EL LUNES 21 DE FEBRERO COMIENZA EL QUINTO JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS EN SAN JUAN

JUAN CARLOS CABALLERO VIDAL, EX MINISTRO DE LA CORTE DE JUSTICIA DE  SAN JUAN, COMPARECE ANTE EL TRIBUNAL ORAL  FEDERAL

Como lo anticipo el Fiscal Federal General de San Juan, Francisco Maldonado una vez acreditado que el estado de salud  del ex magistrado Caballero Vidal le permite enfrentar  el Debate Oral y Publico por el delito de no promover una acción penal para investigar dos hechos graves.

La sesion podra seguirse por youtube

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan – Audiencia del día Lunes 21 de Febrero del 2022 | Expediente FMZ 26155/2017/TO1 caratulado “C/Caballero Vidal, Juan Carlos”

El proceso se disparó en 2017, cuando la Justicia Federal se hizo eco de los dichos de dos abogados que le endilgaron. Acusaron a Caballero Vidal de que, en su rol de juez penal durante la dictadura, en 1977, se negó a investigar la muerte de Ángel Carbajal y las torturas sufridas por Héctor Cevinelli, ambos víctimas del régimen militar.

Rago Gallo lo procesó en 2018 por entender que fue miembro de una asociación ilícita que montaron los militares y ser partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y no impulsar una causa penal para determinar qué pasó con Carbajal y Cevinelli. La defensa del excortista apeló, la Cámara Federal de Mendoza le dictó la falta de mérito en los delitos más graves y confirmó la imputación por su negativa a investigar, que es el más leve.

Así las cosas, por ahora, Caballero Vidal será enjuiciado por la tipificación que establece el artículo 274 del Código Penal. El mismo habla de “dejar de promover la persecución y represión de delincuentes” y establece pena de inhabilitación de 6 meses a 2 años para ocupar cargos públicos.

Por otra parte, del actual debate de la Megacausa III podrian surgir otros hechos que agraven la situación de Caballero Vida. El excortista continúa bajo la lupa por los hechos más severos que le enrostran. La falta de mérito que dictó la Cámara Federal de Mendoza significa que seguirá siendo investigado.

Segun las fuentes, el abogado defensor, Fernando Castro, entiende que no hay justificación. Por eso, pidió que su cliente sea sobreseído por los delitos de asociación ilícita, tormentos agravados y privación de la libertad.

“Necesito saber qué pasó con mi mamá”, expresó Bárbara García

Los primeros testimonios en el juicio de lesa humanidad por el secuestro de Martínez Borbolla

La causa denominada “RIM-6 de Mercedes/Imprenta PRT-ERP” tiene entre sus acusados a los excarapintadas Emilio Morello y Martín Sánchez Zinny. En el banquillo también están Gustavo González Gass, Luis Brun, Horacio Linari y Osmar Andrade. El juicio abarca delitos contra 37 víctimas (30 desaparecidas), integrantes del PRT-ERP, la Juventud Guevarista y el Partido Socialista de los Trabajadores.

El excarapintada Martín Sánchez Zinny.

A puertas cerradas, con aforo reducido a diez personas y prohibición de transmitir al canal comunitario La Retaguardia, el Tribunal Oral Federal 2 recibió ayer los primeros testimonios en el juicio por delitos de lesa humanidad denominado “RIM-6 de Mercedes/Imprenta PRT-ERP”, que tiene entre sus acusados a los excarapintadas Emilio Morello (ex diputado del MODIN) y Martín Sánchez Zinny. “Necesito saber qué pasó. Qué hicieron con ella. Viví toda mi vida con esto adentro mío”, confesó entre lágrimas Bárbara García, quien a sus nueve años fue testigo del secuestro de su madre Rocío Ángela Martínez Borbolla, militante del PRT-ERP, aún desaparecida. “Me voy con una sensación de miedo que no me gusta”, confesó al concluir su declaración ante la mirada intimidante de Ricardo Sain Jean, hijo del ex gobernador de la dictadura y abogado de Sánchez Zinny, a quien Bárbara reconoció en 2017 en un bibliorato con centenares de fotos como el militar que la golpeó con su escopeta mientras se reía. “Me parece muy intimidante que Sánchez Zinny le haya iniciado una causa a mi hermana por reconocerlo”, dijo luego Camilo García, que padeció aquel operativo a sus cuatro años, en referencia a una denuncia del represor por falso testimonio que ya fue rechazada en tres instancias y aguarda la confirmación de la Corte Suprema de Justicia.

