El franquismo fue ilegal. Condena al golpe de Estado del 18 de julio de 1936.
España declaró “ilegal” al franquismo y el Estado será responsable de buscar a 114.000 desaparecidos de la dictadura
14 de Julio de 2022
Entre los puntos más destacados de la norma, hay que destacar:
-El franquismo fue ilegal. Condena al golpe de Estado del 18 de julio de 1936.
-Búsqueda a cargo del Estado de 114.000 desaparecidos durante la dictadura.
-El Valle de los Caídos -donde estuvo enterrado Franco hasta 2019- pasará a llamarse Cuelgamuros -zona geográfica del mismo nombre donde se ubica- y sólo podrán estar enterradas personas fallecidas durante la contienda. Esto supondrá la reubicación de la tumba de José Antonio Primero de Rivera -fundador de Falange- que ocupa un lugar principal en la basílica.
-Se considerará víctimas a aquellos que sufrieron daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Tendrá derecho al “reconocimiento y reparación integral”, al “resarcimiento” de los bienes incautados…
-El 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura, y el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a los hombres y mujeres que sufrieron el exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura.
-Uno de los puntos clave de la ley en relación a la Historia de España se refiere al acceso libre, gratuito y universal a todos los archivos -públicos y privados- con material relativo a todo el periodo comprendido entre el golpe de estado de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
-La ley permitirá retirar todos los títulos nobiliarios concedido por Franco a quienes pudieron cometer crímenes de guerra o durante la dictadura. En concreto suprime 33 títulos nobiliarios y grandezas de España concedidos entre 1948 y 1978. Entre los afectados, el duque de Primo de Rivera y el duque de Mola.
-Los descendientes de los brigadistas internacionales recibirán la nacionalidad española.
-Se cerrarán las fundaciones franquistas, cuya existencia se considera una humillación a las víctimas.
-La norma prevé multas de incluso 150.000 euros en casos concretos como la destrucción de fosas o lugares de memoria.
-Reconocimiento expreso y destacado “del papel activo de las mujeres en la vida intelectual y política, en la promoción, avance y defensa de los valores democráticos y los derechos fundamentales”.
Familiares de Francisco Franco portan el féretro con los restos mortales del dictador tras su exhumación en la basílica del Valle de los Caídos en 2019 (Europa Press)El Congreso español ha aprobado este jueves la Ley de Memoria Democrática que considera “ilegal” la dictadura franquista y condena el golpe de estado del 18 de julio de 1936 que dio comienzo a la Guerra Civil y puso fin de la II República. En una ajustada y bronca votación, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha sacado adelante -por 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones- una norma que obliga al Estado a buscar a las 114.000 personas desaparecidas durante la guerra fratricida y los 40 años de dictadura.
La “ilegalidad” del régimen de Francisco Franco supone de facto “una declaración de reconocimiento y reparación personal” a las víctimas de la dictadura. Pero va más allá: todas las condenas y sanciones en ese periodo a cualquier persona por razones políticas, de conciencia o creencia religiosa o por razones ideológicas pasan a ser también ilegales. Hasta ahora se consideraban sencillamente “nulas”. Los tribunales y órganos franquistas y sus sentencias también pasan a considerarse ilegales, y no sólo ilegítimas, como hasta ahora.
El 18 de julio de 1936 comenzó en España la Guerra Civil. El día anterior, en la ciudad de Melilla (norte de África), los destacamentos al mando del general Francisco Franco se sublevaron y decretaron el estado de guerra en todo el país. La resistencia de fuerzas leales a la República dividieron al país en dos y lo que iba a ser un golpe militar más en una historia habitual de asonadas militares en España se convirtió en un conflicto que se prolongó tres años. Tras la contienda, Franco implantó una dictadura que lo mantuvo al frente del país hasta su muerte, el 20 de noviembre de 1975.
A partir de ese momento se inició un proceso de Transición que llevó a celebrar las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977 y a aprobar una nueva Constitución el 6 de diciembre de 1978.
La norma aprobada ahora en el Congreso amplía precisamente hasta esta última fecha lo que considera el periodo de persecución contra los antifranquistas. Si bien es hasta ese momento cuando se limita la investigación oficial sobre la dictadura y el reconocimiento de las víctimas del franquismo, el marco legal alcanza hasta 1983.
Polémica investigación hasta 1983
La Ley creará una comisión técnica encargada de estudiar las presuntas violaciones de derechos humanos que pudiera haber habido contra algunas personas por “su lucha” en la consecución y consolidación de la democracia”. Esto abarca, según la norma, hasta el 31 de diciembre de 1983.
Es este punto el que ha llevado al PP a decir que derogará la ley si llega al poder, porque sostiene que es una concesión a ETA y sus herederos políticos, Bildu. ¿Por qué? Porque se puede interpretar, según la formación que lidera Núñez Feijóo, que el terrorismo de ETA tras las primeras elecciones democráticas y hasta 1983 fue una resistencia democrática contra un Estado con reminiscencias franquistas.
