Luego de que quedara firme la condena en su contraYa está detenido Enrique Mathov, uno de los responsables de la represión del 2001
El ex secretario de seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov quedó detenido esta mañana en los tribunales federales de Retiro.La detención se dio luego de que quede firme la condena en su contra por la represión del 2001. E Tribunal Oral Federal 6 resolverá el lugar donde quedará alojado hasta que se resuelva si se le concede o no el arresto domiciliario que pidió su defensa.
El Tribunal Oral Federal 6 condenó a Mathov por la represión de 2001 y lo había citado para este jueves a fin de quedar detenido luego que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la pena impuesta contra el ex funcionario.
La jueza Adriana Pallioti resolvió que “habiendo adquirido firmeza la sentencia de cuatro años y tres meses de prisión dictada en autos, y encontrándose aquélla ejecutable, cítese a Enrique José Mathov -a través de su defensa- para que se presente en el Tribunal el día jueves 19 de septiembre del corriente año a las 09:30 horas, a fin de estar a derecho y hacer efectiva la detención”, según la resolución.
La defensa del ex funcionario había pedido el arresto domiciliario en razón de que Mathov tiene más de 70 años, algo que tendrá que resolver el tribunal.
En cuanto al otro condenado, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, está de viaje en España con permiso judicial, por lo que se lo intimó a regresar al país en las próximas 72 horas para quedar detenido. En su caso, la condena es a 3 años y seis meses de prisión.
Las condenas a Mathov y Santos
Mathov fue condenado el 18 de mayo de 2021 por tres homicidios culposos y las heridas que sufrieron decenas de manifestantes en la zona de Plaza de Mayo durante la represión que precedió a la renuncia del fallecido ex presidente Fernando de la Rúa, quien resultó sobreseído en el caso.
El ex funcionario estuvo preso por esta causa 6 meses y 25 días, desde el 1 de enero de 2002 hasta el 26 de julio de 2002, cuando se lo excarceló, por lo tanto, según el cómputo de pena que hizo el tribunal, su condena se dará por cumplida el 22 de mayo de 2028.
En el caso de Santos, estuvo detenido 5 meses y 19 días en 2002, por lo cual su condena se dará por cumplida el 28 de septiembre de 2027.
El Tribunal citó a ambos luego que ayer la Corte Suprema de Justicia dejara firmes las condenas y rechazara por “inadmisibles” los recursos extraordinarios que presentaron las defensas.
Mathov y Santos quedaron condenados por la muerte de tres de los manifestantes, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, y por las heridas que la policía causó a otros 20 durante las protestas en Plaza de Mayo, en medio del estado de sitio que había decretado el gobierno de Fernando De La Rúa.
Con la consigna “8 años del EPM, 20 años sin leyes de impunidad, 40 años de democracia”, se celebró el octavo aniversario del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos ex-D2.
El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 (EPM ex-D2) es un sitio recuperado para preservación y difusión de la memoria sobre el terrorismo de Estado y para la defensa y promoción de los derechos humanos.
Sus instalaciones pertenecieron al Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D2) y fueron destinadas a la represión política ilegal, antes y durante la última dictadura cívico-militar. El lugar fue sede del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Extermino (CCDTyE) más importante del Gran Mendoza.
El EPM ex-D2 se ocupa de:
– Preservación del lugar y del acervo documental referido al D2.
– Reconstrucción del esquema represivo y de las trayectorias de vida y militancia de las víctimas, como contribución a procesos judiciales y a la verdad histórica.
– Prevención del autoritarismo e intervención en casos de violencia institucional.
– Realización de actividades artísticas, culturales y de promoción de derechos humanos.
– Desarrollo de propuestas educativas que faciliten la trasmisión intergeneracional del pasado reciente.
Aquí también funciona el Archivo Provincial de la Memoria que contiene legajos, cajas con fichas y carpetas de prensa del accionar represivo. Sus calabozos fueron preservados.
Orígenes del EPM
COCOYANEZ
El Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D2) fue un centro clandestino de detención, torturas y exterminio (CCDTyE) durante el terrorismo de Estado, situado en el entrepiso del Palacio Policial.
Por aquí pasaron centenares de presas y presos políticos y personas que hoy están desaparecidas, incluso niñas y niños, fruto de la persecución a las actividades sindicales, estudiantiles, sociales y políticas. En este espacio, en el marco del plan de aniquilamiento desarrollado entre 1975 y 1983, las personas detenidas fueron sometidas a todo tipo de vejámenes y, en algunos casos, a la muerte.
Los Organismos de Derechos Humanos de Mendoza solicitaron y consiguieron la afectación del ex-D2 con destino a la creación del Espacio para la Memoria de Mendoza.
Antecedentes
Al despuntar los años 70, varias policías provinciales del país habían creado departamentos de inteligencia al interior de la fuerza con el nombre Departamento de Informaciones Policiales, identificado dentro de la estructura con el código D2. Los departamentos a cargo de la inteligencia para la persecución ideológica tienen su antecedente en la Sección Especial que contenía una división de Orden Social y Político, surgidas dentro de la Policía porteña, durante la década del 30. Ya para esa época, recolectaban y clasificaban información sobre organizaciones o instituciones políticas, gremiales y sociales. Luego, las funciones de la mencionada división pasaron a una dependencia especial dentro de la Policía Federal llamada “Coordinación Federal”.
Origen y funciones
El D2 fue creado mediante la norma provincial Nº 3677 “Ley orgánica para la Policía de Mendoza”, del 8 de mayo de 1970, que dividió a la policía de Mendoza en una jefatura y cinco departamentos (D1: personal; D2: informaciones policiales; D3: operaciones policiales; D4: logística; D5: judicial). Por aquella época, la actividad se concentraba en la Central de Policía sita en la calle Mitre y Patricias Mendocinas; cuatro años después se trasladó al flamante Palacio Policial.
El Departamento Informaciones Policiales (D2), a su vez, constaba de cuatro dependencias: a) Investigación de informaciones, b) Reunión, c) Planes e instrucción y d) Central. Si bien fue concebido para el abordaje de todo tipo de delitos bajo el rótulo de Inteligencia Criminal, terminó abocado al control y represión política y funcionó hasta 1989.
Sus tareas consistían en la recopilación de datos obtenidos por vigilancia o mediante la infiltración de agentes en eventos políticos, gremiales o en manifestaciones públicas. Luego se realizaba el análisis de la información que permitía detectar personas sospechadas de subversión a las que se les abría un legajo y quedaban, literalmente, fichadas.
Según testimonios ofrecidos en los juicios por delitos de lesa humanidad, agentes del D2 compartían distintos espacios con quienes eran blanco de secuestro. Trabajaban como custodios en bancos oficiales y privados, en la Casa de Gobierno, en tribunales o universidades. Participaban de asambleas de trabajadores o de estudiantes o se sumaban a las protestas; entonces sacaban fotos, tomaban nota y elaboraban informes. Después el material era clasificado en actividades: políticas, sindicales, estudiantiles o religiosas. La tarea de inteligencia se completaba con la detención de la persona sospechosa, quien era sometida a terribles las torturas para conseguir nuevos datos que permitieran retroalimentar el mapa represivo. Asimismo, desde esa dependencia se planificaban los operativos, como también la logística para llevarlos a cabo.
En sus calabozos del entrepiso alojaban a quienes detenían y en la sala de acumuladores, que se hallaba en subsuelo del edificio, las y los sometían a interrogatorios bajo crueles torturas. Finalmente se tomaba la decisión del destino de las y los detenidos. En algunos casos legalizaban su situación y pasaban a la cárcel; en otros, eran asesinados y asesinadas y su cuerpo, desaparecido.
En virtud de la ley nacional N° 26 691 que declara Sitios de la Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención tortura y exterminio, los Organismos de Derechos Humanos de Mendoza solicitaron la afectación del ex-D2, con destino a la creación de un Espacio para la Memoria.
El 24 de marzo de 2014, mediante decreto 499/14, el Ejecutivo dispuso la refuncionalización del lugar pero su entrega efectiva se realizó el 12 de septiembre de 2015. Los Organismos de Derechos Humanos recibieron solo el ala norte del entrepiso que ocupó el ex-D2, con el compromiso de la transferencia integra cuando se trasladen las dependencia de la Policía de Mendoza a otro edificio. Aún se encuentra en litigio la afectación total de lugar donde ha funcionado este emblemático centro clandestino.
La historia de Nieto 133, secuestrado en 1976 por los hombres de la dictadura argentina de Jorge Videla: hoy – 47 años después – finalmente ha sido encontrado por su familia de origen, que lanza un llamamiento: “En Italia podría haber otros hijos del desaparecidos hechos desaparecer durante el régimen.”
PorDavid Falcioni
El pasado 28 de julio, las Abuelas de Plaza de Mayo de Buenos Aires anunciaron el hallazgo -después de 47 años- de Nieto 133 (Nieto 133). Su verdadera identidad no fue revelada por razones de confidencialidad, pero su historia conmovió a toda Argentina: se trata en realidad de un bebé recién nacido arrancado a sus padres por funcionarios del régimen militar de Jorge Videla (1976-1983), criado por un un hombre y una mujer que no eran su padre ni su madre sino figuras leales a la dictadura. Es la historia de una mujer -una revolucionaria- secuestrada, torturada y asesinada . Y es la historia de un largo viaje en busca de la verdad, viaje emprendido hace algún tiempo por el propio Nieto 133y por su hermano Miguel que terminó hace poco más de dos meses.
Quiénes eran los desaparecidos y qué fue el Plan Cóndor
Pero vayamos en orden y demos un paso atrás. En el verano de 1976, pocos meses después del establecimiento del régimen dictatorial de Jorge Videla, los militares comenzaron a cazar opositores , principalmente estudiantes universitarios, militantes políticos de izquierda y sindicalistas. Alrededor de 30 mil personas fueron secuestradas, encerradas en centros clandestinos de detención y torturadas, finalmente asesinadas y desaparecidas. Son los llamados “desaparecidos”. Miles de hombres y mujeres fueron arrojados desde aviones militares argentinos a las aguas del Río de la Plata para que se perdieran para siempre. Antes de ser asesinadas, las niñas embarazadas fueron obligadas a dar a luz y sus hijos fueron secuestrados y confiados a familias leales al régimen.
El “terror” se estableció como parte de un proyecto político más amplio llamado ” Plan Cóndor “, es decir, una coordinación secreta entre los servicios de inteligencia de las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para luchar contra las fuerzas de izquierda en América Latina, considerada por EE.UU. como su “patio trasero”. La operación, establecida en noviembre de 1975, pocos años después de la Revolución Cubana, se manifestó como un verdadero terrorismo de Estado en el contexto internacional, y en ocasiones contó con la complicidad o connivencia de la CIA y el FBI; de hecho, los objetivos del Plan Cóndor parecían compatibles con la política anticomunista de Estados Unidos.
En el centro, el dictador argentino Jorge Videla
La historia de “Nieto 133”
Entre los niños que fueron secuestrados por el régimen argentino también estaba Nieto 133 -a quien llamaremos Pablo, un nombre ficticio-. El pequeño -hijo biológico de Cristina Navajas y Julio Santucho, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores- fue secuestrado en Buenos Aires por hombres de Jorge Videla. De hecho, la madre fue capturada el 13 de julio de ese año, cuando estaba embarazada, y después de ser segregada en varios centros de detención, interrogada y torturada, la obligaron a dar a luz. Luego, como muchos otros hombres y mujeres, fue asesinada y “desaparecida” por funcionarios de la junta militar. No se supo más de ella, mientras Pablo era adoptado ilegalmente por un policía y una enfermera de la capital argentina.
