sectores laborales.

Era de contextura mediana. Sus compañeras y compañeros lo recuerdan como una persona cuidadosa en su aspecto, que se expresaba con solvencia y evidenciaba su formación académica. Siempre dispuesto al diálogo, tenía amplios conocimientos generales y una sólida formación política. Integró las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y fue miembro de su conducción.

Después de un intento de secuestro en 1971, fue detenido por la dictadura de Lanusse y liberado con la amnistía de mayo de 1973. Regresó a San Juan y retomó su actividad profesional, pero cuando arreciaba la represión de la última dictadura se trasladó a Mendoza. Por esos días estaba casado con María Luisa Sánchez y tenía dos hijas; luego tuvieron a la tercera. La familia se alojó en la vivienda del matrimonio de Alicia Morales y Juan José Galamba, en la capital mendocina. El 12 de junio Jorge salió de la casa y nunca regresó. Ese día allanaron el domicilio y secuestraron a las mujeres con sus hijas e hijo: su destino fue el D2. En sus calabozos la esposa lo vio —herido y torturado— por última vez.

ROSARIO ANÍBAL TORRES – 36 AÑOS

Nació en Paso del Río, departamento de San Martín, San Luis. Provenía de una zona semirrural y se desempeñó como chofer de colectivos en la empresa provincial. Era soltero y llegó a Mendoza en 1975 debido a la persecución sufrida en su lugar de origen.

Poco se sabe sobre su vida personal pero trascendió su larga y conocida trayectoria política: formado al calor de la proscripción del peronismo, se abocó a la militancia en esa corriente. Fue integrante del Peronismo de Base y participó activamente en la campaña del Luche y Vuelve que llevó a Hector Cámpora a la presidencia de la Nación. En ese marco fue candidato a diputado por el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI). Fue designado jefe —civil— de Policía de San Martín por el gobernador Elías Adre pero, debido al avance de la derecha dentro del gobierno, tiempo después sufrió una detención. Entonces se integró a Montoneros y optó por salir de San Luis.

Según testimonios, en junio de 1976 compartía vivienda con una pareja también militante, en Godoy Cruz. Entre el 12 y el 17 dejó su moto Zanella en la casa de un amigo —coterráneo y también chofer—; desde ese momento está desaparecido. No se sabe dónde ni cuándo fue secuestrado. Sin embargo, sobrevivientes pudieron escucharlo dando vivas a Perón dentro del D2 cuando era castigado con ensañamiento por los policías. Presumiblemente murió en ese centro de detención a causa de las torturas.

DANIEL SOPRANO JARA – 35 AÑOS

Nació en el partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires. Vivía y militaba en Mar del Plata y llegó a Mendoza huyendo de la persecución en su ciudad de origen. Había formado pareja con María del Carmen Caballero a principios de 1975, se casaron y tuvieron una hija.

Hizo camino militante dentro del peronismo revolucionario. En 1974 lo sorprendieron haciendo una pintada de Montoneros y fue detenido. Al recuperar la libertad, la organización lo destinó a Mendoza junto con su compañera. Ella regresó a Buenos Aires cuando quedó embarazada. Él permaneció en Mendoza y fue secuestrado el 17 de junio de 1976, en coincidencia con los procedimientos contra varios cuadros políticos lanzados del peronismo por esos días.

FRANCISCO REYNALDO URONDO INVERNIZZI – 46 AÑOS

Nació en Santa Fe el 10 de enero de 1930. Era poeta, periodista, académico y militante de Montoneros. Tuvo dos hijas y un hijo: Claudia, Javier y Ángela. Claudia es una de las treinta mil desaparecidas.

Militante cultural, rupturista en su modo de pensar al arte y la función social de la poesía. Fue director de la sección Arte Contemporáneo del Instituto Social del Departamento de Acción Cultural de la Universidad Nacional del Litoral y Director de Cultura de su provincia, desde donde articuló con numerosas personas referentes y comprometidas de la arquitectura, pintura, escultura, teatro, cine, literatura.

Fue asesinado en una emboscada el 17 de junio de 1976, en Mendoza. Estaba junto a su pareja, Alicia Raboy; la hija de ambos –Ángela, de once meses– y la militante Renée Ahualli. Urondo murió de un culatazo en la cabeza; Alicia fue desaparecida. A Ángela, su madre la salvó dejándola en un corralón de donde la policía se la llevó, la entregó a Casa Cuna y luego la madre de Alicia logró recuperarla.

ALICIA CORA RABOY LISTINGART – 28 AÑOS

Nació el 14 de enero de 1948 en Buenos Aires. En la militancia le decían “Lucía”. Estudió Ingeniería Naval, militó en el Partido Comunista (PC). Luego se incorporó al peronismo combativo, militó en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). También pasó por la Agrupación Evita de la Rama Femenina. Finalmente formó parte de Montoneros. Era periodista, trabajó en el diario “Noticias”.

Junto a su compañero, Francisco “Paco” Urondo, y su hija Ángela, vinieron a Mendoza, enviados por la organización. El 17 de junio de 1976, Alicia fue secuestrada y desaparecida en una emboscada en Guaymallén. Estaban “Paco”, quien fue asesinado; y su hija, a la cual intentó salvar dejándola en manos de los dueños de un corralón. Pero la policía luego retiró a la niña, la llevó al D2 y la entregó a Casa Cuna, de donde la madre de Alicia la recuperó. También estaba la compañera de militancia René Ahualli, sobreviviente del operativo.

A Alicia la habrían llevado al D2, luego no se supo más de ella.

DOMINGO BRITOS GARRO – 24 AÑOS

Nació el 2 de noviembre de 1952 en San Luis. Era maestro en la Dirección Nacional de Educación del Adulto y estudiaba Ingeniería Civil en la Universidad de San Juan. Fue presidente del Centro de Estudiantes y realizaba tareas de alfabetización en barrios populares de esa provincia. Tenía un hijo y una hija. Ella relata que para “la gente que lo ha conocido era una persona muy justa, que siempre estuvo atenta a lo solidario, siempre le dolía en lo más profundo la injusticia…”. Ha sido reconocido tanto en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan como en la ciudad de Villa Mercedes, donde una calle lleva su nombre.

Era alto, morocho, delgado y de voz gruesa. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Montoneros. Cuando llegó a Mendoza, se unió al trabajo social con el cura jesuita Llorens en el Barrio San Martín. Fue secuestrado en esta ciudad el 2 de julio de 1976. Según el testimonios de sobrevivientes, habría estado en el D2 hasta su asesinato.

RAFAEL OLIVERA PALACIOS – 29 AÑOS

Nació el 16 de abril de 1946 en Capital Federal. Le decían “Palito”. Era el séptimo de los once hijos e hijas del matrimonio formado por Jorge Olivera —médico del Ejército— y Fanny Palacios —sobrina del socialista Alfredo Palacios—. Era buen deportista, jugaba al fútbol y al rugby y era hincha de Boca. Además, disfrutaba escuchar folklore.

Rafael fue parte de la Acción Católica Argentina y realizó sus estudios en sociología en la Universidad Católica Argentina, donde conoció a Nora Rodríguez Jurado, con quien se casó en 1969. Luego de graduarse, la pareja obtuvo una beca de estudios en Alemania. Allí nacieron dos de sus cuatro hijas: Ximena y Soledad. Luego vendrían las dos más pequeñas: Rosario y Guadalupe. Volvieron a la Argentina en 1972, se fueron a vivir a San Juan y trabajó como profesor de la Universidad Nacional de Cuyo.

