Seis de la tarde del miércoles 22 de julio de 1981. Una joven periodista llega a un restaurante en el barrio de La Soledad de Bogotá, una zona tranquila en la localidad de Teusaquillo, en el centro de la capital colombiana. Está nerviosa. Hace apenas unas horas un desconocido le ofreció por teléfono la posibilidad de entrevistar a Jaime Bateman Cayón, el máximo comandante del Movimiento 19 de abril, la guerrilla M-19, el hombre más buscado en aquel momento por las fuerzas del orden. Ella aceptó.

La memoria de Alexandra Pineda, periodista colombiana que cubrió la sección de Política en el diario El Espectador, retiene con viveza algunos detalles del secuestro falso del que fue objeto junto con el periodista y presentador Fernando González Pacheco aquel día de 1981. Para los datos que no logra recordar, remite a la crónica que publicó sobre aquellos hechos; un secuestro que en la historia reciente de Colombia ha quedado reflejado como lo que fue en realidad: una entrevista clandestina al líder guerrillero. La curtida periodista atiende a Público por teléfono desde París, donde reside desde hace décadas, y su memoria comienza a regalar valiosos retazos de la historia.

Apenas lleva cinco minutos en el restaurante cuando un coche, un pequeño vehículo Fiat o tal vez un Simca, para y la recoge. En el interior, en la parte trasera, un hombre grande acoplado en una difícil postura en el diminuto asiento la contempla. Es Fernando González Pacheco (1932-2014), el famoso presentador de la televisión colombiana. Su programa de entrevistas Cita con Pacheco tiene mucho éxito. Desde finales de los años cincuenta, el presentador, nacido en Valencia (España), conquista por su carisma a la audiencia colombiana.

“Yo lo admiraba. No le conocía en persona ni él a mí. Me confundió con otra periodista de El Espectador, María Teresa Herrán. Creía que ella asistiría a aquella rueda de prensa clandestina que el destino nos había preparado”, cuenta Pineda.

El coche se detiene frente a una casa. Unos guerrilleros con pasamontañas y Magnum automáticas en la mano les conducen a una sala con una mesa alargada y cuatro sillas. Al cabo de dos horas de espera, hace su aparición Jaime Bateman Cayón, conocido como el Flaco y comandante Pablo, un popular personaje que moriría dos años después en un accidente aéreo y a cuyo fallecimiento Gabriel García Márquez dedicó un reportaje.

La periodista queda impresionada con el carisma de Bateman: “Hablaba de paz, amaba la paz, creía en ella, nos dijo. Quería que Pacheco llevase una carta de paz al presidente Julio César Turbay [su polémico gobierno fue entre 1978 y 1982]. El papel que me reservó Bateman fue el de testigo oficial de aquel encargo“, recuerda Alexandra Pineda. El líder guerrillero les revela el contenido de su misiva: propone un alto el fuego a cambio de poder presentarse a las inminentes elecciones presidenciales.

Los recuerdos de Alexandra parecen trasladarse a la larga noche en la que el líder del M-19 le dio quizá la mejor exclusiva de su vida: su deseo de cambiar la sociedad con la política en vez de con las armas. Siete horas duró la entrevista, mojada con whisky y envuelta en el humo de los cigarrillos de Alexandra. Bateman contestó a todas las preguntas y “nunca le faltó la sonrisa, ni siquiera cuando nos relató cómo se perpetró dos días atrás el ataque con obús contra contra el Palacio de Nariño”, la residencia presidencial de la República de Colombia. El artefacto impactó a tan sólo treinta metros del dormitorio del presidente Turbay.

No falta diálogo ni comida para los secuestrados. A las cuatro de la madrugada se retiran a dormir, dejando solo al guerrillero con la botella de whisky. Pero antes los dos hombres firman un documento, un pacto. “Mañana sales en las primeras planas de los periódicos, Pacheco. Nos apostamos doce botellas de whisky Chivas Regal”.

A la mañana siguiente, Bateman los despierta. Está frente a la cama de Pacheco con un ejemplar de El Espectador, donde se da cuenta del operativo de la policía para localizar al presentador. “Te gané, Pacheco”.

