Luego de que quedara firme la condena en su contraYa está detenido Enrique Mathov, uno de los responsables de la represión del 2001
El ex secretario de seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov quedó detenido esta mañana en los tribunales federales de Retiro.La detención se dio luego de que quede firme la condena en su contra por la represión del 2001. E Tribunal Oral Federal 6 resolverá el lugar donde quedará alojado hasta que se resuelva si se le concede o no el arresto domiciliario que pidió su defensa.
El Tribunal Oral Federal 6 condenó a Mathov por la represión de 2001 y lo había citado para este jueves a fin de quedar detenido luego que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la pena impuesta contra el ex funcionario.
La jueza Adriana Pallioti resolvió que “habiendo adquirido firmeza la sentencia de cuatro años y tres meses de prisión dictada en autos, y encontrándose aquélla ejecutable, cítese a Enrique José Mathov -a través de su defensa- para que se presente en el Tribunal el día jueves 19 de septiembre del corriente año a las 09:30 horas, a fin de estar a derecho y hacer efectiva la detención”, según la resolución.
La defensa del ex funcionario había pedido el arresto domiciliario en razón de que Mathov tiene más de 70 años, algo que tendrá que resolver el tribunal.
En cuanto al otro condenado, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, está de viaje en España con permiso judicial, por lo que se lo intimó a regresar al país en las próximas 72 horas para quedar detenido. En su caso, la condena es a 3 años y seis meses de prisión.
Las condenas a Mathov y Santos
Mathov fue condenado el 18 de mayo de 2021 por tres homicidios culposos y las heridas que sufrieron decenas de manifestantes en la zona de Plaza de Mayo durante la represión que precedió a la renuncia del fallecido ex presidente Fernando de la Rúa, quien resultó sobreseído en el caso.
El ex funcionario estuvo preso por esta causa 6 meses y 25 días, desde el 1 de enero de 2002 hasta el 26 de julio de 2002, cuando se lo excarceló, por lo tanto, según el cómputo de pena que hizo el tribunal, su condena se dará por cumplida el 22 de mayo de 2028.
En el caso de Santos, estuvo detenido 5 meses y 19 días en 2002, por lo cual su condena se dará por cumplida el 28 de septiembre de 2027.
El Tribunal citó a ambos luego que ayer la Corte Suprema de Justicia dejara firmes las condenas y rechazara por “inadmisibles” los recursos extraordinarios que presentaron las defensas.
Mathov y Santos quedaron condenados por la muerte de tres de los manifestantes, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, y por las heridas que la policía causó a otros 20 durante las protestas en Plaza de Mayo, en medio del estado de sitio que había decretado el gobierno de Fernando De La Rúa.
Carlos Luis Malatto, miembro de la plana mayor del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 de la provincia de San Juan durante la última dictadura (1976-1983), huyó del país en 2011 cuando estaba cerca de ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Un año antes la Cámara Federal de Mendoza decidió liberarlo a él y a todos los imputados por delitos de lesa humanidad de la provincia. Malatto no dejó pasar la oportunidad y escapó del país, primero a Chile y luego, aprovechando su doble ciudadanía ítalo-argentina, a la ciudad de Roma. Reportaje de la Radio red Medios al investigador Carlos Ureta
Desaparecidos – Durante la audiencia preliminar en Piazzale Clodio, el ex gerarca Malatto pidió ser juzgado por el tribunal militar italiano. Está acusado de ocho asesinatos. “Estaba siguiendo órdenes”
La próxima audiencia preliminar se realizará el 4 de noviembre contra Carlos Malatto, ciudadano italiano y ex teniente coronel del ejército argentino, acusado de asesinato por la muerte de ocho personas en San Juan, Argentina, a finales de los años 1970 durante la dictadura cívico-militar de Videla.
Durante la última audiencia que tuvo lugar en Roma en el tribunal de Piazzale Clodio el 9 de septiembre, los defensores de los exmilitares formalizaron ante el GUP la solicitud de que su asistencia sea juzgada por la justicia militar italiana
En realidad, el acusado afirmó que actuó como militar, “ejecutando órdenes”, durante una “guerra” contra grupos de oposición y guerrilla como los Montoneros, Tupamaros y el Ejército Revolucionario del Pueblo.
Según el fiscal de Roma es una reconstrucción sin fundamento ya que Malatto sería responsable de crímenes de naturaleza “política” y no militares. Tan cierto, no mataron soldados.
The Gup se ha reservado para decidir el 4 de noviembre. Si se descarta la opción de un juicio militar, el 2 de diciembre se celebrará otra audiencia para decidir sobre el traspaso a juicio del ex soldado que vive en la provincia de Messina desde 2011 y que hoy cumple 75 años. Siempre el 2 de diciembre el grupo Marisa Mosetti hablará, en caso de referido, sobre la solicitud de constitución de un partido civil, junto a los familiares de las víctimas, en nombre de nuestra asociación 24marzo Onlus – que en 2015 contribuyó al inicio de la investigación contra Malatto – y el presidente Jorge Ithurburu como representante legal.
La misma petición fue repetida por la Presidencia del Consejo de Ministros Italiano, el PD, Cgil, Cisl y Uil, la Red Federal de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Partido Comunista Argentina. Estos fueron añadidos a la Universidad Nacional de San Juan, porque cuatro de las víctimas atribuidas a Malatto, todas desaparecieron entre 1976 y 1977, eran estudiantes del Ateneo.
El 11 de julio, el gobierno argentino había anunciado el pasado 11 de julio que no quería formar un partido civil y seguir siendo sólo la parte ofendida en el proceso.
Estos son los nombres de las ocho víctimas: Juan Carlos Campora, Marie Anne Erize Tisseau, Jorge Alberto Bonil, Angel Josè Alberto Carvajal, Daniel Rodolfo Russo, Armando Alfredo Lerouc, Marta Elida de Lourdes Saroff y Florentino Arias.
Los abogados del partido civil son: Luca Ventrella para la Presidencia del Consejo de Ministros; Andrea Speranzoni para el Partido Comunista Argentino (caso Carvajal); Arturo Salerni para los casos Erize, Carvajal, Lerouc, Saroff y Campora; Mario Angelli para los casos Russo, Carvajales y la Asociación Apdu; Francesca Sassano para los casos Erize, Lerouc, Saroff y la asociación 24 de marzo Onlus; Alicia Mejía para el caso Carvajal; Marta Lucisano para los casos Saroff y Campora; Alessia Liistro para el caso Arias; Emma Persichetti para los casos Sar off y Lerouc.
Los abogados de la parte ofendida son: Arturo Salerni por la República Argentina, Antonello Madeo y Alessandra Torrelli por el Partido Demócrata (caso Carvajal); Mario Angelli por el Sindicato Cgil (caso Saroff); Martina Felicori por el Sindicado Uil (caso Arias); Emma Persichetti por el sindicato Cisl (caso ruso) y la asociación Rfdu.
El exmilitar argentino Carlos Luis Malatto pidio este lunes en Roma ser juzgado por un tribunal militar de Italia, país al que se fugó en 2011, y no por uno civil, por los crímenes que se le imputan en el Plan Cóndor, el sistema represor de las dictaduras latinoamericanas en las décadas de 1970 y 1980, informo Jorge iturburu, presedente de 24marzo.it, principal impulsora de la causa contra el profugo genocida.
