LA DESAPARICION DE RAUL BRAVO

9º JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD MENDOZA/ AUDIENCIA 53

03-09-2021 | Declaró Ángel Rodolfo Ruggeri, actual habitante de Campo Las Lajas. El testigo confirmó la precisión de Horacio Ferraris, sobreviviente de este Centro Clandestino, cuando realizó el reconocimiento del lugar. “Mariú” Carrera reconstruyó el secuestro de su primer esposo, Rubén Bravo, y la persecución sufrida por militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). También detalló la investigación de Familiares para ubicar restos en el Cuadro 33 del Cementerio de la Capital. La próxima audiencia será el 17 de septiembre a las 9:30.

Un gran conocedor de Campo Las Lajas

Ángel Rodolfo Ruggeri ya declaró en instrucción en tres oportunidades —2004, 2007 y 2009— porque acompañó las pericias llevadas a cabo en Campo Las Lajas en búsqueda de cuerpos de personas desaparecidas. El hombre fue suboficial de la Fuerza Aérea —hoy retirado— y actualmente radica en el lugar. El Ministerio Público Fiscal lo convocó como testigo en este juicio porque presenció el reconocimiento que hizo Horacio Ferraris, uno de los pocos sobrevivientes de este centro clandestino de detención (CCD).

Ángel Rodolfo Ruggeri

Hace veinte años Ruggeri pidió autorización a la IV Brigada para criar cabras en Las Lajas.  No vivía allí, pero iba todos los días. Cuando el puestero contratado por la Aeronáutica tuvo conflictos legales con esta fuerza el lugar quedó “sin gente”. Posteriormente, Ruggeri arregló la construcción que había y se trasladó junto a su taller metalúrgico. En determinado momento los organismos de Derechos Humanos comenzaron a hacer investigaciones en la zona y se dispuso una guardia permanente de Gendarmería. El testigo mencionó las visitas de Elba Morales, referente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Horacio Ferraris recorrió Las Lajas con gente del juzgado: el secretario hizo preguntas y Ferraris fue describiendo y señalando lo que había visto cuando estuvo detenido. Ruggeri aseguró que “el hombre conocía, por las cosas que advirtió”. Por ejemplo, Ferraris recordó un baño al que se entraba por afuera de la construcción y que efectivamente había existido antes de que Ruggeri lo remodelara para incorporarlo a la casa. También mencionó que el piso del “galponcito” donde había estado era de tierra. Cuando Gendarmería comenzó las guardias, explicó Ruggeri, se colocó allí el contrapiso y el baño que se observan hoy. Del mismo modo, describió una cocina que fue posteriormente refaccionada. En síntesis, según el testigo, Ferraris “reconoció el terreno”.

El sobreviviente aseguró que durante su cautiverio se oían ruidos de aviones y helicópteros. Ruggeri confirmó que desde Las Lajas incluso se los ve despegar porque el lugar está en altura y prácticamente “de frente” a la IV Brigada y el aeropuerto. A pedido del defensor Carlos Benavídez, precisó que entre el campo y la Brigada la distancia es de ocho o diez kilómetros.

Eduardo San Emeterio, por su parte, se mostró interesado por el recorrido del testigo dentro de la Fuerza Aérea. El hombre explicó que ingresó en 1973 pero su primer destino fue Comodoro Rivadavia. Recién a fines de 1977 o principios del 78 pasó a la IV Brigada. En ese entonces era cabo y se dedicaba a realizar las compras para los casinos. Refirió que “siempre hubo guardias en Las Lajas”, aunque él conoció el sitio como suboficial, a fines de los ochenta o principios de los noventa. Antes era “el personal antiguo” el que realizaba las guardias. Actualmente el testigo no tiene vínculo con la Brigada.

Con relación al reciente testimonio de otro sobreviviente de este CCD, Roberto Muñoz, el fiscal Daniel Rodríguez Infante preguntó por la existencia de arroyos o canales secos en Las Lajas. Ruggeri confirmó que hay “muchos ríos secos, algunos de profundidad” porque el terreno está en desnivel y las lluvias abren cauces. Como Muñoz declaró haber sido colgado de un árbol, el defensor Ariel Civit consultó por la vegetación. Ruggeri mencionó que en la zona crece la jarilla y el piquillín —que tiene espinas— y algunos árboles alcanzan los dos metros de altura.