A las cuatro de la tarde, el mismo coche minúsculo los devuelve al centro de Bogotá.

El periodista jamás denunció un secuestro

Pacheco entregó la carta con la propuesta de paz a su destinatario, el Gobierno de Turbay, lo que le acarreó serias consecuencias: frecuentes requerimientos para acudir a declarar a las caballerizas militares de Usaquén, donde habitualmente se torturaba a los detenidos. Esto lo contó el periodista, fallecido en 2014, en alguna entrevista, donde se declaraba “hombre de izquierda o progresista” (Revista Semana, 1987).

Cuarenta años después, una denuncia por presuntos crímenes de lesa humanidad, admitida en la Audiencia Nacional, recuerda aquel episodio, aunque con un cariz muy diferente. La denuncia por el secuestro del periodista González Pacheco va dirigida contra Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico, que acaba de lograr la victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

Habla el abogado de Petro

Petro militó en su juventud en el M-19. Cuando ocurrió el falso secuestro de Pacheco, él tenía 21 años. Siempre fue un militante de base, según su abogado, Daniel Prado. “Petro no participó en ese tipo de acciones, que, además, estaban consensuadas con los periodistas para tratar de dar a conocer los objetivos del M-19 al levantarse en armas”, explica Prado e incide en que “el propósito de aquella retención fue enviar al Gobierno un mensaje sobre la amnistía”.

“Nunca existió una reclamación económica, a modo de rescate, a la familia de Pacheco, simplemente porque no existió el secuestro”, cuenta Prado.

Por entonces, los periodistas colombianos estaban maniatados por la autocensura imperante en los medios; apenas podían informar sobre las reivindicaciones de los guerrilleros. El temible Estatuto de Seguridad, una especie de estado de excepción permanente, instaurado por el presidente Julio César Turbay, limitó los derechos cívicos, como la libertad de prensa.

“Debido al Estatuto de Seguridad se hicieron populares los secuestros a los periodistas. Suponían una manera de burlar la censura –explica el letrado de Petro–. ¿Cómo iba a justificar Pacheco haberse reunido con el líder de un grupo ilegal? Pues fingiendo un secuestro”.

Las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la persecución de intelectuales por parte del Gobierno de Turbay contribuyeron al apoyo popular hacia la media docena de guerrillas activas en Colombia en aquellos años.

El papel clave de los periodistas

Otra histórica periodista colombiana atiende a Público por videollamada desde la ciudad de Cali. Olga Behar, informadora esencial en el conflicto colombiano, que ha denunciado en sus crónicas y en sus libros la impunidad del narcotráfico y sus ramificaciones con los grupos paramilitares que auspició el Estado. “La denuncia en España contra Petro no tiene ningún sentido, es algo ridículo. ¿Cómo podía él ser el autor material del secuestro de Pacheco si no tenía ningún peso en el M-19?”, exclama esta experta en el Movimiento 19 de Abril y otras guerrillas de Colombia, como las FARC.

“Quiero pensar que la Audiencia Nacional es seria y detectaría a posibles testigos falsos que el denunciante pudiera aportar en un momento dado”, indica Behar.

El denunciante de Petro es François Roger Cavard Martínez, un ciudadano colombiano que presentó en marzo pasado la denuncia por presuntos crímenes de lesa humanidad en la Audiencia Nacional, acogiéndose “a la jurisdicción universal que impulsó Baltasar Garzón”, según declaró este lunes en el matinal de W Radio, uno de los más escuchados de Colombia.

Para Olga Behar no existe ninguna duda de que el falso secuestro de Fernando González Pacheco fue pactado por el propio periodista. “La esposa de Pacheco y su sobrino jamás han denunciado el secuestro”, dice.

Así se burlaba la censura

“Teníamos que buscar fórmulas para burlar la censura y no sé a quién se le ocurrió pero de pronto empezaron a ocurrir muchos secuestros de periodistas por parte de las guerrillas. Yo no tuve que fingir un secuestro. En mi caso no detectaron las entrevistas que les hice a prácticamente todos los líderes guerrilleros y que publiqué en un libro en 1985 (Las guerras de la paz)”, narra Behar.

