Las 10 mil páginas depositadas en Roma sobre los años que estuvo en el RIM-22 de San Juan y la reciente sentencia de la Corte Suprema contra el capellán Reverberi podrían ponerlo en aprietos.

Se ve mal para Carlos Luis Malatto . El exteniente coronel ítalo-argentino -buscado por la Interpol por haber participado en decenas de secuestros, torturas y asesinatos de opositores políticos durante los años de la dictadura- podría correr el riesgo de ser extraditado a Argentina, de donde logró escapar en 2011 para tomar refugio en Sicilia, gracias a su pasaporte italiano.
Desde hace unos once años, el ex teniente coronel vive su ” buen retiro ” en la isla. La última vez fue descubierto por Le Iene en una casa en el área de Messina a pocos pasos del mar.
En Argentina, Malatto, que ahora tiene 73 años, está acusado de ser responsable de veintiséis asesinatos y setenta casos de tortura durante el período del régimen militar de Jorge Videla , quien formó parte del llamado Plan Cóndor , cuando en San Juan era jefe operativo del personal de gendarmería (S1) del RIM-22 (Regimiento de Infantería de Montaña, acusado de 160 asesinatos). Las autoridades argentinas habían intentado su extradición pero sin éxito: la Corte de Casación, en julio de 2014, había puesto fin a sus pedidos, rechazando la solicitud de extradición presentada por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y lesiones.
En concreto, la sección penal sexta, presidida por Tito Garriba , había rechazado sin dilación la solicitud de extradición realizada por la República Argentina, acogida por la Corte de Apelaciones de L’Aquila, aceptando el recurso de los abogados Franco Sabatini .y Augusto Sinagra (este último conocido como ex abogado de Licio Gelli ).
Tras la sentencia de Piazzale Clodio, los magistrados capitolinos comenzaron a tratar la controvertida responsabilidad de Malatto en los asesinatos individuales de Alberto Carvajal , Juan Carlos Cámpora y Marie Anne Erize (joven modelo violada y asesinada por militares), sobre la que hoy se Está en marcha, en fase preliminar, un juicio en Roma.
Sobre el caso, entonces, en junio de 2022 se abrió un expediente contra el ex militar por los crímenes cometidos en San Juan entre 1976 y 1977. El Secretario de Estado de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Pietragalla Corti, solicitó una investigación complementaria con la que se pidió a los fiscales romanos investigar otros treinta casos de desapariciones ocurridas también en San Juan, donde los operativos fueron coordinados por el regimiento del que Malatto era miembro. Hace unos días, como complemento a la denuncia, se depositaron 10.000 folios de documentos recabados contra el exteniente. Para presentarlos a los fiscales de Roma Francesco Dall’Olio y Laura Condemi estuvo el Director Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, Federico Efron , quien vino específicamente de Argentina. La evidencia muestra cómo funcionaba el aparato represor y cómo se ubicó el RIM-22 donde estaba Malatto en San Juan”, explicó Efron a la prensa presente en las afueras de Piazzale Clodio. Además, “se presentó prueba específica contra el exteniente, incluso con el apostillado en La Haya“. Son documentos valiosísimos que esta vez podría asegurar Malatto (la condicional es un deber) a la justicia en Argentina, donde entretanto se han celebrado cinco juicios sobre los terribles hechos de San Juan en estos 10 años, más un sexto que está concluido. . En ninguno de estos, a pesar de haber sido citado por testigos cientos de veces por sus funciones en ese momento, Malatto no fue cuestionado porque la justicia argentina no permite los juicios en rebeldía. De ahí la urgencia del gobierno de pedir a Italia la entrega del exsoldado. Pero ahora puede haber una nueva esperanza, especialmente para las familias de los desaparecidos. Por teléfono, 24 March onlus, una asociación italiana que desde 2009 participa en la realización de los procesos relacionados con los desaparecidos en Italia, nos dijo que hace aproximadamente un mes “se instó a la ejecución de la orden de captura internacional, que debió haber llegado a Interpol pero aún no ha sido ejecutada”. Incluso el abogado Arturo Salerni, uno de los principales abogados de las víctimas del maxijuicio Cóndor en el que fueron condenados a cadena perpetua 24 responsables de crímenes cometidos durante las dictaduras sudamericanas, confirmó que se realizaron solicitaciones. En concreto, se habla de las dos órdenes de captura, aún pendientes: una de 2016 por dieciocho asesinatos y otra de 2019 por otros cinco asesinatos. Una tercera en cambio, la de 2012, resulta inaplicable tras la sentencia del Tribunal Supremo. Según algunas fuentes, al respecto, Horacio Pietragalla Corti se reunió en Roma con el fiscal jefe Francesco Lo Voi , con quien conversó sobre los distintos juicios por la humanidad herida que se adelantan en Italia y presentó las solicitudes de Argentina. Se esperan respuestas a las órdenes de captura. Pero de haber un resultado positivo, la sentencia de la Corte de Casación de 2014 solo se convertiría en un mal paréntesis en este arduo intento de las familias de las víctimas de la dictadura por llevar a Malatto ante la justicia.

