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EXCLUSIVO DIALOGO SECRETO DE LA IGLESIA CON VIDELA SOBRE EL ASESINATO DE LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS

Preguntas sin respuesta

Videla le confesó a la Iglesia Católica en 1978 lo que recién hizo público 34 años después: que los detenidos-desaparecidos habían sido asesinados. La Comisión Ejecutiva le transmitió el pedido de Massera de informar sobre el tema. Videla respondió que era imposible, por las inevitables preguntas sobre cada asesinato, el responsable y el destino de los restos. Un diálogo sobrecogedor, contenido en una minuta para el Vaticano que se conserva en el archivo secreto del Episcopado.

 Por Horacio Verbitsky


El documento de 1978 que el Episcopado aún mantiene en secreto. Videla admite ante la Iglesia que los detenidos-desaparecidos han sido asesinados.

La política de desaparición forzada de personas que el ex dictador Jorge Videla acaba de admitir en varios reportajes y ante la justicia fue reconocida en 1978 ante la Comisión Ejecutiva de la Iglesia Católica. Videla dijo que le gustaría brindar la información pero que en cuanto se comunicara que los detenidos-de-saparecidos habían sido asesinados comenzarían las preguntas acerca de quién mató a cada uno, cuándo, dónde y en qué circunstancias y qué destino se dio a sus restos. La respuesta a esas preguntas sigue pendiente 34 años después. En el diálogo con el periodista Ceferino Reato, quien anuncia que no importa “tomar partido a favor o en contra del entrevistado”, Videla dice que la desaparición de personas no se debió a excesos o errores sino a una decisión de la pirámide castrense que culminaba en él. Pero también da a entender que la imposibilidad de informar sobre los desaparecidos obedece a que la información nunca estuvo centralizada, que cada jefe de zona sólo sabía lo sucedido en su jurisdicción y que muchos han muerto. “Los listados eran la puerta a un debate que conducía a la pregunta final: ¿Dónde están los restos de cada uno?, y no teníamos respuestas para ese interrogante, con lo que el problema, al dilatarse, se agravaba día a día y aún persiste.” Pero en su reunión con la Iglesia Católica Videla habló con mayor franqueza, como se hace ente amigos: dijo que “el gobierno no puede responder sinceramente, por las consecuencias sobre personas”, un eufemismo para referirse a quienes realizaron la tarea sucia de matar a quienes habían sido secuestrados y torturados y se encargaron de que de-saparecieran sus restos. Al elegir esa política que Videla calificó de cómoda, porque eludía las explicaciones, la Junta Militar puso bajo sospecha a la totalidad de los cuadros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, algo que recién comenzó a disiparse con la reapertura de los juicios, donde con las garantías del debido proceso se establecen las responsabilidades que la Junta ocultó. Hasta hoy se han pronunciado 253 condenas y veinte absoluciones, lo cual muestra que en democracia nadie está condenado de antemano y que puede ejercer su derecho a defensa. En el documento secreto sobre este diálogo, que el Episcopado conserva en su archivo, la afirmación de Videla sobre la protección a quienes cumplieron sus órdenes criminales está agregada a mano por el cardenal Raúl Primatesta, que presidía la Conferencia Episcopal y que fue acompañado en la reunión por sus dos vicepresidentes, Vicente Zazpe y Juan Aramburu. En abril de este año la jueza Martina Forns, titular del juzgado federal Nº 2 en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín interrogó a Videla en forma exhaustiva, a solicitud del abogado Pablo Llonto, quien representa a Blanca Santucho, hermana del jefe del ERP abatido en julio de 1976 por un pelotón del Ejército, y cuyos restos nunca fueron entregados a la familia. Un paso previsible en la investigación es solicitar a la Iglesia Católica acceso a los documentos que atesora sobre el tema. El que contiene las explicaciones de Videla lleva el número 10.949, lo que da una idea del volumen de la información que el Episcopado sigue manteniendo en secreto. Está guardado en la carpeta 24-II del Archivo de la Conferencia Episcopal. La Iglesia Católica eligió silenciar el contenido de la conversación en la que Videla les reveló que todos los desaparecidos habían sido asesinados. A continuación, la historia de ese encuentro público pero de contenido secreto.

Carta al cardenal

El 10 de abril de 1978, el diario Clarín tituló su página 3 “El presidente de la Nación almorzará hoy con la cúpula del Episcopado”. Emilio Fermín Mignone, cuya hija Mónica Candelaria había sido secuestrada en mayo de 1976, redactó sin pausa tres densas carillas a un solo espacio y las envió con un mensajero a la sede de la Conferencia Episcopal. También esa carta se conserva en el archivo secreto que el Episcopado guarda en su sede de la calle Suipacha, en la carpeta titulada “Personas detenidas y de-saparecidas, 1976-1983”. Mignone escribió que a dos años y medio del golpe, era indudable que la desaparición forzada de personas constituía “un sistema y no excesos aislados”. El fundador del CELS describió ese sistema: el secuestro, el robo, la tortura y el asesinato, “agravado con la negativa a entregar los cadáveres a los deudos, su eliminación por medio de la cremación o arrojándolos al mar o a los ríos o su sepultura anónima en fosas comunes”. Y se realizaba en nombre de “la salvación de la ‘civilización cristiana’, la salvaguardia de la Iglesia Católica”, colocando “como valor supremo la denominada ‘seguridad colectiva’ sobre cualquier otro principio o valor, incluso los más sagrados”. Añadió que “sobre la mentira nada perdurable puede fundarse”. Mignone insistió en la necesidad de que el gobierno informara “cuál ha sido la suerte de cada ‘desaparecido’, la inmensa mayoría de los cuales, todos lo sabemos y también los obispos, han sido arrestados por organismos de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Y esto, monseñor, es lo que le pedimos que ruegue, exija, obtenga del Presidente de la República esta mañana”.

La desesperación y el odio

Mignone decía que la desesperación y el odio iban ganando muchos corazones y que las exigencias de justicia impedirían cualquier intento de evolución democrática pese a que muchos dirigentes políticos, ansiosos por subirse al barco oficial, querrían echar un manto de olvido sobre lo ocurrido. También le informó a Primatesta que en marzo Emilio Massera le había dicho que la Armada exigía que se diera a conocer la suerte de cada desaparecido y preso no declarados, pero que el Ejército se oponía. “Nos pidió que solicitáramos a usted, al señor nuncio, a monseñor Tortolo, que insistieran ante el Presidente y comandante en Jefe del Ejército en el mismo sentido.” Mignone no ignoraba las tensiones internas en la Junta Militar y no experimentaba la menor simpatía por ninguno de sus integrantes. Pero trataba de explotar esas contradicciones para abrir una brecha en el muro de silencio sobre el destino de su hija y de miles como ella. También advirtió a Primatesta que la táctica del silencio, de la que el Episcopado participaba por sus propias razones, no era admisible. “El Pueblo de Dios necesita participar y ser informado. Necesitamos conocer lo que el Episcopado expresa al gobierno en sus comunicaciones. De lo contrario de nada sirven.”

Un diálogo franco

Al día siguiente, Zazpe le informó a Mignone que la Comisión Ejecutiva le había transmitido a Videla “todo lo que dice su carta”. Dijo que habían sido “tremendamente sinceros y no recurrimos a un lenguaje aproximativo” pero le advirtió, como si se tratara de una accesoria cuestión técnica, que había una “divergencia con su carta” acerca de la publicidad o reserva de esta entrevista. “En esta ocasión volvió a recurrirse a la reserva.” Primatesta informó luego a la Asamblea Plenaria que los obispos le plantearon a Videla los casos señalados en su carta por Mignone, de presos que en apariencia recuperaban su libertad pero en realidad eran asesinados; que se interesaron por sacerdotes desaparecidos, como Pablo Gazzarri, Carlos Bustos y Mauricio Silva, y por otros detenidos de los que pidieron la libertad y/o el envío al exterior. Pero el desarrollo completo de la reunión sólo está contenido en una minuta preparada por la propia conducción episcopal para informar al Vaticano y que nunca fue publicada. Primatesta, Zazpe y Aramburu la redactaron en la sede de la Conferencia Episcopal al terminar el almuerzo antes de que los detalles se desvanecieran en su memoria. El gobierno negaba que hubiera presos políticos porque todos los detenidos eran “delincuentes subversivos y económicos”, incluso los sacerdotes arrestados. Las desapariciones de personas eran obra del terrorismo para desprestigiar al gobierno, que compartía las inquietudes de los obispos. Los tres agradecieron a Videla por haber reconocido la existencia de excesos en la represión pero dijeron que no conocían que se hubiera castigado a los responsables, que era otra de las reflexiones de Mignone. En un clima que Aramburu describió como cordial, Primatesta lamentó que Videla no pudiera tomar “todas las medidas que quisiera”, con lo cual lo exculpaba de los hechos por los que le reclamaban. En un tono lastimero, Videla dijo que no era fácil admitir que los de-saparecidos estaban muertos, porque eso daría lugar a preguntas sobre dónde estaban y quién los había matado. Primatesta hizo referencia a las últimas desapariciones producidas durante la Pascua, en San Justo, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”. La minuta redactada al concluir el almuerzo reconstruye la réplica textual de Videla ante la solicitud: “El presidente respondió que aparentemente parecía que sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir los secuestradores y asesinos. Primatesta insistió en la necesidad de encontrar alguna solución, porque preveía que el método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Videla asintió. También él lo advertía, pero no encontraba la solución. Este diálogo de extraordinaria franqueza muestra el conocimiento compartido sobre los hechos y la confianza con que se analizaban tácticas de respuesta a las denuncias que ambas partes sentían como una amenaza. Primatesta también habló “sobre la actitud de alguna Fuerza Armada que urgía la publicación de las listas de presos, v.g. el almirante Massera”. En realidad, Mignone le había escrito que la lista de presos no tenía valor alguno, porque los familiares la conocían, y lo que Massera reclamó fue una lista de detenidos-desaparecidos. Videla se alzó de hombros. Aunque presidía la Junta y el gobierno, no tenía todo el poder y había fuerzas que no controlaba, dijo. Las actitudes de los eclesiásticos tenían sutiles matices. Zazpe preguntó: “¿Qué le contestamos a la gente, porque en el fondo hay una verdad?”. Según el entonces arzobispo de Santa Fe, Videla “lo admitió”. Aramburu explicó que “el problema es qué contestar para que la gente no siga arguyendo”, lo cual parece una fiel interpretación del propósito de Massera. Los jefes del Ejército y de la Armada descargaban su responsabilidad, cada uno en el otro, y la Iglesia les seguía el juego. Según Aramburu, cuando Videla repitió que “no encontraba solución, una respuesta satisfactoria, le sugerí que, por lo menos, dijeran que no estaban en condiciones de informar, que dijeran que estaban de-saparecidos, fuera de los nombres que han dado a publicidad”. Primatesta explicó que “la Iglesia quiere comprender, cooperar, que es consciente del estado caótico en que estaba el país” y que medía cada palabra porque conocía muy bien “el daño que se le puede hacer al gobierno con referencia al bien común si no se guarda la debida altura”. Tal como le dijo Videla al primer periodista que lo entrevistó, el español Ricardo Angoso, “mi relación con la Iglesia Católica fue excelente, muy cordial, sincera y abierta”, porque “fue prudente”, no creó problemas ni siguió la “tendencia izquierdista y tercermundista”. Condenaba “algunos excesos”, pero “sin romper relaciones”. Con Primatesta, hasta “llegamos a ser amigos”. Sobre el conflicto interno, que Videla llama guerra, “también tuvimos grandes coincidencias”. Zazpe murió en 1984, Aramburu en 2004 y Primatesta en 2006. Pero los documentos sobre ese diálogo entre amigos siguen hasta hoy en el archivo secreto del Episcopado.

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-193425-2012-05-06.html?fbclid=IwAR3JtMN3-d7z3d_4cbiu81NArAvYiOtY_Y6waj0dnmuxOpt3JdBUL7EP8Gg

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PARA DEFENDER EL PROCESO DE MEMORIA VERADAD Y JUSTICIA

Lo incluyeron los diputados del Frente de Todos como causal de remoción

El fallo del 2×1 a los genocidas, una de las razones para el juicio político de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti

“Fue un cimbronazo al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, que históricamente la Corte había acompañado”, dice Horacio Pietragalla Corti. Los organismos de derechos humanos, víctimas y abogados querellantes piden que se avance con el proceso de enjuiciamiento de los supremos por haber favorecido a los represores de la última dictadura.

Luciana Bertoia
Por Luciana Bertoia
(Fuente: Bernardino Avila)
. Imagen: Bernardino Avila

Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti llegaron a la Corte Suprema en 2016, pero no terminaron de hacer pie hasta el 3 de mayo de 2017. Ese día, Rosenkrantz cosechó su gran logro: conseguir las firmas de Rosatti y de Elena Highton de Nolasco para aplicar la ley más benigna a un represor y, de esa forma, abrirles la puerta a él y a otros para salir antes de las cárceles. El fallo –conocido popularmente como del 2×1– fue la marca de la Corte Suprema renovada por Mauricio Macri. Una Corte que terminó dando marcha atrás después de un repudio extendido y de movilizaciones multitudinarias. La conmoción que causó esa sentencia de mayo de 2017 volvió a tocarles la puerta a Rosenkrantz y Rosatti: los diputados del Frente de Todos, que reclaman su remoción, la incluyeron dentro de las causales de juicio político.