Cristina Navajas, secuestrada el 13 de julio de 1976, madre de Miguel “Tano”
Santucho y “Nieto 133”
La búsqueda de la verdad de Miguel “Tano” Santucho, hermano de “Nieto 133”
Durante décadas Miguel “Tano” Santucho –hermano de Pablo que escapó del secuestro el 13 de julio de 1976, cuando sólo tenía ocho meses– buscó la verdad sobre su familia, valiéndose del valioso apoyo de las Abuelas de Plaza de Mayo, una organización argentina de derechos humanos. organización … que tiene como objetivo localizar y devolver a sus familias legítimas a todos los niños secuestrados y desaparecidos en la última dictadura militar, creando además las condiciones para iniciar juicios contra los responsables de estos horribles crímenes.
Bueno, 46 años después, después de años de búsqueda, finalmente encontraron a Pablo y le presentaron a su verdadera familia. En las últimas semanas “Tano” Santucho y su hermano fueron recibidos por el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. Fue en esa ocasión que lo conocimos. “Después de ser secuestrada, mi madre, Cristina Navajas, fue llevada a varios centros clandestinos – cuenta Tano a Fanpage.it – Fue brutalmente torturada e interrogada. Cuando nació mi hermano, lo entregaron a una pareja: ella era enfermera, él era un policía, parte del aparato represivo del régimen de Videla”.
El anuncio del hallazgo del “Nieto 133”
Con el paso de los años, Pablo empezó a sospechar cada vez más que no era hijo de aquellas personas que toda su vida le habían dicho que eran sus padres: “Mi hermano decidió descubrir la verdad, entendió que ese hombre violento no era su padre”. “Se dirigió a las Abuelas de Plaza de Mayo e inició el trámite para su reconocimiento, llenando un expediente y realizándose pruebas de ADN”. El resultado llegó el 28 de julio: Pablo era el Nieto 133 . Su madre y su padre no eran una enfermera y un policía leales a la dictadura de Videla, sino Cristina Navajas y Julio Santucho, militantes revolucionarios y orgullosos opositores del régimen. Además, la mujer que lo había dado a luz había sido secuestrada, torturada y desaparecida.
“Otros niños secuestrados por el régimen de Videla están en Italia”
Tano está seguro de que otros niños secuestrados y desaparecidos, hoy adultos de entre 40 y 46 años, pueden estar todavía en otros países del mundo: “Estoy convencido de que algunas de esas personas se encuentran en Italia . Quiero hacerles un llamamiento: si Naciste en Argentina, vives en Italia y tienes dudas sobre tu identidad, puedes contactar a las representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo en Milán y Roma, ellas te ayudarán a descubrir tus verdaderos orígenes y la verdad sobre tu familia. ”
Cualquier persona que sospeche que es hijo o hija de padres desaparecidos durante el régimen de Videla está invitada a comunicarse con la organización sin fines de lucro 24marzo , o escribir un correo electrónico a Abuelas de Plaza de Mayo a dudas@abuelas.org.ar . Los representantes de la asociación, presente en territorio italiano, harán elaborar un expediente y, respetando plenamente la privacidad, tomarán una muestra de ADN, que luego será enviada a Argentina y analizada para determinar posibles compatibilidades genéticas con opositores desaparecidos durante la dictadura.
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Escribí este texto entre fines del año 2000 y el despuntar del 2001, para una revista española llamada Planeta Humano. Por aquel entonces no hubiese encontrado lugar en ningún medio argentino. La investigación que requirió y el contacto con sus protagonistas me reconciliaron con el periodismo que había decidido abandonar.
Esta semana sentí la necesidad de rescatarlo, a pesar de que ya tiene más de dos décadas y de que sucedieron muchas cosas desde entonces. En parte, porque siempre creí que demandaba otra oportunidad. Pero, ante todo, porque me pareció que la realidad que estamos viviendo lo reclamaba. La historia que cuenta es vieja pero no perdió relevancia. Al contrario, creo que necesitamos sacarla del freezer, porque hay gente que hoy tiene el tupé de actuar y hablar como si esto que cuento no hubiese tenido lugar. Por eso recomiendo leerla como si fuese un cuento, nomás. No debería costar demasiado, porque sus protagonistas parecen personajes. De hecho, el antropólogo forense Clyde Snow lo es ya. Cuando leí la novela Anil’s Ghost (2000) de Michael Ondaatje —uno de mis escritores favoritos—, me sorprendió encontrarlo allí, a un hombre real, interactuando con criaturas de ficción. Ondaatje percibió antes que yo que el viejo era más grande que la vida misma. A esa altura, Snow todavía era para mí el tipo que había declarado durante el juicio a las Juntas, exhibiendo evidencia inapelable, y con quien intercambiaba mails desde un correo que ya no existe, o al menos cayó en desuso.
Una vez que hayan disfrutado del texto como una historia, entonces sí: recuerden que todo lo que cuenta es cierto. No tiene sentido discutir con los que pretenden poner en duda su veracidad. Lo que importa es que el pueblo sepa, o que al menos rememore todo lo que ya sabe. Los demás, que finjan demencia. No perturbaremos su acting, ni caeremos en su provocación. Nosotros sabemos. Eso es todo lo que se necesita para marcar la diferencia.
En algún momento, otro de los protagonistas de esta historia, Morris Tidball —quien me granjeó acceso al juicio in absentia que se le sustanciaba en Roma a Suárez Mason, fue en esa circunstancia que conocí a Estela de Carlotto—, me recomendó una novela de James Hamilton-Patterson que por supuesto compré. Se llama Griefwork, todo junto: un neologismo de dificultosa traducción. Grief significa pena, y work significa trabajo. La recordé en estos días al reconectar con la historia de Morris y el Equipo Argentino de Antropología Forense, porque entendí que la tarea que recomendaba no había perdido nada de su urgencia. La superación de toda pena profunda demanda trabajo, la vida es así. Y que hoy pase lo que está pasando significa algo que sólo podemos ignorar a nuestro propio riesgo: que la pena que se nos infligió a los argentinos en los ’70 requiere trabajo todavía.
La tarea no terminó.
La apertura de la edición original del texto, en la revista Planeta Humano (febrero 2001).
Los huesos están hechos de la misma materia que el resto del organismo. Sólo que más fuerte. Esa crispación nos permitirá erguirnos, andar, protegerá nuestros órganos más delicados. Cuando todo lo demás se haya ido, cuando la sangre se seque y la carne se deshilache y las uñas se vuelvan ligeras como el ala de una polilla —polvo entre el polvo—, ellos estarán.
Somos nuestros huesos.
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Diciembre, 2000. Un viejo apartamento del barrio de Miserere, en Buenos Aires. Paredes blancas, escritorios. Pasaría por una oficina cualquiera. De no ser por ciertos detalles. Un libro llamado The American Way of Dying. Un cuadro de origen mexicano, el casamiento de dos esqueletos. Se los ve felices.
Patricia Bernardi me enseña fotos de excavaciones. Hay muchas de Bolivia, de cuando recuperaron los restos del Che Guevara. Patricia es uno de los miembros fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Se la ve en las fotos, de rodillas sobre la tierra. Quitando polvo de los huesos con una escobillla. Tiene ojos punzantes y cuando ríe hace música.
Después me lleva de paseo por la oficina. El laboratorio es una estancia sencilla, con una bandeja metálica sobre la que miden los restos óseos. Detrás del laboratorio hay un cuarto sin ventanas. Estanterías en las cuatro paredes. Cajas de manzanas. Con otra clase de frutos.
Huesos. Cada caja guarda restos de un ser humano. Víctimas de la represión ilegal que tuvo lugar en la Argentina de los ’70. Casi todos rescatados de una fosa común del cementerio de Avellaneda. Figuraban en los registros como NN. (Ningún nombre, no name; los nombres son importantes.) Hasta ese entonces, la sigla NN denominaba a los restos humanos no identificados por los que nadie reclamaba. Del ’76 para aquí, NN significa otra cosa. Los restos óseos hallados por el Equipo no pertenecen a indigentes. Los indigentes no tienen balazos en el cráneo.
Hay 300 cajas en el cuarto.
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Cuando Clyde C. Snow voló por primera vez a la Argentina, en 1984, su principal referencia era que se trataba de la patria de Juan Vucetich, el hombre que creó el sistema de identificación mediante huellas digitales. Antropólogo forense de reputación mundial, Snow había sido invitado por el flamante gobierno democrático de Raúl Alfonsín como miembro de la American Association for the Advancement of Sciences (AAAS).
Aceptó porque su horizonte inmediato se había vaciado de emociones. Un hombre inquieto. Casado cuatro veces. Vive en Oklahoma. Viaja ataviado con su sombrero Stetson y sus botas texanas. Aunque el calor sea sofocante, como en Brasil, donde viajó para identificar los restos de Joseph Mengele.
Cuando Snow llegó a la Argentina, no sabía qué clase de lugar era ese. En su equipaje llevaba repelente para monos.
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Durante los primeros meses del gobierno de Alfonsín, se vivía entre la euforia democrática y el miedo al retorno de los militares.
Morris Tidball marchaba a pesar del miedo. Estudiante de medicina en La Plata, estudiaba poco y vivía mucho. Se decía anarquista. Editaba una revista de un solo folio, escrita a máquina, a un solo espacio y sin puntos aparte. Bibliotecario de un ateneo socialista, rondaba las oficinas locales de las Abuelas de Plaza de Mayo y se metía en cuanta cuestión gremial surgía dentro de la universidad; un misil que busca fuentes de calor. Rubio, alto, de ojos más claros que el día y facciones perfectas, Morris podría pasar por hijo natural de Robert Redford. Una tarde de marzo leyó el anuncio de una conferencia: Seminario sobre Ciencias Forenses y los Desaparecidos. A los pocos minutos de entrar, le llamaron la atención dos cosas. La primera fue la pésima labor de la traductora. Y la segunda fue uno de los científicos del panel, el de bigotes que fumaba un puro y hablaba con la lánguida cadencia de los cowboys. No parecía un científico.
Clyde Snow.
Cuando la traductora se quebró y salió corriendo, el misil de Morris encontró un blanco. Descendiente de ingleses, familiarizado con los términos médicos por la universidad, llenaba con creces el sitial del traductor perfecto para la ocasión. “Pronto descubrí que el inglés de Morris era mejor que el mío”, dice Snow.
Sobre el final, la pregunta que formuló un hombre del público llenó de intriga a Morris. Quería saber si los huesos de un bebé podían disolverse dentro de un ataúd, al punto de no dejar rastros. Morris tradujo la pregunta y Clyde Snow sintió la misma intriga. Es improbable, respondió. Dependería de la acidez del suelo. Necesitaría más datos para ser preciso.
Snow estaba a punto de irse cuando el hombre se le acercó. Dijo ser padre de Amelia Miranda, asesinada por la represión en el ’76 junto con su marido Roberto Lanuscou y sus tres hijos, de 6, 4 años y cinco meses; según los diarios, “cinco extremistas” abatidos por el Ejército. Apenas reiniciada la democracia, Miranda pidió la exhumación de los cuerpos. Encontró restos del matrimonio y de los hijos mayores, pero de la bebé Matilde sólo ropa y un chupete. ¿Aceptaría Snow revisar esos despojos?
La pregunta quedó flotando. Snow tenía pasaje para el día siguiente. Of course, dijo, y sin esperar traducción le ofreció a Morris un empleo.
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En 1984 Patricia Bernardi estudiaba arqueología. Había participado de excavaciones en la Ciudad de David, en Israel, y verano tras verano retornaba a Ushuaia, Tierra del Fuego, para recuperar restos de civilizaciones prehispánicas. Vivía sola. Perdió a sus padres de pequeña. Su hermana vive en Nueva York. Todo lo que tenía era a su abuela, que la crió, y al tío serio y distante en cuya empresa de transportes trabajaba. Nunca participó en política. La arqueología era su burbuja.
