LAVAR LA CARA EPISCOPAL

Una mirada crítica y exhaustiva de La Verdad los hará libres, tomo I

Hace varias semanas hice un primer comentario de breves párrafos del tomo I de la obra La verdad los hará libres (en adelante LV y, si no se indica lo contrario, me referiré al tomo I) cuestionando algunas cosas sueltas y aclarando, además, que no lo había leído. Me detenía, después de algunos temas generales, en los casos de Carlos Mugica, Pancho Soares y Juan Isla Casares (indicando además las páginas donde estaba el tema). Mi amigo Carlos Galli, uno de los responsables de la obra, tomó a mal mi comentario (y, creo yo, de un modo personal) y escribió en mi blog, con mi autorización por cierto, una crítica a mi crítica. No estuve de acuerdo con la gran mayoría de las cosas que decía, pero decidí no publicarlo en mi blog para no transformarlo en una “espiral de violencia”, ironicé. Sólo envié mi comentario al suyo a quienes me lo solicitaron. Después tuve acceso al tomo II (que me regaló Carlos, debo aclararlo) y escribí un comentario al mismo. Debo aclarar, para finalizar este párrafo, que alguien a quien conocía de oídas y con buenas referencias me escribió comentándome mi crítica y haciéndome un aporte que asumí y del que “me hice cargo” sobre un aparente error en lo que decía de Mugica; pero ahora, leído el tomo I, debo relativizar ese “hacerme cargo”… y otra vez un espiral.

Veamos, en detalle, el tomo I. Empecemos notando que toda la obra, muy extensa, se anuncia en 3 tomos. En cierto modo podemos decir, creo no equivocarme, que el tomo I hace una presentación histórica, el II contiene los datos (acceso a los archivos) y III (todavía no apareció) se anuncia como interpretación de todo esto (tomo hermenéutico, digamos).

Señalemos, además, que, en este tomo I hay diferentes autores para las diferentes unidades: una más teológica en general (sobre la historia, sobre la Iglesia y sobre la historia de la Iglesia, capítulos 1-3) y la segunda parte –la más extensa– sobre los diferentes actores: laicos, “sacerdotes” [sic], religiosos/as, obispos (capítulos 4-13), con una especie de síntesis general (aunque no se presente como tal) sobre las tensiones internas en el episcopado y la presencia de católicos en los organismos de Derechos Humanos (capítulos 14 y 15). Casi todos los capítulos, con la excepción de los primeros 4 y el 14 son obras de dos o más autores, aunque hay a veces breves párrafos de un solo autor.

La obra señala que no es mucha la bibliografía sobre el tema. Quizás sea cierto, pero no conviene olvidar lo que, hablando sobre la literatura apocalíptica, dice una excelente biblista veterocatólica de los Estados Unidos:

“Los estudios antropológicos sobre el terrorismo de Estado en la Argentina, que están en la vanguardia de la investigación científica sobre este fenómeno de una manera más amplia, proporcionan también un recurso importante para la comprensión de la dinámica del terrorismo de Estado en el mundo antiguo”. [Anathea E. Portier-Young, Apocalipsis contra Imperio. Teologías de la resistencia en el judaísmo antiguo (col. Ágora 39) Navarra: edit. Verbo Divino 2016, 228, n. 569]

Ahora bien, si de una presentación histórica se trata (y de autores varios, además), resulta –estoy convencido– muy importante saber quién es el que escribe y desde dónde lo hace (algo, no preciso, se encuentra en página 422). En la muy buena biografía sobre Perón, Norberto Galasso lo aclara en el prólogo:

“Ante una obra como esta –y en general frente a toda obra histórica– el investigador debe tomar todos los recaudos necesarios para sustentar el mayor rigor histórico en cuanto a la veracidad de la información (…) pero debe asumir cierta óptica para la interpretación (…) no porque así lo desee sino porque no existe posibilidad alguna de una historia neutra (…) no existen historiadores vírgenes, sin ideología (…) solía decir Jauretche que había dos tipos de intelectuales: ‘los comprometidos’ (…) y los comprometidos a no comprometerse, es decir, los sometidos a la clase dominante” [N. Galasso, Perón, formación, ascenso y caída (1893-1955), tomo I, Buenos Aires: Colihue 2011, 19-20].

Por ejemplo, el capítulo 6 sobre la vida laical tiene dos autores, pero la obra se divide en dos partes, y cada uno escribe una unidad, cada uno es “su lugar”; en cambio, los capítulos 10 y 11 presentan cinco autores, cuatro religiosas y un varón, pero en ningún momento queda claro quién escribe qué parte. Sin embargo allí encontramos: “Me animo a contar mi propia experiencia en las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús” (p. 644), con lo cual es evidente que ese párrafo es de una de las perteneciente a las “Esclavas” que figuran como autoras, sin que sepamos de cuál de las dos se trata. Señalo esto porque por momentos, por ejemplo, la palabra “tercermundismo” figura como algo negativo, mientras en otras es mirada positivamente; algo semejante ocurre con la teología de la liberación o la teoría de la dependencia. Saber quién y desde dónde escribe ayuda a una lectura más honda para quienes, a su vez, leemos desde nuestro propio lugar. Reconozco que por momentos me sentía andando por “Corea del Centro”, aunque seguí el consejo que repite la maravillosa mística judía holandesa, asesinada en Auschwitz en noviembre de 1943: Soy incapaz de no leer un libro hasta el final. Me parece una falta de respeto” [Etty Hillesum, Obras completas, Burgos: ed. Monte Carmelo 2020, 335, Diario, viernes 12 de diciembre 1941, 8 de la noche].

Es cierto que en ocasiones puede intuirse ese tal “lugar” cuando se hace referencia, por ejemplo, al “doctor Raúl Alfonsín” (p. 59), al “doctor Humberto Illia” (p. 145), al “doctor Arturo Frondizi” (p. 145) y a “Kirchner” (p. 59), en eso algo puede sospecharse. Si en lugar de “muro”, imagen usada con cierta frecuencia por el papa Francisco, se utiliza la palabra lanatiana “grieta” (pp. 59 y 194), también se puede intuir el “desde dónde”.

Pero para poner un ejemplo preciso del mismo libro, en p. 896 se transcribe de Washington Uranga este dicho: “Yo venía de trabajar en el CELAM, ser funcionario del CELAM, por esa vía estuve en Puebla, en el 79, con mi gran amigo Alfonso López Trujillo, y con Tucho Methol [Alberto Methol Ferré] Con esas personas maravillosas que Dios nos dio, pero que también nos ayudaron a forjarnos”.

Por lo que sé, eso debe leerse en clave irónica ya que la relación de Uranga con ambos fue muy mala y no tiene de ellos ningún buen recuerdo. Pero sin decir quién y desde dónde habla, la interpretación seguramente sea otra.

Y vuelvo para ello a lo que dije oportunamente de Mugica. A modo de apartado, de Carlos sólo se habla en pp. 125-128 (“Mugica: el primer presbítero asesinado”). No se dice nada sobre los autores del asesinato, pero se dedica todo un párrafo a los Montoneros y la violencia (p. 126) y nada se dice de la Triple A en toda la unidad (la lectura, tal como está, invita a pensar en aquellos como autores). Sin embargo, otros párrafos señalan como responsable a esta organización de ultraderecha (p. 336 y más claramente todavía p. 239 n.132). Sin embargo, es sumamente confuso lo dicho en p. 373: el grupo Cristianos para la Liberación “se proponía reagrupar a algunos cristianos críticos de la política montonera luego del asesinato del padre Carlos Mugica”.

Entiendo razonable, más allá de mi opinión personal, la extensión desmedida que se da a la desaparición de los jesuitas Jalics y Yorio, siendo en ese entonces Jorge Mario Bergoglio el superior provincial (pp. 606-630). Allí reconocen que la bibliografía es abundante, por lo que “seguiremos las fuentes que hemos considerado más directas, confiables y objetivas”. Siendo que en las notas recurren a Austen Ivereigh, Sergio Rubin o Aldo Duzdevich, al menos hemos de reconocer que tenemos una opinión muy diferente de la de los autores en lo que a “fuentes serias” se refiere.