El encuentro en Roma entre el fiscal jefe, Franco Lo Voi, y el secretario de Estado argentino para los Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti 

Aquel “no” a la extradición
En esa sentencia, se rechazó la solicitud de extradición realizada con base en las órdenes de aprehensión dictadas por los delitos cometidos entre 1975 y 1977, cuando Malatto estaba de servicio en el RIM-22, porque “no había indicios serios sobre la participación de Malatto los hechos que son objeto de la solicitud de extradición”. Específicamente, resumiendo en pocas palabras uno de los pasajes cruciales, la 6ta Secta. Criminal, informó que los jueces abruzenses habían operado “un control puramente formal de la documentación presentada por el Estado requirente (Argentina, ed .), refiriéndose a la más reciente orientación jurisprudencial “- con la que no estuvo de acuerdo el Tribunal Supremo- “según la cual en presencia de un acuerdo bilateral de extradición es posible prescindir de la verificación de indicios graves”. Según Piazzale Clodio, por otro lado, “debe haber una resolución destinada a verificar que la documentación es realmente adecuada para demostrar la existencia de elementos contra la persona extraditada”. Elementos que, nuevamente según la Corte Suprema, en la “documentación anexa (producida por el gobierno argentino, ndr) no permiten identificar ningún elemento a cargo de los Malatto, sino que sólo surge una teorizada ‘responsabilidad de cargo’” y “ninguna referencia concreta a su participación en uno de los episodios disputados”. Parafraseando: aunque Malatto pertenecía al Regimiento de Infantería 22, ello no prueba que haya participado personalmente -según la documentación producida en L’Aquila- en la eliminación física de los disidentes políticos y de quienes fueran considerados tales. Ahora, sin embargo, como se mencionó, existe la posibilidad de que esta disputa pueda ser superada o al menos revisada en el corto plazo -pero todo está por verse- sobre la base, de hecho, de la nueva y abundante documentación presentada por la Fiscalía de Roma.

Sentencia Reverberi, ¿una posible piedra angular?
Mientras tanto, el 30 de junio, la Corte de Casación dictaminó la extradición del sacerdote Franco Reverberi . Una sentencia que en consecuencia podría favorecer los pedidos de las autoridades argentinas por la entrega de Carlos Malatto . Pero vamos en orden. Reverberi, de 85 años, ahora vive en Italia pero en 1976 era capellán aplicado en la Casa Departamental de San Rafael (en la región de Mendoza), considerado uno de los centros clandestinos de detención más importantes del país.
Desde mayo de 2011 se encuentra en Sorbolo (país de origen de la familia en la provincia de Parma) donde al menos hasta hace poco tiempo realizaba funciones religiosas regulares. Pendiente pedido de extradición del sacerdote motivado por la acusación de participación, presenciada por algunos ex presos, de homicidio agravado contra José Guillermo Berón(militante socialista de 22 años secuestrado en el ’76 y hecho desaparecer) y acusado de secuestro y tortura con fines políticos de 10 personas (entre ellas el propio Berón) y asociación delictuosa. Todos delitos muy graves que presuntamente cometió durante el período en que estuvo en la Casa Departamental, por lo que la Fiscalía de San Rafael en junio de 2011 había pedido que fuera investigado. La solicitud de extradición la hizo el Ministerio Público de Mendoza, tras la denuncia de Richard Ermili , abogado y copresidente de la “Asamblea Permanente por los derechos humanos” de San Rafael, a la que se sumó la Secretaría de Derechos Humanos Argentina con el secretario Horacio Pietragalla.