Tan pronto como llegó a la Corte, parte del equipo de la vocalía de Rosenkrantz se zambulló a analizar los casos de lesa humanidad que se apilaban en el tribunal. Después de buscar, encontraron el de un represor –bastante desconocido para el gran público– que reclamaba que le aplicaran la ley 24.390, que se había aprobado en 1994 por la sobrepoblación en las cárceles. La ley en cuestión decía que la prisión preventiva –es decir, sin condena firme– no podía superar los dos años y que, si se pasaba ese plazo, cada día en prisión se computaría doble. La norma dejó de estar en vigencia en 2001, cuando ni siquiera se habían reabierto las causas por delitos de lesa humanidad.

“Lo eligieron porque nadie lo conocía, pero yo sí”, dice Gladis Cuervo. Luis Muiña era parte de una guardia de seguridad que había enviado el Ministerio de Bienestar Social en julio de 1976 al Hospital Posadas. Muiña y el resto de los guardias caminaban por el policlínico con sus armas, molestaban a los pacientes y a los trabajadores que –con cierta ironía– los empezaron a llamar los “Swat” en alusión a una serie que estaba de moda entonces y que mostraba cómo funcionaba un grupo de élite. Los Swat montaron un campo de concentración en uno de los chalets del Hospital: allí torturaron y asesinaron a trabajadores del centro médico.

“Cuando en la televisión confirmaron su nombre, yo sentí como si de nuevo me dieran patadas en el estómago y me rompieran el esternón”, dice Gladis, que fue secuestrada el 25 de noviembre de 1976 dentro del propio Hospital. La percepción cambió una semana después del fallo, cuando subió al escenario de la Plaza de Mayo junto con Madres, Abuelas y otros integrantes de los organismos de derechos humanos. “Desde allí arriba, cuando vi la multitud que había, me estremecí. Cuando levantaron los pañuelos blancos, tuve una sensación de triunfo y de que habíamos cumplido”, cuenta.

“A la Corte le salió mal”, apunta Zulema Chester. Ella es trabajadora del Posadas, como su papá, Jacobo Chester, secuestrado en noviembre de 1976 y asesinado por la patota que integraba Muiña. “A nosotros nos permitió explicarles a los más jóvenes qué significaba la posibilidad de volverlos a tener en la calle y también la vergüenza que significa tener una justicia que no está buscando justicia”, sostiene.

“El 2×1 fue un cimbronazo para el proceso de Memoria Verdad y Justicia, que históricamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación había acompañado”, afirma Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación. “A raíz de ese fallo, la Corte perdió legitimidad incluso al interior del Poder Judicial donde fiscales, jueces, tribunales, lo desconocieron”.

En diciembre de 2018, la Corte volvió a tratar la cuestión del 2×1 a los genocidas ante un planteo de Rufino Batalla, un represor que actuó dentro del centro clandestino conocido como La Cacha. El tribunal había dejado enfriar el tema. Rosenkrantz no tenía ninguna intención de cambiar su voto. Rosatti dio una voltereta en el aire: se aferró de una ley interpretativa que votó el Congreso después del fallo para que a los supremos les quedara claro que el 2×1 no regía para los genocidas. Highton –que estaba afectada por la conmoción que su fallo había generado– adhirió a la solución de Rosatti mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda se mantuvieron en la misma tónica que antes –que ese beneficio no les correspondía a los criminales de la última dictadura–. Ése fue el final del 2×1 por uno a los genocidas, pero la mancha que imprimió la Corte quedó.

Causal de juicio político

En el pedido que presentó un grupo de diputados nacionales, se incorporó la postura frente al 2×1 como una causal de juicio político para la dupla Rosatti-Rosenkrantz. Fue después de que la mesa de organismos dijera en un comunicado que la Corte había procurado por distintos medios garantizar la impunidad de los genocidas y le pidiera a los legisladores una investigación exhaustiva para terminar con la “mafia” en uno de los poderes del Estado.

“Me parece súper correcto que se incluya este tema”, dice Pablo Llonto, abogado que representa a las víctimas del Hospital Posadas. “En su momento nosotros habíamos hecho las respectivas peticiones. Quizá ahora ha llegado el momento. Nos crea una expectativa de que aquel tema –tan doloroso socialmente– pueda ser ventilado públicamente para que se sepa lo que hicieron Rosenkrantz y Rosatti”, afirma.

“Al momento de dictar el fallo, estos dos jueces contravinieron la propia jurisprudencia de la Corte e incluso aplicaron mal el instituto del 2×1 por la temporalidad de los delitos por los que había sido condenado Muiña”, explica Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. “Por la presión social, el Congreso sacó en tiempo récord una ley aclaratoria que armonizaba los estándares internacionales que la Corte tenía disponibles a la hora de resolver. Cuando cambia de criterio, Rosatti utiliza ese salvoconducto de la ley que no habría sido necesario si hubiera aplicado los estándares internacionales y la propia jurisprudencia de la Corte”, afirma.

“El 2×1 simboliza el combo de fallos que la Corte sacó desde la llegada de Rosatti y Rosenkrantz y que marcó algunos límites para el juzgamiento y para la modalidad en la que seguirían los juicios –porque denotaba la intención de continuarlos con los genocidas desde sus casas”, agrega Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). “Hubo otras acciones que moldearon el destino de los procesos, como la decisión de cajonear el caso de Carlos Blaquier y la demora a hora de confirmar las condenas que termina consagrando la impunidad biológica”, opina.

“Hay algo muy importante que remarcar y es que no se está impulsando el juicio político por un fallo”, explica Pietragalla Corti. “Es por un conjunto de acciones y decisiones que tomó la Corte integrada por estos jueces, que provocaron su deslegitimación, la pérdida de confianza y falta de compromiso con la constitución y los derechos humanos”.

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El lawfare en América Latina y su impacto en la vigencia de los derechos humanos

 

Este libro recoge parte de las intervenciones y trabajos presentados en las Primeras Jornadas Internacionales “Desafíos en el campo de los derechos humanos”, organizadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y realizadas en diciembre de 2021 en la ex ESMA, cuya primera edición se centró en el análisis del impacto que el lawfare o “guerra jurídica” tiene en el campo de los derechos humanos en América Latina.

Las ponencias reunidas proponen un análisis del lawfare desde enfoques interdisciplinarios y perspectivas disímiles –estudios de casos, indagaciones en torno a los alcances conceptuales del fenómeno, recorridos históricos, análisis comparativos, etc-, con el objetivo de invitar a la reflexión acerca de cómo y en qué medida el uso de instrumentos jurídicos para perseguir dirigentes y militantes políticos/as, además de implicar la vulneración de los derechos de las personas implicadas y de los/as habitantes de la región, constituye un severo daño al sistema democrático.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/12/lawfare_publicacion.pdf

 

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PÉREZ VIDELA SOBRE EL PÚBLICO DE LOS JUICIOS: “POBRECITAS PERSONAS ALIENADAS”

9º JUICIO DE LESA HUMANIDAD DE MENDOZA/ AUDIENCIA 98 

25-11-2022 | El defensor oficial, Leonardo Pérez Videla, recurrió a elementos doctrinarios para pedir la nulidad de la acusación. Habló de una falla en la “dialéctica probatoria”, de una “entelequia” acusatoria y menospreció a los organismos de derechos humanos y al público de los juicios. La próxima audiencia es el viernes 2 de diciembre a las 9:00.

En el repaso por las jornadas previas de su alegato, Pérez Videla sostuvo que la principal prueba testimonial corresponde a las víctimas. Por los años transcurridos, insistió, no hay certezas. De acuerdo al abogado, los imputados, uno de ellos octogenario —Hugo Luis Zalazar—, no puede defenderse porque no es posible citar a declarar a jefes, superiores, inferiores, compañeros. No queda nadie más vivo. Instó al tribunal a “poner límites” a estos juicios porque “lamentablemente no se puede juzgar”.

El “drama” de los juicios de lesa humanidad es, para el defensor, la generación constante de víctimas: “Hoy no son solo víctimas las personas que nos han vuelto a contar las terribles historias de sus vidas o de sus familiares. Hoy también son víctimas mis representados y sus familiares, y todo el dolor que ellos llevan por no poder separar ‘la paja del trigo’”.

Abuso en la aplicación de las teorías de la responsabilidad penal

El abogado mencionó las teorías europeas de la responsabilidad penal. Según la tesis jerárquica que sigue la defensa —“para nosotros están todos muertos”, recordó— se deben diferenciar las responsabilidades de acuerdo al probado accionar ilegal. Nombró entonces fallos nacionales que acompañaron inicialmente ese criterio —causas “Arancibia Clavel”, “Suárez Mason”, “Simón”, etc.— y sostuvo que este tribunal absolvió “acertadamente” a los policías Héctor Camargo, Miguel Ponce y Juan Carlos Ponce, de la Comisaría 16, en el marco del cuarto juicio. En ese momento, el tribunal entendió que no había certezas sobre su intervención en el secuestro de Juan Manuel Montecino. Más adelante, en 2020, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar el fallo y “lo destruyó”. El tribunal condenó finalmente a los tres acusados.

Aseguró que no existe prueba objetiva ni subjetiva de los delitos: no habría dolo probado para asesinar, torturar, secuestrar, rapiñar. “Había grises. Había personas de ambos lados que efectivamente ejercían, desarrollaban y abrazaban la ilegalidad. Y otras que tenían un torbellino de los más loables ideales”, incluso en las “estructuras militares”. “El dolo homicida, el dolo destructor, el dolo revolucionario” estuvo “por un lado y por el otro” en los setenta. “Esos son los grises”, insistió.

Reclamó que no se ha investigado suficientemente sobre el Comando Pío XII, sobre las ramificaciones de la triple A mendocina, sobre la Concentración Nacional Universitaria, que podrían sustentar parte de su defensa, es decir, la teoría de los “subsistemas” ilegales. Se refirió entonces a los libros La fuga del Brujo, de Juan Gasparini, sobre la historia criminal de López Rega, que contiene “cosas esotéricas”, “tenebrosas”, pero que daría cuenta de la inserción de una estructura criminal en los aparatos institucionales: “Acá teníamos a Santuccione, a Sánchez Camargo”, agregó. También mencionó un texto editado por las propias Fuerzas Armadas titulado El terrorismo de Estado en Argentina, con un capítulo dedicado a las organizaciones irregulares. Los llamados “grises”, para Pérez Videla.

Pérez Videla se dirige al tribunal

La cifra

Otro “drama” que se dio en las audiencias es “hasta dónde se ha instrumentalizado y manoseado la verdad buscada” en la cifra de las personas desaparecidas. “En la construcción de la verdad, esta es otra deuda pendiente, terrible”. Invitó a escuchar las entrevistas disponibles en internet a Luis Labraña, militante de las Fuerzas Armadas Peronistas y luego Montoneros. También destacó la figura de Graciela Fernández Meijide en la búsqueda de la verdad sin “manoseos”.

Sostuvo que “cada desparecido tiene que tener un número, tiene que tener una identidad y una sola significancia”. Sobre la presencia de público e integrantes de los organismos de Derechos Humanos durante los alegatos de la parte acusadora, expresó: “Fue muy triste para mí escuchar que gritaban, masificados, despersonalizados” cuando terminó la exposición de la querella, por “los 30 000 desaparecidos”. “Es muy triste que esas personas hayan desnaturalizado y hayan hecho desaparecer la esencia de cada uno de los hombres que desaparecieron”. Luego dijo que eran “pobrecitas personas alienadas” no comprometidas con la verdad y con la paz social, a diferencia de él, que es “un hombre de buena voluntad”.

Nulidades

El defensor sostuvo que el proceso afectaba la garantía de una imputación clara y circunstanciada, razón por la cual se violarían los derechos a defensa en juicio, acceso al debido proceso e igualdad de armas. Uno de sus argumentos centrales giró en torno a la posibilidad de ejercer el mando, el comando o el “mando real” de sus defendidos —esto último, ya que en el legajo de Zalazar se lo ubica en cierto rol que no se habría corroborado en la práctica—. Para ello, recordó los niveles jerárquicos de las fuerzas investigadas que alejarían a los acusados de la responsabilidad adjudicada. Explicó que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía establecen entre diez y diciesiete rangos.

Diferenció luego la imputación narrativa de la imputación penal objetiva. La primera es la imputación descriptiva e histórica del contexto, a partir de “pobres y huérfanas testimoniales”. De ella se pasa a la imputación objetiva. Reclamó que estos juicios se construyen extrayendo y copiando la prueba de los anteriores. La narrativa de cada uno de los casos se replicó de procesos previos, “no hubo un solo acto de incorporación de actos probatorios nuevos”, señaló. Esto imposibilita “establecer una contradicción dialéctica”.

Los casos de inteligencia serían los más ilustrativos de esta situación. Para el defensor, solo se dice que los acusados integraron las áreas de inteligencia por legajo y cargo y que existe una vinculación entre esta actividad y los operativos realizados. No se confronta con “el primer dique de contención” que es el carácter ilegal de la tarea de inteligencia en sí misma, de acuerdo a lo ya desarrollado por el abogado la semana pasada.

Los delitos concretos y el perfil criminal

Pérez Videla alegó que no se distinguen los delitos concretos supuestamente cometidos por los integrantes de las estructuras de inteligencia. En el caso de las privaciones ilegítimas de la libertad, argumentó, no se analiza la naturaleza de la violencia ejercida, el lugar, el tiempo, el modo, la condición de la víctima. Únicamente se les comunica a los imputados el “relato” de las víctimas sobre los operativos. En cuanto a la tortura, el defensor sostuvo que en los primeros juicios se logró reconstruir la intervención de personas concretas como “mechón blanco” o el “porteño”, además de miembros del Comando Moralizador Pío XII como Bustos Medina —en el primer testimonio de Rosa Gómez—. Actualmente no habría elementos claros de participación. Lo mismo sucedería con los delitos sexuales.