El texto intenta ser detallado, pero en lo personal tenemos razones para dudar de sus conclusiones. Solo a modo de ejemplo, en p. 696 Francisco Jalics hablando del perdón afirma que guardaba en un armario documentos con la prueba del delito de sus perseguidores, e interpreta eso como que no los había perdonado “de todo corazón”, por lo cual decidió quemarlos. Difícilmente esos documentos hayan hecho alusión a alguien que no le haya dado órdenes a cumplir en obediencia, por ejemplo… Hace muchos años le escribí al cardenal Bergoglio, en representación de un grupo de curas y siendo él arzobispo de Buenos Aires, una carta en la que le decía que nosotros habíamos sido muy amigos de Orlando Yorio, y sólo conocíamos la versión que él nos había dado, que nos gustaría encontrarnos para escuchar “la otra campana”; me llamó por teléfono (la única vez en mi vida que hablé con él más que un breve saludo en dos misas) para decirme que con gusto nos juntaríamos, pero que esperáramos un tiempo “ya que estaba ocupado”. Nunca pudimos concretar el encuentro, por lo que no lo hemos escuchado. Finalmente, además, tengo una carta personal que me envió Luis Dourrón, quien me invita a seguir más cerca la “versión Yorio” de esta historia.

Otro capítulo extenso por demás son los testimonios de obispos: tres que lo eran durante la dictadura y siete que hacen referencia a aquellos momentos, aunque no eran obispos entonces. No se entiende demasiado esta extensión, aunque algunos testimonios, en lo personal, me resultan muy sensatos, otros lamentables y otros decepcionantes (p. 699-831). Debe decirse que se ve en esto la “mano” de Alcides J. P. Casaretto, no solamente autor del primero de los textos sino acompañante en la segunda (e innecesaria) entrevista a Esteban Hesayne (con la primera era suficiente; la segunda es repetitiva y “casareteana”); de hecho, luego de dar su testimonio, el obispo de Quilmes, Carlos J. Tissera, finaliza diciendo: “Gracias, monseñor Jorge Casaretto” (p. 831).

Como en el volumen 2, también aquí son excesivas las repeticiones: en algunos casos he contado que se transcribe tres veces un mismo texto (incluso en una ocasión, p. 581 y 605, esta no es exactamente igual, por lo que no es fácil saber cuál sería la veraz). También hay errores ortográficos o tipográficos en abundancia, nombres mal escritos (los más frecuentes son Mujica por Mugica y Saint Aman por Amant), incluso se cita a Juan Pablo Martín (es José Pablo, p. 52 n. 18), a Ricardo García (es Rubén, 163 n.64) y a Jonn Sobrino (es Jon, 501 n. 170). En otras ocasiones hay confusión de fechas (seguramente debidas a la memoria; es frecuente confundir por un año, por ejemplo 1975 por 1974, en el pobre testimonio de F. Maletti, p. 812) o equivocaciones en los datos: por ejemplo, a veces se afirma que los desaparecidos en la villa 1-11-14 fueron seis (pp. 402; 616) mientras en otra se hace referencia a los siete que realmente fueron (p. 596).

Hay ciertos temas que se presentan de modo incompleto, otros requerirían mayor precisión y otros son verdaderamente pobres, casi de slogan (pp. 578, 710), incluso con imágenes insólitas como aludir al conflicto con Chile como “conflicto de paz” (p. 326) y a la ESMA como un “paraíso de femicidios” (p. 577).

Hay momentos mirados anacrónicamente. Por ejemplo, la referencia a Marcos Cirio (p. 577) mereció que un amigo en común me dijera que se trata de “una definición simplificada que no expresa lo que vivían”.

Hay textos que presentan versiones diferentes entre sí: al hablar del asesinato de Pancho Soares (p. 549 n.170) se afirma que Rosa María Casariego era catequista de la comunidad, mientras que en p. 584 n.51 se desmiente que lo fuera (por lo que sé, ¡no lo era!).

Es interesante, además, que en una misma fecha (febrero de 1976, es decir un mes antes del comienzo de la dictadura) fueron asesinados los curas Pepe Tedeschi y Pancho Soares, y la CEA publicó un comunicado “sobre el asesinato de un sacerdote” (17 de febrero de 1976). Curiosamente no da el nombre del mismo, aunque es de suponer que se refiera a Pancho, ya que Pepe era marginal y estaba dejando el ejercicio del ministerio (no solo no se menciona a Pepe sino que tampoco hay, en su momento, una declaración por el asesinato de Carlos Mugica). De hecho, en la lista de asesinados eclesiásticos de esos días, presentada en p. 549 n.170, también se ignora a Pepe, a pesar de que ambos asesinatos fueron decisivos en el surgimiento del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). De paso señalo –gratamente– que al presentar en la diócesis de San Isidro el libro de P. Oeyen sobre Pancho Soares, al hablar, Casaretto dijo “cuando murió Pancho”, no pudo decir “lo mataron”; lo mismo, siendo obispo titular, había prohibido en la diócesis, que se hablara del asesinato de Angelelli, pero acá, en pp. 711 [citando el mismo hecho, cambió el verbo] y 712 respectivamente, lo afirma de ambos.

Me permito un paréntesis… Para mostrar que no fueron “tan malos”, de muchos obispos se afirma que “ayudaron a gente a salir del país”, lo cual seguramente sea cierto (en muchos casos, me consta que lo es), pero no está de más señalar que incluso monseñor Tortolo recomendó sacar a alguien del país (p. 717) y lo mismo hizo monseñor Medina (p. 851), ¡nada menos!

Pero quiero señalar un caso concreto: se afirma de Argimiro Moure, obispo de Comodoro Rivadavia, que ayudó a muchos a salir, incluso se destaca la frecuencia (seguramente real porque se repite en diversos testimonios) con que visitó presos (ciertamente políticos, pp. 798, 825-826). Incluso señala el nuncio Calabresi (VL tomo II, pp. 546. 613) que “aprovecho para enunciar (sic) la visita realizada –junto con el obispo Moure (…) al penal de Rawson”, lo que le sirve para criticar a las Madres de Plaza de Mayo (p. 546) y alabar las cualidades cristianas del ministro del Interior Saint Jean (p. 613). Hasta ahí todo iba por los carriles normales; ¿quién lo cuestionaría? Pero tengo ante mí una copia de una carta que el obispo Moure (con membrete, sello y firma) le dirige a monseñor Rudolf Rengstorf el 9 de agosto de 1977, puesto que le piden por un detenido en la cárcel, Rubén Becerra. Ya que ha recibido otras cartas idénticas concluye que “detrás de esto” está Amnesty International. Recabó información que le asegura que Becerra es un “activo y militante idóneo de los Montoneros” y un agitador sindical de Luz y Fuerza. Le aclara –al destinatario– que Montoneros y el ERP son “dos grupos marxistas que han llenado de sangre el País, matando cobardemente a mansalva”, y destaca que ni Amnesty ni los Estados Unidos han tenido en cuenta esta violación de los derechos humanos. “Personalmente opino que las viudas de los policías y los militares asesinados a traición, las madres y las novias de once soldaditos masacrados en el cuartel de Formosa mientras se duchaban merecen tanta compasión y consuelo como la concubina del Sr. Becerra”. Sigue señalando la vida personal de Becerra y la “justicia militar” que rige desde que “el actual gobierno Militar tomara el poder”. “Este es el cuadro en el que deberé moverme para tratar de ayudar al activo marxista Becerra” (…) “Seguiré tratando de hacer todo lo que esté a mi alcance: la única parte de la que me valdré será la atención religiosa, que no se le niega al que la pide”. “No he podido dar con el domicilio de su esposa (…) tengo sí el de su concubina”. Si Amnesty “dispone (…) de medios para ayudar a la familia de Becerra, le ruego que indique que se los gire al Exmo. Sr. arzobispo de Córdoba, Card. Raúl Primatesta. Y si esa institución no se fija, como confiesa, en colores de la piel, o políticos, sería bueno que también le girase recursos a la viuda y la hijita de dos años del Cap. Viola (…) o a las viudas de incontables (…) Tal vez mi respuesta le resulte un poquito dura, Excelentísimo Monseñor, pero créame que me resulta muy difícil reprimir la indignación ante esta burda, indigna, cobarde e injusta campaña contra Argentina que una institución como “Amnesty International” está realizando (…). Todo esto no obsta para que le dé seguridad de que haré todo lo que está a mi alcance –dentro de la justicia y la prudencia– por el Sr. Becerra y sobretodo (sic) por su legítima esposa y sus hijitos”.