Todo su contacto con la represión venía de los medios. Como tantos, asistió demudada a las revelaciones de la CONADEP, la comisión que Alfonsín creó para investigar los hechos. Supo así de secuestros, de tortura, de métodos (prácticos, casi industriales) para disponer de los cadáveres.
En ese estado de exaltación —la verdad exalta—, participó de una protesta contra el FMI, al que se atribuía ser ideólogo del plan económico ejecutado por los militares. Mientras marchaba por Buenos Aires se le acercó Douglas Dougie Cairns, argentino de origen escocés, a quien conocía de la universidad. Dougie era amigo de Morris Tidball. Y Morris lo había mandado a buscar estudiantes de arqueología que estuviesen dispuestos a dejar los libros y pasar a la práctica. Una práctica que podía ser macabra.
“Hay un yanqui que quiere exhumar cadáveres”, le dijo Cairns a Patricia. Estaba esperándolos en un hotel para tener un reunión. Poco después Patricia se topó con Mercedes Mimí Doretti, una de sus compañeras de estudios. Mimí también había sido invitada por Dougie.
Así, en medio de una ciudad que ardía, Clyde Snow propició una reunión improbable. Estaban Morris, Patricia y Mimí Doretti, que soñaba con ser fotógrafa. Estaba Luis Fondebrider, de 18 años, estudiante de antropología, que hubiese seguido a Patricia hasta el fin del mundo. Y estaba Dougie Cairns, en los albores de una borrachera que se tornaría fenomenal, hablando pestes de los yanquis en las narices de Snow.
Con Morris como intérprete, Snow explicó qué esperaba de ellos. Se trataba de una exhumación en el cementerio de Boulogne. Aplicarían técnicas arqueológicas al trabajo forense, para que la recuperación de los restos se hiciese con el menor costo; poco tiempo antes la Justicia había autorizado excavaciones con motopalas, quebrando huesos y perdiendo evidencia. ¿Por qué no exhumaba con arqueólogos diplomados? Porque había remitido cartas al colegio de profesionales sin recibir respuesta. ¿Habría carne en los huesos? “Ya no”, dijo Snow. “¿Para qué sirvo yo —preguntó Mimí—, que no tengo experiencia en excavaciones?” “Puedes limpiar la evidencia y tomar fotografías”, dijo Snow.
La conversación siguió durante la cena. Morris contó el caso Lanuscou. Snow había analizado los restos y concluido que jamás hubo allí el cadáver de un bebé. Los Lanuscou conservaban una nieta en cuya búsqueda cifrar esperanzas.
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El 26 de junio de 1984 amaneció gris. Snow y sus remisos arqueólogos se reunieron bien temprano en el lobby del Hotel Continental.
En el osario de Boulogne los esperaban policías, forenses y enterradores. “Estábamos cagados”, dice Patricia, cigarrillo en mano. “La exhumación más larga de mi vida. Encontramos cosas que un arqueólogo no suele encontrar: ropa, proyectiles. Tengo una imagen imborrable, levanto la cabeza y veo las botas de los policías delante de mis narices. Nos preguntaban cosas intimidatorias. ‘¿Y vos, qué hiciste en el ’76?’ Finalmente di con un cráneo. Lo destapé y salí de la fosa. Algunos cuentan que lloré. Eso no lo recuerdo”, dice.
En la morgue Snow debate con un forense. La discusión parece profesional, pero el subtexto es otro. El forense dice que el agujero del cráneo se debe a una herida de bala a distancia, lo que sugiere un enfrentamiento, disparos que se cruzan, un justo ganador. Snow dice haber visto heridas similares en casos vinculados con la mafia y los traficantes de drogas. Disparos a quemarropa. Esto es, ejecuciones.
Horas después vuelve a su país y los demás a su vida cotidiana. Patricia a la facultad y la empresa de transportes de su tío. Luis a sus estudios y a su doble trabajo: sacar fotocopias y ayudar a un amigo exterminador.
En sus ratos libres, Luis mata cucarachas.
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Snow regresó en febrero de 1985 para dirigir un taller sobre identificación de restos óseos. Con la tecnología de ADN todavía en pañales, la identificación dependía de la existencia de datos pre mortem: radiografías, registros dentales, historias clínicas.
Ante el pedido de un juez, Snow convocó nuevamente a su equipo de estudiantes. Mimí y Patricia se mostraron remisas, pero Morris insistió. El juez creía que las tumbas a descubrir pertenecían a Néstor Fonseca y Liliana Pereyra. Fonseca presentaba características osteológicas singulares: era zurdo y su mano derecha tenía huellas de bala de un accidente de caza.
Trabajaron un sábado por la mañana, no querían problemas con sus empleos. Marcaron un perímetro con sogas. Detrás estaban los policías, y detrás de los policías había curiosos con mantas y canastas de picnic. Mimí fue la primera en reparar en la mujer rubia de chaqueta beige que esperaba al borde del perímetro. Ya habían dado con los huesos del presunto Fonseca cuando la mujer llamó a Mimí con un gesto.
Desde la fosa, Snow dijo que se trataba de los restos de un hombre con fracturas cicatrizadas en la mano derecha. Bien podía ser Fonseca. Mimí le preguntó si estaba seguro. Snow no entendió la pregunta. “La mujer rubia es la esposa de Fonseca”, respondió ella.
La invitaron a aproximarse. Snow le enseñó las fracturas de la mano derecha del esqueleto. Mimí le mostró las pequeñas deformidades en los huesos de la mano izquierda que son patrimonio de todos los zurdos.
Metros más allá, Morris había dado con el cráneo de la mujer a la que se presumía Liliana Pereyra. Al descubrirlo lleno de perdigones de escopeta, salió del foso y se echó a llorar.
Pragmático como siempre, Snow acuñó una frase que se volvería lema. Excavar de día y llorar de noche.
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Para cuando Snow declaró en el juicio contra los ex comandantes (Videla, Massera y el resto de los que detentaron el poder durante la dictadura), su relación con los estudiantes se había enrarecido. Snow confiaba en las promesas del gobierno y en colaborar con las fuerzas de la ley. El Equipo prefería reducir al mínimo su contacto con los policías. “Estábamos desenterrando lo que ellos habían matado”, dice Alejandro Incháurregui.
Había habido algunos éxitos —una serie de placas radiológicas confirmó la identidad de Liliana Pereyra, cuyo cráneo lleno de plomo desenterró Morris—, pero el hecho de que los argentinos privilegiasen su relación con los parientes de las víctimas al trato con las instituciones fastidiaba a Snow.
Su declaración tuvo lugar el segundo día del juicio, 24 de abril de 1985. Bebió un café en el Colón, fumó unos Parisiennes —tabaco negro, el más fuerte del mercado— y subió la escalinata del Palacio de Tribunales. Esperó su turno en un cuarto aislado. No sabía nada de sus díscolos discípulos.
Llegó al estrado más tarde de lo previsto. Era el testigo número doce, y jueces, fiscales y defensores parecían agotados. Cuando le preguntaron de qué forma podían serle útiles, Snow pidió que apagasen las luces y encendió el proyector cargado con diapositivas.
Primero mostró imágenes de las excavaciones y explicó el procedimiento. (Desde el primer piso, Patricia, Mimí, Morris y Luis se vieron en la pantalla.) Después enseñó imágenes de un esternón perforado por una bala, del hueso pélvico de una mujer —tenía 20 años al morir, dijo Snow— y de los dientes del mismo esqueleto. Le habían extraído un canino antes de ser secuestrada. La foto mostraba el espacio dejado por la pieza ausente.
Cuando Snow proyectó la imagen del cráneo de Liliana Pereyra, varios de los presentes boquearon. Había encontrado siete perdigones de Ithaca en su interior, dijo, “la escopeta que utilizan las fuerzas de seguridad argentinas”. El análisis del hueso pelviano demostró además que Liliana, embarazada de cinco meses al ser secuestrada, había dado a luz en término.
Snow proyectó su última diapositiva. En lugar del cráneo rajado se veía ahora un retrato de Liliana Pereyra. Una joven de veinte años, ojos oscuros, maquillaje coqueto y la promesa de una sonrisa. El sollozo de la madre de Liliana ganó el centro de la sala.
Ninguna víctima tiene mejor testigo, dijo Snow, que sus propios huesos.
Liliana Pereyra.
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Durante los primeros años de la dictadura, Darío Olmo bebía y consumía anfetaminas. Había militado como estudiante secundario, pero en 1973, después de la Masacre de Ezeiza —donde se enfrentaron facciones del peronismo de izquierda y de derecha— se negó a plegarse a la tendencia que indicaba que la única vía era la de las armas. “Ese era el mundo de los adultos”, dice.
Debió haber entrado en la universidad en el ’76, pero vino el golpe y Olmo optó por un año sabático. Vivir en una nube, aunque fuese de origen químico, era un reflejo de supervivencia. Ingresó en la carrera de Antropología, en La Plata, al año siguiente. Un alumno inexistente. Pero la universidad lo empujó a participar de excavaciones arqueológicas en Tierra del Fuego —allí conoció a Patricia y a Luis— y en Sierra de la Ventana.
Una carta de Patricia le informó de una inminente exhumación en La Plata. ¿Le interesaba participar?
Ocurrió al día siguiente de la declaración de Snow. El cuerpo era de Laura Carlotto, hija de la actual presidenta de Abuelas. A Darío le tocó desenterrar los miembros inferiores. Los huesos de las piernas estaban envueltos en una tela de nylon. Las medias casi intactas de Laura, que todavía podía vestir cualquier chica de piernas flexibles, fueron demasiado.
Darío se quebró y dejó la fosa.
Estela y Laura Carlotto.
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En los diez meses que Snow estuvo ausente, el Equipo funcionó de manera constante. A falta de un espacio físico donde trabajar, lo hacían en cualquier parte. En bares. En sus casas. Por entonces nadie tenía computadoras. “Había carpetas hasta en el baño y en los brazos de los sillones”, dice Patricia.
Exhumaban los fines de semana, viajando en colectivo. Darío seguía siendo empleado del Registro de la Propiedad. Alejandro Incháurregui, el otro platense que se incorporó, contaba dinero en el Hipódromo local.
Alejandro es un tipo de jovialidad y barba perennes. Ceba buen mate y me regala una poesía de Paul Celan. Abrimos una fosa en los aires, dice el poema, allí no hay estrechez. Llegó al Equipo de la mano de Morris, que lo conocía de la universidad. Recuerda su primera exhumación por motivos obvios, pero también por uno intransferible: nunca antes había sufrido jaquecas. “Desde entonces —dice—, soy un tipo jaquecoso”.
Fue en la Fiscalía donde trabaron contacto con los familiares de las víctimas. Necesitaban información pre mortem para lograr identificaciones positivas y los únicos que podían suministrarlas eran padres, tíos, hermanos…
En líneas generales, los desaparecidos habían sido secuestrados por estar políticamente organizados. Las organizaciones fueron arrasadas con ellos, lo cual impedía el acceso a marcos de referencia, información, testigos. Quedaban los familiares. Muchos de ellos ignoraban la militancia de sus hijos, o la ocultaban; preferían disimular el hecho de que habían actuado en política, quizás desde la lucha armada.
“Éramos bastante gansos preguntando”, dice Darío. “La historia de nuestros progresos es la historia de nuestros errores, primero, y después de nuestro progreso en la obtención de datos y la forma de cruzarlos”.
Ser científico no era suficiente. Debían, además, volverse detectives.
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Snow regresó a la Argentina diez meses después de su testimonio en el juicio. Dejó el trabajo de campo a los jóvenes y se concentró en las estadísticas. Quería demostrar que el grueso de los NN correspondía a desaparecidos. Identificó los cementerios cuyos NN se habían duplicado o triplicado entre el ’76 y el ’77 —el período más feroz de la represión— y señaló la caída en la edad de las víctimas. Hasta ese momento, los NN de entre 20 y 25 años de edad eran apenas el 15%, pero entre el ’76 y el ’77 se convirtieron en más de la mitad de los enterrados. Además estaba la causa de muerte. Antes de la dictadura, apenas el 5% de los NN moría por disparo de bala. Entre el ’76 y el ’77, más de la mitad habían sido asesinados a quemarropa.