Rafael tenía un carácter fuerte, opiniones claras y las expresaba con pasión. Él y Nora militaban en Montoneros y adherían a la teología de la liberación. A fines de 1974 la familia Olivera-Rodríguez Jurado fue trasladada a Mendoza, donde se vincularon con el sacerdote jesuita “Macuca” Llorens y su trabajo social en el barrio San Martín.

El 12 de julio de 1976 Rafael tomó la bicicleta de su casa y salió a la calle. Iba a una reunión cuando un hombre agazapado trató de detenerlo. Rafael intentó escapar pero fue herido en una pierna, golpeado en la cabeza y secuestrado en un auto. Al otro día fue secuestrada su compañera, Nora. Un tiempo después la familia de Olivera viajó a Mendoza y pudo recuperar  a las cuatro niñas.

NORA ERCILIA RODRÍGUEZ JURADO BYRNE – 29 AÑOS

Nora nació el 11 de junio de 1946 en Puerto Belgrano, provincia de Buenos Aires. Vivió durante hasta su adolescencia en el barrio Colegiales. Jugaba al hockey, era muy sociable y tenía muchas amigas.

Estudió Sociología en la Universidad Católica Argentina. Allí conoció a quien sería su marido y padre de sus cuatro hijas: Rafael Olivera. Se casaron el 25 de octubre de 1969 en San Benito, Ciudad de Buenos Aires. Luego de recibirse, obtuvieron una beca de estudios y vivieron en la ciudad alemana de Bielefeld.

Cuando volvieron a Argentina, en 1972, se afincaron en San Juan. Allí Nora se desempeñó en la Secretaría de Economía. Militaba en la Juventud Peronista y Montoneros. La pareja era fuertemente perseguida por las fuerzas represivas, por lo que se mudaron a Mendoza. Aquí, Nora colaboró con el padre José María “Macuca” Llorens en el barrio San Martín, en el naciente proyecto de la escuela del barrio.

El 13 de julio de 1976 Nora fue secuestrada por un comando. Se hallaba a metros de su casa haciendo unas compras con su hija mayor, Ximena. En el automóvil pidió volver por Guadalupe, de once meses, que había quedado en la casa. Los secuestradores tenían a la bebé consigo. Nora y sus dos hijas fueron llevadas al D2 mientras que las otras niñas quedaron en el jardín al que acudían, bajo el cuidado de las docentes. Las niñas fueron recuperadas poco tiempo después por la mamá de Nora y los abuelos paternos.

JUAN CARLOS CHARPARÍN BENEDETTI – 32 AÑOS

Nació el 9 de junio de 1944 en Luján de Cuyo. Le decían “Chato” y trabajaba de chofer. Estaba casado con Isabel Membrive, ambos militaron en la Juventud Peronista, en el Peronismo de Base y se sumaron a Montoneros en Mendoza. Tenían una hija y un hijo: Claudia y Cristian. Juan Carlos estaba reconocido como ciudadano español.

El 19 de julio de 1976 un grupo de tareas atacó su casa, en Guaymallén. Logró resguardar a su su hija y a su esposa, Isabel Membrive, quien casi dos años después también fue secuestrada y desaparecida. Juan Carlos enfrentó a la patota desde atrás de un auto y finalmente fue asesinado a balazos. Hay datos de que habría sido ingresado al Cementerio de Ciudad como NN.

AUDIENCIA 8 / DEVOCIONES Y SECRETOS

JUICIO POR LA APROPIACION DE LA HIJA DE LOS DESAPARECIDOS MOYANO-POBLETE

18-06-21 | Se oyeron tres declaraciones que son prueba central para la causa. Cintia Troncoso, concuñada de Stella Fernández, decidió no ser cómplice del ocultamiento de la familia apropiadora y denunció el hecho ante la justicia. Mara Díaz de H.I.J.O.S. sumó su relato como parte del grupo que investigó el caso. Mariana Herrera Rubia refirió la frase que pronunció una pariente de Norberto Fernández, hermano del principal imputado. La próxima audiencia será el 2 de julio a las 9:30.

Cintia Troncoso

La testigo explicó que la relación con la familia Fernández es de parentesco político debido a su esposo, Rodrigo Sánchez. El hermano de este, llamado Fernando Sánchez, estuvo casado con Stella Fernández, hija del matrimonio acusado. Por esta razón, Cintia compartió eventos y reuniones familiares, pero sin entablar una relación estrecha. Su pareja le había contado que Osvaldo Fernández trabajó en la Policía en la época de la dictadura. Eso sembró ciertas dudas en la testigo, en virtud de la cantidad de hijos e hijas y de la diferencia entre las mellizas Stella y Marcela Fernández: “Pensé la posibilidad de que alguna fuera hija de desaparecidos por el trabajo de Fernández”.

La información relativa a la apropiación llegó una noche, entre el 2010 y el 2012. En una reunión familiar, Fernando le contó a su hermano Rodrigo que Armando Fernández estaba con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad, aunque la familia decía que se ausentaba por un trabajo en San Luis. En ese contexto, Iris Luffi le había confesado a Stella que Miriam no era hija biológica suya, sino que Fernández había llegado con ella una noche y desde entonces la habían criado como propia. Además, existía la posibilidad de que fuera hija de personas desaparecidas. Rodrigo compartió con su esposa esta noticia “increíble” y grave.

Por lo que relató Rodrigo, a esa altura Miriam no estaba al tanto de la revelación. “Si esta chica no lo sabe lo tiene que saber”, consideró la testigo. Troncoso no tenía relación con los organismos de derechos humanos, pero sí había buscado información al respecto. Pensaba en los hijos de Stella, sus sobrinos políticos, y la mentira que podrían estar viviendo. También pensó en esa familia biológica que seguramente había buscado. “Si yo no hacía algo con esta información estaba siendo cómplice de esta familia”, sintió.

Lo primero que se propuso fue afianzar una relación con Stella, pero el acercamiento fue difícil. Vincularse con Miriam parecía aún menos factible. Entonces decidió compartir la información con alguien que pudiera darle curso a la investigación. Se contactó con el Movimiento Ecuménico (MEDH) y con Madres de Plaza de Mayo. Finalmente, por recomendación de Tobías Crespo, pareja de su hermana Mariana, se comunicó con H.I.J.O.S. “Belén se puso en contacto conmigo. Nos juntamos en una oficina que tenían las chicas en la calle 9 de julio (…) en dos oportunidades. Yo les mandé unos datos que podían sumar a la investigación, como fechas de nacimiento. Así fue que se terminó sabiendo que Miriam era hija de desaparecidos”, explicó.

La abogada querellante Viviana Beigel pidió a la testigo que individualizara a las personas de la familia Fernández que conocieron indudablemente la situación de Miriam: Cintia mencionó a Armando Fernández, “su padre apropiador”, Iris Luffi y Stella Fernández. Esta última, según supo recientemente Cintia por su cuñado, no entendía cómo su madre le había ocultado la verdad por tanto tiempo.

Tribunal

La devoción por el padre

Troncoso hizo mucho hincapié en la dinámica patriarcal de la familia Fernández: “Siempre vi que esta familia funcionaba de forma extraña. Por ejemplo, están sumidos en una devoción increíble por su padre (…)  La familia hace lo que su papá dice. Y eso es lo correcto”. Por esa razón, supuso que nadie buscaría la verdad motu proprio.