Respecto a los homicidios agravados, la descripción corresponde a un hecho de desaparición luego de una aprehensión. Por el resultado, se configura el homicidio. El abogado aseguró que no existe dolo homicida y que no se ha determinado un perfil: el perverso, el asesino, el violador, “generalmente, en los anales de la criminología, de la psiquiatría forense, descansa sobre un perfil (…) Tenemos todo lo contrario, tenemos hombres que siguieron sus vidas sin cometer delitos, que siguieron honestamente cumpliendo su trabajo, que fueron padres de familia, que fueron hermanos, que fueron hijos, que fueron personas de bien que siguieron cumpliendo en todo los aspectos de la vida con sus funciones hasta que volvieron estos juicios”.

Para repasar la imputación que cabe por la ingesta de la pastilla de cianuro —para el caso de María del Carmen Marín—, a la que definió como un “problema”, aseguró que “en materia de dialéctica probatoria deja entrelazados paradigmas que no podemos develar ni reconstruir”. Sin embargo, hay autores mediatos acusados en “una atmósfera donde juega la propia voluntad de la víctima”. Luego, sobre el delito de sustracción y ocultamiento de un menor —Martín Alcaraz Campos, de 10 meses— refirió nuevamente una “gravísima ausencia de prueba” y de la relación de la evidencia con su defendido.

Hacia el final decidió enfocarse en el delito de asociación ilícita. Sostuvo que la garantía de protección de sus asistidos era “la más ausente de todas” porque no está descripta la forma en la que ejecutaron este tipo penal. “El requerimiento fiscal propone el desarrollo de una entelequia”, aseguró en referencia al aparato criminal, y propuso la idea de que es un razonamiento general que atenta contra las disposiciones legales. Además, se mostró confundido con los criterios de conformación de ese aparato porque para casos como Verd-Palacio se remontan varios años respecto de los decretos de aniquilamiento.

Básicamente considera que la existencia de un cargo en la estructura de las fuerzas no puede determinar ninguna responsabilidad. En este sentido, propuso que el tribunal realizara “un estudio de legalidad objetivo”, mediante la determinación de la acción que cada imputado desplegó individualmente y la que realizó como engranaje en la empresa criminal conjunta. Sostuvo que, en realidad, el paso del tiempo no permite reconstruir estas funciones y que se está imputando el resultado y no los hechos: “No alcanza la normativa de la inteligencia, necesito pruebas de la ilegalidad”, manifestó Pérez Videla.

Tener imputados al 100% de los integrantes de la estructura estatal “dice que en realidad no sabemos nada” de la actuación criminal. “No estoy identificando real y jurídicamente nada porque el problema es que no tengo identificado el dominio del sujeto competente o el dominio de la función concreta. Necesito saber realmente quién forma parte para poder defender”, expresó sobre su función..

El defensor oficial apuntó a la búsqueda de elementos doctrinarios para pedir la nulidad de la acusación. Citó, entonces, juristas alemanes que reflexionaron sobre el juzgamiento del genocidio según los cuales el elemento esencial constitutivo de una empresa criminal conjunta es la elevada predisposición del autor a la comisión del hecho delictivo. Entre ellos, Schroeder, se explayó, afirma que en las posiciones subordinadas, esa convicción es inexistente. Le resulta importante distinguir entre jefes y otros mandos porque en su argumento, esa predisposición no es fungible: quienes abrazaron esa ilegalidad son las máximas autoridades y están muertas.

“Acá lo que va a definir que yo pueda o no definir la imputación va a ser que yo busque pruebas indiscutibles”, pero es imposible encontrar datos de mayor relevancia porque los responsables están muertos, repitió. Su teoría es la siguiente: esos jefes seleccionaron un “subgrupo infungible”, a partir de ahí tuvieron conexión con mandos mediatos y, por su intermedio, con los ejecutores. Pero nadie integró esos grupos criminales abiertamente: “No es que ponen en un cartel todos los días las ilegalidades y atrocidades que iban a cometer”. Hizo hincapié en que va a pedir la nulidad por no estar bien definido el delito en la acusación, el hecho, las pruebas y el tipo penal.

La próxima audiencia es el viernes 2 de diciembre a las 9:00

 

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Carlos Ureta: “Hay una cosa que en San Juan pasa y es borrar todo lo que no queda cómodo”.

Durante el fin de semana se publicó en un importante diario local, una nota que habla sobre el Patrimonio Cultural de la Ex Legislatura Provincial. Sin embargo, en dicha publicación no se tiene en cuenta un aspecto importante en la historia de dicho edifico: La Ex Legislatura funcionó como Centro Clandestino de Detención y Tortura durante la última dictadura militar. Carlos Ureta remarca que en dicha publicación difundida durante el fin de semana, “se han olvidado una serie de detalles que no solo refuerzan el valor del edificio si no que además implican una actitud muy negacionista” por parte del responsable de dicho artículo.

Ahora San Juan se comunicó con Carlos Ureta, quien ha dedicado más de 10 años al registro de los juicios de lesa humanidad en la provincia para mantener viva la memoria sobre un momento tan oscuro en la historia del país.

“Respecto a la publicación del matutino local del domingo de una nota que pone el valor del Patrimonio Cultural y Arquitectónico que representa la Ex Legislatura debo decir que me parece muy bien salvo por el hecho de que se han olvidado una serie de detalles que no solo refuerzan el valor del edificio si no que además implican una actitud muy negacionista” advierte Carlos Ureta.

Carlos comenta que “El domingo a la mañana, varias personas con las que compartimos nuestra preocupación por el patrimonio de San Juan y los derechos humanos comentamos esta nota y nos llamaba la atención de que manera se había ignorado los detalles de la utilización de la Ex Legislatura como Centro de Detención y de Tortura durante el proceso militar” y agrega que “esto ha sido motivo de acciones del gobierno tanto durante la gestión de José Luis Gioja como del doctor Sergio Uñac como lo demuestran por ejemplo los recordatorios y las placas que hay en la entrada por la calle Urquiza de la Ex Legislatura donde aparecen recordatorios del Día Nacional de la Memoria del 24 de marzo del 2016“

“Esto no es casual, no es menor, no es un detalle y hace al valor del edificio porque a través de las paredes de la entonces Ex Legislatura pasaron muchos hechos políticos importantes en la Argentina y en San Juan” remarca Carlos Ureta.

Al repasar la historia de la Ex Legislatura, Carlos explica que “Las instalaciones que dan a los fondos donde estaban la cancha fue escenario de muchos actos políticos desde la década del ´30 del Partido Autonomista Nacional” y agrega que “En ese mismo lugar asumían los gobernadores de San Juan, en 1973 asumió ahí el profesor Prospero Eloy Camus que fue el último Gobernador que asumió en ese recinto. En 1983 el doctor Leopoldo Bravo, tal vez porque era consciente de lo que había pasado en la Ex Legislatura prefirió asumir su gobernación en los jardines de la Casa de Gobierno”.

“Me llama la atención que una tan documentada nota sobre el valor patrimonial del edificio desconozca estos antecedentes históricos, ya que impiden por ejemplo los fondos que dispone la Nación a través de la Secretaria de Derechos Humanos para restituir estos sitios y mantenerlos vigentes como se han hecho en muchos lugares” señala Carlos Ureta y agrega que “Olvidan que justamente por Ley Nacional la Ex Legislatura esta designada como un Centro de Memoria”.

“En la Ex Legislatura se decidió la suerte de vida o muerte de muchas personas y se torturó a mucha gente, a través de los Juicios de Lesa Humanidad en la provincia se han conocido los testimonios y la metodología” remarca Carlos Ureta y agrega que “queda duda porque han declarado quienes sobrevivieron y se supone que los destinos se decidían ahí, si los detenidos eran llevados al RIM 22 a la cárcel o desaparecían o iban a otro centro de detención como la Marquesita”. “Siempre quedará la duda”.

Carlos comenta que “Acá en San Juan es muy extraño lo que ha pasado con la Ley que se cita en dicha nota (Ley Nº 411-F Patrimonio Cultural y Monumentos Históricos de la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan), ley que existe porque la había sancionado el Gobernador Rojas, establecía que el mantenimiento del edificio iba a correr por cuenta de la Provincia de San Juan cosa que en el estado que esta, más cuando se intentó demolerla, porque como muestran las imágenes de animación que el Gobierno Provincial difundió a través de los medios sanjuaninos cuando iba a hacer la reforma de toda la zona del parque, con todos esos puentes tan hermosos que hemos conseguido y pintar el monumento al deporte, etc, se ve la Ex Legislatura demolida” y agrega que el video “Es muy impresionante porque dejan dos paredes nada más y hacen como un laguito, una cosa realmente…. muy desagradable”.

Sin embargo, Carlos remarca que nada de esto ocurrió y explica que “Esto no ocurrió porque el Tribunal Oral Federal le comunicó a la Provincia que en la medida que ese edificio fuera centro de probanza no se podía tocar ni modificar“. “Si no hubiera sido por la justicia tiran todo” advierte Carlos.

Carlos marca una gran diferencia entre San Juan y Mendoza respecto al tratamiento y cuidado que se le otorga a los edificios que fueron ocupados durante la dictadura militar como centros clandestinos de detención. Carlos explica que “En Mendoza el edificio que ocupaba el D2 de inteligencia de la policía de Mendoza fue entregado a los Organismos de Derechos Humanos para que actuaran como un centro de difusión de los derechos humanos y contra la tortura y el negacionismo”.

Dicha diferencia entre las provincias se produce porque “Hay una cosa que en San Juan pasa y es borrar todo lo que no queda cómodo” comenta Carlos y agrega que “No quieren mantener un monumento de memoria sobre el Terrorismo de Estado en Argentina al lado del templo de la Revolución Deportiva es la única explicación que tienen”.

“Yo espero que mas allá de esta declaración, que no tienen otro objeto que añadir claridad y poner más en valor el edificio se logre preservar un sitio que a la memoria de los sanjuaninos es muy cara también debería hacerse lo propio con la Marquesita que fue un centro Clandestino de Detención en Marquesado” finaliza Carlos Ureta.

 

Carlos Ureta: “Hay una cosa que en San Juan pasa y es borrar todo lo que no queda cómodo”.

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La Mesa de Discusión Institucional y Social se reunió en Santa Fe para tratar los desafíos y dificultades en los procesos por crímenes de lesa humanidad

El viernes, en la sede de la Universidad Nacional del Litoral
Funcionarios, funcionarias, víctimas y representantes de querellas del litoral se reunieron en el marco de un encuentro regional para analizar el proceso de verdad y justicia. Antes de la reunión, realizaron un homenaje al fallecido fiscal federal subrogante Carlos Francisco García Escalada.

Fiscales, funcionarios, funcionarias, integrantes de organismos de derechos humanos y representantes de querellas en los procesos por crímenes de lesa humanidad se reunieron este viernes en Santa Fe en el marco de la Mesa de Discusión Institucional y Social convocada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para debatir en torno a los desafíos y las dificultades y para formular propuestas para el avance de los procesos en la región litoral de nuestro país.

La Mesa de Discusión Institucional y Social es un espacio creado por la Resolución PGN 1442/13. La actividad se llevó a cabo en el Salón Mariano Moreno de la Universidad Nacional del Litoral, en la capital provincial. Estuvieron presentes representantes de las secciones judiciales Posadas, Formosa, Paso de los Libres, Corrientes, Resistencia, Reconquista, Santa Fe, Paraná, Concepción del Uruguay, Rosario y San Nicolás

La jornada se realizó con modalidad híbrida, es decir con participaciones presenciales y virtuales de quienes no pudieron asistir. Intervinieron el colectivo de Ex Presos Políticos de Santa Fe, la Asociación por la Memoria y Derechos Humanos de Pergamino, H.I.J.O.S. Santa Fe, H.I.J.O.S. Paraná, la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Paraná, la Asociación de Familiares de Desaparecidos de Paraná, la Secretaría de Derechos Humanos y Género de San Nicolás, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Rosario), el Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, la Asociación de Derechos Humanos Norte Amplio de Reconquista (Santa Fe), representantes de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Santa Fe y Entre Ríos, víctimas y querellas particulares de las jurisdicciones participantes.

En el encuentro se plantearon inquietudes vinculadas con el significativo número de expedientes que aún transitan la etapa instructora y la necesidad de delinear estrategias que conduzcan a un rápido y eficaz avance de ellos para realizar los correspondientes debates orales en plazos razonables.

También se planteó la necesidad de realizar un estricto control de los otorgamientos -y de la ejecución- de las prisiones domiciliarias, como del control de la ejecución de la pena, en particular de las salidas transitorias, la libertad condicional y demás institutos vinculados con la progresividad de la pena. En tal sentido, se resaltó la importancia de la intervención de las víctimas en esta etapa del proceso.

Por otra parte, se planteó la necesidad de retomar la presencialidad de los debates orales, toda vez que las causas que motivaron el uso generalizado de plataformas virtuales para desarrollar audiencias ya no encuentran fundamento. Al respecto, se planteó que ello debía realizarse con la garantía de acompañamiento y protección de testigos y víctimas.

También se conversó acerca de las demoras vinculadas con el tramo recursivo del proceso, con énfasis en los “reenvíos” ordenados por la Cámara Federal de Casación Penal y los diferentes mecanismos implementados por los tribunales orales, como en la importancia de avanzar en las investigaciones tendientes a hallar e identificar restos de las víctimas desaparecidas. En efecto, se pidió que se evalúe la posibilidad de crear equipos de trabajo especializados para abordar esas investigaciones.

Finalmente los organismos y querellantes exhortaron a los operadores judiciales y a las agencias estatales involucradas en el proceso de juzgamiento a redoblar esfuerzos para acelerar las investigaciones por crímenes contra la humanidad. Para ello se propuso fortalecer vínculos interinstitucionales que permitan superar los obstáculos en el proceso.

 

El homenaje a Carlos Francisco García Escalada y la placa descubierta en tribunales.