El sacerdote Franco Reverberi

En 2012, Interpol emitió una orden de búsqueda en su contra mientras que la solicitud de extradición realizada por Argentina, en ausencia del delito de tortura en el código penal italiano (introducido recién en 2017), fue rechazada por primera vez por la Corte de Apelaciones de Bolonia en 2013. , luego por el Tribunal Supremo, en 2014. En octubre de 2020, sin embargo, se presentó una nueva solicitud de extradición contra el sacerdote, nuevamente rechazada por el Tribunal de Apelación de Bolonia el 17 de marzo de 2021 por “falta de pruebas graves de culpabilidad por los delitos de asesinato y tortura agravados por la muerte de Josè Guillermo Berón y la prescripción, según la legislación italiana, de los restantes cargos”. El tribunal se había basado, en parte, en las conclusiones de sentencias anteriores.
Entonces la República Argentina, representada por el abogado Arturo Salerni , junto a la Fiscal General Adjunta Francesca Ceroni , presentó un recurso ante la Corte Suprema pidiendo la nulidad de la sentencia impugnada. Apelación ganada, en efecto, el pasado 30 de junio. La sexta sección penal, presidenta Anna Criscuolo, anuló la suspensión de la extradición del ex capellán, ordenando la remisión a otra sección del Tribunal de Apelación de Bolonia “para que los demás aspectos de la solicitud de extradición fueran considerados ‘superfluos’ por el Tribunal de Apelación en su decisión”, en particular”, en referencia a los delitos de tortura de 9 presos distintos a Berón”. Los jueces, en 18 páginas, explican los motivos que les llevaron a aceptar el recurso, desarrollando el razonamiento principalmente en torno a dos perfiles, tal y como nos explicó el abogado Salerni .: el del caso del asesinato del joven Berón, del que habría sido testigo Reverberi, y el del maltrato y tortura de los diez internos (incluido Berón), en el que el capellán, según la reconstrucción de las autoridades argentinas, habría Participó en “una activa y adhesiva”. La cuestión planteada por los jueces ermellini es enteramente jurídica y se basa en una cuidadosa reconstrucción de los hechos controvertidos a Reverberi y de las normas internacionales generalmente reconocidas que la Corte Suprema ha firmado como prueba de la decisión de detener la cancelación de la solicitud de extradición. Y es sobre estos perfiles desarrollados, con los que el Tribunal Supremo ha introducido en consecuencia una nueva jurisprudencia, que no sólo abriría la posibilidad de un juicio al ex capellán militar Franco Reverberi, pero también para intentar extraditar a Malatto. En la práctica, se daría seguimiento a la última solicitud de extradición del 28 de junio de 2022 de los jueces federales de San Juan.

el primer perfil
Llegamos por tanto a los dos perfiles abordados en la sentencia Reverberi. Frente al primero, el relativo al asesinato del joven Berón, la Corte Suprema ha tomado nota de las “fuentes de prueba concretas de Argentina, a saber, los testimonios de personas “detenidas y torturadas” en la Casa Departamental en el mismo período que Berón ”, en virtud de la cual Argentina “fundamentó la hipótesis acusatoria sobre su participación en términos de adhesión y fortalecimiento de la intención delictiva de los autores materiales de los delitos controvertidos”. En concreto, el centro de detención “donde exhibió su actividad de extradición fue destinado permanentemente a formas de detención ilegal y tortura de disidentes políticos, con la ‘desaparición’ de las víctimas según un protocolo preestablecido”. Aquí, según los documentos aportados por las autoridades argentinas, “El Extradidor, que ya había servido con las fuerzas militares antisubversivas, formaba parte constantemente de los grupos militares dedicados a las torturas denunciadas por las víctimas sobrevivientes, asistiéndolas, incluso las más brutales y mortíferas, invitando a las víctimas a ‘colaborar’. ‘ con las fuerzas armadas ‘para alivio espiritual’ (los testigos lo recuerdan vestido de soldado con la Biblia en la mano y una pistola en la funda)”. Sobre este punto, el capellán “nunca había dado, sin embargo, ningún ‘alivio espiritual’ y, por lo tanto, no desempeñó ninguna función típica de su aparente papel”. Según el Tribunal Supremo, por tanto, “los hechos así reconstruidos no se limitan a la participación del extraditado en las torturas infligidas a los detenidos y por tanto también al detenido Berón, sino que deben ampliarse -también desde el punto de vista judicial- – al caso de su muerte. último”.
En virtud de ello, la Corte de Casación recordó que “la jurisprudencia de legitimidad ha señalado reiteradamente que existe dolo directo en forma denominada alternativa en el caso de que el agente prevea y acepte el hecho y por tanto, mientras no lo persiga como un objetivo la final. Mientras que el fraude potencial se produce cuando el agente ha representado claramente la posibilidad significativa de verificar el hecho concreto y, no obstante, después de haber considerado el fin perseguido y el posible precio a pagar, se determina a actuar en todo caso, también a costa de causante del hecho dañoso, adhiriéndose a él, si se produce”.