Las mujeres, por el contrario, “tienen que criar y estar en la casa”. Entre ellas, se detuvo en el caso de Iris Luffi a pedido de Mariano Tello, su defensor: “Se ha dedicado toda su vida a su familia y a su esposo, a cuidar a sus hijos (…) Nunca ha trabajado por fuera de su casa. Pienso que Iris, más allá de ser una mujer adulta con sus derechos y capacidades, ha sido siempre tan devota de su esposo y de los hombres de su familia que no le quedó más que hacerlo que su pareja le decía, lamentablemente”. Argumentó que la mujer podría haberse negado a recibir y a criar a esa bebé: “Creo que no lo hizo porque tenía que obedecer a su marido”.

A Miriam la describió como una “persona genial”, “pujante” y “decidida”, completamente distinta a las mujeres de su familia, pero no exenta de esa lealtad hacia su apropiador. Por eso, una vez que supo la verdad —ya de adulta— trató de evitar que la gente se enterara. “Ante toda la situación de shock que puede generar una situación sobre la identidad de sí misma, yo creo que eso hizo que ella entrara en una situación de negación sobre su identidad y la actitud de sus padres apropiadores”. Según Troncoso, la familia Fernández negaba toda conducta inapropiada de su padre.

Actitud defensiva

La testigo señaló que el revuelo de aquellos años se generó por las circunstancias de la investigación a la que fue sometido Armando Fernández. La familia estaba “alerta” y “a la defensiva” en relación a delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, relató que debieron vender la vivienda para costear la defensa en el juicio y, en consecuencia, alquilaron una propiedad a Amanda Troncoso, tía paterna de Cintia. En una ocasión, Iris Luffi se acercó al negocio del tío de Cintia y le indicó que negaran cualquier conocimiento de la familia Fernández si la policía preguntaba. La testigo conoció el episodio por medio de su padre.

Por último, aclaró que su vínculo actual con la familia Fernández es muy lejano porque su cuñado Fernando se separó de Stella. No obstante, sigue teniendo algún contacto a través de sus sobrinos políticos. La testigo confesó que temía que estas personas se enteraran de que había hecho la denuncia correspondiente: “Una hace estas cosas con miedo, porque parece ser que es una la que está haciendo las cosas mal cuando yo decidí no ser parte de todos sus secretos. Se encargaron de hacerme llegar amenazas y comentarios para que yo no estuviera hoy en día declarando”.

Cuando Cintia Troncoso concluyó su testimonio, el fiscal Daniel Rodríguez Infante solicitó al Tribunal que enviara el acta de la jornada a instrucción, con el fin de investigar la situación de amenazas referidas.

Mara Nayme Díaz: “El daño a las víctimas de apropiación lo provocó la dictadura”

La segunda en declarar fue Mara Nayme Díaz. Desde el 2001, integra la agrupación HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y, desde el 2011, la Comisión Hermanos dentro de la organización. “Para organizarnos mejor nos subdividimos en comisiones y Hermanos es una de esas comisiones”, explicó la testigo. Se dedicaban especialmente a la búsqueda y restitución de identidad de bebés que nacieron en maternidades clandestinas, entre 1976 y 1983.

Hermanos trabajaba en conjunto con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y Mara Díaz lo consideró no solo un espacio de militancia sino también de formación, debido a la interdisciplinariedad y el intercambio de experiencias. Afirmó: “Nuestro trabajo ha sido riguroso, serio, responsable, comprometido, ético y humano”.

Al igual que las testigos de la audiencia anterior, contó que trabajaban de dos maneras: con la presentación espontánea de las personas que nacieron entre el 76 y el 83, dudaban de su identidad y creían que podían ser hijas de víctimas de la dictadura; y con las denuncias de quienes dudaban de la identidad de una tercera persona. En este segundo caso, intentaban tomar algún tipo de contacto con quien podía ser víctima de apropiación para que se transformara en una presentación espontánea y accediera a hacerse la prueba genética. Siempre se llenaba una ficha con datos como el contexto del nacimiento o algún tipo de vínculo con integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad.

Mara Nayme Díaz

Sobre el caso de Miriam, declaró que tuvieron conocimiento por dos denunciantes en la segunda mitad del 2012. Una fue Mariana Herrera Rubia, quien les contó que una amiga llamada Liliana Giuliani le aseguró que “en la familia Fernández hay hijos que no son hijos”. Liliana estaba en pareja con un policía llamado Jorge Giarratana que era cuñado de Norberto Fernández, hermano del imputado Armando Osvaldo Fernández.

Por el vínculo entre las amigas, Mariana vio algunas veces a Norberto, quien siempre le mencionaba que conocía de la escuela de policía a su progenitor, Héctor Lanza, hasta que Mariana le pidió que no lo mencionara más. Ella no tenía relación con ese hombre, a quien consideraba un represor. Por eso se cambió el apellido a Herrera Rubia, con el acompañamiento de Hermanos en el pedido legal.

La segunda fuente de información fue Cintia Troncoso, quien, a través de un amigo de Mara, Tobías Crespo, se puso en contacto con Hermanos, mediante correos electrónicos. Cintia tenía relación con la familia Fernández por dos vías: su tía tenía un negocio en el barrio donde vivían y les alquilaba la vivienda a Miriam, por un lado, y a Fernández y Luffi, por otro; pero además, su pareja, Rodrigo Sánchez, tiene un hermano —Fernando— que estuvo casado con Stella Fernández, hija del matrimonio imputado en este juicio. Troncoso aportó información sobre la sospecha con relación al origen de Miriam.

En 2012 se llevaba a cabo el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Mendoza y se investigaba la participación de Armando Osvaldo Fernández en la última dictadura. Para no revelar la causa de su ausencia en el barrio, la familia del ya condenado decidió decir que estaba trabajando en San Luis. La misma Iris Luffi dijo en el almacén de la tía de Cintia que si alguien se acercaba preguntando por el hombre, dijeran no conocerlo. Cintia Troncoso supo que Iris le comentó su preocupación a Stella: a raíz de todo esto temía que se investigara el origen de Miriam, quien no era hija biológica del matrimonio sino que la había traído Armando una noche cuando ella era bebé y posiblemente era hija de personas desaparecidas.

Con estas dos denuncias, más algunos datos que tenían de Miriam como la fecha de su cumpleaños, fotos, la comparación de su nacimiento con embarazadas de las que tenían conocimiento y fechas posibles de parto, obtuvieron dos coincidencias: una con María del Carmen Moyano y otra con Adriana Bonoldi. “Nos resultaba difícil pensar que la hija de la Pichona estuviera en Mendoza sabiendo que había nacido en la ESMA”, aseguró Mara Díaz.

Con Hermanos tenían dudas de si podían o no acercarse a Miriam a plantearle la situación: “Era difícil porque a Miriam la estábamos viendo acá, en los juicios (…) Era poco probable que ella lo tomara bien”. Vieron que habían llegado a un límite, en este y otros casos, y decidieron presentar la denuncia ante la fiscalía. Fue, casualmente, el 22 de octubre del 2012, el Día Nacional por el Derecho a la Identidad.

