


Diario de la memoria y la justicia

Eloy Camus ayudó a marcar sitios de memoria de San Juan, como la exlegislatura de la calle Urquiza, que hoy sigue cerrada a cal y canto. Este fragmento del capitulo 1 de la serie PRESENTES (https://www.youtube.com/watch?v=xD6jPi0uORo&t=125s) muestra un señalamiento que San Juan no ha resuelto.

–13 abril, 2022

Avanza el juicio al excortista Juan Carlos Caballero Vidal. Está acusado de haber omitido investigar el secuestro y torturas a Héctor Cevinelli y el asesinato de Alberto Carvajal en la época de la dictadura.
“Terminamos con la ronda de testimonios”, informó el fiscal Federal Francisco Maldonado sobre el juicio que comenzó el 21 de febrero y está pronto a concluir. Es decir, falta una audiencia más programada para finales de abril y los alegatos que están previstos para mayo.
Por la causa pasaron los familiares de Carvajal y de Cevinelli, y sus apoderados como Carlos Bula y Pedro Bayugar. “Se cierra la hipótesis que manejaba la fiscalía: la infracción de deber que habría cometido Vidal no promoviendo la investigación respecto a esos dos hechos“, indicó Maldonado.
Para el Fiscal, uno de los testimonio más importantes fue el que dio Diana Tello. “Una testigo fundamental para dar contexto de que Caballero Vidal sabía lo que pasaba con el tema de las violaciones a los derechos humanos“.
Es que Tello fue esposa del desaparecido Oscar Silveiro Castillo. En este juicio, la mujer contó “todo el derrotero que tuvo que hacer para lograr ubicar el paradero. Primero por una causa penal en el juzgado de Caballero Vidal, y después a disposición de la autoridad militar, que, una vez liberado, desaparece”, dijo Maldonado.
Diana Tello fue una de las personas que declaró en el Megajuicio II que se desarrolló en 2017 y por el cual se desprendió el proceso contra el exjuez Caballero Vidal.
“Nosotros imputamos por la participación necesaria en los crímenes, pero la Cámara Federal lo revocó y avocó a los delitos de infracción del deber y en ese marco la fiscalía se va a manejar”, sostuvo.
Y para concluir, el fiscal dijo que “estamos investigando la acción posterior de Caballero Vidal, que es los testimonios que se han llevado adelante. Más la prueba documental que tenemos en expediente que van a ser valorados cuando demos los alegatos“.
https://www.youtube.com/watch?v=d3yC4rIie6w&t=331s
Video gentileza: Carlos Ureta.
El proceso se disparó en 2017, en una audiencia durante el desarrollo del segundo megajuicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. El testigo Pedro Bayugar contó que fue abogado de Héctor Cevinelli y tras su secuestro, el 12 de marzo de 1977, presentó un habeas corpus ante Caballero Vidal, quien en esa época era el titular del Juzgado Nº6.
Ante dichas declaraciones y luego de abrirse la investigación, el fiscal federal Francisco Maldonado le imputó a Caballero Vidal una serie de delitos y pidió que se lo interrogara por el caso Cevinelli y también Carvajal.
El juez Federal Leopoldo Rago Gallo lo procesó en 2018 por entender que fue miembro de una asociación ilícita que montaron los militares y ser partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y no impulsar una causa penal para determinar qué pasó con Carbajal y Cevinelli. La defensa del excortista, Fernando Castro, apeló y la Cámara Federal de Mendoza le dictó la falta de mérito en los delitos más graves, pero sí confirmó la imputación por su negativa a investigar, que es más leve.
Cabe recordar que para poder procesarlo, Rago Gallo pidió a la Cámara de Diputados que le quitara los fueros a Caballero Vidal, pero el exjuez decidió renunciar y evitar el juicio político.
https://telesoldiario.com/policiales/juicio-a-caballero-vidal-terminaron-las-rondas-de-testimonios-344114/