La jueza del Tribunal de Roma, Marisa Mosetti, debía decidir este lunes si abría el proceso contra Malatto pero, ante su petición, ahora tendrá que aclarar primero en otra vista el 4 de noviembre si depende de la jurisdicción militar, explicó Iturburu.
En caso de que se desestime la opción de un proceso militar, se celebrará otra audiencia el 2 de diciembre para, esta vez sí, decidir si se abre el proceso penal en su contra.
Malatto, que en octubrecunple 75 años, se fugo de Argentina y llegar a Italia en 2011, donde reside en la ciudad de Messina (sur), hasta que en 2015 el Ministerio de Justicia italiano dio luz verde a una investigación sobre él tras recibir una denuncia.
La Fiscalía de Roma le imputa el asesinato de ocho personas en el Plan Cóndor.
En la audiencia de ese lunes la defensa del exmilitar sostuvo que debía ser procesado por la Justicia militar italiana porque sus actos en aquellos años, alegó, eran para combatir a “organizaciones terroristas”.
A su parecer, el acusado cumplió “órdenes militares” en medio de “una guerra” entre la dictadura de Jorge Rafael Videla y grupos opositores y guerrilleros como los montoneros, los tupamaros y el Ejército Revolucionario del Pueblo.
Una tesis que el fiscal, Stefano Opilio, no comparte ya que cree que sus acciones constituyeron “delitos políticos, no militares”.
En la vista de hoy en el Tribunal de Roma se sumó como demandante la Universidad Nacional de San Juan pues cuatro de las víctimas que se le atribuyen a Malatto formaban parte de la misma, todos ellos desaparecidos entre 1976 y 1977.
Se trata del rector, Juan Carlos Cámpora; el estudiante de Ingeniería y miembro del Partido Comunista, Angel Jose Alberto Carvajal; el estudiante de Ciencias Sociales, Jorge Alberto Bonil, y el tipógrafo Florentino Arias.
Malatto ha acudido al aula del Tribunal de Roma y, según los presentes, pues la vista se celebró a puerta cerrada, “parecía bien físicamente”.
Italia juzgó durante años a decenas de militares de países como Uruguay, Bolivia, Perú o Chile por la muerte o desaparición de ciudadanos con nacionalidad italiana en Latinoamérica en el “Plan Cóndor”.
Todos fueron juzgados en contumacia, ausentes, con la excepción de uno de solo de los imputados, el represor uruguayo Jorge Néstor Troccoli, que vivía en libertad en Italia y que se encuentra en prisión condenado a cadena perpetua por aquellos hechos.
El cambio de fiscal en la causa Malatto pospuso para julio la audiencia de hoy.
.- El Tribunal de Roma pospuso este lunes la audiencia preliminar del juicio al exmilitar argentino Carlos Luis Malatto, denunciado en su país por varios homicidios en la dictadura y residente en Italia, al próximo julio, debido a la falta de fiscal para el caso, informaron a EFE fuentes próximas al proceso.
La fiscal Gianfederica Dito, que en septiembre pasado formalizó el final de la investigación abierta en 2015 contra Malatto, quien en 2011 escapó de su país y se refugió en la isla de Sicilia (sur), ha sido nombrada nueva fiscal general de Arezzo (norte), lo que ha obligado a retrasar la audiencia hasta el 11 de julio.
Malatto, de 75 años, está acusado de asesinar a al menos ocho personas en la provincia de San Juan en la operación conocida como “Plan Cóndor”, la represión contra la oposición de izquierdas coordinada por parte de regímenes latinoamericanos entre las décadas de 1970 y 1980.
El tribunal también fijó la fecha del 9 de septiembre a petición de los abogados de Malatto para sus objeciones, por lo que no será posiblemente hasta finales de año cuando pueda comenzar el proceso que los familiares de las víctimas reclaman desde hace tiempo.
Algunos de ellos se encontraron hoy en el tribunal con Malatto, como el nieto de Juan Carlos Cámpora, entonces rector de la Universidad de San Juan; el de Armando Alfredo Lerouc y Marta Elida De Lourdes Saroff, o la hermana de Marie Anne Erize, desparecida en esa ciudad en 1976, que se mostró “muy emocionada y no pudo evitar las lágrimas”, según las fuentes.
La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Oficina del Fiscal del Estado, anunció que solicitará ser parte civil en el juicio, lo que fue acogido como “una sorpresa agradable” por los familiares, aunque ésta es una práctica habitual desde 1998.
También anunciaron la voluntad de constituirse como parte civil el opositor Partido Demócrata (PD), además de los sindicatos mayoritarios CGIL y UIL, la asociación ’24 marzo onlus’, la Red Federal para los Derechos Humanos y la Asamblea Permanente para los Derechos Humanos, así como la Embajada argentina en Italia como parte agraviada.
Malatto, que estuvo presente en la sala acompañado de 5 abogados y se marchó sin hacer declaraciones, vive en Sicilia, vigilado por la policía y no es el único supuesto represor que ha acabado en Italia
El uruguayo Jorge Néstor Troccoli cumple cadena perpetua en la prisión italiana de Carinola (sur) por 26 homicidios de italo-latinoamericanos en el “Plan Cóndor”, como torturador del Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA).
Y actualmente está siendo juzgado por otros tres homicidios: el del peronista argentino José Agustín Potenza, su pareja italiana,Raffaella Filipazzi, y la militante del Partido por la Victoria del Pueblo de Uruguay Elena Quinteros.
Argentina además trata de lograr la extradición de Daniel Oscar Cherutti, supuesto represor en centros de detención clandestinos como Automotores Orletti, después de que el pasado enero Italia diese marcha atrás y denegase la del sacerdote Franco Reverberi, alegando que se encuentra en “condición semimoribunda”, según dijo.
Italia juzgó durante años a decenas de militares de países como Uruguay, Bolivia, Perú o Chile por la muerte o desaparición de ciudadanos con nacionalidad italiana en Latinoamérica en el “Plan Cóndor”.
La Fuga de Malatto
En 2010, el juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, ordenó la indagatoria de Malatto y su detención, pero un año después la Cámara de Casación la dejó sin efecto la orden. Malatto se fugó a Chile en 2011, cuando se filtró que había una orden en su contra.
Al menos hasta el año 2000, y beneficiado con la ley de obediencia debida, el teniente coronel Malatto estuvo a cargo del área de Relaciones Humanas de la Octava Brigada de Infantería de Mendoza y vivía en la calle Sánchez, de Godoy Cruz.
Logró pasar la frontera con su pasaporte italiano pese a que pesaba sobre él una prohibición de salir del país y esto no quedó registrado en Migraciones. Luego viajó a Italia, donde vive con su doble nacionalidad.
Malatto fue segundo jefe en San Juan e iba a ser enjuiciado en esta provincia en 2011. Italia rechazó su extradición. Pese a ello, una organización de derechos humanos local no se rindió. Contactó a familiares de víctimas e insistió ante la justicia local que tomó el caso.