Martínez Borbolla fue secuestrada de una casa de Haedo, oeste del Gran Buenos Aires, el 13 de junio de 1976. Allí funcionaba la redacción de la revista El Combatiente. Sus hijos fueron víctimas y testigos de ese operativo, reconstruido gracias a los ex conscriptos del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 de Mercedes, aunque prestaron testimonio sólo como testigos. El juicio abarca delitos contra 37 víctimas (30 desaparecidas), integrantes del PRT-ERP, la Juventud Guevarista y el Partido Socialista de los Trabajadores. En el banquillo están también Gustavo González Gass, Luis Brun, Horacio Linari y Osmar Andrade, el único que era suboficial y no está preso en su casa.

“Les apuntaron mientras estaban acostados en sus camas. ‘¿Qué vamos a hacer con ustedes?’, preguntó un milico. Camilo les ‘ofreció’: ‘hagan lo que quieran, nos tapamos con la sábana’. Eso hicieron. Una nena de nueve, un nene de cuatro y una sábana como toda protección contra el terror”, resumió la escritora y dramaturga Mariana Eva Pérez, una de las pocas personas que logró concretar la gestión para poder ver la audiencia a la distancia.

perez@princesamonto  Ahora lo que no pude escribir antes 💔A Camilo (4) y a su hermana (9) les apuntaron mientras estaban acostados en sus camas. “Qué vamos a hacer con ustedes?”, preguntó un milico. Camilo les “ofreció”: “hagan lo que quieran, nosotros nos tapamos con la sábana”. Eso hicieron.

“Esta foto que ves es parte de lo que debería ser una transmisión televisiva, pública, abierta”, informó La Retaguardia al mostrar la imagen de Camilo frente al tribunal que integran Javier Feliciano Ríos, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini. Del otro lado de la pantalla, serio, con auriculares gigantes, se veía el rostro de Sánchez Zinny. “Bárbara lo reconoció hace poco como uno de quienes ingresó a su casa y secuestro a su mamá. Él la querelló. En diciembre declaró en este juicio. Desde su casa. Eso sí lo pudimos televisar. Algo anda mal”, marcó el contraste La Reteguardia.

El canal fue autorizado a presenciar pero no a transmitir la audiencia. Mientras jueces de San Martín, La Plata o Bahía Blanca autorizan la difusión de testimoniales, Comodoro Py lo impide, invocando una acordada de la Corte de 2008 que sólo ordena la transmisión de instancias iniciales, alegatos y sentencia, y pasando por alto el artículo 287 del nuevo Código Procesal Penal, que ordena garantizar el principio de publicidad “para un amplio público”. “Hoy muchos familiares, amigos y víctimas que siguen los juicios por La Retaguardia no pudieron estar presentes porque ni siquiera sabían cómo hacer, o que era su derecho presenciar la audiencia. Volvimos de facto a la instancia de los juicios antes de la era de la televisación, cuando a la sala iban sólo veinte militantes y familiares”, lamentó Fernando Tebele, referente de La Retaguardia, que sigue sumando adhesiones al reclamo.

“Me parece muy intimidante que Sánchez Zinny le haya iniciado una causa a mi hermana por reconocerlo. Ella tenía nueve años y los enfrentó, les quiso hasta pegar. Creo en mi hermana. Ella siempre pensó que de alguien de iba a acordar”, relató Camilo, que estudió periodismo en TEA y es trabajador de prensa.

“¿Qué hicieron con ella?” / 

“A Bárbara la pegan un culatazo en la pierna.

–Mi mamá, mi mamá.

–A tu mamá no la vas a ver nunca más.

Escucha la voz de su mamá:

–Mis hijos, mis hijos.

–A tus hijos no los vas a ver más.

–¿Y con estos qué hacemos? (ella y Camilo) ¿Los matamos?”

El relato de la mujer que entonces era una niña lo reprodujo también Pérez, autora del libro Diario de una Princesa Montonera.

“Cuenta que los dejaron con unos vecinos, que estaban tan aterrados que ella tuvo que dormir con la señora y Camilo, con el marido. Muchos años después este vecino los buscó para contarles que no los habían querido ayudar, que lo obligaron a quedarse con ellos esa noche”, apuntó. “Necesito saber qué pasó”, pidió Bárbara. “Con mi hermano Camilo y mi papá nunca pudimos hablar mucho de esto”, agregó. “Empezamos a sentir golpes en las puertas e insultos. Intentamos escapar con Camilo por la ventana pero no pudimos abrir. A mi mamá la insultaban. Yo pedía por ella y me decían ‘a tu mamá no la vas a ver más’. No me lo voy a olvidar nunca”.