La justicia riojana ordeno rectificar (en su certificado de defuncion) la causa de la muerte de Monseñor Enrique Ángel Angelelli, en virtud del dictado de Sentencia fechada el 12/09/2014 y Resolución Aclaratoria de fecha 12/09/2014, firmes y consentidas -conforme certificación de fs. 9- al momento del inicio de la demanda, obrantes en el cuerpo XII de los autos FCB 97000411/2012/T01 por la que se estable que el fallecimiento del Obispo Monseñor Enrique Ángel Angelelli fue consecuencia de una acción premeditada, provocada y ejecutada en el marco del terrorismo de Estado, y por tal, delito de lesa humanidad, imprescriptible e inanmistiable. Resaltan que, en la sede federal penal mencionada, se determinaron como responsables penales del delito de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y para procurar la impunidad, en perjuicio de Monseñor Enrique Angelelli, a los Sres. Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella (Arts. 45 y 80 -incs. 6 y 7- del C.P. vigente al tiempo de la comisión de los hechos), exponiendo la petición en el marco de las políticas estatales, ratificando el compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos, en el esclarecimiento, juzgamiento y reparación de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en la última dictadura militar (1976-1983).

A 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, la causa se encuentra virtualmente paralizada, a la espera de la resolución de la Corte Suprema, que se tiene que expedir sobre si las torturas a los conscritos durante el conflicto bélico son delitos de lesa humanidad. El MPF sigue impulsando la acción y, en esta nueva presentación, analizó la inmersión en aguas heladas como método de tortura y casos de abuso sexual en un contexto de antisemitismo cometidos contra 24 víctimas. Pidió el llamado a indagatoria de 19 imputados.
En la víspera del 40° aniversario del desembarco en las Islas Malvinas, que inició la Guerra del Atlántico Sur, el titular de la Fiscalía Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, y la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, presentaron este martes una ampliación de requerimiento en la causa en la que se investiga cómo las autoridades militares con asiento en las islas habrían ordenado y ejecutado distintos delitos calificados como crímenes de lesa humanidad en perjuicio de los soldados conscriptos.
En esta oportunidad la fiscalía sumó a los hechos investigados 22 casos de imposición de tormentos -por los que imputó a 18 oficiales y suboficiales del Ejército- y 2 de abuso deshonesto -imputados a otro suboficial- cometidos contra soldados del Regimiento de Infantería Mecanizado (RIMec) N° 3. Esta ampliación, que incorpora los delitos sexuales y destaca hechos de antisemisitmo, parte de un nuevo análisis que hizo el Ministerio Público Fiscal sobre las pruebas que se incorporaron a partir de desclasificación de todos los archivos de las fuerzas armadas relativos al conflicto por Islas Malvinas.
Asimismo, los representantes del MPF describieron la actividad de inteligencia sobre los ex combatientes y las organizaciones que los nucleaban desde el mismo momento de la rendición e incluso con posterioridad a la vigencia del Estado constitucional y acción psicológica ejercida por el aparato represivo estatal durante la guerra.
Además, ante el letargo de la causa, describieron en el documento las razones por las que el Estado argentino se encuentra internacionalmente obligado a investigar y juzgar a los responsables de estos crímenes.
La causa, que se inició en el 2006, está paralizada desde mayo del año pasado, después de un pronunciamiento dictado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que, ante un recurso de casación interpuesto por una de las defensas, determinó por mayoría que los supuestos ilícitos no eran delitos de lesa humanidad y que, por ende, estarían prescriptos. Ese fallo fue recurrido por el MPF y por los querellantes ante la Corte Suprema, por lo que la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto –que había calificado los delitos como de lesa humanidad-, optó por aguardar ese pronunciamiento para continuar con el desarrollo de la investigación.
