MEGACAUSA 13 / LA CRUELDAD DEL D2 SOBRE JÓVENES Y BEBÉS

AUDIENCIA 45 /

23-05-2025 | Declararon Oscar Vera y Antonia Muñoz. Él fue secuestrado en 1979 en Bariloche y trasladado al D2 de Mendoza, con un grupo de militantes jóvenes del PCML. Ella tenía quince días cuando la secuestraron con su mamá y su papá y la mantuvieron en el D2 en condiciones inhumanas y sumamente inseguras para una recién nacida. La próxima audiencia es el 6 de junio a las 9:00.

A pesar de haber sido pactada para las 8:30, la 45. a audiencia del 13.° juicio por delitos de lesa humanidad inició pasadas las 10 de la mañana. El primer testigo —Oscar Vera— declaró de manera presencial y la segunda —Antonia Muñoz— por videoconferencia. Raúl Oscar Vera se presentó a declarar ante el tribunal por el juicio que investiga su secuestro durante la última dictadura. Ya había declarado en juicio, hace más de diez años, para dar testimonio por la desaparición de su hermano —Rodolfo— en el Operativo Escoba, contra militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Además, hace meses fue testigo en una causa por delitos de lesa humanidad de Mar del Plata. Esta vez fue su turno de contar lo que él vivió.

Oscar Vera y público presente

Oscar Vera había tenido militancia estudiantil en la escuela secundaria y su familia tiene una historia atravesada por la persecución del terrorismo de Estado. Contó que su hermano Rodolfo había llegado a cuarto año de la carrera de Arquitectura en la Universidad de Mendoza, pero —producto de los seguimientos y el clima hostil— había abandonado sus estudios. En diciembre de 1977 lo secuestraron de su vivienda en Dorrego, e hicieron lo mismo con el resto de integrantes de su grupo del PCML.

Esa noche allanaron la casa familiar y los dos hermanos y sus parejas decidieron huir para protegerse. Se fueron a Buenos Aires, luego a Mar del Plata y, finalmente, el grupo terminó viviendo en Bariloche: Carlos Vera y Laura Carrión, con su bebé; Oscar Vera y su esposa, Mabel D’Amico, y Mirtha Hernández, pareja de Rodolfo.

En la localidad patagónica cada quien tenía su trabajo; Mabel, en Coca-Cola y Oscar como repartidor en un frigorífico. En 1979 —el testigo no recordó la fecha exacta—, estaba haciendo una entrega cuando cuatro hombres armados lo detuvieron a la salida de un local, lo apuntaron con armas y lo vendaron. Con suma violencia, lo tiraron al piso de la parte de atrás de un vehículo sin patente y, con las botas encima, lo trasladaron a una comisaría. Allí fue ocultado en un mueble de cocina con otra persona y, a la noche, lo llevaron a un cuartel militar. Pasó quince días en una habitación esposado a una cucheta.

Declara Oscar Vera

“Los que me fueron a buscar a mí fueron de acá de Mendoza”, aseguró el testigo. Se dio cuenta por el acento y porque los que lo interrogaban en la dependencia militar no sabían mucho de él. Recordó que en el cuartel un suboficial se “apiadó” de verlo en tan malas condiciones —le recordaba a algo que él mismo había sufrido— y le ofreció bañarse y afeitarse.  “No sé quién sos, pero esto que te están haciendo es inhumano”, le dijo. Además, lo llevó a ver a Mabel, su esposa recién embarazada, a quien habían secuestrado de su lugar de trabajo. Lo mismo habían hecho con cada integrante del grupo, incluso Carlos, Laura y su bebé.

En ese lugar lo sacaban por las noches para interrogarlo porque querían saber quién era. Lo que Oscar sospecha es que los de Mendoza lo detuvieron y lo entregaron al Ejército en Bariloche, que no sabía nada. Tras dos semanas en ese lugar, lo fueron a buscar en un avión de la gobernación y, junto con Mabel, lo trajeron a Mendoza. Con suma tristeza, contó la terrible situación que estaba atravesando internamente: “Pensé que era un desaparecido”, sollozó.

El D2, la tortura y el simulacro de fusilamiento

En Mendoza lo llevaron al D2, aunque eso lo supo después. “El paso por el D2 creo que fue lo más difícil, lo más terrible”, confesó. Estuvo quince o veinte días en un calabozo de 60 centímetros de cada lado, donde no entraba acostado, recordó, y tenía que dormir sentado. Le sacaban las esposas para comer, pero las vendas, nunca. Intentaban ir al baño cada vez que aparecía un guardia y podían pedirle. En ese momento supo que —además del grupo con el que vivía en Bariloche, incluido el bebé de Laura y Carlos— en otro calabozo estaba Irusta —uno de los chicos que conocía— también Del Monte y Verónica Roatta.

Oscar Vera declara frente al tribunal

Cuando el fiscal le preguntó si había sufrido episodios de violencia, el testigo respondió “sí” con contundencia. Relató que, un día, al D2 llegó un conocido del barrio que trabajaba con narcóticos o algo por el estilo. Le levantó la venda y, amenazante, le hizo saber que se conocían. Gómez es el apellido, afirmó el testigo. A la noche sacaron a Oscar del calabozo y lo llevaron a una sala donde lo obligaban a cantar nombres —es decir, señalar compañeros y compañeras—, mientras le pasaban un cuchillo por la panza. En un momento entró otro hombre que los retó por estar teniendo “mucha consideración”, le puso una pistola en la cabeza a Oscar y disparó. “Eso fue lo peor”, dijo el testigo entre lágrimas. El arma estaba descargada.

En los interrogatorios también le preguntaban por su hermano desaparecido y personas secuestradas en aquel operativo de diciembre de 1977. En total, entre el cuartel militar del sur y el D2, estuvo 35 días con una venda en los ojos. Tras un juicio militar, llevaron al grupo a la calle 9 de Julio. Un tribunal se declaró incompetente, lo pasaron a la Justicia Federal y, luego, al penal. Llegar a la cárcel fue un alivio porque legalizaron su detención y, además, pudo sacarse la venda. Luego de cinco o seis meses allí preso, recuperó la libertad.

Antes de terminar, y a raíz de haber dicho que a su esposa la secuestraron embarazada, la abogada de la querella Viviana Beigel le preguntó: “¿Ese hijo nació?”. “Sí, por suerte”, respondió el testigo.

Una recién nacida secuestrada en el D2

A continuación fue el turno de María Antonia Muñoz, quien prestó testimonio por videoconferencia desde Mar del Plata, donde nació y reside actualmente. La mujer nunca había declarado antes, ni en juicio ni en la etapa de instrucción. “Yo soy la primera de mis hermanos”, cuenta tras ser invitada por la fiscal Analía Quintar a relatar lo que vivió en dictadura. Nació el 25 de enero de 1976 y fue secuestrada junto con su mamá y su papá el 10 de febrero, cuando tenía tan solo quince días. Mario Muñoz e Ivonne Larrieu tenían 18 años y no eran de Mendoza, pero vivían aquí. Ella viajó a su localidad para el parto y regresó a la provincia cuyana.

María Antonia Muñoz Larrieu declara desde Mar del Plata

Según pudo reconstruir del diálogo familiar y demás personas, el secuestro fue en el marco de un operativo muy violento, donde, además de apuntar con armas, ataron al joven y a la joven, vendaron sus ojos y, junto con la bebé, los llevaron al D2. Antonia contó que había otras personas secuestradas y torturadas.

A ella la dejaron con su mamá en una habitación aislada en condiciones completamente inhumanas, durante quince o veinte días. Era una bebé recién nacida en una situación de falta de alimento, agua, higiene y, además, en un contexto donde se llevaban a su mamá para torturarla y amenazaban a su papá con torturar a la bebé si no daba nombre de sus compañeras y compañeros.

Antonia remarcó que ella tenía menos de un mes, pero que su mamá tenía apenas 18 años y también era muy joven. “Mi mamá me tenía que dar la teta, pero a ella no le daban nada”, contó. La tenían tanto tiempo parada que se dormía así e higienizaba a la pequeña con retazos de ropa que se iba arrancando, porque no tenía otra cosa. La niña lloraba constantemente: “Se escuchaba el llanto, no podía ser que nadie escuchara el llanto permanente”, enfatizó.

Después de esos días, les tomaron fotografías y un periódico las publicó. En esas condiciones, y tras una ducha indigna, la llevaron ante un juez en una situación muy ilegal también. Sin embargo, cree que fue a raíz de las fotografías que llevaron al grupo ante el juez y, después, a la penitenciaría.

 

Antonia y otras niñas y niños estuvieron en la cárcel con sus mamás hasta septiembre, momento en que se llevaron a las mujeres a la cárcel de Devoto y las y los entregaron a las familias. En el caso de la testigo, fue con la familia de Alicia Peña —otra detenida— y, luego, con su abuela, que vivía en Mar del Plata.

En la penitencíaría la situación no mejoró para Antonia. Contó que tuvo una obstrucción intestinal, la tuvieron que operar y lo hicieron en tan malas condiciones que, desde entonces, le quedaron cicatrices en los pies y en la panza por aquella intervención quirúrgica y por cómo la cosieron. Además, tiene quemaduras en la cola “porque supuestamente se abrió una bolsa de agua caliente”.

