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Más de 50.000 personas salieron a la calle el 22 de abril de 1985. Una pancarta reclamaba: “Los desaparecidos exigimos juicio y castigo a todos los culpables”. A partir de esa tarde, la Cámara Federal porteña iba a juzgar a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares que habían usurpado el poder desde 1976, implementando un sistema de tortura, muerte y desaparición. Por el juicio –que se extendió hasta diciembre de ese año– desfilaron más de 800 testigos y se examinaron más de 700 casos, que terminaron probando que detrás de la metodología clandestina los perpetradores buscaban consagrar la impunidad de sus crímenes. El proceso terminó con las condenas a prisión perpetua de Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, las caras más reconocidas de la última dictadura, y marcó un hito imprescindible en un proceso de justicia que hizo de Argentina un ejemplo en el mundo. Un proceso de justicia que sigue en marcha y que registra 1197 condenados desde la reapertura de los juicios.

Ese mediodía, todos estaban nerviosos. Los jueces habían optado por calmar un poco la ansiedad con un almuerzo en La Emiliana, un restorán elegante que funcionaba en Avenida Corrientes al 1400, a unas pocas cuadras del Palacio de Justicia de Talcahuano 550. Hacia allá fueron los seis integrantes de la Cámara Federal: León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D’Alessio, Guillermo Ledesma, Jorge Torlasco y Jorge Valerga Aráoz. Todos se habían incorporado al tribunal de apelaciones con la llegada al gobierno de Raúl Alfonsín.

El fiscal ante la Cámara, Julio César Strassera, y su adjunto, Luis Moreno Ocampo, se habían inclinado por un barcito ubicado en Talcahuano entre Lavalle y Corrientes. Con ellos estaban los “chicos” de la fiscalía, que se habían integrado meses antes para preparar la acusación. “Fue un día memorable”, dice Moreno Ocampo. “Nunca había pasado que hubiera una multitud de manifestantes en la Plaza Lavalle. Fue la primera vez en la historia que había gente demandando justicia ante los tribunales”.

En el Palacio, la sala estaba ocupada por los 100 invitados especiales que podían ocupar los bancos. Según recuerda Pablo Llonto en El Juicio que no se vio, había unos 150 periodistas distribuidos en dos palcos. El juicio era filmado por Argentina Televisora Color (ATC), pero no se difundía en directo ni se pasaban fragmentos con sonido. La decisión obedecía a no generar tensión con las Fuerzas Armadas.

Hubo un momento de tensión cuando le pidieron a Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, que se retirara el pañuelo –emblema de su lucha. Hebe se resistió, lo que generó preocupación entre los jueces. Tuvieron que acercarse los fiscales y mediaron también otros referentes del movimiento de derechos humanos como Emilio Mignone, Augusto Conte y Adolfo Pérez Esquivel hasta que finalmente cedió.

Horas antes del inicio de la audiencia, los organismos habían distribuido un comunicado en el que le daban significación al Juicio. “Somos la memoria del sacrificio de nuestro pueblo en la lucha por la liberación, y no la obsesión de la venganza. Miramos el pasado –al cual se refiere siempre la acción de la justicia– como una fuente de advertencia. Pero el pasado constituye en este caso, al mismo tiempo, la amenaza de su repetición. Quienes han perpetrado los más graves delitos contra la vida, la integridad física y moral y la libertad de las personas no solamente proclaman que lo que hicieron fue legítimo; sostienen su derecho a hacerlo nuevamente toda vez que lo consideren necesario, y desconocen la legalidad de los tribunales de la Constitución encargados de juzgarlos”, señalaba la declaración que firmaban Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), que puede leerse en Hacer Justicia, el portal que lanzó la ONG Memoria Abierta.

Por entonces, la presión militar se palpaba en el aire. La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) les había hecho llegar una propuesta horas antes del inicio del juicio a los camaristas: los excomandantes estaban dispuestos a asumir la responsabilidad, si se levantaba el juicio. No hubo concesiones y el juicio se hizo.

“A nosotros nos amenazaban de muerte, pero nada más –dice con ironía Moreno Ocampo. Los camaristas sufrían más presiones políticas. A nosotros nos dejaban hacer lo que quisiéramos”. El fiscal adjunto, para entonces, tenía una rutina: antes de subir a su auto, se tiraba al piso para comprobar que no tuviese una bomba.