Muchas cosas más se podrían señalar acerca de este voluminoso tomo. Pero no quiero dejar de apuntar las siguientes:

Al mencionar –al final– católicos participantes en Organismos de Derechos Humanos no se hace referencia (aunque quizás brevemente por haber sido mencionados en otras ocasiones, pero la repetición no parece ser algo que sea obstáculo en la obra) tanto a Adolfo Pérez Esquivel cuanto a Emilio F. Mignone, el verdadero “padre de los derechos humanos” en la Argentina contemporánea.

Hay ausencias que son llamativas, además, y empobrecen la obra, al menos si se pretende que sea fuente de estudio. Pero quiero señalar dos, que considero importantes:

  1. Se extraña una seria y profunda reflexión sobre la violencia. La frase “toda violencia es mala” suena a slogan. ¿Vale esto para los ejércitos libertadores de nuestra patria? ¿Vale para santa Juana de Arco? La referencia a “violencia de arriba” y “violencia de abajo”, también de slogan, encierra algo de realidad. El importante texto de 800 presbíteros de la Argentina y otros países de América Latina para la asamblea de Medellín, con copia a Pablo VI, que fue asumido en los documentos finales (II, 16) y la 3º carta pastoral de Oscar Romero revelan que el tema no es ciertamente lineal (como lamentablemente afirma Carmelo Giaquinta, sospechando incluso firmas falsas entre las 800, p. 756). Quizás en lugar de varios textos que, al menos para muchos lectores, resultan innecesarios o superfluos, una buena reflexión sobre la violencia (obviamente ubicada en su tiempo y contexto, para evitar anacronismos que en ocasiones aquí se vislumbran) hubiera sido oportuna.
  2. Resulta interesante, precisamente por anacrónico, entender muchas cosas que se vivían, y cómo se vivían, en los grupos militantes, tanto políticos como “cristianuchis” (o en ambos). Señalar que en la carta de Marcos Cirio que reproduce Casaretto se expresan “las motivaciones que lo movieron a relacionarse con la lucha armada” (p. 577) resulta extraño, ya que ni el fragmento allí señalado, ni el texto completo (pp. 707-708) hace referencia a arma alguna. El tema es que se afirma que:

“Una cosa es distinguir entre ser actores de violencia política o inspiradores de la misma. Los consagrados fueron pocas veces actores. Fueron más fácilmente de lo deseado inspiradores: no tanto de la violencia, sino de la radicalidad en la entrega a Jesús y su Reino, a la justicia social, al estar del lado de los pobres, a una religiosidad que fuera del pueblo y no principalmente de las élites” (p. 578)

Y entonces, frente a eso, algunos nos preguntamos si eso que entiende como “inspirador” de la violencia no se parece bastante a la fidelidad al Evangelio de Jesús.

Quiero destacar algo más: aunque en el glosario final algo se señale, me parece falso (y peligroso) identificar terrorismo/ta, guerrilla/ero y subversión/ivo… El terrorismo busca sembrar el terror, y eso, en principio, hemos de decir, que es siempre algo negativo. La guerrilla es un modo de combate, que se parece también al asumido por los Macabeos en tiempos bíblicos, o por Martín Miguel de Güemes en la independencia argentina, lo que permite sospechar que no siempre es mala. Subversión es invertir la situación, poner encima algo que está abajo, y –mirado sencillamente– probablemente pocas cosas haya más subversivas que el Evangelio del Reino. Ciertamente esto no indica ni que todas las guerrillas sean positivas, ni que todas las subversiones lo sean, pero identificar las tres como sinónimos (como hacía la dictadura, por cierto) es caer en su juego, el mismo para el que todo militante en la causa de los pobres (subversivo, por tanto) era guerrillero (sic) y, además, era terrorista. Pocos son los que en toda la obra destacan el rol que los empresarios y el modelo económico jugaron para la implantación de la dictadura (como claramente lo señala el obispo Bressanelli, p. 792) y ayuda a entender la matanza de cualquiera que “echó su suerte con los pobres de la tierra”; el tema no era la guerrilla (ya prácticamente diezmada al asumir la dictadura), sino el modelo económico; y confrontar, por ejemplo, de ese modo a la “Iglesia de los pobres”.

Finalizo señalando que sigo sin entender –precisamente por la falta de un buen análisis sobre la violencia– que el tiempo de estudio e investigación comience en 1966. No retroceder por lo menos a 1955 (o 1953… o 1930) ya es parcial. Sigo sosteniendo que la teoría de “los dos demonios” aparece en muchas partes del texto. Sigo sosteniendo que el libro parece un intento de lavar la cara episcopal (de los actuales obispos, reitero). Sigo sosteniendo que publicar esto de ninguna manera debe entenderse como una crítica a mis amigos; y hago mías las palabras de Lucio Gera, cuando comenta que antes de su famoso artículo sobre la Iglesia argentina, publicado en Uruguay, tenía buena relación con Primatesta: “Él se molestó y me dijo: «Mirá lo que hacen los amigos», como si uno al publicar las propias ideas debiera estar contemplando a los amigos” (p.459).

Uno de los artículos finales, de Guadalupe Morad (pp. 832-862), destaca la importancia que el episcopado daba a la unidad, a “no sacar los pies del plato”, pero resulta que cuando Zazpe le dice a Primatesta, a la sazón presidente de la CEA, por qué no ha puesto a Hesayne en ninguna comisión, él responde “porque no piensa como nosotros”. La comunión para ellos, parece, era esa “uniformidad” (= nosotros), tanta que, en una cena de la comisión ejecutiva con Videla, Zazpe no fue invitado por el presidente de la CEA (p. 735). Difícil comunión esa… la misma que permite (¡una vez más!) enaltecer la figura de Novak; cuenta Hesayne:

“Yo con Novak todos los meses me hacía un viaje (…) Y fui un día con esto: «che, ¿quiénes son los ortodoxos, ellos que son la mayoría, o nosotros cuatro o cinco?» El alemán con su parsimonia y bondad, muy alemán pero muy bondadoso, un hombre bueno, un hermano mayor, me dice: «Mirá, Esteban fíjate en tiempo de Arrio, la mayoría del episcopado de ese entonces era arriano, y solamente un grupito con el Papa. Nosotros tenemos el Vaticano II y el Evangelio, pero no a través de una teología cualquiera sino a la luz del Vaticano II. Quedate tranquilo, nosotros somos los ortodoxos» (p. 736).

Quizás sea una buena nota conclusiva la frase de Hesayne: no creo en los archivos, estos son una “síntesis, ¡no reflejan todo!” (p. 738). Y el todo es superior a la parte, al decir del Papa Francisco.

EL CRANEO HALLADO EN EL DIQUE DE ULLUM PODRIA PERTENECER A UN DESAPARECIDO DE LA ULTIMA DICTADURA

 

El cráneo encontrado hace unos meses en el Dique de Ullum podria pertenecer a una persona desaparecida en la última dictadura militar. Lo afirmo el Fiscal Federal de San Juan, Francisco Maldonado, en la Mesa de Discusión Institucional y Social de Cuyo que convocó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y que estuvo presidida por su titular María Angeles Ramos.
Maldonado recordó que inicialmente la pieza osea se sospechaba pertenecía a Raul Tellechea, cuyo juicio por desaparición forzada se esta llevando adelante en esos momentos en San Juan.
Si embargo, al comparar el ADN con el de los familiares dio negativo.
Pero el Equipo de Antropología Forense informó a la fiscalía que el perfil que daba el tiempo de la muerte de la época del rango de la época de la dictadura y el rango etario la edad de la persona también de una de las víctimas dictadura”.
El Maldonado que estaba acompañado por el Fiscal Dante Vega y el adjunto Daniel Rodriguez anunció que “hemos pedido por parte de la fiscalía un cotejo con el ADN de todas las víctimas que dan el perfil de las personas desaparecidas en San Juan al Banco Nacional de Datos Geneticos. estamos a la espera estamos a la espera de la respuesta a ver si podemos individualizar alguna de las víctimas de la dictadura de San Juan”.
La reunión se llevo a cabo en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos (Ex D2 de Mendoza) con la presencia de organismos de Derechos humanos, querrellantes, organizaciones sociales, agencis estatales y fiscales de la región Cuyo.
La reunión fue un espacio abierto de intercambio y discusión por fortalecer y permitir el avance del proceso de verdad y justicia en Argentina.