Homenaje

En la mañana del viernes, antes de la reunión realizada en la Universidad Nacional del Litoral, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, Ricardo Carlos María Álvarez, y la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, encabezaron un homenaje en la sede de los tribunales federales de esa jurisdicción a Carlos Francisco García Escalada, funcionario del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quien se desempeñó desde 2004 en diferentes cargos y llegó a ser designado como fiscal federal subrogante de las fiscalías federales de Victoria y Paraná. En este último destino estaba prestando funciones cuando enfermó y murió el año pasado, víctima de la pandemia de COVID-19.

El homenaje a García Escalada fue impulsado por la fiscal federal Ramos en reconocimiento a su labor en la investigación y juzgamiento de casos por crímenes de lesa humanidad y fue autorizado por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, quien en la resolución dictada al especto formuló “una mención especial al esfuerzo y dedicación que el doctor García Escalada ha demostrado en su extensa trayectoria en el Ministerio Público Fiscal”.

Con la participación de familiares de García Escalada y de empleados, empleadas, funcionarios y funcionarias de la jurisdicción, víctimas de crímenes de lesa humanidad y representantes de querellas en esos procesos, el homenaje se llevó a cabo en el acceso al edificio de la Cámara Federal de Paraná y consistió en el descubrimiento de una placa en su memoria.

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“Democracia y terrorismo de Estado en Argentina”: un libro necesario que se convertirá en obra de referencia

El fiscal federal Dante Vega, autor de Democracia y terrorismo de Estado en Argentina.El fiscal federal Dante Vega, autor de Democracia y terrorismo de Estado en Argentina. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes
Foto: Ignacio Blanco / Los Andes
El fiscal federal Dante Vega, autor de Democracia y terrorismo de Estado en Argentina. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes
Oscar Guillén
Domingo, 13 de noviembre de 202200:01 hs
“Democracia y terrorismo de Estado en Argentina” (Quellqasqa editorial, 2022), del abogado, docente y fiscal federal mendocino Dante Vega, es un nuevo aporte al caudal de obras –ensayos, libros de historia, periodismo narrativo o ficción, películas y obras de teatro, solo por nombrar algunas formas de expresión- que centran su mirada en la última dictadura militar en Argentina.
El tema, por su peso y resonancias, está lejos de agotarse; al contrario, su misma historicidad –y por qué no, su oscuridad- permite que vaya resignificándose con el paso del tiempo, sumando matices y generando nuevas polémicas. En este contexto, el libro de Vega ya amerita una atenta lectura. Pero su interés se amplifica porque el autor fija su mirada en la “fractura social” que produjo y la respuesta “o la falta de ella” que fueron dando al asunto los distintos gobiernos democráticos.
Se trata de una obra extensa –450 páginas- y bien documentada -el autor ha consultado una extensa bibliografía enumerada en treinta páginas- que si bien aborda cuestiones a veces complejas desde lo jurídico, se deja leer con fluidez. Es que “Democracia y Terrorismo de Estado en Argentina” tiene el mérito de sostenerse en una prosa didáctica y límpida, y un ritmo sostenido que el lector agradece.
Otro de sus logros es que su lectura no solo está enfocada a especialistas sino también a cualquier lector interesado en profundizar sus conocimientos sobre el tema (a modo de simple sugerencia, nada mejor que leerlo con el impulso de haber visto antes la película “Argentina 1985″, por ejemplo).
Estos aspectos enunciados hacen que el volumen se ofrezca como material de consulta inestimable para estudiantes y docentes de Historia, de Ciencias Sociales y Comunicación, sin dejar fuera a profesionales del Derecho.
Tras hacer un repaso histórico del terrorismo de Estado en el país desde la dictadura del general Uriburu (1930), pasando por la “letal” Revolución Libertadora, hasta llegar al “plan sistemático criminal” ejecutado durante el Proceso de Reorganización Nacional, el autor aborda temas como centros clandestinos de detención, Abuelas de Plaza de Mayo, represión y organismos internacionales, la cifra de desaparecidos -”un problema moral, no estadístico”- y Malvinas, entre otros.
Luego, tomando el concepto de “justicia transicional” –la respuesta a las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos que no pueden ser juzgadas por un sistema judicial convencional- Vega recuerda que “Argentina es el único país en el mundo” que articuló dos respuestas a la violación a los Derechos Humanos: la creación de una comisión investigadora y una justicia retroactiva que, supeditada a los vaivenes de la política, fue ofreciendo (y negando) respuestas jurídicas y reparadoras a través de juicios orales y públicos.
Bajo esta óptica se analizan temas como la Teoría de los dos demonios, la Conadep, los Juicios a las Juntas, la Ley de Punto Final, Menem y la década de impunidad, y la relación de Kirchner y Macri con los Derechos Humanos.
Además, como bien sostiene el epílogo -”el paso del tiempo sigue conspirando contra la necesidad de justicia” y que “el imperativo moral y jurídico es que el Estado nunca renuncie a descubrir la verdad”-, la obra advierte sobre la evolución del negacionismo y los cuestionamientos a las extensas prisiones preventivas y la lentitud judicial.
Tal vez la experiencia del profesor y del fiscal –Vega ha participado en más de veinte juicios por delitos de lesa humanidad- le permiten al autor navegar con objetividad (si eso fuera posible), poder de síntesis y análisis en temas complejos, áridos y dolorosos que, vistos del lado del lector, despejan un camino para la reflexión y la polémica pero con fundamentos. En tiempos de fake news, posverdades, francotiradores seriales de redes sociales, negacionistas de lo obvio y relatos endebles, el resultado final hace pensar que, con el tiempo, “Democracia y Terrorismo de Estado en Argentina” se trasformará en una obra de referencia y de consulta obligada.
https://www.losandes.com.ar/espectaculo/democracia-y-terrorismo-de-estado-en-argentina-un-libro-necesario-que-se-convertira-en-obra-de-referencia/
Para acceder al libro en San Juan
? https://wa.me/qr/WLHSEYC6Z5OGB1
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9no Juicio de Lesa Humanidad de Mendoza -AUDIENCIA 95 / LOS ALEGATOS DE LAS QUERELLAS Y UN PEDIDO DE BÚSQUEDA

 

11-11-2022 | Alegó Fernando Peñaloza en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y, posteriormente, Viviana Beigel por la regional Mendoza del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. La abogada pidió medidas concretas de búsqueda de las víctimas desaparecidas. Las próximas audiencias son el jueves 17 y el viernes 18 de noviembre a las 9:00.

De forma remota desde San Luis, alegó primero Fernando Peñaloza. El abogado explicó que las querellas dividieron el contenido de sus intervenciones para no repetir y dilatar el juicio. Anticipó que se encargaría únicamente de los dos grandes eslabones de inteligencia: el Destacamento de Inteligencia 144 y las áreas de inteligencia de la Fuerza Aérea. No formuló querella por los hechos atribuidos al Departamento de Informaciones (D2) de la Policía y la Comisaría Séptima.

El alegato de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN)

Peñaloza se refirió a la inteligencia militar y sus funciones, que permite al Estado hacer uso eficiente de sus recursos. El trabajo de inteligencia abarca aspectos de la actividad diplomática, política, económica y demográfica del oponente. Durante la dictadura esta definición de carácter general se aplicó a un oponente interno en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional.

En la provincia se identificaron tres niveles: un nivel de mando —autoridades superiores—, un nivel operativo —inferior— y un nivel intermedio que no se hizo visible hasta este juicio. Sobre el trabajo del Ministerio Público Fiscal, Peñaloza quiso sumar el aporte de la SDHN, que ha trabajado estos tópicos en distintas zonas del país. Por ejemplo, el Informe del Programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, brindó elementos que sirvieron de sustento a la investigación realizada con detalle por la fiscalía. Adelantó que el organismo que representa adhiere a “todo lo dicho por el señor fiscal”: a la plataforma fáctica, a los elementos de prueba, a las calificaciones legales y a los pedidos de penas.

Advirtió que para investigar de forma integral los hechos relativos a inteligencia era necesario atender a los términos y símbolos propios de la organización militar que, no dominados en profundidad, podrían conducir a errores. Por eso, explicó, es indispensable analizar e interpretar la normativa como se hizo en este debate. Señaló además la pertinencia de acumular las causas, ya que la atomización atenta contra la identificación de la sistematicidad del plan represivo.

La inteligencia se sustentó en una doctrina que la justificaba: orientaciones, estrategias y operaciones de carácter general sobre las que erigió el plan de exterminio estatal, como las incluidas en la Directiva 1/75 del Consejo de Defensa. Su objetivo era “instrumentar el empleo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y otros organismos puestos a disposición del Consejo de Defensa para la lucha contra la subversión”. Entre las acciones mencionaba “aniquilar los elementos constitutivos de las organizaciones subversivas a través de una presión constante sobre ellas” y “eliminar y desalentar el apoyo que personas u organizaciones de distintos tipos pueden brindar a la subversión”.

Cada fuerza dictó en consecuencia sus directivas con orientaciones e instrucciones, por ejemplo, la Directiva 404/75 del Comando en jefe del Ejército. Se reconocía allí la necesidad de la inteligencia como requisito previo a toda operación. Peñaloza sostuvo que el aparato represivo fue borrando progresivamente los rastros de la actividad de inteligencia, como evidencian las huellas de los primeros procedimientos, principalmente el caso Verd-Palacio, y los hechos posteriores. Las fuerzas pasaron de la reacción a la acción, explicó.

“Hay que considerar que las unidades de inteligencia habrían diseñado y controlado el accionar represivo seleccionando blancos, determinando el orden de mérito de los detenidos, asignando destinos, siguiendo un patrón operacional que está descripto en las líneas de algunos de sus reglamentos”, argumentó el querellante. Se refirió luego a reglamentos ya analizados en audiencias previas donde se definen las tareas de inteligencia y contrainteligencia. El personal que recibió formación y recibió la AEI, “aptitud especial de inteligencia”, indefectiblemente cumplió cabalmente su tarea, sostuvo el abogado.

El D144 y las áreas de inteligencia de la Aeronáutica estaban insertas en unidades superiores, no actuaban de forma aisladas. En el caso Verd-Palacio se puso de manifiesto esa coordinación a nivel federal, lo mismo entre Mendoza y Córdoba con el traslado de detenidos. Para que eso ocurriera, había una estructura que centralizaba esta actividad: el Batallón de Inteligencia 601, cuyo análisis, destacó el querellante, viene desarrollando la SDHN desde hace una década. El 601 dependía directamente del Comando General del Ejército y fue creado en 1968, con motivo de la reestructuración orgánica de inteligencia. En octubre de 1975 adoptó su nuevo rol en la lucha contra la “subversión”. Actuaba principalmente en la zona 1 y en apoyo de otras zonas, como en el caso de la nuestra. Esto sucedía a pedido del comandante de cada cuerpo.

Peñaloza se explayó a continuación sobre tres fallos de otras circunscripciones que juzgaron a la inteligencia: la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal de Neuquén sobre el Destacamento de Inteligencia 182, de 2009, donde se refutó la idea de que la inteligencia se limitara a leer diarios o escuchar la radio, argumento esgrimido en este juicio. Por el contrario quedó probado que se abocó a reunir información sobre la actividad “subversiva” mediante otros medios como la infiltración y los interrogatorios bajo tortura. Un fallo de La Plata, de 2020, se detuvo en el Batallón 601 y el Destacamento 101 y confirmó que sus integrantes no podían desconocer la responsabilidad primaria del Ejército en la aniquilación de la “subversión”, sino que el D101 tuvo bajo su control el centro clandestino de detención (CCD) “La Cacha”. Por último, el fallo del TOF 4 San Martín sobre la “contraofensiva montonera”, desarrolló con claridad el rol intermedio de la inteligencia entre las autoridades y las áreas operativas.

Sala de audiencias. Foto: Coco Yañez

El Informe del Programa Verdad y Justicia, indicó el abogado, fue el disparador de la causa contra el D144. Recordó que este organismo actuaba en apoyo de la VIII Brigada y que tenía a su cargo dos secciones: las de San Rafael y San Juan. Retomó luego declaraciones como las de Sánchez Camargo y Luis Alberto Rodríguez sobre el organigrama represivo de Mendoza.

En cuanto a la Fuerza Aérea, el análisis de los legajos de sus integrantes—Jofré, Carelli, etc.— permitió determinar la centralidad de esta tarea. Peñaloza citó las ya conocidas declaraciones de 1985 y 1986 de Maradona y Dopazo, máximas autoridades del Ejército, sobre el aporte de la Aeronáutica en la “lucha contrasubversiva” y sus ámbitos de injerencia. Recordó además que esta fuerza integró la Comunidad Informativa —uno de sus representantes fue Osvaldo Padorno—. El abogado repasó asimismo el organigrama de las áreas abocadas a esta actividad y la superposición de jefaturas de grupos operativos y unidades de inteligencia.

Concluyó su alegato adhiriendo a la calificación legal de los delitos adjudicados por la fiscalía a cada imputado y el pedido de penas formulado por Rodríguez Infante en la audiencia anterior.

El alegato del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

En sintonía con la decisión de la SDHN, la abogada querellante del MEDH no repasó los hechos investigados por el noveno juicio por considerar que el análisis de la fiscalía había sido “sumamente exhaustivo”. Se limitó entonces a nombrar y presentar a las víctimas de cada operativo y conjunto de causas.

Comenzó por los secuestros del matrimonio Verd-Palacio ofreciendo a las partes las fotos de la pareja desaparecida y sus hijas: “Destrozaron a una familia”, reclamó a los acusados. Se detuvo especialmente en Mauricio López, víctima de Las Lajas, porque el hombre fue “un emblema para el MEDH”. Recordó que la investigación sobre este CCD fue producto del “esfuerzo incansable de Elba Morales”.