Esa vez había traído en sus maletas algo más que repelentes. Tenía una oferta para sus estudiantes: una beca de la AAAS por seis meses, que les permitiría concentrarse y cobrar cada treinta días unos módicos 150 dólares.
Le dijeron que no. La beca implicaba depender de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que los soñaba abocados exclusivamente a la tarea de exhumación, vital pero insuficiente. Ellos querían saber más, hacer más.
Snow se irritó. “Nada molesta más al viejo —dice Alejandro—, que un planteo sindical”. Había otra razón de peso. Con el hipódromo, las cucarachas y la empresa de transportes, cualquiera de ellos ganaba más que 150 dólares.
Semanas más tarde, aún refunfuñando, Snow reformuló la oferta: 300 al mes. Alejandro dejó La Plata y se instaló en un departamento de Buenos Aires que pertenecía a los padres de su novia. Darío pidió licencia en el Registro de Propiedades y también abandonó la ciudad.
Horacio Verbitsky los definió entonces como “el cardumen”. Eso eran, a fin de cuentas: un grupo que lo hacía todo en conjunto y que se comunicaba telepáticamente.
Patricia y Luis ya vivían juntos.
El cardumen, por aquel entonces.
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En la madrugada del 20 de agosto del ’76, una explosión turbó los sueños de la bucólica localidad de Fátima. Cuando los vecinos se acercaron al páramo humeante, descubrieron que el estallido había perforado un pozo de 80 centímetros de profundidad y un metro de diámetro. Las formas negras y retorcidas que el primer curioso creyó metálicas eran, en realidad, cadáveres a los que un explosivo llamado trotyl dividió y quemó.
El caso llegó al Equipo a principios de 1986. La investigación judicial los llevó a citar familiares que proveyeron datos que condujeron a una única identificación, la de Marta Spagnoli de Vera, cuyo cráneo tenía tres balazos. Para empeorarlo, la madre de la víctima sufrió un ataque de nervios al ser informada y a los pocos días puso en duda el peritaje. Los restos de Marta jamás fueron reclamados por la familia.
La frustración que les produjo ese caso empañó la sensación de haber iniciado una nueva etapa. Las investigaciones de jueces y abogados, estaba claro, contenían datos erróneos. Necesitaban elaborar sus propias hipótesis sobre la identidad de las víctimas, para ampliar las posibilidades de dar en el blanco. Los juzgados no eran la única fuente de información: estaban los archivos de las organizaciones de derechos humanos, las autopsias, los registros de los cementerios.
Entonces el dinero de las becas se acabó. Snow entregó a la Subsecretaría de Derechos Humanos su trabajo estadístico sobre los NN. Pasaron semanas sin que mediase crítica, pedido o comentario alguno. Ni siquiera los recibían en el edificio oficial. La línea de Madres de Plaza de Mayo liderada por Hebe de Bonafini los repudiaba. Los forenses los odiaban también. “Éramos la última mierda del mundo”, dice Alejandro.
Snow regresó a Oklahoma para las Navidades. En la mañana del 26 de diciembre recibió una llamada de Morris. El Congreso argentino había sancionado la Ley de Punto Final, que limitaba las acusaciones contra militares y policías. En el plazo de sesenta días, aquellos que no hubiesen sido formalmente demandados quedarían libres de culpa y cargo. El 22 de febrero del ’87 era la frontera final. De allí en adelante, sólo podrían sustanciarse acusaciones sobre secuestro de menores, falsificación de documentos y sustracción de propiedad privada. Desde la helada Oklahoma, Snow tuvo humor para hacer notar que el gobierno argentino privilegiaba la propiedad a la vida de sus ciudadanos.
El panorama era desalentador. Por primera vez se ponía en negro sobre blanco aquello que la errática política de la Subsecretaría había insinuado: Alfonsín concedería lo que fuese con tal de apaciguar a los militares.
Había tan sólo dos formas de reacción posibles. Una, aconsejada por la lógica de la derrota, era bajar los brazos. Pero había otra.
Sesenta días. Tenían sesenta días.
Snow, en otra parte del mundo pero en la misma.
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“Esto es todo lo que hay”, dijo el empleado, con un gesto no carente de gracia. Bolsas negras de residuos. Más de un centenar. Llenas de huesos.
En la profundidad de la Asesoría Pericial de La Plata, Alejandro y Darío contemplaron el panorama. Dentro de esos sacos estaban los restos de 127 NN exhumados de Grand Bourg por personal poco familiarizado con las delicadezas de la arqueología. Muchas bolsas habían perdido su etiqueta. Ciertas bolsas carecían de cráneo, otras tenían dos. Los huesos no estaban numerados. Además había tierra, hongos, gusanos y arañas.
El primer signo de que podían estar en presencia de los restos de Leticia Akselman fue el cabello. Las fotos con que contaban mostraban su pelo ensortijado y abundante. El resto de las pruebas fueron igualmente auspiciosas. Se trataba de los restos de una mujer de la misma edad, peso y estatura que Leticia. Las placas dentales coincidían.
El 19 de febrero del ’87, tres días antes del plazo fijado por la Ley de Punto Final, un juez procesó al general Guillermo Suárez Mason por el asesinato de Leticia Akselman. Suárez Mason solía hablar de sí mismo como “el Señor de la Vida y de la Muerte”.
La pequeña victoria no fue subrayada por ninguna celebración. No había tiempo que perder. Se pueden hacer tantas cosas en tres días.
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Maco Somigliana es alto, oscuro, de voz y aspecto graves. Nació en Ushuaia, el mismo pueblo al que Patricia, Luis y Darío peregrinaban anualmente en busca del pasado. Su padre, funcionario judicial y dramaturgo, había ido hasta allí buscando tranquilidad para escribir una pieza. Escribió Amarillo y concibió a su hijo varón, il maschio, el macho, apodo que en los labios de su hijita mayor se transformaría en Maco.
De la mano de su padre, Maco entró a trabajar en el Poder Judicial a los 18 años. Cuando la acusación a los genocidas cayó en las faldas del fiscal Strassera, Maco fue uno de los que trabajó en ella día y noche, apilando expedientes donde fuera y durmiendo en sillones.
Maco Somigliana, 20 años después.
Enero del ’87 fue una divisoria de aguas. Agotado por la realización de un documental sobre el juicio que jamás se emitió, el padre de Maco murió súbitamente. El único homenaje que concibió su hijo fue regresar al trabajo al otro día, a compilar datos y citar testigos. El reloj galopaba su galope asesino.
Pocos días después la Ley de Punto Final arrasó con la casa. ¿Cuál era el sentido de seguir investigando, si las pruebas no podían ser utilizadas en contra de los asesinos? ¿Y cuál era el valor de la verdad, en un país donde se la separa de sus consecuencias?
Para el cardumen, detenido en aguas procelosas, la respuesta no tardó mucho. En sus flamantes oficinas, los teléfonos no dejaban de sonar. Un familiar preguntaba por la marcha del caso Fátima. Otro se presentaba y pedía saber algo. Desde el secuestro de los suyos estaba perdido en una neblina, y cada dato significaba luz. La verdad era el único faro.
En mayo, el Equipo Argentino de Antropología Forense se constituyó de forma legal, como una asociación sin fines de lucro. Sus miembros fundadores fueron Patricia Bernardi, Mimí Doretti, Luis Fondebrider, Alejandro Incháurregui, Darío Olmo y Morris Tidball.
Un sábado de junio Snow cocinó asado Texas style en su apartamento alquilado de la calle Billinghurst. Era su despedida. Cerveza, vino y pisco boliviano intentaron apagar los calores del chile. Snow recibió un poncho norteño y un diploma que lo habilitaba como miembro honorario del Equipo. Lo sostuvo con ambas manos, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas.
Ya estaba en Oklahoma cuando el Equipo recibió una cuenta inesperada de parte de la propietaria del apartamento. Con toda justicia, pretendía que se le pagase por el sofá quemado, las cortinas desgarradas y los vasos rotos que fueron el corolario de una noche inolvidable.
Darío, Alejandro, Patricia, Clyde, Mimí, Luis.
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Según las Escrituras, Moisés fue arrojado a las aguas para ser salvado de los egipcios. Lo que el oficial de Prefectura halló en el Canal San Fernando en octubre del ’76 también fue una ofrenda entregada a las aguas, pero una destinada a invertir el mensaje bíblico. Ocho tambores de petróleo. Ocho cadáveres en estado de descomposición, mezclados con cemento y arena.
Cuando Maco ingresó en el Equipo, su primer caso fue el de los fantasmas del Canal. La experiencia de la Fiscalía había hecho de él un archivo viviente de la represión. Supo que esas muertes no se debían a la Armada, porque en ese caso la Prefectura —que depende de la Marina— no hubiese denunciado el hecho. La Aeronáutica no tenía jurisdicción sobre la zona. La Policía enterraba a sus víctimas en cementerios próximos. Quedaba el Ejército, pues, como sospechoso. Pero la forma de disponer de los cadáveres era inusual. Los únicos que podían haber intentado algo así eran los responsables del campo Automotores Orletti: el general Otto Paladino y el ex militar Aníbal Gordon.
La lista de detenidos en Orletti hizo posible interpretar las fragmentarias huellas dactilares tomadas a los cadáveres. Entre los candidatos estaban Ana María del Carmen Pérez y el periodista Marcelo Gelman, hijo de Juan Gelman, uno de los más grandes poetas de América Latina.
La única forma de concretar la identificación era exhumando los cuerpos del cementerio de San Fernando. Pola Sánchez, madre de Ana María Pérez, viajó desde Tucumán para solicitar la exhumación ante la Justicia. Darío y Maco acompañaron a Pola hasta el punto del cementerio donde estaban las tumbas sin nombre. Un parche de terreno lleno de hierbas. Pola se echó sobre la tierra y se puso a llorar.
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A fines de 1989, Mimí, Morris, Alejandro y Luis viajaron a Nueva York para recibir un premio humanitario de la Fundación Reebok. La oportunidad fue ideal para encontrarse con Juan Gelman, que trabajaba allí como traductor.
Gelman los invitó a cenar. Cuando le confirmaron que uno de los cuerpos podía pertenecer a su hijo, tuvo el ánimo de mostrar un rasgo de humor. Dijo que en la Edad Media a los mensajeros de la muerte se los mataba también, recuerda Luis. Y después les sirvió pollo al horno.
Esa noche Gelman no durmió. Tumbados sobre sillones, en la duermevela que sucede al largo viaje y al vino, Alejandro, Luis y Morris fueron testigos de la minuciosa lectura que Gelman hizo del expediente.
Apenas abrió los ojos, Alejandro vio que Gelman lo contemplaba. Le ofreció un café. Con la taza humeante por delante, respondió una por una las preguntas del poeta.
Juan Gelman.
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En Buenos Aires, Maco, Darío y Patricia sorteaban un trámite aún más duro. Pola Sánchez había regresado de Tucumán para recibir la peor de las noticias.
Durante todos esos años Pola creyó que su hija había dado a luz en cautiverio y que su nieto era uno de los tantos niños a quienes las Abuelas buscaban. Tenía tantas esperanzas de encontrarlo a corto plazo, que hasta había comprado un carrito con que llevarlo a pasear.
Las pericias indicaron que Ana María había sido baleada en el vientre cuando su bebé ya estaba colocado en el canal de parto. Patricia, Darío y Maco vieron a Pola en el hotel. Las noticias sumieron a la mujer en la más profunda desesperación. El marido de Pola los increpó. Les preguntó si estaban jugando a ser Dios.