“Las torturas en Malvinas fueron una práctica generalizada a la que fueron sometidos los conscriptos por parte de las autoridades militares como una forma de ‘controlar’ los problemas vitales que generaba entre la tropa la falta de distribución de víveres y abrigo”.
Antisemitismo y abusos sexuales
Según consta en la presentación del MPF, durante la guerra las autoridades militares con asiento en las islas ordenaron y ejecutaron contra cientos de soldados conscriptos diversos actos de tortura, entre ellos los conocidos “estaqueamientos” y “enterramientos”, como así también, en el caso particular del RIM N°3, la inmersión en aguas heladas y el ensañamiento con soldados con apellidos de origen judío. Esos tormentos fueron la respuesta que dieron los superiores ante los reclamos por los padecimientos que generaron, fundamentalmente, la falta de abrigo y comida de la tropa.
El requerimiento describe el arraigado sentimiento antisemita dentro de las fuerzas armadas argentinas y señala que ya en el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), presentado en 1984, se destacó que durante el terrorismo de Estado los individuos detenidos en centros clandestinos cuyos apellidos eran de origen judío, estuvieron expuestos a vejámenes mayores que el resto de las víctimas de la represión y la tortura. Particularmente en el contexto de Malvinas, se los cuestionaba por no considerarlos argentinos, acusándolos de cobardes o traidores.
Al respecto, la fiscalía citó el testimonio de un soldado que integró el RIMec Nº3, quien expresó que un subteniente -quien fue identificado e imputado- lo discriminaba constantemente por su condición religiosa. Expresó que el militar siempre hacía referencia a eso y le atribuía la culpa de todo lo malo que pasaba, provocando así resentimientos entre sus compañeros. “Flores Ardoino me castigó todos los días de mi vida en Malvinas por ser judío”, dijo.
De los hechos ya denunciados, junto a los padecimientos sufridos como la inmersión en aguas heladas, los estaqueamientos, las brutales golpizas y forzar a comer excrementos, la fiscalía agregó en esta ampliación los hechos de abuso sexual que sufrieron dos conscriptos.
En este sentido, el y la fiscal indicaron que los hechos delictivos previamente descriptos no fueron acontecimientos aislados e inconexos, ni respondieron a móviles personales de sus ejecutores. “Contrariamente, las torturas en Malvinas fueron una práctica generalizada a la que fueron sometidos los conscriptos por parte de las autoridades militares como una forma de ‘controlar’ los problemas vitales que generaba entre la tropa la falta de distribución de víveres y abrigo”, señalaron, y agregaron que “la falta deliberada de alimentos por la no distribución de los mismos fue la causa directa de las muertes de algunos soldados”.
Al respecto, citaron un fragmento de un informe emitido por el capitán de navío Eduardo Pérez Millán, dirigido al jefe de Inteligencia del Estado Mayor de la Armada, en el que indicó que “pudo haber problemas de alimentación en el Ejército, pero más por inadecuada distribución que por falta de abastecimiento”.
En sus declaraciones los excombatientes señalaron que se los obligó a firmar documentos en los que se comprometían a guardar silencio. Uno de ellos recordó que lo amenazaron con hacerlo desaparecer si no firmaba.
Acciones psicológicas
El y la fiscal señalaron que, tras el conflicto bélico, las fuerzas armadas implementaron, a través de múltiples acciones, una política tendiente al ocultamiento de aspectos relevantes sobre lo ocurrido, entre ellos, principalmente, las torturas infligidas a los conscriptos. Para ello, indicaron, entre otras medidas, dispusieron el control de la información mediante acciones psicológicas sobre los soldados e inteligencia ilegal sobre éstos y las organizaciones que los nuclean.
En ese marco, surge de las distintas declaraciones que se obligó a los ex combatientes a firmar documentos en los que se comprometían a guardar silencio. En su declaración testimonial, uno de ellos recordó incluso que lo amenazaron con hacerlo desaparecer si no firmaba.