Sobre la inteligencia, sostuvo que en la Comunidad Informativa, a través de la infiltración y el procesamiento de la información, se decidía la vida y la muerte de las víctimas. Sus integrantes “tienen información que sería reparadora”, insistió. Al igual que Peñaloza, la representante del MEDH compartió la calificación legal y el pedido de penas del Ministerio Público Fiscal.

Derecho a la verdad: conocemos a los culpables pero no el paradero de los cuerpos

Hacia el final de su alegato, la abogada Viviana Beigel hizo un pedido al tribunal con el objeto de reparar el derecho a la verdad de las familias de las víctimas desaparecidas: “El Estado debe utilizar todos los medios económicos, técnicos y científicos idóneos” para determinar su paradero. La querellante explicó que algunos procesos de este juicio empezaron en 2004 y en este tiempo se han conseguido condenas que reparan la memoria y la justicia. Pero hay una deuda pendiente: no se ha logrado dar con los restos de las personas desaparecidas por el pacto de silencio de los responsables de los crímenes, que son juzgados en este debate.

Los organismos de derechos humanos han aportado todas las pruebas necesarias para que los juicios se puedan hacer y ahora “la Justicia tiene el deber de llegar a la verdad”. Porque 18 años de silencio bastan, aseguró Beigel, para entender que los autores de los delitos se van a morir sin decir dónde están los cuerpos, pero las y los familiares no pueden seguir muriendo con la duda.

30000 presentes. Foto: Coco Yañez

La medida no tiene antecedente real en Argentina pero sí tiene jurisprudencia tanto a nivel nacional como internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido sentencias para reparar el derecho a la verdad, como sucedió en el caso Velázquez-Rodríguez en Honduras o el de las hermanas Serrano en El Salvador. Las medidas dispusieron actos de conmemoración, reformas institucionales, modificaciones legislativas, campañas de concientización, implementación de programas sociales y acciones para la búsqueda de personas desaparecidas.

“La reparación por infracción a una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, una plena restitución de la situación anterior”, pero —como en El Salvador— es imposible porque las víctimas fueron asesinadas. En esa causa, la Corte IDH ordenó eliminar obstáculos de hecho y de derecho y disponer todas las medidas al alcance para determinar el paradero.

Para impulsar la acción reparatoria, Beigel le pidió al Tribunal Oral Federal 1 que ordene a las instituciones que fueron partícipes del genocidio y hoy tienen estructuras democráticas “que inicien instancias efectivas, proactivas y reales de búsqueda”. “No queremos más pasividad en las instituciones públicas (…) Queremos un Estado activo en la búsqueda de la información sobre el destino de las personas desaparecidas”.

Entre esas instituciones nombró al Ejército Argentino, la Fuerza Aérea, la Policía Federal, la Policía de Mendoza, el Liceo MIlitar, el Hospital MIlitar, los cementerios municipales, el Hospital Central, el Cuerpo Médico Forense y la morgue provincial, el Registro Civil, el Archivo General de la Provincia de Mendoza, el Archivo Histórico de la Cancillería de la Nación, el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, el Ministerio de Defensa de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Pidió notificar a estas estructuras democráticas para que inicien acciones concretas de búsqueda: elaborar sumarios internos de investigación, disponer personal, procesar datos de archivos, habilitar líneas telefónicas de denuncia, abrir sus archivos, analizar información, incentivar mediante programas investigaciones en la temática, convocar a personal de estas oficinas que prestaron servicios entre 1974 y 1983, como también conscriptos de esos años, diseñar campañas mediáticas, etc.

Además solicitó que en esta instancia de búsqueda se incluya a la Iglesia Católica, en el nombre del arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, quien —aseguró la querellante— ha dado sobradas pruebas de su compromiso con esta lucha. También pidió plena participación de los Organismos de Derechos Humanos de la provincia. “Este tribunal puede hacer historia”, concluyó.

El pedido de Aramayo

Cuando la querella terminó el alegato, el defensor de José Santos Chiófalo, Matías Aramayo, solicitó al tribunal la excarcelación para el imputado. Explicó que la pena que se le pidió es de 12 años de prisión y que él ya lleva 8 años y 6 meses detenido. Si esa es la pretensión punitiva, aseguró Aramayo, puede solventar en el Código Penal y en el Procesal Penal el pedido de libertad condicional, no solo por el requisito temporal sino también por el cumplimiento de las pautas de conducta. El presidente del debate dijo que evaluarían la solicitud.

Al final de la jornada se escuchó una vez más la consigna histórica de los Organismos de Derechos Humanos: 30000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos/as PRESENTES AHORA Y SIEMPRE.

Las próximas audiencias, donde se escucharán los alegatos de las defensas, serán el jueves 17 y el viernes 18 de noviembre a las 9:00.

AUDIENCIA 95 / LOS ALEGATOS DE LAS QUERELLAS Y UN PEDIDO DE BÚSQUEDA

 

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9no Juicio de Lesa Humanidad de Mendoza -AUDIENCIA 94 / LA FISCALÍA SOLICITÓ 17 PENAS A PRISIÓN PERPETUA Y OTRAS DOS MENORES

10-11-2022 | El fiscal concluyó la reconstrucción de la responsabilidad de cada imputado por su rol y su carrera en la fuerza y realizó el pedido de penas: perpetuas para todos excepto para Martínez —9 años— y Chiófalo —12 años—. Requirió también nuevos exámenes médicos para que regresen a cárcel común y una medida reparatoria novedosa en esta jurisdicción. La próxima audiencia será el viernes 11 de noviembre a las 9:30.

Antes de detallar las penas, Daniel Rodríguez Infante concluyó con el desarrollo detallado de la responsabilidad de cada imputado del juicio. La semana pasada había comenzado con Zalazar, Simone, Santa María, Luis y Navarro Moyano.

Eduardo Elio Gaviola
Entre enero y septiembre de 1976, Gaviola fue oficial de la Compañía de la Policía Militar, dependiente del Escuadrón Tropa y del Grupo Base 4. Para el momento de los hechos que se investigan, Gaviola era una de las autoridades de la Compañía de Policía Militar de la Fuerza Aérea. Allí fue jefe de la Primera Sección —entre octubre de ese año y septiembre del 77— y de la Segunda Sección —entre octubre del 77 y agosto del siguiente—.
Posteriormente, Eduardo Elio Gaviola siguió ligado a la fuerza, particularmente a sus áreas de inteligencia. En la misma Compañía fue auxiliar de la División Inteligencia, jefe de la Sección Contra Inteligencia y Jefe de la sección Comunicación Social. En este tiempo hizo el curso de oficial de Inteligencia donde tuvo materias como Inteligencia, Contrainteligencia, Fundamentos Socio-Políticos, Doctrina de Guerra Revolucionaria. En una de sus evaluaciones, Raganato lo describió como un “oficial subalterno muy competente y preocupado”, que se esmera en la preparación de los soldados a su cargo y cumple sus tareas “con ahínco e iniciativa”. El testigo Carlos Atilio González lo nombró en su declaración.


Alberto Raganato
Ingresó a la IV Brigada Aérea en 1971 y fue jefe de la Compañía de Comunicaciones del Grupo Base 4. Para la época que se investiga en este juicio —entre el 76 y el 78— ocupó dos jefaturas, en la Compañía de Policía Militar y en el Escuadrón Tropa. También cumplió funciones como jefe del Servicio Comunicaciones y jefe de Aeropuerto. Su carrera no terminó allí: pasó a ser jefe del Escuadrón Tropa de la Base Aérea Militar Aeroparque y del Escuadrón Estudios en el Liceo Militar.Fue evaluado positivamente por su “responsabilidad y eficiencia en el cumplimiento de sus tareas” y sus condiciones de mando que “cumple con idoneidad y eficacia”. El comisario de la 16 para 1976, Gregorio Anselmo Palacio, recordó a Raganato como una de las autoridades militares de la que dependían las personas detenidas en la seccional.

Emilio Antonio García
Ingresó a la Fuerza Aérea como aspirante en 1953 y para 1975 ya era suboficial mayor. Ocupó distintos puestos en áreas de inteligencia: luego de realizar el Curso de Informaciones en el Servicio de Inteligencia Aeronáutico en el 61, fue auxiliar en la Sección de Relaciones Públicas y Propagandas del Servicio, de la que luego fue jefe. Estuvo a cargo de la Sección Acción Psicológica y se desempeñó en distintas funciones de la División de Inteligencia de la IV Brigada e incluso fue encargado de Inteligencia, en la VII Brigada. En el periodo que se investiga estuvo en la Regional Oeste de Inteligencia como jefe de la División Inteligencia, y como encargado de la Regional, dependiente de la Jefatura II del Estado Mayor General. Se desempeñó en distintas funciones allí hasta el 82. Lo calificaron positivamente por el “amplio conocimiento de su especialidad” y por desempeñarse de manera eficiente y dedicada. Se retiró voluntariamente en el 82 pero al año siguiente fue reincorporado.


Manuel Martínez
El oficial inspector Martínez ingresó a la Comisaría 16 el 25 de febrero del 76 y el memorándum de su traslado fue firmado por el jefe de la Policía, Julio César Santuccione. Para esta época, específicamente desde el 28 de marzo y por diez días, Raúl Herrera estuvo detenido allí junto con sus hermanos, Manuel y Nicolás Frías. Herrera aseguró haber sido brutalmente torturado en la 16 y señaló a Manuel Martínez como uno de los interrogadores. Le preguntaba por su actividad política y por militantes de otros partidos y del suyo, el Partido Comunista. El testigo dijo que el mismo policía le sacó la venda de los ojos y allí lo pudo ver. En el 85 lo reconoció en un programa de televisión. Además, el libro de novedades de la Comisaría 16 registra para esos días de marzo del 76 ingresos y egresos del imputado. Estuvo allí hasta el 9 de junio, cuando lo enviaron a la Seccional 33.

Julio Roberto Agüero
Agüero desembarcó en Mendoza luego de cumplir funciones en áreas de inteligencia de la Regional Córdoba de la Fuerza Aérea. Desde febrero de 1977 se desempeñó en la División Contrainteligencia de la Regional Oeste, hasta septiembre como jefe y después, hasta marzo del 79, como encargado. En una de sus evaluaciones, Padorno aseguró que Agüero cumplía “la tarea asignada (es decir, la lucha contrasubversiva) en forma altamente satisfactoria”.

José Santos Chiófalo
Con el cargo de “ejecutante” ingresó a la IV Brigada Aérea en 1966, en la banda de música —dependiente del Escuadrón Tropa—. Luego cumplió funciones similares en la I Brigada y en la Escuela de Aviación Militar y regresó a Mendoza. Para la época de los hechos por los que se lo responsabiliza penalmente, Chiófalo era el director de la banda. Dentro de las tareas especiales que le asignaron en 1976 figuran sus actividades en el Ministerio de Trabajo. Entre el 1 de octubre del 77 y el 31 de agosto del 78 retomó sus funciones en la banda de música, pero nunca dejó de pertenecer a la IV Brigada: continuó evaluando a subordinados y siendo evaluado por superiores de la Aeronáutica. Lo relevante es que hay más de un testimonio que afirma que integrantes de la Banda de Música custodiaban a las personas detenidas en el hangar que funcionaba como centro clandestino

Juan Carlos Cuadrado
A partir de 1975 prestó funciones en la “agregaduría aeronáutica argentina en Brasil” y desde febrero del 78 hasta fines de enero del 79, el comodoro Cuadrado se desempeñó como jefe del Escuadrón Tropa del Grupo Base 4. Luego fue enviado en comisión a la jefatura de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, hasta 1983. Usó su estadía en el país vecino como excusa para decir que no estaba al tanto de la situación en Argentina, aunque admitió que “la lucha contra la subversión había existido” antes del 78.

Su actuación en Mendoza fue evaluada positivamente. Actuó “con espíritu práctico y objetivo de acuerdo a las circunstancias. Ha demostrado preocupación para solucionar novedades propias del accionar y el dinamismo de dicho Escuadrón”. En su indagatoria, reconoció ser el tercero en la línea de mando de la IV Brigada Aérea y tener a su cargo alrededor de 7 oficiales, 20 suboficiales y 200 soldados.


Nestor Nivaldo Carmona
Desde agosto del 67 cumplió funciones en diversas áreas de la IV Brigada Aérea, como el Grupo Base 4 o la Compañía de Policía Militar. Fue enviado al Escuadrón Tropa de la V Brigada y regresó a la Aeronáutica de Mendoza en 1974. En su legajo figuran diplomas de honor por su participación en el Operativo Independencia en Tucumán. Entre octubre del 76 y agosto del 78 se desempeñó con el cargo de subinstructor de la Subunidad COIN, posteriormente llamada Compañía de Defensa, y en el Escuadrón Tropa, donde luego de los hechos investigados ascendió a encargado. La Subunidad COIN fue creada específicamente a los fines represivos y, con el tiempo, se disolvió en la Compañía de Defensa. La designación de Carmona en las dos corrobora que se trataba de la misma estructura. Además, el testigo Benditti aseguró haber sido interrogado, encapuchado y maltratado por el imputado.

Guillermo Campanille
Campanille fue subinstructor en la Compañía Policía Militar de la Escuela de Aviación Militar. Tenía una vasta capacitación en inteligencia y acreditó conocimientos en materias como Información Política, Acción Psicológica, Contrainteligencia Básica, Técnicas de Guerra Revolucionaria. Entre febrero y agosto del 78 fue auxiliar de la Regional Oeste. Luego fue auxiliar de la División Inteligencia, donde revistó como encargado entre septiembre y fines de diciembre de 1979. Como estrategia, adujo su dedicación a atender delegaciones, pero está imputado por los casos de mayo del 78 y la segunda detención de Segundo Alliendes.