Algunos sectores del PSOE han criticado la ley. Hay que recordar que el PSOE llegó al poder tras ganar las elecciones el 28 de octubre de 1982 con una abrumadora mayoría absoluta. Es decir, según la ley, con los socialistas en el poder se podrían haber cometido violaciones contra los derechos humanos en un contexto de tardofranquismo.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños (Europa Press)“Un ataque a la Transición”
El PP ha sostenido en todo momento que se trata de una legislación “sectaria, excluyente y un ataque a la Transición”. La formación conservadora, a través del diputado Jaime Mateu Istúriz, ha defendido que “la memoria no admite calificativos. A ningún Gobierno le corresponde reabrir recuerdos dolorosos”.
En España, tras la dictadura se aprobó una Ley de Amnistía que echó el cierre a la Guerra Civil y a la dictadura y dio paso a la Transición. Esto es lo que muchas formaciones de izquierda pedían que se derogara para investigar con más profundidad lo ocurrido en ese periodo de la Historia.
Si bien el Gobierno ha decidido no derogar la Ley de Amnistía, sí ha incluido en la nueva norma que todas las leyes españolas, incluida la de 1975, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional. Esto significa que “los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.
La ultraderecha de Vox, a la que se considera heredera del franquismo por gran parte del arco parlamentario, denunció, por medio del diputado Francisco José Contreras, que la norma “no contempla a las víctimas asesinadas por el frente popular en los años 30″. Es decir, los crímenes que se produjeron durante al final de la II República por las formaciones que integraron el último gobierno democrático previo a la Guerra Civil. Añadió que el Gobierno “pretende suprimir la pluralidad mediante la imposición por decreto de un relato sectario”.
En la tribuna del Congreso, el diputado de Vox ha mostrado una foto de José Calvo Sotelo, ministro durante la dictadura de Primo de Rivera, y ha denunciado que “fue asesinado [días antes del comienzo de la Guerra Civil] por policías socialistas” y “no cuenta como víctima de esta ley”.
El Gobierno ha defendido en todo momento, a través del autor y defensor de la norma, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que la ley “va a hacer más digna nuestra democracia y a nuestro país”.
Bolaños ha mantenido en todo su discurso que esta ley homenajea a “todas las víctimas de la guerra civil, de un bando y de otro (…) también a todas las víctimas de la dictadura”. Ha aprovechado su intervención para decir que mientras “el Gobierno está siempre con todas las víctimas, arropándolas”, el PP las utiliza.
Plan Cóndor: Comenzó segundo juicio en Italia contra el represor uruguayo Jorge Troccoli
El excapitán de la Marina ya fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad
Troccoli está acusado del homicidio de un ciudadano argentino, José Luis Potenza, de su esposa italiana Raffaella Filipazzi, y de la uruguaya Elena Quinteros.
Desde Roma
Este jueves comenzó en Roma el segundo proceso contra el militar uruguayo Jorge Troccoli, ya condenado a cadena perpetua por la justicia italiana en julio del año pasado junto a otros 13 militares y civiles latinoamericanos. A los condenados se los consideró responsables del homicidio de 43 ciudadanos de distintos países en el contexto del macabro Plan Cóndor, el plan que coordinaba la represión entre las distintas dictaduras sudamericanas de los años 1970-80.
Esta vez Troccoli, siempre en el contexto del Cóndor, está acusado del homicidio de un ciudadano argentino, José Luis Potenza, de su esposa italiana Raffaella Filipazzi, y de la uruguaya Elena Quinteros.
No estuvieron presentes en esta primera audiencia los testigos, porque el tribunal debe todavía analizar y aceptar cada uno y lo hará en la próxima audiencia prevista para el 27 de setiembre. Hay más de 30 personas propuestas como testigos que podrán testimoniar tanto en presencia como en video conferencia y esto deberá ser definido próximamente. La tercera audiencia estaría prevista para enero, pero todavía no se ha fijado la fecha.
Además de los abogados defensores y varios representantes de organizaciones de Derechos Humanos, como Jorge Ithurburu de “24marzo.it” , estuvo presente uno de los personajes más simbólicos de todos estos procesos: el Secretario de Derechos Humanos de Argentina, Horacio Pietragalla Corti, hijo recuperado de padres desaparecidos durante la dictadura.
Los abogados hablaron de las partes querellantes, que por lo demás deberán todavía ser aceptadas por la Corte. Entre ellas la Argentina (que por primera vez en la historia de juicios como éste se presenta como querellante), el Consejo de Ministros de Italia (o sea el gobierno italiano), el partido uruguayo Frente Amplio, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina, las centrales sindicales CGIL, Cisl y Uil de Italia.