Los periodistas secuestrados no siempre podían publicar las entrevistas con los guerrilleros. “Si en nuestros medios no nos dejaban, les regalábamos la información a periodistas extranjeros. Y cuando aparecían las entrevistas en periódicos de Brasil o de México, entonces sí que nuestros periódicos se hacían eco”.

“Fue una entrevista convenida”, afirma Otty Patiño, excomandante del M-19, que ha autorizado a este periódico a publicar la fotografía que acredita la cita entre Pacheco y Bateman. No sólo lo confirma, sino que resuelve una incógnita. El periodista cumplió su promesa por la apuesta perdida y acabó pagando una caja con doce botellas de whisky Chivas a los miembros del M-19.

Los abogados de los genocidas fueron a golpear las puertas de los tribunales de Comodoro Py. A principios de semana, llegaron al primer piso del edificio de Retiro –donde la Cámara Federal de Casación Penal tiene asiento– con un largo pliego de pedidos pero con especial énfasis en conseguir la prisión domiciliaria para sus defendidos–. La reunión en el máximo tribunal penal del país tuvo ribetes tragicómicos: los atendieron dos de los jueces más criticados por ellos y una de las voceras del sector fue una exsecretaria de la Casación cuya carrera en el tribunal terminó en escándalo después de que supiera que alternaba su jornada laboral con la defensa de su padre represor. Pese a que se ocuparon de promocionar la audiencia, los grupos pro-impunidad se fueron con las manos vacías.

–¿Nos podemos sacar una foto para difundir?– preguntó el lunes uno de los cinco representantes de organizaciones pro-represores que fueron a la Cámara de Casación. Los casadores Alejandro Slokar y Mariano Borinsky –presidente y vicepresidente del tribunal– intercambiaron una mirada fugaz y asintieron sin mucho ánimo. Slokar puso cara de pocos amigos y Borinsky sonrió ante el flash de la cámara.

La foto en cuestión salió publicada en el diario La Nación junto con el planteo de las organizaciones que denostan el proceso de verdad y justicia. En la imagen se veía a quienes participaron del encuentro. A un lado de Slokar se ubicaron Alberto Solanet (Justicia y Concordia), Guilermo Fanego (Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica) y Aníbal Guevara (Puentes para la Legalidad). Al costado de Borinsky se pusieron Ricardo Saint Jean –hijo del gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires que quería matar a todos, incluso a los tímidos– y María Laura Olea, otra hija pródiga pero de la Cámara de Casación. Olea era secretaria de la Cámara y persona de confianza del camarista Eduardo Riggi –integrante de la vieja guardia de la Casación– cuando a finales de 2011 estalló un escándalo porque la mujer intercalaba sus tareas en el tribunal con la defensa de su padre, uno de los jerarcas del V Cuerpo de Ejército durante la dictadura.

Las organizaciones pro-impunidad pidieron la reunión después de que en marzo pasado la Casación reactualizara unas reglas prácticas para acelerar los procesos por delitos de lesa humanidad y de que sus autoridades brindaran un mensaje de apoyo al proceso de verdad y justicia. La presentación en sociedad de esas normas se hizo en una reunión en el primer piso de Comodoro Py con referentes de organismos de derechos humanos. Entre otros habían participado del encuentro Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), Carlos Pisoni (HIJOS Capital), Lita Boitano y Graciela Lois (Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas). Todos habían llegado invitados por el presidente de la Casación, Slokar. Borinsky y Ana Figueroa, la otra vicepresidenta del tribunal, habían sido parte del encuentro.

Con la teoría de que no serían recibidas porque los imputados en procesos de lesa humanidad sufren un trato discriminatorio por parte de la justicia, las organizaciones pro-impunidad fueron a golpear la puerta a Casación. La respuesta fue que sus autoridades recibían a todos los que piden una audiencia. Los casadores también tenían agendada una reunión para el lunes con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, que se postergó porque viajó a Roma.