Desde las 9 de la mañana del día siguiente, Pola tuvo en su regazo la urna con los restos de su hija y del feto. La acunaba como si acunase a un bebé.
En un momento preguntó a Patricia cuál era el sexo de la criatura. Después de un breve silencio, Patricia preguntó a Pola con qué había soñado su hija. “Con una nena”, dijo Pola. “Eso era, una nena”, dijo Patricia. “Violeta”, asintió Pola. Y una vez que le hubo dado nombre, pareció más tranquila.
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La excavación tiene más de dos metros de profundidad. Se parece a las exhumaciones previas salvo en sus dimensiones: una superficie de 300 metros cuadrados, y por debajo, centenares de cuerpos trenzados en abrazo.
Mimí, con su instinto para las formas, dice que la imagen le recuerda al Guernica. Una versión ejecutada como bajorrelieve. En una zona se ve una serie de cráneos, uno por encima del otro, que pujan por salir de la tierra.
El proceso de exhumación de la fosa común de Avellaneda se prolongará durante diez años. Viajarán diariamente en un colectivo de la línea 24, dos horas de travesía, siempre cortos de fondos. En lo profundo de la fosa, y ante la familiaridad con la muerte, el humor se permitirá ser ligero. Hay quienes escuchan música en sus walkmans y quienes, como Luis, prefieren llevar una radio cuya antena es una percha de metal. Hay quienes comen chorizo allá abajo y quienes salen a por pastelitos de membrillo que venden los policías de la custodia.
Mercedes Hourquebie de Francese.
Uno de los primeros esqueletos en ser rescatados es el de una anciana, prótesis dentarias arriba y abajo. Muy pocas denuncias hablaban de víctimas con esas características, la mayor parte de los secuestrados eran jóvenes. El cruce de esos datos con la lista de víctimas los llevó hasta María Mercedes Hourquebie de Francese, de 77 años. Trabajaban sobre sus huesos cuando Snow, que había regresado a la Argentina para la exhumación en Avellaneda, recibió una llamada de Washington. Un abogado de la organización Americas Watch le preguntó si estaba al tanto del caso Suárez Mason. Prófugo de la ley, el ex comandante del Primer Cuerpo de Ejército había sido detenido en San Francisco y debía hacer frente a un pedido de extradición. El abogado preguntó si el Equipo podía aportar algo a la causa.
“Es posible”, dijo Snow. Estaba este caso tan fresco de una desaparecida de 77 años. Y conservaba el informe estadístico sobre los NN en la Argentina, que Alfonsín había archivado en el cajón de las verdades inconvenientes.
El abogado quiso saber si podía hacerse de una copia. Una semana después, un abultado sobre fue depositado en las oficinas del poco confiable correo argentino, con dirección de Washington. Por azar o por inercia el sobre inició el camino, fue a dar a una bolsa, viajó miles de kilómetros con dirección norte, fue recibido y fotocopiado y finalmente incorporado a la causa norteamericana contra Suárez Mason, contribuyendo a determinar su extradición a la Argentina.
La vida tiene sus momentos.
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Cuando se le dice que aceptar la oferta de Morris fue algo temerario —¿estudiantes exhumando fosas comunes?—, Snow lo atribuye al atroz whisky argentino. De haber bebido un dry martini como la gente, le habría dicho: “Morris, esa es la idea más tonta que he oído nunca”.
Snow, un personaje.
Morris vive hoy en Costa Rica, como director para América Latina de la organización Reforma Penal Internacional. En septiembre de 2000 se casó con una mexicana llamada Claudia. Alejandro también se casó, tuvo hijos y regresó a La Plata. Trabaja en el Registro de Personas Desaparecidas. Se sienta entre dos pilas de expedientes, una que corresponde a nacimientos y otra a defunciones. (La vida, así como Alejandro, es lo que existe entre una y otra carpeta.)
Mimí maneja la oficina del Equipo en Nueva York y viaja a las misiones que el cardumen acepta en distintos puntos del planeta. El resto sigue en las oficinas de Miserere. Se incorporaron nuevos miembros: Silvana Turner, Anahí Ginarte. Maco se casó y tiene hijos. Darío se casó con una arqueóloga y tiene gatos. Luis no se casó. Él y Patricia ya no siguen juntos, pero están juntos, codo con codo, como durante diez años en las profundidades de Avellaneda.
Los miembros del Equipo son reconocidos en el mundo entero. Han trabajado en Filipinas, en Sudáfrica, en Bosnia y Kosovo, en Haití, en la casi totalidad de América Latina: los llaman de cada país que conoce los horrores del terrorismo de Estado. Sus nombres aparecen con regularidad en los medios internacionales. Los diarios de la Argentina siguen ignorándolos.
Ninguna de las mujeres tiene hijos.
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Que Snow no conociese de la Argentina más que a Vucetich, el hombre de las huellas digitales, fue un gesto profético. Allí donde los datos pre mortem y los análisis de ADN resultaron escasos o lentos, el viejo truco de las huellas digitales comenzó a dar resultado.
Burócratas al fin, los militares registraron cada una de las muertes que causaron. La existencia de listas siempre ha sido negada, a pesar de que trozos salieron a la luz ocasionalmente. Pero el registro de las huellas digitales de los secuestrados o de sus cadáveres sobrevive aquí y allá. De la Masacre de Fátima sólo resta identificar a tres mujeres. “Creímos que los militares no tomarían huellas en la circunstancia del secuestro y de la muerte: estábamos equivocados”, dicen. El Equipo tiene hipótesis sobre la identidad de buena parte de los esqueletos de Avellaneda. Los análisis de ADN ya concluidos demostraron que estaban en el sendero correcto. Las huellas dactilares pueden acelerar el proceso. Quizás el misterio de Avellaneda sea develado en su totalidad más temprano que tarde.
Mientras tanto, en un cuarto sin ventanas del barrio de Miserere, 300 osamentas siguen esperando su oportunidad de dar testimonio.
Aún cuando cae el sol y Patricia cierra los pestillos y se pierde en el río serpeante de la avenida Rivadavia, la oficina nunca queda sola.
AUDIENCIA 115 / LOS IMPUTADOS DIJERON SUS ÚLTIMAS PALABRAS Y YA HAY FECHA DE SENTENCIA
12-05-2023 | Simone, Zalazar, Navarro, Campanille, Raganato, Cuadrado y Carmona dijeron sus palabras finales antes del fallo del tribunal. A sus declaraciones de inocencia se sumaron las referencias a valores cristianos y patrióticos. La próxima audiencia es el viernes 19 de mayo y la sentencia es el 2 de junio.
Como sucede antes del final del juicio y luego de los alegatos, los imputados comenzaron a decir sus últimas palabras antes de la sentencia. En esta jornada fueron siete quienes tuvieron la oportunidad: Simone, Zalazar, Navarro, Campanille, Raganato, Cuadrado y Carmona. Hicieron referencia a su inocencia, a su religión cristiana y a la falta de pruebas para ser condenados. Ninguno estuvo presente; hablaron mediante videollamada, casi todos, desde su casa.
Oscar Alfredo Simone
Intervino desde el Complejo Penitenciario Federal 6. Introdujo su relato con la afirmación de que no hay ninguna clase de prueba para responsabilizarlo por los hechos que se le imputan. Se refirió al Ministerio Público Fiscal como “pelotón de fusilamiento fiscal” y cargó las tintas contra el organismo: “La fiscalía ha pretendido durante todo el transcurso del juicio, desde el 2019, transformar esta sala en un patíbulo”, “me etiquetó, me hurtó la libertad, me arruinó la salud”. De hecho responsabilizó a la acusación de su artrosis generalizada.
Remarcó que, según su legajo, su ingreso al Ejército es posterior al periodo investigado, a pesar de la prueba que hay en contra. Se consideró víctima de la situación —primero mediante la persecución y luego como prisionero— “solamente por ser integrante del Destacamento de Inteligencia”. Repasó algunas declaraciones que descartó como evidencia para acusarlo y condenarlo, como la de Ricardo Puga, Nora Cadelago, Daniel Tramontana y Susana Negrette. Simone consideró que no se busca justicia sino “condenar a como dé lugar” por la “postura morbosa que persigue la fiscalía”.
Hugo Luis Zalazar
“Desde el comienzo de estos juicios nunca tuve la oportunidad de decir mi verdad”, introdujo para declararse inocente. Y aseguró estar sumergido en una gran tristeza e impotencia por los delitos que se le atribuyen, a partir de lo que consideró ensañamientos contra su persona. Habló de su vida privada, de cómo priorizó buenos consejos para su familia y para sus subalternos. Repasó su trabajo como oficial de logística y en otras funciones. “Todo esto cambió por venganza desmedida, ensuciando mi nombre y el de mi familia con acusaciones llenas de odio”, manifestó.
Nuevamente surgió la idea de que la acusación que pesa sobre él se debe a haber prestado servicios en la oficina de Inteligencia del Ejército y no por haber participado en alguna actividad represiva: “Siempre estuve tranquilo en mi accionar”, remarcó. Considera que, en realidad, está “pagando culpas ajenas” porque lleva ocho años detenido sobre la base de “discursos irracionales” y “evidencia armada”. Para concluir, se aferró a la Teoría de los dos demonios —“lamento profundamente todas las vidas que se perdieron de ambas partes”— y al discurso religioso —“ruego a dios perdone a quienes me acusan falsamente”—.
Vicente Omar Navarro Moyano
En su relato, recurrió a la imagen de la justicia: una mujer con los ojos vendados y una balanza que, aseguró, en este caso está completamente desequilibrada. Solo un platillo tiene peso porque está lleno con sus valores morales y éticos adquiridos en el magisterio y en el Colegio Militar de la Nación: amor, respeto, igualdad, honor, patriotismo. Refirió, incluso, que juró a la bandera defenderla hasta perder la vida. Sintetizó sus valores en palabras de Jesús: amar a dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
Aseguró ser un ferviente defensor de los valores democráticos y haberse opuesto al golpe militar en 1976, aunque soslayó que en Argentina no existe la pena de muerte. “No tendría que haber habido desaparecidos. El que estaba en contra del Estado tendría que haber enfrentado sus condenas. Y, si era esa condena para recibir la muerte, enterrarlo en un lugar donde los familiares pudieran ir a consolarse delante de sus tumbas”.
Por cuestiones personales durmió varias noches en el Destacamento de Inteligencia 144 y afirmó que de allí “no salían patotas”. También repasó sus años participando del conflicto armado latente con Chile por el Canal de Beagle y su colaboración con Inglaterra en la Guerra de Malvinas. Remarcó que nunca recibió ni emitió ninguna orden ilegal. Antes de terminar con sus palabras, hizo referencia al periodo en que huyó de la Justicia: “¿No presentarse es estar prófugo?”.
Guillermo Campanille
“Fui formado en un hogar cristiano donde me inculcaron valores como libertad, paz justicia, servicio y respeto hacia los demás”, comenzó. Todos esos valores, destacó, se enriquecieron cuando ingresó a las Fuerzas Armadas. Contó que participó en el conflicto por el Canal de Beagle y que es un orgulloso veterano de Malvinas. Reclamó que está imputado solamente por haber hecho un curso de inteligencia aérea, ya que “no existe prueba alguna” en su contra.
Manifestó que hoy sufre daños físicos, psicológicos y familiares por ser responsabilizado de “hechos aberrantes sobre los cuales siempre expresé mi repudio”. No comentó nada sobre el tiempo que estuvo prófugo.
Alberto Raganato
“Nunca recibí ni emití una orden ilegal”, resaltó Raganato, quien también fue detenido en el 2014. Se siente ante una imposibilidad de defenderse porque están fallecidos tanto subalternos como superiores de la época que se investiga. Aseguró que no hay prueba en su contra y que el proceso judicial le ha causado perjuicios a su familia. “Tengo la esperanza de que la justicia se cumpla como dios manda”, concluyó.