Armando Osvaldo Fernández
Tiene cuatro condenas en juicios por delitos de lesa humanidad: dos a prisión perpetua; una a 20 años; y otra a 10 años por la apropiación de Miriam Lourdes, hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete. Antes de estar en el D2 cumplió funciones en la División de Investigaciones D5 de la Policía de Mendoza. Desde marzo del 71 hasta octubre del 81 se desempeñó como oficial inspector del Departamento de Informaciones D2, salvo entre febrero y abril del 80, que estuvo en Comunicaciones. Luego siguió vinculado al ámbito, porque fue trasladado al Departamento de Informaciones de la Unidad Regional 2. Se retiró en 1996. Fernández fue jefe de la División Operaciones Especiales por un año, desde octubre de 1975, pero luego y hasta 1980 siguió en esa misma dependencia. Además, como se sabe, actuó junto con Smaha como enlace con las inteligencias de las otras fuerzas. Cursó capacitaciones internas y especializaciones en la materia que figuran en su legajo e incluso llegó a ser profesor ad honorem titular en la materia Técnica de la Información I del curso de Ayudante. En sus evaluaciones lo califican como sobresaliente, un “oficial competente en la especialidad de informaciones con amplio conocimiento de la materia de inteligencia”. Hay constancias de su actuación en numerosos sumarios: Ana Mabel Tortajada, Walter Desiderio Salinas, Angélica del Carmen Fernández, causa Mochi, etc. Consta además su participación como coautor en la tortura de Daniel Moyano. Su responsabilidad en el Operativo Escoba es particularmente elocuente: un ejemplo es que Fernández viajó especialmente a Bariloche a buscar a Oscar Vera y Mabel D’Amico, luego de sus detenciones.

Marcelo Rolando Moroy
Con los grados de cabo, cabo primero y sargento, Moroy se desempeñó en el D2 desde 1974 hasta 1984, año en que fue trasladado a la Comisaría 9. Volvió intermitentemente al D2, en el 86, en el 91 y en el 93, donde permaneció hasta su retiro voluntario en el 98. Su desempeño allí está comprobado por los informes de la Policía de Mendoza y del Ministerio de Seguridad, como también por su condena a 20 años de prisión en el cuarto juicio de lesa humanidad en la provincia. En este debate debe responder por todas las víctimas del operativo de mayo del 76. De octubre del 74 a octubre del 75 estuvo en la División Investigación Informativa, del 76 al 77 en la Sección Reunión de la Información y luego en la División Custodia. Estuvo a cargo de la mayoría de los secuestros en el Operativo Rabanal, contra la militancia sindical de Montoneros en febrero de 1976. Su accionar en los procedimientos está confirmado por las declaraciones de Sánchez Camargo y de Oyarzábal. Además, lo reconocieron testigos: Reynaldo Puebla, Mario Díaz, Roque Luna, David Blanco, Alberto Córdoba, Daniel Ubertone, Rosa Gómez, Antonio Savone, Graciela Leda.

José Esteban Roccato
Roccato prestó funciones en el Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Mendoza entre el 1 de abril del 73 y el 11 de octubre del 79 con el grado de agente. Particularmente entre mediados de octubre de 1975 y la misma fecha del año siguiente se desempeñó en la Sección Registro, Fichero y Archivo y luego en la División Análisis de la Información. Su compromiso fue calificado por Sánchez Camargo, Oyarzábal y Rodríguez. Pero además, son numerosas las declaraciones que lo identifican: Vicente Antolín lo señaló en un reconocimiento fotográfico; Oscar Alberto Plaza dijo que custodiaba el procedimiento de su detención; Mario Gaitán aseguró que era uno de los que los llevaba a la sala de tortura.


Ramón Dagoberto Álvarez (de azul)
En este juicio es el único imputado de la Comisaría 7 y debe responder por las detenciones ilegales ya analizadas de Seydell, Moretti y Amaya, y por la desaparición de Rubén Bravo. Álvarez ingresó a la Séptima el 7 de mayo de 1974, con el grado de cabo. Más tarde fue promovido a cabo primero y en agosto de 1976 lo trasladaron por dos meses a la Seccional 2 de Capital. En el libro de novedades consta que el 10 de octubre ya estaba de vuelta en la 7, donde en el 79 fue ascendido a sargento y permaneció allí hasta el 10 de diciembre de 1981. El actor con actividad sindical Rubén Bravo fue secuestrado la noche del 21 de octubre del 76 y pasó la noche en esta dependencia de Godoy Cruz. Durante todos los días en los que estuvieron estos hombres secuestrados, Álvarez prestó servicios como oficial de guardia. Pablo Seydell lo señaló en un reconocimiento fotográfico como el hombre que lo recibió al llegar a la seccional, estaba al tanto de todo lo que sucedía y participaba en las golpizas.

Pedido de penas
Daniel Rodríguez Infante explicó que la mayoría de los acusados debe responder por delitos que implican penas a prisión perpetua. Siguiendo a Patricia Ziffer, explicó que son casos en los que la infracción a la norma es tal que no hay otras consideraciones para hacer. Por el contrario, en cuanto a Manuel Martínez y José Santos Chiófalo, se consideraron situaciones agravantes y atenuantes para determinar el monto de la pena entre el máximo y el mínimo de la figura penal (de 3 a 25 años). No obstante, dado que los delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y que se cometieron de forma plural (ningún delito se concretó en soledad), no pueden atribuirse los montos mínimos.

Además, el fiscal solicitó al tribunal que interviniera ante las Fuerzas Armadas y de seguridad para la efectiva exoneración de los policías y militares que resulten condenados dado que muchos de ellos, sobre quienes ya pesan condenas, siguen manteniendo el estado policial o militar. Lo mismo que en los casos de retiros voluntarios: solo se pierde parcialmente el estado.

Requirió también una nueva evaluación de la situación médica de los acusados, quienes gozan del beneficio de la prisión domiciliaria desde la emergencia sanitaria. Dado que la situación se normalizó, el fiscal insistió en que aquellos en que estén en condiciones regresen a prisión.

Para Anacleto Edmundo Calderón y Juan Carlos Luis, como autores mediatos, se pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación permanente por los siguientes delitos:

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por 32 hechos: las detenciones de 11 víctimas del operativo mayo de 1978, 13 víctimas del operativo abril de 1977 (se incluye a Nora Otín, sobreviviente, y se excluyen los casos de Ana María Moral y el matrimonio Laudani-José, casos de ejecuciones sumarias) y 8 víctimas del operativo diciembre de 1977.

-Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, por 34 hechos: a los ya mencionados se suman los asesinatos de Moral, Laudani y José.

-Robo agravado por el uso de armas de fuego, por 9 hechos.

-Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por Nora Otín.

-Sustracción, retención y ocultación de un menor de 10 años, por Martín Alcaraz Campos.

-Autor de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Para Hugo Luis Zalazar se pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Como partícipe primario, por la privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y homicidio agravado por alevosía respecto de Marcelo Verd y Sara Palacio. Por el resto de los delitos debe responder como autor mediato. Estos son:

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por 49 hechos: las 9 víctimas desaparecidas de mayo de 1976 —excepto Virginia Suárez, quien fue mantenida con vida varios meses luego del secuestro—, las 8 víctimas del “operativo antijesuita”, 13 víctimas del operativo de abril de 1977 —excepto Ana María Moral y el matrimonio Laudani-José—, las 15 víctimas del operativo mayo de 1978 y 8 víctimas de diciembre de 1977.

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, por 12 hechos: Virginia Suárez y todas las víctimas sobrevivientes del operativo mayo de 1976, excepto Vivian Acquaviva.

-Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, por 51 hechos: las nueve víctimas desaparecidas de mayo de 1976, las 8 víctimas del operativo “antijesuita”, 15 víctimas del operativo de abril de 1977 —todas menos Nora Otín, sobreviviente—, las 11 víctimas del operativo mayo de 1978 y 8 víctimas de diciembre de 1977.

-Robo agravado por el uso de armas de fuego, por 16 hechos.

-Robo simple, por 1 hecho: en el domicilio del matrimonio Olivera-Rodríguez Jurado —sin certezas sobre el uso de armas—.

-Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima por 15 hechos: las víctimas sobrevivientes de mayo de 1976 y Virginia Suárez —vista en Las Lajas con signos de tortura—, junto al caso de Nora Otín de abril de 1977.

-Sustracción, retención y ocultación de un menor de 10 años, por Martín Alcaraz Campos.

-Autor de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Para Vicente Omar Navarro Moyano, como autor mediato, se pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por los siguientes delitos:

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por 17 hechos: contempla a las víctimas desaparecidas de mayo de 1976 —excepto Virginia Suárez— y a Vivian Acquaviva —sobreviviente de este operativo—, así como a la totalidad de las víctimas del “operativo antijesuita”.

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, por 12 hechos: las restantes víctimas de mayo de 1976 —sobrevivientes— y Virginia Suárez.

-Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, por 17 hechos: las desapariciones de mayo de 1976 y del “operativo antijesuita”.

-Robo agravado por el uso de armas de fuego, por 5 hechos.

-Robo simple, por 1 hecho: en el domicilio del matrimonio Olivera-Rodríguez Jurado.

-Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima por 14 hechos: las víctimas sobrevivientes de mayo de 1976 y Virginia Suárez.

-Autor de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Para Oscar Simone, como partícipe necesario, se pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por los siguientes delitos: privación abusiva de libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por las dos detenciones de Roberto Blanco; tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, primera detención de Blanco; homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, también por Blanco; y autor de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Para Juan Carlos Alberto Santamaría, como autor mediato, se pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación permanente por los siguientes delitos:

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por 28 hechos: las víctimas del operativo abril de 1977 —excepto el matrimonio Laudani-José—, las víctimas de mayo de 1978 y los casos de María del Carmen Marín, Carlos Marín y Juan Ramón Fernández, de Las Lajas.

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, por 4 hechos: Ferraris, Benditti, Zuin y la segunda detención de Segundo Alliendes.

-Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, por 30 hechos: las víctimas del operativo abril de 1977 —excepto Otín—, las víctimas del mayo de 1978 y los casos de víctimas desaparecidas de Las Lajas, salvo Mauricio López —ya condenado por este hecho—.

-Lesiones graves agravadas, por la segunda detención de Segundo Alliendes.

-Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima por 8 hechos: los casos de Ferraris, Zuin, María del Carmen y Carlos Marín, Fernández, Otín, Benditti y Segundo Alliendes.

-Robo agravado por el uso de armas de fuego, por 12 hechos.

Para Eduardo Elio Gaviola, como autor mediato, se pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por los siguientes delitos:

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por 13 hechos: siete víctimas del operativo abril de 1977 —Gutiérrez, Fernández, Montecino, Jorge Albino y Emiliano Pérez, Pacheco y Benítez— dos casos de mayo de 1978 —Daniel y Juan Carlos Romero— y cuatro víctimas de Las Lajas —Acquaviva, Fernández, Carlos Marín y María del Carmen Marín—.

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, por 7 hechos: 6 víctimas de Las Lajas —López, Ferraris, Luque Bracchi, Zuin, Suárez—, el caso de Benditti y el de Segundo Alliendes.

-Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, por 15 hechos: 7 víctimas del operativo abril de 1977 —Gutiérrez, Fernández, Montecino, Jorge Albino y Emiliano Pérez, Pacheco y Benítez— dos casos de mayo de 1978 —Daniel y Juan Carlos Romero— y las víctimas desaparecidas de Las Lajas —Suárez, Fernández, Zuin, López, Carlos Marín y María del Carmen Marín—.

-Lesiones graves agravadas, por la segunda detención de Segundo Alliendes.

-Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima por 11 hechos: todas las víctimas detenidas en Las Lajas, Benditti y Alliendes.

-Robo agravado por el uso de armas de fuego, por 7 hechos.

-Violación agravada, en perjuicio de Vivian Acquaviva.

-Autor de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Para Alberto Raganato, como autor mediato, se pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por los siguientes delitos:

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por 17 hechos: 5 casos de detenciones en la IV Brigada —Larroulet, Tapia, Moyano, Larrea y Made—, 7 casos de abril del 77 —Gutiérrez, Fernández, Montecino, Pacheco, Benítez y los dos Pérez—, Mario Luis Santini —mayo de 1976— y 5 casos de Las Lajas —Suárez, Fernández, Acquaviva, Carlos Marín y su hija María del Carmen—.

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, por 23 hechos: todas las personas detenidas en la 16 y la IV Brigada —menos las incluidas en el punto anterior—, la primera detención de Alliendes, Benditti y cuatro casos de Las Lajas —Zuin, Ferraris, Luque Bracchi y López—.

-Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, por 14 hechos: Santini, Suárez, las 5 víctimas desaparecidas de Lajas y 7 casos de abril del 77 —Gutiérrez, Fernández, Montecino, Pacheco, Benítez y los dos Pérez—.

-Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima por 32 hechos: todas las víctimas de la IV Brigada y de Las Lajas ya referidas.

-Robo agravado por el uso de armas de fuego, por 11 hechos:

-Robo simple, por 1 hecho: en el domicilio del matrimonio Capurro-Tapia.

-Violación agravada, en perjuicio de Vivian Acquaviva.

-Autor de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Para Emilio García Ponce, como autor mediato, se pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por los siguientes delitos:

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por 43 hechos: todas las víctimas del operativo mayo de 1978, tres víctimas de Las Lajas —Marín, Marín y Fernández—, todas las víctimas de abril de 1977 —excepto Laudani y José—, las 9 víctimas desaparecidas de mayo de 1976 —y Vivian Acquaviva— y 5 casos de la IV Brigada/Comisaría 16 —Larroulet, Tapia, Moyano, Larrea y Made—.