Secuestros y desapariciones de militantes del PRT

María del Rosario Carrera, “Mariú”, ha declarado en numerosas instancias judiciales: “Como familiares de detenidos-desaparecidos buscamos justicia, estamos siempre dispuestos a declarar”. Mariú explicó que ella y su primer esposo, Rubén Bravo, integraban el PRT. También su hermano Marcelo Carrera y su cuñada, Adriana Bonoldi.

Rubén, Mariú, Osvaldo Zuin y Raquel Herrera habían constituido un elenco de teatro y realizaban tareas en el Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS). El grupo era responsable de la reciente conformación de la Asociación de Actores de Mendoza, de la cual Rubén era el primer secretario general.

Luego del golpe este entorno familiar y militante fue ferozmente perseguido. En mayo de 1976 Raquel Herrera fue fusilada junto a su esposo, Juan Bernal —el hermano de este último se encuentra desaparecido—. En octubre de ese mismo año secuestraron a Rubén Bravo y el mes siguiente, a Marcelo Carrera. Finalmente, el 1 de diciembre detuvieron a Adriana Bonoldi, que estaba embarazada. Osvaldo Zuin fue secuestrado a principios de 1977 en Córdoba. Como la desaparición de Rubén es investigada en este juicio por primera vez, el fiscal le solicitó a la testigo que refiriera las circunstancias del operativo.

Mariú explicó que el 21 de octubre por la noche se encontraba en su domicilio —calle Corrientes de Ciudad— junto a Rubén y su suegra, Elba Zacca de Bravo. En la habitación dormía Nazareno, hijo de la pareja de solo ocho meses. Las ventanas de la casa estaban abiertas y vieron pasar a una persona corriendo por el pasillo que compartían con otro departamento. El hombre —joven, morocho y con ropa de civil— preguntó por Rubén. Luego saltó ágilmente la ventana, abrió la puerta desde adentro y permitió el ingreso de “todos los demás”. La testigo recordó las caras de los captores: un hombre mayor, de unos cuarenta años, y otro de ojos claros que les apuntaba con un arma. A algunos los reconoció más tarde en el marco de las investigaciones judiciales.

Después de encerrarla en el dormitorio junto a su suegra se fueron con Rubén. La familia Estrella, que vivía en el fondo, había llamado al Comando Radioeléctrico suponiendo que se trataba de un robo, pero les contestaron que no salieran de la vivienda porque era un operativo del Ejército.

La búsqueda

Inmediatamente después comenzó la búsqueda que se extendió hasta el presente. Las dos mujeres y el bebé fueron primero a la Comisaría 4. Durmieron en la casa de un compañero de radioteatro, Lorenzo de Luca. Al día siguiente regresaron a la seccional para ampliar la declaración pero negaron que hubieran estado allí antes. Gente del grupo de radioteatro recorrió el D2 y otras comisarías preguntando por Rubén.

Mariú se presentó poco después en la agencia de seguridad Ronda, donde trabajaba un amigo del padre de Rubén de apellido Aquinchay. Iba a pedirle ayuda. Para su sorpresa, se encontró en la puerta con uno de los secuestradores.

En determinado momento un bombero le dijo a la madre de Rubén que llevaran comida a la Comisaría Séptima porque allí había un actor.  El padre y la madre de Mariú se presentaron en esta dependencia policial junto al capellán de la Policía, Oscar Moreno, pero no obtuvieron respuestas. Otros contactos mencionaron el paso de Bravo por esta seccional, pero la confirmación llegó de la mano de un militante preso en la cárcel de Mendoza. Pablo Seydell había estado secuestrado en la Séptima, donde vio a Rubén Bravo. La familia de Mariú se enteró por medio del capellán de la Penitenciaría, Ángel Latuf.

La intervención de esta comisaría en el operativo se hizo más clara cuando Mariú, que iba en micro por la Plaza Godoy Cruz, vio entrar allí al hombre que había saltado por la ventana el día del operativo. La testigo bajó del vehículo y lo siguió hasta el interior del edificio. Ya en democracia, conoció a Pablo Seydell y pudo escuchar lo que él había visto y vivido en ese centro clandestino de detención. Con el tiempo formaron pareja y tuvieron una hija. “Hemos ido a la Séptima, hemos estado donde a él le mostraron a Rubén. Como familia y como Familiares, hasta el día de hoy (y siempre) hemos estado buscando datos para saber de todas nuestras compañeras y compañeros. Y para encontrar a los niños a quienes les robaron su identidad”, agregó.