Juan Carlos Cuadrado
Desde un comienzo lamentó que la acusación no le va a dar importancia ni credibilidad a sus palabras, a pesar de que ni la fiscalía ni las querellas tienen posibilidad de intervenir en esta instancia. “Soy total y absolutamente inocente de los cargos que se me imputan. Nunca recibí ni impartí ninguna orden de índole ilegal”, remarcó. También refirió que lo cargan de responsabilidades porque sus superiores están muertos y, como jefe del Escuadrón Tropa, no tenía la autoridad que le imputan.
Sobre la época de los hechos investigados, se refirió a un país “sumergido en el caos y en la violencia”, pero después de cuarenta o cincuenta años no se pueden hacer acusaciones, solo suposiciones o conjeturas. Rechazó, escandalizado, la comparación de la dictadura militar argentina con la Alemania Nazi. “Solo dios sabe del sufrimiento que significó para mi familia”, finalizó.
Néstor Nivaldo Carmona
Como todos, Carmona recordó su detención en 2014, en manos de Gendarmería. “Me metieron a un calabozo como un delincuente común cualquiera”, reclamó. Repasó su vida en prisión, las faltas de respeto a las que fue sometido, los malos tratos cotidianos, la dificultad de su familia para visitarlo. Contó que tuvo varias operaciones por hernias y problemas de salud bucal. Aseguró que no hay prueba para acusarlo y se definió como “ferviente devoto de dios”, quien revelará “la falsedad de las acusaciones”.
Los peritos que evaluaron la salud del excapellán del Ejército Franco Reverberi Boschi -quien supervisó torturas armado y con sotana durante el terrorismo de Estado en San Rafael- concluyeron que es apto para ser extraditado y someterlo a declaración en Argentina.
El sacerdote permanece prófugo y refugiado por el Vaticano en Parma, Italia, donde hasta dio misa por streaming durante la pandemia.
“Los peritos encargados de evaluar la salud de Reverberi han presentado sus conclusiones ante el tribunal. El informe concluye que la condición de salud de Reverberi es ‘compatible’ con un traslado a la República Argentina”, señala la notificación recibida en el Juzgado Federal de San Rafael.
Asimismo, el informe detalla una serie de recomendaciones para el vuelo, a saber:
1) Limitar lo máximo posible las horas de vuelo realizando el traslado en un vuelo directo.
2) Asegurar el máximo de espacio posible durante el viaje, trasladando al requerido en clase ejecutiva/primera.
3) Proveer un dispositivo de suministración de oxígeno
Desde Italia pidieron también que “se realice las gestiones pertinentes con Interpol a fin de poder brindar a las autoridades italianas las garantías para un eventual traslado seguro del requerido”.
“Ya no es judicial el tema. Es el gobierno de Giorgia Meloni el que debe decidir si se lo traslada o no”, señaló a EXPLÍCITO Richard Ermili, de la APDH de San Rafael, quien pidió la extradición en reiteradas oportunidades desde que el cura, en pleno desarrollo del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en San Rafael, se fugó.
Si el cura es extraditado, recalcó Ermili, lo primero que debería hacerse es someterlo a una indagatoria “que es lo que quedó frustrado cuando se fugó. Declare o no declare, se podrá pedir la elevación a juicio, y es casi seguro que sería un juicio sólo por él”.
En sucesivos juicios en el sur sobrevivientes de las sesiones de torturas señalaron a Reverberi Boschi como una presencia constante en colaboración con los torturadores, y en ese derrotero la APDH intentó con diversas presentaciones judiciales que el excapellán fuera sometido a justicia.
Historia de una fuga
Reverberi se profugó a Italia -su país natal- en 2011, luego de que se iniciara en Mendoza el primer juicio por delitos de lesa humanidad en 2010, donde testigos lo ubicaron en “La Departamental”.
En el 2013, Argentina presentó el primer pedido de extradición y denunció a Reverberi por tortura, pero la Corte de Bolonia, primero (2013), y la Corte Suprema de Casación, después (2014), consideraron que la presentación “carecía de fundamento”.
El Tratado Bilateral de Extradición firmado entre Argentina y el país europeo establece que, para dar lugar al requerimiento, el delito tiene que estar reconocido en la legislación de ambos países, y en aquel momento no existía el tipo penal para la tortura en Italia.
Pero a partir de 2017, la legislación italiana incorporó la tortura a su Código Penal y en 2020 Argentina volvió a iniciar un nuevo pedido.
En 2021 también se incluyó la acusación del homicidio del militante político José Guillermo Berón junto a testimonios que precisaron haber visto a Reverberi en “La Departamental” entre el 9 de julio de 1976 y el 26 de septiembre de 1976.
Esas fechas coinciden con la detención y posterior desaparición de Berón, que fue secuestrado el 28 de agosto de 1976 y, de esa manera, consta en la causa que el sacerdote “estuvo simultáneamente en el centro clandestino de detención con una persona que luego sería desaparecida”.
Encuentro regional celebrado en el Espacio de Memoria del exdepartamento de Informaciones D2
La Mesa de Discusión Institucional y Social se reunió en Mendoza para debatir los desafíos y dificultades de los juicios por crímenes de lesa humanidad
14.04.2023 en Lesa humanidad
Participaron fiscales y equipos de fiscalías de las secciones Mendoza, San Rafael, San Juan y San Luis y miembros de organizaciones de derechos humanos, querellantes y representantes de organismos del Estado. La ejecución de la penas, la identificación de las víctimas desaparecidas, el derecho a la verdad y las convocatoria a las nuevas generaciones a presenciar los juicios orales y públicos fueron temas de la agenda.
La titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, y los fiscales generales de Mendoza y San Juan, Dante Vega y Francisco Maldonado.
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La titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, y los fiscales generales de Mendoza y San Juan, Dante Vega y Francisco Maldonado, respectivamente, se reunieron junto a sus equipos de trabajo con integrantes de organismos de derechos humanos y representantes de querellas y de agencias estatales que participan en los procesos por crímenes de lesa humanidad en el marco de la Mesa de Discusión Institucional y Social, creada por la Resolución PGN 1442/13, para debatir en torno a los desafíos y las dificultades y para formular propuestas para el avance de los procesos en la región de Cuyo.
El encuentro contó con la intervención de los auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante (Mendoza), Matías Eidem (de la Procuraduría) y Pablo Garciarena (San Rafael). La actividad continuó los encuentros regionales en los que, además de debatir sobre las problemáticas generales que atraviesa el proceso de justicia relacionado con las causas por crímenes de lesa humanidad, se abordan particularidades de carácter local. La Procuraduría destacó que esta modalidad permite una construcción colectiva de carácter federal y afianza los vínculos con los organismos de derechos humanos que intervienen local y regionalmente, a cuyos integrantes les resulta complejo participar de las Mesas Institucionales de Discusión nacionales.
La reunión celebrada este miércoles se llevó a cabo en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 de la ciudad de Mendoza, cuyas instalaciones pertenecieron al Departamento de Informaciones de la policía provincial, sede del centro clandestino de detención, tortura y extermino (CCDTyE) más importante de esa región. Estuvieron presentes representantes de las secciones judiciales de Mendoza, San Rafael, San Juan y San Luis.
La jornada se realizó con modalidad híbrida, es decir, con participaciones presenciales y virtuales. Intervinieron la Unidad de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Equipo de acompañamiento a las víctimas y testigos de Mendoza y San Rafael; el Centro Ulloa; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Mendoza, San Rafael, San Juan y San Luis; Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Mendoza; Mujeres sobrevivientes de las dictaduras por la memoria; la Asociación de expresas y presos políticos de Mendoza; el Colectivo de Juicios Mendoza; la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Mendoza; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH); el Programa Verdad y Justicia (Mendoza); la nieta restituida Claudia Domínguez Castro, por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (Mendoza); la abogada querellante Viviana Beigel; el titular de la Dirección de Derechos Humanos de San Juan, Carlos Goya Martínez Aranda; Abuelas de San Rafael y sur mendocino; Ex presos de San Rafael; representantes de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL); el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ); y familiares de las víctimas.
En el encuentro se analizó la situación de cada sección judicial, partiendo del reconocimiento de la labor de articulación entre el Ministerio Público Fiscal, las querellas y los organismos de derechos humanos como pilar de los logros alcanzados. Se puntualizaron dificultades en cuanto a la duración de los juicios así como de las audiencias y la situación derivada de las vacantes de los tribunales orales.
La Procuraduría destacó que esta modalidad permite una construcción colectiva de carácter federal y afianza los vínculos con los organismos de derechos humanos que intervienen local y regionalmente.
Asimismo, se debatieron problemáticas relacionadas con la aplicación del régimen de progresividad de la pena previsto por la ley 24.660, de ejecución penal, y el otorgamiento de prisiones domiciliarias, salidas transitorias, libertades condicionales, entre otros. En tal sentido, se puso como eje la necesidad de garantizar el estricto cumplimiento de los requisitos dispuestos por la norma, especialmente en lo que refiere la intervención de las víctimas en esta etapa del proceso, de acuerdo con lo normado en la ley 27.372.
En cuanto al control de las situaciones de salud que impiden que los imputados formen parte de los juicios por ser encontrados incapaces de afrontar el proceso penal, el MPF resaltó la efectividad de la intervención de los organismos técnicos auxiliares, como la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que, a través de reconocimientos médicos y elaboración de informes, aportan información de calidad que permite tomar decisiones ajustadas a la situación de cada individuo.
Se planteó asimismo la importancia de avanzar en las investigaciones tendientes a hallar e identificar restos de las víctimas desaparecidas, que sigue siendo una de las deudas del proceso de juzgamiento.
Por otro lado, acordaron el carácter prioritario que tiene el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido con las víctimas del terrorismo de Estado y el deber de garantizarlo que poseen estas investigaciones. En este punto, la nieta restituida Claudia Domínguez Castro, remarcó la importancia de la reconstrucción de su identidad. Destacó que muchas veces es la víctima la que tiene que hacerlo y por ello propuso que sea el Estado quien asuma esa obligación, reconstruyendo y devolviendo la historia de sus padres.
Otra propuesta fue la reactivación de la asistencia a los juicios a través de la creación de lazos de comunicación con las nuevas generaciones haciendo uso de las redes sociales para difundir e incentivar las demandas de memoria, verdad y justicia.
Finalmente, se puso de manifiesto la necesidad de exigir a las agencias estatales que den las respuestas necesarias en la medida de sus respectivas competencias para garantizar el avance de las investigaciones aún abiertas. El encuentro concluyó con un recorrido por las instalaciones del Espacio de Memoria, con el acompañamiento de un sobreviviente, quien en su relato evocó a las víctimas que no lograron sobrevivir.
Hace varias semanas hice un primer comentario de breves párrafos del tomo I de la obra La verdad los hará libres (en adelante LV y, si no se indica lo contrario, me referiré al tomo I) cuestionando algunas cosas sueltas y aclarando, además, que no lo había leído. Me detenía, después de algunos temas generales, en los casos de Carlos Mugica, Pancho Soares y Juan Isla Casares (indicando además las páginas donde estaba el tema). Mi amigo Carlos Galli, uno de los responsables de la obra, tomó a mal mi comentario (y, creo yo, de un modo personal) y escribió en mi blog, con mi autorización por cierto, una crítica a mi crítica. No estuve de acuerdo con la gran mayoría de las cosas que decía, pero decidí no publicarlo en mi blog para no transformarlo en una “espiral de violencia”, ironicé. Sólo envié mi comentario al suyo a quienes me lo solicitaron. Después tuve acceso al tomo II (que me regaló Carlos, debo aclararlo) y escribí un comentario al mismo. Debo aclarar, para finalizar este párrafo, que alguien a quien conocía de oídas y con buenas referencias me escribió comentándome mi crítica y haciéndome un aporte que asumí y del que “me hice cargo” sobre un aparente error en lo que decía de Mugica; pero ahora, leído el tomo I, debo relativizar ese “hacerme cargo”… y otra vez un espiral.