Condenan a un exmilitar en Rosario por un robo de 1984

Un operativo de madrugada para llevarse documentos de la Conadep

Hector Fructuoso Funes fue condenado a 4 años de prisión en un juicio abreviado en el que reconoció por primera vez no sólo su participación en el robo a los tribunales rosarinos sino que la órden fue impartida directamente por el Ejército Argentino. Las revelaciones de una historia que aún no está saldada.

Tribunales de Rosario. Imagen: Télam

Desde Rosario

El Ejército argentino ordenó y organizó el robo de documentación y pruebas del terrorismo de Estado en Tribunales, en un operativo comando que se realizó el 8 de octubre de 1984, con la democracia recién recuperada. Esa madrugada, tras amenazar a la custodia, ingresaron en el juzgado de Francisco Martínez Fermoselle y sustrajeron “la casi totalidad del material secuestrado en los distintos allanamientos relacionados con las denuncias radicadas por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep)”. Así lo confirmó el Tribunal Oral Federal número 2 al convalidar el juicio abreviado suscripto por Héctor Fructuoso Funes, quien fuera Jefe del Destacamento de Inteligencia 121 en 1984. El militar retirado admitió su responsabilidad y recibió una condena de cuatro años de prisión. La verdad jurídica queda establecida, ya que el peligro inminente era que el caso quedara impune, ya que Funes tiene 86 años y los otros dos imputados fallecieron. La Fiscalía quedaría entonces sin posibilidades de avanzar en la investigación, y ese fue uno de los motivos que llevó a impulsar el procedimiento al fiscal federal de la Unidad de Derechos Humanos, Adolfo Villatte.

“No solamente él habla de su responsabilidad, sino que habla de haber recibido órdenes y de haber impartido órdenes. Las órdenes que recibe para juntar la información, para transformarla en inteligencia, se las suministra al comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, y a partir de Pino Cano, él recibe las órdenes para junto con el Jefe de Operaciones, por intermedio del personal del Destacamento de Inteligencia 121, diseñar una operación especial de Inteligencia, que es justamente el robo de Tribunales, entonces, no es que él admite su responsabilidad, habla de la responsabilidad del Ejército Argentino, no es un free lance”, destacó el fiscal auxiliar Juan Murray. En cuanto a las responsabilidades, los otros dos imputados eran Víctor Pino Cano, quien fuera Comandante del Segundo Cuerpo y Luis Américo Muñoz, que era segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121. Pino Cano murió en mayo de 2021 y Muñoz, en julio de 2022.

Para la denunciante histórica de esta causa, la decisión fue fundamental. “Agradezco profundamente el trabajo que ha hecho la Fiscalía, porque realmente nadie lo hizo en 38 años y no será porque yo no lo he dicho, porque vengo hace mucho tiempo denunciando”. Adriana Arce es sobreviviente del terrorismo de Estado, fue querellante en la causa Guerrieri I, estuvo desaparecida en el centro clandestino de detención Fábrica Militar y en 1984 participó en los allanamientos en los que se recabó toda la documentación y material incriminatorio hacia los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121, en lo que entonces era la causa Feced, en los Tribunales provinciales de Rosario. Esa noche, había declarado hasta la 1 de la mañana, cuando se fue a dormir para seguir declarando al día siguiente. A la madrugada la despertaron y le dijeron que se habían robado toda la documentación. Desde entonces, ha denunciado numerosas veces y en distintas instancias. “Me siento súper feliz de que esto se haya aclarado y ojalá podamos saber cuál fue el destino de la documentación, porque lo que realmente nos interesa es que toda esa información del Segundo Cuerpo abriría las posibilidades de aclarar muchas cosas”.

Murray fue quien inició la causa en 2011 -en su carácter de fiscal subrogante de San Nicolás-, al analizar el legajo de Muñoz en el marco de la causa por el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. Allí encontró un reclamo al entonces presidente Raúl Alfonsín, en el que narró dos hechos que se correspondían con su gestión como Segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 121. “En virtud de que, tanto por la fecha de los hechos como también por el contenido de la misiva, se podía inferir que la operación a la que se refiere es aquella que se llevó adelante en los Tribunales Provinciales de la ciudad de Rosario, el día 8 de octubre de 1984”, rememora el fallo judicial.

Una operación de madrugada

La causa se centra en la sustracción de documentación. “Se le imputó haber preparado los planes y órdenes para la reunión de información, procesamiento de dicha información para transformarla en inteligencia en forma personal, o por intermedio del personal a sus órdenes, y en cumplimiento de las mismas, haber intervenido en la adquisición de los ‘blancos’ a ejecutar”, dice la resolución, que enumera los delitos cometidos para cumplir con la operación realizada el 8 de octubre de 1984, a la 1.45amenazas de muerte con armas de fuego a la custodia policial del edificio de Tribunales, sargento Demetrio Flores y agente Juan José Aguirre, a quienes se redujo y se les robó sus armas reglamentarias, haber maniatado al personal policial, privándolo de su libertad en forma ilegítima hasta que fueron liberados por personal que trabajaba en el edificio, alrededor de las 5 de la mañana. También se le imputa la privación ilegal de la libertad al custodio de la casa de calle Dorrego 1638, Eugenio Leopoldo Encina, donde estaba depositada una parte muy importante del material allanado, “debido a su magnitud”.

Entre las pruebas y documentos sustraídos en esa operación había organigramas de los grupos de represión ilegal, con nombres y apodos de los grupos ilegales, designación de lugares a cumplir operativos y tareas asignadas a los integrantes de esos grupos; como así también gran cantidad de carpetas de personas que habían sufrido operativos de parte de esos grupos, como así también álbumes de fotografías y -entre muchos otros elementos- diversas agendas con listas de personas, algunas de las cuales se encontraban desaparecidasUn material probatorio de incalculable valor para dilucidar el accionar del terrorismo de Estado en la región.

Villatte fue muy preciso al explicar por qué optaron por una figura poco común en delitos de lesa humanidad, como es el juicio abreviado. “Es un hecho del año 84, que si bien fue declarado conexo con delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible, tiene la particularidad de que no tiene víctimas directas que hayan sido secuestradas, violadas, torturadas, desaparecidas o asesinadas”, expresó Villatte, quien también subrayó que “por el tipo de hecho del que se trató, la calificación legal por los delitos cometidos tienen penas muy inferiores” a las de las causas por delitos de lesa humanidad. “Lo que se buscó con este hecho se puede interpretar de distintas formas, ya sea encubrir los delitos cometidos por la dictadura o se puede pensar que era una continuidad de la complicidad de toda la estructura del Ejército en esa estructura represiva ilegal que pervivía en democracia”, indicó Villatte.

La continuidad de los métodos

 

Lo nodal fue que esta condena les permite continuar con la investigación. “El único imputado vivo tiene 86 años y todavía no teníamos certeza sobre la fecha del juicio que se iba a fijar, eso nos hacía dudar de poder llegar a un juicio y además, si se consiguiera realizar ese juicio, tendríamos que transcurrir todas las etapas recursivas, que son muy largas, con Funes con vida”. Si el imputado moría en ese lapso, la acción legal quedaba extinta. “Esta condena sienta una base a partir de la cual, la investigación que nosotros seguimos llevando adelante parte de la existencia de una responsabilidad de un alto integrante de la Plana Mayor del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército”, siguió Villatte.

El fiscal adelantó que el próximo paso en esta investigación es la citación a quien fuera jefe del ejército durante el gobierno de Carlos Menem, Martín Balza.

Murray también enfatizó que Luis Américo Muñoz, para ascender al grado de coronel, necesitó de un acuerdo del Senado, y si bien el reclamo elevado a Alfonsín no se le aceptó, hay “un expediente que tiene radicación en el Ministerio de Defensa, cuando el ministro era Horacio Jaunarena, y no hubo ningún tipo de información de esos hechos a los organismos de derechos humanos”. Recordó que “esos hechos no estaban cubiertos por las leyes de obediencia debida y punto final”, que cubrían desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983. Más tarde, Muñoz fue ascendido a teniente coronel. Y por eso Murray considera “interesante” que algunas de las personas que hicieron caso omiso a esa información brinden explicaciones sobre la falta de investigación.

Arce considera “un éxito enorme el haber conseguido esta condena”. “Sobre todo atendiendo no sólo a la edad que tiene él, sino a la edad que tengo yo también”, expresó, a sus 75 años. “Es la demostración fehaciente de que aún durante los gobiernos democráticos, las fuerzas de seguridad continúan con los métodos viejos métodos aprendidos de la dictadura“, concluyó la sobreviviente.