El descenso a los infiernos

–Señores de pie– se escuchó a las 15.25.

Se pusieron todos de pie menos los acusados, que no estaban. La Cámara había dispuesto que solo sería necesario que estuvieran presentes en los alegatos. Quienes asistieron al juicio ese primer día se quedaron con las ganas de ver en el banquillo de los acusados a Videla, Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo.

El primer testigo fue Ítalo Luder, expresidente provisional del Senado que ejerció la primera magistratura cuando María Estela “Isabel” Martínez de Perón estuvo de licencia. A Luder lo habían convocado para explicar los decretos de aniquilamiento que los militares invocaban para justificar su accionar criminal.

La voz de los exdetenidos-desaparecidos recién se escuchó una semana después. La primera sobreviviente de los campos de concentración en testificar fue Adriana Calvo. Física, docente universitaria, Adriana Calvo fue secuestrada de su casa cuando cursaba un embarazo avanzado. Más tarde, los grupos de tareas se llevaron a su marido, Miguel Laborde. Adriana relató cómo parió a su beba, Teresa, mientras estaba con los ojos vendados y las manos atadas en el asiento atrás de un patrullero que iba a toda velocidad desde la Comisaría 5ª de La Plata hasta el Pozo de Banfield. Cuando llegó a ese centro clandestino, el médico policial Jorge Bergés le extrajo la placenta de un solo golpe. Le dieron un balde para que limpiara y recién después pudo tener en brazos a su bebita.

–Señor presidente: ese día hice la promesa que, si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todos los días de mi vida para que se hiciera justicia– le dijo Adriana al juez Ledesma.

Nadie se atrevió a pronunciar palabra después del relato del horror que había hecho la sobreviviente del Circuito Camps. Lo mismo pasó cuando semanas más tarde declaró Iris Pereyra de Avellaneda, sobreviviente y madre de un adolescente, Floreal “Negrito” Avellaneda, que había sido torturado hasta la muerte y arrojado en un vuelo de la muerte.

Los testimonios se extendieron hasta agosto de 1985. Los últimos que se escucharon fueron los que retrataban lo que había sucedido en el Hospital Posadas, el policlínico de la zona oeste que fue ocupado militarmente después del golpe. Medio centenar de trabajadores pasaron a integrar las listas negras y fueron detenidos ilegalmente. Para fines de 1976, empezó a funcionar un centro clandestino dentro de un chalet que estaba en el predio. La enfermera Gladis Cuervo estuvo allí secuestrada, donde fue sometida a feroces tormentos y presenció lo que padecieron sus compañeros de trabajo. Gil Lavedra escribió en La hermandad de los astronautas que con la declaración de Gladis fue la última vez que lloraron en el juicio.

Osvaldo Barros es sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Él y su compañera, Susana Leiracha, fueron testigos en el juicio. “Fue un caso muy difícil por un lado y muy emocionante por otro. Desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) se hablaba mucho con la fiscalía y se ayudó con la selección de los testigos. Nosotros estamos muy agradecidos con los pibes de la fiscalía, que nos acompañaban y tranquilizaban”, recuerda.

“Mi impresión es que el juicio fue muy importante para hacer conocer al conjunto de la sociedad la magnitud de lo que había sucedido. Hasta entonces no se sabía. Estaba el informe Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), pero el juicio tuvo mucha presencia en los medios. Lo malo fueron las condenas irrisorias”, añade Barros.

Los excomandantes debieron estar en la sala cuando Strassera y Moreno Ocampo los acusaron. El final del alegato del fiscal invocando el Nunca Más despertó llanto y aplausos en el Palacio de Talcahuano. Algunos de los exintegrantes de las Juntas salieron mirando al piso; otros dedicaban improperios hacia las gradas.

El 9 de diciembre, la Cámara dio a conocer la sentencia. Solo Videla y Massera fueron condenados a prisión perpetua. Viola recibió una pena de 17 años; Lambruschini, de ocho y Agosti, de cuatro años y medio. Los demás acusados fueron absueltos. Después vinieron las leyes, los indultos y casi dos décadas de impunidad. En 2005 –casi 20 años después del Juicio a las Juntas– la Corte Suprema dio el paso necesario para reabrir las investigaciones e iluminar todos aquellos rincones del terrorismo de Estado que aún seguían en la oscuridad.