De modo simultáneo a las acciones psicológicas dirigidas contra las víctimas, se ordenó la prohibición de dar declaraciones a la prensa y se efectuó un control sobre lo que era publicado en los medios de comunicación. Además, se hizo seguimiento de ex conscriptos y agrupaciones de veteranos que realizaron denuncias, indicó la fiscalía.
También describió cómo, durante la guerra, desde el Estado Mayor Conjunto se terminó centralizando toda la información que se publicaba en medios periodísticos respecto de los hechos que ocurrían en Malvinas. Esto surge de la declaración en el informe de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades del Conflicto del Atlántico Sur (conocido como Informe Rattenbach) del capitán de Fragata Salvio Olegario Ménendez, quien durante el año 1976 operaba como jefe de un Grupo de Tareas en la Escuela de Mecánica de la Armada y estuvo a cargo del control de la información que se publicaba en los medios de comunicación respecto de la Guerra de Malvinas.
Con la desclasificación de todos los archivos de las fuerzas armadas relativos a Malvinas, se pudo acceder a datos ciertos y rigurosos que permitieron contrastar los testimonios con elementos respaldatorios y reconstruir con mayor precisión los hechos denunciados.
El proceso judicial
La causa por torturas en Malvinas se inició en 2006, por una denuncia presentada por un exsoldado ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y luego ante el MPF. A esta denuncia inicial, se sumaron otras, que describieron los tormentos padecidos a mano de sus superiores durante su participación en el conflicto bélico.
En un primer momento, la reconstrucción del despliegue y de los hechos se planteó exclusivamente en base a los testimonios y a la colaboración que prestaba el Ministerio de Defensa. A partir de 2015, con la desclasificación de todos los archivos de las fuerzas armadas relativos a Malvinas, se pudo acceder a datos ciertos y rigurosos que permitieron contrastar los testimonios con elementos respaldatorios y reconstruir con mayor precisión los hechos denunciados.
En octubre de 2017, el fiscal Rapoport solicitó la colaboración de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para la tramitación de la causa. Las Islas Malvinas se encuentran dentro de la jurisdicción de la Fiscalía Federal de Río Grande, situada en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En el marco de ese pedido de colaboración se elaboró un proyecto de requerimiento de instrucción -pieza necesaria para la apertura de una investigación penal- y un plan de trabajo para el avance de la pesquisa.
El 11 de mayo de 2018 el fiscal Rapoport, con la colaboración de la Procuraduría, presentó un requerimiento de instrucción que se circunscribió a los ilícitos cometidos en el ámbito de actuación del Regimiento de Infantería N° 5, dependiente de la Brigada de Infantería III, desplegado en la Isla Gran Malvina. En esa presentación el MPF impulsó la acción penal sobre 22 de los hechos delictivos más graves que ocurrieron en aquella unidad militar e imputó los crímenes denunciados a 26 oficiales y suboficiales que revistaban allí.
Finalmente, entre el 5 y 6 de diciembre de 2019 se tomaron las primeras cuatro declaraciones indagatorias en la causa, a los imputados Miguel Angel Garde, Belisario Affranchino Rumi, Gustavo Calderini y Eduardo Grassino. El acto tuvo lugar por videoconferencia, con la presencia de miembros de la Procuraduría conjuntamente con el fiscal Rapoport. El 18 de febrero del 2020 la jueza Borruto dictó el procesamiento de los cuatro indagados, por los delitos de tormentos y amenazas, y caracterizó los hechos de la causa como delitos de lesa humanidad.
El 4 de mayo del año pasado, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, resolvió hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa de otro de los imputados, quien reclamaba que los crímenes por los cuales fue acusado no encuadran en la categoría de lesa humanidad, y que por lo tanto estarían prescriptos. El fallo fue recurrido por el MPF y por los querellantes ante la Corte Suprema. La jueza Borruto optó por aguardar al pronunciamiento del máximo tribunal para continuar con el desarrollo de la investigación y suspendió las citaciones a indagatoria de los restantes imputados que ya estaban fijadas.