“Las infancias afectadas por el terrorismo de Estado en el Cono Sur: violencias, agencias y memorias”,

📣 Publicamos Clepsidra 19!
El nuevo número de Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, editada por el Núcleo de Estudios sobre Memoria (CIS-CONICET/IDES-UNTREF) incluye el dossier temático “Las infancias afectadas por el terrorismo de Estado en el Cono Sur: violencias, agencias y memorias”, coordinado por Mariana Eva Perez y Ulrike Capdepón.
La sección Reseñas incluye tres libros de reciente aparición sobre diversas temáticas de nuestro campo de estudios: el trabajo de Moira Cristiá (por Ana Bugnone), el libro de Luciano Alonso (por Andrea Raina) y la obra María Aimaretti (por Alejandra Soledad González).
Además estrenamos nuevo diseño para hacer más ágil tu lectura y arrancar nuestros diez años de revista ¡a todo trapo!
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NOSOTRAS EN LIBERTAD. PRESENTACION EN SAN JUAN

Este libro colectivo es una invitación a emprender un viaje imaginario para visitarnos. Somos más de doscientas mujeres que fuimos militantes en los ’70. Presas políticas que en la cárcel de Villa Devoto empezamos a tejer una trama que, en libertad, supimos mantener.
Para llegar a nuestras casas -allí adonde la historia nos hizo anidar- ustedes podrán recorrer diferentes itinerarios, por nuestro país o el exterior. Serán guiados por estas mujeres que se nos parecen. Ellas caminan con jóvenes que podrían ser nuestras hijas y nietas. Con cada relato, les proponemos reflexionar sobre la vida y la militancia de ayer y de hoy. Acá estamos otra vez juntas.
Somos Nosotras, Nosotras en libertad.
Ellas también están

Todas sentimos lo mismo: nunca imaginamos llegar tan lejos en la vida, vivir tantos años. A los veinte nos rodeó la muerte y la cárcel de la dictadura. Todas tenemos un ser querido -o varios- muerto o desaparecido. Pero también todas nos aferramos a la vida, es nuestra forma de resistir. Resistimos viviendo hasta el límite. Escribimos y contamos para seguir viviendo cuando no estemos más. Nos pusimos a los 30.000 al hombro y los trajimos a la historia de los días de la democracia conquistada. Y pudimos ser felices, reír, cantar, gritar, trabajar, marchar, votar. Por nosotras y por los que no pudieron llegar y -ahora- por las compañeras que tuvimos que despedir.

Ellas también están en este libro, son quizá la presencia más fuerte y más convocada cuando escribimos nuestras historias y reflexionamos sobre este hijo común que es Nosotras en Libertad. Están no solo en los recuerdos sino en el instante presente. En sus palabras que hicimos propias, en sus risas que nos contagian, en sus historias juveniles que nos vuelven jóvenes, en sus habilidades artesanales que nos llenan de color, en sus cantos reiteradamente repetidos y escuchados, en sus ideas y análisis políticos que retomamos para entender las complejidades del presente, en sus convicciones ideológicas que nos refuerzan la visión humanista y feminista del mundo y en sus historias amorosas que nos llevan a apostar al amor.

Queremos recordarlas así, vivas en Nosotras, partícipes de esta nueva gesta, escribiendo el libro a través del cariño y compañerismo que nos socializó y amalgamó en esta categoría que nos cuesta definir, pero que simplemente sintetizamos en la palabra Compañeras.

Ellas, las compañeras que en libertad se nos fueron para iniciar el otro camino -el más desconcertante de nuestra condición humana-, participan a través de nosotras quienes al volcar retazos de sus legados modelamos este libro con un preciso mensaje: ESTAMOS TODAS, SOMOS TODAS.

RELATOS ESENCIALES

El canal bonaerense @PersonasDesaparecidasBA difunde testimonios completos del Juicio a las Juntas

Desde hace un año, más de una docena de testimonios brindados en el marco del Juicio a las Juntas Militares pueden verse completos a través del canal de YouTube @PersonasDesaparecidasBA. Incluyen a sobrevivientes, miembros de la Iglesia católica, de las fuerzas armadas y de seguridad. Desde que se difundieron ya suman más de 800.000 reproducciones. Y es que se trata de un material esencial de los archivos audiovisuales de nuestro país, que nunca antes había estado disponible de manera online.

Para conmemorar este 47º aniversario, la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas de la Provincia de Buenos Aires sumará a su canal cuatro nuevos testimonios: el del doctor Emilio Fermín Mignone, el del capitán de navío Oscar Quinteiro, el del doctor Hipólito Solari Yrigoyen y el del capitán de fragata Jorge Búsico.

Mignone fue el padre de Mónica María Candelaria Mignone, desaparecida desde el 14 de mayo de 1976 junto a un grupo de militantes católicos que desarrollaban tareas pastorales en la villa del Bajo Flores. Fue vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Buenos Aires y primer presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que documentó y denunció los abusos cometidos por los militares argentinos durante la dictadura. En el año 1986 publicó el libro Iglesia y Dictadura, en el cual denuncia a los miembros de la Iglesia cómplices de la dictadura. Falleció en 1998. Su hija continúa desaparecida.

 

El capitán de navío Oscar Quinteiro era el padre de Marta Mónica Quinteiro, empleada en la “Sociedad Militar Seguro de Vida” y desaparecida el 14 de mayo de 1976. Ella también era integrante del grupo de cristianos que misionaban en la villa del Bajo Flores.

 

El abogado y político Hipólito Solari Yrigoyen fue detenido en su casa de Puerto Madryn el 17 de agosto de 1976, cuando tenía 42 años, por una comisión del Ejército. Permaneció en la cárcel de Rawson hasta el 17 de mayo de 1977, fecha en que fue liberado. Viajó al exilio a Venezuela.

El capitán de fragata Jorge Búsico estaba destinado en 1976 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). No fue miembro de los grupos de tareas que perpetraban la represión ilegal, aunque manifestó su sensación de complicidad con la represión ilegal por no denunciar los hechos oportunamente.

La lista de reproducción “Ejercicio para la Memoria” incluye también los testimonios de Iris Pereyra de Avellaneda, Adriana Calvo de Laborde, Víctor Melchor Basterra, del presbítero Christian Von Wernich, de Jacobo Timerman, José Luis Giorno, Hugo Pascual Luciani, el gendarme Omar Eduardo Torres, el teniente de fragata Jorge Carlos Radice, la periodista Miriam Liliana Lewin, del teniente general Alejandro Agustín Lanusse, de Claudio Marcelo Tamburrini y de monseñor Miguel Esteban Hesayne.

 

La confesión de un excapellán sobre los partos clandestinos en Campo de Mayo

Un testimonio inédito revela la complicidad de la Iglesia Católica con la dictadura

El relato aparece en el libro “La verdad los hará libres” de la Conferencia Episcopal Argentina. La información ni siquiera fue aportada a la hora de los juicios.

Por Ailín Bullentini
La confesión de Gogala habría sido escrita en octubre de 2007 y entregada a la CEA en noviembre de 2013.

El excapellán del Hospital Militar de Campo de Mayo Federico Gogala nunca lo declaró ante la Justicia, pero sí lo dejó escrito: durante la última dictadura cívico militar en la maternidad de ese lugar había “algunas parturientas que eran presas o incomunicadas”; vio a una de ellas, primero en una de las habitaciones, donde “estaba muy triste porque la separaron de su criatura”, luego sentada en el asiento de atrás de un “coche particular”. Por ello, fue amenazado: “Padre, usted con estas personas no puede hablar”. Su testimonio fue revelado hace algunas semanas, de modo fragmentado y con partes censuradas, en el tomo II del libro de la Conferencia Episcopal Argentina “La verdad los hará libres”. Llega 16 años después de que Abuelas de Plaza de Mayo solicitara a la Justicia federal de San Martín que citara a Gogala a declarar y no tuviera éxito. Ocho años después de su fallecimiento.

La confesión habría sido escrita por el excapellán en octubre de 2007 y entregada a la CEA en noviembre de 2013, donde fue archivada. Su revelación, en el marco de la investigación que el Episcopado encargó a un grupo de teólogos de la Universidad Católica Argentina sobre los archivos de la institución y los del Vaticano vinculados a la última dictadura cívico militar eclesiástica argentina y sus años previos, no solo confirma que la Iglesia supo sobre las violaciones a los derechos humanos que se estaban llevando a cabo. Además, y sobre todo, subraya la indiferencia con la que la institución trató al proceso de memoria, verdad y justicia durante todos estos años.