La militancia y los vínculos se construyen con amor

Su mamá fue liberada en 1979; su papá, en 1981. Ella estuvo todo ese tiempo con su abuela, que la llevaba a las visitas a pesar del terrible trastorno que significaba el viaje desde Mar del Plata. Se trasladaban a Devoto, donde estaba la madre, y a La Plata, donde estaba el padre, y la entonces niña tiene algunas imágenes de esas situaciones. Era muy costoso, en invierno hacía mucho frío y en ocasiones las hacían esperar horas. «Tengo imágenes de que me revisaban los pañales para que no entrara nada. Supongo que ese era el sentido, pero era bastante vejatorio», recordó la mujer.

Debido a la detención durante los primeros años de su vida, tuvo al principio una relación rara con su padre y su madre, a pesar de que la abuela trataba de construir y cuidar el vínculo. La niña, muchas veces, no quería ir a las visitas en las cárceles y le costaba mucho.

Las circunstancias eran muy difíciles: incluso en libertad, les costaba conseguir trabajo porque, cuando lo lograban, la policía señalaba que “habían sido terroristas” y lo perdían. Fueron años “difíciles en circunstancias de miedo, persecución y falta de recursos económicos”, pero la familia salió adelante sobre la base de la relación de amor que antes los impulsó a militar en política y, después, a reconstruir el vínculo. Salieron adelante, «pero en circunstancias que no se las deseo ni a mi peor enemigo», concluyó Antonia Muñoz su testimonio.

La próxima audiencia será el viernes 6 de junio a las 9:00. 

23-05-2025 | Declararon Oscar Vera y Antonia Muñoz. Él fue secuestrado en 1979 en Bariloche y trasladado al D2 de Mendoza, con un grupo de militantes jóvenes del PCML. Ella tenía quince días cuando la secuestraron con su mamá y su papá y la mantuvieron en el D2 en condiciones inhumanas y sumamente inseguras para una recién nacida. La próxima audiencia es el 6 de junio a las 9:00.

A pesar de haber sido pactada para las 8:30, la 45. a audiencia del 13.° juicio por delitos de lesa humanidad inició pasadas las 10 de la mañana. El primer testigo —Oscar Vera— declaró de manera presencial y la segunda —Antonia Muñoz— por videoconferencia. Raúl Oscar Vera se presentó a declarar ante el tribunal por el juicio que investiga su secuestro durante la última dictadura. Ya había declarado en juicio, hace más de diez años, para dar testimonio por la desaparición de su hermano —Rodolfo— en el Operativo Escoba, contra militantes del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Además, hace meses fue testigo en una causa por delitos de lesa humanidad de Mar del Plata. Esta vez fue su turno de contar lo que él vivió.

Oscar Vera y público presente

Oscar Vera había tenido militancia estudiantil en la escuela secundaria y su familia tiene una historia atravesada por la persecución del terrorismo de Estado. Contó que su hermano Rodolfo había llegado a cuarto año de la carrera de Arquitectura en la Universidad de Mendoza, pero —producto de los seguimientos y el clima hostil— había abandonado sus estudios. En diciembre de 1977 lo secuestraron de su vivienda en Dorrego, e hicieron lo mismo con el resto de integrantes de su grupo del PCML.

Esa noche allanaron la casa familiar y los dos hermanos y sus parejas decidieron huir para protegerse. Se fueron a Buenos Aires, luego a Mar del Plata y, finalmente, el grupo terminó viviendo en Bariloche: Carlos Vera y Laura Carrión, con su bebé; Oscar Vera y su esposa, Mabel D’Amico, y Mirtha Hernández, pareja de Rodolfo.

En la localidad patagónica cada quien tenía su trabajo; Mabel, en Coca-Cola y Oscar como repartidor en un frigorífico. En 1979 —el testigo no recordó la fecha exacta—, estaba haciendo una entrega cuando cuatro hombres armados lo detuvieron a la salida de un local, lo apuntaron con armas y lo vendaron. Con suma violencia, lo tiraron al piso de la parte de atrás de un vehículo sin patente y, con las botas encima, lo trasladaron a una comisaría. Allí fue ocultado en un mueble de cocina con otra persona y, a la noche, lo llevaron a un cuartel militar. Pasó quince días en una habitación esposado a una cucheta.

Declara Oscar Vera

“Los que me fueron a buscar a mí fueron de acá de Mendoza”, aseguró el testigo. Se dio cuenta por el acento y porque los que lo interrogaban en la dependencia militar no sabían mucho de él. Recordó que en el cuartel un suboficial se “apiadó” de verlo en tan malas condiciones —le recordaba a algo que él mismo había sufrido— y le ofreció bañarse y afeitarse.  “No sé quién sos, pero esto que te están haciendo es inhumano”, le dijo. Además, lo llevó a ver a Mabel, su esposa recién embarazada, a quien habían secuestrado de su lugar de trabajo. Lo mismo habían hecho con cada integrante del grupo, incluso Carlos, Laura y su bebé.

En ese lugar lo sacaban por las noches para interrogarlo porque querían saber quién era. Lo que Oscar sospecha es que los de Mendoza lo detuvieron y lo entregaron al Ejército en Bariloche, que no sabía nada. Tras dos semanas en ese lugar, lo fueron a buscar en un avión de la gobernación y, junto con Mabel, lo trajeron a Mendoza. Con suma tristeza, contó la terrible situación que estaba atravesando internamente: “Pensé que era un desaparecido”, sollozó.

El D2, la tortura y el simulacro de fusilamiento

En Mendoza lo llevaron al D2, aunque eso lo supo después. “El paso por el D2 creo que fue lo más difícil, lo más terrible”, confesó. Estuvo quince o veinte días en un calabozo de 60 centímetros de cada lado, donde no entraba acostado, recordó, y tenía que dormir sentado. Le sacaban las esposas para comer, pero las vendas, nunca. Intentaban ir al baño cada vez que aparecía un guardia y podían pedirle. En ese momento supo que —además del grupo con el que vivía en Bariloche, incluido el bebé de Laura y Carlos— en otro calabozo estaba Irusta —uno de los chicos que conocía— también Del Monte y Verónica Roatta.

Oscar Vera declara frente al tribunal

Cuando el fiscal le preguntó si había sufrido episodios de violencia, el testigo respondió “sí” con contundencia. Relató que, un día, al D2 llegó un conocido del barrio que trabajaba con narcóticos o algo por el estilo. Le levantó la venda y, amenazante, le hizo saber que se conocían. Gómez es el apellido, afirmó el testigo. A la noche sacaron a Oscar del calabozo y lo llevaron a una sala donde lo obligaban a cantar nombres —es decir, señalar compañeros y compañeras—, mientras le pasaban un cuchillo por la panza. En un momento entró otro hombre que los retó por estar teniendo “mucha consideración”, le puso una pistola en la cabeza a Oscar y disparó. “Eso fue lo peor”, dijo el testigo entre lágrimas. El arma estaba descargada.

En los interrogatorios también le preguntaban por su hermano desaparecido y personas secuestradas en aquel operativo de diciembre de 1977. En total, entre el cuartel militar del sur y el D2, estuvo 35 días con una venda en los ojos. Tras un juicio militar, llevaron al grupo a la calle 9 de Julio. Un tribunal se declaró incompetente, lo pasaron a la Justicia Federal y, luego, al penal. Llegar a la cárcel fue un alivio porque legalizaron su detención y, además, pudo sacarse la venda. Luego de cinco o seis meses allí preso, recuperó la libertad.

Antes de terminar, y a raíz de haber dicho que a su esposa la secuestraron embarazada, la abogada de la querella Viviana Beigel le preguntó: “¿Ese hijo nació?”. “Sí, por suerte”, respondió el testigo.

Una recién nacida secuestrada en el D2

A continuación fue el turno de María Antonia Muñoz, quien prestó testimonio por videoconferencia desde Mar del Plata, donde nació y reside actualmente. La mujer nunca había declarado antes, ni en juicio ni en la etapa de instrucción. “Yo soy la primera de mis hermanos”, cuenta tras ser invitada por la fiscal Analía Quintar a relatar lo que vivió en dictadura. Nació el 25 de enero de 1976 y fue secuestrada junto con su mamá y su papá el 10 de febrero, cuando tenía tan solo quince días. Mario Muñoz e Ivonne Larrieu tenían 18 años y no eran de Mendoza, pero vivían aquí. Ella viajó a su localidad para el parto y regresó a la provincia cuyana.

María Antonia Muñoz Larrieu declara desde Mar del Plata

Según pudo reconstruir del diálogo familiar y demás personas, el secuestro fue en el marco de un operativo muy violento, donde, además de apuntar con armas, ataron al joven y a la joven, vendaron sus ojos y, junto con la bebé, los llevaron al D2. Antonia contó que había otras personas secuestradas y torturadas.

A ella la dejaron con su mamá en una habitación aislada en condiciones completamente inhumanas, durante quince o veinte días. Era una bebé recién nacida en una situación de falta de alimento, agua, higiene y, además, en un contexto donde se llevaban a su mamá para torturarla y amenazaban a su papá con torturar a la bebé si no daba nombre de sus compañeras y compañeros.