Malatto era miembro de la plana mayor del RIM 22 y fue fundamental para gestionar la relación entre el Ejército y la Policía de San Juan, desarrollando tareas en lo que denominaron Plan Cóndor. Era considerado un hombre de profunda confianza de Juan Carlos Olivera, quien fue condenado a perpetua por más de 50 crímenes de lesa humanidad que se le confirmaron durante juicio.
Con la consigna “8 años del EPM, 20 años sin leyes de impunidad, 40 años de democracia”, se celebró el octavo aniversario del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos ex-D2.
El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos exD2 (EPM ex-D2) es un sitio recuperado para preservación y difusión de la memoria sobre el terrorismo de Estado y para la defensa y promoción de los derechos humanos.
Sus instalaciones pertenecieron al Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D2) y fueron destinadas a la represión política ilegal, antes y durante la última dictadura cívico-militar. El lugar fue sede del Centro Clandestino de Detención, Tortura y Extermino (CCDTyE) más importante del Gran Mendoza.
El EPM ex-D2 se ocupa de:
– Preservación del lugar y del acervo documental referido al D2.
– Reconstrucción del esquema represivo y de las trayectorias de vida y militancia de las víctimas, como contribución a procesos judiciales y a la verdad histórica.
– Prevención del autoritarismo e intervención en casos de violencia institucional.
– Realización de actividades artísticas, culturales y de promoción de derechos humanos.
– Desarrollo de propuestas educativas que faciliten la trasmisión intergeneracional del pasado reciente.
Aquí también funciona el Archivo Provincial de la Memoria que contiene legajos, cajas con fichas y carpetas de prensa del accionar represivo. Sus calabozos fueron preservados.
Orígenes del EPM
COCOYANEZ
El Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D2) fue un centro clandestino de detención, torturas y exterminio (CCDTyE) durante el terrorismo de Estado, situado en el entrepiso del Palacio Policial.
Por aquí pasaron centenares de presas y presos políticos y personas que hoy están desaparecidas, incluso niñas y niños, fruto de la persecución a las actividades sindicales, estudiantiles, sociales y políticas. En este espacio, en el marco del plan de aniquilamiento desarrollado entre 1975 y 1983, las personas detenidas fueron sometidas a todo tipo de vejámenes y, en algunos casos, a la muerte.
Los Organismos de Derechos Humanos de Mendoza solicitaron y consiguieron la afectación del ex-D2 con destino a la creación del Espacio para la Memoria de Mendoza.
Antecedentes
Al despuntar los años 70, varias policías provinciales del país habían creado departamentos de inteligencia al interior de la fuerza con el nombre Departamento de Informaciones Policiales, identificado dentro de la estructura con el código D2. Los departamentos a cargo de la inteligencia para la persecución ideológica tienen su antecedente en la Sección Especial que contenía una división de Orden Social y Político, surgidas dentro de la Policía porteña, durante la década del 30. Ya para esa época, recolectaban y clasificaban información sobre organizaciones o instituciones políticas, gremiales y sociales. Luego, las funciones de la mencionada división pasaron a una dependencia especial dentro de la Policía Federal llamada “Coordinación Federal”.
Origen y funciones
El D2 fue creado mediante la norma provincial Nº 3677 “Ley orgánica para la Policía de Mendoza”, del 8 de mayo de 1970, que dividió a la policía de Mendoza en una jefatura y cinco departamentos (D1: personal; D2: informaciones policiales; D3: operaciones policiales; D4: logística; D5: judicial). Por aquella época, la actividad se concentraba en la Central de Policía sita en la calle Mitre y Patricias Mendocinas; cuatro años después se trasladó al flamante Palacio Policial.
El Departamento Informaciones Policiales (D2), a su vez, constaba de cuatro dependencias: a) Investigación de informaciones, b) Reunión, c) Planes e instrucción y d) Central. Si bien fue concebido para el abordaje de todo tipo de delitos bajo el rótulo de Inteligencia Criminal, terminó abocado al control y represión política y funcionó hasta 1989.
Sus tareas consistían en la recopilación de datos obtenidos por vigilancia o mediante la infiltración de agentes en eventos políticos, gremiales o en manifestaciones públicas. Luego se realizaba el análisis de la información que permitía detectar personas sospechadas de subversión a las que se les abría un legajo y quedaban, literalmente, fichadas.
Según testimonios ofrecidos en los juicios por delitos de lesa humanidad, agentes del D2 compartían distintos espacios con quienes eran blanco de secuestro. Trabajaban como custodios en bancos oficiales y privados, en la Casa de Gobierno, en tribunales o universidades. Participaban de asambleas de trabajadores o de estudiantes o se sumaban a las protestas; entonces sacaban fotos, tomaban nota y elaboraban informes. Después el material era clasificado en actividades: políticas, sindicales, estudiantiles o religiosas. La tarea de inteligencia se completaba con la detención de la persona sospechosa, quien era sometida a terribles las torturas para conseguir nuevos datos que permitieran retroalimentar el mapa represivo. Asimismo, desde esa dependencia se planificaban los operativos, como también la logística para llevarlos a cabo.
En sus calabozos del entrepiso alojaban a quienes detenían y en la sala de acumuladores, que se hallaba en subsuelo del edificio, las y los sometían a interrogatorios bajo crueles torturas. Finalmente se tomaba la decisión del destino de las y los detenidos. En algunos casos legalizaban su situación y pasaban a la cárcel; en otros, eran asesinados y asesinadas y su cuerpo, desaparecido.
En virtud de la ley nacional N° 26 691 que declara Sitios de la Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención tortura y exterminio, los Organismos de Derechos Humanos de Mendoza solicitaron la afectación del ex-D2, con destino a la creación de un Espacio para la Memoria.
El 24 de marzo de 2014, mediante decreto 499/14, el Ejecutivo dispuso la refuncionalización del lugar pero su entrega efectiva se realizó el 12 de septiembre de 2015. Los Organismos de Derechos Humanos recibieron solo el ala norte del entrepiso que ocupó el ex-D2, con el compromiso de la transferencia integra cuando se trasladen las dependencia de la Policía de Mendoza a otro edificio. Aún se encuentra en litigio la afectación total de lugar donde ha funcionado este emblemático centro clandestino.
El testimonio de las hermanas Herrero, secuestradas junto a su mamá cuando tenían 3, 4 y 5 años
Las hermanas Herrero tenían 3, 4 y 5 años cuando fueron secuestradas en Uruguay y trasladadas a la ESMA. Allí fueron testigos de crímenes, fotografiadas y separadas de su mamá. Terminaron exiladas en Venezuela, desde donde ahora testimoniaron ante la justicia argentina y contaron su experiencia a Página/12, justo cuando el relato dictatorial vuelve al centro del debate de la mano de Milei.
Por Ailín Bullentini
María Virginia, María Paula y María Elvira Herrero, fotografiadas por los genocidas en la ESMA.