Cuando concluyó su relato, el fiscal le preguntó a la testigo por situaciones de persecución previas al secuestro de Rubén. “Era un tiempo de persecución”, indicó Mariú, y refirió que unos días antes habían allanado la casa de su compañera Ana María Giunta. La pareja también había sufrido un allanamiento policial con anterioridad mientras ensayaba, en la pensión de la madre de Rubén, frente al Área Fundacional. Además, en mayo habían fusilado a Raquel Herrera y tiempo después fue detenido David Blanco.

Más detenciones

Daniel Rodríguez Infante pidió que se explayara sobre otras víctimas de su grupo político. Mariú explicó que antes de casarse con Rubén todo el elenco “La Pulga” vivía y ensayaba en la casa del hermano de Osvaldo, Aldo Zuin, ubicada en Adolfo Calle. Allí tenían reuniones con Blanca Graciela Santamaría, que era la responsable política del grupo, aunque habían vivido situaciones de posible vigilancia.

A Graciela, que era artista plástica, la conoció con seudónimo —supo su nombre mucho tiempo después—. Tenían reuniones semanales en las cuales ponían en común la línea de la organización y estudiaban. También cuidaban a Anita, su sobrina, hija de Florencia Santamaría —militante al igual que su hermana—. Se enteraron del secuestro de Graciela por Osvaldo Zuin, que se había refugiado en casa de la familia Santamaría. El día del allanamiento Zuin logró escapar y pudo contárselo al resto: “El testimonio que han dado su hermana y su familia fue ampliando ese dato que nos dio Osvaldo”, detalló.

El representante del Ministerio Público Fiscal preguntó por el vínculo del grupo de Mariú con Llorens y el barrio San Martín. La testigo explicó que antes del elenco había escrito una nota sobre el barrio para un medio en el que trabajaba, ocasión en la que conoció a Llorens. Luego, ya con La Pulga, hicieron funciones y participaron de actividades. Del elenco la compañera que tuvo más acercamiento fue Raquel. Además, Mariú relató que al regresar de Buenos Aires con Osvaldo a fines de 1974 —en esa provincia comenzaron su militancia en el PRT— las primeras personas de la organización con las que se contactaron en Mendoza fueron Sebastián Llorens —sobrino de “Macuca”— y su esposa, Diana Triay. También compartieron brevemente con Santiago Ferreyra y Fátima Llorens, otra sobrina del sacerdote.

El trabajo de Familiares y los hallazgos del Cuadro 33

En cuanto a las víctimas del “Operativo Antijesuita”, no las conoció personalmente sino a través de sus familias, a medida que fueron ocurriendo los secuestros. Con muchas de ellas conformaron luego la Asociación de Familiares de Detenidas y Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas de Mendoza,  que se reunía todos los jueves en la plaza San Martín para dirigirse a alguna dependencia militar o policial e intentar obtener información. La testigo relató algunos episodios vividos en el marco de las gestiones ante las autoridades. Por ejemplo, que Lencinas, encargado de Relaciones Policiales (RELAPO), llamó una navidad a la casa de la familia Carrera en tono jocoso: “¿Están contentos?”, había preguntado. “¿Cómo, no han llegado todavía? Me dijeron que les habían dado la libertad”. Para Mariú, era algún tipo de juego para “seguir destruyendo a las familias”.

También refirió que en una de las visitas que hizo al Comando  —en la calle 9 de Julio— con Victoria Gómez de Erice, que buscaba a su hermano Conrado, las recibió un señor Menéndez junto al supuesto auditor de la unidad de apellido Kletzer. Tiempo después, a raíz de un habeas corpus que presentó por Rubén y que ingresó en el Juzgado N.° 7, se reencontró con Kletzer en calidad de juez. Las familias Carrera, Bravo y Bonoldi lograron entrevistarse igualmente con el comandante de la VIII Brigada, Tamer Yapur. “Los hijos de ustedes están detenidos por ideólogos, cuando cambien su pensamiento van a salir”, les respondió.