Bárbara contó también que su abuelo, que había sido preso del franquismo, buscó a su hija toda su vida y no llegó a saber del juicio porque se murió antes. Relató también que consultó a videntes, que algunas le decían que su mamá estaba viva, que estaba en pareja con un militar que se la había llevado al Paraguay pero que había tomado una pasilla que le había hecho perder la memoria. “Esa idea se me desvaneció cuando hablé con Maco” Somigliana, investigador del EAAF.

“En mi casa había muchas revistas. Ahí se editaba El Combatiente. Que mi mamá era editora lo supe después”, relató. En otro fragmento de la declaración que reprodujo La Retaguardia contó que fue contactada por la actual pareja de la ex esposa de Sánchez Zinny. “Me contactó pidiéndome ayuda. Temía que la cortaran en pedacitos, que le quitara a sus hijos”, contó. El militar logró de hecho el arresto domiciliario con el argumento de que debe cuidar a uno de sus hijos, que padece de autismo.

En un momento, ante objeciones a una pregunta de Saint Jean, el juez Ríos (el único presente) le pidió a Bárbara salir de la sala. El hijo del genocida que juró matar desde los subversivos hasta los indiferentes y los tímidos, frustrado por las pruebas abrumadoras contra su cliente, a quien no sólo aquella niña sino también ex conscriptos y hasta un oficial retirado del Ejército mencionaron como partícipe del operativo en Haedo, ensayó un alegato para sugerir que Bárbara había sido guionada por su abogado Pablo Llonto y por la fiscal Ángeles Ramos.

El cierre fue de extrema tensión. “Les pido que digan algo, porque saben”, reclamó la víctima-testigo. Mirando a los ojos a Saint Jean y a María Laura Olea, defensores de Sánchez Zinny, explicó que al daño inenarrable que le produjo la desaparición de su madre tuvo que sumarle la denuncia por falso testimonio. “La persona que me golpeó con la escopeta, que jugaba con mi vida y mi muerte, me inició una denuncia penal. Yo no lo podía creer”, confesó, y recordó que debió entrar en un programa de testigos protegidos.

“¿A usted le parece, señor presidente, que ahora yo vuelvo a casa y tengo que avisar que volví? ¿Tengo que vivir porque este señor dice que cometí falso testimonio? Me tiene que devolver estos dos años míos de tortura”, exigió, y añadió que “el que tiene que responder es este señor: ¿Dónde está mi mamá?”. El represor escuchaba desde su casa.

Un portazo en la cara a los genocidas

La CIDH rechazó pedidos de impugnación de cinco represores
Las peticiones para revertir condenas por delitos de lesa humanidad fueron hechas por Grillo, Appiani, Fermoselle, Rodríguez y Vallejo. Las presentaciones se multiplicaron durante la gestión de Mauricio Macri.
Luciana Bertoia
Por Luciana Bertoia
12 de febrero de 2022 – 00:40
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata durante la sentencia del juicio por los crímenes del Circuito Camps. (Fuente: Télam)
El de Roberto Omar Grillo quizá no sea uno de los nombres más conocidos de quienes actuaron durante la dictadura, pero cuando se lo pronuncia en La Plata muchos sienten escalofríos. Grillo era un policía joven, de ojos celestes y pelo rubio, que entró a principios de los años ‘70 a la Dirección de Investigaciones que comandaba Miguel Osvaldo Etchecolatz. En plena dictadura, fue uno de los represores que actuó en el Pozo de Arana y uno de los integrantes de la patota que secuestró a los pibes de la Noche de los Lápices. Durante meses, alternaba entre los calabozos y las entrevistas con los familiares que intentaban saber qué pasaba con los suyos. Allí, Grillo –al que los sobrevivientes recuerdan con el apodo de “Cri-cri”– buscaba hacer negocios: les pedía plata a cambio de información. En el Pozo de Arana le dieron una tarea siniestra: hacer desaparecer los cuerpos, quemarlos en una fosa con neumáticos y gasoil. El olor de la carne quemada se grabó en él y relataba que no había podido volver a comer asado mientras hacía tareas administrativas en una oficina. Condenado a prisión perpetua en 2012 en el juicio por los crímenes del Circuito Camps, Grillo fue uno de los cinco represores que fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de impugnar el proceso de verdad y justicia en el país y a quienes el organismo les devolvió un portazo en la cara.
 