Quiénes eran las víctimas
Potenza y Filipazzi fueron secuestrados en Montevideo en 1977 y trasladados a Paraguay donde fueron asesinados. Potenza trabajaba en la Biblioteca del Congreso Nacional en Buenos Aires. Era peronista. Su esposa Raffaella, nacida en la ciudad italiana de Brescia, llegó con sus padres a Argentina cuando tenía poco más de un año. Sus padres escapaban de la Segunda Guerra Mundial. José Luis y Raffaella vivieron en Buenos Aires pero al parecer viajaban a menudo a Uruguay. En el Hotel Hermitage de Montevideo fueron secuestrados. Potenza fue llevado a un centro de detención clandestino de Asunción del Paraguay llamado “La Emboscada” mientras su esposa fue llevada a la cárcel “El Buen Pastor” de la capital paraguaya. Sus restos fueron encontrados años más tarde en Asunción y fueron identificados en 2016.
La maestra Elena Quinteros, era una activa militante del sindicato de trabajadores de la educación y de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) de Uruguay pero también militaba en la Federación Anarquista uruguaya. El 26 de junio de 1976 fue arrestada y llevada a un centro de detención clandestino llamado “300 Carlos”, dependiente del ejército. El 28 de junio se hizo llevar cerca de la embajada de Venezuela diciendo que delataría así a un contacto suyo. Pero en realidad trató de escapar pidiendo asilo a la embajada pero sin éxito. Fue llevada al batallón de Infantería 13 donde fue torturada bárbaramente, según contaron otros presos. Sus restos nunca aparecieron.
El acusado
Troccoli era un capitán de la Marina uruguaya. Formó parte del FUSNA (cuerpo de Fusileros Navales) que era parte del Comando General de la Armada. El Fusna fue creado en 1972 y ubicado en un gran edificio con galpones que antes habían sido usados como depósitos. Pero desde 1972 se transformó en una cárcel para presos políticos al principio y luego en un centro clandestino de detención y tortura. En este centro, donde fueron secuestradas y torturadas cientos de personas de distintos países, actuó Jorge Néstor Troccoli que además era miembro de los servicios secretos de la marina uruguaya. (S2). En 2007, la justicia uruguaya abrió el caso para procesarlo pero Troccoli escapó a Italia, dado que tenía pasaporte italiano. Vivió en Marina di Camerota (Calabria, sur del país) donde fue descubierto. En julio del año pasado, fue condenado a cadena perpetua al concluirse en Roma el llamado Juicio Cóndor, contra los militares latinoamericanos. Desde ese momento está en la cárcel.
El tribunal
En la llamada “aula bunker” (aulas super vigiladas donde originariamente se procesaba en Italia a los exponentes de las mafias y se usa también para procesar a ya condenados muy peligrosos) de la Tercera Corte Penal del Tribunal Ordinario de Roma ubicado en el barrio de San Basilio, estuvo presente el acusado Troccoli, detrás de las rejas de una de las celdas del aula, y con dos guardias de la policía penitenciaria que lo tenían bajo control.
Memoria, Verdad y Justicia
“Para nosotros es de suma importancia estar presente en esta primera audiencia para que el Tribunal vea que estamos -declaró Pietragalla a Página 12-. Reconocemos además el accionar de los estados que han condenados a represores como Italia. No es el primer juicio que se hace aquí. Nosotros tenemos en nuestra conciencia una frase que siempre cantamos: ‘A los nazis les va a pasar, donde se vayan los iremos a buscar’. Estamos haciendo eso. Respetando nuestras consignas históricas”.
Pietragalla estuvo recientemente en Berlín, Alemania, por el caso Luis Esteban Kyburg , comandante de la Agrupación de Buzos Tácticos de Argentina, acusado de crímenes cometidos en la Base Naval de Mar del Plata. Cuando Argentina comenzó la etapa indagatoria del juicio, en 2013, Kyburg escapó a Alemania porque tenía doble ciudadanía. Kyburg fue encontrado tiempo después allí por un periodista argentino y luego se pidió la extradición que Alemania rechazó. Alemania no prevé la extradición de sus ciudadanos por lo cual debería ser procesado y condenado allí. El juicio alemán todavía está en la etapa preliminar..
En Berlín el secretario de Derechos Humanos argentino se reunió con el fiscal que está llevando adelante la causa y con el que el estado argentino colabora desde 2021 con todo lo que la justicia alemana necesita. “Estamos trabajando para que cuando aparezcan prófugos de Argentina en otros países se puedan extraditar, porque lo mejor sería juzgarlos en nuestro país. Pero si no es posible, ayudaremos para que sean condenados en los países donde viven. Todo esto nos da respaldo a la política de Memoria, Verdad y Justicia. Ante tantos discursos negacionistas que existen, los procesos judiciales que se hacen en Europa reafirman el proceso judicial que se lleva adelante en Argentina”, añadió Pietragalla.
El secretario, que en principio debía retornar a Argentina este fin de semana, debió prolongar su estadía para poder concretar un encuentro con el secretario de estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, probablemente el lunes. Con Parolin ya se habían reunido hace algunos meses, cuando Pietragalla visitó al papa Francisco en el Vaticano. Y con el primer ministro vaticano habló del acceso a los archivos vaticanos que entre muchas cosas, reúnen toda la documentación de las embajadas de la Santa Sede en los distintos países, lo que podría ser muy útil.