La declaración se enfocó luego en los hallazgos de cuerpos de algunas de las víctimas desaparecidas de Mendoza en el Cuadro 33 del cementerio de la Ciudad. Mariú Carrera e Isabel Güinchul, también de Familiares, realizaron una presentación espontánea ante el Juzgado Federal. Tenían información a partir de la comparación entre las listas de personas desaparecidas con las planillas de las necropsias del Cuerpo Médico Forense y los ingresos del cementerio. Como la justicia no avanzaba, viajaron a Buenos Aires para reunirse con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Finalmente, Omar Palermo las puso en contacto con Romina Ronda y Patricia Santoni del Ministerio Público y el pedido se movió. Desde entonces, en paralelo al inicio de los juicios, el EAAF vino a Mendoza y ya van ocho “misiones”. Aunque muchos de los cuerpos del cuadro 33 habían sido retirados  —supieron que los municipios cada diez años los trasladaban—, pudieron identificar los restos de Osvaldo Sabino Rosales, Néstor Alberto Oliva y Antonio “Mono” Molina. Este último tenía 32 balazos todavía en los huesos cuando fue exhumado, pese a que un parte militar sostenía que había muerto en un enfrentamiento.

A pedido del juez Cortés la testigo explicó el recorrido que sufrieron los cuerpos de Molina y Oliva, según lo que pudieron reconstruir desde Familiares. El parte militar sostenía que ambos habían sido sorprendidos realizando una pintada política frente al frigorífico Vildoza y habían muerto en un supuesto enfrentamiento. Los cuerpos pasaron a la Comisaría 5 y luego al Cuerpo Médico Forense, donde les tomaron fotografías y huellas. El informe de la necropsia allí confeccionado indicaba “terrorista” en el casillero de nacionalidad —esta misma ficha existió en el caso de Francisco Urondo, indicó—. Finalmente, ingresaron al Cuadro 33 del Cementerio de Capital  —popularmente “el cuadro de los pobres”— como NN, sin avisar a las familias, y se fueron apilando en una misma tumba. En este cuadro estaban también Ana María Moral y el matrimonio Laudani-José. De esta forma, cruzando todos los datos, las familias fueron ubicando el sitio donde trabajó el EAAF.

La próxima audiencia será el viernes 17 de septiembre a las 9:30

Córdoba: la Unidad Fiscal pidió el llamado a indagatoria de 154 imputados por crímenes cometidos contra 520 víctimas

Presentación conjunta de la fiscal Ángeles Ramos, el fiscal general Alberto Lozada y el auxiliar fiscal Facundo Trotta

25.08.2021 en Lesa humanidad
La fiscalía reorganizó las presentaciones realizadas en diferentes causas, reordenó los hechos e individualizó acusados. Pidió que se investigue la verdad en aquellos casos que no cuentan con imputados vivos. Describió el contexto del terrorismo de Estado antes y después del golpe de 1976.
 
La fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y titular de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos de Córdoba, María Ángeles Ramos, el fiscal general de esa provincia Alberto Lozada y el auxiliar fiscal Facundo Trotta requirieron este lunes el llamado a declaración indagatoria de 154 integrantes de fuerzas armadas y de seguridad, a quienes acusaron por crímenes de lesa humanidad cometidos en él ámbito del III Cuerpo del Ejército antes y durante la última dictadura cívico militar.
 
La base fáctica sobre la cual el Ministerio Público formuló el requerimiento son 300 casos que involucran los delitos padecidos por 520 víctimas. La pieza, de 759 páginas, es el resultado de un trabajo de reformulación y reorganización de las presentaciones previas de la fiscalía, producto de un nuevo análisis del cuadro probatorio y de los voluminosos expedientes en trámite. El escrito fue presentado en el Juzgado Federal N°1 de Córdoba, a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro.
 
Como no todos los casos fueron atribuidos a algunos de los imputados pues los identificados hasta ahora como ejecutores o partícipes en esos hechos han fallecido, la fiscalía requirió que se los investigue en el marco del derecho a la averiguación de la verdad. “Teniendo en cuenta que la hipótesis de esta Unidad es que esos hechos fueron cometidos como parte del ataque generalizado y sistemático que llevó a cabo el Estado Argentino contra la población civil, corresponde profundizar la investigación de esos hechos a efectos de establecer, tanto su existencia, como quienes participaron en su comisión”, indicaron la y los representes del MPF, pues “no se puede descartar en esta instancia que en el curso de la investigación pueda surgir la participación de otras personas”.
 
Las imputaciones formuladas fueron encuadradas en los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, abuso deshonesto agravado, violación agravada, homicidio agravado, desaparición forzada de personas seguida de muerte, robo agravado, lesiones graves, aborto y encubrimiento.
 
Ataque generalizado y sistemático
 
“Todos los hechos fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Generalizado, porque fue un ataque a gran escala, dirigido contra una multiplicidad de personas. No se trató de un hecho aislado cometido por un autor aislado, por iniciativa propia y contra una víctima aislada. Sistemático, porque respondió a un plan metódico esto es, una acción repetida y continuada de actos inhumanos conexos, delineado desde las más altas esferas del Estado”, señaló la fiscalía.
 