Aquel año, recordó Mara, “el Tribunal Oral Federal 6 de la Capital dictó sentencia en la Causa Plan Sistemático que investigó más de 30 casos de apropiación (…) y dictó condena de 10 años a Jorge Luis Magnacco, el médico que atendió el parto de la Pichona en la ESMA en el que Miriam nació. Ese médico está libre por haber cumplido ya dos tercios de la condena”. Y agregó: “Esa sentencia sostuvo lo que los organismos venimos diciendo hace años. La apropiación de bebés durante el cautiverio de sus madres en maternidades clandestinas como botín de guerra fue un plan organizado (…) no fueron casos cometidos al azar, constituyen casos de delitos de lesa humanidad”.

Antes de finalizar, Mara Nayme Díaz compartió algunas reflexiones. Interpeló a la inacción judicial para buscar a las nietas y los nietos apropiados que faltan. Cuestionó que si ellas, con recursos limitados, consiguieron esto, “cuánto más podría hacer la justicia con todos los recursos que tiene” para frenar este delito. Porque después de tantos años, “el delito de apropiación sigue produciendo sus efectos y produciendo daños sobre sus víctimas”. Mara remarcó que “el daño provocado a las víctimas del delito de apropiación se lo provocó la dictadura que secuestró, torturó, desapareció a sus mamás y a sus papás, a toda una generación, a 30000 desaparecidos y desaparecidas. No se lo provocamos nosotras”, en referencia a los organismos de derechos humanos.

Aseguró que su lucha forma parte de una red mucho mayor que trabaja permanentemente en actualizar listados de personas que fueron víctimas de la dictadura: desaparecidas, asesinadas, sobrevivientes, apropiadas. Reconoció el esfuerzo y la dedicación de compañeros y compañeras y, particularmente, la de su mamá, Susana Muñoz, en esta investigación.

“Quiero decirle a Miriam que nosotras la hemos buscado con mucho amor y que la estamos esperando, cuando ella quiera hablar con nosotras. Sabemos que su proceso no ha sido sencillo y siempre fuimos muy respetuosas de lo que a ella le ha tocado pasar como víctima. Por ella, por Pichona, por Carlos Poblete y por los 30000 presentes ahora y siempre es que estamos luchando”, concluyó Mara Díaz.

Mariana Herrera Rubia: “Somos la memoria que tenemos”

La última en declarar fue Mariana Herrera Rubia. El dato que la llevó a prestar testimonio en este juicio está ligado a su propia historia personal. Relató que entre el 2001 y el 2003 vivía en la calle Castelli de Godoy Cruz y, para sobrellevar la crisis del país, se acercó mucho a su vecina Liliana Guliani. Esta mujer estaba casada con Jorge Giarratana, cuñado de Norberto Fernández —hermano del imputado—. En consecuencia, se cruzó con personas del entorno familiar de Liliana, entre ellas con Norberto, que aseguraba conocerla.

Su madre le explicó que los Fernández habían sido compañeros de la Escuela de Policía de su exesposo, genitor de Mariana. A esa altura, la testigo ya sabía que esta persona, Héctor Lanza, había participado en el golpe de Estado como policía de la Comisaría Séptima. Mariana aclaró que rechazó todo acercamiento con Lanza: “Me criaron mis abuelos maternos. Siempre estuve en la vereda de enfrente”.

Mariana Herrera Rubia

Refirió que un día Liliana pronunció la frase “en la familia Fernández hay hijos que no son hijos”. La testigo no supo a quién decírselo. La vergüenza y la culpa por su genitor le impidieron inicialmente actuar. Con Liliana Guliani no tuvo más vínculo luego de su mudanza, en 2005. Además, cuando hablo con ella sobre su genitor, Jorge, el esposo, lo justificó: “Hizo lo que tenía que hacer”.

En el 2004 “cambió totalmente la situación cuando se bajaron los cuadros [de los represores]”. La testigo aseguró que sintió “protección absoluta” para empezar a hablar. Asistía a los juicios, aunque todavía incómoda con su apellido. En 2012 se contactó con Alfredo Guevara para proceder al cambio de apellido. Guevara la derivó al MEDH, donde Elba Morales le entregó un expediente sobre Lanza: la causa 031-F del 2007, donde se dice que Osvaldo Armando Fernández “mandó al frente” a Lanza en el caso de Roberto Blanco. “Es el primer papel que tengo que certifica que Lanza estuvo involucrado. Antes era solo narración oral”. Con ese documento y el contacto que Violeta Ayles facilitó con H.I.J.O.S., Mariana se reunió con Celeste, Belén y Paula Baigorria para contarles lo que sabía.

Ese dato sobre Fernández era también parte de su historia: “Hay muchos ‘hijos que no son hijos’ en otros espacios. Lanza también tiene otra hija y yo dudo que sea biológica. Su nacimiento debe ser en el 77”, explicó. Por su pertenencia a la fuerza y el trabajo de enfermera de su esposa, posiblemente no lo sea, sostuvo. La testigo solicitó al tribunal que se investigara.

Mariana pudo cambiarse su apellido luego de la reforma del Código Civil, en 2019. Hoy se presenta como Mariana Herrera Rubia.

“En el 2017 nos enteramos de que Miriam era hija de Pichona. Somos la memoria que tenemos”. Agradezco que me den esta oportunidad que he estado esperando”, concluyó.

Nueva prueba

Luego de las testimoniales, el Ministerio Público Fiscal ofreció al tribunal un expediente de 1975 que contiene una causa contra la familia Moyano. La pista surgió de las declaraciones previas de Beatriz García y Adriana Moyano. El documento forma parte de la investigación en curso sobre los centros clandestinos de detención de la Policía de Mendoza.

La próxima audiencia será el 2 de julio a las 9:30.

Megacausa III SAN JUAN: Revictimizando testigos?

Se cumplen los “Protocolo de Intervención para el Tratamiento de Víctimas- Testigos en el marco de Procesos Judiciales”, y los lineamientos que marca la Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal en la Megacausa III por delitos de Lesa Humanidad cometidos en San Juan?.

Desde hace un mes  la insistencia de las defensas de los acusados en llamar a declarar a cualquier testigo victima, aunque hayan declarado en las Megacausas anteriores,  por su edad y condiciones de  salud Tribunal plantean interrogantes al respecto.

Tal el caso de Bernardo Pereyra (Ver abajo) que ha declarado en los juicios anteriores y que ahora solicita no se lo convoque nuevamente. El mas encarnizado opositor a que se usen estas declaraciones “en papel o en video” es el inefable Esteban Chervin. Las  comparencias de testigos victimas que ya depusieron en los dos juicios anteriores se repiten sin solusión de continuidad violando los protocolos que rigen en la materia.

Asi, Victor Carvajal fue citado por el defensor oficial Esteban Chervin a contestar  sobre cuestiones de escasa relevancia que por momentos se parecian mas a un careo injustificado. El testigo victima sufrió dos detenciones, torturas y el asesinato de su hermano en el Penal de Chimbas.  En la sesión del viernes 4 de junio de 2021, Carvajal  se sentó frente al TOF de San Juan y  evaluó su participación ante los jueces.

EL COMANDANTE JENSEN: PROTEGIO A LOS PRESOS

La figura de Jensen obsesiona a los defensores de los acusados porque no se la puede contradecir y brindo la primera información a lso detenidos sobre sus captores y torturadores, segun Victor Carvajal.

Entre los relatos que usan las defensas de los genocidas en los juicios de San Juan esta la relación de las militancias del PC de la epoca y el justicialismo. Empezando por la vinculación del exgbernador Eloy Camus y Victor Carvajal.