“Nuestra idea es ampliar los requerimientos de quienes pueden consultar los archivos vaticanos. Hoy pueden hacerlo sólo los familiares directos de los desaparecidos. La intención nuestra es que esos archivos puedan ser consultados por la secretaría de Derechos Humanos y algunos organismos de Derechos Humanos de Argentina, para poder seguir avanzando y encontrar algo que nos dé material para los juicios pero también para poder encontrar a los nietos que seguimos buscando”, concluyó Pietragalla.
la ley es igual para todos
Represor uruguayo Troccoli: mas cargos por crímenes de lesa humanidad
- Victoria Camboni
“La justicia, a pesar de ser lenta, no se detiene”. Estas son las palabras de Arturo Salerni , abogado defensor junto a Mario Angelelli en el juicio por la desaparición de Giuliana Filipazzi y José Potenza , secuestrados en Uruguay y trasladados a Asunción donde fueron asesinados en 1977 como parte del Plan Cóndor. El juicio debe esclarecer la responsabilidad del exmilitar Jorge Néstor Tróccoli , quien en ese momento pertenecía a Fusna (Fusileros Navales), en Uruguay, y condenado a cadena perpetua por reiterados crímenes de lesa humanidad, durante las dictaduras militares en América Latina.
La investigación analiza la coordinación entre los gobiernos dictatoriales de Uruguay y Stroessner en Paraguay que permitió el traslado clandestino de Filipazzi (ciudadanía italiana), y Potenza (ciudadana argentina), a la ciudad de Asunción.
La investigación del caso está a cargo del fiscal Erminio Amelio , de la Fiscalía de Roma, y se encuentra en la fase final. La denuncia fue presentada el 5 de noviembre de 2020.
Salerni, en conversación con La Diaria, dijo que el fiscal estaba reuniendo pruebas para formalizar la acusación de Troccoli en esta demanda. El Estado uruguayo había reconocido su responsabilidad en los crímenes de Filipazzi y Potenza, a lo que se suma la lista llevada a la justicia con los nombres de los oficiales que operaron en Fusna entre los meses de mayo y julio de 1977, período en que se produjeron los asesinatos. lugar. . Entre los nombres estaba el de Troccoli en ese momento teniente de navío.
Durante el juicio se demostró que comandaba la llamada “Computadora”, estructura de inteligencia dentro de la Fusna, a imitación de ‘La Pecera’ en la Esma (Escuela de Mecánica del Ejército Argentino), para la recolección y verificación de información recopilada incluso bajo tortura). En Uruguay, los presos eran obligados a realizar tareas de inteligencia, para obtener datos de organizaciones y militantes de izquierda.
Además, el exmilitar se desempeñó como oficial de inteligencia, junto con la Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y con la ESMA. También se ha demostrado que ha realizado múltiples viajes a Argentina, en conjunto con acciones represivas contra un grupo de izquierda conocido como GAU (Grupos de Acción Unificadora) en Uruguay.
Troccoli fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos italianos, como parte del Plan Cóndor, la famosa coordinación de dictaduras
en América del Sur, organizada para Estados Unidos. En los juicios, en la corte de Roma, otros 14 represores fueron debidamente juzgados y condenados. Un juicio que comenzó en 1999 en Italia, por la denuncia de cinco mujeres que tenían vínculos familiares con detenidos italianos desaparecidos.
Giuliana Filipazzi nació en Brescia, Italia, en 1944. Años después, se mudó con su familia a Argentina. En 1976 huyó del país junto con José Potenza, un argentino que se había exiliado a Uruguay en dos ocasiones, la segunda durante la dictadura de Jorge Videla .. Cabe agregar que en ese año son registrados en Paraguay como expulsados también de la dictadura del país guaraní.
Al año siguiente, el 27 de mayo, refugiados ahora en Uruguay fueron secuestrados en el hotel Hermitage de Pocitos y trasladados a Fusna, en el puerto de Montevideo. Doce días después fueron trasladados a Paraguay, en el vuelo 303, y entregados a la policía paraguaya, donde fueron secuestrados en la sede del Departamento de Investigaciones de la Policía Federal durante varios meses.
El 2 de diciembre de ese año, pocas horas antes de que la Cruz Roja visitara el lugar, se llevaron a unas 70 personas, entre ellas Filipazzi y Potenza. En tanto, la mujer envió varias cartas a Cecilia Benac, su amiga, con la ayuda de un policía federal. En las cartas aparentaba estar hospitalizada a raíz de un accidente pero con cierto desfase horario respecto a los hechos, datos todos que no coincidían con la realidad.
En carta del 3 de septiembre de 1977 decía que estaba en Paraguay, que llevaba mucho tiempo enferma y que no podía comunicarse con nadie. Antes de su desaparición, escribió: “Me internaron después del accidente en la clínica de Uruguay y luego me trajeron para acá. En el momento del accidente no vi nada (…). Hasta ahora me han atendido muy bien, ya que me trasladaron en avión”.