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Pablo Díaz se sentó el 9 de mayo de 1985 ante la Cámara Federal que juzgaba a los excomandantes. Era la tercera semana de audiencias del Juicio a las Juntas y él, con voz tímida, habló de uno de los horrores de la dictadura: el secuestro, la tortura y la desaparición de estudiantes secundarios.

Al momento de su secuestro, Pablo Díaz tenía 18 años y cursaba sus estudios en una técnica de La Plata a la que llamaban “La legión”. Como el resto de los pibes y de las pibas de lo que se conoció como La Noche de los lápices, pasó por el campo de Arana. Después lo trasladaron al Pozo de Banfield, donde vio por última vez con vida a María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Claudio de Acha, Daniel Racero y Francisco López Muntaner. Su periplo continuó por el Pozo de Quilmes, la comisaría tercera de Valentín Alsina y la Unidad 9 de La Plata.

Su testimonio en el Juicio a las Juntas fue recogido en el libro de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez, y fue la base para la película de Héctor Olivera. A 40 años del inicio de ese proceso judicial, Pablo Díaz dialogó con Página/12.

–¿Cómo se preparó para el Juicio?

–Íbamos a la fiscalía. Recuerdo una reunión en la que estábamos Adriana Calvo, Osvaldo Barros y Jorge Watts, y preguntamos si teníamos que mencionar a otros sobrevivientes. Luis Moreno Ocampo nos dijo que si los nombrábamos, los iban a llamar a declarar. Silencio total. Y Adriana Calvo dijo que los teníamos que nombrar. Para mí, ella era como una hermana mayor, así que la seguía. Hubo toda una discusión sobre si éramos nosotros quienes teníamos que presentar la prueba.

–El peso sobre las víctimas…

–Sí. Con Adriana, nos encontrábamos en la fiscalía y también me invitaba a una casa de Flores donde se reunía la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD). Yo me volví a casa en el micro Río de La Plata y pensaba que si no querían declarar debía ser porque tenían miedo o por algún motivo. Era una decisión difícil porque terminabas exponiendo a otros compañeros. Yo le preguntaba a Mabel Colalongo, de la fiscalía, y ella me decía que tenía que contar todo. Ella me dijo que iba a declarar ante la justicia terrenal y divina.

–¿Usted era creyente?

–No, pero en el Pozo María Claudia Ciocchini nos decía que rezáramos. Yo, en el juicio, me aferré a la idea de contar a Dios lo que había pasado en los campos. El compromiso que había asumido con ellos cuando nos separaron era dar testimonio. El Juicio, para nosotros, era cumplir con nuestros compañeros. Era también liberarnos.

–¿Qué recuerda de ese día?

– Siempre recuerdo que todos habían quedado conmovidos porque yo hacía el gesto de poner las manos atrás (como si estuviera maniatado). Es como que había vuelto al centro clandestino. No me pasa lo mismo ahora cada vez que declaro.

–¿Cómo diferencia ese juicio de los actuales?

–Hay una gran diferencia. Yo, en ese momento, sentí que entraba a la justicia. Hoy hay tres jueces. Algunos apagan la cámara, si es una audiencia virtual. Se quieren ir rápido. En el Juicio a las Juntas estaban los seis jueces que representaban a la justicia en la que yo creí –en la que me hicieron creer Julio Strassera, Moreno Ocampo y los ayudantes de la fiscalía.

–¿Se sintió apoyado por la fiscalía?

–Una vez estaba hablando con Mabel Colalongo y entra Strassera, me apoya la mano en el hombro y me dice: “Vas a hacer historia”. Moreno Ocampo decía que yo era un desprejuiciado. El único problema que se me presentó es que yo les dije que tenía que declarar y que los padres de la chica con la que estaba saliendo no sabían lo que me había pasado. Y Luis me contesta: “Peleate”. Eso hice cuando volví a La Plata. A las dos semanas, cuando la vuelvo a ver, ella me dice: “No sabés el lío que me hicieron mis padres por poner a mis hermanos en peligro por andar con vos”.

–¿Y su familia lo apoyó con la declaración?