 

Ante otros planteos, Carvajal le explicó al defensor Oficial Esteban Chervin las caraterística de los debates politicos en la universidad en aquella epoca.

Algo molesto por ciertas argucias recurrentes del interrogatorio del Defensor oficial, el testigo victima fue contundente.

Respecto de la situacón de Bernardo Pereyra, Carvajal fue tajante.

 

 

 

 

 

AUDIENCIA 5 / PRIMEROS TESTIMONIOS

11º Juicio por Delitos de Lesa Humanidad/San Rafael/Mendoza

16-06-21 | Se inició la etapa de testimoniales con la declaración de María Esther Dauverné, quien ofreció detalles de hechos en los que estuvo involucrado el policía Norberto Mercado. Además, dijo haber conocido a Hugo Montenegro, cuya desaparición forzada es objeto de ese juicio. Por su parte, Mariano Tripiana evocó el secuestro de su padre y cerró su declaración denunciando a Heber Narváez, yerno del imputado Oscar Pérez. La próxima audiencia será el miércoles 30 de junio a las 9:30.

Ambos testimonios apuntaron hacia la complicidad del Poder Judicial en el entramado represivo desplegado por las fuerzas policiales y el Ejército. Al interrogar a Dauverné y Tripiana, el defensor Ariel Civit formuló preguntas que contenían datos inexactos. La maniobra fue advertida y frustrada por el fiscal Garciarena, quien advirtió el intento de confundir a las personas que testimoniaban.

Una maestra de Malargüe en calabozos de San Rafael

Dauverné contó al tribunal que en el momento de su detención vivía en Malargüe, en la mina Huemul, donde ejercía como maestra. Su marido, Hugo Adelmo Antonio Riera, se desempeñaba como jefe de personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

“Vinimos a San Rafael porque estaba embarazada y vine a hacerme controles. El 12 de abril estaba en casa de mis padres cuando Labarta y Fierro llegaron a la casa a preguntar por mi marido. Yo salí a decirles que no se encontraba porque había ido a arreglar el auto. Me pidieron si podía acompañarlos para que el mayor Suárez me hiciera preguntas. Subí al auto con mi hijo, vinimos al edificio donde estoy ahora declarando que es el Correo de San Rafael. Salió Guevara y me dijo que iba a quedar detenida hasta que apareciera mi marido. Me llevaron a Infantería con mi hijo. Mi marido llegó a la media hora. Quedé detenida hasta el día viernes cuando me llevaron a la Departamental, donde estuve detenida, y después me llevaron a la cárcel de encausados hasta el 30 de abril”.

Declara Dauverné

La mujer contó que durante su detención pasó “momentos muy difíciles” en Infantería: “Era un rancho donde dormíamos, la comida nos la proveían los familiares, en mi caso mi hermano. Mi marido dormía en unas bolsas tiradas en el suelo. No había baño, yo estaba embarazada. Ahí estaban los jueces que nos veían y no hacían nada”.

Ante la consulta del fiscal, Dauverné precisó que fue liberada el 30 de abril desde la Municipalidad, aunque su cautiverio se desarrolló entre el Correo, la Infantería, la Departamental y la Cárcel de Encausados. Su esposo fue liberado el 28 de octubre de 1976. La fiscalía preguntó por los nombres de los policías y militares que se desempeñaban en estos centros de detención. La testigo apuntó especialmente a Mussere: “Era un policía que tenía un vozarrón muy grande y nos maltrataba”. También mencionó a Suárez, el jefe, quien apareció una noche con Aníbal Guevara: “Habían bebido, nos maltrataron, nos insultaron, le pegaron a Martínez Baca, que estaba detenido ahí”. Por último, refirió que Mercado fue a Infantería. Dauverné lo conocía porque era esposo de la hermana de su padrino de casamiento. La testigo le solicitó que hiciera averiguaciones, pero al día siguiente Mercado se excusó: “Se acercó a la piecita donde yo estaba a decirme que no podía hacer nada”.

En esa instancia, la testigo fue interrumpida por el defensor oficial, Leonardo Pérez Videla, quien reclamó que los hechos narrados ya estaban incluidos en juicios anteriores.

Respecto a quienes compartieron detención con ella, Dauverné mencionó a Rosario del Carmen Velázquez, madre de Félix Órdenes —el soldado cuya desaparición también se juzga en este proceso —, Yaya Kosarinsky y Epifanía Torres. En la Departamental estuvo junto a Marta García de Charqui y en la Cárcel de Encausados conoció a Josefina Gonzáles de Osorio. En cuanto a los hombres detenidos junto a su marido, recordó a Hugo Magallanes en Infantería. En el calabozo contiguo de la Departamental se hallaban Martínez Baca, Alfredo Porras, Roberto López y Calívar. “En otro calabozo estaban mi papá, Sergio Chaqui, Rosales. Había muchos que no conocía y recuerdo vagamente, estaba lleno de detenidos”, explicó.

Luego relató que Mercado llevó a dos detenidos a Infantería. Los bajaron de una camioneta y “les dieron una paliza”. “Mientras les pegaban vino a hablar conmigo, a decirme que no podían hacer nada”. Le pidió a la testigo datos de Susana Sanz, pariente suya y vecina de enfrente.

Dauverné recordó: “Los jueces y fiscales nos veían llegando con ollitas y termos para nuestros familiares detenidos y nunca se preocuparon por ninguno de nosotros, son una pata responsable. No estuvimos en una comisaría, ni una bodega ni un subterráneo, estábamos en el Poder Judicial de San Rafael. Si uno no puede hacer nada cuando está en un cargo renuncia, hubieran tenido la hombría de renunciar”. Quiso dar detalle de los funcionarios judiciales que en esa época omitieron actuar: “Giambastiani, Gaudillo Fenoglio, el fiscal Bernaldo De Quirós, los fiscales Correa, Tindaro Fernández, Mauricio… El doctor Barrios renunció porque no estaba de acuerdo con lo que nos hacían. También estaban Francisco Navarro Hinojosa, que estaba en el Colegio de Abogados y que no se movió y eso que era abogado de mi papá”.

La testigo explicó que conocía a Magallanes y a Hugo Montenegro. “Montenegro era un artesano que trabajaba muy bien, en la casa de mi papá hay un cuadro de él. Recuerdo cuando lo detuvieron estaba muy golpeado y mi marido me mandó a pedir ropa porque estaba prácticamente desnudo”, refirió.

El defensor de Mercado, Ariel Civit, preguntó a la testigo detalles de los encuentros con su cliente. También quiso más información sobre la persona por la cual le había consultado Mercado. Dauverné respondió minuciosamente y el abogado sugirió que no lo había hecho en juicios previos, razón por la cual solicitó que se iniciara una compulsa por falso testimonio: “Teniendo en cuenta los notorios agregados de recuerdos que aparecen después de 44 años existe una notoria situación de falso testimonio (…) Existen agregados y referencias nunca vertidas con anterioridad dirigidas a agravar la situación de mi cliente”, postuló Civit. El fiscal aclaró que la declaración de Dauverné de 2015 era coincidente con lo expresado en esta jornada y el juez rechazó el pedido del defensor.

Sobre el destino de Francisco Tripiana

Mariano Tripiana relató detalles de la detención de su padre y de la investigación que realizó cuando fue mayor y tuvo la posibilidad de entrevistarse él mismo con personas que lo conocieron antes y durante su cautiverio. “Yo tenía ocho meses en ese momento, cuando me hice más grande y tuve una familia empecé a investigar porque quería saber quién era mi viejo. En la investigación que hice pudimos aportar en el 2010 a la primera causa de lesa en esta provincia. Para mí es muy importante estar ante este tribunal y estos espacios. Hemos tenido violencia institucional después de los juicios”, comenzó.

