Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti llegaron a la Corte Suprema en 2016, pero no terminaron de hacer pie hasta el 3 de mayo de 2017. Ese día, Rosenkrantz cosechó su gran logro: conseguir las firmas de Rosatti y de Elena Highton de Nolasco para aplicar la ley más benigna a un represor y, de esa forma, abrirles la puerta a él y a otros para salir antes de las cárceles. El fallo –conocido popularmente como del 2×1– fue la marca de la Corte Suprema renovada por Mauricio Macri. Una Corte que terminó dando marcha atrás después de un repudio extendido y de movilizaciones multitudinarias. La conmoción que causó esa sentencia de mayo de 2017 volvió a tocarles la puerta a Rosenkrantz y Rosatti: los diputados del Frente de Todos, que reclaman su remoción, la incluyeron dentro de las causales de juicio político.
Tan pronto como llegó a la Corte, parte del equipo de la vocalía de Rosenkrantz se zambulló a analizar los casos de lesa humanidad que se apilaban en el tribunal. Después de buscar, encontraron el de un represor –bastante desconocido para el gran público– que reclamaba que le aplicaran la ley 24.390, que se había aprobado en 1994 por la sobrepoblación en las cárceles. La ley en cuestión decía que la prisión preventiva –es decir, sin condena firme– no podía superar los dos años y que, si se pasaba ese plazo, cada día en prisión se computaría doble. La norma dejó de estar en vigencia en 2001, cuando ni siquiera se habían reabierto las causas por delitos de lesa humanidad.
“Lo eligieron porque nadie lo conocía, pero yo sí”, dice Gladis Cuervo. Luis Muiña era parte de una guardia de seguridad que había enviado el Ministerio de Bienestar Social en julio de 1976 al Hospital Posadas. Muiña y el resto de los guardias caminaban por el policlínico con sus armas, molestaban a los pacientes y a los trabajadores que –con cierta ironía– los empezaron a llamar los “Swat” en alusión a una serie que estaba de moda entonces y que mostraba cómo funcionaba un grupo de élite. Los Swat montaron un campo de concentración en uno de los chalets del Hospital: allí torturaron y asesinaron a trabajadores del centro médico.
“Cuando en la televisión confirmaron su nombre, yo sentí como si de nuevo me dieran patadas en el estómago y me rompieran el esternón”, dice Gladis, que fue secuestrada el 25 de noviembre de 1976 dentro del propio Hospital. La percepción cambió una semana después del fallo, cuando subió al escenario de la Plaza de Mayo junto con Madres, Abuelas y otros integrantes de los organismos de derechos humanos. “Desde allí arriba, cuando vi la multitud que había, me estremecí. Cuando levantaron los pañuelos blancos, tuve una sensación de triunfo y de que habíamos cumplido”, cuenta.
“A la Corte le salió mal”, apunta Zulema Chester. Ella es trabajadora del Posadas, como su papá, Jacobo Chester, secuestrado en noviembre de 1976 y asesinado por la patota que integraba Muiña. “A nosotros nos permitió explicarles a los más jóvenes qué significaba la posibilidad de volverlos a tener en la calle y también la vergüenza que significa tener una justicia que no está buscando justicia”, sostiene.
“El 2×1 fue un cimbronazo para el proceso de Memoria Verdad y Justicia, que históricamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación había acompañado”, afirma Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación. “A raíz de ese fallo, la Corte perdió legitimidad incluso al interior del Poder Judicial donde fiscales, jueces, tribunales, lo desconocieron”.
En diciembre de 2018, la Corte volvió a tratar la cuestión del 2×1 a los genocidas ante un planteo de Rufino Batalla, un represor que actuó dentro del centro clandestino conocido como La Cacha. El tribunal había dejado enfriar el tema. Rosenkrantz no tenía ninguna intención de cambiar su voto. Rosatti dio una voltereta en el aire: se aferró de una ley interpretativa que votó el Congreso después del fallo para que a los supremos les quedara claro que el 2×1 no regía para los genocidas. Highton –que estaba afectada por la conmoción que su fallo había generado– adhirió a la solución de Rosatti mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda se mantuvieron en la misma tónica que antes –que ese beneficio no les correspondía a los criminales de la última dictadura–. Ése fue el final del 2×1 por uno a los genocidas, pero la mancha que imprimió la Corte quedó.
Causal de juicio político
En el pedido que presentó un grupo de diputados nacionales, se incorporó la postura frente al 2×1 como una causal de juicio político para la dupla Rosatti-Rosenkrantz. Fue después de que la mesa de organismos dijera en un comunicado que la Corte había procurado por distintos medios garantizar la impunidad de los genocidas y le pidiera a los legisladores una investigación exhaustiva para terminar con la “mafia” en uno de los poderes del Estado.
“Me parece súper correcto que se incluya este tema”, dice Pablo Llonto, abogado que representa a las víctimas del Hospital Posadas. “En su momento nosotros habíamos hecho las respectivas peticiones. Quizá ahora ha llegado el momento. Nos crea una expectativa de que aquel tema –tan doloroso socialmente– pueda ser ventilado públicamente para que se sepa lo que hicieron Rosenkrantz y Rosatti”, afirma.
“Al momento de dictar el fallo, estos dos jueces contravinieron la propia jurisprudencia de la Corte e incluso aplicaron mal el instituto del 2×1 por la temporalidad de los delitos por los que había sido condenado Muiña”, explica Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. “Por la presión social, el Congreso sacó en tiempo récord una ley aclaratoria que armonizaba los estándares internacionales que la Corte tenía disponibles a la hora de resolver. Cuando cambia de criterio, Rosatti utiliza ese salvoconducto de la ley que no habría sido necesario si hubiera aplicado los estándares internacionales y la propia jurisprudencia de la Corte”, afirma.
“El 2×1 simboliza el combo de fallos que la Corte sacó desde la llegada de Rosatti y Rosenkrantz y que marcó algunos límites para el juzgamiento y para la modalidad en la que seguirían los juicios –porque denotaba la intención de continuarlos con los genocidas desde sus casas”, agrega Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). “Hubo otras acciones que moldearon el destino de los procesos, como la decisión de cajonear el caso de Carlos Blaquier y la demora a hora de confirmar las condenas que termina consagrando la impunidad biológica”, opina.
“Hay algo muy importante que remarcar y es que no se está impulsando el juicio político por un fallo”, explica Pietragalla Corti. “Es por un conjunto de acciones y decisiones que tomó la Corte integrada por estos jueces, que provocaron su deslegitimación, la pérdida de confianza y falta de compromiso con la constitución y los derechos humanos”.