Las hermanas Herrero tenían 3, 4 y 5 años cuando un miembro de la patota de la ESMA las sentó en un sillón de “Los Jorges”, las oficinas/habitaciones de la jerarquía de la Armada en ese campo de concentración, ubicadas en el primer piso del Casino de Oficiales, y las fotografió. Era un mediodía de mediados de noviembre, calculan. Allí vieron heridos, fueron fotografiadas por genocidas y obligadas a separarse de su mamá sin saber por qué ni cuándo volverían a verla. Antes de aquel episodio hubo un secuestro en Uruguay, un traslado en avión. Y luego, el exilio en Venezuela. La historia de militancia de su familia se hila con la de persecución y supervivencia del terrorismo de Estado que ellas también protagonizan, algo que, por primera vez desde que les atravesó la vida entera pudieron contarlo la semana pasada frente a un tribunal oral. Desde Caracas, entienden su testimonio como una reparación para su historia y “un aporte al Nunca más”, en el marco de la posibilidad de que Javier Milei, el candidato que califica de “excesos” al accionar genocida de la última dictadura, gane las elecciones presidenciales del próximo domingo.
“Los niños que sufrimos el terrorismo de Estado con nuestros padres siempre fuimos tomados como consecuencias. Ahora, a nosotras, por primera vez nos toca ser tenidas en cuenta como víctimas. Ahora por fin, lo que vivimos en la ESMA tendrá responsables. Y eso es reparador”, explica María Paula Herrero en diálogo virtual con Página/12, un día después de haber declarado ante el Tribunal Oral Federal número 5 en el marco del juicio por el séptimo tramo de la megacausa ESMA. María Virginia Herrero, la menor de las tres hermanas, también participa de la entrevista. “Uno siempre tiene la sensación de que no se hace lo suficiente para que no se repita la historia”, propone, ya sin nervios pre y post testimonio. Su decisión de declarar en el juicio tuvo que ver con ese “hacer algo con la intención de construir el Nunca Más. Todavía no es momento de parar, de guardarnos estas historias de dolor para nosotros mismos”.
Las hermanas Herrero, en una infancia cortada por la dictadura.
Una historia familiar
Las Herrero llegaron a Caracas cuando María Paula apenas pasaba los 6 años y María Virginia, los 4. Enero de 1979. Lo hicieron junto a su hermana “del medio”, María Elvira, de 5; su mamá, Rosario Eugenia Quiroga, y Lisandro Raúl Cubas, quienes se conocieron en el Casino de Oficiales de la ESMA, donde estaban cautivos. Ambos fueron torturados y sometidos a trabajo esclavo.
Las hermanas, Rosario y Lisandro testimoniaron la semana pasada, la décima audiencia del debate oral que se le sigue al exagente del Servicio de Inteligencia de la Marina e integrante del G.T. 3.3. Jorge Luis Guarrochena, y que transmitió el medio comunitario La Retaguardia. Para las hermanas Herrero fue la primera vez. Tienen su historia “charlada, contada y procesada hacia adentro” porque “desde siempre” supieron por lo que habían pasado, asegura María Virginia. Sin embargo, el momento del testimonio “puede sorprenderla a una”, reflexiona María Paula, que se quebró en la mitad de su declaración.
Durante el debate, los testimonios de las tres hermanas fueron cortos, pero contundentes en la tarea de explicar cómo vivieron las niñeces el horror de la dictadura genocida. Un día después, María Paula dirá ante este diario: “El hecho de que haya un juicio en el que quede registrado lo que nos pasó es una manera de construir memoria para todos, no solo para nosotras, una memoria que quedará para cuando ya no estemos acá. Es una manera de resarcir. No me van a devolver mi vida tranquila en Argentina, pero es un acto de justicia”.
María Paula Herrero, en el juicio Imagen: La Retaguardia
Esa mañana en la ESMA
La primera en declarar ante el tribunal, vía teleconferencia, es María Paula. Cuando el fiscal Félix Crous le preguntó por su paso por la ESMA, cerró los ojos y respondió “paredes marrones o beige”, lo único que recuerda, junto a una puerta desde donde ella y sus hermanas vieron a “Tío Oscar”, como lo conocían a Oscar De Gregorio, gravemente herido, con quien habían convivido tiempo antes. Las hermanas Herrero llegaron al campo de concentración de la Armada después de pasar un día en un lugar que desconocen, en Montevideo. Habían sido secuestradas junto a compañeres de militancia de su mamá. En el sótano de aquel lugar, Rosario fue torturada. Ella y sus hijas fueron trasladadas a la ESMA en avión.
Allí, en el sótano del Casino de Oficiales de la ESMA, María Paula recordó a De Gregorio “tratando de pararse para vernos, tenía un vendaje en el brazo, estaba muy, muy mal”. “Pregunté qué le había pasado y uno de los militares me dijo que se había cortado con un vidrio y que por eso estaba así. Imaginé que el vidrio lo había pasado de lado a lado porque si no, no estaría tan mal”, testimonió.
Después de ver a “Tío Oscar”, la patota llevó a las niñas a “Los Jorges”. Allí las fotografiaron antes de llevarlas a un colegio de monjas en donde trabajaba una prima de Rosario, la mamá de las niñas. “La orden de sacarles una foto creo que la dio Selva”, apuntó Rosario durante su testimonio. “Selva” era uno de los apodos del genocida Héctor Febrés. Luego vino un abrazo madre e hijas y el adiós.
A las niñas se las llevó de la ESMA otro genocida, Alfredo Astiz. Terminaron en San Juan, cerca de su abuela materna. A Rosario la dejaron encerrada. La liberaron en enero de 1979, vía Venezuela, junto a Cubas y a sus hijas. Durante el cautiverio atesoró aquellas dos fotos de las nenas que hace días donaron al Museo Sitio de Memoria ESMA y preserva, desde entonces, el Archivo Nacional de la Memoria.
María Virginia recuerda “poco y nada” de aquel tiempo y eso le pesa. Tenía “3 años recién cumpliditos”, dijo ante los jueces. Fue la última de la familia en sentarse frente a la computadora, en el living de la casa de su hermana mayor, María Paula, en Caracas. “Eso siempre fue una marca. Con mis hijos pensaba ‘si yo despareciera a esta edad de ellos no se van a acordar de mí’. Como mi padre, que yo no tengo recuerdos de él”, puntualizó en su declaración. De lo que sí tiene recuerdos es de la vida compartida con compañeres de militancia de su mamá y de su papá, en el exilio, de encuentros con anécdotas que aportaron risa y felicidad a relatos de muerte y terror.
María Virginia Herrero, en el juicio Imagen: La Retaguardia
La casa de Lagomar
Rosario, sus hijas y De Gregorio, viajaron a Uruguay en octubre de 1977. Habían estado antes en Brasil. Un mes después, De Gregorio fue descubierto volviendo de Buenos Aires. En el operativo, que compartieron represores uruguayos y la patota de la ESMA, lo hirieron de bala, perforándole los intestinos. Falleció semanas después, en el centro clandestino.
Rosario vio cómo lo capturaron y decidió abandonar el lugar donde vivían, con las tres nenas “a cuestas, porque no tenía dónde dejarlas”. Quedó “desenganchada” de Montoneros, la organización en la que militaban, contó en su declaración. A falta de un lugar más seguro, terminó yendo a un departamento de tres ambientes en Lagomar, un barrio costero en las afueras de Montevideo, de donde se las terminaron llevando.
Durante su testimono, María Paula ofreció una imagen de aquella huida en Uruguay: “Recuerdo el tener que irnos a las carreras, el tener que dejar los juguetes otra vez”. Era lo que más la atormentaba. Más tarde, apuntará que “desde muy chica” tuvo “la necesidad de estar callada”. “Sé que puedes morir por tus creencias en general”, aportó.
