HASTA LAS MANOS

Tras media vida impune, el empresario Carlos Blaquier deberá rendir cuentas por los secuestros de 1976

Aunque la defensa del empresario interponga nuevos recursos y quejas, los recientes fallos de la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación que confirmaron su procesamiento como partícipe de una serie de secuestros en 1976 lo dejaron a la intemperie y despejaron el camino para que avance el trámite judicial. La duda es si eso ocurrirá lo suficientemente rápido como para que Blaquier no muera antes de sentarse en el banquillo.

Mientras el juzgado de instrucción ultima detalles para el envío del expediente al Tribunal Oral Federal de Jujuy, es probable que los abogados defensores presenten un nuevo recurso extraordinario ante Casación, que seguramente será rechazado, y que luego vayan otra vez en queja a la Corte, aunque sepan que la suerte de Blaquier ya fue echada en el máximo tribunal. Las querellas estiman que la estrategia de la defensa no debería frenar el trámite de elevación.

En paralelo a los avances en el proceso contra Blaquier y Alberto Lemos, administrador de Ledesma durante la dictadura, el TOF jujeño sigue adelante con el juicio por la megacausa que reúne los casos de 120 víctimas secuestradas, torturadas y/o desaparecidas en Jujuy durante 1976. El debate oral comenzó hace tres años y entre los 21 imputados hay militares retirados del Ejército, ex policías, gendarmes e integrantes del servicio penitenciario provincial, todos acusados por los crímenes cometidos durante lo que se conoció como las “Noches del Apagón”, entre el 20 y el 27 julio de 1976, y durante los sucesos previos ocurridos en Libertador General San Martín y en la mina El Aguilar el 24 de marzo de aquel año.

Durante los tres años de juicio, tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas de los organismos de derechos humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos reconstruyeron la persecución contra trabajadores y representantes gremiales del ingenio Ledesma. Aunque Blaquier y Lemos estuvieron ausentes por la falta de mérito con que los había beneficiado Casación, la responsabilidad de la empresa en la represión estuvo en el centro del debate. El tribunal pudo escuchar a víctimas que relataron cómo fueron secuestradas en camionetas pertenecientes a Ledesma y puestas al servicio de las fuerzas represivas.

Blaquier y Lemos están acusados como partícipes de la privación ilegal de la libertad de 23 personas. Lo más probable es que su trámite no llegue a incorporarse en el juicio en curso, que está por entrar en su recta final luego de varios meses de demora por la pandemia de Covid-19. El 19 de agosto se realizarán en Jujuy las inspecciones oculares que faltaban para completar la etapa de prueba y luego vendrán los alegatos y la sentencia.

Antes de que Blaquier vaya a juicio deberá resolverse la integración del tribunal. Ya se sabe que uno de los jueces que lo componen actualmente tendrá que excusarse porque antes integró la Cámara de Apelaciones que confirmó el procesamiento del empresario. Las querellas esperan que, si se hace un nuevo juicio, el TOF adopte todas las medidas necesarias para acelerar un proceso en el que la investigación judicial ya está hecha.

Cuando procesó a Blaquier en 2012, el juez federal Fernando Poviña dio por probado que en los secuestros de 1976 se utilizaron vehículos de Ledesma, tal como surge de una multiplicidad de testimonios producidos en diferentes momentos históricos, y demostró a través de prueba documental que la colaboración logística de la empresa con las fuerzas de seguridad era habitual en la época de los hechos. Consideró que existía un grado de probabilidad suficiente como para ir a juicio de que Blaquier y Lemos conocieran el uso que se daría a las camionetas durante los secuestros de marzo y julio de 1976. Y sostuvo que la motivación económica empresarial era el móvil detrás de la participación de Ledesma al aportar medios materiales para los secuestros.

 

En estos últimos tres años de juicio oral y público, los testimonios de decenas de testigos apuntaron a la responsabilidad decisiva de la empresa de Blaquier en la represión en Jujuy, tal como pudo registrar la querella de H.I.J.O.S. durante el debate.

  • Juan Carlos Lescano, ex trabajador del ingenio: “El motivo de mi detención fue haber ido al sindicato a pedir asesoramiento al secretario gremial, Melitón Vázquez. Yo tenía anotado en el conforme todas las horas extra que hacía de las que no me salía el pago”.
  • Virginia Sara Luz Abdala: “En esa época yo tenía 16 años y no entendía muy bien qué estaba pasando. Mis padres eran muy progresistas y en casa tenían muchos libros y revistas, pero terminaron quemándolo todo, entonces empecé a percibir que algo no estaba bien. Vivir en Ledesma era como vivir en un apagón. Era un país, una ciudad y un pueblo sumido en el terror, la oscuridad y el silencio. Todo el tiempo se vivía con miedo”.
  • Julio César Taglioli, ex delegado gremial de la sección de trapiches y moliendas de Ledesma, secuestrado por la policía provincial en el portón del ingenio en marzo de 1976: “Mi cuñado era comisario inspector de la policía federal y consiguió un arreglo en el que yo saldría liberado si firmaba la renuncia a todos mis derechos laborales con la empresa Ledesma. En ese entonces me tenían aislado en una celda de castigo conocida como ‘el Chancho’, así que me sacaron para hacerme firmar y salir en libertad”.
  • Carlos Luis Figueroa, ex secretario de relaciones gremiales del Sindicato del Azúcar: “Nosotros ya sabíamos que se venía la intervención del sindicato, ya habían intervenido otros gremios esos días y era cuestión de tiempo, pero no pensábamos que iban a llegar al punto de meternos presos”. Según Figueroa, en la mañana de su detención estaba junto a otros compañeros en una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo en San Salvador de Jujuy cuando la policía provincial entró para llevarse a los trabajadores del ingenio. “Nunca me dieron las razones de mi detención. Yo supongo que fue por mi actividad gremial, porque en ese tiempo fue todo muy difícil, tuvimos que hacerle varias huelgas a Ledesma”.
  • Arturo Rafael Cancino, ex referente gremial y trabajador de la central termoeléctrica de Ledesma durante la zafra, detenido el 24 de marzo de 1976 al salir del ingenio: “Yo había entrado en 1969. Era dirigente gremial y conocía la situación, en las secciones me querían mucho los compañeros. (…) Cuando estoy detenido en el penal de Villa Gorriti me entrevisto con un capitán y le digo que quería volver a trabajar al ingenio cuando fuera liberado, a lo que el capitán responde: ‘Mire, sabemos todo porque Ledesma nos dijo’, como queriendo decir que yo me las tenía que arreglar con Ledesma”. Cuando lo liberaron, Cancino se tuvo que ir a Catamarca y no pudo regresar a Ledesma, donde había quedado su hijo, hasta la vuelta de la democracia.

 

Los testimonios del juicio oral se suman a la evidencia que sustenta la acusación contra Blaquier y Lemos desde hace años, y contribuyen a la reconstrucción histórica contextual sobre el poder sin límites que ejerció Ledesma en su zona de influencia durante la última dictadura: un caso emblemático de responsabilidad empresarial que ahora más que nunca tiene nombre y apellido.

* Las ilustraciones las realizó el artista Hugo Goldgel para el micro-relato audiovisual sobre la Megacausa Jujuy del sitio www.juiciosdelesahumanidad.ar, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

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