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, por 35 hechos: las restantes víctimas de IV Brigada/Comisaría 16 —incluye las dos detenciones de Alliendes—, las víctimas sobrevivientes de mayo de 1976 —menos Vivian Acquaviva—, 5 víctimas de Las Lajas —López, Zuin, Ferraris, Suárez, Luque Bracchi— y Mario Benditti.

-Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, por 40 hechos: las desapariciones y los asesinatos de mayo de 1976, abril de 1977 y mayo de 1978, además de los cinco casos de Las Lajas.

-Lesiones graves agravadas, por la segunda detención de Segundo Alliendes.

-Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima por 45 hechos: las víctimas sobrevivientes de mayo de 1976 —y Virginia Suárez—, las víctimas desaparecidas y sobrevivientes de Las Lajas, las víctimas de la IV Brigada/Comisaría 16 —las dos detenciones de Alliendes—, Benditti y Otín.

-Robo agravado por el uso de armas de fuego, por 21 hechos.

-Robo simple, por 1 hecho: en el domicilio del matrimonio Capurro-Tapia.

-Violación agravada, en perjuicio de Vivian Acquaviva.

-Autor de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Para Julio Roberto Agüero, como autor mediato, se pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por los siguientes delitos:

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por 28 hechos: todas las víctimas del operativo mayo de 1978, tres víctimas de Las Lajas —Marín, Marín y Fernández— y todas las víctimas de abril de 1977 —excepto Laudani y José—.

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por haber durado más de un mes, por cinco hechos: López, Zuin, Ferraris, Benditti y segunda detención de Alliendes.

-Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, por 31 hechos: todas las víctimas del operativo mayo de 1978, todas las víctimas desaparecidas de Las Lajas y todas las víctimas de abril de 1977 —excepto Otín—

-Lesiones graves agravadas, por la segunda detención de Segundo Alliendes.

-Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 9 hechos: Alliendes —segunda detención—, Otín, Benditti y todas las víctimas de Las Lajas —menos Luque Bracchi—.

-Robo agravado por el uso de armas de fuego, por 11 hechos.

-Autor de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Para Juan Carlos Cuadrado, como autor mediato, se pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por los siguientes delitos:

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por 2 hechos, en perjuicio de los hermanos Juan Carlos y Daniel Romero.

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, por la segunda detención de Alliendes.

-Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, por los hermanos Romero.

-Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por el mismo caso anterior.

-Lesiones graves agravadas, por la segunda detención de Segundo Alliendes.

-Robo agravado por el uso de armas de fuego, por 2 hechos.

-Autor de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Para Néstor Nivaldo Carmona, como autor mediato, se pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por los siguientes delitos:

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por 17 hechos: 5 casos de detenciones en la IV Brigada —Larroulet, Tapia, Moyano, Larrea y Made—, 7 casos de abril del 77 —Gutiérrez, Fernández, Montecino, Pacheco, Benítez y los dos Pérez—, Mario Luis Santini —mayo de 1976— y cuatro casos de Las Lajas —Fernández, Acquaviva y Marín-Marín—.

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes, por 22 hechos: todas las personas detenidas entre la 16 y la IV Brigada —menos las incluidas en el punto anterior—, la primera detención de Alliendes y cinco casos de Las Lajas —Suárez, Zuin, Ferraris, Luque Bracchi y López—.

-Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, por 14 hechos: Santini y Suárez —mayo de 1976—, las cinco víctimas desaparecidas de Las Lajas y siete casos de abril de 1977 —Gutiérrez, Fernández, Montecino, Pacheco, Benítez y los dos Pérez.

-Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 31 hechos: todas las víctimas de la IV Brigada/Comisaría 16 y todas las víctimas desaparecidas y sobrevivientes de Las Lajas —incluidas Suárez y Acquaviva—.

-Violación agravada, en perjuicio de Vivian Acquaviva.

-Robo agravado por el uso de armas de fuego, por 11 hechos.

-Robo simple, por 1 hecho: en el domicilio del matrimonio Capurro-Tapia.

-Autor de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Por último, debe responder como coautor por la privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes y los tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en perjuicio de Benditti.

Para Guillermo Campanille, como partícipe necesario, se pidió la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por los siguientes delitos:

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por 11 hechos: todas las víctimas de mayo de 1978.

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, y por haber durado más de un mes, por la segunda detención de Alliendes.

-Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, por los 11 casos de mayo de 1978.

-Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por el mismo caso.

-Lesiones graves agravadas, por la segunda detención de Segundo Alliendes.

-Robo agravado por el uso de armas de fuego, por 6 hechos.

-Autor de asociación ilícita en calidad de integrante.

Para Manuel Martínez, como coautor, se pidió la pena de 9 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por los siguientes delitos:

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por Raúl Herrera.

-Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por el mismo caso.

-Autor de asociación ilícita en calidad de integrante.

Para José Santos Chiófalo, como autor mediato, se pidió la pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por los siguientes delitos:

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por 3 hechos: Moyano, Larrea y Made.

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes por 9 hechos: González, Arancibia, Becerra, Sergio y Raúl Larroulet, Herrera, Capurro y Ricardo y Roberto Larrea.

-Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 12 hechos: los nueve recién referidos y los casos de Moyano, Larrea y Made.

Para Armando Osvaldo Fernández, en calidad de coautor, se pidió la pena de prisión perpetua por los siguientes delitos, todos en perjuicio de Daniel Moyano:

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas; homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas y tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima.

Para Marcelo Rolando Moroy y José Roccato Villegas, en calidad de coautores, se pidió la pena de prisión perpetua —e inhabilitación absoluta y perpetua para este último— por los siguientes delitos:

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por Moyano.

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes por 6 víctimas de mayo de 1976: Tognetti, Schvartzman, Leda, Vignoni, Sabattini y Allegrini.

Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, por Daniel Moyano.

-Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por las 7 personas ya referidas.

-Lesiones graves, por Leda y Allegrini.

-Roccato debe responder además por asociación ilícita en calidad de integrante.

Por último, para Ramón Dagoberto Álvarez, en calidad de coautor, se solicitó la pena la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por los siguientes delitos:

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, por Bravo.

-Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y por haber durado más de un mes por Seydell, Amaya y Moretti.

Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, por Bravo.

-Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por las cuatro víctimas anteriores.

-Autor de asociación ilícita en calidad de integrante.

Medida reparatoria: el rol de los fallecidos o apartados en el aparato represivo

Daniel Rodríguez Infante recordó el carácter reparatorio de los juicios y sus sentencias, aspecto reconocido previamente por este tribunal, por cuanto aportan a garantizar el derecho a la verdad. Además de declarar que las víctimas padecieron crímenes de lesa humanidad y que las mujeres sufrieron violencia de género, pidió especialmente señalar que las desapariciones de Sara Verd y Marcelo Palacio, como delitos de lesa humanidad, se cometieron en el contexto de la penúltima dictadura militar.

En esta ocasión, sumó una nueva medida reparatoria: declarar qué rol cumplieron las personas ya fallecidas en la estructura represiva, independientemente de la posibilidad de persecución penal —respecto de personas prófugas o apartadas la acusación espera poder juzgarlas, por lo cual no se las incluyó—. El fiscal se amparó en la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al derecho a la verdad —causa Lapacó— y en el necesario control de convencionalidad de la justicia nacional. También mencionó antecedentes de otras jurisdicciones del país como la causa “Rafaela” de Santa Fe, con sentencia de 2018, donde se reconoció la responsabilidad del acusado pese a su fallecimiento, en honor al derecho a la verdad de las víctimas.

En consecuencia, de acuerdo a sus legajos y a los libros históricos, pidió que el tribunal declare el rol de las siguientes autoridades del Destacamento 144 de Inteligencia del Ejército: los tenientes coroneles Carlos Alberto Bulacio —jefe del Destacamento Militar 8 hasta diciembre de 1972 que intervino directamente en el caso Verd-Palacio—, Hamilton Barrera —jefe desde el 13 de diciembre de 1973 hasta el 15 de diciembre de 1976— y José Osvaldo “Balita” Riveiro —jefe entre el 15 de diciembre de 1976 y el 12 de febrero de 1979, condenado en Francia, prófugo y fallecido en 2021—. También del segundo jefe, mayor Jorge Cabrera —de diciembre de 1977 a febrero de 1979—. Otros integrantes de este organismo fueron Alberto Silva —jefe de Reunión entre el 76 y el 77, exjefe de la Sección de Inteligencia de San Rafael y persona nombrada en los sumarios de Laudani y José—, Ernesto Luchini —ocupó distintas jefaturas entre 1975 y 1977—, Luis Fernando Terreiro —entre el 77 y el 79— Eduardo Araya —apartado de este juicio y fallecido en 2020, estuvo en el D144 desde 1971 hasta 1977— y Hugo Luis Lahora —en el Destacamento Militar 8 desde 1968 y hasta 1976—. Por último se refirió a Florentino Castro como uno de los integrantes del grupo de tareas que secuestró al matrimonio Verd-Palacio, en ese entonces PCI, y a José “Coto” Merchán, que intervino en el intento de secuestro de Vargas.

En cuanto a la Fuerza Aérea, mencionó a Juan Carlos González Castro — jefe de la IV Brigada de 1976 y 1978—, Donato Beccio —jefe del Grupo Base IV entre el 75 y el 78—, Carlos Alberto Sappia —jefe de la Compañía de Defensa del 76 al 77—, Edgardo Serra —sucesor de Sappia en 1977—, Osvaldo Antonio Padorno —primer jefe de la Regional Oeste, jefe de la División II y jefe del Escuadrón Tropa—, José Costanzo —sucesor de Padorno al frente de la Regional, entre 1977 y 1979—, Serapio Teófilo Ramírez Dolan — jefe del Grupo Base 4 entre 1976 y 1979—, Jorge Osvaldo García —jefe de interrogadores de la Central Conjunta de Inteligencia (CCI) y auxiliar de la División II—, Julio Rolando Escudero —jefe de diversas unidades dentro del Grupo Base IV—, Pedro Esteban Jofré —División II y auxiliar en la CCI— y Nicolás Laucieri —encargado de la Banda de Música—. Incluyó además a las autoridades de la Seccional 16 Gregorio Anselmo Palacios Burgos y Isaías Filormo Pereyra.

El representante del Ministerio Público Fiscal cerró sus alegatos, iniciados en agosto de este año, refiriéndose a las víctimas cuyas pancartas acompañaron la jornada. El público presente en la sala gritó la clásica consigna de lucha por Memoria, Verdad y Justicia: ¡30000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas PRESENTES!

AUDIENCIA 94 / LA FISCALÍA SOLICITÓ 17 PENAS A PRISIÓN PERPETUA Y OTRAS DOS MENORES

La próxima audiencia será el 11 de noviembre a las 9:30.

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La larga despedida de Gladys Porcel 

Desaparecida en 1976, aparecida en democracia

Ver la fragilidad del cuerpo de su madre, fue lo más duro, dice Fidel Puggioni sobre el momento en que fue a buscar lo que el EAAF pudo rescatar de su madre, secuestrada en 1976.

Elena Corvalan
Por Elena Corvalan
Gladys y su marido, Aníbal Puggioni, asesinado en 1975. 
Gladys y su marido, Aníbal Puggioni, asesinado en 1975. 

En marzo próximo, más de diez años después de su identificación, se hará el sepelio de los restos de Gladys Porcel, militante del Frente Revolucionario Peronista 17 de Octubre (FRP) secuestrada el 28 de octubre de 1976, cuando estaba embarazada de seis meses. Se sabe que fue asesinada a principios de 1977, luego de que llegara a término con su embarazo.

El funeral, en el Centro Vecinal de la Villa 20 de Febrero, en la ciudad de Salta, será un encuentro para celebrar la militancia. Por eso habrá un acto político en la plaza Evita, donde se van a poner baldosas de la memoria “con las compañeras y compañeros desaparecidos del barrio”, contó Fidel Puggioni, organizador, junto a su hermano Tupac, de las honras fúnebres para su madre, Gladys del Valle Porcel de Puggioni. 

Los restos, lo que se pudo encontrar de Gladys, están desde el año pasado en la casa de Fidel. “Yo los fui a buscar en pandemia”, contó en la conversación con Salta/12 para esta nota. Los ritos de la despedida se iban a realizar inicialmente en octubre, luego pasaron a diciembre y finalmente, a marzo, en fecha todavía a determinar.

Gladys fue secuestrada de una quinta en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, que compartía con el jujeño Juan Carlos “Negro” Arroyo y Marta Taboada, también secuestrados y desaparecidos, hasta que la labor persistente del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) pudo identificar parte de sus huesos y los restituyó a sus familiares.

Los hijos de esos militantes se conocieron casi todos cuando eran niños. Fidel y Tupac compartieron sus juegos con Marta Dillon y sus tres hermanos, hijos de Marta Taboada, que era salteña. También se conocen con Eva Arroyo y las otras hijas del Negro. A Tupac se le ilumina la cara cuando recuerda la quinta de Moreno y esa vida grupal, una vez “fuimos a un río y nos metíamos todos al río, eran todos los militantes con todos sus hijos, eran todos chicos de 20 años”. “Siempre me acuerdo que de un auto al otro y se reían, disfrutaban de esa juventud. Mi mamá tenía 23 años en ese momento, estaba embarazada”.

Gladys y Marta Tobaada, y les hijes de ambas. 