“Para las Abuelas y los familiares que buscan a sus desaparecidos y desaparecidas, a los nietos y nietas que aún nos falta encontrar, hubiera sido importante contar con esta información mientras era posible ampliarla. Eso hubiera demostrado un compromiso real de parte de la Iglesia de avanzar en las investigaciones” que revisan los crímenes del terrorismo de Estado, apuntó la abogada Carolina Villella, integrante del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. En los próximos días solicitarán información y medidas judiciales vinculadas al testimonio del excapellán de Campo de Mayo que la CEA cita, así como el acceso a la totalidad de los archivos eclesiásticos.

“Todo lo que yo sé”

Los teólogos Luis Liberti y Federico Tavelli presentan varios extractos del testimonio de Gogala , al que califican de “inédito”, a lo largo de uno de los apartados del capítulo 17 del tomo II de “La verdad los hará libres” que titularon “Los niños desaparecidos”. “Todo lo que yo sé acerca de la Maternidad Clandestina en el Hospital Militar de Campo de Mayo en los años setenta” dicen Liberti y Tavelli que se llama el escrito de monseñor Gogala, que en el libro no se ofrece en su versión completa. También informan que está fechado el 26 de octubre de 2007, un dato llamativo: tres meses antes, en agosto de ese año, el cuerpo de abogados de Abuelas de Plaza de Mayo había solicitado ante la secretaría de Derechos Humanos del Juzgado federal número 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, una serie de medidas en relación al ex capellán, entre ellas su citación a prestar testimonio. Una monja y una enfermera habían declarado que Gogala, recientemente jubilado y vinculado a la diócesis de San Miguel –lo estuvo hasta su muerte en agosto de 2015– solía visitar a las embarazadas detenidas en los centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo durante la última dictadura que eran mantenidas aisladas en el área de Epdemiología del hospital.

Según el testimonio revelado en el libro –unsa siete folias manuscritas firmadas por Gogala que habrían llegado a la CEA en noviembre de 2013, como anexo de una carta enviada por el entonces obispo de San Miguel, Sergio Fenoy– el excapellán hace referencia a ese sector del hospital. Sin embargo, los extractos citados por Liberti y Tavelli cuentan un episodio que tuvo lugar en el área de la maternidad propiamente dicha.

En el recorte realizado por los teólogos, Gogala describe que realizaba “tareas habituales de atención espiritual de los pacientes” ingresados en el Hospital Militar de la guarnición y que “un buen día”, que presuntamente no precisa, quiso “visitar la maternidad” del lugar y encontró “la puerta custodiada” por un soldado, a quien presuntamente no identifica. “Con fusil apresto” ese soldado le “impidió la entrada diciendo que solamente los médicos y enfermeras pueden entrar”. “Al preguntarle por qué me dijo que adentro había algunas parturientas que eran presas o incomunicadas”, continúa el recorte.

Pero luego Gogala pudo ingresar a la maternidad. Dice la selección de los autores: “[…] una vez adentro encontré en la pieza más cercana a la puerta a una señora que se estaba reponiendo después de su parto. Estaba vestida con un camisón blanco y sentada en la cama. Cuando me vio se puso muy contenta. Estaba muy triste porque la separaron de su criatura, que nació unos días antes. Me dijo que era miembro de la Acción católica junto con su esposo y me pidió si le pudiera traer la comunión. Se la traje enseguida asegurándome previamente para que el soldado me dejara entrar por segunda vez”, .

En el testimonio, según los recortes oficiales, Gogala cuenta que volvió a ver a esa mujer a la mañana siguiente en una de las calles internas de la guarnición, a bordo de “un coche particular parado”. “La puerta del conductor estaba abierta, pero el conductor no estaba adentro. En el asiento trasero estaba sentada la señora presa. Comprendí que la estaban devolviendo a la cárcel clandestina. Por eso me acerqué al coche para saludarla. Ya que la puerta del conductor estaba abierta me asomé para darle la mano”, citan los autores. Según el relato el ex capellán es amenazado por quien conducía el auto, a quien presenta como “un oficial del Cuerpo Comando, es decir, no era médico, con grado de capitán o mayor, con apellido […]”. Se presume que Gogala en su testimonio identifica a ese oficial, dato que se encuentra censurado en la publicación. “Al verme a mí al lado del coche se vino casi corriendo y, con cara seria, me dijo: ‘Padre, con estas personas usted no debe hablar’. Después se sentío rápido en el coche y arrancó y se llevó a la señora presa”, continúa el testimonio citado.

Según se menciona en el libro, Gogala asegura en su escrito que el oficial de apellido censurado le dijo, más tarde, que “tenía prohibido visitar a las parturientas presas” y que “los chicos que nacen todos ellos serán entregados a los familiares de las parturientas”, y que días después el director del Hospital Militar lo llamó para “reafirmarle la prohibición de concurrir al servicio de maternidad para no entrar en contacto con las parturientas presas ni con los hijos de ellas” a riesgo de “ser puesto en prisión”.

Un aporte que llega tarde

Dentro de un libro de casi 900 páginas, el origen del testimonio de Gogala está explicado en un escueto pie de página. Allí, Tavelli y Liberti indican que una vez recibido por la CEA su destino fue el fondo documental nomenclado “Derechos Humanos” del archivo de la institución, en una carpeta titulada “testimonios episcopales”. Hasta lo que saben desde Abuelas, nunca fue aportado a la Justicia. Supuestamente, integra el compendio de archivos que la CEA entregó al juez federal Ariel Lijo en paralelo a la puesta en circulación pública del primer tomo del libro, editado por Planeta. Lijo, a su vez, los habría puesto a disposición de las Cámaras Federales de todo el país. Este diario solicitó el testimonio completo, pedido que fue rechazado.

En diálogo con este diario, Villella celebró que la Iglesia entregara los archivos a la Justicia. También remarcó que la asociación no tuvo acceso “ni a éste testimonio ni a ningún otro”. “Hicimos múltiples reclamos históricamente para que la Iglesia desclasifique los archivos y entregue todo lo que puede ser relevante para encontrar los nietos y nietas que faltan y no hubo nunca respuesta favorable” de parte de la CEA, añadió.

También reclamaron a la institución que ampliara las condiciones actuales que impone el protocolo para la consulta del material archivístico vinculado a la última dictadura que la Iglesia reveló hace algunos años, cuyo criterio “es muy restrictivo e imposibilita a veces la búsqueda”, apuntó la abogada. Hasta el momento, sólo pueden solicitar información “las víctimas, los familiares de los desaparecidos y detenidos y, en caso de eclesiásticos y religiosos, sus respectivos Obispos y Superiores mayores”.

Sin embargo, advirtió Villella, y “como sucede en este caso, la información muchas veces no está vinculada a una persona determinada. ¿Cómo se accede a un testimonio como el de Gogala, fundamental, que no tiene nombres?”, se preguntó. “Compromiso con la verdad y la justicia es también revisar los archivos para determinar en dónde y en qué formato puede llegar a haber información relevante”, reclamaron desde Abuelas.

La realidad es que el excapellán podría haber aportado todo lo que supo acerca de la maternidad clandestina muchísimo tiempo antes. Podría haberse presentado ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, ante la Justicia, ante los organismos. Podría haberlo presentado la CEA una vez que lo tuvo en su poder. “Hubiera sido importantísimo tenerlo cuando lo pedimos para poder tomar medidas que posibilitaran su ampliación. Quizá a Gogala se le podría haber mostrado fotos de las mujeres embarazadas que sabemos parieron en Campo de Mayo para que las reconozca y tal vez podría haberla identificado a que menciona” en su escrito, se lamentó Villella.

Según los registros, al menos siete mujeres detenidas clandestinamente durante el genocidio parieron en el Hospital militar de Campo de Mayo, guarnición que albergó durante la dictadura a al menos 37 embarazada o mamás secuestradas junto a sus hijes. La inmensa mayoría están desaparecidas.

“Lo que sucede es que siempre las víctimas y los organismos tienen un rol sumamente activo en las investigaciones” sobre los crímenes de la dictadura, puntualizó la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, quien abogó por la necesidad de que esa actitud “se extienda a actores tan importantes como la Iglesia, que tiene tanta información para aportar”. “Intentamos por todos los medios que tuvimos a nuestro alcance tener el testimonio de Gogala y nos llega recién ahora, mediado, y tarde. Si la Iglesia hubiera aportado lo suyo diferente sería la historia, enormemente diferente”.