Antonia remarcó que ella tenía menos de un mes, pero que su mamá tenía apenas 18 años y también era muy joven. “Mi mamá me tenía que dar la teta, pero a ella no le daban nada”, contó. La tenían tanto tiempo parada que se dormía así e higienizaba a la pequeña con retazos de ropa que se iba arrancando, porque no tenía otra cosa. La niña lloraba constantemente: “Se escuchaba el llanto, no podía ser que nadie escuchara el llanto permanente”, enfatizó.

Después de esos días, les tomaron fotografías y un periódico las publicó. En esas condiciones, y tras una ducha indigna, la llevaron ante un juez en una situación muy ilegal también. Sin embargo, cree que fue a raíz de las fotografías que llevaron al grupo ante el juez y, después, a la penitenciaría.

 

Antonia y otras niñas y niños estuvieron en la cárcel con sus mamás hasta septiembre, momento en que se llevaron a las mujeres a la cárcel de Devoto y las y los entregaron a las familias. En el caso de la testigo, fue con la familia de Alicia Peña —otra detenida— y, luego, con su abuela, que vivía en Mar del Plata.

En la penitencíaría la situación no mejoró para Antonia. Contó que tuvo una obstrucción intestinal, la tuvieron que operar y lo hicieron en tan malas condiciones que, desde entonces, le quedaron cicatrices en los pies y en la panza por aquella intervención quirúrgica y por cómo la cosieron. Además, tiene quemaduras en la cola “porque supuestamente se abrió una bolsa de agua caliente”.

La militancia y los vínculos se construyen con amor

Su mamá fue liberada en 1979; su papá, en 1981. Ella estuvo todo ese tiempo con su abuela, que la llevaba a las visitas a pesar del terrible trastorno que significaba el viaje desde Mar del Plata. Se trasladaban a Devoto, donde estaba la madre, y a La Plata, donde estaba el padre, y la entonces niña tiene algunas imágenes de esas situaciones. Era muy costoso, en invierno hacía mucho frío y en ocasiones las hacían esperar horas. «Tengo imágenes de que me revisaban los pañales para que no entrara nada. Supongo que ese era el sentido, pero era bastante vejatorio», recordó la mujer.

Debido a la detención durante los primeros años de su vida, tuvo al principio una relación rara con su padre y su madre, a pesar de que la abuela trataba de construir y cuidar el vínculo. La niña, muchas veces, no quería ir a las visitas en las cárceles y le costaba mucho.

Las circunstancias eran muy difíciles: incluso en libertad, les costaba conseguir trabajo porque, cuando lo lograban, la policía señalaba que “habían sido terroristas” y lo perdían. Fueron años “difíciles en circunstancias de miedo, persecución y falta de recursos económicos”, pero la familia salió adelante sobre la base de la relación de amor que antes los impulsó a militar en política y, después, a reconstruir el vínculo. Salieron adelante, «pero en circunstancias que no se las deseo ni a mi peor enemigo», concluyó Antonia Muñoz su testimonio.

La próxima audiencia será el viernes 6 de junio a las 9:00. 

LOS TORMENTOS QUE SUFRIO ABRAHAM VIDELA, SERAN JUZGADOS 50 AÑOS DESPUES DE SU SECUESTRO EN SAN JUAN POR FUERZAS MILITARES

Los delitos fueron padecidos por la víctima Abraham Cruz Videla a partir del día 19 de mayo 1975, – fecha de su detención -, hasta el día 29 de julio de 1979, -fecha en que el nombrado fue liberado-; en el marco de las actividades que el Ejército Argentino y otras fuerzas de seguridad llevaron a cabo en la denominada lucha contra la subversión.No hay ninguna descripción de la foto disponible.

AABRAHAM CRUZ VIDELA EN 19745

En el debate se analizara responsabilidad de los acusados, Eduardo Daniel Cardozo y Juan Francisco del Torchio,  en la privación ilegítima de la libertad y los tormentos de los que resultó víctima el odontólogo del gremio de los mineros Aoma, Abraham Cruz Videla, entre el 19 de mayo de 1975 -fecha de su secuestro- y el 29 de julio de 1979 -día en que recuperó la libertad- en el centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) de la localidad de Marquesado y en el penal de Chimbas.

Concretamente, serán abordados los sucesos acaecidos en el Centro Clandestino de Detención y Tortura (en adelante CCDT) que funcionó en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), sito en la localidad de Marquesado, como así también algunos de los que se sucedieron en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), ubicado en el Departamento Chimbas. Cabe destacar que Videla fue sometido a privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas y tormentos agravados.

Ahora bien, según se verá, de las constancias reunidas en cada uno de los diversos expedientes que aquí se individualizan surge con claridad que todos estos hechos delictivos se enmarcan en el terrorismo de Estado desatado durante la última dictadura militar que tuvo lugar en nuestro país, caracterizado por un plan sistemático de exterminio cuyas características son ya de dominio público. –

El juicio comenzará el 4 de julio del 2025 en el Tribunal Oral Federal en lo de San Juan, integrado por Eliana Rattá Rivas, Daniel Doffo y Hugo Echegaray. Interviene el fiscal general Francisco Maldonado.

El fiscal Maldonado puntualiza en el escrito de elevacion de esta causa que “Abraham Cruz Videla fue objeto de una persecución constante por parte de las fuerzas de seguridad con motivo de la simpatía que la víctima tenía con la agrupación “Montoneros”, adjudicándole a este el traslado de folletería que hacía alusión y propaganda a mencionada agrupación política. Con motivo de ello, es importante mencionar que, una vez efectuada la detención de Videla, el mismo fue cesanteado del Hospital de Valle Fértil y no tuvo posibilidad alguna de ser reincorporado. .

En efecto, no puede soslayarse que Videla fue objeto de una persecución ideológica por parte del aparato represor estatal que le valió en un primer término y antes de su detención, un hostigamiento constante por parte de los funcionarios de seguridad, hasta su posterior privación ilegitima de la libertad y el traslado a distintos centros de detención en los que fue objeto de tormentos a pesar de ser una persona con una grave cardiopatía, siendo liberado en julio de 1979.

Finalmente, y una vez en libertad, el nombrado no pudo recuperar su vida laboral, siendo imposibilitado de concursar diferentes cargos para ejercer su profesión como así también fue privado de estudiar la carrera de Ciencias Políticas; bajo todos estos impedimentos la víctima intentó continuar con su vida hasta el día de su fallecimiento a los pocos años, concretamente el 20 de mayo de 1982. –

En este sentido, cobra relevancia la denuncia formulada por la Sra. Analía Nora Videla ante el Ministerio Público Fiscal, en fecha 30 de noviembre de 2018 (fs. 11/12 de las actuaciones de referencia), quien puso en conocimiento los hechos del que fuera víctima su padre, Abraham Cruz Videla, durante la época del terrorismo de estado.

Los juicios de lesa humanidad son orales y públicos. Las personas mayores de 18 años pueden participar presentando su DNI, para el caso que se pida la acreditación de identidad.

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Cuarenta años del Juicio que abrió el camino a la Memoria, la Verdad y la Justicia

Un episodio clave de la historia nacional

El 22 de abril de 1985 comenzaba el debate oral contra los nueve jefes militares de la dictadura. El rol de los organismos y los sobrevivientes y la incertidumbre de los testigos.

Cuarenta años del Juicio que abrió el camino a la Memoria, la Verdad y la Justicia
Foto: AFP

El 22 de abril de 1985, la naciente democracia argentina tuvo una prueba de fuego a poco más de un año de la salida de la dictadura genocida: en un clima tenso, con la amenaza latente de las fuerzas represivas que habían llevado adelante el terrorismo de Estado, comenzó el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en el país, el Juicio a las Juntas.

El desafío no era poco: la primera transición democrática comenzaba con una investigación judicial de las violaciones a los Derechos Humanos y no había muchos antecedentes en el mundo de procesos judiciales contra dictaduras salientes.

La brutalidad de la represión desatada desde 1976, que había sido denunciada en todo el mundo, y el rechazo social hacia la dictadura, que provocó el colapso del régimen militar en 1983, permitieron a Raúl Alfonsín avanzar con su promesa de campaña de construir la naciente democracia sobre la base de la justicia por los crímenes cometidos.

Cuarenta años del Juicio que abrió el camino a la Memoria, la Verdad y la Justicia

“Había que evitar que se repitiese este ciclo histórico de la impunidad y sentar el precedente de que a partir de 1983 no se tolerarían nunca más episodios al margen de la ley. Estaba convencido de que todo proceso de transición democrática debía intentar un objetivo prioritario y excluyente: prevenir la comisión futura de violaciones a los Derechos Humanos”, explicó Alfonsín en su libro Memoria política de 2004.

Habían pasado varias décadas de los juicios de Nuremberg por los crímenes del nazismo y entre los pocos casos similares estaba el proceso que se realizó contra los militares golpistas de Grecia, que tras la recuperación de la democracia fueron juzgados y condenados en 1975.

El objetivo del gobierno, a pesar del rechazo de los organismos de Derechos Humanos, era que el proceso de justicia fuera acotado en duración y en el alcance de las responsabilidades, ya que consideraba que si se extendían en el tiempo y hacia todos los represores podría tensionar la ya frágil transición democrática.

Cuarenta años del Juicio que abrió el camino a la Memoria, la Verdad y la Justicia

La causa recayó en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal, integrada por los jueces León Arslanián, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio, luego de que la justicia militar dilatara el tratamiento. Llegó a la fiscalía de Julio Strassera hacia fines de 1984, pocos días después de que CONADEP entregara a Alfonsín su investigación sobre el accionar de la dictadura.

La organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas tuvo una participación muy activa tanto en la investigación como en las audiencias. Con la vuelta de la democracia, junto a otros organismos habían creado la Comisión técnica de recopilación de datos, que reunía las denuncias de los familiares de las víctimas. Ese trabajo previo, con testimonios y listados de responsables, había sido entregado a la CONADEP. Lo mismo hizo cuando la justicia civil tomó la Causa 13/84 contra los comandantes, a pesar de que reclamaban que fueran juzgados todos los responsables, no sólo las cabezas.

Cuarenta años del Juicio que abrió el camino a la Memoria, la Verdad y la Justicia

“Strassera pidió ayuda a los organismos justamente porque él sabía toda la colaboración que habíamos dado. Yo me caracterizaba por tener bastante memoria, entonces me pidió que lo ayudara a ver determinados casos que él había elegido, porque yo me acordaba cuando había tomado el testimonio para la comisión técnica”, recordó Graciela Lois, integrante de Familiares.
“Trabajamos en vivo y en directo con el armado de este juicio, por el que teníamos mucha expectativa. Fui algunas veces al despacho de la fiscalía, que estaba todo sobrepasado, todo el mundo trabajaba, y hasta el baño de Strassera estaba tan lleno de carpetas que no se usaba”, añadió.

El comienzo de las audiencias públicas ese 22 de abril marcó el clima que se vivía en ese momento: más de 60.000 personas caminaron desde el Congreso hasta el Palacio de Tribunales, donde la Cámara Federal iba a empezar a juzgar a Videla, Massera, Agosti, Viola y compañía. Para la marcha, los organismos confeccionaron 9800 pancartas con los nombres de los desaparecidos que se conocían en ese momento.

“Fue muy impactante, la gente nos pedía, con mucho respeto, ponerse una pancarta para llevar algún desaparecido”, señaló Lois y resaltó: “Estuvimos todo el tiempo ahí, nunca dejamos de ir. Había gente que no soportaba pero había que ir y de hecho se veía en la concurrencia”.

Durante las audiencias se escucharon más de 800 testimonios. Para quienes declararon no fue nada fácil, porque todavía había mucha incertidumbre y una fuerte presión militar. “No había ninguna garantía”, explicó Miriam Lewin, quien se presentó el 18 de julio como sobreviviente de la Fuerza Aérea y de la ESMA.

“Tuve que dejar mi trabajo por unas semanas, no dormí en mi casa por unas noches por recomendación de la fiscalía, porque el poder militar estaba muy consolidado todavía. Y en mi caso me habían abierto dos causas judiciales, en realidad una antes y otra después, para desacreditar mi testimonio. O sea, los que habíamos militado sabíamos que ir a declarar implicaba ponernos en el lugar de los acusados más que de testigos o acusadores”, explicó la escritora y periodista, quien recordó que, en ese contexto de inquietud, el entorno de la sala de juicio era “imponente”, en particular “tener los nueve pares de ojos de los integrantes de cada una de las juntas militares, entre los cuales estaban nada menos que Massera y Videla”.

Cuarenta años del Juicio que abrió el camino a la Memoria, la Verdad y la Justicia

La sentencia

El 14 de agosto finalizaron los testimonios. Las declaraciones generaron un impacto muy fuerte. Aunque no se transmitió en vivo, las imágenes eran tomadas por la televisión pública (ATC) y algunos fragmentos eran luego difundidos sin audio, pero el contenido de las atrocidades que sufrieron quienes pasaron por los centros clandestinos de detención llegaba a la sociedad a través de la prensa gráfica. Hubo dos coberturas históricas: el Diario del Juicio, que publicó editorial Perfil, y la que Sergio Ciangaglini y Martín Granovsky realizaron para el diario La Razón, y que les valió ganar el premio Rey de España de Periodismo.

“Yo creo que fue una enorme catarsis colectiva. Poca gente sabe que hasta ese momento los militares negaban que hubiera habido desaparecidos, decían que estaban en Europa, y negaban la existencia de campos de concentración y a partir de ese momento ya no fue posible. Se generó un consenso de que esto realmente había ocurrido. Las cientos de personas que fueron a declarar realmente corrieron el velo sobre el horror que había tenido lugar de manos de los represores de los integrantes de las Juntas y de sus subordinados en la Argentina”, manifestó Lewin.

El 11 de septiembre, Strassera comenzó con su alegato, en el que repasó las pruebas contra los jefes militares por crímenes contra más de 700 personas y que concluyó con su histórico pedido de “Nunca más”. Tras los alegatos de las defensas, en diciembre los jueces dictaron la sentencia de prisión perpetua para Videla y Massera, 17 años para Viola, ocho años para Lambruschini y cuatro años y medio para Agosti.

“Fue una bisagra que permitió abandonar ese escenario de impunidad que se pensaba que no se iba a lograr nunca y poder quebrar ese pacto de impunidad que había entre todos los imputados. A partir de ahí, apareció un camino nuevo, un escenario distinto”, resumió Jorge Auat, quien fue fiscal general en Chaco y titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad por casi una década.

El exfuncionario judicial resaltó la “riqueza del fallo”, con un trabajo de ingeniería judicial que consideró “señero” en el país y propuso volver a leer la sentencia de la Cámara Federal “lo que allí se dijo, todo el contenido y las pruebas que se aportaron, para enriquecer también el debate que todavía se sigue dando y que entiendo que debe seguir dándose”.

“Más allá de cualquier tipo de especulación política, porque alguna vez se pensó que con el Juicio a las Juntas se podía realmente cerrar la discusión o cerrar la herida profunda que dejó el plan criminal de la dictadura, pero bueno, como diría Hannah Arendt, los hechos se sostienen por su obstinación. Me parece que en ese sentido es importante destacar la historia que vino después y que en algún punto no dejó de mirarse por el retrovisor el juicio a las juntas. Han pasado 40 años y todavía seguimos hablando de ese juicio”, añadió.

El Juicio a las Juntas convalidó en la justicia lo que los sobrevivientes y familiares venían denunciando, que no había sido una guerra, que no había dos demonios, que el Estado había planificado la represión, y que había sido sistemática. Fue también el punto de inicio de causas en todo el país para investigar los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

Sin embargo, el movimiento que provocó en la Justicia comenzó a inquietar a quienes habían tenido participación en la represión ilegal. El gobierno intentó contener la situación con la ley de Punto Final, que acotó la persecución penal a quienes hubieran sido acusados en los dos meses siguientes a la ley. Pero esta no alcanzó y en la Semana Santa de 1987, los levantamientos de militares que comenzaban a ser citados por la justicia impulsó la sanción de la ley de Obediencia Debida. Los indultos durante el gobierno de Carlos Menem terminaron de garantizar la impunidad de los responsables durante casi 20 años. Recién en 2005 se retomaría el proceso de justicia, tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida por parte del Congreso Nacional en 2003 y la declaración de inconstitucionalidad de las mismas por la Corte Suprema dos años después. «

“cuando hay voluntad política del Poder Judicial, los juicios se pueden hacer rápido”

«Los testigos del Juicio a las Juntas se la jugaron, sin ellos no había posibilidad de juicio»

Para Pablo Llonto, el juicio a los comandantes de la dictadura “expuso que cuando hay voluntad política del Poder Judicial, los juicios se pueden hacer rápido”.

«Los testigos del Juicio a las Juntas se la jugaron, sin ellos no había posibilidad de juicio»
Por Pablo Llonto

Por: Pablo Llonto

El Juicio a las Juntas es el punto de partida principal del camino de Memoria, Verdad y Justicia, pero sobre todo de Justicia, que se ha transitado en el país y después de 40 años podemos sacar muchas conclusiones.

La importancia de los testigos es un punto que ha costado mucho instalar en estos años. Los medios hegemónicos y el establishment judicial y de historiadores han tratado de resaltar el papel de los fiscales y los jueces pero muy pocos le han dedicado el espacio que corresponde al rol que cumplieron los testigos, sobre todo los familiares y sobrevivientes de los centros clandestinos.

Ellos realmente se la jugaron en aquel momento: había que dar la cara con nombre y apellido en 1985, cuando la mayoría de los genocidas, de los autores directos de los crímenes, estaba en los cuarteles o en las comisarías, con armas y todavía con poder de desestabilizar la democracia. Recién en los últimos 10 años se tomó trascendencia y se reconoció su valor a las y los testigos. Sin testigos, no había posibilidad de juicio.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, si bien fue el peldaño inicial, no fue el único peldaño para subir en esta escalera de lograr justicia. Se necesitaron muchos peldaños mejores que aquella sentencia, que no fue buena, que tuvo aspectos positivos pero también negativos producto de que esa Cámara Federal, esos jueces, estaban mayoritariamente alineados con el pensamiento filosófico de los juristas que asesoraban a Raúl Alfonsín, que querían establecer la responsabilidad de las conducciones de la dictadura y no la responsabilidad de todo aquel que haya cometido delitos, cosa que sí se está haciendo ahora.