Fue Eva Arroyo, recordó Fidel, quien lo ayudó con el trámite de ir a buscar los restos de su madre. En plena pandemia recorrió en auto, con su amigo Sebastián Magnasco, los casi 1500 kilómetros que separan la ciudad de Salta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El viaje, contó Fidel, “fue con mucha expectativa porque uno no sabe con qué te vas a encontrar”. Allá hizo los trámites, facilitados por el EAAF, que “te preguntan si querés ver el cuerpo, porque hay gente que no”. Fidel quiso. “Ver la fragilidad del cuerpo de mi mamá fue… fue muy duro”. “(Ver) la rotura del cráneo, que puede haber sido de un golpe fuerte, o de un culatazo, nos dijo la antropóloga forense, o de un disparo también. Había partes, no todo el cuerpo, sino algunas partes del cuerpo. Una vez que pudimos verlo y despedirlo lo pusieron en una pequeña urna y ahí pudimos ya traerlo”. Ahora esos restos “duermen conmigo, están en mi habitación”. Fidel volverá a ese concepto: “La fragilidad del cuerpo, de esos cuerpos”, de esa joven que fue su madre, “yo ya tengo casi 50 y ella tenía 24, mi hija tiene 21, no sé si la veo como una niña, no sé si la veo como una madre”.

Los actos de diciembre serán el final de un largo proceso que comenzó cuando escucharon rumores sobre un enfrentamiento ficticio en el que habían asesinado a varios integrantes del FRP 17. Luego, en 2009, hubo un llamado del EAAF, “tengo datos sobre tu mamá, hemos encontrado restos”, le transmitió, “así, a cara de perro”, recuerda Fidel. Así supieron que en 1989 un vecino había denunciado la existencia de una fosa común en el municipio de San Martín. Años después los restos fueron extraídos, pero sin cuidado, los pusieron en bolsas y los dejaron en un depósito hasta que “en algún momento” el EAAF empezó su trabajo de identificación. “De nuestra madre encuentran un fémur, por ADN nuestro se determina que es nuestra madre, por morfología encuentran el otro fémur y así van buscando hasta que encuentran un pedazo de cráneo, algunas otras partes, la mandíbula, no es mucho lo que hay”.

“No se recupera nunca el esqueleto completo”, pudieron reunir “una tibia, un huesito, el cráneo”. El EAAF reconstruyó que estaban todos parados cuando los mataron, completa Tupac.

Desde aquella llamada los hermanos venían conversando la despedida, aunque “al principio era algo que no se hablaba mucho, y nos costó”. El trámite de buscar los restos de Gladys lo inició Tupac, pero lo concluyó Fidel, “y hoy está por suerte resuelto, es cerrar una historia, un círculo, que ella pueda descansar con mi abuela (Hortensia Rodríguez de Porcel, histórica militante peronista, ex detenida política) y reivindicar también la lucha de los compañeros”.

Hortensia y Gladys. 

Tupac fue el primero en ver los restos de Gladys. En su caso fue acompañado por Marta Dillon, ella misma lo cuenta en su obra Aparecida, la historia de la búsqueda del cuerpo de su madre. “Marta preguntaba de todo, yo no quería saber nada, nada, nada”, ella preguntaba por la muerte, “cuántos tiros le metieron, y cómo le quebraron los huesos y me decía, pero preguntá. No, yo no quiero saber qué le hicieron a mi mamá, porque me voy a llenar tanto de odio, que voy a querer ir a matarlos a estos hijos de los milicos. Mi odio puede ser horrible”.

Recuerdos contados

“Ellos murieron por algo y por algo que muchos seguimos peleando, seguimos luchando”, reivindica Fidel. Por eso habrá sepelio y acto. “El acto tiene que ser político porque en Salta la derecha cada día está más fuerte”.

Fidel dice que habla poco con su madre. “A veces me despido, cuando vamos a dormir, la veo, la tengo ahí al lado. Pero no, no soy de hablar, ni con ella ni con mi abuela, mi hermano es como que siempre tuvo más presente esas cosas, pero sí soy de tratar de buscar o de recordar. El no tener recuerdo hace que una historia contada por algún compañero te genere un recuerdo, y pensar esos momentos como recuerdos que no son tuyos pero uno intenta que sean propios, es como buscar esa idea. Imaginate, una persona tan joven, mamá de dos personas, que te cuentan que le encantaba bailar, que le gustaba eso o aquello, uno siempre imagina esos momentos en los cuales pudo ser feliz”.

Por un tío, hermano de su padre, Fidel supo más de la adolescencia de su madre, porque “mi papá y mi mamá se conocen muy jóvenes, ella tenía 16 años, y queda embarazada”. “Ellos compartieron mucho, este tío, una vecina que era muy amiga, Evita Funes, son las personas que me cuentan más desde lo humano y la amistad que desde lo político”.

Gladys Porcel se crió en Salta, iba a la Escuela Remedios de Escalada, donde hicieron la primaria todos en su familia, “y ella después ella fue a la Normal”. Siempre vivieron en Villa 20 de Febrero.

Toda la familia era militante peronista. Gladys y Hugo Puggioni estaban en el FRP 17, en la acción política su apodo era “Zorra” y fue parte de acciones políticas “muy conocidas acá en el norte, como la toma de la comisaría de La Silleta”. Tampoco Tupac tiene mucho para recordarla: “Yo siempre pensé que mi abuela, mi mamá y yo tenemos la misma personalidad, por todo lo que me han dicho, que mi mamá era tremenda”. “Pero nunca recuerdo como madre, no tengo muchos recuerdos, son poquitos los recuerdos y lo que decía la gente los compañeros, la militancia”. 

Gladys Porcel tenía 24 años cuando fue secuestrada. Fidel tenía entonces tres años, y Tupac, cinco, o seis. “No tengo recuerdos ni de ella ni de mi papá (Hugo Aníbal Puggioni), porque a mi papá lo matan en el 75 y ella desaparece en el 76. Embarazada, eso siempre hay que aclararlo, porque estamos buscando a mi hermano o hermana”, subraya Fidel y ratifica Tupac.

Para cuando Gladys fue secuestrada, los hermanitos vivían con su abuela Hortensia. Habían viajado a Buenos Aires para tratar de estar cerca de la familia. El marido de Hortensia, Jorge Porcel, y su hijo Eduardo José Porcel, estaban detenidos en la Unidad 9. Y Gladys estaba escondida en la ciudad. Hortensia solía llevarlos a la quinta de Moreno, las más de las veces de a uno.

La madrugada del secuestro Tupac estaba en la quinta. “Llegaron, entraron, me acuerdo que eran unos gordos de traje y con pistolas”. “Y mamá se mete a un baño, me acuerdo que decía ‘no no no’”. “A nosotros nos meten en una pieza, a todos los chicos, los hijos de Marta y yo, con esa chica que nos cuidaba”. Por una rendijita vieron que los llevaban, y también que “se roban todo lo que se podían robar, se cargan muebles, equipo de música, todo se robaban, quién iba a ir a denunciar”. Al rato “llega este hombre Dillon” (el ex marido de Marta) y se llevó a los tres hijos y la hija de Marta Taboada. Tupac quedó al cuidado de la adolescente empleada, que lo llevó a la villa miseria donde vivía. Ahí lo encontró su abuela dos semanas después.

“Me acuerdo”

“Me acuerdo de mi mamá, pobre, más que mi hermano, él era muy chiquito”, dice, sin embargo, Tupac. Varias frases comenzarán con esas dos palabras, me acuerdo. “vivíamos en la casa de mi abuela ahí en la Maipú 751 (media cuadra de la plaza Evita), mis primeros recuerdos son de esa casa, me acuerdo de mi abuelo, el viejo Porcel, como le decía todo el mundo”.

“Me acuerdo que nos pusieron una bomba cuando yo era chico, pero no estaba mi mamá ese día, la Triple A decían que nos había puesto la bomba, en mi casa volaron todas las ventanas, los vidrios, eso fue en el 74 o el 75”.

En esa época Hortensia era la presidenta del Centro Vecinal 20 de Febrero. Años Tupac ocupó este mismo cargo y le rindió un homenaje poniéndole su nombre al estadio de la cancha de básquet.

“Mi primer recuerdo de mi mamá es en la Villa 20, tengo dos momentos, uno en la casa de mi abuela de la Maipú, habían construido una pieza al fondo y ahí vivíamos los tres, mi papá que siempre estaba de viaje, mi mamá y yo. Y una vuelta me recuerdo durmiendo en una cama de dos plazas, debajo de la almohada encontré un revólver, eso me quedó grabado en la mente para toda la vida, y no sé, me encantó, me gustó, mi mamá se escandalizó, lo quise agarrar y me retaron”.

“Y después me acuerdo una cosa muy triste y creo que fue la última vez que lo vimos a mi papá. Estábamos en la casa de la Maipú y mi papá se iba de viaje, era una noche, se llevaba dos valijas de cuero, y mi mamá creo que lloraba, estaba muy triste”. Hugo Aníbal Puggioni fue secuestrado el 15 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, tiempo después su madre, la abuela Lidia, encontró sus restos. “No tenía ojos, no tenía orejas, lo habían torturado, lo habían reventado, pobre”. Aunque Hugo era oriundo de Tandil su madre trajo sus restos a Salta, “fue un evento acá en mi barrio, porque mi papá ya era amigo de todos los changos del barrio”.

En noviembre de 1974, con la intervención al gobierno de Ragone, Hortensia Rodríguez, que era diputada provincial, fue detenida y días después fue trasladada a la cárcel de Villa Devoto, donde estuvo por más de dos años.

En ese tiempo Fidel y Tupac fueron a vivir con una tía en una pieza en San Cayetano, “no recuerdo si teníamos techo, era horrible el lugar y la pobreza total”, cuenta Fidel. Cuando Hortensia recuperó la libertad los buscó y fueron a Buenos Aires. “Ahí nosotros tenemos la oportunidad de estar algunas veces con mi mamá“.

Gente de mierda

Después del secuestro de Gladys y tras dar con Tupac, Hortensia y sus nietos vivieron “en muchos lugares, en La Matanza, Lomas de Zamora, en Morón”. Habían quedado en una situación de extrema precariedad económica.

Vivían de vender empanadas y pan casero. A Hortensia le sirvieron sus habilidades de campeona empanadera. “Alquilábamos alguna casita, una pieza, siempre nos ayudaron los organismos de derechos humanos, después mi abuela consigue una máquina de coser y también cosía. Yo tengo un recuerdo así vivo, porque yo tenía cuatro años y mi hermano tenía dos, tres años más que yo, él ya tenía vergüenza, y yo no, entonces yo iba a los gritos gritando ‘Pan caserooo’ y mi hermano (Tupac) se escondía atrás de mi abuela porque le daba vergüenza”.

“Éramos chiquitos con Fidel, y vendíamos en la calle, en el tren, en las canchas de fútbol. Y Fidel era gran vendedor, yo tenía una vergüenza, imaginate”, en cambio “Fidel ya había nacido en la pobreza. El no tenía drama: ‘empanada, pan cazedo’, iba, ‘pan cazedo, pan salteño’”.

Los fines de semana hacían empanadas “para los vecinos, que también siempre colaboraban, porque sabían la historia”, memora Fidel.

De esa época Fidel no recuerda que les haya faltado la comida, pero le salta un recuerdo de “la saña” de los represores. Un día la abuela Lidia les dejó “unos pesos para colaborar con mi abuela” y “cayeron y nos robaron, eran militares disfrazados, entraron cuatro con unas armas, nos encañonaron a todos, nos metieron en una habitación y nos dijeron que no salgamos hasta que pase una hora”. La habitación daba al patio de atrás y la ventana estaba abierta, Fidel saltó la ventana, “agarré el triciclo y salí a ver y ya se habían ido los tipos, entonces les abrí la puerta y salieron todos”. “Lo que quiero decir es la saña de esta gente de ir, no sé, creo se llevaron la máquina de coser de mi abuela”, que intentaba sobrevivir con sus dos nietos. “Lo hicieron de gente de mierda”.

Los hermanitos y su abuela regresaron a Salta cuando Fidel entraba a primer grado. Hortensia seguía con la venta de empanadas, pan, humita, y “agarró un carrito viejo, era el día de la madre, nos mandaba a vender plantitas, y salíamos con Fidel en el carrito, yo me moría de vergüenza, encima en el barrio. Fidel era el que el encarador, yo tiraba el carrito”.

“Era así, porque cuando vino la democracia el exilio interno fue horrible, los vecinos se cruzaban de vereda para no saludarnos“, les decían hijos de subversivos y “No entendíamos por qué decían eso. Recién el único que nos cambió la historia fue Néstor Kirchner, todo el PJ a mí me decía este zurdo de mierda, y con Néstor los tipos me decían compañero Tupac”. Todavía sigue la bronca por “como la trató el PJ o el peronismo a mi abuela”, los dirigentes “siempre la hicieron a menos”, “nunca se reivindicó bien todo lo que nos quitó mi familia, el peronismo de acá siempre fue el peronismo heredero de López Rega. Mi familia fue tachada a pesar de que mi abuela hasta todos los gobernadores incluso la reconocían, la iban a visitar”.

La búsqueda sigue

Fidel y Tupac siguen buscando a su hermano o hermana. Gladys llevaba seis meses de embarazo cuando fue secuestrada, se sabe que llegó a término.

Tupac dice que muchas veces les pasó que creyeron encontrar a su hermano o hermana. Por un tiempo con Victoria Montenegro creyeron que se habían encontrado. Cuando fue a Madres, ella “miró todas las fotos de desaparecidos y dijo ‘esta es mi mamá’ porque (Gladys) era la más parecida a ella, y vos ves las fotos de mi mamá, la Vicky es muy parecida es idéntica a mi mamá”. La prueba de ADN dijo que no, pero construyeron una amistad.

“Todos tenemos nuestros resentimientos”, reflexiona Tupac. En su caso, cree que el haber sido criado por una militante irreductible como su abuela fue de ayuda. “Mi abuela siguió militando, mi casa era una unidad básica. Era una continuación”, en cambio, “muchos chicos hijos de desaparecidos tenían muchos traumas, porque no sabían nada, se fueron enterando de grandes”.