Rosario logró contactarse con otros militantes. Miguel Angel Estrella, Jaime Dri, Alejandro Barry y su esposa, Susana Mata; Rolando Pisarello y María del Huerto Milesi. A Alejandro lo asesinaron intentando capturarlo. A Rosario y a Rolando los atraparon la tarde del 15 de noviembre, en la calle. También cayeron Miguel Angel y Jaime. La madrugada del día siguiente, la patota fue a la casa de Lagomar, en donde se encontraban María del Huerto y su beba de tres meses, las tres niñas Herrero, Susana Mata y su hija, Alejandrina Barry. Durante el operativo Susana se tomó la pastilla de cianuro y murió. María del Huerto y su hija; la beba Barry y las hijas de Rosario fueron llevadas al centro clandestino en donde estaban les demás.
La coordinación de las fuerzas represivas entre países, Plan Cóndor en acción, depositó a Rosario y sus tres hijas en la ESMA un día después. Allí, Rosario vio a María del Huerto y a su beba, que también sobrevivieron. Las hermanas Herrero llaman a Del Huerto “tía Chiche”, y a María Laura, su hija, “Pupi”. Compartieron el exilio en Venezuela. “Vivimos una vida rara de niñas. No éramos ni argentinas ni venezolanas. Fue muy inestable”, declaró María Paula.
María Elvira Herrero, en el juicio Imagen: La Retaguardia
Recuerdos del pasado
María Elvira no participa del diálogo con este diario, pero sí aportó su testimonio ante la Justicia. Es la única que se llevó la casa de Lagomar fijada en su memoria y en su alma. Convivió y convive con el recuerdo fresco de aquel operativo en la costa uruguaya, y no de manera armónica. En el marco del debate, contó que tenía 10 años cuando “una casa cerca de la playa en Venezuela” en la que estaba vacacionando con la familia ensamblada la “llevó al secuestro en Uruguay”. “Una casa cerca del mar, la disposición de las camas. Fueron tres años de terrores nocturnos, me bajaron las calificaciones escolares”, aportó. Desde entonces y hasta hoy, décadas después, María Elvira toma antidepresivos.
Fue ella, también, la primera en viajar a la Argentina con el objetivo de “reconstruir” la historia familiar. Estuvo un año y regresó a Venezuela. Mediados de los ‘90, surgimiento de la Agrupación H.I.J.O.S. de por medio, la imitaron María Paula y María Virginia. Estuvieron un tiempo en San Juan reconstruyendo la historia de José Luis, el padre biológico, militante de Montoneros, estudiante de Ciencias Económicas en la Universidad Católica de Cuyo, secuestrado en enero de 1976 en la pensión donde se refugiaba, clandestino. Luego fueron a Uruguay en busca de la casa de Lagomar. La encontraron, se sacaron una foto con la fachada detrás y regresaron a Buenos Aires. Años después, volvieron a Uruguay para radicar una denuncia por los crímenes que habían sufrido allí.
Rosario Quiroga, en el juicio Imagen: La Retaguardia
Advertencias del presente
En comparación con lo ocurrido durante las dictaduras de Uruguay o Chile, María Paula asegura en diálogo con este diario que “en Argentina se haya hecho un esfuerzo más grande para reconstruir y enjuiciar”, aunque recuerda que “nada” saben de lo que ocurrió con su papá biológico. “Los militares llevaban listas, toda esa información, ¿donde está? Nos gustaría saber y por lo menos tener una idea de qué pasó con la gente”. Señala como “involución” el hecho de que los represores reciban el beneficio de prisión domiciliaria: “Cuando torturaron y mataron estaban bien conscientes”. Y por último, apunta a “la situación de este Milei, un candidato al presidente negando lo que ocurrió, algo que habilita a otras personas que antes no comentaban pero ahorita sí se sienten con la posibilidad de decir que lo que vivimos no pasó, que éramos terroristas. Es doloroso que todavía suceda eso”.
Varias décadas después, cuando en Venezuela Hugo Chávez sufrió un golpe de Estado, sus miedos revivieron. “Miedo de volver a pasar por lo mismo, de tener que irse de país, de perder los amigos”. Y también la certeza de que “el terrorismo de Estado tiene una pata represiva y otra mediática que utiliza la misma fórmula en todas partes del mundo a lo largo de los años”, añade en la entrevista con Página/12.
Lisandro Raúl Cubas, en el juicio Imagen: La Retaguardia
En tiempos de dictadura cívico militar local, revistas de la Editorial Atlántida montaron una operación mediática para encubrir al régimen genocida argentino sobre el secuestro de las hermanas Herrero, con el foco puesto en Alejandrina. “A nosotras, a nuestras familias, los medios las trataron de terroristas. Sin medios que las protejan, las dictaduras no funcionan”, insiste.
Y compara aquellos tiempos con el presente en el que “en Argentina vuelve el negacionismo, vuelven las acusaciones de terroristas a los militantes, ¿cómo puede ser si no es con la venia mediática? Ahora como entonces, siempre tenemos que estar justificándonos. Siempre nos atacan, que por algo fue, que lo único que queremos es cobrar una indemnización y tener plata. Pues nuestra historia es así como la contamos: fuimos tres niñas que vivieron persecución, la ESMA, la tortura y la desaparición de nuestros padres, el exilio. Y seguimos afectadas por eso”.
Carlos Malatto está acusado por secuestros, torturas y desapariciones en San Juan
Vestido con una camisa, campera y eclipsando su rostro con una gorra negra, Carlos Malatto, de 74 años, está reunido con un hombre al pie de unos yates en el puerto turístico de Portorosa, el más grande de Sicilia y uno de los más exclusivos del mar Mediterráneo. Corría diciembre de 2019 y nada podía entorpecer, en principio, la rutina sosegada en el paraíso marítimo bajo una ligera brisa y unas gaviotas sobrevolando el cielo límpido. “No puedo hablar, estoy con una persona”, es lo primero que larga Malatto a una periodista que lo interrumpe mostrándole el cartel de la recompensa que el Estado argentino ofrecía para su captura. La periodista lo sigue, caminando a la par en su huida. “¿Por qué no me responde?”, lo interroga, mientras Malatto desliza una sonrisa opaca de lado y continúa su marcha silenciosa, manos en los bolsillos, camuflado en la vida de un pensionado feliz.
Salvando las distancias, la fugaz caminata se pareció a aquel emblemático reportaje del periodista norteamericano Sam Donaldson al criminal nazi Erich Priebke en las calles de Bariloche, donde se había ocultado como un buen vecino. Poco después del reportaje, Priebke fue extraditado a Italia y sentenciado a prisión perpetua por su participación en la masacre de las Fosas Ardeatinas en Roma. Carlos Luis Malatto vive en Italia desde 2011 gracias a su pasaporte italiano, prófugo pese a conocerse su paradero. No había sido la única que vez que un periodista fue sobre sus pasos. “¡Váyase!”, gritó para expulsar a un reportero que le preguntó por su pasado como represor, antes de encerrarse en su casa, rodeado de un Mercedes Benz deportivo color azul. En torno a la villa de Malatto había varios yates, propiedades de los habitantes del “resort”. Respiraba un aire triunfal.