En 2016 sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Habían sido encontrados en una fosa común en propiedad del Grupo Especializado de la Policía Paraguaya. El trabajo fue coordinado por la Dirección de Reparación y Memoria Histórica del Ministerio de Justicia de Paraguay.
Para el abogado Salerni, el juicio Cóndor “fue importante porque ante la Corte de Roma se pudo reconstruir el dolor, las terribles condiciones que sufrieron las familias de tantas víctimas”, y demostró la existencia de “un pacto criminal de las dictaduras”. de América Latina”.
Un pacto que hoy sigue estable, un pacto de impunidad que se rompió en Italia, por la inmensa demora que tuvo Uruguay en buscar a los culpables. Inventaron todo, incluso leyes protectoras y una supuesta guerra civil, todo para justificar el terror y la horrible enfermedad que se ha generado en cientos de personas en este país y en decenas de miles en toda la región.
Un horror que aún palpita en muchas personas que viven sin justicia. Un horror que solo sanará cuando se sepa la verdad.
EL PLAN CONDOR DE NUEVO EN EL TRIBUNAL DE ROMA
EL 14 DE JULIO DE 2022 COMIENZA UN NUEVO JUICIO CONTRA JOSE NESTOR TROCOLI FERNANDEZ POR SU PARTICPACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN CONDOR DE OTRAS TRES DESAPARICIONES
La ley es igual para todos.
Sección III del Tribunal de lo Penal de Roma – Tribunal de Roma
Via del Casale di San Basilio 168 –
Procedimientos de Roma núm. 22/11 CAS. contra Jorge Néstor TROCCOLI FERNANDEZ
Presidente: Antonella CAPRI
Juez de turno: Francesca RUSSO
PM: Erminio Carmelo AMELIO
El exmilitar uruguayo Jorge Néstor Troccoli, actualmente en prisión en Italia por el asesinato de italianos en la Operación Cóndor, volverá a ser juzgado por los casos de otros tres desaparecidos en la década de 1970 en aquel sistema represivo en Sudamérica.
La jueza de la audiencia preliminar del Tribunal de Roma Annamaria Govoni ordenó este jueves abrir otro juicio contra Troccoli en la III Corte Penal de la capital italiana, que dará inicio el 14 de julio en el Aula Búnker de la cárcel de Rebibbia, informaron a Efe fuentes próximas al caso.
Troccoli, italouruguayo de 72 años y residente en el país europeo tras escapar de la justicia uruguaya en 2007, actualmente cumple su cadena perpetua en la prisión de Carinola, en Caserta (sur).
El 9 de julio de 2001, el Tribunal Supremo de Italia confirmó las cadenas perpetuas a 14 militares y jerarcas de Chile y Uruguay acusados de la muerte de ciudadanos italianos en el Plan Cóndor, el plan represivo en Latinoamérica en las décadas de 1970 y 1980.
Entre estos el único que se encontraba en Italia era Troccoli, lo que permitió encarcelarle y acabar con la libertad de la que gozaba.
Ahora este torturador del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna) de Uruguay deberá responder por los crímenes contra otros tres desaparecidos, el peronista argentino José Agustín Potenza, su pareja italiana Raffaella Filipazzi y la militante del Partido por la Victoria del Pueblo de Uruguay, Elena Quinteros.
Los dos primeros, cuyos cadáveres aparecieron en la capital paraguaya, Asunción, en marzo de 2013, fueron detenidos en mayo de 1977 en el Hotel Ermitage de Montevideo y trasladados a dependencias del FUSNA, como muchos de los desaparecidos del Plan Cóndor.
Quinteros, aún en paradero desconocido, fue detenida en junio de 1976 en el barrio Pocitos de Montevideo por el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y conducida al centro de detención clandestino “300 Carlos”, donde se pierde su pista.
Entre los querellantes de este nuevo fascículo del Plan Cóndor en Italia están la hija de Potenza, Silvia Potenza, residente en la provincia argentina de San Luis, y también la hija de Raffaella Filipazzi, Beatriz García, que vive en Corrientes, Argentina.
El resto de partes acusadoras en el nuevo juicio contra Troccoli son la República Oriental de Uruguay, representada por la abogada Alessia Merluzzi, y el Gobierno italiano de Mario Draghi, representado por la Abogacía del Estado.
Vuelos de la muerte: condenaron a Clarín por la historia falsa de los “niños abandonado”
El Tribunal que condenó a prisión perpetua a los ex militares como responsables por los “Vuelos de la muerte” de Campo de Mayo dictó también una sentencia contra el medio de Magnetto como parte de la reparación a las víctimas.
05 DE JULIO, 2022 | 1
Vuelos de la muerte: condenaron a Clarín por la historia falsa de los “niños abandonados”
En el marco de la condena a prisión perpetua a los cuatro ex militares como responsables de los “vuelos de la muerte” de Campo de Mayo durante la última dictadura militar de 1976, el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín también ordenó, como parte de la reparación a las víctimas, remitir testimonio de la sentencia al Grupo Clarín para que se adecúe una nota publicada el 24 de noviembre de 1977 titulada “Buscan a familiares de dos niños abandonados”, sobre los hijos de Roberto Arancibia, quien había sido secuestrado y desaparecido.