La causa número 4012, registrada originalmente en el Juzgado federal a cargo de Vence, investiga los hechos de la última dictadura vinculados con la zona de defensa número 4 e incluye a la guarnición militar de Campo de Mayo. Dentro de esa causa, el caso 37 indagó e indaga las irregularidades sucedidas en el Hospital Militar, el germen que decantó en dos juicios orales y públicos, Hospital Militar I y II, que culminaron con condenas para médicos y militares retirados. “Pero aún resta mucho por conocer sobre los suecos de la maternidad clandestina que funcionó en uno de los mayores centros clandestinos del país. Hay muchos desaparecidos, nietas y nietos que seguimos buscando y es fundamental el compromiso real de la Iglesia en esta búsqueda”, reforzó la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo

La cueva de Iosi y Balbuena: un misterio llamado Cuerpo de Informaciones

Lo que dejó la condena al espía de la Policía Federal

El organismo al que pertenecía el recientemente condenado Américo Balbuena sigue siendo prácticamente desconocido. Solo se habló de éste cuando alguno de sus espías fue descubierto. Desde la querella, reclaman que se lo disuelva y que se desclasifique la información sobre su funcionamiento en democracia y dictadura.

Por Luciana Bertoia
Américo Balbuena fue condenado por infiltrarse en la agencia Rodolfo Walsh.. Imagen: Jorge Larrosa

Américo Balbuena ingresó al Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) cuando la dictadura estaba terminando. Para entonces, la maquinaria de secuestros y muertes estaba en su estadio más avanzado. Con espías que habían actuado en los centros clandestinos, Balbuena aprendió el oficio de la reunión de información e incluso de la infiltración. Su obra cúlmine la llevó a cabo en plena democracia cuando se infiltró en la agencia de noticias Rodolfo Walsh durante más de diez años, como dio por acreditado el juez federal Daniel Rafecas. El juicio que se siguió contra Balbuena y dos de sus superiores, Alfonso Ustares y Alejandro Sánchez, funcionó como una vía de acceso hacia un mundo desconocido como es el Cuerpo de Informaciones que fue la cantera de espías como José Pérez –más conocido como Iosi, el espía que se metió en la comunidad judía–. El Congreso deberá revisar si las leyes secretas que siguen rigiendo la vida de los agentes de inteligencia de la PFA son compatibles con el ordenamiento democrático.

El proceso contra Balbuena duró algo más de dos semanas, pero fue una excursión hacia un mundo que sigue siendo opaco o con una lógica de la Guerra Fría, como dijo Sánchez, uno de los policías que terminó condenado. En las audiencias que presidió Rafecas fueron apareciendo muchas de las cuestiones que rigen el funcionamiento del Cuerpo de Informaciones que Balbuena integró por más de 30 años.

Durante el gobierno de Juan Domingo Perón se creó el escalafón de auxiliares de inteligencia de Coordinación Federal. Fue después de la conformación de la Coordinación de Informaciones del Estado (CIDE) – antecesora de la SIDE y de la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI)–. Los dos organismos se nutrían de personal civil, a diferencia de las áreas de inteligencia de las fuerzas armadas. Jorge Osinde estaba entonces  a cargo de Coordinación Federal y después, en 1973, fue uno de los ejecutores de la masacre de Ezeiza.

En enero de 1958, cuando aún estaba en el poder la dictadura de la Revolución Libertadora, se dictó el decreto secreto 2075 de creación del Cuerpo y, en 1963, horas antes de que José María Guido dejara la Casa Rosada, se aprobó la Ley Orgánica. Cuatro años más tarde, se reglamentó a través del decreto 2322. Se hizo durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Ése es el ordenamiento que Rafecas pide que revisen tanto la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados como la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia para ver si es compatible con las instituciones democráticas.

Como debía ser el ingreso al Cuerpo de Informaciones. Ley Orgánica.

Un funcionamiento orgánico

A los espías de la PFA se los conoce como “plumas”. Hay leyendas distintas sobre el apodo. Algunos dicen que Osinde era un apasionado por la cetrería y quería tener agentes que salieran a cazar a sus presas. De esos halcones, solo quedaron plumas. En el juicio apareció otra versión: los efectivos de la PFA los llaman así despectivamente porque son quienes hacen las tareas de seguimiento de la propia fuerza –cuyo emblema es un gallo–. Algo así como que los “plumas” se dedican a la contrainteligencia.

Lo cierto es que los “plumas” de la PFA han tenido durante más de 70 años un régimen propio. No estudian con el resto de los aspirantes a oficiales o suboficiales. Durante largos años, ellos se formaban en la Escuela de Informaciones, que funcionaba en la Comisaría 8ª de la calle Urquiza. Esa comisaría se traspasó a la Ciudad y ahora la formación se completa en el Instituto Universitario de la PFA.

En la Ley Orgánica que todavía rige, hay algunas precisiones más. Al momento en que Balbuena ingresó al Cuerpo, había una serie de requisitos para ser admitido: ser nativo o argentino por opción, tener entre 20 y 30 años, no tener antecedentes, acreditar antecedentes morales –para eso se investigaba al aspirante y a su núcleo familiar–, haber hecho el Servicio Militar Obligatorio (SMO) o haberse presentado siempre a votar, haber completado la secundaria y pasar una serie de exámenes médicos, psicotécnicos y escritos.

En el Cuerpo, no hay nada más preciado que el secreto. Se considera una falta grave la infidencia o el invocar que pertenece al Cuerpo o a la PFA. “El cargo en el cuerpo es secreto”, dice la ley. Eso implica que el agente no puede darse a conocer como tal. Esta condición de agente secreto sigue trayendo problemas hoy por hoy a quienes hacen inteligencia criminal en la PFA. Se da la paradoja de que según la normativa vigente no podría decir que es un agente de inteligencia de esa fuerza, pero termina declarando en expedientes judiciales que muchas veces están accesibles en la web.

Faltas graves, según la Ley Orgánica del Cuerpo de Informaciones.

Los “plumas” nunca estuvieron bancarizados. Como deben esconder cuál es su verdadero trabajo pueden tener un empleo que funcione como pantalla, incluso en la administración pública.

Lo que no pueden es prestar funciones en otros servicios o agencias informativas. Ésta fue parte de la discusión en el juicio a Balbuena. ¿El espía con su infiltración en la Walsh no sólo estaba violando la Ley de Inteligencia que prohíbe la reunión de información por razones políticas sino también el propio ordenamiento del Cuerpo? El defensor de Balbuena, el exfiscal Jorge Álvarez Berlanda, dijo que, en realidad, la ley decía que no podían trabajar para otros servicios de inteligencia o para servicios privados como Nosis –algo impensado para cuando se dictaron los decretos-leyes–. Rafecas no compartió su visión.

El defensor de Ustares, Hernán Carluccio, llegó a decir que los espías y los periodistas se manejan con el mismo insumo: la información. “Lo que está terminantemente prohibido es que trabajen en servicios informativos. No es para proteger la actividad periodística sino porque el agente no puede utilizar la información privilegiada a la que accede para desempeñarse como periodista”, remarca un exfuncionario que debió lidiar con los “plumas”.

Todo secreto: un cargo del que no se habla y la posibilidad de tener un trabajo fachada. Ley Orgánica del Cuerpo de Informaciones.

Un punto de inflexión

En 2013, la Agencia Walsh denunció que había estado infiltrada desde 2002 por Balbuena. La entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, separó a Balbuena y a sus jefes. Balbuena terminó fuera de la fuerza. Cuando asumió como diputada, Garré presentó un proyecto de ley para disolver el Cuerpo.

El escándalo que se originó alrededor de Balbuena fue un punto de quiebre para los “plumas” de la PFA. Algo similar sucedió cuando se conoció que “Iosi” estuvo infiltrado en la comunidad judía durante catorce años. Él mismo pidió declarar, pero la justicia no investigó si alguna de las informaciones que le proveyó a la PFA se usó para los atentados contra la embajada de Israel o contra la AMIA ni por qué la PFA consideraba que debía infiltrar las instituciones judías.

“Iosi” arrancó para siempre a los plumas del anonimato. Su historia, plasmada en el libro de los periodistas Miriam Lewin y Horacio Lutzky, se convirtió en una serie taquillera en la plataforma Amazon Prime. En las próximas semanas se estrenará la segunda temporada.