Veamos, en detalle, el tomo I. Empecemos notando que toda la obra, muy extensa, se anuncia en 3 tomos. En cierto modo podemos decir, creo no equivocarme, que el tomo I hace una presentación histórica, el II contiene los datos (acceso a los archivos) y III (todavía no apareció) se anuncia como interpretación de todo esto (tomo hermenéutico, digamos).
Señalemos, además, que, en este tomo I hay diferentes autores para las diferentes unidades: una más teológica en general (sobre la historia, sobre la Iglesia y sobre la historia de la Iglesia, capítulos 1-3) y la segunda parte –la más extensa– sobre los diferentes actores: laicos, “sacerdotes” [sic], religiosos/as, obispos (capítulos 4-13), con una especie de síntesis general (aunque no se presente como tal) sobre las tensiones internas en el episcopado y la presencia de católicos en los organismos de Derechos Humanos (capítulos 14 y 15). Casi todos los capítulos, con la excepción de los primeros 4 y el 14 son obras de dos o más autores, aunque hay a veces breves párrafos de un solo autor.
La obra señala que no es mucha la bibliografía sobre el tema. Quizás sea cierto, pero no conviene olvidar lo que, hablando sobre la literatura apocalíptica, dice una excelente biblista veterocatólica de los Estados Unidos:
“Los estudios antropológicos sobre el terrorismo de Estado en la Argentina, que están en la vanguardia de la investigación científica sobre este fenómeno de una manera más amplia, proporcionan también un recurso importante para la comprensión de la dinámica del terrorismo de Estado en el mundo antiguo”. [Anathea E. Portier-Young, Apocalipsis contra Imperio. Teologías de la resistencia en el judaísmo antiguo (col. Ágora 39) Navarra: edit. Verbo Divino 2016, 228, n. 569]
Ahora bien, si de una presentación histórica se trata (y de autores varios, además), resulta –estoy convencido– muy importante saber quién es el que escribe y desde dónde lo hace (algo, no preciso, se encuentra en página 422). En la muy buena biografía sobre Perón, Norberto Galasso lo aclara en el prólogo:
“Ante una obra como esta –y en general frente a toda obra histórica– el investigador debe tomar todos los recaudos necesarios para sustentar el mayor rigor histórico en cuanto a la veracidad de la información (…) pero debe asumir cierta óptica para la interpretación (…) no porque así lo desee sino porque no existe posibilidad alguna de una historia neutra (…) no existen historiadores vírgenes, sin ideología (…) solía decir Jauretche que había dos tipos de intelectuales: ‘los comprometidos’ (…) y los comprometidos a no comprometerse, es decir, los sometidos a la clase dominante” [N. Galasso, Perón, formación, ascenso y caída (1893-1955), tomo I, Buenos Aires: Colihue 2011, 19-20].
Por ejemplo, el capítulo 6 sobre la vida laical tiene dos autores, pero la obra se divide en dos partes, y cada uno escribe una unidad, cada uno es “su lugar”; en cambio, los capítulos 10 y 11 presentan cinco autores, cuatro religiosas y un varón, pero en ningún momento queda claro quién escribe qué parte. Sin embargo allí encontramos: “Me animo a contar mi propia experiencia en las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús” (p. 644), con lo cual es evidente que ese párrafo es de una de las perteneciente a las “Esclavas” que figuran como autoras, sin que sepamos de cuál de las dos se trata. Señalo esto porque por momentos, por ejemplo, la palabra “tercermundismo” figura como algo negativo, mientras en otras es mirada positivamente; algo semejante ocurre con la teología de la liberación o la teoría de la dependencia. Saber quién y desde dónde escribe ayuda a una lectura más honda para quienes, a su vez, leemos desde nuestro propio lugar. Reconozco que por momentos me sentía andando por “Corea del Centro”, aunque seguí el consejo que repite la maravillosa mística judía holandesa, asesinada en Auschwitz en noviembre de 1943: “Soy incapaz de no leer un libro hasta el final. Me parece una falta de respeto” [Etty Hillesum, Obras completas, Burgos: ed. Monte Carmelo 2020, 335, Diario, viernes 12 de diciembre 1941, 8 de la noche].
Es cierto que en ocasiones puede intuirse ese tal “lugar” cuando se hace referencia, por ejemplo, al “doctor Raúl Alfonsín” (p. 59), al “doctor Humberto Illia” (p. 145), al “doctor Arturo Frondizi” (p. 145) y a “Kirchner” (p. 59), en eso algo puede sospecharse. Si en lugar de “muro”, imagen usada con cierta frecuencia por el papa Francisco, se utiliza la palabra lanatiana “grieta” (pp. 59 y 194), también se puede intuir el “desde dónde”.
Pero para poner un ejemplo preciso del mismo libro, en p. 896 se transcribe de Washington Uranga este dicho: “Yo venía de trabajar en el CELAM, ser funcionario del CELAM, por esa vía estuve en Puebla, en el 79, con mi gran amigo Alfonso López Trujillo, y con Tucho Methol [Alberto Methol Ferré] Con esas personas maravillosas que Dios nos dio, pero que también nos ayudaron a forjarnos”.
Por lo que sé, eso debe leerse en clave irónica ya que la relación de Uranga con ambos fue muy mala y no tiene de ellos ningún buen recuerdo. Pero sin decir quién y desde dónde habla, la interpretación seguramente sea otra.
Y vuelvo para ello a lo que dije oportunamente de Mugica. A modo de apartado, de Carlos sólo se habla en pp. 125-128 (“Mugica: el primer presbítero asesinado”). No se dice nada sobre los autores del asesinato, pero se dedica todo un párrafo a los Montoneros y la violencia (p. 126) y nada se dice de la Triple A en toda la unidad (la lectura, tal como está, invita a pensar en aquellos como autores). Sin embargo, otros párrafos señalan como responsable a esta organización de ultraderecha (p. 336 y más claramente todavía p. 239 n.132). Sin embargo, es sumamente confuso lo dicho en p. 373: el grupo Cristianos para la Liberación “se proponía reagrupar a algunos cristianos críticos de la política montonera luego del asesinato del padre Carlos Mugica”.
Entiendo razonable, más allá de mi opinión personal, la extensión desmedida que se da a la desaparición de los jesuitas Jalics y Yorio, siendo en ese entonces Jorge Mario Bergoglio el superior provincial (pp. 606-630). Allí reconocen que la bibliografía es abundante, por lo que “seguiremos las fuentes que hemos considerado más directas, confiables y objetivas”. Siendo que en las notas recurren a Austen Ivereigh, Sergio Rubin o Aldo Duzdevich, al menos hemos de reconocer que tenemos una opinión muy diferente de la de los autores en lo que a “fuentes serias” se refiere.
El texto intenta ser detallado, pero en lo personal tenemos razones para dudar de sus conclusiones. Solo a modo de ejemplo, en p. 696 Francisco Jalics hablando del perdón afirma que guardaba en un armario documentos con la prueba del delito de sus perseguidores, e interpreta eso como que no los había perdonado “de todo corazón”, por lo cual decidió quemarlos. Difícilmente esos documentos hayan hecho alusión a alguien que no le haya dado órdenes a cumplir en obediencia, por ejemplo… Hace muchos años le escribí al cardenal Bergoglio, en representación de un grupo de curas y siendo él arzobispo de Buenos Aires, una carta en la que le decía que nosotros habíamos sido muy amigos de Orlando Yorio, y sólo conocíamos la versión que él nos había dado, que nos gustaría encontrarnos para escuchar “la otra campana”; me llamó por teléfono (la única vez en mi vida que hablé con él más que un breve saludo en dos misas) para decirme que con gusto nos juntaríamos, pero que esperáramos un tiempo “ya que estaba ocupado”. Nunca pudimos concretar el encuentro, por lo que no lo hemos escuchado. Finalmente, además, tengo una carta personal que me envió Luis Dourrón, quien me invita a seguir más cerca la “versión Yorio” de esta historia.
Otro capítulo extenso por demás son los testimonios de obispos: tres que lo eran durante la dictadura y siete que hacen referencia a aquellos momentos, aunque no eran obispos entonces. No se entiende demasiado esta extensión, aunque algunos testimonios, en lo personal, me resultan muy sensatos, otros lamentables y otros decepcionantes (p. 699-831). Debe decirse que se ve en esto la “mano” de Alcides J. P. Casaretto, no solamente autor del primero de los textos sino acompañante en la segunda (e innecesaria) entrevista a Esteban Hesayne (con la primera era suficiente; la segunda es repetitiva y “casareteana”); de hecho, luego de dar su testimonio, el obispo de Quilmes, Carlos J. Tissera, finaliza diciendo: “Gracias, monseñor Jorge Casaretto” (p. 831).
Como en el volumen 2, también aquí son excesivas las repeticiones: en algunos casos he contado que se transcribe tres veces un mismo texto (incluso en una ocasión, p. 581 y 605, esta no es exactamente igual, por lo que no es fácil saber cuál sería la veraz). También hay errores ortográficos o tipográficos en abundancia, nombres mal escritos (los más frecuentes son Mujica por Mugica y Saint Aman por Amant), incluso se cita a Juan Pablo Martín (es José Pablo, p. 52 n. 18), a Ricardo García (es Rubén, 163 n.64) y a Jonn Sobrino (es Jon, 501 n. 170). En otras ocasiones hay confusión de fechas (seguramente debidas a la memoria; es frecuente confundir por un año, por ejemplo 1975 por 1974, en el pobre testimonio de F. Maletti, p. 812) o equivocaciones en los datos: por ejemplo, a veces se afirma que los desaparecidos en la villa 1-11-14 fueron seis (pp. 402; 616) mientras en otra se hace referencia a los siete que realmente fueron (p. 596).
Hay ciertos temas que se presentan de modo incompleto, otros requerirían mayor precisión y otros son verdaderamente pobres, casi de slogan (pp. 578, 710), incluso con imágenes insólitas como aludir al conflicto con Chile como “conflicto de paz” (p. 326) y a la ESMA como un “paraíso de femicidios” (p. 577).
Hay momentos mirados anacrónicamente. Por ejemplo, la referencia a Marcos Cirio (p. 577) mereció que un amigo en común me dijera que se trata de “una definición simplificada que no expresa lo que vivían”.
Hay textos que presentan versiones diferentes entre sí: al hablar del asesinato de Pancho Soares (p. 549 n.170) se afirma que Rosa María Casariego era catequista de la comunidad, mientras que en p. 584 n.51 se desmiente que lo fuera (por lo que sé, ¡no lo era!).
Es interesante, además, que en una misma fecha (febrero de 1976, es decir un mes antes del comienzo de la dictadura) fueron asesinados los curas Pepe Tedeschi y Pancho Soares, y la CEA publicó un comunicado “sobre el asesinato de un sacerdote” (17 de febrero de 1976). Curiosamente no da el nombre del mismo, aunque es de suponer que se refiera a Pancho, ya que Pepe era marginal y estaba dejando el ejercicio del ministerio (no solo no se menciona a Pepe sino que tampoco hay, en su momento, una declaración por el asesinato de Carlos Mugica). De hecho, en la lista de asesinados eclesiásticos de esos días, presentada en p. 549 n.170, también se ignora a Pepe, a pesar de que ambos asesinatos fueron decisivos en el surgimiento del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). De paso señalo –gratamente– que al presentar en la diócesis de San Isidro el libro de P. Oeyen sobre Pancho Soares, al hablar, Casaretto dijo “cuando murió Pancho”, no pudo decir “lo mataron”; lo mismo, siendo obispo titular, había prohibido en la diócesis, que se hablara del asesinato de Angelelli, pero acá, en pp. 711 [citando el mismo hecho, cambió el verbo] y 712 respectivamente, lo afirma de ambos.