Con respecto al “posible fraude”, nos dice el 24 de marzo en adelante , “ siempre nos referimos al art. 110, que es el de la competencia. Y el caso que siempre citamos en la base de todo es el del pequeño Di Matteo (el niño de 12 años, hijo del arrepentido Santino, secuestrado y asesinado por Cosa Nostra, ndr ). Esa es nuestra base legal porque el niño fue secuestrado por un grupo de jefes que lo entregaron a un segundo grupo y luego llegó un tercero que lo estranguló y disolvió el cuerpo. Según el Tribunal Supremo italiano, todos son culpables de la misma manera: tanto los que llevaron a cabo el secuestro, como los que lo mantuvieron preso y los que lo mataron porque quien fue a secuestrar al niño sabía de la posibilidad de que el niño fuera asesinado. ”.
Volviendo a la sentencia del Tribunal Supremo, ambas causas penales, la de dolo directo y la de posible dolo, según los jueces, son “respectivamente compatibles con las causas penales sancionadas con cadena perpetua”, delito imprescriptible, por tanto sujeto a una solicitud de extradición. Por tanto, en conclusión, “debe considerarse que la documentación remitida por las autoridades argentinas es efectivamente idónea para acreditar la existencia de elementos en contra del extraditado por los delitos en cuestión, sancionados en Italia con cadena perpetua”, según se desprende, “en términos lógicos altamente probables, en relación con los métodos de acción a los medios brutales y sistemáticos empleados para llevar a cabo la tortura, la representación y voluntad del hecho (la muerte del torturado) o en todo caso la aceptación de este riesgo”.
Esta apreciación del Tribunal Supremo socavaría la del Tribunal de Apelación que desestimó la acusación también por “no lograr demostrar la gravedad circunstancial de la responsabilidad de Reverberi”. Como, de los documentos adjuntos, se desprende “sólo la frecuente presencia de éstos en el centro de detención […] también con motivo de prácticas de tortura […] y por lo tanto la conciencia de estos últimos de las torturas y ‘desapariciones ‘ realizada por los militares, pero no elementos que puedan ser valorados con referencia a su participación en perjuicio de Berón”. Esta misma apreciación respecto de la participación no probada en los hechos controvertidos, había favorecido igualmente a Malatto en 2014, en el marco de las acciones cometidas por el “ Grupo de tareas”Del Regimiento 22, como se explicó anteriormente, en el que era responsable de las detenciones. Es por ello que la nueva sentencia de la Corte Suprema, en este aspecto, podría resultar ventajosa para las autoridades argentinas, en particular porque aplicaría, en esa esperanza, a los familiares de las víctimas, tanto por las decenas de asesinatos como por los demás casos de tortura que se impugnan.

el segundo perfil
Llegamos pues al segundo perfil: el del abuso y la tortura. En la sentencia Reverberi, los jueces armiños argumentan claramente que los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir como disciplina en el derecho internacional, que además prevalece sobre nuestra Constitución. Es a partir de este principio que la Corte Suprema acogió el recurso del gobierno argentino, rechazando la sentencia de los jueces boloñeses que habían negado la entrega de Reverberi no solo por falta de pruebas serias sino también por la prescripción de los delitos. relacionados con el abuso de los presos. Sobre el primer punto, la Corte Suprema niega que “el error cometido por la Corte de Apelaciones es entrar en la valoración directa de las pruebas adjuntas por el Estado requirente, criticando la consistencia lógica de las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial”, cuando en realidad no le corresponde a la Corte de Apelaciones revisar las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial argentina. Para la extradición, a los efectos de un juicio, es suficiente evaluar la documentación proporcionada por el estado requirente. Y, a juicio de la Corte Suprema, el Estado requirente “representa adecuadamente el marco circunstancial en contra de la persona extraditada en la exposición de los hechos”. Por otro lado, de acuerdo al segundo punto, el de la prescripción de los delitos cometidos contra los diez detenidos de Casa Departamental, la Corte de Casación, el pasado 30 de junio, afirmó que “es un principio generalmente reconocido internacionalmente, ya en su momento en que se cometieron los hechos imputados a Reverberi,