–Cuando vuelvo a mi casa después de testimoniar, mi mamá y mi hermana vienen llorando a abrazarme. Mi mamá me dice: “Tu papá está en el escritorio”. Y cuando entro a hablar con él, me dice exactamente lo mismo: “¿Qué hiciste? Pusiste en peligro a toda la familia. ¿Lo pensaste?”. Mis padres no sabían que iba a declarar. Cuando terminó la audiencia, me volví solo. Ahora hay acompañamiento. Antes ibas a declarar solo. Cuando salgo, me cruzo con Nora Ungaro (hermana de Horacio) y le digo: “Lo nombré”. Era toda una instancia primaria.

–¿Presenció otra audiencia?

–No. Eran cosas que, si me involucraba, lloraba mucho. Pero declaramos. Por más que pusiéramos nuestras vidas en riesgo, al declarar asumíamos un compromiso que era mucho más que personal. Yo le di un valor enorme al Juicio; por eso, creo que no afectó tanto la sombra de las leyes de impunidad que siguieron

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El testimonio de Iris Pereyra de Avellaneda duró cerca de media hora, pero fue uno de los más desgarradores que se escucharon en las audiencias del Juicio a las Juntas. La mujer, que se reivindicó como militante comunista, contó cómo el 15 de abril de 1976 una patota llegó a su casa buscando a su marido. Al no encontrarlo, los secuestraron a ella y a su hijo de quince años, Floreal “Negrito” Avellaneda. Lo último que escuchó de su hijo fueron los gritos en la tortura antes de ser llevada desde la comisaría de Villa Martelli a Campo de Mayo. Desde la cárcel de Olmos, Iris escribió más de 60 cartas preguntando por el paradero de su hijo e impulsó hábeas corpus. Cuando la liberaron, salió dispuesta a meterse en Campo de Mayo para encontrar al “Negrito”. Pero, a los tres días alguien se animó y le dijo: “No lo busques más, al ‘Negrito’ ya lo mataron”. Su cuerpo había aparecido en las costas del Uruguay, con signos de haber sido brutalmente atormentado. La presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) recordó aquellos días en diálogo con Página/12.

–¿Cómo llegó a declarar en el Juicio a las Juntas?

– Empecé a declarar en 1979, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Después con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Cuando fue el Juicio a las Juntas, los compañeros me llamaron. No me negué. Al contrario, yo quería ser testigo. Quería enjuiciar a la Junta Militar.

–¿Tenía, además, una causa abierta en la justicia de San Martín por lo que pasó con el “Negrito”?

–Claro. Nuestro secuestro fue el 15 de abril de 1976. Salgo en 1978, en plena dictadura. No se podía hacer ni mover nada. Cuando yo salgo en libertad, recién al tercer día, me entero por mi cuñada de lo que había pasado con el Negrito en las costas del Uruguay. Había aparecido ahí por los vuelos de la muerte. Para mí fue un golpe tremendo. Recién en 1983, cuando vino la democracia, pudimos empezar hacer algo. El doctor Julio Viaggio, un abogado de la LADH, llevó la causa. Nos reuníamos cada semana para apuntar datos, saber qué había pasado y tener una buena estrategia.

–¿Y la relación con Uruguay?

–Allá aparecen los cuerpos. El del “Negrito” pudo ser reconocido por el tatuaje que tenía con las iniciales FA. Cuando presentamos la querella en Uruguay, los jueces se declararon incompetentes. Lo pudimos identificar por las fotos que sacó un fotógrafo conocido de Carlitos Zamorano, nuestro querido abogado de la Liga. La única prueba que tuvimos para el juicio de 2009 fueron esas fotos. (N de R: Nunca se recuperó el cuerpo del “Negrito”).

–¿Qué recuerda del día que declaró en el Juicio a las Juntas?

–Llegué al tribunal y el que me recibió de entrada fue Pablito Llonto, que era periodista de Clarín entonces. Estuvimos charlando. Yo estaba muy nerviosa. Tenía 46 años cuando fue el juicio. Era mi primera vez como testigo. Se me hacía un nudo en la garganta. El juez que me tomó la declaración me decía: “Tranquila, señora, tome un poquito de agua”. Declaré y me retiré. No me quise quedar.

–¿Con la fiscalía había tenido contacto antes?

–No, no. Pero me llegaron mucho las palabras de Julio Strassera (en el alegato) cuando dijo “Nunca Más”. Porque, era cierto, el juicio era un Nunca Más a un golpe de esta índole.