Se trata de un artículo periodístico publicado por el diario Clarín en el cual se afirmaba que el 11 de mayo de 1977 se habían encontrado “perdidos” o “solos” a los dos pequeños hijos de Arancibia y de su compañera María Eugenia Zago.
A Arancibia lo secuestraron el 11 de mayo de 1977 de su departamento en la avenida Paseo Colón. Al momento de secuestro, el joven se encontraba junto a su compañera, María Eugenia Zago, que era médica y, como él, militante del PRT. En la casa también estaban sus dos hijos, Adriana y Martín. Luego de la desaparición de Arancibia y a Zago, los niños fueron trasladaron al Instituto Riglos –una institución para menores–.
La pareja fue secuestrada y llevada a Campo de Mayo. El cuerpo de María Eugenia nunca apareció, pero los restos de Roberto fueron encontrados en febrero de 1978 en las costas de Las Toninas. Durante el juicio, Adriana compartió un recuerdo que la acompañó durante más de cuatro décadas: su deseo de ponerle “una curita” a su papá porque lo habían lastimado.
Tras la sentencia contra Clarín, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, destacó que el tribunal remitió “testimonios al Grupo para que se adecue una nota titulada ‘Buscan a familiares de dos niños abandonados’ sobre el secuestro y desaparición de Arancibia”.
El discurso de Clarín durante la última dictadura
Durante la última dictadura militar, el medio de Héctor Magnetto utilizó el mismo recurso discursivo para ocultar lo que ocurría en el país. Justamente, el 24 de marzo de 1976 el diario le dedicó toda la primera plana a uno de los golpes de Estado más sangrientos en la Argentina. “Nuevo gobierno”, fueron las palabras que quedaron impresas en la primera página del matutino haciendo referencia al violento arrebato de la democracia en el país en manos de los militares. Además, da cuenta de lo que durante los siete años de dictadura se convertiría en un clásico: “Comunicados de la Junta Militar”.
Por otra parte, en el cuerpo interior del diario también hubo un título muy llamativo hasta provocador: “Total normalidad”. En otra de las ediciones de ese día histórico, Clarín ponía: “Calabró entregó la Gobernación” haciendo referencia al gobernador de la provincia de Buenos Aires de aquel entonces.
Prisión perpetua y cárcel común a cuatro ex militares como responsables de los “Vuelos de la muerte” de Campo de Mayo
El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó este lunes a prisión perpetua a los ex militares Luis Del Valle Arce, Eduardo Lance, Ángel Delcis Malacalza y Santiago Omar Riveros como responsables por los “Vuelos de la muerte” de Campo de Mayo.
Fueron encontrados culpables de allanamiento ilegal y de la privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio agravado de cuatro personas que estuvieron cautivas en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio denominado “El Campito” y cuyos cuerpos fueron encontrados en la costa atlántica entre 1976 y 1978: Adrián Enrique Accrescimbeni, Juan Carlos Rosace, Rosa Eugenia Novillo Corvalán y Roberto Ramón Arancibia.
Sobre el cumplimiento de la pena, los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini ordenaron que el Cuerpo Médico Forense analice el estado de salud de Del Valle Arce, Lance y Malacalza para conocer si están en condiciones de salud para quedar detenidos en un establecimiento penitenciario. Mientras tanto, les colocarán dispositivos electrónicos para controlar el cumplimiento de la prisión domiciliaria.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue querellante en el debate y el secretario Horacio Pietragalla Corti estuvo presente para acompañar a familiares de las víctimas durante la lectura del veredicto, que se realizó en una audiencia presencial, la primera en todo el debate.
Estuvieron en la sala los integrantes del TOF 2 de San Martín, junto a la fiscalía, querellas y algunas defensas. Mientras que los cuatros acusados siguieron lo que sucedía en la audiencia desde sus domicilios de manera remota. También se acercó una gran cantidad de público, entre quienes estuvieron familiares y organizaciones de derechos humanos.
Se trata del primer juicio oral que revisa los llamados “Vuelos de la muerte” del Ejército. Los condenados fueron mandos intermedios que integraron la plana mayor del Batallón 601 de Aviación del Ejército, algunos de ellos también pilotos.
Del Valle Arce fue comandante del Batallón de Aviación, Malacalza fue segundo comandante y Lance fue oficial de Operaciones, por lo que integraba la plana mayor del Batallón. Riveros, por su parte, era jefe del Comando de Institutos Militares y máximo jefe de la Zona de Defensa IV. A ellos se sumó durante casi todo el debate Horacio Conditi, oficial de Personal y también miembro de la plana mayor, quien fue apartado por problemas de salud.
El tribunal acreditó que los condenados, organizaron y facilitaron los recursos para completar el plan criminal y eliminar a las personas que habían sido secuestradas, mantenidas en cautiverio y torturadas en Campo de Mayo.