La perorata fue bastante larga, casi tan larga como el documento de 20 páginas que entregaron en Casación. El texto llevaba las firmas de Solanet por Justicia y Concordia –una asociación creada en 2009 como respuesta a los juicios de lesa humanidad–, de Mario Cabanillas por el Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta, de Guevara por Puentes —una entidad conformada en 2015 por familiares de represores– y de Fanego por la Asociación de Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica. Fanego, un abogado conocido en tribunales por su defensa de los imputados por crimenes durante el terrorismo de Estado y por su destreza para estirar procesos hasta el infinito, impulsó hacia finales de 2017 la creación de esa organización ante la desazón que les provocó que el macrismo no promovió lo suficiente el fin de los procesos por crímenes contra la humanidad. En un documento fundacional, la asociación de Fanego se jactaba por haber impulsado denuncias contra el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el supremo Ricardo Lorenzetti y los fiscales Jorge Auat y Javier de Luca.

Los reclamos

El documento que entregaron condensa una denuncia a los procesos de lesa humanidad –algo que estas organizaciones ya intentaron sin éxito en el plano internacional– y un reclamo especial para que todos los represores estén en sus casas. De hecho, fueron a pedir a Casación un plenario para que los integrantes del máximo tribunal penal del país establezcan lineamientos para que les otorguen la domiciliaria a todos los mayores de 65 años. Slokar les dijo que solo se hacen plenarios cuando hay resoluciones contradictorias en la materia y no veía que fuera el caso.

Según los grupos pro-impunidad, los represores son sometidos a un “sistema penal discriminatorio” y raramente acceden a la domiciliaria o las excarcelaciones. Los datos duros dicen otra cosa. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), al 24 de marzo, solo el 21 por ciento de los imputados estaban bajo alguna modalidad de detención –en la cárcel o en arresto domiciliario– mientras que el 43 por ciento de ellos estaban libres. El resto de los genocidas están prófugos –un 1 por ciento– o muertos. En el Servicio Penitenciario Federal (SPF), solo quedan 101 represores detenidos, según pudo saber este diario.

Los abogados no perdieron el tiempo tampoco para despotricar contra la publicidad de los juicios, algo que tiene acogida en uno de los tribunales orales de Comodoro Py que tiene a su cargo el juicio sobre lo sucedido con los militantes de la imprenta del PRT-ERP. “Se usa la publicidad de los actos de estos juicios como funesto recordatorio; como homenaje a las supuestas víctimas y, simultáneamente, la evocación de hechos a una sociedad a la cual se le impone el perpetuo recuerdo, sino también un relato maniqueo que coloca a las fuerzas del orden como a los ‘malos’ y a los terroristas como ‘buenos’”, escribieron en la nota que dejaron.

También pidieron una investigación sobre el juez Daniel Rafecas, que es justamente el magistrado que instruye todas las causas del Primer Cuerpo de Ejército, y una auditoría sobre la Sala IV porque –según sus propios cálculos– siempre se pronuncia en contra de los intereses de los imputados de lesa. Borinsky ahogó una risa nerviosa porque es la sala que él preside.

Cuando estaba terminando la reunión, Solanet prometió hacerles llegar a los jueces un ejemplar de El pacto, un libro que denuncia un supuesto acuerdo entre Néstor Kirchner y el periodista y entonces presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky para juzgar a los criminales de lesa humanidad. Lo que había olvidado Solanet es que ya repartieron el libelo por Comodoro Py en plena pandemia. A Slokar lo describían en la publicación como portador de “actitudes militantes e ideologizadas”, lo emparentaban con el CELS, lo demonizaban por su pertenencia a Justicia Legítima y decían que él y Figueroa se niegan “sistemáticamente” a las domiciliarias y excarcelaciones.

En el acuerdo con los presidentes de las cuatro salas, Slokar comunicó que habían recibido con Borinsky a los grupos pro-represores. Entregó el documento que habían dejado a sus colegas y nadie pronunció ni una sola palabra. Todo indica que los abogados de los represores no se llevaron de ese encuentro más que una foto para el recuerdo de su paso por Casación.