Me permito un paréntesis… Para mostrar que no fueron “tan malos”, de muchos obispos se afirma que “ayudaron a gente a salir del país”, lo cual seguramente sea cierto (en muchos casos, me consta que lo es), pero no está de más señalar que incluso monseñor Tortolo recomendó sacar a alguien del país (p. 717) y lo mismo hizo monseñor Medina (p. 851), ¡nada menos!
Pero quiero señalar un caso concreto: se afirma de Argimiro Moure, obispo de Comodoro Rivadavia, que ayudó a muchos a salir, incluso se destaca la frecuencia (seguramente real porque se repite en diversos testimonios) con que visitó presos (ciertamente políticos, pp. 798, 825-826). Incluso señala el nuncio Calabresi (VL tomo II, pp. 546. 613) que “aprovecho para enunciar (sic) la visita realizada –junto con el obispo Moure (…) al penal de Rawson”, lo que le sirve para criticar a las Madres de Plaza de Mayo (p. 546) y alabar las cualidades cristianas del ministro del Interior Saint Jean (p. 613). Hasta ahí todo iba por los carriles normales; ¿quién lo cuestionaría? Pero tengo ante mí una copia de una carta que el obispo Moure (con membrete, sello y firma) le dirige a monseñor Rudolf Rengstorf el 9 de agosto de 1977, puesto que le piden por un detenido en la cárcel, Rubén Becerra. Ya que ha recibido otras cartas idénticas concluye que “detrás de esto” está Amnesty International. Recabó información que le asegura que Becerra es un “activo y militante idóneo de los Montoneros” y un agitador sindical de Luz y Fuerza. Le aclara –al destinatario– que Montoneros y el ERP son “dos grupos marxistas que han llenado de sangre el País, matando cobardemente a mansalva”, y destaca que ni Amnesty ni los Estados Unidos han tenido en cuenta esta violación de los derechos humanos. “Personalmente opino que las viudas de los policías y los militares asesinados a traición, las madres y las novias de once soldaditos masacrados en el cuartel de Formosa mientras se duchaban merecen tanta compasión y consuelo como la concubina del Sr. Becerra”. Sigue señalando la vida personal de Becerra y la “justicia militar” que rige desde que “el actual gobierno Militar tomara el poder”. “Este es el cuadro en el que deberé moverme para tratar de ayudar al activo marxista Becerra” (…) “Seguiré tratando de hacer todo lo que esté a mi alcance: la única parte de la que me valdré será la atención religiosa, que no se le niega al que la pide”. “No he podido dar con el domicilio de su esposa (…) tengo sí el de su concubina”. Si Amnesty “dispone (…) de medios para ayudar a la familia de Becerra, le ruego que indique que se los gire al Exmo. Sr. arzobispo de Córdoba, Card. Raúl Primatesta. Y si esa institución no se fija, como confiesa, en colores de la piel, o políticos, sería bueno que también le girase recursos a la viuda y la hijita de dos años del Cap. Viola (…) o a las viudas de incontables (…) Tal vez mi respuesta le resulte un poquito dura, Excelentísimo Monseñor, pero créame que me resulta muy difícil reprimir la indignación ante esta burda, indigna, cobarde e injusta campaña contra Argentina que una institución como “Amnesty International” está realizando (…). Todo esto no obsta para que le dé seguridad de que haré todo lo que está a mi alcance –dentro de la justicia y la prudencia– por el Sr. Becerra y sobretodo (sic) por su legítima esposa y sus hijitos”.
Muchas cosas más se podrían señalar acerca de este voluminoso tomo. Pero no quiero dejar de apuntar las siguientes:
Al mencionar –al final– católicos participantes en Organismos de Derechos Humanos no se hace referencia (aunque quizás brevemente por haber sido mencionados en otras ocasiones, pero la repetición no parece ser algo que sea obstáculo en la obra) tanto a Adolfo Pérez Esquivel cuanto a Emilio F. Mignone, el verdadero “padre de los derechos humanos” en la Argentina contemporánea.
Hay ausencias que son llamativas, además, y empobrecen la obra, al menos si se pretende que sea fuente de estudio. Pero quiero señalar dos, que considero importantes:
Se extraña una seria y profunda reflexión sobre la violencia. La frase “toda violencia es mala” suena a slogan. ¿Vale esto para los ejércitos libertadores de nuestra patria? ¿Vale para santa Juana de Arco? La referencia a “violencia de arriba” y “violencia de abajo”, también de slogan, encierra algo de realidad. El importante texto de 800 presbíteros de la Argentina y otros países de América Latina para la asamblea de Medellín, con copia a Pablo VI, que fue asumido en los documentos finales (II, 16) y la 3º carta pastoral de Oscar Romero revelan que el tema no es ciertamente lineal (como lamentablemente afirma Carmelo Giaquinta, sospechando incluso firmas falsas entre las 800, p. 756). Quizás en lugar de varios textos que, al menos para muchos lectores, resultan innecesarios o superfluos, una buena reflexión sobre la violencia (obviamente ubicada en su tiempo y contexto, para evitar anacronismos que en ocasiones aquí se vislumbran) hubiera sido oportuna.
Resulta interesante, precisamente por anacrónico, entender muchas cosas que se vivían, y cómo se vivían, en los grupos militantes, tanto políticos como “cristianuchis” (o en ambos). Señalar que en la carta de Marcos Cirio que reproduce Casaretto se expresan “las motivaciones que lo movieron a relacionarse con la lucha armada” (p. 577) resulta extraño, ya que ni el fragmento allí señalado, ni el texto completo (pp. 707-708) hace referencia a arma alguna. El tema es que se afirma que:
“Una cosa es distinguir entre ser actores de violencia política o inspiradores de la misma. Los consagrados fueron pocas veces actores. Fueron más fácilmente de lo deseado inspiradores: no tanto de la violencia, sino de la radicalidad en la entrega a Jesús y su Reino, a la justicia social, al estar del lado de los pobres, a una religiosidad que fuera del pueblo y no principalmente de las élites” (p. 578)
Y entonces, frente a eso, algunos nos preguntamos si eso que entiende como “inspirador” de la violencia no se parece bastante a la fidelidad al Evangelio de Jesús.
Quiero destacar algo más: aunque en el glosario final algo se señale, me parece falso (y peligroso) identificar terrorismo/ta, guerrilla/ero y subversión/ivo… El terrorismo busca sembrar el terror, y eso, en principio, hemos de decir, que es siempre algo negativo. La guerrilla es un modo de combate, que se parece también al asumido por los Macabeos en tiempos bíblicos, o por Martín Miguel de Güemes en la independencia argentina, lo que permite sospechar que no siempre es mala. Subversión es invertir la situación, poner encima algo que está abajo, y –mirado sencillamente– probablemente pocas cosas haya más subversivas que el Evangelio del Reino. Ciertamente esto no indica ni que todas las guerrillas sean positivas, ni que todas las subversiones lo sean, pero identificar las tres como sinónimos (como hacía la dictadura, por cierto) es caer en su juego, el mismo para el que todo militante en la causa de los pobres (subversivo, por tanto) era guerrillero (sic) y, además, era terrorista. Pocos son los que en toda la obra destacan el rol que los empresarios y el modelo económico jugaron para la implantación de la dictadura (como claramente lo señala el obispo Bressanelli, p. 792) y ayuda a entender la matanza de cualquiera que “echó su suerte con los pobres de la tierra”; el tema no era la guerrilla (ya prácticamente diezmada al asumir la dictadura), sino el modelo económico; y confrontar, por ejemplo, de ese modo a la “Iglesia de los pobres”.
Finalizo señalando que sigo sin entender –precisamente por la falta de un buen análisis sobre la violencia– que el tiempo de estudio e investigación comience en 1966. No retroceder por lo menos a 1955 (o 1953… o 1930) ya es parcial. Sigo sosteniendo que la teoría de “los dos demonios” aparece en muchas partes del texto. Sigo sosteniendo que el libro parece un intento de lavar la cara episcopal (de los actuales obispos, reitero). Sigo sosteniendo que publicar esto de ninguna manera debe entenderse como una crítica a mis amigos; y hago mías las palabras de Lucio Gera, cuando comenta que antes de su famoso artículo sobre la Iglesia argentina, publicado en Uruguay, tenía buena relación con Primatesta: “Él se molestó y me dijo: «Mirá lo que hacen los amigos», como si uno al publicar las propias ideas debiera estar contemplando a los amigos” (p.459).
Uno de los artículos finales, de Guadalupe Morad (pp. 832-862), destaca la importancia que el episcopado daba a la unidad, a “no sacar los pies del plato”, pero resulta que cuando Zazpe le dice a Primatesta, a la sazón presidente de la CEA, por qué no ha puesto a Hesayne en ninguna comisión, él responde “porque no piensa como nosotros”. La comunión para ellos, parece, era esa “uniformidad” (= nosotros), tanta que, en una cena de la comisión ejecutiva con Videla, Zazpe no fue invitado por el presidente de la CEA (p. 735). Difícil comunión esa… la misma que permite (¡una vez más!) enaltecer la figura de Novak; cuenta Hesayne:
“Yo con Novak todos los meses me hacía un viaje (…) Y fui un día con esto: «che, ¿quiénes son los ortodoxos, ellos que son la mayoría, o nosotros cuatro o cinco?» El alemán con su parsimonia y bondad, muy alemán pero muy bondadoso, un hombre bueno, un hermano mayor, me dice: «Mirá, Esteban fíjate en tiempo de Arrio, la mayoría del episcopado de ese entonces era arriano, y solamente un grupito con el Papa. Nosotros tenemos el Vaticano II y el Evangelio, pero no a través de una teología cualquiera sino a la luz del Vaticano II. Quedate tranquilo, nosotros somos los ortodoxos»“ (p. 736).
Quizás sea una buena nota conclusiva la frase de Hesayne: no creo en los archivos, estos son una “síntesis, ¡no reflejan todo!” (p. 738). Y el todo es superior a la parte, al decir del Papa Francisco.
El cráneo encontrado hace unos meses en el Dique de Ullum podria pertenecer a una persona desaparecida en la última dictadura militar. Lo afirmo el Fiscal Federal de San Juan, Francisco Maldonado, en la Mesa de Discusión Institucional y Social de Cuyo que convocó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y que estuvo presidida por su titular María Angeles Ramos.
Maldonado recordó que inicialmente la pieza osea se sospechaba pertenecía a Raul Tellechea, cuyo juicio por desaparición forzada se esta llevando adelante en esos momentos en San Juan.
Si embargo, al comparar el ADN con el de los familiares dio negativo.
Pero el Equipo de Antropología Forense informó a la fiscalía que el perfil que daba el tiempo de la muerte de la época del rango de la época de la dictadura y el rango etario la edad de la persona también de una de las víctimas dictadura”.
El Maldonado que estaba acompañado por el Fiscal Dante Vega y el adjunto Daniel Rodriguez anunció que “hemos pedido por parte de la fiscalía un cotejo con el ADN de todas las víctimas que dan el perfil de las personas desaparecidas en San Juan al Banco Nacional de Datos Geneticos. estamos a la espera estamos a la espera de la respuesta a ver si podemos individualizar alguna de las víctimas de la dictadura de San Juan”.
La reunión se llevo a cabo en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos (Ex D2 de Mendoza) con la presencia de organismos de Derechos humanos, querrellantes, organizaciones sociales, agencis estatales y fiscales de la región Cuyo.
La reunión fue un espacio abierto de intercambio y discusión por fortalecer y permitir el avance del proceso de verdad y justicia en Argentina.