El pasado 25 de marzo en el Centro Cultural La Superiora de Rawson, se llevó a cabo una jornada de reflexión en el marco de conmemorarse el 24 de marzo “El día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

En esta oportunidad se presentó una investigación sobre Teatro de la Resistencia en San Juan en la dictadura en 1976-1983, realizada por docentes de la carrera de teatro de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Prof. Manuel López y Pablo Flores y del alumno avanzado Emiliano Fernandez a cargo de la tutoria de la Prof. Ada Valdez, quienes presentaron a Victor Correa, hacedor teatral, sobreviviente, prisionero, obrero panadero, actor y mimo sanjuanino, que brindó testimonio sobrevimiente de la última dictadura militar.
Esta experiencia se realizó junto a alumnos de primer y segundo año de la carrera de teatro de la FFHA, que conmovidos con el testimonio luego preguntaron detalles a tan destacado invitado.
Estuvieron presentes en esta jornada, la Directora del Departamento de Letras de la FFHA, Prof. Gabriela Dominguez y la Vicedirectora Lic. Cristina Castro, docente invitada: Dra. Alicia Casteñeda y representando la Secretaria de Deporte, Turismo y Cultura de la Municipalidad de Rawson, el Sr. Roberto Ortega.

La investigación abordada se enfoca en el estudio de experiencias y prácticas teatrales en la dictadura de 1976 a 1983, en San Juan, cuyo trabajo artístico pretendía restituir la utopía acallada y el valor de la vocación humana que hacía de la actividad teatral un instrumento para la resistencia ante los problemas sociales y políticos que significan hacer teatro en un régimen dictatorial. Nuestro objeto de estudio se construye a partir de la descripción y la interpretación de una serie de prácticas teatrales de un período crucial de nuestra actividad artística local (la dictadura 1976-1983) que operaron en el marco de la resistencia de sectores del arte teatral, como prácticas socio-políticas y culturales desde las márgenes y el ocultamiento a través del teatro metafórico o teatro en la clandestinidad o desde espacios con la protección del trabajo en instituciones pertenecientes a gobiernos extranjeros o el ocultamiento en otras provincias.
Se busca:
• Describir e interpretar las experiencias artísticas del teatro de la resistencia en el campo teatral sanjuanino, durante el período de la dictadura en Argentina: 1976-1983.
• Relevar y estudiar las poéticas dramatúrgicas, de actuación y de dirección, que generaron realizadores de la resistencia, de la militancia artística, obrera y estudiantil, en San Juan, en el período de referencia.
• Analizar los modos de trabajo de los artistas involucrados en las prácticas que estudiamos, en cuanto a espacios de ensayos y puestas, difusión, enmascaramientos, sistemas de relaciones interpersonales y posicionamientos desde lo social y lo cultural.
• Establecer relaciones comunicantes entre estas formas teatrales y los espectáculos teatrales llevados a cabo por el teatro de grupo independiente sanjuanino y el teatro oficial. Construir una cartografía teatral, con las realizaciones teatrales examinadas, que no han tenido registro como tales en el periodo escénico pensado para esta investigación.

“Hoy hace un año que el país se debatía en la más profunda crisis por la que ha atravesado su historia”, arranca la solicitada, que aludía a “la corrupción, la falta de autoridad, el desgobierno, el crimen como medio político”. También señalaba “la inflación descontrolada y el desorden fiscal”, en el marco del cual, según los terratenientes, “el país se desintegraba”.
Después de esa breve descripción, la Rural añadió: “En esos momentos todos estábamos dispuestos a dar cualquier cosa por tener garantías mínimas de vida y de bienes, por volver a respirar aire puro”.
La interrupción del orden constitucional, el mismo año en que debían celebrarse elecciones generales, resultó ser esa “cualquier cosa” anhelada por el bloque terrateniente.
La Rural saludó el Golpe con el eufemismo “tomaron las riendas del país”, e invoca en un “todos” genérico su explícito apoyo a la Junta Militar: “Fue en tan graves circunstancias que las Fuerzas Armadas tomaron las riendas del país con patriótico empeño, para evitar la desarticulación total. Su advenimiento al gobierno fue apoyado por todos. En aquel momento nadie medianamente informado creyó en la posibilidad de revertir la situación en un plazo breve”.