En el último mes, el organismo con sede en Washington le informó a la Cancillería argentina que no admitiría las presentaciones que formularon Grillo, Jorge Humberto Appiani, Julio Fermoselle, Miguel Ángel Rodríguez y Ernesto Vallejo. Fue la secretaria adjunta de la CIDH, Marisol Blanchard, quien le comunicó al canciller Santiago Cafiero que habían archivado distintas presentaciones que hicieron condenados por graves violaciones a los derechos humanos en el país. Las cinco peticiones analizadas por la CIDH fueron las del represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Rodríguez junto con las de Fermoselle y Vallejo, que actuaron bajo las órdenes de Agustín Feced en Santa Fe. El rechazo también incluyó a Appiani, represor del área de Paraná, y a Grillo.
 
 
Desde que asumió el gobierno Alberto Fernández, la CIDH cerró nueve peticiones de represores. Entre otras, la del represor de la ESMA Carlos Suárez Mason, hijo homónimo del jefe del Primer Cuerpo de Ejército, o la del represor de La Cacha Carlos María Romero Pavón. En noviembre, la Comisión hizo lo propio con una presentación que había hecho Oreste Valentín Padován, un exagente de inteligencia, que fue condenado a prisión perpetua en el primer juicio de lesa humanidad que se hizo en Córdoba. Padován, que se recibió de abogado después de dejar el Ejército, decía que el proceso en su contra no contó con las debidas garantías.
 
“La respuesta de la CIDH es coherente con lo que sostiene el Estado argentino: que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia argentino no tiene ningún problema, que es adecuado y respetuoso de las garantías”, explica a Página/12 Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos. “Siempre hemos sostenido que con estos juicios se busca justicia y no venganza. Los condenados no tienen ningún problema y gozan del debido proceso, lo que no tuvieron sus víctimas”.
 
Pochak explica que responder los planteos de los genocidas en el sistema interamericano fue una prioridad de la Secretaría que encabeza Horacio Pietragalla Corti. “Esto evidencia que hay un Estado que está defendiendo el proceso de justicia y que hay un trabajo articulado con el Ministerio Público Fiscal y, de algún modo, con el Poder Judicial que da cuenta de una política de Estado”, recalca.
 
Durante la administración Cambiemos, los grupos que defienden a acusados y condenados por delitos de lesa humanidad consiguieron un buen plafón para llevar sus reclamos a organismos internacionales, los mismos que fueron la esperanza de familiares de las víctimas durante la dictadura. Sin ir más lejos, la visita de la CIDH en 1979 marcó un antes y un después para la denuncia de la dictadura genocida.
 
El gobierno de Mauricio Macri postuló para la CIDH al abogado Carlos Horacio de Casas, cuyo único mérito en la materia era haber defendido al militar Enrique Gómez Saá. En octubre de 2017, la CIDH convocó a una consulta pública sobre Memoria, Verdad y Justicia en Uruguay, a la que concurrieron abogados y familiares de represores, que terminaron expulsados por pedido de organizaciones de derechos humanos de los países vecinos. En octubre de 2018 Puentes para la Legalidad y la asociación Justicia y Concordia –que nuclea a defensores de imputados en delitos de lesa humanidad– consiguieron un hito al ser recibidas por la CIDH en Colorado, Estados Unidos, gracias a los insistentes oficios de la entonces embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Paula Bertol.
 
No fue casual que la CIDH recibiera tantas peticiones en el período 2016-2019”, dice Pochak. “Hay que recordar que la Secretaría de Derechos Humanos recibía a los represores como si fueran víctimas, apoyaba estos planteos y ayudaba a trasladarlos a la CIDH e incluso los acompañó en audiencias. Claramente existe una relación entre la cantidad de peticiones que ellos presentaban y la postura que tenía el Estado durante la gestión anterior”, remarcó la funcionaria.
 
Si llegaste hasta acá…

JUZGAR A MALATTO

 

CONVERSATORIO “JUICIOS DE LESA HUMANIDAD DESDE LAS DOS ORILLAS”.

PARTICIPAN

FRANCISCO MALDONADO, FISCAL FEDERAL DE SAN JUAN, JUICIO MALATO SAN JUAN. ARTURO SALERNI presidente de la Coalición Italiana por las Libertades y los Derechos Civiles (CILD) QUERELLANTE CAUSA MALATTO ITALIA MARIO AGNELELLI integrante de Proyecto Derechos Onlus;QUERELLANTE CAUSA MALATTO ITALIA DIA Y HORA: LUNES 7 DE FEBRERO – HORA 19 LUGAR: ENTREPISO RECTORADO UNSJ En el entrepiso del rectorado se llevaron a cabo las audiencias de los Juicios de lesa humanidad desde 2011.

CONDENA DEFINITIVA A EXMILITARES PERUANOS

Plan Cóndor, Sentencia final para Bermúdez, expresidente de Perú
9 febrero 2022 | Comunicados de prensa ,
La última página del proceso italiano sobre el Plan Cóndor terminó hoy con la condena definitiva de Francisco Morales Bermúdez Cerruti, presidente de Perú de 1975 a 1980, y del entonces jefe de la Policía de Inteligencia Peruana (PIP) Martín Felipe Martínez Garay.
El propio Bermúdez fue el impulsor del ingreso de su país a la coordinación represiva del sistema Cóndor: uno de los hechos más notorios ocurridos a raíz de esta participación fue el secuestro por parte de soldados del Batallón 601 del ejército argentino en la ciudad de Lima de Noemí Gianotti. Molfino, cuyo cuerpo fue encontrado cuatro días después en Madrid, el 19 de julio de 1980. La contribución del coronel Martín Felipe Martínez Garay fue decisiva en este asesinato.
Para ambos imputados, la Cámara de Casación confirmó la pena de cadena perpetua ordenada en los dos niveles del juicio de mérito por el asesinato de dos argentinos, nuevamente a manos del Batallón 601 del Ejército argentino: Lorenzo Viñas Gigli y Horacio Domingo Campiglia. . Ambos fueron secuestrados en Brasil en 1980 – Campiglia en Río de Janeiro y Viñas en Rio Grande do Sul – llevados a Argentina cerca de Campo de Mayo y asesinados hacia fines de año, presumiblemente en un vuelo directo al Atlántico Sur.
Arturo Salerni, defensor de la parte civil en el juicio, quien actualmente se encuentra en Argentina y Uruguay, dijo: “Esta es una página importante en el camino de la verdad sobre la historia del acuerdo criminal entre los regímenes de América Latina y la justicia con respeto a los crímenes cometidos contra opositores, disidentes militantes políticos y sindicales en la década de 1970 que no se pueden olvidar. Nunca más terrorismo de Estado”.
Por otro lado, se anuló la sentencia contra el imputado del exjefe del Ejército peruano, general Germán Ruiz Figueroa, quien falleció en 2019, por la muerte del infractor.
Proceso de Casación CONDOR
Tribunal Supremo de Casación – I Sección Penal
Procedimiento n. 24888/2021 R.G.- Cass. contra Morales-Bermúdez Cerrutti + 2
Sentencia: 9 de febrero de 2022 – 10.00 horas
La Sentencia:
Rechaza todos los recursos interpuestos por los defensores del expresidente de Perú, Francisco Morales-Bermúdez Cerruti, ya condenado en primera y segunda instancia (en 2017 y 2019), y por Martín Felipe Martínez Garay (absuelto en 2017 y condenado en apelación en 2019).
Por otro lado, se cancela la sentencia contra el imputado del exjefe del Ejército peruano, general Germán Ruiz Figueroa (fallecido en 2019), por la muerte del reo.
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El General Francisco Morales-Bermúdez Cerruti fue Presidente del Perú entre 1975 y 1980, y fue el impulsor del ingreso de su país a la coordinación represiva del sistema Cóndor. Uno de los hechos más notorios ocurridos a raíz de esta participación fue el secuestro de Noemí Gianotti Molfino por militares del Batallón 601 del Ejército Argentino en la ciudad de Lima, cuyo cuerpo fue encontrado cuatro días después en Madrid el 19.7.1980. Fue decisivo en esta operació el aporte del coronel Martín Felipe Martínez Garay a cargo de la “Policía de Inteligencia Peruana” (PIP).
Francisco Morales-Bermúdez Cerruti y Martín Felipe Martínez Garay fueron condenados en Roma por el asesinato de otros dos argentinos, también a manos del Batallón 601 del Ejército argentino: Lorenzo Viñas Gigli y Horacio Domingo Campiglia. Ambos fueron secuestrados en Brasil en 1980, Campiglia en Río de Janeiro y Viñas en Rio Grande do Sul, llevados a Argentina, cerca de Campo de Mayo, y fueron asesinados a finales de año, presuntamente en un vuelo directo al Atlántico Sur.

EL PICADO DE LA MEMORIA

por Enrique Pfaab
El picado de la memoria
Rueda la pelota. Redonda, rueda. La pelota y la vida son redondas y ruedan. Giran y vuelven a empezar. Alguien tiró una pelota en el potrero, en esta canchita de un lugar perdido en el sudeste del departamento de General San Martín, en Mendoza, y ya hay dos puñados de jugadores improvisados corriendo detrás de ella. Este puñado es de padres italianos y sus italianos hijos. El otro puñado es de hijos y nietos argentinos. De padres no, porque faltan. Un padre italiano se cambia de bando, para tratar de equilibrar la ausencia. Para emparejar.
En este potrero entre viñas, uno de los padres italianos es Arturo Salerni, presidente de la Coalición Italiana por las Libertades y los Derechos Civiles (CILD). El otro es Mario Angelelli, integrante de Proyecto Derechos Onlus. Del lado argentino están hijo y nietos de Marta Saroff y Alfredo Lerouc, los que no están, que son el motivo y la lógica del sudor de los jugadores, de que ruede la pelota. El cuadro del picadito lo completa Walter Calamita, de 24Marzo Onlus, que alienta a los dos equipos por igual, gasta bromas y saca fotos. Walter es argentino y radicado en Italia desde hace más de 40 años. Es un bahiense, sobreviviente de la represión y la tortura. No juega porque todavía le duele.
Este picado, en este potrero perdido, es un acto irreverente, una rebelión contra el olvido. Porque estos abogados italianos, los de este equipo, son los que 46 años después buscan justicia para los padres de los hijos, para los abuelos de estos nietos del otro equipo.
Alfredo Armando Lerouc y Marta Elida de Lourdes Saroff eran sanmartinianos. Eran militantes. Se conocieron en una reunión montonera y se casaron en octubre de 1973. El 18 de mayo de 1974 nació su primera hija, María Eva, y en abril de 1976 nació Fernando. El matrimonio, como todos los militantes comprometidos, ya eran perseguidos y Alfredo y Marta dejaron a los niños al cuidado de sus padres, mientras ellos viajaban a San Juan.
El 20 de noviembre 1976 en Cañadón Negro, en San Juan, Armando Alfredo Leroux (Legajo CONADEP 7151), fue emboscado y fusilado. Ese día también fue secuestrada y desaparecida Marta Elida Saroff (Legajo CONADEP 4718 – 5209). Después hay testimonios que dan la certeza de que estuvo detenida ilegalmente en la Colonia Papagayos, en Mendoza.
Uno de los responsables de los asesinatos de Alfredo y Marta, uno de los principales responsables, fue Carlos Luis Malatto, teniente coronel del Regimiento de Infantería de Montaña de San Juan (RIM22). En 2011, cuando estaba por ser llevado a juicio por estos y otros hechos, logró fugarse a Italia. Hacia 2014 Malatto fue ubicado, viviendo en un exclusivo vecindario de Portorosa, en Sicilia. Jorge Ithurburu, presidente de 24Marzo Onlus, lo denunció en aquel año. Desde ese momento se intenta que sea sometido a juicio.
Los abogados italianos que sudan aquí, mientras el partido va empatado en 2, viajaron a la Argentina para realizar entrevistas, reuniones y presentaciones relacionadas con la causa y conocer los sitios donde ocurrieron los hechos. El picado, este que se disputa con la misma pasión que aquel entre las selecciones de Italia y Argentina en el Mundial 90, es apenas una escala mínima entre las diligencias que deben realizar en Cuyo.
El partido está empatado. No se sacan ventanas y el tiempo se agota, porque deben emprender el viaje hacia San Juan.
Todo parece una metáfora perfecta, una ironía, un acto sanador. Los abogados italianos que buscan justicia por los padres de sus rivales argentinos, 46 años después.
Fernando Lerouc avanza y prepara un zurdazo. Por el lateral derecho avanza uno de los nietos de Alfredo y Marta, esperando la pelota llovida. Los italianos se cierran en el área. El abogado/ arquero italiano se prepara para un posible remate al arco. Un retoño de álamo en medio de la cancha entorpece la visión del atacante, en lo que será el último remate. La pelota termina entre los yuyos, irremediablemente.
Como se sabe, en Argentina, por más que un equipo le esté ganando al otro por una diferencia enorme, cuando mamá llama a tomar la leche hay que terminar el partido. Entonces el mandato histórico es “el que hace el último gol, gana”. Igual que en las causas judiciales.