–¿Y cómo tomó la sentencia?

–La escuchamos por la tele. Fue un aliciente porque se condenaba a la Junta. Para mí fue importante este juicio. No se había hecho algo así en el exterior. El primer juicio fue así acá, en la Argentina, y eso te toca. Te da orgullo haber sido parte.

–¿Cómo sintió que fue el trato a los sobrevivientes?

–Yo nunca negué que militaba en el Partido Comunista, y menos a los jueces. A ellos les interesaba saber cómo me había enterado de que el “Negrito” había aparecido por los vuelos de la muerte.

–¿Percibió diferencias entre el Juicio a las Juntas y el que se hizo en 2009?

–Fue distinto el juicio. Fue duro porque en un momento Santiago Omar Riveros se paró y dijo que quería pedirnos disculpas. ¿Disculpas de qué? ¿Después de que mató al “Negrito”? No me cabe ningún respeto hacia esa persona. Se quería lavar las manos. Después vino la película Argentina, 1985, que aparece mi testimonio. Fue importante. Soy una de las pocas personas que aparece testificando, no personificada por actores. Me hubiese gustado que me contactaran antes para poderles explicar más sobre el “Negrito”.

–¿Cuándo empezó a militar su hijo?

–A los doce años, le dice entusiasmado al padre que se había afiliado a la “Fede” (la Federación Juvenil Comunista). Siempre iba al local de Boulogne, a veces con el padre. Él no hacía militancia en la calle. Nosotros teníamos un mimeógrafo en casa. Como militábamos, necesitábamos volantes, y él los hacía. Era un crack en eso. Desgraciadamente pagó con la vida por esta gente tan inescrupulosa de la Junta Militar. Esto fue un exterminio, y yo seguiré peleando.

El ex secretario de seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov quedó detenido esta mañana en los tribunales federales de Retiro. La detención se dio luego de que quede firme la condena en su contra por la represión del 2001. E Tribunal Oral Federal 6 resolverá el lugar donde quedará alojado hasta que se resuelva si se le concede o no el arresto domiciliario que pidió su defensa.

El Tribunal Oral Federal 6 condenó a Mathov por la represión de 2001 y lo había citado para este jueves a fin de quedar detenido luego que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la pena impuesta contra el ex funcionario.

La jueza Adriana Pallioti resolvió que “habiendo adquirido firmeza la sentencia de cuatro años y tres meses de prisión dictada en autos, y encontrándose aquélla ejecutable, cítese a Enrique José Mathov -a través de su defensa- para que se presente en el Tribunal el día jueves 19 de septiembre del corriente año a las 09:30 horas, a fin de estar a derecho y hacer efectiva la detención”, según la resolución.

La defensa del ex funcionario había pedido el arresto domiciliario en razón de que Mathov tiene más de 70 años, algo que tendrá que resolver el tribunal.

En cuanto al otro condenado, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, está de viaje en España con permiso judicial, por lo que se lo intimó a regresar al país en las próximas 72 horas para quedar detenido. En su caso, la condena es a 3 años y seis meses de prisión.

Las condenas a Mathov y Santos

Mathov fue condenado el 18 de mayo de 2021 por tres homicidios culposos y las heridas que sufrieron decenas de manifestantes en la zona de Plaza de Mayo durante la represión que precedió a la renuncia del fallecido ex presidente Fernando de la Rúa, quien resultó sobreseído en el caso.

El ex funcionario estuvo preso por esta causa 6 meses y 25 días, desde el 1 de enero de 2002 hasta el 26 de julio de 2002, cuando se lo excarceló, por lo tanto, según el cómputo de pena que hizo el tribunal, su condena se dará por cumplida el 22 de mayo de 2028.

En el caso de Santos, estuvo detenido 5 meses y 19 días en 2002, por lo cual su condena se dará por cumplida el 28 de septiembre de 2027.

El Tribunal citó a ambos luego que ayer la Corte Suprema de Justicia dejara firmes las condenas y rechazara por “inadmisibles” los recursos extraordinarios que presentaron las defensas.

Mathov y Santos quedaron condenados por la muerte de tres de los manifestantes, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, y por las heridas que la policía causó a otros 20 durante las protestas en Plaza de Mayo, en medio del estado de sitio que había decretado el gobierno de Fernando De La Rúa.