En la Ley Orgánica del Cuerpo dice que los “plumas” no pueden participar de partidos políticos, salvo que estén en misión. En eso estaba Mónica Amoroso cuando la descubrieron que llevaba años infiltrada en el partido que lideraba Gustavo Béliz. Hubo otros espías, como cuentan Lewin y Lutzky, que incluso estuvieron infiltrados en el Movimiento Todos por la Patria (MTP).

En el Cuerpo, solían reclutar mujeres. Eso lo contó en 1981 el exagente Luis Alberto Martínez. El “Japonés” Martínez incluso había mencionado a “Isabelita” como una de las infiltradas en Madres de Plaza de Mayo en plena dictadura. Durante la gestión Garré se encontró el legajo de Isabel Correa. Su historia fue revelada el año pasado por Página/12. Hasta entonces seguía formando a otros cuadros de la PFA.

Hubo otros “plumas” que dejaron su impronta en la institución como Pedro Santiago Godoy, “Calculín” en los centros clandestinos conocidos como Atlético, Banco y Olimpo. Godoy, que terminó condenado como torturador, fue el primer responsable del Departamento de Protección del Orden Constitucional (POC), creado en 1983 para darle una supuesta impronta democrática a la institución. El POC intervino en la investigación del atentado a la AMIA en la que la PFA “perdió”, entre otras cosas, casetes con grabaciones.

“Lo que hacían los ‘plumas’ no es nuestra tarea actual. Tenemos áreas de inteligencia criminal en las cuatro fuerzas federales y actúan conforme lo autoriza la Ley de Inteligencia”, respondió el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ante una consulta de Página/12. La PFA actualmente tiene una Superintendencia de Inteligencia Criminal que está a cargo del comisario Daniel Palasi.

El fin del espionaje político

Tanto Balbuena como sus dos exjefes en la División Análisis, Ustares y Sánchez, recibieron la pena máxima que estaba prevista para el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos: dos años de prisión en suspenso. Si bien salieron de Comodoro Py como llegaron, su condena tiene un impacto fundamental en el mundo del espionaje que suele salir indemne –como lo muestran las causas sobre la inteligencia ilegal durante el macrismo que naufragan en la instrucción–.

“Es una sentencia muy importante porque comprueba judicialmente lo que hace tiempo se planteaba: que la PFA tuvo y sigue teniendo la posibilidad de infiltrar personas sin dar explicaciones y sin control alguno”, le dice a este diario Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “La dinámica institucional del Cuerpo no es algo desconocido por el sistema político, pero cuenta con una valoración positiva. Eso es lo que hay que poner en discusión. Celebramos la decisión de enviar al Congreso el fallo para que se evalúe la compatibilidad de este organismo –que se rige por el secreto– con la ley de Inteligencia y con el ordenamiento constitucional, porque es algo que hace tiempo reclamamos”.

Myriam Bregman salió de la Sala B de Comodoro Py diciendo que ella era diez años más joven cuando denunciaron la infiltración de Balbuena. La diputada del FIT-U fue parte de la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) que consiguió la condena junto con Matías Aufieri, Liliana Mazea y Carlos Platkowski.

“En el juicio, por las pruebas y por los dichos de los propios imputados, quedó claro que el Cuerpo sigue en funcionamiento. Como lo mostró el caso de la espía ‘Isabelita’, la clandestinidad profunda en la que actúan estos cuerpos de inteligencia les permite una continuidad prácticamente absoluta entre gobiernos dictatoriales y gobierno constitucionales”, afirma la diputada que el año pasado presentó un proyecto para disolver el Cuerpo de Informaciones.

“Es necesario que rápidamente se tomen cartas en el asunto. La sentencia del juez Rafecas así lo ordena”, reclama Bregman. “Es importante que desde el Congreso podamos votar la disolución inmediata del Cuerpo y que el Presidente entregue todos los nombres de quienes han integrado este organismo que estuvo siempre al servicio del espionaje político”.

LA LECCIÓN DE LOS/AS ALUMNOS/AS

Una respuesta ética de les estudiantes ante la falta de acción de los directivos

 

Resulta que ahora los estudiantes dan cátedra a los docentes y a quienes dirigen la facultad y esa clase no es solo de derecho, en el tradicional sentido, sino que abarca también las consideraciones éticas acerca del marco de vigencia del derecho y de la democracia.

Así, cuando el año pasado las noticias de los medios de comunicación revelaron las relaciones entre jueces, funcionarios del Poder Ejecutivo y medios de comunicación, que resultaban suficientemente graves institucionalmente para alarmar a quienes enseñamos el Derecho, un sector de profesores reclamamos al Departamento de Derecho Penal y al decano de la Facultad que se evaluaran las consecuencias de la actitud de quienes como docentes habían actuado irregularmente. Pero nada se logró, y vemos que recién a fines del mes de marzo de 2023, los profesores han cesado de hecho, pero a consecuencia de la actitud de les estudiantes.

En tal sentido, y como integrantes del ámbito académico, habíamos presentado en noviembre del año pasado dos notas: una al director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA, doctor Villar, y otra ante el decano de esa casa de altos estudios, doctor Vergara. En estas solicitamos que tanto el mencionado Departamento como el Decanato de la Facultad se expidieran con relación a los hechos de público conocimiento que involucraban a profesores regulares y que podrían encuadrar en las disposiciones reglamentarias del Código de la Universidad de Buenos Aires y del Estatuto Universitario, en relación con la posible falta de ética académica, indignidad moral o inconducta notoria a que hacen referencia dichas disposiciones. En particular, nos referimos al profesor adjunto regular Julián Ercolini, actual director de la carrera de Especialización en Administración de Justicia y profesor adjunto regular del Departamento de Derecho Penal y Criminología.

Consideramos que una falta de integridad ética resultaba totalmente incompatible con los fines de nuestra universidad pública y generaba una profunda preocupación por las consecuencias que podría traer aparejada en la formación ética de los estudiantes —de grado y posgrado— vulnerando no solo los principios universitarios, sino también el contenido de lo que enseñamos desde el Departamento de Derecho Penal y Criminología como base misma del Derecho Penal y Procesal Penal.

Planteamos que las noticias públicas sobre sus inconductas trascendían el ámbito exclusivamente jurisdiccional y merecían por parte de la comunidad académica de la Universidad de Buenos Aires y, particularmente, de nuestra Facultad su rechazo rotundo, pues alteraban el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y degradaban la República. A la vez, estimábamos que la tarea primordial de la enseñanza del Derecho no era solo el conocimiento de lo que disponen las leyes, sino que también implicaba ser modelo de conducta ética y pedagógica que asegurase el fortalecimiento de una comunidad democrática. ​

Recordábamos que la Universidad de Buenos Aires es una comunidad de profesores, alumnos y graduados, que procura la formación integral y armónica de sus componentes e infunde en ellos el espíritu de rectitud moral y de responsabilidad cívica (Estatuto Universitario: Bases III), por lo que esta situación no debía pasar inadvertida. Por tales motivos, solicitamos que se promoviera la redacción de una declaración de la Facultad, como asimismo que se evaluara, en el marco del Estatuto Universitario, la responsabilidad académica de los docentes y, respecto de Ercolini, perteneciente al Departamento de Derecho Penal, se le solicitara que pidiera licencia en su cargo o bien que renunciara a este.

Pero, como destacábamos al principio, los que enseñaron en estas circunstancias cuál era el marco de principios jurídicos y éticos fueron les alumnes, quienes, ante la falta de respuesta al pedido de juicio académico, decidieron hacer explícito su repudio. Así, lograron que los estudiantes no se inscribieran en las comisiones que estaban a cargo de cada uno de los cuestionados docentes, por lo cual tuvieron que dar de baja su dictado. Es decir que la exclusión de las tres materias ha sido el resultado de una condena decidida por les alumnes en el marco de debates presenciales y virtuales en relación con el perfil de los docentes. Como se consignó en El Cohete, “los estudiantes de Derecho de la UBA lapidaron simbólicamente a Borinsky, Ercolini y Plee” y los profesores resultaron “corridos por los alumnos”.

El gobierno tripartito nos garantiza una enseñanza completa y la vigencia del Estado de derecho, en fin, de la democracia.

 

 

* Lucila Larrandart es profesora consulta de la Facultad de Derecho y Premio Azucena Villaflor 2021 por su actuación en defensa de los DDHH.