© Archivo Hasenberg-Quaretti

Para redactar la sentencia, los jueces se basaron, entre otras cosas, en la Convención de Viena de la ONU de ’68 sobre la no aplicabilidad de las disposiciones a los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, así como en el Estatuto de Roma de 1988. de la Internacional Tribunal Penal, firmado y ratificado tanto por Italia como por Argentina. En conclusión, la Corte observó que “considerar los crímenes de lesa humanidad como prescritos para los efectos de la extradición y, por tanto, impedir la acción de otro Estado para reprimir tales crímenes -que no los considera prescritos- es una medida contraria al jus cogens, cuya observancia es proclamado en la propia Constitución”. Por lo tanto, “la decisión del Tribunal de Apelación que consideró prescritos los delitos imputados a Reverberi sin examinar si pueden calificarse como ‘crímenes de lesa humanidad’ y, por tanto, sustraerlos de la prescripción debe considerarse errónea”. Además, los armiños rechazaron “el argumento planteado en la memoria por la defensa de Reverberi de la ejecución hipotecaria resultante, en los términos del art. 707 bacalao. proceso pen., de la sentencia contra la extradición dictada en relación con la anterior solicitud de extradición formulada en su contra” (la de 2014, ed.). La regla conforme al art. 707 según el código, establece que, “sin perjuicio del derecho del Estado que solicita la extradición a recurrir en casación conforme al artículo anterior, una vez que la decisión contraria haya adquirido firmeza, no está permitido pronunciar sentencia favorable por los mismos hechos a petición del mismo Estado”. Pero la “solicitud puede ser admitida si se basa en elementos no tomados en consideración previamente por la autoridad judicial”. En concreto, el Tribunal Supremo, al anticipar que “la superposición de las dos solicitudes extratradicionales no se desprende de los documentos”, señala que en la sentencia de 2014 se “señala como obstáculo […] la ausencia en el ordenamiento jurídico italiano de un delito concreto de tortura, con la consiguiente irrelevancia de la cuestión planteada por el Estado requirente en el recurso de casación de la imprescriptibilidad de este delito”. Sin embargo, este “obstáculo”, en realidad un vacío normativo, se superó en 2017 con la introducción de un delito específico de tortura (art. 613-bis del código penal italiano). ) Por tanto, el delito de tortura “viene a representar ese elemento ‘nuevo’, capaz de superar la exclusión prevista”, observó el Tribunal Supremo. “De hecho, ya se ha dicho que de la redacción del art. 707 bacalao, prod. lápiz. los nuevos elementos podrán consistir también en la modificación de la modificación interna aplicable”. Una nota más que positiva según elAbogado de Salerni . La sentencia recuerda la introducción en 2017 de un delito específico de tortura en el código penal. Esto se reporta como un hecho nuevo ”, comentó.
” El Tribunal de Apelación de Bolonia no puede decir que el delito está prescrito, como dijo en 2013, pero tuvo que reevaluar la situación “. Ello porque, según el abogado, “ aunque ese delito estuviera prescrito en Italia, por ser un crimen de lesa humanidad, para los efectos de la extradición queda superado este elemento de la doble prescripción, del Estado requirente y del Estado requerido”. por tratados internacionales ”, explicó el abogado. “Así se establece cuando se trata de crímenes de lesa humanidad -y lo es la tortura- en el marco de los convenios internacionales a los que Italia se ha adherido ”, agregó el abogado. Por tanto, volviendo a Malatto -quien, al igual que Reverberi, se declara inocente y rechaza toda acusación- ” esto significa que además de los hechos homicidas, también podría concederse la extradición, si se solicita, por delitos de tortura no examinados ya en la solicitud de extradición anterior “. o sobre una nueva base“. Todos estos criterios jurídicos, tratados a punta de ley, representan una esperanza para las decenas de familiares de desaparecidos y ex presos políticos que el gobierno argentino cree que han ido a parar a manos del ex teniente y del ex capellán para que ambos sean llevados ante la justicia en el país donde buscaron refugio o del que huyeron hace más de diez años.