Mariano TripianaExplicó que su madre y su tío Ángel Tripiana buscaron a Francisco por diez días. Su madre fue muchas veces a Tribunales de San Rafael, “un lugar que era un centro de torturas único en el país”, donde se tenía que impartir justicia pero habían secuestrado personas. “En ese momento estaba a cargo el represor Guevara junto a Trentini, Mussere y otros personajes de inteligencia (…) Todo el trabajo de perseguir a nuestros viejos lo hizo la Policía, cuando vino el Ejército ya tenían todo armado, por eso hay grupos de inteligencia de la provincia”, siguió.

En Tribunales, cuando Mariano tuvo fiebre y convulsiones, su madre pidió a alguien del Ejército que el niño pudiera estar un rato con el padre, pero se lo negaron. Según algunos compañeros, Tripiana estuvo cautivo con Alfredo Porras, Aldo Fageti, Osorio, Berón, “con muchos que desaparecieron”, agregó el testigo. “A mi mamá le dijeron en el Poder Judicial que si no se dejaba de joder a ella también la iban a desaparecer (…) Por temor a dejarme solo se fue a su casa. Al día de hoy seguimos esperando que mi viejo llegara a casa”.

Tripiana contó que a su padre lo detuvieron “los militares y la Policía” y lo trasladaron a la Departamental. Algunos policías pertenecían a la banda de música. “Tribunales era el lugar de secuestros donde hacían simulacros de fusilamiento, a cargo de Guevara y los que pertenecían a la Policía de la provincia. También les hacían el submarino”, declaró.

Señaló que la familia Tripiana siempre estuvo en Jaime Prats. Un soldado que era oriundo del mismo lugar le acercó un cigarrillo a su papá y entregó “un papelito” a una de sus tías, “como que aún estaba con vida”. También lo vio un ordenanza que vivía en Pueblo Diamante, al que Francisco Tripiana le llevaba leche de vez en cuando porque tenía un hijo chiquito: “Me contó que él lo había visto a mi viejo ahí pero no podía hacer nada”, relató Mariano.

De acuerdo a la reconstrucción que Mariano y su madre pudieron hacer, Francisco estuvo en la Departamental una semana o diez días. “Supuestamente le dieron la libertad, pero falsificaron su firma en un libro de actas, eso lo constatamos con peritos”, agregó. Recordó algunos nombres de policías que intervinieron en la detención de su padre de acuerdo a su investigación: “Ruiz Soppe era uno, Suárez, Egea, Trentini”. Entre los que compartieron celda con su padre mencionó al “Flaco” López, “militante de otro partido”, y a Alfredo Porras.

Civit interpeló al testigo por mencionar a Oscar Pérez por primera vez, a diferencia de juicios anteriores, con la intención de marcar contradicción en la declaración del testigo. El fiscal lo detuvo: “En las actas de los otros juicios está lo de Pérez”. Luego de un breve e intenso intercambio en el cual el testigo le reprochó a Civit sus “chicanas”, la declaración siguió su curso.

Por su parte, Pérez Videla pidió aclaraciones sobre el contacto que Mariano tuvo con bomberos y soldados de forma personal en el marco de su investigación: “Con el ordenanza yo tuve contacto, con los vecinos también. Hoy están fallecidos. El ordenanza fue testigo en el juicio, el vecino que estaba enfrente de mi casa ya no estaba con vida cuando empezaron los juicios”, respondió.

La revelación de Tripiana

Antes de que terminara la audiencia, Tripiana pidió permiso al tribunal para denunciar públicamente un hecho que demuestra cómo las familias de personas desaparecidas siguen padeciendo violencia institucional: “Cuando terminan los juicios nosotros no nos vamos a casa y todo sigue normal. A nosotros nos siguen persiguiendo”.

Refirió que en 2017, después de que se condenara a Oscar Pérez, el yerno del acusado —que había asistido al juicio—, de apellido Narváez, detuvo a su esposa cuando circulaba en camioneta con el argumento de que no podía manejar porque no estaba autorizada. Requirió la documentación, dio vueltas alrededor del vehículo y solicitó que lo abriera. Tripiana estaba trabajando: “Cuando mi esposa me llama me dice ‘vení porque esto se está poniendo pesado’. Cuando llego Narváez me dice ‘ah, vos sos el de los Derechos Humanos’”.

El testigo explicó que comenzaron a discutir y Narváez lo amenazó: “Más vale andate porque si no te voy a chupar la camioneta”. Tripiana lo denunció por abuso de autoridad pero “todo quedó encajonado en tribunales de la provincia”. “Nosotros salimos absueltos porque no había infracción”, aclaró. “Este personaje tiene varias denuncias por abuso de autoridad. Yo siempre voy por la vía legal, hicimos la denuncia. Pero esta gente sigue trabajando y tiene a su gente metida en los organismos de Estado. Muchos siguen hostigándonos, como Edgar Martín Ferreyra, insultándome dentro de mi trabajo y yo teniendo que agachar la cabeza. Trentini también me insultaba”, concluyó.

La próxima audiencia será el miércoles 30 de junio a las 9:30.

Estadísticas actualizadas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) al 10 de junio de 2021

SÓLO 164 PERSONAS SE ENCUENTRAN BAJO LA MODALIDAD DE ARRESTO EN SERVICIO Y LA GRAN MAYORIA (635) CON ARRESTO DOMICILIARIO.

Estado actual del proceso de juzgamiento: 256 sentencias y 1030 personas condenadas en causas por crímenes de lesa humanidad
16.06.2021 en Lesa humanidad
Del nuevo relevamiento surge también que se mantiene estable, en comparación al 2020, la cantidad de personas que se encuentran tanto detenidas como en libertad por estos hechos.
Las estadísticas actualizadas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) revelan que al 10 de junio de este año son 1030 las personas condenadas en 256 sentencias por este tipo de delitos, en tanto que en la etapa de instrucción hay en trámite 280 causas con 595 imputados, 44 indagados y 625 procesados.
El relevamiento periódico del área especializada a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos detalla sobre el estado de los procesos que 71 se encuentran con elevación a juicio y aguardan por su inicio, y otros 24 se encuentran transitando sus respectivos debates. Junto con las que se encuentran en instrucción y las que ya registraron veredictos, suman 631 causas en total.
En cuanto a la situación procesal de las personas que están o estuvieron vinculadas a las investigaciones (3493 en total), además de las imputadas, indagadas, procesadas y condenadas ya mencionadas, a 168 se le dictó la falta de mérito, 101 fueron sobreseídas, 29 están prófugas y 742 fallecieron. Además hubo 159 absoluciones al término de los juicios correspondientes.
 
Imputados en libertad y las modalidades de arresto
El reporte elaborado por el Equipo de Datos de la PCCH contiene también una periodización, del 2015 a la actualidad, sobre el total de personas libres y detenidas en el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. De allí se desprende que en el último período, con 1627, se mantuvo estable la cantidad de personas en libertad. La curva comenzó a ascender desde 2015, cuando se registraban 791 en esa condición.También se mantuvo estable el descenso de detenciones, con 851 a la fecha de cierre de los datos. Ello significó otro descenso en comparación a 2020, cuando se consignaron 863.
 