Estos 40 años han servido también para contar la historia de muchas partes del juicio que no se conocían y que han ido saliendo a la luz, en las que se muestra claramente que fue el empuje de los organismos de derechos humanos, de las Madres y de los familiares, lo que logró que hoy la Argentina sea el país que está juzgando y tiene la intención de juzgar hasta el último genocida cuya responsabilidad se pueda probar.

Y, por supuesto, hay que sacarle un poco de exagerado brillo a los camaristas que integraban esa Cámara Federal. Hoy vemos como uno de ellos, Jorge Valerga Aráoz, es defensor de genocidas y representa a Juan Tasselkraut, que está imputado por crímenes de lesa humanidad por el secuestro y torturas a Héctor Ratto y la desaparición forzada de Diego Núñez, ambos obreros de Mercedes Benz.

Como aspecto positivo, el Juicio dejó las condenas a perpetua de Videla y de Massera y también expuso con claridad que cuando hay voluntad política del Poder Judicial, los juicios se pueden hacer rápido. En ese juicio, las audiencias se hicieron desde el 22 de abril hasta agosto. En 5 meses se tomaron 833 testimonios de lunes a viernes, lo que demuestra que cuando el Poder Judicial quiere, puede acelerar los juicios.

Hoy estamos frente a la paradoja de que los juicios por los crímenes cometidos en la dictadura son los más lentos y la Corte Suprema y las Cámaras de cada jurisdicción no toman la decisión política de acelerar estos juicios. Hoy, con suerte, se hace una audiencia cada 15 días, a veces una vez por mes, y son pocos los tribunales que están tomando una audiencia por semana. Eso demuestra  que es el Poder Judicial el responsable del achatamiento de la velocidad de los juicios de lesa humanidad.

*Pablo Llonto es abogado querellante en juicios por crímenes de lesa humanidad y escribió el libro “El juicio que no se vió”, sobre su cobertura como periodista del juicios a los comandantes.

A 40 años del Juicio a las Juntas: cuando los señores de la muerte se sentaron en el banquillo

Un hito en el proceso de justicia por los crímenes de la dictadura

Las voces de los sobrevivientes de los campos de concentración resonaron por primera vez en los tribunales. Las calles pedían castigo a todos los culpables en línea con el reclamo del movimiento de derechos humanos, que ha mantenido durante estas décadas la misma exigencia.

Por Luciana Bertoia
. Imagen: AFP

Más de 50.000 personas salieron a la calle el 22 de abril de 1985. Una pancarta reclamaba: “Los desaparecidos exigimos juicio y castigo a todos los culpables”. A partir de esa tarde, la Cámara Federal porteña iba a juzgar a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares que habían usurpado el poder desde 1976, implementando un sistema de tortura, muerte y desaparición. Por el juicio –que se extendió hasta diciembre de ese año– desfilaron más de 800 testigos y se examinaron más de 700 casos, que terminaron probando que detrás de la metodología clandestina los perpetradores buscaban consagrar la impunidad de sus crímenes. El proceso terminó con las condenas a prisión perpetua de Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, las caras más reconocidas de la última dictadura, y marcó un hito imprescindible en un proceso de justicia que hizo de Argentina un ejemplo en el mundo. Un proceso de justicia que sigue en marcha y que registra 1197 condenados desde la reapertura de los juicios.

Ese mediodía, todos estaban nerviosos. Los jueces habían optado por calmar un poco la ansiedad con un almuerzo en La Emiliana, un restorán elegante que funcionaba en Avenida Corrientes al 1400, a unas pocas cuadras del Palacio de Justicia de Talcahuano 550. Hacia allá fueron los seis integrantes de la Cámara Federal: León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Andrés D’Alessio, Guillermo Ledesma, Jorge Torlasco y Jorge Valerga Aráoz. Todos se habían incorporado al tribunal de apelaciones con la llegada al gobierno de Raúl Alfonsín.

El fiscal ante la Cámara, Julio César Strassera, y su adjunto, Luis Moreno Ocampo, se habían inclinado por un barcito ubicado en Talcahuano entre Lavalle y Corrientes. Con ellos estaban los “chicos” de la fiscalía, que se habían integrado meses antes para preparar la acusación. “Fue un día memorable”, dice Moreno Ocampo. “Nunca había pasado que hubiera una multitud de manifestantes en la Plaza Lavalle. Fue la primera vez en la historia que había gente demandando justicia ante los tribunales”.

En el Palacio, la sala estaba ocupada por los 100 invitados especiales que podían ocupar los bancos. Según recuerda Pablo Llonto en El Juicio que no se vio, había unos 150 periodistas distribuidos en dos palcos. El juicio era filmado por Argentina Televisora Color (ATC), pero no se difundía en directo ni se pasaban fragmentos con sonido. La decisión obedecía a no generar tensión con las Fuerzas Armadas.

Hubo un momento de tensión cuando le pidieron a Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, que se retirara el pañuelo –emblema de su lucha. Hebe se resistió, lo que generó preocupación entre los jueces. Tuvieron que acercarse los fiscales y mediaron también otros referentes del movimiento de derechos humanos como Emilio Mignone, Augusto Conte y Adolfo Pérez Esquivel hasta que finalmente cedió.

Horas antes del inicio de la audiencia, los organismos habían distribuido un comunicado en el que le daban significación al Juicio. “Somos la memoria del sacrificio de nuestro pueblo en la lucha por la liberación, y no la obsesión de la venganza. Miramos el pasado –al cual se refiere siempre la acción de la justicia– como una fuente de advertencia. Pero el pasado constituye en este caso, al mismo tiempo, la amenaza de su repetición. Quienes han perpetrado los más graves delitos contra la vida, la integridad física y moral y la libertad de las personas no solamente proclaman que lo que hicieron fue legítimo; sostienen su derecho a hacerlo nuevamente toda vez que lo consideren necesario, y desconocen la legalidad de los tribunales de la Constitución encargados de juzgarlos”, señalaba la declaración que firmaban Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), que puede leerse en Hacer Justicia, el portal que lanzó la ONG Memoria Abierta.

Por entonces, la presión militar se palpaba en el aire. La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) les había hecho llegar una propuesta horas antes del inicio del juicio a los camaristas: los excomandantes estaban dispuestos a asumir la responsabilidad, si se levantaba el juicio. No hubo concesiones y el juicio se hizo.

“A nosotros nos amenazaban de muerte, pero nada más –dice con ironía Moreno Ocampo. Los camaristas sufrían más presiones políticas. A nosotros nos dejaban hacer lo que quisiéramos”. El fiscal adjunto, para entonces, tenía una rutina: antes de subir a su auto, se tiraba al piso para comprobar que no tuviese una bomba.

El descenso a los infiernos

–Señores de pie– se escuchó a las 15.25.

Se pusieron todos de pie menos los acusados, que no estaban. La Cámara había dispuesto que solo sería necesario que estuvieran presentes en los alegatos. Quienes asistieron al juicio ese primer día se quedaron con las ganas de ver en el banquillo de los acusados a Videla, Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo.

El primer testigo fue Ítalo Luder, expresidente provisional del Senado que ejerció la primera magistratura cuando María Estela “Isabel” Martínez de Perón estuvo de licencia. A Luder lo habían convocado para explicar los decretos de aniquilamiento que los militares invocaban para justificar su accionar criminal.

La voz de los exdetenidos-desaparecidos recién se escuchó una semana después. La primera sobreviviente de los campos de concentración en testificar fue Adriana Calvo. Física, docente universitaria, Adriana Calvo fue secuestrada de su casa cuando cursaba un embarazo avanzado. Más tarde, los grupos de tareas se llevaron a su marido, Miguel Laborde. Adriana relató cómo parió a su beba, Teresa, mientras estaba con los ojos vendados y las manos atadas en el asiento atrás de un patrullero que iba a toda velocidad desde la Comisaría 5ª de La Plata hasta el Pozo de Banfield. Cuando llegó a ese centro clandestino, el médico policial Jorge Bergés le extrajo la placenta de un solo golpe. Le dieron un balde para que limpiara y recién después pudo tener en brazos a su bebita.

–Señor presidente: ese día hice la promesa que, si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todos los días de mi vida para que se hiciera justicia– le dijo Adriana al juez Ledesma.

Nadie se atrevió a pronunciar palabra después del relato del horror que había hecho la sobreviviente del Circuito Camps. Lo mismo pasó cuando semanas más tarde declaró Iris Pereyra de Avellaneda, sobreviviente y madre de un adolescente, Floreal “Negrito” Avellaneda, que había sido torturado hasta la muerte y arrojado en un vuelo de la muerte.

Los testimonios se extendieron hasta agosto de 1985. Los últimos que se escucharon fueron los que retrataban lo que había sucedido en el Hospital Posadas, el policlínico de la zona oeste que fue ocupado militarmente después del golpe. Medio centenar de trabajadores pasaron a integrar las listas negras y fueron detenidos ilegalmente. Para fines de 1976, empezó a funcionar un centro clandestino dentro de un chalet que estaba en el predio. La enfermera Gladis Cuervo estuvo allí secuestrada, donde fue sometida a feroces tormentos y presenció lo que padecieron sus compañeros de trabajo. Gil Lavedra escribió en La hermandad de los astronautas que con la declaración de Gladis fue la última vez que lloraron en el juicio.