A la hora del balance, tras doce meses de gobierno genocida, la Rural destacó que “un año después, luego de una ardua labor, varios e importantes son los logros materializados”, y advirtió que “quizás (los logros fueran) mayores aun de lo que nos puedan parecer sin la suficiente perspectiva”.
En ese sentido, celebró que “la guerrilla apátrida y brutal, amparada en buena medida por las anteriores autoridades, ha sufrido rudos golpes y está en franca retirada”.
En una sola oración sostiene dos mentiras flagrantes: “las anteriores autoridades” habían combatido a las organizaciones armadas con los decretos que militarizaron la provincia de Tucumán primero, y el resto del país más tarde, después del ataque d eMontoneros a un cuartel en Formosa, en la antesala del asalto al poder de 1976. Pero, además, la guerrilla no estaba “en franca retirada” en marzo de 1976: estaba virtualmente derrotada tras el copamiento del ERP al regimiento de Monte Chingolo, en diciembre de 1975.
Sin embargo, los terratenientes subrayaron lo siguiente: “(La guerrilla) Ahora se dedica desde el exterior a atacar al país, a través de la prensa izquierdista, cínicamente abusando de la calificación de derechos humanos, que ellos jamás quisieron respetar”, anticipando el argumento que usaría la dictadura en los años siguientes para ocultar los crímenes de lesa humanidad: una supuesta “campaña antiargentina”.
A renglón seguido, La Rural señaló que quedaba “mucho por hacer” y que resultaba “indispensable reforzar el Proceso (la autodenominación con la cual se bautizó la dictadura) adjudidándole otro ritmo, lograr definiciones y tomar decisiones que hacen al fondo del mismo y que son necesarias para proyectar a la Nación hacia su modernización, conforme al plan económico inicialmente enunciado”, en alusión al plan del ministro entonces de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, exponente él mismo de la Sociedad Rural.
“En efecto, debemos desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de una lenta pero sistemática estatización socializante, que en definitiva ha demostrado su fracaso, al empobrecernos a todos, y al no haber dado los frutos que algunos sectores ansiosos, confundidos o equivocados, esperaban de su aplicación”.
El párrafo sitúa el comienzo de lo que en 1977 era visto por la pata civil de la dictadura como el origen de los problemas argentinos “casi 35 años atrás”, es decir a mitad de los 40: el problema era el peronismo, el mismo argumento que usó Cambiemos durante la administración del expresidente Mauricio Macri.
La expresión “sistemática estatización socializante” remite al “intervencionismo estatizante y agobiente” criticado por Martínez de Hoz el 2 de abril de 1976, al lanzar su programa económico.
¿Cuál era la receta de la Rural en marzo de 1977? “Este proceso requiere el apoyo y sacrificio de todos los sectores, sacrificios que deben hacer no sólo los empresarios y los obreros, sino especialmente el Estado, dando el ejemplo a través del reordenamiento presupuestario, que ya ha comenzado, la liquidación de las empresas estatales y el redimensionamiento de la burocracia”. O sea, el achicamiento del Estado a su mínima expresión.
Por último, la Rural trazó un paralelismo al pedir que “recordemos etapas similares y veremos que las experiencias pasadas nos indican la inconveniencia de actitudes demagógicas, de aperturas políticas prematuras, que pueden entorpecer o demorar una efectiva recuperación del país en todos los órdenes”.
En otras palabras: a diferencia de los ocurrido con las dictaduras de 1955 y 1966, llamaba a la eternización de las Fuerzas Armadas en el poder para impedir cualquier atisbo de gobierno popular elegido por las urnas, para completar así el nuevo programa, que había desterrado el modelo de sustitución de importaciones.
Por si quedara duda, la entidad reiteró “frente a los productores y la ciudadanía en general su apoyo a toda acción que signifique completar el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976, para poder lograr así los fines propuestos, que en definitiva son los grandes objetivos nacionales”.
El mismo día de la solicitada se difundió otro texto, la contracara del panfleto de La Rural, presidida entonces por Celedonio Pereda. Coincide solamente en que se trata de un balance del primer año del “Proceso de Reorganización Nacional”.
“En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales”, escribió Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar.
“Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9 al 12%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos”, era el otro balance de la economía del Estado terrorista.
Sus consecuencias, en la radiografía de Walsh: “En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan”.
Las cifras macroeconómicas distaban de ser la “modernización” del programa saludado por La Rural: “Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia”.
Un pasaje de la Carta Abierta subraya el contrapunto con la solicitada de La Rural: “Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente, Celedonio Pereda: ‘Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos’”.
Un día después de haber dado a conocer la Carta Abierta (“obra maestra del periodismo universal”, tal como la definió Gabriel García Márquez), Walsh fue secuestrado por un grupo de tares y permanece desaparecido.