El relevamiento consigna que sólo 164 personas se encuentran bajo la modalidad de arresto en servicios penitenciarios, y la gran mayoría (635) se encuentra con arresto domiciliario. Asimismo, son 64 las que están bajo otras modalidades.

SIGUEN AMENAZANDO AL FISCAL FEDERAL QUE INVESTIGA A UN NARCO JUEZ

Caso Walter Bento: jueces piden seguridad para el fiscal Vega, quien investiga el cobro de presuntas coimas

Integrantes de la Justicia Federal mendocina emitieron un comunicado en apoyo a Dante Vega y aseguran que las amenazas que sufre atentan contra el estado de Derecho

Dante Vega tiene en sus manos el expediente penal más caliente de los últimos años en Mendoza. Cree que el juez federal Walter Bento lideraba una banda criminal junto a abogados y contrabandistas que cobraban coimas a cambio de liberar a presos. Días después de que se conocieran amenazas al investigador de la megacausa, algunos de sus colegas emitieron un comunicado de apoyo

Este lunes,la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza decidió difundir un escrito repudiando “las graves amenazas sufridas por Dante Vega” y expresando su “más enérgico rechazo y preocupación ya que estas conductas atentan contra el estado de Derecho y constituyen una situación de gravedad institucional inaceptable, cualquiera sea su origen y motivación”.

El comunicado está firmado por los jueces Juan Ignacio Pérez Curci, Alfredo Porras, Gustavo Castiñeria de Dios y Manuel Pizzarro. Estos magistrados trabajan en el mismo edificio que el fiscal Vega y que el juez Walter Bento. Son los encargados de resolver las apelaciones que presentan tanto los fiscales como los defensores y querellantes de la investigaciones federales.

El juez federal Walter Bento, en el ojo de la tormenta.

El juez federal Walter Bento, en el ojo de la tormenta.

En el texto también solicitaron que se adopten “medidas de seguridad para garantizar la integridad física” de Vega y su familia, así como también para “identificar a los presuntos responsables de los hechos”.

No es la primera vez que un organismo hace pública su preocupación ante la situación que atraviesa el fiscal federal Dante Vega. Días después de la imputación a Walter Bento y los otros sospechosos, trascendió que el investigador estaba con custodia policial en su domicilio.

Entonces se emitió un comunicado por parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), es decir, los colegas de Dante Vega a nivel nacional.

LOS BOMBARDEOS A LA PLAZA DE MAYO

REPRESENTACIONES DE LA MASACRE

🟪 Te acercamos una propuesta educativa para trabajar en las aulas sobre los bombardeos a Plaza de Mayo: «Representaciones de la masacre».
En la semana de un nuevo aniversario, les ofrecemos a docentes y estudiantes un conjunto de propuestas y actividades que, a partir de trabajar con diversas producciones culturales y artísticas, permitan conocer, conmemorar y reflexionar sobre lo ocurrido.
En el marco de la conmemoración, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también realizará un encuentro virtual el miércoles 16 a las 17 hs, del que participarán Horacio Pietragalla Corti, Roberto Baschetti, Daniela Marino, Nora Patrich, Lita Boitano y Héctor Fernández.
También se inaugurará un mural alusivo realizado por el artista Andy Rivas dentro del predio de la exESMA.
¡A 66 años del bombardeo a Plaza de Mayo decimos Nunca Más!

LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DENUNCIAN NUEVAMENTE AL JUEZ WALTER BENTO

Es imperioso que la sociedad sepa como actuó el Dr. Walter Bento hoy acusado de gravísimos delitos. Nosotros, miembros de organismos de derechos humanos de la provincia, necesitamos compartir desde un acto de memoria cu les son realmente los hechos de los que fuimos afectados por el accionar de este juez.
Es necesaria alzar nuestra voz a partir de la actitud que tiene y tuvo en su momento el Juez Walter Bento que busca aparecer ahora como defensor de los derechos humanos. No más recordar que fue su accionar, para los organismos defensores de los derechos de todos y todas, un constante obstáculo y dilación en todos estos años. Debido precisamente a su actitud presentamos, el 21 de diciembre de 2005, un pedido de juicio político por haberse declarado incompetente y mandar todas las causas a la justicia de Córdoba cuando en verdad era aquí donde debían ser juzgados estos delitos de lesa humanidad. Tal como lo expresamos en aquel momento con este hecho pretendió remitir todos los expedientes a Córdoba donde la justicia tenía resuelto que no le correspond a entender en hechos que ocurrieron en Mendoza.
Así mismo y a través de nuestros abogados, el 21 de marzo de 2006, denunciamos que, en conferencia de prensa el Dr.Walter Bento anunció que en 2 de las casi 60 causas citar a a prestar declaración indagatoria a diversas personas, ‘9 entre policías y militares’, y dando la nómina de las causas dijo que correspondían a las desapariciones forzadas de Virginia Adela Suárez, de Ricardo Sanchez y de una persona de apellido Moyano de mayo del 76. Este gravísimo acto que ponía en aviso a los posibles autores de tan graves delitos se sumaba a la dilación constante que tuvo a lo largo de toda su actividad con respecto a nuestra búsqueda de verdad y justicia.
Durante los largos años, desde el 2006 al 2009, que requerimos la venida del Equipo Argentino de Antropología Forense para iniciar la búsqueda de restos de compañeros y compañeras sepultados clandestinamente en el Cuadro 33 del Cementerio de Capital, sólo nos encontramos con los constantes obstáculos que producía para impedir ese acto de justicia.
Son innumerables las veces que constatamos la desidia y absoluto desinterés por la justicia que requeríamos tal como sucedió cuando se cumplían 30 años de democracia, a raíz de conmemoración en Las Lajas,(Centro Clandestino de Detención) los diarios mostraron una foto de Jorge Pérez (desaparecido en 1977). Su hermana supo años después que alguien llamó al juez Bento diciéndole que ‘a Jorge Pérez lo asesino Carelli, (miembro de la Fuerza Aérea) y otro’. La pregunta que su familia y todos nosotros nos hacemos es por qué el Dr. Bento no investigó ese importantísimo dato.
No vamos a permitir que a partir de mentir sobre nuestra lucha, nos ofenda queriendo hoy salvar su situación faltando a la verdad, mancillando la memoria y enlodando una vez más a la justicia.
Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S. Mendoza.
Ex Presos y Presas Políticas Mendoza
Casa por la Memoria y la Cultura Popular
Archivo Provincial de la Memoria
MEDH (Movimiento Ecuménico por los derechos humanos)
14 de Junio, 2021.-

Contraofensiva l: prisión perpetua en cárcel común para 5 acusados

LOS CONDENADOS DEJARAN DE GOZAR LAS PRISIONES DOMICIALIARIAS Y ORDENAN SUS TRASLADOS A CARCELES DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.

El Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín condenó a prisión perpetua a 5 de los acusados por la represión a la Contraofensiva Montonera. En un fallo histórico, ordenó “revocar las prisiones domiciliarias otorgadas a los imputados y ordenar sus traslados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal”, previa revisión médica que corroborre que pueden estar en cárcel común. En tanto, esta mañana suspendió la condena sobre Apa a la espera de la constatación de su estado de salud.  (Por El Diario del Juicio*/La Retaguardia) 

✍️ Cobertura del juicio: Martina Noailles/Fernando Tebele

✍️ Redacción: Paulo Giacobbe/Fernando Tebele

💻 Edición: Fernando Tebele

📷 Foto de portada: Captura de pantalla Transmisión La Retaguardia

Conformado por Esteban Carlos Rodríguez Eggers, Matías Alejandro Mancini y María Claudia Morgese, el TOF N°4 de San Martín condenó esta tarde prisión a perpetua en cárcel común previa revisión médica, a 5 de los 6 imputados que llegaron al final de este juicio. Eduardo Ascheri, Marcelo Cinto Courtaux, Jorge Bano, Luis Firpo y Roberto Dambrosi fueron condenados “a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, con accesorias legales, por hallarlo coautor penalmente responsable de los siguientes delitos, todos los cuales concurren materialmente: homicidio con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”. En tanto Jorge Noberto Apa, quien todo indica iba a recibir hoy la misma condena, esquivó de la situación por ahora, ya que su abogado interpuso ayer, a horas del veredicto, un pedido de exclusión del juicio por no comprender los hechos en medio de un proceso demencial. El tribunal había anunciado esta mañana que difería su decisión sobre Apa hasta que la semana próxima se constate si puede ser condenado o no.

Los condenados

Los 5 eran parte de la estructura de la Inteligencia del Batallón 601 del Ejército.

Eduardo Eleuterio Ascheri fue Jefe de la División Planes del Departamento de Inteligencia (G2) del Comando de Institutos Militares desde el 16 de octubre de 1978 hasta el 29 de noviembre de 1979; Jorge Eligio Bano fue Jefe de la División Operaciones del Departamento de Inteligencia (G2) del Comando de Institutos Militares desde el 14 de febrero de 1979 hasta el 16 de octubre de 1980; Roberto Bernardo Dambrosi fue Jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón de Inteligencia 601 desde el 6 de marzo de 1979 hasta el 17 de noviembre de 1980;  Luis Ángel Firpo fue Jefe de la Central Contrainteligencia y Jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601 desde el 3 de diciembre de 1974 hasta el 31 de agosto de 1980; Marcelo Cinto Courtaux fue Jefe de la Sección Primera de Ejecución del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo desde el 7 de marzo de 1979 hasta el 17 de noviembre de 1980.

El excluído por hoy es Jorge Norberto Apa, quien fuera Jefe de la División Inteligencia “Subversiva Terrorista” dependiente del Departamento Interior de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército Argentino entre el 15 de enero de 1979 y el 14 de noviembre de 1980.

Todos los condenados gozaban del beneficio de la prisión domiciliaria, salvo Marcelo Marcelo Cinto Courtaux y Luis Firpo, a quién le fuera revocado ese beneficio el año pasado durante el debate oral y público, después de que se lo fotografiara en pleno paseo para realizar compras. Carlos Blas Casuccio, Raúl Guillermo Pascual Muñoz y Alberto Daniel Sotomayor integraban la lista de acusados con la que comenzó el juicio, pero murieron antes de conocerse la sentencia.

Este juicio que acaba de terminar es histórico por varios motivos: consiguió torcer el rumbo estigmatizante que acompañó a las víctimas durante estas décadas. Reivindicó en cambio el derecho de los pueblos a la resistencia en tiempos de opresión. El TOF N°4 fue además el primero en aceptar la propuesta de La Retaguardia para transmitir en vivo las audiencias, aun cuando estaban en etapa de testimoniales. Esa apertura del tribunal posibilitó que luego otros tribunales tomaran la misma decisión.

En paralelo se está juzgando otro tramo de la represión a  la Contraofensiva Montonera que tiene un solo acusado. Se trata de Mario Guillermo Ocampo, ex integrante del Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército en Campo de Mayo, que goza del beneficio de prisión domiciliaria pese a que estuvo prófugo de la justicia por más de seis años.

 

¿DONDE ESTAS HERMANO?

PABLO PRIVITERA:
EL PRIMER ITALIANO QUE BUSCA A UN FAMILIAR DESAPARECIDO EN LA DICTADURA DEL 76’
Durante esta mañana dialogamos con Pablo Privitera, hermano de un médico desaparecido durante la última dictadura militar. Fue la primera persona en dar su muestra ADN en Italia para que sea analizada y se pueda verificar si concuerda con alguno de los restos que se encuentran en Antropología Forense.
El entrevistado comenzó la nota contando como la familia Privitera llegó a nuestro país: “nosotros emigramos a Argentina en 55 yo tenía un año mi hermano siete años, nosotros vivimos en Mendoza. Mi hermano quería ser médico y se recibió en medicina en 1973 en Córdoba; trabajaba en el Hospital Rawson y hacia servicio en dos villas miserias; consultorios gratis por supuesto. Él era un tipo que ayudaba mucho a la gente que no tenía posibilidad.” Y agregó “mi hermano desapareció en el 1980, lo agarraron los militares y bueno después no se ha sabido más nada. Yo he hecho muchas denuncias, he sensibilizado los diarios y la televisión. También he hecho interrogaciones en el parlamento Italiano y he denunciado ante las Naciones Unidas.”
En el 74 mientras que Salvatore (hermano de Pablo) estaba en el hospital hicieron un asalto a una casa militar. Privitera, comentó “mi hermano aparte de trabajar en el hospital era representante del gremio, además era integrante de la juventud peronista; con esta excusa los militares lo metieron preso. En el juicio fue comprobado que no había hecho nada, que no había participado; es por ello que hicieron la absolución.” Continuó diciendo “yo estuve en Córdoba mientras que él estuvo preso (…) todos los que éramos sus parientes también corríamos mucho riesgo, a mí me intentaron secuestrar dos veces. Yo después viendo que la cosa estaba muy mal nos volvimos para Mendoza, estuve un tiempo más y le escribí a mi abuelo acá en Italia para saber si podía venir, el me mando el pasaje y regresé a Italia en julio del 78.”
Para continuar con la idea del párrafo anterior el entrevistado indicó “cuando yo llegué a Italia tenía mi familia que eran militantes del Partido Comunista y hablando con compañeros del partido se armó un Comité para la liberación de mi hermano (…) en Febrero logramos liberarlo. Cuando el vino a Italia él se puso en contacto con compañeros del Movimiento Peronista Montonero que eran exiliados en Roma y el decidió volver a la Argentina. En febrero del 79 comenzó hacer el viaje primero fue a España, luego a México; y después pasó por el Perú, desde ahí nos mandó una postal y desde esa postal no tenemos más noticias. Los compañeros de México nos hicieron una llamada por teléfono en la cual me dijeron que lo había agarrado a mi hermano junto con una compañera que se habían ido desde acá (…) todo lo que hicimos la vez anterior empezamos hacerlo pero no tuvo el mismo resultado.”
Existe recientemente una campaña internacional lanzada por la cancillería de Argentina para tratar de darle nombre a los restos de 600 desaparecidos que están en Antropología Forense y aún son anónimos. Privitera dijo “hace dos meses atrás salió la noticia que estaban estos 600 cuerpos sin identificar, entonces hable por teléfono con el representante de la organización que se llama 24 de mayo (…) y le dije que yo quería donar la sangre para el ADN, y así poder identificar si alguno de estos cuerpos es el de mi hermano. Esto yo lo quise hacer públicamente para poder incentivar también a algunos otros familiares, porque aquí en Sicilia no estoy solo, hay otros sicilianos que han desaparecido.”
Te invitamos a escuchar la entrevista completa: