TESTIMONIOS DE SU PASO POR LA PERLA

JUICIO POR LA APROPIACION DE LA HIJA DE LOS DESAPARECIDOS MOYANO-POBLETEAUDIENCIA 10 / “PICHONA” MOYANO Y CARLOS POBLETE EN EL CENTRO CLANDESTINO LA PERLA

30-07-2021 | Declaró Teresa Meschiatti, sobreviviente de La Perla que brindó testimonio en diversos juicios sobre las personas que conoció a lo largo de su extenso secuestro en este centro clandestino de detención cordobés. Entre ellas, a Carlos Poblete y María del Carmen Moyano. Recordó que “Pichona” y su pareja llegaron a mediados de abril y que la mujer tenía un embarazo avanzado.  La próxima audiencia será el viernes 13 de agosto a las 9:30.

La audiencia de la jornada contempló la detallada declaración de Teresa Meschiatti y un prolongado debate sobre la incorporación de prueba solicitada por el Ministerio Público Fiscal y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo.

Un testimonio clave para reconstruir los últimos momentos de “Pichona” y Carlos

“Es la décima vez que voy a un juicio”, comenzó Meschiatti, militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros detenida más de dos años en el centro clandestino de detención (CCD) La Perla, entre 1976 y 1978. En nuestra provincia ya había aportado información sobre Osvaldo Zuin, mendocino secuestrado en Córdoba y actualmente desaparecido.

Entre 2008 y 2013, en el marco de juicios desarrollados en su provincia, Teresa participó de la confección de una lista con personas desaparecidas o asesinadas que pasaron por La Perla o cuyos casos tenían relación con el Destacamento de Inteligencia. Las fuentes de las fechas eran a menudo las familias. En esas listas, la desaparición del matrimonio Moyano-Poblete figura a principios de abril de 1977. No obstante, tomando como referencia el traslado de otra embarazada —Dalila Bessio— al Hospital Militar el 12 de ese mes, la pareja, según sus recuerdos, habría ingresado a La Perla a mediados de abril.

Teresa Meschiatti

La testigo refirió que vio a Carlos y “Pichona” una sola noche. Estuvieron poco tiempo en La Perla. Les habían puesto dos biombos blancos que las autoridades del CCD usaban para evitar que otras personas detenidas conocieran a las víctimas que estaban muriendo o que luego serían trasladadas. No recuerda la cara de Carlos porque estaba acostado. A Pichona la observó cuando se levantó al baño: era alta, tenía una panza crecida y pelo castaño oscuro, largo y lacio. El nombre lo supo por Servanda Santos de Buitrago, “Tita”, una enfermera mayor también detenida que ayudaba a las personas heridas y embarazadas y repartía la comida. La mujer le contó a Meschiatti que el matrimonio había sido detenido en Mendoza. “Tita nos comentaba todo lo que pasaba adentro de La Perla”, aclaró.

Meschiatti aseguró que Pichona y Carlos permanecieron algunos días en algún CCD de Mendoza porque un suboficial mendocino a quien conocían como “Vergara” o “el tío” —llamado realmente Vega—, de unos cincuenta años, viajaba a Mendoza en sus vacaciones y pasaba por un CCD del Ejército. A su regreso, comentaba sobre las personas que veía.

“En La Perla, a los compañeros en general los mataban”, continuó, refiriéndose a Carlos. Y a las mujeres embarazadas —las “panzonas”— las trasladaban al Hospital Militar porque no tenían las instalaciones para realizar partos. La testigo supone que los rumores entre el personal sanitario por las extrañas condiciones de internación de esas mujeres —vendadas, esposadas y en salas especiales— hacían riesgoso el movimiento: “la información salía”. Meschiatti también mencionó que cerca del parto de Rita Alés de Espíndola les ordenaron limpiar con lavandina las paredes de una oficina del CCD para servir de sala de parto, pero finalmente el capitán González desistió. Ninguna de las “panzonas” que conoció Teresa regresó del hospital.

A María del Carmen la condujeron a la ESMA, como acreditó el testimonio de Sara Solarz de Osatinsky, compañera de militancia de Meschiatti y luego exiliada que trabajó, al igual que ella, para denunciar desde el exterior los delitos que había sufrido y conocido. Sara acompañó a Pichona durante el nacimiento de su hija: fue uno de los primeros partos que asistió como detenida en la ESMA. Solarz también refirió que Pichona llegó sola porque a esa altura Carlos ya estaba desaparecido. Meschiatti explicó que a la mujer, una vez que daba a luz, se la mataba: en Córdoba se la fusilaba y en Buenos Aires se la arrojaba al mar.

Daniel Rodríguez Infante

Cuando finalizó su testimonio, el fiscal Daniel Rodríguez Infante solicitó precisiones sobre la primera vez que Teresa denunció el caso de Pichona: la testigo explicó que desde Suiza, donde permanecía en calidad de refugiada, envió un texto mecanografiado a la CONADEP. También a pedido del fiscal mencionó la existencia de unas carpetas en La Perla con las inscripciones “QTH”, que en la jerga militar significaban “casa, centro, sede”, y “QTH FIJO”, que significaba “muerto/a”. Cuando investigaban a militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores en el 78, llevaron sesenta o setenta carpetas con esas carátulas que ella pudo ver.

La abogada querellante de Abuelas de Plaza de Mayo, Viviana Beigel, preguntó qué otra información tuvo Meschiatti sobre la pareja. La mujer indicó que en las listas conjuntas que elaboraron sobrevivientes de Córdoba estaba consignada su militancia en Montoneros.

Viviana Beigel
Viviana Beigel

Lo hago por los treinta mil

Teresa le mandó “un enorme abrazo virtual a la hija de la Pichona”, a quien no conoce. “Yo siempre creí que estaba desaparecida”. Expresó que la recuperación de la identidad la emociona: “Por esto hago esto, por eso no me callo. Lo hago por los treinta mil”.

Meschiatti

Las pruebas que faltan

La fiscalía pidió la incorporación de las declaraciones de Sara Solarz de Osatinsky, quien —según palabras de Meschiatti— declaró por primera vez ante el Senado francés en 1979. También solicitaron la declaración de “Tita” Buitrago, que testimonió en la Megacausa de La Perla en 2013. Ana María Martí está ofrecida como testigo pero no han logrado contactarla.

Del expediente de Francisco Moyano —padre de “Pichona”— se desprenden dos pruebas que el fiscal solicitó incorporar. Por un lado, el expediente por infracción a la ley 20 840 “Fiscal contra Pardini”. Por otro lado, las declaraciones en juicio de Ricardo Puga, Aldo Morán y Eva Lerouc sobre el caso de Liliana Riveros, quien estuvo detenida junto con Marta Saroff en el mismo centro clandestino de detención, y conocieron al matrimonio Poblete-Moyano. La fiscalía se comprometió a compartir las declaraciones individualizadas con las defensas para que se expidan al respecto.

Ya se había renunciado a los testimonios de Oscar Perdomo y Guillermo Martínez Agüero y a esta lista se sumó el de Marta Caralina Nadín. Queda pendiente la confirmación por parte del Equipo de Acompañamiento del contacto con Liliana Giuliani.

La querella, por su parte, desistió de los testimonios de Sofía Sandes y Blanca Haydeé Bustos de Fernández, al entender que ya hay “suficiente evidencia para suplir esos testimonios”, precisó la abogada Viviana Beigel. Pero sí sostuvo el pedido de declaración de la licenciada Alicia Lo Giudice porque “daría lugar a un testimonio experto” referido a las apropiaciones de niñas y niños durante la última dictadura y la dinámica de la restitución de identidad.

El abogado de Iris Luffi, Mariano Tello, nuevamente rechazó ese pedido por considerar que “no es pertinente” para dilucidar “la conducta de mi defendida en un hecho puntual, en donde no ha tenido ninguna participación esta profesional”. El defensor oficial, Santiago Bahamondes, hizo su aporte: “No vemos mucho la conexión” del objeto del juicio con la restitución de la identidad. Sin embargo, no se objetó el pedido ya que, aseguró, “a mi estrategia de defensa no le afecta en lo más mínimo”.

El fiscal Rodríguez Infante remarcó que el aporte de Lo Giudice es necesario para el objeto del juicio: “Nos puede dar una dimensión del daño causado y del impacto en las víctimas. Y eso sí es relevante”. El tribunal aceptó esta solicitud y citará a la licenciada a declarar en las próximas audiencias.

También se debatió la incorporación como prueba del libro Juraría que te vi, que mencionó Beatriz García en su declaración. “Es prueba contextual que no causa dilación en el juicio”, sostuvo el fiscal; Beigel acordó con esa postura. El abogado Bahamondes se opuso: “Me gustaría que la fiscalía y la querella me expliquen la pertinencia de incorporar el libro a la causa. Es muy lindo incorporar un montón de cosas, pero estamos en un debate oral y hay que oralizar las cosas —ironizó el defensor—. Me obligan a leer un libro si lo incorporan. Explíquenme por qué yo voy a tener que leer un libro, mínimo”.

Rodríguez Infante le respondió: cuando declaró Beatriz García, explicó que integraba el colectivo “Pichona Moyano” y puso a disposición el escrito que elaboraron en conjunto que habla específicamente del caso de María del Carmen Moyano. Tello consideró que la incorporación es “sobreabundante” y también se opuso. El tribunal decidió adoptar la posición de las defensas y rechazó la incorporación del libro.

Hacia el final, Miriam, víctima de este juicio, intervino para solicitar declarar nuevamente “no en forma de testigo sino como víctima”, precisó. También hizo saber que su hijo, Maximiliano Galas, quiere prestar testimonio. Las partes acordaron y el tribunal les confirmará la fecha en que tendrán lugar.

La próxima audiencia será el viernes 13 de agosto a las 9:30.

Causa Klotzman: prisión perpetua para el represor Fariña y tres ex policías de la Federal

Es por crímenes de lesa humanidad de 29 víctimas en la Quinta de Fisherton y la sustracción de quien resultó ser la nieta recuperada 103

La Justicia Federal de Rosario condenó al represor Jorge Fariña a prisión perpetua como coautor penalmente responsable de privación ilegítima de la libertad, violencia y amenazas, agravados en concurso real con tormentos aplicados por ser las víctimas perseguidas políticas, además de homicidio agravado por alevosía. La sentencia se produjo en el marco de la denominada causa Klotzman, por delitos cometidos en perjuicio de 29 víctimas en el centro clandestino de detención denominado “Quinta de Fisherton”, durante la última dictadura militar.

La misma pena recibieron los tres ex policías de la Federal Federico Almeder, Juan Enrique Langlois, en este caso partícipe necesario, y Enrique Andrés López, como coautores penalmente responsables de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, agravadas en concurso real por aplicación de tormentos calificados por tratarse de víctimas perseguidas políticas.

Además, Fariña fue considerado “coautor penalmente responsable por la sustracción de una menor de 10 añoscalificándolo como crimen de lesa humanidad” en perjuicio de María Pía Josefina Kertz, hija biológica de Cecilia Beatriz Barral (dio a luz en cautiverio) y Ricardo Horacio Klotzman, quien fue entregada a una familia de Santa Fe en aquel entonces y luego resultó ser la nieta recuperada 103 en 2011.

La pena de prisión perpetua superó las expectativas de la querella, puesto que el equipo de litigación de Abuelas Rosario había solicitado para Fariña, ex integrante del Destacamento de Inteligencia Nº 121 del Ejército, “la pena de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta” y que sea cumplida “en cárcel común”, como tantos otros represores. La abogada de Abuelas, Sofia Barro Fosin, había reconstruido cómo Cecilia y Ricardo fueron secuestrados el lunes 2 agosto 1976 de su domicilio y “se los llevaron, a ella con un embarazo a término”.

En tanto, desde Hijos Rosario habían solicitado la pena que luego sentenció el Tribunal y el pedido de que cumplan la pena en cárcel común, puesto que estaban detenidos bajo el beneficio de la prisión domiciliaria.

El fiscal del juicio, Adolfo Villate, había pedido al Tribunal en su alegato la pena de prisión perpetua para los cuatro involucrados en el secuestro, desaparición y muerte de la cúpula rosarina del ERP, al igual que las querellas particulares y la de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Villate sostuvo que “los hechos están suficientemente probados y con el grado de certeza requerido para un veredicto de condena”, al acusar a los imputados por homicidios, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita en el caso de los policías.

Además, solicitó que esos hechos sean “calificados como delitos de lesa humanidad” por cuanto “formaron parte de un plan sistemático y generalizado que se llevó adelante en contra de la población civil”.

Durante el juicio, que luego de varias postergaciones se inició en septiembre del año pasado, se ventilaron los casos de 29 víctimas del terrorismo de Estado, la mayoría ligadas al ERP, de las cuales solo hubo dos sobrevivientes. Uno de ellos es Fernando Brarda, quien prestó su testimonio en el debate, y de un hombre que luego de 40 años que estuvo secuestrado “por error” en la “Quinta de Fisherton”, por donde pasaron los desaparecidos de la causa.

El tribunal estuvo integrado por Osvaldo Facciano, Mariela Emilce Rojas y Eugenio Martínez Ferrero. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 16 de septiembre.

Las víctimas

Cecilia Beatriz Barral, Ricardo Horacio Klotzman y la hija de ambos, recuperada en 2011; Juan Alberto Tumbetta, Edgardo Silva, Osvaldo Aníbal Matosky Szeverin, Fernando Patricio Brarda, María Laura Gonzalez, Ricardo José Machado, Elvira Estela Marquez, Liliana Beatriz Girardi, Julio Adolfo Curtolo, María Teresa Latino, Maria Teresa Serra, Elvio Ignacio Castañeda, Alejandro Ramón Pastorini, José Ángel Alba, Herminia Nilda Inchaurraga, José Rolando Maciel, Elena Cristina Marques, Dante Rubén Vidali, Isabel Ángela Carlucci, Víctor Hugo Fina, Héctor Alberto González, María Teresa Vidal Martínez Bayo, Juan Carlos Lieby, Daniel Emilio Garrera, María Victoria Gazzano Bertos y Oscar Alberto Medina.

El rol de Jorge Fariña

Durante la audiencia del juicio, el fiscal Villate, con la asistencia del fiscal ad-hoc Alvaro Baella, describió las tareas que ejercieron los imputados en el plan de exterminio y enumeró los hechos por los que se los acusó, según publicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Con respecto a Fariña, señalaron que el imputado comenzó a prestar servicio en el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario ya desde 1973, que el 19 de diciembre de ese año fue ascendido de Teniente Primero a Capitán y que luego, el 1 de enero de 1975, continuó sus servicios en la Escuela Superior de Guerra hasta diciembre de ese año, para luego volver y continuar su desempeño en el Destacamento 121, donde fue nombrado como Jefe de la Sección Comando y Servicio en marzo de 1976.

A su vez, en abril de 1976 fue designado como Jefe de la Primer Sección de Ejecución, mientras que el 22 de septiembre del mismo año fue nombrado como Jefe de la Central de Operaciones de Inteligencia (COI), dependencias centrales las últimas en la represión ilegal estatal.

En cuanto a las tareas que realizó, Baella aseveró que “ocupó un lugar intermedio en la cadena de mando del armado represivo, que tuvo un amplio rango de autonomía para ejecutar las ordenes que le eran dadas y que para ello transmitió esas órdenes a sus subordinados, siempre en el cumplimiento del plan macro que organizó el genocidio”.

El fiscal ad hoc también sostuvo que “la responsabilidad deviene clara al haber retransmitido órdenes, tomadas de sus decisiones, pero a su vez ejecutando materialmente los hechos” y agregó que “por todo esto no cabe duda de que Fariña es responsable de todo lo que se lo acusa como coautor.”

Familiares de víctimas y militantes estuvieron presentes en las afueras de los Tribunales Federales de Rosario.

Familiares de víctimas y militantes estuvieron presentes en las afueras de los Tribunales Federales de Rosario.

La responsabilidad de los policías federales

Con respecto a los policías Almeder, Langlois y Andrés López, el fiscal Villate indicó que eran, para la fecha de los hechos, agentes de la Policía Federal que cumplían funciones en Rosario.

En ese sentido, el fiscal remarcó que participaron de lo que se llamó la “oficina técnica”, que tenía como función recabar información y que dentro de esta oficina funcionaba también la llamada “brigada antisubversiva”.

Explicó que las tareas en las que participaba la Policía Federal se organizaban bajo la dirección del jefe de la delegación (Juan Dib, quien estaba imputado pero falleció el año pasado) en coordinación con las máximas autoridades del Destacamento Inteligencia 121 del Ejército, entre quienes se encontraba el propio Fariña, y que contaba entre sus recursos con personal del escalafón de seguridad, entre ellos Almeder y López, y con integrantes del Cuerpo de Informaciones. Este departamento centralizaba en esa fuerza de seguridad las actividades de inteligencia, en este caso concreto, en la persona de Langlois.

De esta manera, Villatte explicó cómo accionaron en los autodenominados “Operativos Conjuntos”, hechos delictivos perpetrados por este grupo de tareas, conformado tanto por integrantes del Destacamento de Inteligencia 121 como por miembros de la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina, quienes, más allá de la división de funciones, actuaban en lo relativo al secuestro, torturas, asesinato y desaparición de personas.

AUDIENCIA 52 / EL SECUESTRO DE BLANCA SANTAMARÍA

9º JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD | MENDOZA

08-07-2021 | Declaró brevemente María Florencia Santamaría, hermana de Blanca Graciela, secuestrada en mayo de 1976 en el marco de operativos conjuntos contra el Partido Revolucionario de los Trabajadores. La fiscalía consultó también por la detención de la testigo en la Comisaría 16 en 1975. La próxima audiencia será el 6 de agosto a las 9:30.

Antes de comenzar, la fiscalía solicitó al tribunal que se omitiera la citación de Pedro Víctor Coria, también prevista para la fecha, con el objetivo de evitar revictimizar al hombre, que ya declaró en numerosas instancias previas. Daniel Rodríguez Infante propuso incorporar estas declaraciones a la causa.

Secuestrada en camisón

Florencia había sido detenida en 1975 y se encontraba alojada en la cárcel de Mendoza cuando secuestraron a su hermana, Blanca Graciela, en mayo de 1976. El interés de la fiscalía era saber cómo había sido el operativo según el relato de su familia.

La testigo explicó que era de noche y todas las personas de la familia dormían cuando escucharon golpes. “Entró un grupo de tareas”, supuso. Eran aproximadamente siete personas de civil. Encerraron a su padre y su madre en el baño. “Buscaban a mi hermana con nombre y apellido”. La joven estaba en camisón y enferma de bronquitis en la habitación que compartía con la hija de Florencia, que era bebé. Graciela gritaba y pedía que la dejaran. No pudo vestirse.

María Florencia Santamaría

Héctor Toledo, vecino de la familia, escuchó los ruidos. Se asomó y vio un vehículo particular, sin identificación de ninguna fuerza.

Más tarde volvieron a buscar a un compañero de Graciela que estaba durmiendo en su misma casa, pero se había escapado por los techos. Mucho tiempo después la testigo supo que se trataba de Osvaldo Zuin: “Es uno de los desaparecidos que refieren haber visto en Campo Las Lajas”, explicó. Cuando volvieron por él, también ingresaron al domicilio del vecino.

La detención de María Florencia no es objeto de este juicio. Fue secuestrada el 30 abril de 1975 y estuvo inicialmente en la Comisaría 16. Daniel Rodríguez Infante solicitó que relatara lo que le dijo en esa ocasión el comisario de la dependencia policial: “Pero cómo no me dijiste que eras hija de Luis Santamaría, si me hubieras avisado no llamaba”, fue la expresión. “Para las torturas”, aventuró la testigo. El padre de las hermanas era miembro del Partido Demócrata y el comisario se identificó como correligionario.

En la Comisaría 16 estuvo detenida junto a Ortiz, que también fue torturado allí. Después hicieron el mismo recorrido: Tribunales Federales, Departamento de Informaciones de la Policía (D2) y finalmente la penitenciaría. La testigo recuperó su libertad desde el penal de Devoto en noviembre de 1981 y permaneció con libertad vigilada hasta 1982.

Para cerrar, recordó: “Mi mamá y mi papá murieron sin saber dónde estaba mi hermana”.

La próxima audiencia será el viernes 6 de agosto a las 9:30.

LOS LIBROS DEL RECTOR CAMPORA

Juan Carlos Cámpora fue el primer Rector, entre 1964 y 1966, de la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento (UPDFS), base y antecesora de la Universidad Nacional de San Juan. De hecho, antes de quedar incorporada definitivamente a la UNSJ el 10 de octubre de 1973, aquella casa de estudios había sido la sede principal en donde se realizaron los estudios de factibilidad para la creación de esta Universidad nacional. “Llegan para participar de estos cursos hombres y mujeres de distintos lugares del país y algunos de otros países, con distintas ideas, con diferentes creencias, con concepciones diversas del mundo moderno. A ninguno de ellos le hemos preguntado sobre lo que piensan ni en lo que creen (…) No nos hemos interesado en averiguar cuáles son sus pensamientos porque creemos que el pensamiento humano es y debe ser libre, y que en esa libertad radican esencialmente sus posibilidades de superación”, había expresado Cámpora al dejar inaugurada la Universidad Provincial. Poco tiempo después fue creado, en 1965, el Colegio Central Universitario, como institución dependiente de esa Universidad.

Durante su ejercicio al frente de la UPDFS, Cámpora fundó el Museo Arqueológico, antecedente del actual Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier” de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ. Fue creado en abril de 1965 “con el objeto de resguardar el valioso testimonio arqueológico que representaba el cuerpo congelado de época incaica hallado en 1964 en forma casual en la cumbre del Cerro El Toro, e impulsar la investigación en arqueología”, explican desde aquel Instituto de la FFHA.

La hija y el nieto de Juan Carlos Cámpora y el libro de Eloy Camus coinciden en el relato: era entre las 8.30 y 9 de la mañana del 25 de febrero de 1977 cuando el ingeniero Campora salió de su casa del Barrio Juan XXIII para ir en su Citroën 3CV a su médico, de apellido Schabelman, y nunca más se supo de él.

El desgarrador testimonio de la hija de un genocida, que rompió con su padre y fue rechazada por su familia

“Mi papá, el torturador”:

Analía Kalinec, maestra, psicóloga e integrante del colectivo Historias Desobedientes, decidió romper con su progenitor, un ex militar condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad. Así, Eduardo Kalinec, conocido como el “Doctor K”, le inició una demanda civil por “indigna”, buscando que no recibiera el legado de su madre. Infobae adelanta fragmentos del libro “Llevaré su nombre”, donde cuenta su vida entre desgarros, contradicciones y un ansia de verdad pese a los mandatos familiares

Con papá en Mar del PlataCon papá en Mar del Plata

31 de octubre de 2019. Analía Kalinec cumple 40 años.

“Tal vez es la fecha. Tal vez es la idea de que otros escriban esta historia, que es la mía, lo que me da resquemor y me motiva a escribir. No creo que esta memoria pueda ser escrita, narrada o interpretada por otros, tampoco creo que pueda ser entendida. Me basta con contarla, pero prefiero contarla yo. En el desgarro. En la contradicción. En la angustia. En este intento por entender lo inentendible. En esta idea que me viene de purgar la tristeza a través de la palabra… y que no se purga.

31 de octubre de 1979, nací. Era miércoles. En Córdoba, nací en Córdoba. Mi mamá tenía 22 años, mi papá tenía 27. Mi hermana Claudia ya tenía 2 años. Nací en dictadura, pero ni sabía, apenas que estaba naciendo. Nació Titi un año después, el día de la Virgen María –Virgen con mayúscula y con g, me enseñó mi mamá–, y después nació Ale, también en dictadura, en el 82. Las cuatro en dictadura, pero ni sabíamos, apenas que estábamos naciendo. Las cuatro mujeres. Lástima que no fuimos varones. Mi papá quería un varón. Se iba a llamar Martín, como San Martín. ¿Qué va a pasar con el apellido? Tendríamos que haber sido varones. Cuatro mujeres, las cuatro en dictadura, y un papá policía. Me hace cosquillas mi papá.

Me cuenta el cuento de Colita de Algodón, el conejo que no hace caso y se lastima. Hay que hacer caso, hay que obedecer. Soy su vizcachita, cuando llega voy gateando a colgarme de su pantalón, me levanta en brazos, me abraza, me da besos y se ríe de mis dientitos. Es bueno mi papá. No quiero que se enoje, hago caso. En la escuela me enseñan a rezar. Creo en Dios padre todopoderoso creador del Cielo y de la Tierra. Vamos a pescar, y juntamos almejas en la playa. Mi papá me da la mano y vamos a saltar las olas. Me dan miedo las olas, son grandes y me arrastran. Pero estoy con mi papá, él me da la mano y me cuida. Me hace cosquillas”.

Con dos de miss tres hermanas y mis padres. Hoy me pregunto: ¿Dónde está mi papá? El que tenía aroma a perfume importado los días de semana y olía a asado y vino tinto los domingos… ¿Dónde está?Con dos de miss tres hermanas y mis padres. Hoy me pregunto: ¿Dónde está mi papá? El que tenía aroma a perfume importado los días de semana y olía a asado y vino tinto los domingos… ¿Dónde está?

Ser hija de un genocida. Transformarse en la hija desobediente de un genocida. Así lo narra, en primera persona, Analía Kalinec, maestra de escuela y psicóloga, en su libro Llevaré su nombre editado por Marea y que este medio adelanta de forma exclusiva.

Cuando cumplió 40, en 2019, su padre le había iniciado un juicio civil por “indigna”, buscando que no recibiera el legado de su madre. Temido por sus víctimas en los centros clandestinos, conocido como “Doctor K”, Eduardo Kalinec había sido condenado a prisión perpetua por secuestros, desapariciones y asesinatos. Analía, integrante del colectivo Historias Desobedientes, fue la única de sus cuatro hijas que lo repudió públicamente. Y entonces, después de ese pleito familiar, decidió ir a fondo con su propio libro. Un libro que, más que una autobiografía, es una suerte de testamento para la historia, para la memoria colectiva.

“En realidad empecé a escribirlo sin darme cuenta -dice Analía, rememorando cómo se construyó su voz en la narración-. En 2002 balbuceé las primeras exploraciones de manera muy íntima, pensando concretamente que los destinatarios serían mis hijos, que en ese momento no habían nacido y hoy ya son adolescentes. Pero advierto ahora, a la distancia, que en realidad no tenía ningún registro real de mi propia historia, que debía animarme a enfrentarla antes que pensar que mis hijos la pudieran completar”.

Analía supo entonces que tenía un espinoso flashback hacia el túnel familiar. Revolvió en los años de infancia y adolescencia, en su “caja de recuerdos” -que, literalmente, es una caja de zapatos que tomó de la casa de sus padres el día que se casó- compuesta por cartas, fotos, tarjetas, notas, agendas y objetos. Dice que en 2008 sintió una “imperiosa” necesidad de aliviar sus cargas y largarse a escribir de una buena vez: ya había nacido su segundo hijo y su padre estaba siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad.

Durante unas vacaciones en Mar del PlataDurante unas vacaciones en Mar del Plata

“Dejo de pensar que los únicos destinatarios de estos relatos serían mis hijos. Y comienzo a intuir que esta historia personal se inserta y tiene su correlato en la historia de un país que reclama Memoria, Verdad y Justicia”, reflexiona ahora sobre su arduo proceso creativo, que operó en un desplazamiento del espacio íntimo, privado, a la esfera social. Analía no indagó solamente en el archivo doméstico sino que fue cotejando, cual investigadora periodística, una serie de fuentes: el legajo de la Policía Federal, testimonios de quienes conocieron a su padre antes de que ella naciera y lo ventilado en el juicio donde se lo condenó a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, en 2010.

Así fue llevando, de forma paralela, una especie de diario personal donde dejaba por escrito lo que sentía mientras avanzaba en su reporteo. Hubo un tiempo, sin embargo, donde se frenó. Luego de la sentencia contra su padre dice que fue incapaz de soportar el efecto; se concentró en la crianza de sus hijos y a ejercer en su profesión como psicóloga. Cinco años después murió su mamá y entonces decidió recuperar sus notas periodísticas, recuerdos personales y los registros de sus agendas. A partir de allí, no paró más.

“Papá está preso, no te asustes. Es 31 de agosto de 2005, el día de San Ramón Nonato, patrono de niños y embarazadas.

Y papá está preso. No entiendo, lloro. No saber. Otra vez no entender. No poder. No querer. Me quiero quedar en Sagrada Familia. Una pregunta, miedo a formularla. Miedo a la respuesta. Creo en Dios padre todopoderoso, creador del Cielo y de la Tierra.

Un papá preso acusado por crímenes de lesa humanidad. La verdad latente, potente, en pugna. Los ojos cerrados, apretados. No poder. No querer poder.

¿Qué tienen que ver la tortura, los secuestros, los desaparecidos con mi papá? Nada. ¿Quiénes son estas personas?¿Qué dicen? No entiendo. Mi papá es bueno, es mi papá. La verdad insiste. Duele saber.

Es mi papá, yo lo quiero a mi papá. Él no. Hay un error, se equivocan, es mi papá. No entienden. Yo entiendo, mi papá me explica. Yo creo, y me enseñaron a rezar. Y me enseñaron los mandamientos. Honrarás a tu padre… La verdad se impone. Duele, mucho, fuerte… para siempre.

Y nace Bruno. Casarme y tener hijos. Dos hijos, los dos varones. No llevan mi apellido. ¿Qué va a pasar con el apellido? Ya me di cuenta de que nací en dictadura, y que hubo una dictadura en Argentina. Tengo 28 años. Y nació Bruno. Y Gino tiene 4 años.

Soy mamá, soy maestra y estudio psicología. Y mi papá está preso, y estoy empezando a entender. No sé si quiero entender. Se eleva la causa a juicio oral, junio de 2008. Centros clandestinos, tortura, muerte, vejaciones, robos, secuestros, tabicamientos, violaciones, tubos, violencia, amenazas, tormentos, vuelos de la muerte, desaparecidos. Un alias, un Dr. K. Un torturador con la cara de papá. No puedo más. Nadie me abraza, hay silencio y hace frío.

Y duele. Duele la verdad, más duele la injusticia. Y mucho más la impunidad. Y es mi papá. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? Me dice Gino que lo extraña… yo también lo extraño. Ya no me hace cosquillas ni me dice que me quiere. ¿Dónde está mi papá?… El que era bueno, el que me hacía cosquillas… el que me cantaba canciones y me contaba cuentos. El que me llevaba a pescar y me decía que yo era su novia. ¿Dónde está?

¿Dónde están?

Me dice que fue una guerra, que no son treinta mil. Me habla de subversivos, de montoneros y de guerra sucia. Habla de defender a la patria. No es mi papá. No entiendo. Pregunto. No tenía que preguntar. Ya no creo. Lloro. No quiero rezar.

¿Qué hiciste, pa? ¿Cómo pudiste? ¿Por qué?

¿Dónde están?

No hay respuesta, solo pregunta. Silencio atroz y testimonio desgarrador. Un juicio. Un papá condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Año 2010. Justicia”.

Analía escribió un desgarrador libro sobre su historia como hija de un genocidaAnalía escribió un desgarrador libro sobre su historia como hija de un genocida

Escribir es poner el cuerpo, dice Analía, que sabe los costos de su revelación. Desde la cárcel de Ezeiza su padre, de 69 años, intentó sacarla de la herencia familiar -en un juicio civil aún inconcluso- y a la vez pidió la prisión domiciliaria, que le fue denegada. Cada vez que su padre se manifestó en la justicia, Analía decidió contarlo de forma pública como integrante del colectivo Historias Desobedientes. A fines de 2019 se le otorgaron las salidas transitorias alegando una “reinserción social y familiar”, pero la medida se revirtió al año siguiente cuando se sumó a la querella la participación de Historias Desobedientes como “amigo del tribunal”. En aquella audiencia, Analía Kalinec tomó la palabra y solicitó que no se le otorgue ningún beneficio a su padre en virtud de “la gravedad de los crímenes cometidos, la falta de arrepentimiento y la negativa de su progenitor a aportar información a la sociedad acerca del destino de los desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio”.

“¿Puede mi papá desheredarme de los recuerdos? ¿Me puede desheredar de esta historia, de la vergüenza, de la tristeza?”, escribe Kalinec, y dice que piensa el libro como una declaración de principios. En la más absoluta soledad, Analía siente que pagó el precio de romper el mandato de silencio. Rompió lazos familiares, fue acusada, amenazada y apartada de la familia. Sus hermanas -la mayoría defiende a su padre- no lograron entenderla.

En los medios, entonces, apareció la historia de Mariana D., que se presentaba como la ex hija del represor Miguel Osvaldo Etchecolatz. Analía no se cambió el apellido pero se identificó de inmediato.

Papá, mamá, Ale, Gino y yo embarazada. Papá estaba preso en Montada. Fines de 2007Papá, mamá, Ale, Gino y yo embarazada. Papá estaba preso en Montada. Fines de 2007

Las palabras fluyeron como un río torrencial, sin orillas. “Recién en 2017 me encontré con otras y otros hijos y familiares de genocidas que tampoco aceptaban guardar silencio y ser cómplices del horror. Se conformó entonces la agrupación Historias Desobedientes y comenzamos a levantar la voz, a dar testimonio, a reclamar el derecho de poder declarar contra nuestros propios padres genocidas”.

Eduardo Emilio Kalinec fue condenado a prisión perpetua en 2010 por secuestros, torturas y homicidios cometidos en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, sitios que funcionaron bajo la órbita de Carlos Guillermo Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo del Ejército. Los sobrevivientes lo describieron como una persona temeraria, conocida como el “Doctor K”, que no reparaba en demostrar crueldad con golpes físicos a mujeres y aplicar picana en la sala de torturas. En la actualidad, y pese a tener una sentencia firme, ostenta la condición de “comisario retirado” de la Policía Federal ya que nunca fue exonerado de la fuerza.

“Desde mi condición de hija de genocida, reclamo y denuncio que quienes son responsables de crímenes de lesa humanidad no pueden seguir formando parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y deben ser exonerados de estas instituciones”, explica Analía, aclarando su posición.

El colectivo Historias desobedientesEl colectivo Historias desobedientes

-En los últimos años han surgido diversas producciones y actos de hijos e hijas de genocidas, tomando la palabra en un hecho inédito para la historia del país. ¿Cuál es tu mirada y qué crees que aporta tu libro a ese universo?

-El libro da cuenta justamente de un territorio poco explotado en la sociedad, que son las consecuencias de los crímenes de lesa humanidad al interior de las propias familias de los perpetradores. Como integrante y cofundadora del colectivo Historias Desobedientes, y como hija de un condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, siento el deber y la necesidad de que esta historia se difunda en el convencimiento de poder seguir interpelando a otros familiares de genocidas, que muchas veces sufren las consecuencias del silencio sin siquiera saberlo. Y desde el punto de vista teórico y académico, me parece que un relato como éste constituye un material sumamente valioso para las reflexiones que hoy en día se están desarrollando tanto en Latinoamérica como en Europa, en el marco de la filosofía ética, del psicoanálisis transgeneracional, de la semiótica de la transmisión y de la sociología de la memoria, en torno a los perpetradores y sus familiares. Y por último considero que este libro puede ser un gran aporte para el esclarecimiento de una de las zonas más oscuras de la memoria histórica: la de los hijos de los responsables de crímenes de lesa humanidad. Las sospechas, los mecanismos de defensa, el deseo y el temor de la verdad, la necesidad de un posicionamiento ético y, sobre todo, la dimensión política. De eso da cuenta este libro.

En una fiesta bailando con mi padreEn una fiesta bailando con mi padre

“Soy mamá, soy maestra, soy psicóloga, soy su hija, es mi papá. No me habló más. No tenía que preguntar. Tenía que quedarme callada, no pensar, no sentir, no saber.

Obedecer. No pude. No me sale. No soy una digna hija suya parece. No soy una digna hija de un padre genocida. No. He pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa… no rezo más, se va a la mierda Dios. Y todo.

Tendría que honrar a mi papá, y él no tendría que haber matado. Y voy a tener faltas de ortografía, y voy a escribir como quiero.

¿Dónde está mi papá? El que tenía aroma a perfume importado los días de semana y olía a asado y vino tinto los domingos… ¿Dónde está?… ¿Por qué piensa que fui detectada por grupos activistas en la Facultad de Psicología? ¿Por qué no me mira a los ojos y me cuenta lo que hizo? ¿Por qué no dice dónde están? ¿Dónde está mi papá? ¿Existe? El que era bueno, el que me decía que me quería. ¿Por qué no pude quedarme callada?

¿Por qué insistí en preguntar, en saber? ¿Por qué no pude cerrar los ojos, cerrar la boca, cerrar el alma? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué mi papá se hizo policía? ¿Cómo pudo? Duele, duele fuerte. No quiero que me duela. No quiero quererlo, hace mal.

Duele. ¿Qué le pasa que se enoja? No entiende de desobediencia. ¿No le explicaron que hay que ser desobediente frente a lo que lastima y hace mal? No entendió.

Desobedecer órdenes criminales. ¿No supo? ¿No quiso? ¿No pudo? ¿No pensaba en sus hijas cuando secuestraba, cuando torturaba? ¿No pensó en sus nietos? En la vergüenza, en el estigma. ¿En qué pensaba? ¿Cómo pudo permanecer inconmovible frente al dolor humano? ¿Cómo puede un torturador tener la cara de mi papá? ¿Por qué? ¿Qué le digo a mis hijos? ¿Qué va a pasar con el apellido?

Con mi mamá a fines de 2003 en LuganoCon mi mamá a fines de 2003 en Lugano

¿Dónde están? ¿Y mamá? ¿Dónde estaba?

Silencio sepulcral ahora que está muerta, y antes también. Silencio que envenenó su sangre. Nunca habló, no preguntó, no lloró. Solo se enfermó y se murió. Se murió en vida mi mamá. Y ahora se murió también en muerte, pobre. Nunca habló. ¿Y ahora?…

Más de cuarenta años pasaron. Más que toda mi vida. Más de veinticinco años impune. Casi quince años preso. ¿Por qué no habla? ¿Dónde están? Que cuente lo que sabe, yo sé que sabe. Él sabe que yo sé que sabe. Se esconde en su enojo, en su odio. No me dice más que soy su novia, ni me hace cosquillas. Me dice que soy indigna, una subversiva.

Él sabe que sé, que no me engaña, que no pudo engañar a la justicia, ni a la sociedad que lo condenó. Por represor, por genocida. Es mi papá, soy su hija. Me engañó un tiempo, creí en él, en su cariño, en su ternura. Me dijo que era su novia. Nos íbamos a pescar y me contaba cuentos, y me cantaba canciones. Yo le creía, es mi papá.

¿Cómo voy a dudar de mi papá? ¿Cómo pudo mentirme tanto?

¿Por qué no cuenta lo que sabe? ¿Por qué no dice lo que siente? ¿Siente? ¿Por qué se calla? Me lastima. ¿No se da cuenta que me lastima? ¿No le importa? No soy más su novia, parece, no soy más la vizcachita, no me da la mano ni me dice que me quiere.

¿Dónde está mi papá, el abuelo de mis hijos? El que me abrazaba y me hacía cosquillas. Lo busco. Lo extraño. Lo espero. Lo sueño. Lo abrazo en mis sueños y él me habla. Y cuenta lo que sabe. Él sabe y calla. ¿Por qué se calla?

Todos sabemos que sabe. En mis sueños habla, y también me abraza. Y llora. Y lloramos juntos. ¿Dónde está mi papá? El que me compró “zapatillitas rosas”, el que me decía que era su “vizcachita” rememorando con ternura mis primeros dientitos.

¿Dónde lo busco? No está mi papá. Se esconde. Se enoja. Odia. Reprime. Se reprime”.

A 45 años de la Noche del Apagón en Ledesma

A 45 años de la llamada Noche del Apagón, que marcó la historia de Jujuy cuando 400 personas fueron secuestradas y algunas desaparecidas por la última dictadura cívico militar, los organismos de derechos humanos de la provincia reafirmaron la vigencia de la lucha por la verdad, la justicia y el castigo a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos ese día. #TelevisiónPública #Noticias #NocheDelApagón #Ledesma #Blaquier #45Años #Son30Mil

 

10 años registrando los juicios de Lesa Humanidad

Carlos Ureta: El golpe y los Juicios de lesa humanidad en San Juan

Ahora San Juan dialogó con Carlos Ureta, quien ha dedicado 10 años al registro de los juicios de lesa humanidad en la provincia, que penan a represores de la última dictadura cívico militar.

Acá no se discute si estaban bien los montoneros o mal los montoneros . Acá se discute los delitos de lesa humanidad. Es un juicio penal, estos se juzgan sobre hechos y pruebas” afirma Carlos Ureta sobre los Juicios.

En la provincia no fuimos ajenos a ese periodo de la historia argentina. Varios hechos sucedieron con el mismo grado de impacto y atrocidad que en el resto del país o en las grandes urbes. Carlos Ureta, es una de las personas que más adentrado está en el tema. “Cuando empezaron a hacerse los juicios y tenían mucho público todos se quedaban sorprendidos por los relatos de las víctimas”.

Carlos Ureta- idea y dirección general de la web Juicios de Lesa Humanidad- San Juan, Diario de la Memoria y Justicia.

Ureta cuenta que cada uno de los juicios toma una etapa que comienza unos años antes que el gobierno de facto (desde 1976 a 1983), ya en 1971 ocurrió una de las primeras desapariciones forzadas en la región de Cuyo cuando el matrimonio Verd fue capturado. (Caso Marcelo Verd y Sara Palacio).

Asesinatos como del diputado nacional justicialista, Pablo Rojas, marca una conexión de lo político con los intereses económicos en el accionar de la Triple A en San Juan” se cita en el sitio web lesahumanidadsanjuan.org y también lo detalla a este medio.

Una y otra vez los hechos históricos marcan de modo tangible que la provincia no era ajena a lo ocurrido durante los años anteriores y posteriores a la dictadura de Videla.

Durante el Gobierno de Facto, Ureta era adolescente– “Yo no sabía lo que había pasado, a pesar ser un adolescente ‘crecidito’. Hechos de una violencia inusitada para ser una provincia donde nunca habían ocurrido hechos armados” .

Los hechos de lesa humanidad involucran, no sólo a la Iglesia, sino también a una buena parte del empresariado local remarca Ureta. Luego extiende esto explicando que “desmantelaron una empresa, que era propiedad de los obreros mineros que era una fábrica de cemento blanco, que era la única en el país en ese momento, con la excusa que era plata de los montoneros, lo que era mentira. La empresa la había comprado el sindicato con un financiamiento que le dio el gobierno de Camus. Esto termino en la tortura de cada uno de los accionistas porque cada obrero tenía el 1% hasta que transfirieron las acciones a Ricardo Basualdo”. “Esto es parte de las causas, está en las declaraciones testimoniales. Esto está acreditado en sede judicial” sumó.

“En San Juan se registran delitos de lesa humanidad desde antes del proceso, en los años 74 a75′, que han sido juzgados y hubo condenados. A una parte del peronismo les cae muy incómodo” afirma quien ha estado abocado 10 años al registro de los juicios de lesa humanidad ocurridos en la provincia.

“Esto fue el resultado de un proceso de estandarización de la violencia por una puja que hubo en el poder en Argentina desde que derrocan a Perón” dijo Ureta, casi titulando el periodo del golpe.

Al día siguiente que derrocan a Perón empezó la resistencia peronista, que desemboca en los 60′ con las primeras formas de guerrilla, iniciando así un proceso donde se se van perfilando una izquierda y una derecha dentro del peronismo”. Agrega que “es imposible pensar en los eventos tan violentos que sucederían como algo espontáneo”.

Muchas son los hechos que ocurrieron en la provincia durante el último gobierno de facto. Desgraciadamente una parte de la población avalando el accionar criminal desde el Estado o minimizando lo sucedido aún sigue diciendo “algo habrán hecho” o repitiendo un “esto a nadie le importa”. Más allá de estas visiones que aún niegan la historia tratando de ocultarla existen quienes continúan exigiendo verdad y justicia, base inalienable de un Estado de Derecho con una Democracia plena.

“En la represión, más del 90% de los desaparecidos eran de la Universidad Nacional de San Juan, trabajadores, estudiantes, muchos de Diario de Cuyo” profundiza Carlos Ureta. “La sangría en la universidad fue una cosa brutal y de una crueldad inédtia”.

“Otra cuestión, que es muy compleja, es que hay muchos policías que actuaron en esa época y que hasta hace poco tiempo tenían un cargo en la policía de la provincia y están acusados, Daniel Turón es un ejemplo” concluye Ureta.

San Juan no fue una isla de utopía durante el proceso de “reorganización nacional”, al contrario, y por ello para seguir mirando de frente a la historia continuaremos abordando estos temas.
“Los crímenes no prescriben”así como se plantea desde la justicia, también debe serlo desde la sociedad.

El dialogo con Ureta fue extenso, preciso y profundo, dejando muchas aristas que invitan a seguir develando los casos judiciales de lesa humanidad que sucedieron en nuestra provincia.
El 24 de marzo es el día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia, un día de 365 que nos permite conocer, rememorar la historia del país, pero poco se difunde de lo ocurrido en San Juan.

PRISION PERPETUA PARA JOSE NORBERTO APA, EX MILITAR DE INTELIGENCIA QUE SIMULO SU ESTADO DE SALUD PARA EVITAR LA SENTENCIA

Veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de San Martín
Contraofensiva Montonera: prisión perpetua para Apa, el ex militar de inteligencia que simuló su estado de salud para evitar la sentencia
Fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos cuando ocupó el lugar de jefe de la División Inteligencia “Subversiva Terrorista”. El tribunal además revocó su prisión domiciliaria, previo a constatar que está en condiciones de salud de cumplir la pena en una cárcel federal.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de San Martín condenó hoy a prisión perpetua al ex militar de inteligencia Jorge Norberto Apa por crímenes de lesa humanidad perpetrados en 1979 y 1980 contra los y las militantes de la denominada “Contraofensiva Montonera”, tal como se conoció a la reorganización en el exterior de los y las militantes que regresaron al país en esos años para realizar actos de resistencia a la dictadura.

El juzgamiento de Apa había quedado en suspenso el 10 de junio pasado, cuando se conoció el veredicto para el resto de los acusados, dado que la defensa adujo que no estaba en condiciones mentales para comprender el proceso. La determinación de la responsabilidad penal del acusado llegó luego de que esta semana una segunda junta médica -la primera fue impugnada a raíz de groseras irregularidades marcadas por la fiscalía y las querellas sobre el dictamen del Cuerpo Médico Forense- determinó que el acusado simuló su estado de salud y que estaba en condiciones de comprender su juzgamiento.

En el veredicto, el tribunal declaró que los hechos juzgados constituían crímenes de lesa humanidad, rechazó los pedidos de prescripción y de declarar la inconstitucionalidad de la ley 25.779 (que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida) formulados por la defensa y consideró a Apa coautor penalmente responsable de los siguientes delitos que concurren materialmente:

  • Homicidio con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en cuatro hechos.
  • Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y con abuso funcional, a su vez agravada por la duración de más de un mes y tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y homicidio premeditado por el concurso premeditado de dos o más personas en 72 hechos.
  • Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas con abuso funcional, tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas en dos hechos
  • Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y con el abuso funcional y tormentos en cinco hechos.
  • Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas con abuso funcional y tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en cinco hechos.

 

El tribunal dispuso comunicar la sentencia al Ministerio de Defensa para que dé inicio al proceso de baja por exoneración y de la suspensión de todo goce, retiro o jubilación que goce el condenado.

Por otro lado, el tribunal dispuso la absolución del acusado por delitos en perjuicio de dos víctimas y la remisión a la primera instancia de constancias del juicio para que se investiguen delitos denunciados durante el proceso.

El tribunal además dispuso la revocación de la prisión domiciliaria al condenado, previo a constatar que su estado de salud no sea un impedimento para ello, y que sea trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal para que cumpla con la sentencia. Asimismo ordenó comunicar la sentencia al Ministerio de Defensa para que dé inicio al proceso de baja por exoneración y de la suspensión de todo goce, retiro o jubilación que goce el condenado.

La audiencia, que se realizó a través de la plataforma Zoom y que pudo verse por el canal de YouTube del medio de comunicación La Retaguardia, comenzó a las 9.30 con la resolución de un pedido de suspensión del debate por parte de la defensa y con las palabras finales del imputado. Posteriormente, el juicio se retomó a las 15.00, cuando el TOCF dio su veredicto en el proceso que comenzó el 9 de abril de 2019. El próximo 10 de agosto dará a conocer los fundamentos de la sentencia, junto con los del veredicto condenatorio dictado el 10 de junio pasado respecto de los restantes acusados de esta causa.

Pedido de suspensión por la defensa

Esta mañana a las 9.30, recién comenzada la audiencia, la defensa del imputado formuló un nuevo planteo para que se suspenda el debate, el cual fue rechazado, tras lo cual formuló un recurso de reposición (es decir, de reconsideración).

Ante la petición, la fiscal Sosti sostuvo, por un lado, que la reposición podía resolverse en ese momento y que no implicaba la suspensión del juicio. Agregó que habían tenido tiempo para hacerla en el momento que fueron notificados de la reanudación del debate, lo cual ocurrió anteayer.

Por otro lado, la auxiliar fiscal manifestó que la defensa “de manera artera intentó provocar una resolución del tribunal con elementos francamente fraudulentos” y agregó que iba a pedir la investigación por la actitud del profesional que armó ese informe falso por el cual Apa no pudo ser juzgado el mismo día que el resto de los acusados.

Después de un cuarto intermedio, los jueces Esteban Rodríguez Eggers, María Claudia Morgese Martín y Matías Alejandro Mancini ratificaron la reanudación del debate y no hicieron lugar al pedido de suspensión. Luego, el imputado no hizo declaración alguna en sus palabras finales y, finalmente, a las 15.00, el TOCF emitió su veredicto de forma presencial, desde la sala de audiencias de los tribunales federales de San Martín.

El 10 de diciembre pasado, en su alegato, la auxiliar fiscal Gabriela Sosti requirió que Apa sea condenado a prisión perpetua como coautor de genocidio.

 

Un pronunciamiento demorado

El 10 de junio pasado, el mismo día en que el TOCF N°4 dio lectura al veredicto condenatorio de otros cinco militares a la pena de prisión perpetua, Apa fue apartado del debate.

Durante la mañana de aquella jornada, cuando los acusados fueron convocados para que expresen sus últimas palabras, su abogado adujo que el ex militar no estaba en condiciones de salud para seguir afrontando el proceso, pues -explicó- no comprendía la situación. Por tal motivo, el tribunal dispuso cancelar la lectura del veredicto respecto de Apa y ordenó una junta médica, encabezada por profesionales del CMF, a la cual le dio diez días hábiles para concluir el examen. Ese plazo se extendió por las demoras en llevar a cabo el estudio, las posteriores oposiciones a las conclusiones del primer informe -que recomendó su apartamiento- y la realización de una segunda junta.

Apa se desempeñó durante el terrorismo de Estado como jefe de la División Inteligencia “Subversiva Terrorista”, dependiente la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. El 10 de diciembre pasado, en su alegato, la auxiliar fiscal Gabriela Sosti requirió que Apa sea condenado a prisión perpetua como coautor de genocidio. Lo acusó por privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en 88 oportunidades, homicidio agravado en 81 casos y allanamiento ilegal en 9 casos.

Operación Cóndor: veinticuatro cadenas perpetuas sacrosantas

de Fabio Marcelli.

Como afirma el abogado Arturo Salerni, “El pronunciamiento de la justicia italiana sobre la historia de los desaparecidos en América Latina – y sobre el pacto criminal entre las dictaduras de América del Sur en los años setenta – constituye una página histórica en el terreno de la verdad y la justicia en relación con los crímenes de lesa humanidad. Con ello concluye un camino que duró años en el que se reconstruyeron los trágicos hechos de secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones de cadáveres, secuestro de niños, perpetrados en detrimento de toda una generación de opositores políticos y militantes sociales y sindicales ». La acción judicial impulsada por asociaciones como ONLUS 24 de marzo, Rights Project y otras, tuvo el mérito de excavar, durante más de veinte años, en la memoria de crímenes horrendos, exponiendo responsabilidad y complicidad.

El bloqueo judicial que permitió intervenir la jurisdicción italiana fue el de la ciudadanía italiana de ciertas víctimas de la represión. En cuanto a Chile, estuvo el jefe de la escolta de Salvador Allende, el joven militante socialista Montiglio, el líder comunista Donato, el militante MAPU Maino y el cura militante del MIR, Venturelli. Otras víctimas de nacionalidad italiana recibieron justicia mediante la cadena perpetua de sus asesinos, incluido el ex soldado Troccoli.

La muy reciente decisión del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2021 ha hecho definitivas las condenas a cadena perpetua de este último y de otros doce militares uruguayos (Arab Fernández, Gavazzo Pereira, Larcebeau Aguirregaray, Mato Narbondo, Maurente Mata, Medina Blanco, Ramas Pereira, Sande Lima, Silveira Quesada, Soca, Vázquez Bissio, Blanco), un boliviano (Arce Gomez), tres peruanos (Morales-Bermúdez, Cerruti, Francisco Ruiz Figueroa, Martínez Garay) y siete chilenos (Ramírez Ramírez, Ahumada Valderrama, Espinoza Bravo, Aguirre Mora, Luco Astroza, Moreno Vásquez, Vásquez Chauan).

El valor de esta digna actividad judicial es enorme desde varios puntos de vista. En primer lugar porque contribuye a la represión de horrendos crímenes cometidos durante muchos años contra personas capturadas, torturadas, asesinadas y desaparecidas dentro de un amplio plan concebido por los líderes políticos y militares de los países del Cono Sur de América Latina (Argentina , Chile, Bolivia, Perú, Uruguay, Paraguay y Brasil) en alianza con los órganos de inteligencia y los jefes del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en primer lugar Harry Kissinger. La estrategia criminal en la que se llevaron a cabo los horrendos crímenes fue concebida, por tanto, a muy alto nivel y existen diversas pistas que llevan a la hipótesis de que fue la otra cara de las masacres, aún mayoritariamente impune. que afectó a Italia en el mismo período de tiempo y, en particular, en la década de 1970. Figuras como el Venerable piduista Licio Gelli, pero también varios albaceas menores ubicadas al nivel de los obreros fascistas, tenían además excelentes relaciones con la generación de verdugos uniformados de América Latina, con quienes compartían el compromiso común contra el comunismo y por el salvaguardar la alianza occidental, que después de todo inspiró (y continúa inspirando) a Kissinger y a los gobernantes estadounidenses en general.

Y aquí llegamos a la segunda gran razón de gran importancia de la ahora rica y articulada jurisprudencia italiana sobre el tema de los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y políticos latinoamericanos. Se trata de que, como lo demuestra la feroz represión antipopular llevada a cabo por la golpista boliviana Áñez, ahora justamente juzgada por esta razón en su país, por la que llevó a cabo el presidente chileno Piñera contra el movimiento popular. , por lo que él y varios dirigentes políticos y soldados de su gobierno han sido remitidos a la Corte Penal Internacional, y más aún por la feroz que está llevando a cabo en Colombia el régimen de Duque y Uribe, que ha cobrado al menos 72 víctimas civiles y numerosos desaparecidos. y también está siendo juzgado hoy. en La Haya,

Hoy, como ayer, estos crímenes son cometidos por personas muy vinculadas al gobierno de Estados Unidos y a las multinacionales, que no retroceden ante nada para poder garantizar, frente a toda sacrosanta rebelión popular, la continuidad. de la dominación del capital y del imperio. Ante crímenes tan horrendos, es de fundamental importancia que los sistemas judiciales del estado de derecho reaccionen imponiendo penas ejemplares, aunque sea al menos cuarenta años o más después. Y es bueno que la subsidiariedad existente y prevista entre la actuación de los tribunales nacionales de los distintos países y la de los tribunales internacionales se despliegue en la mayor medida posible y con la mayor puntualidad posible.

Las familias de los asesinados: “Díganos dónde están los cadáveres”

Troccoli arrestado por el Ros. Las familias de los asesinados: “Díganos dónde están los cadáveres”

América Latina. Plan Cóndor, al día siguiente de la sentencia las reacciones de las asociaciones y familiares de los desaparecidos y asesinados en los años de las dictaduras chilena y uruguaya. El exsoldado visitado en el hospital: las autoridades italianas deberán decidir dónde cumplirá la condena

A las once de la mañana del sábado 10 de julio, un hombre sale del hospital de Battipaglia. Es alto, corpulento, usa anteojos, cabello corto y blanco. Tiene una mirada muy seria y no sonríe, habla en español. Tan pronto como es dado de alta, los hombres de los Ros de Roma lo rodean y lo arrestan.El hombre es Jorge Nestor Troccoli , tiene 72 años y el 9 de julio el Tribunal de Casación lo condenó a cadena perpetua por el secuestro, tortura y asesinato de 26 personas (seis ciudadanos italianos y 20 uruguayos). Troccoli, ex fusilero de la armada uruguaya, fue un destacado soldado de inteligencia durante los feroces tiempos de la dictadura.

Era la década de 1970 y el continente sudamericano estaba atormentado por regímenes militares: todo el que se oponía a ellos era secuestrado, torturado, asesinado y hecho desaparecer. Eran los años de los desaparecidos.

Para capturar y matar a los militantes exiliados en otros países latinoamericanos, Estados Unidos o Europa, en noviembre de 1975 ocho regímenes militares lanzaron la llamada Operación Cóndor: una coordinación secreta de las fuerzas de inteligencia que tenía la tarea de matar a los opositores en el exilio.

Para investigar la muerte de los italianos desaparecidos en el contexto de la Operación Cóndor en Roma en 2015, se instituyó un juicio que finalizó el viernes con la sentencia firme del Tribunal Supremo: 14 cadenas perpetuas, entre las que destaca el exfusilero Jorge Nestor Troccoli. fuera, 2007 se refugió en Italia. Desde ayer está detenido en la prisión de Fuorni en Salerno.

Fuentes confidenciales nos dicen que el exfusilero habría acudido al hospital de Battipaglia el día de la lectura de la sentencia para someterse a unas pruebas médicas para saber si podía cumplir alguna condena en prisión.

De las mismas fuentes nos enteramos de que el magistrado de vigilancia ya está evaluando el caso de Troccoli y debería decidir en los próximos días (en un máximo de dos semanas) si cumplirá condena en arresto domiciliario o en un centro penitenciario.

Si prevalece la segunda hipótesis, las autoridades tendrán que decidir dónde cumplirá la condena el exsoldado: parece poco probable que permanezca en la prisión de Fuorni en Salerno, que se dedica principalmente a casos en tránsito.

Como explica Jorge Ithurburu, presidente de 24Marzo: «Hay decenas de familias que, aún hoy, esperan encontrar los cuerpos de sus familiares desaparecidos. Troccoli aún no ha dicho dónde están sus cadáveres, todavía es tiempo de hacerlo ».

Gran emoción por la sentencia de familiares, entre ellos Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi, torturada y asesinada en 1974 en Buenos Aires: «Finalmente, después de esta sentencia, me siento libre. Llevo 47 años luchando por la justicia y hoy, después de tantos años, ha llegado ».

Satisfacción también para Mirtha Guimoni, exfiscal que instruyó el juicio contra Troccoli en Uruguay y quien inició todos los procesos judiciales principales contra los torturadores de la dictadura, quien dice: “Esta sentencia -nos dice- cierra un ciclo que comenzó en 2007 cuando Se abrió el juicio contra Troccoli y huyó a Italia. También es fundamental que un tribunal internacional haya reconocido la existencia de la Operación Cóndor ”.

Como afirma Rafael Michelini, exsenador, actual vicepresidente de la Internacional Socialista e hijo de Zelmar Michelini, principal opositor político de la dictadura uruguaya asesinada en el 76 en Buenos Aires: «Quien torturó, mató y desapareció no puede quedar impune. Esta frase lo prueba ».