Abogados italianos le tomarán declaración a testigos en causas de lesa humanidad

Una visita a la Argentina para recolectar testimonios

Los letrados buscan avanzar en los juicios que hay en Roma contra el represor sanjuanino Malatto, quien está prófugo en nuestro país y reside en la costa siciliana. También participarán de actividades con organismos de derechos humanos y funcionarios del gobierno.

Ailín Bullentini
Por Ailín Bullentini

Un grupo de abogados italianos llegó al país con un itinerario que los llevará por tres provincias y un objetivo claro: recoger testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de la última dictadura cívico militar y visitar escenarios de secuestros, torturas y asesinatos. El material les servirá para reforzar la querella que sostienen en Italia contra el militar retirado del Regimiento de Infantería de Montaña de San Juan (RIM22) Carlos Luis Malatto, prófugo en Argentina y residente en el país europeo desde 2011. Los abogados, que integran agrupaciones italianas de derechos humanos y vinculadas con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Latinoamérica, serán recibidos por autoridades gubernamentales argentinas y mantendrán reuniones con organismos de derechos humanos y fiscales que impulsan y trabajan los juicios de lesa humanidad en territorio nacional. Luego viajarán a Uruguay.

El vínculo de los abogados Arturo Salerni, presidente de la Coalición Italiana por las Libertades y los Derechos Civiles (CILD); Mario Angelelli, integrante de Proyecto Derechos Onlus; y Walter Calamita, de 24Marzo Onlus con las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las dictaduras latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX tiene larga data. Algunos de ellos, como Calamita, la sufrieron en carne propia. En tanto representantes de familiares de desaparecides o asesinades durante aquellos terrorismos de Estado han abierto el camino judicial en Italia contra varios represores latinoamericanos. Pacientes e insistentes en esos procesos, han cosechado algunos éxitos, como las condenas a cadena perpetua que la Corte Suprema italiana confirmó en julio del año pasado para 14 militares chilenos y uruguayos del Plan Cóndor acusados de delitos de lesa humanidad.

Desde hoy y hasta el martes que viene, los abogados se dedicarán a fortalecer el material probatorio que integra el expediente contra Malatto, el represor sanjuanino que vive en un exclusivo barrio en la costa siciliana. “Los abogados van a escuchar y a tomar declaración a un puñado de testigos, entre familiares y sobrevivientes, que tienen cosas muy importantes para decir sobre el accionar de Malatto” en Argentina durante la última dictadura explicó Jorge Ithurburu, presidente de 24Marzo Onlus.

Recogerán esas historias en Mendoza, San Juan y Buenos Aires. La de Sergio Miranda es una de las más importantes. Secuestrado en diciembre de 1976 y trasladado a Colonia Papagallos, uno de los centros clandestinos que funcionaron en Mendoza, vio con vida allí a Marta Saroff, viuda de Alfredo Lerouc. Ambos fueron secuestrados en San Juan y Alfredo, ejecutado. Son los padres de Eva. “El testimonio de Sergio es fundamental para el caso de mis padres y todavía no integra el expediente en Italia”, apuntó Eva Lerouc, hija del matrimonio, en diálogo con este diario.

Los testimonios recogidos serán presentados en el Consulado, donde les testigues deberán firmarlos antes de que viajen y puedan ser incorporados a la causa contra Malatto. Pero oír esas historias no será lo único que fortalecerá ese expediente. Porque Salerni, Angelelli y Calamita –argentino, militante del PRT-ERP, radicado en Italia tras haber sufrido la prisión política en Bahia Blanca– visitarán algunos escenarios donde sucedieron los hechos que buscan que la Justicia italiana analice. “Quieren pisar esos lugares que tantas veces les han relatado, intentar reconstruir los hechos con los familiares de las víctimas”, puntualizó Ithurburu.

Por un lado, visitarán la Bicicletería Palacios, en la capital sanjuanina, donde secuestraron a Marie Anne Erize, ciudadana francesa, y a Daniel Russo, dos de los casos que la querella italiana le endilga a Malatto. El 15 de octubre de 1976, un grupo vestido de civil se llevó a Erize de la puerta del local, adonde había ido a arreglar la cubierta pinchada de su bicicleta. El rodado quedó allí. Al intentar recuperarlo, Russo fue herido; falleció en el hospital Rawson. Por otro, recorrerán el Penal de Chimbas, donde fue asesinado Alberto Carvajal, otra de las víctimas integradas en el expediente.

“El trabajo que se está realizando en Italia es muy importante para complementar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, remarcó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, que se reunirá con ellos a principios de la semana próxima.

La causa contra Malatto

A Malatto, los abogados italianos lo tienen en la mira desde 2015. El abogado argentino residente en Italia desde 1980 Jorge Ithurburu, presidente de 24Marzo Onlus, lo denunció en aquel año, luego de que el represor fuera localizado mientras vivía como un vecino más en el barrio exclusivo de Portorosa, en Sicilia, y la justicia europea rechazara la extradición. No era ni es cualquier vecino: huyó de Argentina cuando estaba a un paso de ser juzgado por una treintena de secuestros y torturas de las que participó cuando era jefe de Personal del RIM 22 de San Juan, en plena dictadura. Ithurburu y sus compañeros de agrupación lo denunciaron por el homicidio de ocho hombres y mujeres secuestrados en esa provincia, Mendoza y Buenos Aires. De la mayoría no se conoce paradero. Según el artículo 8 del Código penal italiano, el Estado puede enjuiciar a sus ciudadanos por esa clase delitos, sin importar si los cometieron dentro o fuera de las fronteras.

Malatto actuó durante la dictadura en el RIM 22, donde se desempeñó como teniente coronel. Fue, de hecho, el segundo en la cadena de mando de la represión ilegal en la provincia. Su jefe en ese plan fue el represor Jorge Olivera, jefe de Inteligencia. La Justicia argentina llegó a detenerlo y mantenerlo bajo prisión preventiva durante algún tiempo, mientras se demoraba en fijar fecha para el juicio que lo tendría entre los acusados. Con la excusa de esa demora, la Cámara de Casación Penal le habilitó la libertad que le permitio fugarse en 2011. Logró establecerse en Italia con el pasaporte de ciudadano italiano, que logró conseguir “en tiempo record” tras escapar de Argentina vía Chile, resumió Eva Lerouc, hija de dos víctimas del militar retirado que integran la querella.

En 2014, Argentina solicitó la extradición de Malatto, que fue rechazada por la Corte Suprema italiana. Entonces, se activó la denuncia de 24Marzo Onlus y el resto de las agrupaciones, que desde los años 90 mantenían vínculos con familiares y sobrevivientes de las dictaduras chilena, argentina y uruguaya a partir de la causa que llevaban por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor. La investigación avanzó todos estos años. Algunos familiares de las víctimas que integran el caso acudieron a declarar a Roma. A otras se les tomó testimonio vía zoom entre fines de 2020 y principios de 2021. Desde Argentina, en tanto, siguen trabajando por la extradición del represor.

La querella que 24Marzo Onlus y las otras agrupaciones defensoras de derechos humanos italianas representan los casos de Lerouc y Saroff, así como los de Russo y Erize, Florentino Arias, Angel José Alberto Carvajal, Juan Carlos Cámpora y Jorge Bonil. Todos fueron secuestrados o asesinados en San Juan, Mendoza o Buenos Aires y pasaron por centros clandestinos de San Juan. El caso de Bonil, soldado conscripto en el RIM 22 y desaparecido desde el 28 de febrero de 1977, es el más complejo ya que no se cuentan con testimonios de familiares, a quienes los letrados y las agrupaciones que representan junto a organismos de derechos humanos y la justicia argentina vienen intentando localizar desde hace mucho tiempo.

Itinerario

Los abogados llegaron esta mañana a Buenos Aires con un itinerario que combinará visitas a diferentes lugares vinculados o no con los crímenes de la dictadura y a espacios y referentes de derechos humanos locales con actividades estrictamente vinculadas a su trabajo en la querella contra Malatto y otros represores latinoamericanos. Es que las agrupaciones que integran son parte de las redes con las que Abuelas de Plaza de Mayo busca a les nietes apropiados durante el terrorismo de Estado y colabora también con el Equipo Argentino de Antropología Forense. En Buenos Aires visitarán el Museo Sitio de Memoria ESMA y participarán de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, acudirán a la Casa Rosada y al Centro Cultural de la Cooperación. El fin de semana viajarán a Mendoza y San Juan, donde se entrevistarán con el fiscal general Dante Vega y equipo, además de referentes de organismos de lesa humanidad querellantes de esos territorios.

De regreso a Buenos Aires, a principios de la semana próxima mantendrán reuniones con funcionarios del Gobierno nacional, la Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos, con cuyas autoridades mantendrán una reunión de trabajo, el martes a las 17, en el Archivo Nacional de la Memoria. Luego partirán a Uruguay, para encontrarse con familiares de las víctimas por las que querellaron y lograron condenas en el marco de la causa Cóndor.