Para eso contaron con el aeródromo militar, con aviones destinados especialmente, pilotos y toda una estructura para el funcionamiento clandestino de esta práctica planificada y sistemática que se utilizó para desaparecer y eliminar a miles de personas en esa guarnición militar.
Las pruebas documentales, entre ellas las aportadas por el ex Programa Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, permitieron conocer que el Batallón de Aviación 601 contó con aviones Twin Otter y Fiat y helicópteros, todos aptos para realizar lanzamientos en vuelo.
Vuelos de la muerte: histórica condena a perpetua para cuatro militares
Derechos Humanos
Vuelos de la muerte: histórica condena a perpetua para cuatro militares
Durante el juicio, declararon decenas de ex conscriptos que confirmaron la utilización de esos aviones en Campo de Mayo y que aportaron información para reconstruir esa maquinaria: la llegada de camiones con personas detenidas, cómo las guardias daban acceso a la pista, la salida de vuelos nocturnos, los restos de ampollas con una droga que utilizaban para adormecer a las personas detenidas y cómo tenían que limpiar los aviones que volvían con restos de sangre.
UN PRÓFUGO EN LA VIÑA DEL SEÑOR
Italia define si extradita al cura Franco Reverberi Boschi, acusado de torturas en dictadura
En los primeros días de 2021, una periodista del diario romano La Repubblica llegó a la parroquia Santi Faustino y Giovita de Sorbolo, una pequeña comuna de 9.000 habitantes en Parma, y preguntó por el cura Franco Reverberi Boschi, prófugo de la Justicia argentina desde 2012 y acusado de haber asistido sesiones de tortura en el centro clandestino de detención “La Departamental” en San Rafael, Mendoza, durante la dictadura militar. Reverberi no estaba, pero sí un colega suyo, el párroco de la diócesis, quien comentó mientras limpiaba la iglesia: “Hace unos días, cuando ustedes periodistas llegaron a Sorbolo, le escribí al obispo para decirle que buscaban a Don Franco. El obispo me respondió que les diera una trompada en los dientes”.
En ese momento la fiscalía de San Rafael preparaba su segundo pedido de extradición contra Reverberi, protegido no sólo por la Iglesia católica sino también por la Justicia italiana, que ya se había negado a entregarlo en 2013. Varios sobrevivientes de La Departamental denunciaron en los juicios de lesa humanidad en la provincia que el sacerdote acompañaba a los represores cuando repartían picana, golpes y “submarino”. Casi siempre vestía de oscuro, aunque a veces se aparecía de fajina militar. Andaba con una Biblia y dejaba ver una pistola enfundada en una sobaquera. Decía a los interrogados que debían arrepentirse y hablar. Un ex militante recordó que durante la tortura el cura lo alentó a colaborar para tener “alivio espiritual”.
Reverberi, de 84 años, está acusado de partícipe secundario en diez casos de secuestros y torturas y en el asesinato de José Berón, militante del ERP aún desaparecido, y como miembro de una asociación ilícita junto a los represores de la Casa Departamental, sede de los tribunales provinciales en San Rafael. La Justicia italiana ya rechazó dos veces su extradición, difícil de lograr en casos de personas con doble ciudadanía. En 2013, una corte de apelaciones local argumentó que el delito de tortura no era imprescriptible según el Código Penal italiano. El asesinato de Berón aún no se le había imputado al cura. Este año, la Justicia italiana volvió a negar el reclamo argentino y no dio ningún valor a la prueba reunida sobre el caso Berón, asesinado y desaparecido en la época en que Reverberi se paseaba por La Departamental.
En las próximas semanas, la Argentina tendrá su última chance de intentar repatriarlo. La Corte Suprema de Casación italiana, máximo tribunal de apelaciones del país, resolverá definitivamente en una audiencia a fin de mes si lo extradita o no. La fiscalía y las querellas tienen tiempo hasta el 15 de junio para reforzar las pruebas contra el sacerdote. A los denunciantes y fiscales se suma esta vez el gobierno argentino, representado por la Secretaría de Derechos Humanos, que por primera vez actúa como parte interesada en procesos fuera del país contra acusados por el terrorismo de Estado. Mientras tanto, Reverberi sigue dando misa los domingos.
“Más allá de mostrar nuestro interés en que Reverberi sea juzgado en la Argentina, es muy probable que no nos den la extradición porque técnicamente la normativa jurídica italiana no lo permite −dice el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien en los últimos días estuvo en Italia para impulsar la participación del gobierno argentino en el caso Reverberi y en los procesos contra otros dos represores refugiados en ese país, Jorge Troccoli y Carlos Malatto−. Por eso creemos que sería muy importante que lo juzguen allá, que un país como Italia acompañe el proceso de Justicia argentino y no deje pasar delitos como los que se imputan a Reverberi”.