A Malatto los abogados italianos lo tienen en la mira desde 2015. El abogado argentino residente en Italia Jorge Ithurburu, presidente de 24Marzo Onlus –organización que querelló en Italia a militares y políticos latinoamericanos por delitos de lesa humanidad–, lo denunció en aquel año, luego de que el represor fuera localizado mientras vivía como un vecino más en el barrio exclusivo de Portorosa, y la Justicia europea rechazara la extradición. Según el artículo 8 del Código Penal italiano, el Estado puede enjuiciar a sus ciudadanos por esa clase delitos, sin importar si los cometieron dentro o fuera de las fronteras.
Antes que eso, la Justicia argentina llegó a detenerlo y mantenerlo bajo prisión preventiva durante algún tiempo, mientras se demoraba en fijar fecha para el juicio que lo tendría entre los acusados. Con la excusa de esa demora, la Cámara de Casación Penal le habilitó la libertad que le permitió fugarse en 2011. “Logró establecerse en Italia con el pasaporte de ciudadano italiano, que logró conseguir en tiempo record tras escapar de la Argentina vía Chile”, resumió Eva Lerouc, hija de dos víctimas del militar retirado y parte de la querella.
Acusado en la Argentina por cerca de 30 casos de desaparecidos, se desempeñó como teniente coronel del RIM 22, el temerario Regimiento de Infantería de Montaña de San Juan. Más de 16 testigos lo acusan como autor de torturas, según se desprende de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Mendoza. El de Malatto es un caso paradigmático de aquellos represores argentinos que se fugaron para evitar el juicio en la Argentina.
En su escala de regreso desde Arabia Saudita, donde participó de la reunión anual para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial de la UNESCO en la que el Museo Sitio de Memoria ESMA fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla se encontró en Italia con la fiscal de Roma Gianfederica Dito, a cargo de la causa contra el represor prófugo. Allí, según sus propias palabras, reafirmó el compromiso del Estado argentino para que la investigación contra Malatto avance hacia la etapa de juicio oral.
La fiscalía italiana había realizado días atrás el cierre formal de la etapa de investigación del expediente, en el que está acusado por el asesinato de al menos ocho personas en su carácter de miembro de la plana mayor del RIM22 en la provincia de San Juan. “Desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos asistiendo a la Justicia italiana en los procesos para acortar los plazos y con la expectativa de que se produzcan las extradiciones y las elevaciones a juicio”, explicó Pietragalla después del encuentro con la fiscal, durante una conferencia realizada en la Cámara de Diputados italiana. “Por primera vez el Estado argentino es querellante en procedimientos en el exterior y esto fue una decisión política de nuestra gestión para que no haya impunidad biológica, ya que la mayoría de los que están prófugos son personas de una edad muy elevada”, agregó.
El caso de Malatto no es el único que el Estado argentino sigue en Italia. Además, hay dos procesos de extradición abiertos para juzgar en el país al ex capellán militar de San Rafael, Franco Reverberi Boschi, y a Daniel Oscar Cherutti, ex miembro de la SIDE durante la dictadura. El pedido de extradición de Reverberi Boschi, en rigor, fue aceptado por el Tribunal de Apelaciones de Bolonia en julio de este año luego de un largo proceso judicial y el próximo 10 de octubre el Tribunal de Casación analizará esa decisión a pedido de la defensa del ex capellán. En el caso de Cherutti, el 28 de septiembre se desarrollará la primera audiencia ante la Justicia italiana para analizar el pedido de extradición. Por último, la Argentina también es parte del juicio que se sigue en ese país contra el ex militar uruguayo Jorge Troccoli, que tendrá su audiencia testimonial el 23 de octubre. El ex marino está acusado por los crímenes cometidos contra el argentino José Agustín Potenza, su pareja italiana Giuliana Filipazzi y Elena Quinteros, de Uruguay, en el marco del Plan Cóndor.
El uruguayo Troccoli, el ex capellán Reverberi Boschi y Malatto cuando estaba en actividad.
Sobre el caso Malatto, la Corte de Casación italiana decidió en 2014 rechazar el pedido de extradición de Italia, adonde había huido para evitar la captura en la Argentina. Su abogado fue Augusto Sinagra, defensor del jefe de la logia masónica P2, Licio Gelli, que tuvo notable influencia en el último gobierno del general Perón. Pero al año siguiente el ministro de Justicia de Italia, Andrea Orlando, dio vía libre a una acción judicial en Italia contra Malatto, indagado en principio por la participación en cuatro homicidios, entre ellos el de Juan Carlos Cámpora, ex directivo de la Universidad de San Juan, y el de la ex modelo francesa Marie Anne Erize.
Según investigó la Justicia argentina –con hechos acreditados por los tribunales italianos en cruces de información–, Carlos Luis Malatto había ocupado el cargo de segundo jefe de ejecución en el plan de tortura, secuestros, violaciones y desapariciones en San Juan. Conquistó, de ese modo, un rol de elite en la relación entre el Ejército y la Policía. Testigos en los juicios de lesa humanidad lo situaron en la Jefatura de la Policía y en la noche en que fue asesinado Ángel Alberto Carvajal, un militante comunista, en el Penal de Chimbas. Se cree que Carvajal fue torturado hasta la muerte.
Hombre de confianza de Jorge Antonio Olivera –apodado “El carnicero de San Juan”, condenado a prisión perpetua por más de 50 crímenes de lesa humanidad y antes desertor durante años, con fuga a Italia incluida–, los testimonios de sobrevivientes describieron a Malatto como uno de los torturadores más eficaces. Junto a otro represor, Gustavo De Marchi, estuvo a cargo de la toma de la Casa de Gobierno en 1976 y también se le atribuye el traslado de detenidos desde el Penal de Chimbas a otros centros clandestinos de detención. Entre las víctimas de Malatto –que la Agrupación 24 de Marzo de abogados sanjuaninos estima en más de 30–se encuentran activistas, estudiantes y líderes políticos, incluyendo a Daniel Rodolfo Russo, Florentino Arias, Armando Lerou y Marta Saroff. Todos fueron secuestrados o asesinados en San Juan, Mendoza o Buenos Aires, y pasaron por centros clandestinos de San Juan.
No son horas de calma en el barrio privado que habita en la playa siciliana. Un pasado que borrar se ha convertido en un fantasma que acecha cada vez con mayor fuerza. Tal vez los años de impunidad ya no corran más en su relajado paso entre los yates, como empresario reconocido de una de las costas más codiciadas del Mediterráneo. Ni el asombro de sus vecinos, ante los carteles que se pegaron en los alumbrados públicos sobre un genocida suelto en Italia. Su juicio, en este país, está pronto a suceder. Y luego, de acuerdo a lo que adelantaron las autoridades, un nuevo pedido de extradición, porque la Argentina también quiere condenarlo en su tierra por su multitud de víctimas.
La historia de Nieto 133, secuestrado en 1976 por los hombres de la dictadura argentina de Jorge Videla: hoy – 47 años después – finalmente ha sido encontrado por su familia de origen, que lanza un llamamiento: “En Italia podría haber otros hijos del desaparecidos hechos desaparecer durante el régimen.”