Osvaldo Barros es sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Él y su compañera, Susana Leiracha, fueron testigos en el juicio. “Fue un caso muy difícil por un lado y muy emocionante por otro. Desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) se hablaba mucho con la fiscalía y se ayudó con la selección de los testigos. Nosotros estamos muy agradecidos con los pibes de la fiscalía, que nos acompañaban y tranquilizaban”, recuerda.

“Mi impresión es que el juicio fue muy importante para hacer conocer al conjunto de la sociedad la magnitud de lo que había sucedido. Hasta entonces no se sabía. Estaba el informe Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), pero el juicio tuvo mucha presencia en los medios. Lo malo fueron las condenas irrisorias”, añade Barros.

Los excomandantes debieron estar en la sala cuando Strassera y Moreno Ocampo los acusaron. El final del alegato del fiscal invocando el Nunca Más despertó llanto y aplausos en el Palacio de Talcahuano. Algunos de los exintegrantes de las Juntas salieron mirando al piso; otros dedicaban improperios hacia las gradas.

El 9 de diciembre, la Cámara dio a conocer la sentencia. Solo Videla y Massera fueron condenados a prisión perpetua. Viola recibió una pena de 17 años; Lambruschini, de ocho y Agosti, de cuatro años y medio. Los demás acusados fueron absueltos. Después vinieron las leyes, los indultos y casi dos décadas de impunidad. En 2005 –casi 20 años después del Juicio a las Juntas– la Corte Suprema dio el paso necesario para reabrir las investigaciones e iluminar todos aquellos rincones del terrorismo de Estado que aún seguían en la oscuridad.

https://www.pagina12.com.ar/819426-a-40-anos-del-juicio-a-las-juntas-cuando-los-senores-de-la-m

“Declarar en el Juicio a las Juntas fue como liberarnos”

A 40 años del inicio del proceso contra los excomandantes

El sobreviviente de La Noche de los lápices repasa cómo preparó su declaración, los miedos de la familia y la soledad que enfrentaron los exdetenidos-desaparecidos.

Por Luciana Bertoia
. Imagen: Gentileza

Pablo Díaz se sentó el 9 de mayo de 1985 ante la Cámara Federal que juzgaba a los excomandantes. Era la tercera semana de audiencias del Juicio a las Juntas y él, con voz tímida, habló de uno de los horrores de la dictadura: el secuestro, la tortura y la desaparición de estudiantes secundarios.

Al momento de su secuestro, Pablo Díaz tenía 18 años y cursaba sus estudios en una técnica de La Plata a la que llamaban “La legión”. Como el resto de los pibes y de las pibas de lo que se conoció como La Noche de los lápices, pasó por el campo de Arana. Después lo trasladaron al Pozo de Banfield, donde vio por última vez con vida a María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Claudio de Acha, Daniel Racero y Francisco López Muntaner. Su periplo continuó por el Pozo de Quilmes, la comisaría tercera de Valentín Alsina y la Unidad 9 de La Plata.

Su testimonio en el Juicio a las Juntas fue recogido en el libro de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez, y fue la base para la película de Héctor Olivera. A 40 años del inicio de ese proceso judicial, Pablo Díaz dialogó con Página/12.

–¿Cómo se preparó para el Juicio?

–Íbamos a la fiscalía. Recuerdo una reunión en la que estábamos Adriana Calvo, Osvaldo Barros y Jorge Watts, y preguntamos si teníamos que mencionar a otros sobrevivientes. Luis Moreno Ocampo nos dijo que si los nombrábamos, los iban a llamar a declarar. Silencio total. Y Adriana Calvo dijo que los teníamos que nombrar. Para mí, ella era como una hermana mayor, así que la seguía. Hubo toda una discusión sobre si éramos nosotros quienes teníamos que presentar la prueba.

El peso sobre las víctimas…

–Sí. Con Adriana, nos encontrábamos en la fiscalía y también me invitaba a una casa de Flores donde se reunía la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD). Yo me volví a casa en el micro Río de La Plata y pensaba que si no querían declarar debía ser porque tenían miedo o por algún motivo. Era una decisión difícil porque terminabas exponiendo a otros compañeros. Yo le preguntaba a Mabel Colalongo, de la fiscalía, y ella me decía que tenía que contar todo. Ella me dijo que iba a declarar ante la justicia terrenal y divina.

–¿Usted era creyente?

–No, pero en el Pozo María Claudia Ciocchini nos decía que rezáramos. Yo, en el juicio, me aferré a la idea de contar a Dios lo que había pasado en los campos. El compromiso que había asumido con ellos cuando nos separaron era dar testimonio. El Juicio, para nosotros, era cumplir con nuestros compañeros. Era también liberarnos.

–¿Qué recuerda de ese día?

– Siempre recuerdo que todos habían quedado conmovidos porque yo hacía el gesto de poner las manos atrás (como si estuviera maniatado). Es como que había vuelto al centro clandestino. No me pasa lo mismo ahora cada vez que declaro.

–¿Cómo diferencia ese juicio de los actuales?

–Hay una gran diferencia. Yo, en ese momento, sentí que entraba a la justicia. Hoy hay tres jueces. Algunos apagan la cámara, si es una audiencia virtual. Se quieren ir rápido. En el Juicio a las Juntas estaban los seis jueces que representaban a la justicia en la que yo creí –en la que me hicieron creer Julio Strassera, Moreno Ocampo y los ayudantes de la fiscalía.

–¿Se sintió apoyado por la fiscalía?

–Una vez estaba hablando con Mabel Colalongo y entra Strassera, me apoya la mano en el hombro y me dice: “Vas a hacer historia”. Moreno Ocampo decía que yo era un desprejuiciado. El único problema que se me presentó es que yo les dije que tenía que declarar y que los padres de la chica con la que estaba saliendo no sabían lo que me había pasado. Y Luis me contesta: “Peleate”. Eso hice cuando volví a La Plata. A las dos semanas, cuando la vuelvo a ver, ella me dice: “No sabés el lío que me hicieron mis padres por poner a mis hermanos en peligro por andar con vos”.

–¿Y su familia lo apoyó con la declaración?

–Cuando vuelvo a mi casa después de testimoniar, mi mamá y mi hermana vienen llorando a abrazarme. Mi mamá me dice: “Tu papá está en el escritorio”. Y cuando entro a hablar con él, me dice exactamente lo mismo: “¿Qué hiciste? Pusiste en peligro a toda la familia. ¿Lo pensaste?”. Mis padres no sabían que iba a declarar. Cuando terminó la audiencia, me volví solo. Ahora hay acompañamiento. Antes ibas a declarar solo. Cuando salgo, me cruzo con Nora Ungaro (hermana de Horacio) y le digo: “Lo nombré”. Era toda una instancia primaria.

–¿Presenció otra audiencia?

–No. Eran cosas que, si me involucraba, lloraba mucho. Pero declaramos. Por más que pusiéramos nuestras vidas en riesgo, al declarar asumíamos un compromiso que era mucho más que personal. Yo le di un valor enorme al Juicio; por eso, creo que no afectó tanto la sombra de las leyes de impunidad que siguieron

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Iris Avellaneda: “Sentí orgullo al haber participado del Juicio a las Juntas”

A 40 años del inicio del proceso contra los jerarcas de la dictadura

Fue secuestrada el 15 de abril de 1976 junto a su hijo de quince años, Floreal “Negrito” Avellaneda. Fue liberada recién en 1978. A los tres días se enteró de que el chico había aparecido muerto en las costas de Uruguay. “Fue un exterminio, y seguiré peleando”, dice en diálogo con Página/12.

Por Luciana Bertoia
. Imagen: Archivo

El testimonio de Iris Pereyra de Avellaneda duró cerca de media hora, pero fue uno de los más desgarradores que se escucharon en las audiencias del Juicio a las Juntas. La mujer, que se reivindicó como militante comunista, contó cómo el 15 de abril de 1976 una patota llegó a su casa buscando a su marido. Al no encontrarlo, los secuestraron a ella y a su hijo de quince años, Floreal “Negrito” Avellaneda. Lo último que escuchó de su hijo fueron los gritos en la tortura antes de ser llevada desde la comisaría de Villa Martelli a Campo de Mayo. Desde la cárcel de Olmos, Iris escribió más de 60 cartas preguntando por el paradero de su hijo e impulsó hábeas corpus. Cuando la liberaron, salió dispuesta a meterse en Campo de Mayo para encontrar al “Negrito”. Pero, a los tres días alguien se animó y le dijo: “No lo busques más, al ‘Negrito’ ya lo mataron”. Su cuerpo había aparecido en las costas del Uruguay, con signos de haber sido brutalmente atormentado. La presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) recordó aquellos días en diálogo con Página/12.

–¿Cómo llegó a declarar en el Juicio a las Juntas?

– Empecé a declarar en 1979, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Después con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Cuando fue el Juicio a las Juntas, los compañeros me llamaron. No me negué. Al contrario, yo quería ser testigo. Quería enjuiciar a la Junta Militar.

–¿Tenía, además, una causa abierta en la justicia de San Martín por lo que pasó con el “Negrito”?

–Claro. Nuestro secuestro fue el 15 de abril de 1976. Salgo en 1978, en plena dictadura. No se podía hacer ni mover nada. Cuando yo salgo en libertad, recién al tercer día, me entero por mi cuñada de lo que había pasado con el Negrito en las costas del Uruguay. Había aparecido ahí por los vuelos de la muerte. Para mí fue un golpe tremendo. Recién en 1983, cuando vino la democracia, pudimos empezar hacer algo. El doctor Julio Viaggio, un abogado de la LADH, llevó la causa. Nos reuníamos cada semana para apuntar datos, saber qué había pasado y tener una buena estrategia.