Su nombre se ventiló por primera vez en un juicio en 2010, cuando se celebró el primer debate por crímenes de lesa humanidad en Mendoza y cuatro sobrevivientes describieron su presencia asidua en el CCD y los interrogatorios. Mario Bracamonte, ex militante de la JP, dio uno de los testimonios más contundentes. Recordó la presencia de Reverberi en un episodio puntual, la noche del 9 de julio de 1976, a temperaturas bajo cero, cuando después de torturarlos los hicieron arrastrarse sobre su sangre en el piso. Esa noche la patota se ensañó con un sindicalista de la UOM al que ahogaron en un balde. Reverberi observaba. Cuando Bracamonte levantó la cabeza buscando la mirada del cura, recibió una patada de un oficial: “¿Qué mirás, negro?”.
Al igual que otros sobrevivientes, Bracamonte era católico y conocía desde antes a Reverberi porque era párroco de San Rafael. En el juicio de 2010, el cura fue llamado a declarar como testigo. Dijo que nunca había estado en La Departamental y que el Ejército lo había designado como capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael recién en 1980. Sin embargo, según la prueba documental reunida por la fiscalía, Reverberi había reconocido en una nota que venía prestando funciones desde antes de su nombramiento.
Tras las declaraciones de los sobrevivientes, la fiscalía pidió su indagatoria. Pero Reverberi abandonó el país un par de meses antes de que el juez lo llamara a declarar. Se instaló en Sorbolo, su tierra natal, que había dejado a los 11 años junto a sus padres emigrados a la Argentina. En 2012, la Justicia argentina lo declaró en rebeldía y pidió su extradición. Interpol emitió una orden de captura internacional −hoy caducada−, pero Reverberi ya se encontraba en tierra segura. Desde entonces siempre respondió a los oficios judiciales diciendo que no podía viajar a la Argentina por razones de salud. Da misa una vez por semana y confiesa fieles en la parroquia Santi Faustino y Giovita. Durante la pandemia ofreció sus servicios espirituales en formato virtual.

Según la fiscalía, “Reverberi tenía conocimiento pleno de las detenciones ilegales de los nombrados y de las torturas a las que fueron sometidos” y “se movía con autonomía” en la Casa Departamental. “Es tan torturador el que enchufa el cable en la pared como el que enciende la radio para que no se escuchen los gritos, el que pasa la picana por los genitales de la víctima, o el que llega después a ‘aconsejarle’ que hable para no ser torturado nuevamente −anotaron los fiscales en el segundo pedido de extradición−. Ahora bien, cuando el que llega después a dar consejos es además un sacerdote que se maneja con autoridad ante los demás miembros del aparato represivo, entrando y saliendo a su antojo del centro clandestino, no es un torturador cualquiera, es uno calificado”. Su aporte no radicaba sólo en el hecho de presenciar las torturas sino además en el daño infligido a las víctimas: “Abandonados de todo, ya ni siquiera pueden confiar en Dios porque un ‘representante’ suyo está presente en ese infierno”.
La Iglesia católica está al tanto del caso desde el principio. Luego del primer pedido de extradición, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, querellante en la causa, le mandó una carta a Jorge Bergoglio, por intermedio del nuncio apostólico en Buenos Aires, para que “interceda, instruya, ordene, o cuanta acción considere útil, para que Franco Reverberi se allane al proceso judicial que se sustancia en la República Argentina, en el que se podrá demostrar su responsabilidad criminal o confirmar la presunción de inocencia en el marco del goce pleno de las garantías constitucionales y el estado de derecho democrático”.
El Papa también recibió un mensaje judicial sobre la actuación de Reverberi en la dictadura. En 2017, el Tribunal Federal Oral 2 de Mendoza resolvió en un veredicto sobre crímenes cometidos en varios CCD de la provincia “liberar oficio al Jefe del Estado del Vaticano a fin de poner en su conocimiento la grave intervención de sacerdotes de la diócesis de San Rafael en crímenes de lesa humanidad”, en alusión al cura. Hasta ahora, la Iglesia apenas tomó nota.
En 2015, el historiador Lucas Bilbao y el sociólogo Ariel Lede, autores del primer estudio exhaustivo sobre el vicariato castrense durante la dictadura, precisaron en un informe entregado a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que al menos 102 sacerdotes ejercieron su ministerio en unidades militares donde funcionaron centros clandestinos. Entre ellos identificaron a 22 sobre los que pesaban sospechas de complicidad u ocultamiento de información sobre las víctimas. Sin embargo, hasta hoy el ex capellán Christian von Wernich sigue siendo el único miembro de la Iglesia católica condenado por el terrorismo de Estado.
Durante su viaje a Italia, Pietragalla se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para tantear si es posible abrir un trabajo conjunto sobre los documentos de la época de la dictadura que conserva la Iglesia. El funcionario también tuvo un encuentro privado con Jorge Bergoglio, en el que le dio un pantallazo general sobre la política de derechos humanos del gobierno. En ninguna de las dos reuniones se habló de Reverberi. A esta altura no hay expectativas sobre una medida eclesiástica, al menos un gesto, con respecto al cura prófugo.
LA ESCASEZ DE ROSENKRANTZ




