PorDavid Falcioni
El pasado 28 de julio, las Abuelas de Plaza de Mayo de Buenos Aires anunciaron el hallazgo -después de 47 años- de Nieto 133 (Nieto 133). Su verdadera identidad no fue revelada por razones de confidencialidad, pero su historia conmovió a toda Argentina: se trata en realidad de un bebé recién nacido arrancado a sus padres por funcionarios del régimen militar de Jorge Videla (1976-1983), criado por un un hombre y una mujer que no eran su padre ni su madre sino figuras leales a la dictadura. Es la historia de una mujer -una revolucionaria- secuestrada, torturada y asesinada . Y es la historia de un largo viaje en busca de la verdad, viaje emprendido hace algún tiempo por el propio Nieto 133y por su hermano Miguel que terminó hace poco más de dos meses.
Quiénes eran los desaparecidos y qué fue el Plan Cóndor
Pero vayamos en orden y demos un paso atrás. En el verano de 1976, pocos meses después del establecimiento del régimen dictatorial de Jorge Videla, los militares comenzaron a cazar opositores , principalmente estudiantes universitarios, militantes políticos de izquierda y sindicalistas. Alrededor de 30 mil personas fueron secuestradas, encerradas en centros clandestinos de detención y torturadas, finalmente asesinadas y desaparecidas. Son los llamados “desaparecidos”. Miles de hombres y mujeres fueron arrojados desde aviones militares argentinos a las aguas del Río de la Plata para que se perdieran para siempre. Antes de ser asesinadas, las niñas embarazadas fueron obligadas a dar a luz y sus hijos fueron secuestrados y confiados a familias leales al régimen.
El “terror” se estableció como parte de un proyecto político más amplio llamado ” Plan Cóndor “, es decir, una coordinación secreta entre los servicios de inteligencia de las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para luchar contra las fuerzas de izquierda en América Latina, considerada por EE.UU. como su “patio trasero”. La operación, establecida en noviembre de 1975, pocos años después de la Revolución Cubana, se manifestó como un verdadero terrorismo de Estado en el contexto internacional, y en ocasiones contó con la complicidad o connivencia de la CIA y el FBI; de hecho, los objetivos del Plan Cóndor parecían compatibles con la política anticomunista de Estados Unidos.
En el centro, el dictador argentino Jorge Videla
La historia de “Nieto 133”
Entre los niños que fueron secuestrados por el régimen argentino también estaba Nieto 133 -a quien llamaremos Pablo, un nombre ficticio-. El pequeño -hijo biológico de Cristina Navajas y Julio Santucho, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores- fue secuestrado en Buenos Aires por hombres de Jorge Videla. De hecho, la madre fue capturada el 13 de julio de ese año, cuando estaba embarazada, y después de ser segregada en varios centros de detención, interrogada y torturada, la obligaron a dar a luz. Luego, como muchos otros hombres y mujeres, fue asesinada y “desaparecida” por funcionarios de la junta militar. No se supo más de ella, mientras Pablo era adoptado ilegalmente por un policía y una enfermera de la capital argentina.
Cristina Navajas, secuestrada el 13 de julio de 1976, madre de Miguel “Tano”
Santucho y “Nieto 133”
La búsqueda de la verdad de Miguel “Tano” Santucho, hermano de “Nieto 133”
Durante décadas Miguel “Tano” Santucho –hermano de Pablo que escapó del secuestro el 13 de julio de 1976, cuando sólo tenía ocho meses– buscó la verdad sobre su familia, valiéndose del valioso apoyo de las Abuelas de Plaza de Mayo, una organización argentina de derechos humanos. organización … que tiene como objetivo localizar y devolver a sus familias legítimas a todos los niños secuestrados y desaparecidos en la última dictadura militar, creando además las condiciones para iniciar juicios contra los responsables de estos horribles crímenes.
Bueno, 46 años después, después de años de búsqueda, finalmente encontraron a Pablo y le presentaron a su verdadera familia. En las últimas semanas “Tano” Santucho y su hermano fueron recibidos por el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. Fue en esa ocasión que lo conocimos. “Después de ser secuestrada, mi madre, Cristina Navajas, fue llevada a varios centros clandestinos – cuenta Tano a Fanpage.it – Fue brutalmente torturada e interrogada. Cuando nació mi hermano, lo entregaron a una pareja: ella era enfermera, él era un policía, parte del aparato represivo del régimen de Videla”.
El anuncio del hallazgo del “Nieto 133”
Con el paso de los años, Pablo empezó a sospechar cada vez más que no era hijo de aquellas personas que toda su vida le habían dicho que eran sus padres: “Mi hermano decidió descubrir la verdad, entendió que ese hombre violento no era su padre”. “Se dirigió a las Abuelas de Plaza de Mayo e inició el trámite para su reconocimiento, llenando un expediente y realizándose pruebas de ADN”. El resultado llegó el 28 de julio: Pablo era el Nieto 133 . Su madre y su padre no eran una enfermera y un policía leales a la dictadura de Videla, sino Cristina Navajas y Julio Santucho, militantes revolucionarios y orgullosos opositores del régimen. Además, la mujer que lo había dado a luz había sido secuestrada, torturada y desaparecida.
“Otros niños secuestrados por el régimen de Videla están en Italia”
Tano está seguro de que otros niños secuestrados y desaparecidos, hoy adultos de entre 40 y 46 años, pueden estar todavía en otros países del mundo: “Estoy convencido de que algunas de esas personas se encuentran en Italia . Quiero hacerles un llamamiento: si Naciste en Argentina, vives en Italia y tienes dudas sobre tu identidad, puedes contactar a las representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo en Milán y Roma, ellas te ayudarán a descubrir tus verdaderos orígenes y la verdad sobre tu familia. ”
Cualquier persona que sospeche que es hijo o hija de padres desaparecidos durante el régimen de Videla está invitada a comunicarse con la organización sin fines de lucro 24marzo , o escribir un correo electrónico a Abuelas de Plaza de Mayo a dudas@abuelas.org.ar . Los representantes de la asociación, presente en territorio italiano, harán elaborar un expediente y, respetando plenamente la privacidad, tomarán una muestra de ADN, que luego será enviada a Argentina y analizada para determinar posibles compatibilidades genéticas con opositores desaparecidos durante la dictadura.
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15-09-2023 | El fiscal Daniel Rodríguez Infante ocupó gran parte de la audiencia para nombrar los delitos que se le atribuyen a cada imputado y las víctimas contra las que fueron cometidos. Las querellas adhirieron al alegato de la fiscalía e hicieron algunos aportes. La próxima audiencia es el viernes 29 de septiembre a las 9:30.
La cuarta audiencia del 13.° juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza volvió a hacerse con gran cantidad de público presente en la sala. Entre las partes acusadoras, además de la fiscalía, estuvieron las querellas por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, con Viviana Beigel como su representante, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, por quien interviene la abogada Natalia Lorenzo, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por Fernando Peñaloza. Además, estuvo en la sala Agustina Rogé, de la defensa particular de Cía Villegas, y los defensores oficiales Pérez Videla y Amuchástegui.
Luego de que el tribunal informara que Quintero Bassi había sido apartado por razones de salud, el fiscal Daniel Rodríguez Infante detalló las acusaciones de 27 de los 28 imputados. Aclaró que esta es la posibilidad de que los imputados escuchen los hechos por los que tienen que responder penalmente en este juicio.