–¿Y la relación con Uruguay?

–Allá aparecen los cuerpos. El del “Negrito” pudo ser reconocido por el tatuaje que tenía con las iniciales FA. Cuando presentamos la querella en Uruguay, los jueces se declararon incompetentes. Lo pudimos identificar por las fotos que sacó un fotógrafo conocido de Carlitos Zamorano, nuestro querido abogado de la Liga. La única prueba que tuvimos para el juicio de 2009 fueron esas fotos. (N de R: Nunca se recuperó el cuerpo del “Negrito”).

–¿Qué recuerda del día que declaró en el Juicio a las Juntas?

–Llegué al tribunal y el que me recibió de entrada fue Pablito Llonto, que era periodista de Clarín entonces. Estuvimos charlando. Yo estaba muy nerviosa. Tenía 46 años cuando fue el juicio. Era mi primera vez como testigo. Se me hacía un nudo en la garganta. El juez que me tomó la declaración me decía: “Tranquila, señora, tome un poquito de agua”. Declaré y me retiré. No me quise quedar.

–¿Con la fiscalía había tenido contacto antes?

–No, no. Pero me llegaron mucho las palabras de Julio Strassera (en el alegato) cuando dijo “Nunca Más”. Porque, era cierto, el juicio era un Nunca Más a un golpe de esta índole.

–¿Y cómo tomó la sentencia?

–La escuchamos por la tele. Fue un aliciente porque se condenaba a la Junta. Para mí fue importante este juicio. No se había hecho algo así en el exterior. El primer juicio fue así acá, en la Argentina, y eso te toca. Te da orgullo haber sido parte.

–¿Cómo sintió que fue el trato a los sobrevivientes?

–Yo nunca negué que militaba en el Partido Comunista, y menos a los jueces. A ellos les interesaba saber cómo me había enterado de que el “Negrito” había aparecido por los vuelos de la muerte.

–¿Percibió diferencias entre el Juicio a las Juntas y el que se hizo en 2009?

–Fue distinto el juicio. Fue duro porque en un momento Santiago Omar Riveros se paró y dijo que quería pedirnos disculpas. ¿Disculpas de qué? ¿Después de que mató al “Negrito”? No me cabe ningún respeto hacia esa persona. Se quería lavar las manos. Después vino la película Argentina, 1985, que aparece mi testimonio. Fue importante. Soy una de las pocas personas que aparece testificando, no personificada por actores. Me hubiese gustado que me contactaran antes para poderles explicar más sobre el “Negrito”.

–¿Cuándo empezó a militar su hijo?

–A los doce años, le dice entusiasmado al padre que se había afiliado a la “Fede” (la Federación Juvenil Comunista). Siempre iba al local de Boulogne, a veces con el padre. Él no hacía militancia en la calle. Nosotros teníamos un mimeógrafo en casa. Como militábamos, necesitábamos volantes, y él los hacía. Era un crack en eso. Desgraciadamente pagó con la vida por esta gente tan inescrupulosa de la Junta Militar. Esto fue un exterminio, y yo seguiré peleando.

Después del Juicio a las Juntas, nadie puede discutir que hubo un plan criminal de la dictadura

A 40 años del inicio del proceso a los excomandantes
Ricardo Gil Lavedra: “Después del Juicio a las Juntas, nadie puede discutir que hubo un plan criminal de la dictadura “
Entrevista con uno de los integrantes de la Cámara Federal que condenó a Videla y Massera. Las presiones de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia para frenar el juicio y la necesidad de darles justicia a las víctimas.
Por Luciana Bertoia
20 de abril de 2025 – 05:41
. Imagen: NA
Seis camaristas juzgaron en 1985 a quienes habían comandado a las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1982, sembrando de muerte el territorio argentino. Ricardo Gil Lavedra es uno de los integrantes de aquel tribunal. Tiene, además, otra particularidad: se dio la tarea de contar el Juicio a las Juntas por dentro a través del libro que publicó meses atrás, La hermandad de los astronautas. Por entonces, el juez Jorge Torlasco sostenía que los integrantes de la Cámara Federal porteña, que acababa de conformar Raúl Alfonsín, se movían como en una cápsula espacial: aislados y tratando de llegar a destino. Para León Carlos Arslanian, Andrés D’Alessio, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz, Torlasco y Gil Lavedra, llegar a destino implicaba poder dictar sentencia contra Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, entre otros.
En la víspera de que se cumplan 40 años del inicio aquel juicio que se volvió emblema a nivel nacional e internacional, Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), dialogó con Página/12 acerca de aquellos días de 1985.
–¿Siente que cambió la percepción del Juicio a las Juntas, que quienes entonces decían que con éste se ponía en riesgo la democracia ahora lo describen como una piedra basal de la democracia?
–El Juicio a las Juntas y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) permitieron abrazar a la democracia con los derechos humanos, el imperio de la ley y el estado de derecho. Esto me parece que ayudó mucho a consolidar la cultura democrática.
–También cambió las prácticas judiciales porque entonces no había juicios orales…
– Sí, en aquel momento regía el código de Obarrio del final del siglo XIX, que era un procedimiento con claras notas de inquisitivo. Tanto la instrucción como el plenario lo llevaba un juez: un juez de instrucción primero, luego un juez de sentencia y de modo escrito.
–¿Hubo en los meses de audiencias algún testimonio que lo haya conmovido particularmente?
– Es difícil, me parece, distinguir a una sola persona porque me conmovieron muchísimas.Tenga en cuenta que era gente que había padecido cosas inhumanas, torturas salvajes y venía a exponerlas en público, con lo cual yo quisiera también destacar la valentía que tuvieron todos los testigos cuando aún la democracia no estaba asegurada y los autores de esos crímenes terribles estaban en libertad. Hay que resaltar la entereza de ir a relatar su padecimiento frente a un tribunal de modo público.
–¿Cómo recuerda el lobby de las organizaciones pro-militares como Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS)?
–Sinceramente no recuerdo mucho el activismo de las organizaciones de este tipo. Hubo, claro, declaraciones públicas y probablemente también la publicación de alguna solicitada, pero me parece que la tensión de ese momento era la posibilidad de llevar adelante un juicio que las Fuerzas Armadas soportaban pero no estaban de acuerdo. Tenga en cuenta que un jefe del Estado Mayor del propio presidente democrático Raúl Alfonsín pedía amnistía. Todo el mundo pedía también: la Iglesia y los medios de comunicación. Hubo incluso una cosa que parece grotesca, pero el financiamiento de las defensas del juicio lo hicieron las Fuerzas Armadas. Eran todos estudios de primera línea que obviamente los acusados no estaban en condiciones de solventar. Eso salió de las propias Fuerzas Armadas y sus gastos reservados.
–Usted en el libro relata que el jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) fue a decirle a Carlos Arslanian que los comandantes estaban dispuestos a asumir su responsabilidad si no se continuaba con sus subordinados…
– Es así. Que ellos asumían su responsabilidad y que obviamente no hiciéramos el juicio.
–¿Cómo recepcionó el gobierno el punto 30 de la sentencia, que ordenaba seguir investigando porque ponía, de algún modo, en tensión la política de juzgamiento del alfonsinismo?
– Yo creo que mal porque había una expectativa de que la sentencia diera alguna expresión, algo que permitiera sostener que éste iba a ser el único juicio o que los oficiales inferiores habían actuado bajo el imperio de órdenes que no podían resistir. Pero, por cierto, no era algo que se pudiera hacer porque la práctica es que cuando en el transcurso de un juicio aparece la comisión de otro delito, el juez está obligado a sacar testimonio y ordenar que se investigue. En este caso, que eran centenares y centenares de hechos que los teníamos frente a nuestros ojos, por supuesto que tenía que investigarse la responsabilidad de los autores directos. Con esto quiero decir que no fue un punto de discusión dentro de la Cámara. Naturalmente incluimos ese aspecto.
–Hay otro hecho bastante conocido, que es la decisión de ustedes, después de la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, de sacar del país la prueba del juicio. ¿Creen que fue una decisión atinada?
–Era la prueba de la audiencia. Como es un juicio oral, el documento de la realización de la audiciencia es la filmación. Temíamos lo que fuera a pasar. Hay que tener en cuenta que Alfonsín sufrió tres alzamientos militares, pidiendo la amnistía. Por eso nos decidimos y aceptamos un ofrecimiento que por intermedio del profesor (Bernardo) Beiderman nos hizo llegar a un Instituto Internacional de Derecho Penal y Criminología que tiene sede en Oslo, Noruega. Sacamos una copia de la audiencia medio subrepticiamente porque ya no estábamos en el tribunal y la llevamos en nuestras valijas con los pañuelos y las medias ahí metidos. Dejamos la sentencia y, para nuestra sorpresa, el recibimiento que nos hicieron en Oslo fue impresionante. Fuimos agasajados tanto por la Corte Suprema, por la Asociación de Abogados y por el Parlamento. La ceremonia en la que entregamos los casetes fue muy pomposa.
– Es que no existía una experiencia como la argentina de juzgar a los máximos responsables de las Fuerzas Armadas por un tribunal nacional tan poco tiempo después…
–No, claro, fue un proceso inédito.
–¿Y cómo ve el proceso de justicia actual después de la reapertura de las causas?
–Yo soy de la idea de que esas heridas tan profundas que ha producido el terrorismo de Estado, esos crímenes tan terribles como los que padeció la sociedad argentina, solo pueden cerrarse con justicia. Es decir, a mí me pareció bien que se reabrieran los juicios. Por supuesto que hay mucha polémica, porque se aplicaron reglas de derecho internacional y se dijo que esto no podría reabrirse porque se estaban aplicando retroactivamente normas.Yo creo que esto ha ayudado a tratar de cicatrizar estas heridas. Por eso ese modelo de comisión de la verdad y de enjuiciamiento de la Argentina luego llegó a todas partes del mundo.
–¿Qué le pasa cuando parte de la dirigencia actual dice que lo que se ha contado durante los últimos 40 años de la Argentina es mentira, una fabricación de las Madres, las Abuelas y la izquierda?
–No dicen que es una mentira. Lo que se dice es que se ha ocultado o se le ha restado importancia a los crímenes cometidos por las organizaciones armadas. Pero nadie discute lo que pasó. Es decir, que acá hubo un plan criminal consistente en secuestrar, en torturar, en violar sistemáticamente a las mujeres, apropiarse de los bienes, apropiarse de los chicos y asesinar en secreto. Eso no está bajo discusión. Es uno de los grandes aportes que ha hecho el juicio. Lo que se reclama es por los crímenes cometidos durante la década del 70, que por cierto han ocurrido y nadie los niega.
–¿Y en ese caso usted considera que todavía se los puede juzgar o que eran delitos comunes y que prescribieron?
– También es un punto muy polémico. Si constituye o no un delito de lesa humanidad, si es imprescindible una presencia estatal para que esto lo sea, es un punto discutido aún en el derecho internacional. Hasta el presente nuestra Corte Suprema ha dicho que no. En el caso Lariz Iriondo, que es la extradición de un miembro de la ETA, nuestra Corte Suprema dijo que los delitos de terrorismo prescribían. Pero, por cierto, yo creo que más allá de la reapertura, que sería simbólica, casi todos los autores de esos delitos han sido asesinados o han muerto. O algunos de estos casos que ya han sido también juzgados, yo creo que lo que se pretende es una suerte de reparación simbólica o económica.
–Cuarenta años después, ¿usted piensa que la sociedad argentina podría haber aguantado la transmisión en directo de las audiencias del Juicio a las Juntas?
– Es contrafáctico. Yo creo que hubiera sido sin lugar a dudas muy impactante, porque si lo fue nada más que con el periodismo gráfico y con imágenes sin sonido que se transmitían por televisión a la noche. No sé si hubieran permitido una transmisión en directo porque las restricciones que hubo en la comunicación, soy absolutamente sincero, fueron tomadas para tratar de no exacerbar el malestar militar. Esa es la razón. Y aparte porque aún así yo no creo que hubieran permitido nunca una televisión en directo para tratar también de salvaguardar ciertas solemnidades que tenía que tener el proceso.
https://www.pagina12.com.ar/819423-ricardo-gil-lavedra-nadie-puede-discutir-que-hubo-un-plan-cr

QUIEN ES AGUSTIN LAJE ARIGONI

 

El video oficial del 24 de marzo es muy interesante, más allá de la discusión acerca de si su autor cobró 50.000 dólares por hacerlo o fue un aporte ad honorem. El expositor es Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro, que se encarga de recaudar fondos para las necesidades electorales del gobierno. Nacido en 1989, se presenta como parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. Los violentos años ’70 le llegaron como ejercicio de memoria. Los alumnos del siglo XXI fueron adoctrinados en un relato maniqueo y reduccionista. “Algo no me cerraba, me parecía que al relato le faltaban partes, que a la historia que me estaban vendiendo estaba sesgada e incompleta. Por eso, a mis 15 años decidí comenzar a investigar por mi propia cuenta. Accedí a numerosa bibliografía, recorrí hemerotecas y me entrevisté con protagonistas de la época y así pude conocer mejor nuestro pasado”. Es decir, un joven virgen de cualquier preconcepto, que desconfió de la versión que le transmitían sus profesores y se dedicó a investigar por su cuenta. Su conclusión es que las Fuerzas Armadas respondieron a una agresión terrorista en el contexto de la guerra fría. No niega los hechos, los justifica. Hasta el amigo presidencial Alejandro Fantino lo refutó: “No me interesa si en el secundario te daban bien o te daban mal la historia. Yo estuve en el Liceo Militar, dos años, entonces la historia me la contaban de otra manera como no te la contaban a vos”.

Laje, al centro, con Novelli, uno de los investigados por la criptoestafa $Libra.

La biografía real

Esta biografía es tan atractiva como falsa. Agustín Laje Arigoni, como firmaba antes de ingresar a la galaxia libertaria es, en realidad, sobrino nieto de uno de los militares condenados por Crímenes de Lesa Humanidad. Se trata del coronel Raúl Fierro, hermano de su abuela, quien fue detenido en 2008.

Como coronel organizó para Luciano Benjamín Menéndez el denominado proceso de recuperación de los pocos sobrevivientes que el Cuerpo III decidió dejar con vida. Una de esas sobrevivientes, Liliana Geuna, contó en la “Megacausa Menéndez III (La Perla – Campo de la Ribera – D2)” que los llamaban Muertos que Caminan y a cada uno le asignaban un número.

Ella y otras víctimas estaban lavando autos y el represor Ricardo “Fogo” Lardone les dijo que no podía soportar el olor de una goma quemada porque le recordaba a los fusilamientos. “Que los fusilaban así: esposados atrás y que algunos que tenían miedo, como el torturador Raúl Fierro, les hacían atar también las piernas. Que tiraban alquitrán y les prendían fuego. Dijo: ‘Tengo el olor en la nariz y la visión de los cuerpos que cuando se queman, empiezan a moverse’”. Geuna entonces levantó sus brazos ante el Tribunal y los movió como los de un muñeco desarticulado. Luego los bajó y se quedó en silencio.

Otra testigo, Valentina Enet, contó que buscando a su hermano secuestrado su padre consiguió una cita con Fierro. En su oficina del Tercer Cuerpo, Fierro recibió una llamada del cardenal Francisco Primatesta y los dejó solos. “Yo me tiré sobre el vidrio de su escritorio porque debajo tenía muchas fotos. Casi todas con puntitos rojos como de sangre y marcas con lapicera. Una, la más grande, me llamó la atención: no tenía cabeza”. Fierro regresó en forma tan súbita como se había ido. Con una sonrisa dijo: “Ah, veo que estuviste mirando mi álbum de recuerdos… Pero a ése no lo vas a reconocer. Es Vaca Narvaja. Eso les pasa a los padres de los subversivos que buscan a sus hijos”. Su historia fue consignada en el  El Diario del Juicio, editado en Córdoba por las asociaciones de Familiares e Hijos.

 

 

Fragmento extraído de la muestra de represores del Espacio de Memoria La Perla.

El catedrático Miguel Hugo Vaca Narvaja fue un dirigente de la Unión Cívica Radical y el último ministro del Interior del presidente Arturo Frondizi, luego de cuyo derrocamiento presidió la UCRI. Lo secuestraron de su domicilio dos semanas antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y su cabeza fue hallada en una bolsa de nylon en Alta Córdoba. Su hijo homónimo, abogado, había sido detenido el 20 de noviembre de 1975 al salir de los Tribunales Federales, donde defendía a presos políticos. Fue torturado en el Departamento de Informaciones D2 de la Policía de la Provincia y alojado en la Unidad Penitenciaria Nº1 (UP1) de Córdoba. El 12 de agosto de 1976 fue extraído de allí para un supuesto traslado, junto con los hermanos Eduardo y Gustavo de Brueil. Vaca Narvaja y Gustavo fueron asesinados durante el trayecto, y Eduardo obligado a presenciar la ejecución, con el recado de contarlo a los demás presos para infundirles terror. El nieto homónimo fue colaborador de María Elba Martínez en denuncias por violaciones a los derechos humanos y hoy es el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Sara Solarz de Osatinsky declaró en el juicio que en represalia por la fuga de su esposo de la base aeronaval de Rawson, Menéndez, Fierro, El Nabo Ernesto Barreiro y Héctor Pedro Vergez, se propusieron “borrar nuestro apellido de la faz de la tierra”. Mientras estaba detenida, Vergez la visitó en la ESMA, para narrarle en sádico detalle cómo habían asesinado a sus hijos de 19 y 15 años.

Laje no tiene responsabilidad alguna en hechos que sucedieron antes de su nacimiento y le asiste el derecho a fijar su posición sobre cualquier tema, pero no a ocultar datos tan significativos de su propia biografía para hacerse pasar por un observador imparcial que estudia los hechos por amor a la verdad. Esa pretensión también contradice sus numerosas tomas públicas de posición sobre hechos del presente: llama cerdo a Maradona, tipo a Florencia de la V, hijas de puta que enseñaron a sus hijos a matar a las Madres de Plaza de Mayo e insta a las fuerzas de inseguridad a apuntar bien al disparar balas de goma o cartuchos de gases lacrimógenos.