Acusaciones específicas
Carlos Faustino Álvarez está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 199 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 56 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 253 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 11 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 10 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 36 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 13 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
Rubén Oscar Blanco está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 199 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 56 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 255 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 10 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 10 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 36 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 13 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Eduardo Germán Cía está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 36 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 19 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 53 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 4 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Carlos Plácido Escobar está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 8 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 7 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 15 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 1 hecho.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Armando Osvaldo Fernández está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 145 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 150 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 198 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 62 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 8 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 24 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 8 hechos.
– Robo simple, en un hecho; robo agravado por el uso de arma de fuego, por 68 hechos.
Teodoro Alejo Galigniana está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 18 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 22 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 40 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 2 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 3 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 9 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 3 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Lucas Marcelo Garay está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 86 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 18 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 101 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 4 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 6 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 13 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Abelardo Santiago Garay está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 14 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 31 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 45 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 2 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 8 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 5 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 3 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.
Rubén Darío González está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 190 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 55 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 245 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 11 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 9 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 34 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 13 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
Público presente
Pablo José Gutiérrez está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 182 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 46 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 224 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 9 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 10 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 32 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 9 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
Julio Héctor La Paz está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 133 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 36 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 169 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 8 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 8 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 29 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 11 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
Mario Alfredo Laporta está imputado como autor mediato de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 5 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 30 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 35 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hecho.
– Lesiones graves agravadas, por 1 hecho.
– Robo simple en 1 hecho y agravado por el uso de arma de fuego, por 9 hechos.
Celustiano Lucero está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 65 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 35 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 97 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 5 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 5 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 19 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 6 hechos.
Gerónimo Antonio Mateo está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 31 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 16 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 47 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hecho.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hecho.
– Lesiones graves agravadas, por 1 hecho.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Oscar Alfredo Maturano está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 21 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 9 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 30 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 1 hecho.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hecho.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hecho.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Ricardo Benjamín Miranda está imputado como autor mediato de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 11 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 7 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 8 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 9 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hecho.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 5 hechos.
Marcelo Rolando Moroy está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 170 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 49 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 266 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 11 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 9 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 28 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 7 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 1 hecho.
Antonio Marcos Ochoa está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 37 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 33 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 70 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 4 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 3 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 8 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 5 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Jacinto Salvador Olmedo está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 3 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 3 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Omar Pedro Reta está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 14 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 32 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 46 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 3 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 11 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 4 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
José Esteban Roccato está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 129 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 30 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 159 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 8 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 5 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 23 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 9 hechos.
Miguel Ángel Salinas está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 62 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 47 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 107 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 3 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 3 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 14 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 6 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
Adolfo José Siniscalchi está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 10 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 4 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 14 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hecho.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hecho.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
José Lellis Sosa está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 161 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 40 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 201 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 9 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 7 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 34 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 12 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Sala de audiencias
Miguel Ángel Tello Amaya está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 132 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 38 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 170 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 9 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 8 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 31 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 12 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
Juan Hipólito Tello Yáñez está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 27 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 16 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 43 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hecho.
– Lesiones graves agravadas, por 1 hecho.
– Robo simple, por un hecho, y agravado por el uso de arma de fuego, por 10 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.
Omar Pedro Venturino está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 105 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 28 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 133 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 8 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 7 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 21 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 10 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.
Las querellas
Una vez finalizado el detalle de las acusaciones de la fiscalía, tomaron la palabra las querellas. En primer lugar, la abogada Viviana Beigel –representante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y defensora de algunas víctimas de este juicio– inició su alegato de apertura recordando la ardua labor realizada durante más de 30 años por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y durante más de 12 por Elba Morales, quien impulsó un importante trabajo de investigación intentando conectar los delitos ocurridos en el D2. La teoría del caso, explicó Beigel, es que el D2 debe ser analizado en forma conjunta porque los acusados cumplieron todos funciones en ese centro en el que se cometían crímenes como parte de un plan organizado a partir de la utilización del aparato estatal. Para la querella, el D2 fue el principal centro de detención y aplicación de tormentos de Mendoza, centro que contaba con una mecánica de persecución, de secuestro, de obtención de información y luego de tortura y asesinatos. Esta “mecánica del horror” consistía, por ejemplo, en detenciones que en realidad eran secuestros realizados en horas de la noche sin orden judicial y con métodos violentos o “ratoneras” en las que se quedaban en el lugar de las detenciones para luego detener a quienes iban llegando al lugar. De esta forma, el D2 fue “la puerta de entrada a las torturas, a las violaciones, a las ejecuciones extrajudiciales y a todo tipo de tratos inhumanos, crueles y degradantes”.
Beigel presentó luego algunos de los testimonios que utilizarán como prueba. En ellos, algunas víctimas describen en primera persona las torturas, amenazas, maltratos, golpizas y violaciones que tuvieron que soportar mientras detenidas en el D2. En uno de estos testimonios, una víctima confiesa que, además del hambre, el frío, la sed y la suciedad en la que vivían, tuvo que soportar la violación de “cuanto señor estaba de turno, varias veces al día”, agregando que esta práctica no la sufría solo ella, si no todas las mujeres. “Eso es el D2”, afirmó la abogada. Luego, para cerrar su intervención, pidió que no nos acostumbremos a estos horrores, a estos horribles actos de tortura, de violaciones, de dolor de las familias de personas desaparecidas por no haberlas encontrado; pidió que no nos acostumbremos porque con ello damos lugar a los discursos negacionistas y a la banalidad del mal y porque los crímenes juzgados en este juicio son los más graves de nuestro código penal. Por todo esto, las querellas de este juicio, de manera unificada, acusarán a los 27 imputados con idénticas calificaciones legales a las realizadas por la fiscalía.
Fiscalía y querellas
Luego fue el turno de la abogada Natalia Lorenzo, representante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, quien citó el informe Nunca Más donde describe el D2, lugar de los hechos juzgados en este juicio. Luego planteó que la importancia del actual proceso es reconocer a las víctimas que han sufrido hechos aberrantes cometidos por quienes hoy están imputados, saber qué les pasó a estas víctimas e identificar a los responsables.
Por último, Fernando Peñaloza de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó una breve intervención en la que se preguntó por la relevancia de este juicio. Así, afirmó que las condenas que se han dictado en juicios previos no solo tienen un sentido punitivo, sino poder simbólico y poder constitucional. Una sentencia de un tribunal civil de la democracia es más que relevante para poder entender qué fue lo que sucedió, argumentó. Planteó luego que el verdadero desafío le cabe al tribunal, dado que es el encargado de fijar cuáles son los hechos y qué sucedió en el D2 entre el 75 –o antes, quizás– y el 83. Para el abogado, e juicio tiene dos aportes: uno relacionado con la oposición al negacionismo y otro relacionado con la memoria, la verdad y la justicia. Para cerrar su intervención, pidió que el D2 sea declarado formalmente Centro Clandestino de Detención —a igual que el campo Las Lajas en juicios previos— por lo que significaría a nivel institucional que una sentencia judicial de un tribunal de la democracia lo reconozca como tal.
Finalizadas las intervenciones de las querellas, el tribunal anunció que la próxima audiencia será el viernes 29 de septiembre a las 9:30.
30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