En tal sentido, explicó que ese ataque generalizado y sistemático estuvo encabezado antes del golpe de Estado y -fundamentalmente en 1975- por el Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia de Córdoba (D2), que para tal fin operaba con una doble modalidad: por aplicación de la ley 20.840, que incluía “penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones”, con intervención del Poder Judicial de la Nación; y de manera clandestina.
 
En el primer caso, el D2 realizaba investigaciones que daban origen a sumarios, con intervención de jueces federales, que “en su mayoría fueron ilegales”, pues “en algunos casos no contaban con orden de detención y/o allanamiento; en otros, esas órdenes tenían como origen información extraída previamente bajo tortura”, puntualizó la representación del MPF.
 
En la modalidad clandestina, quienes actuaban lo hacían de civil y, “una vez ubicada la víctima, sin ningún tipo de explicación, era vendada, esposada y conducida en vehículos a las dependencias del D2”, agregó.
 
En la etapa previa al golpe de Estado, los centros clandestinos de detención utilizados para la represión ilegal fueron fundamentalmente el mismo D2 y el “Campo La Ribera”, sede oficial de una cárcel militar. La fiscalía refirió que existieron otros lugares que funcionaron de la misma manera, como el “Destacamento Pilar”, el “Chalet o Casa de Hidráulica”, la Comisaría de Río Cuarto, la Comisaría de Bell Ville y la Comisaría de Villa María.
 
A partir del golpe de Estado, el esquema de centros clandestinos de detención se completó con los denominados “La Perla” y “La Perla Chica o Malagueño”, que eran junto con “Campo La Ribera” los tres lugares en los que operaba el personal militar y civil del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, precisó el dictamen.
 
“El modus operandi implementado por las fuerzas represivas para efectuar los secuestros de las víctimas con posterioridad al golpe no varió sustancialmente, aunque a diferencia del personal de D2, los integrantes del Destacamento de Inteligencia 141 sólo procedieron de manera clandestina”, señaló la fiscalía.
 
Un número importante de víctimas sobrevivientes de los centros clandestinos de detención fueron conducidas a la Unidad Penitenciaria N°1 de Córdoba, también escenario de los delitos cuya investigación fue promovida por la Unidad Fiscal.

COMISION PROVINCIAL DE LA MEMORIA DE CORDOBA

25 de agosto // “Día Provincial de la Lucha contra la Impunidad de los Delitos de Lesa Humanidad”

El 25 de agosto de 2016 se dictó sentencia en la Megacausa que condenó el terrorismo de Estado en Córdoba y por Ley (10.368) se instituyó en el “Día Provincial de la Lucha contra la Impunidad de los Delitos de Lesa Humanidad”
Por su magnitud, la Megacausa “La Perla, Campo de la Ribera y D2” es considerado al juicio al terrorismo de Estado en Córdoba.

“Con eje en lo ocurrido en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) del Tercer Cuerpo de Ejército en Córdoba, principalmente La Perla y Campo de la Ribera aunque también el Departamento de Informaciones D2 de la Policía, la Penitenciaría de barrio San Martín, la Perla Chica de Malagueño, el chalet de Hidráulica en el dique San Roque y el Puesto Caminero de Pilar, el proceso expone la índole sistemática y masiva del plan de exterminio de opositores políticos perpetrado por el Estado terrorista. Como parte de ese plan, se juzgan por primera vez en Córdoba los delitos de apropiación de niños, contra la integridad sexual y de índole económica”.

(Fragmento de la crónica “Un halo de luz y justicia sobre la dictadura cívico-militar”)

Con el compromiso diario de disputar sentidos sobre el pasado, a partir del presente y apostando al futuro, a 5 años de aquella sentencia, recordamos el alegato de la Dra. Carmona sobre como las violaciones sistemáticas ejercidas en los ex ccd fueron parte del plan sistemático de tortura y exterminio del terrorismo de estado:

“Los testimonios recogidos a lo largo de este debate dan cuenta del trato desigual, entendido como un plus de violencia caracterizado por lo sexual, padecido por las mujeres en los centros clandestinos de detención durante la represión ilegal en nuestro país en la última dictadura cívico militar. Estos testimonios permitirán advertir que los ataques sexuales no fueron hechos aislados, sino que, muy por el contrario, constituyeron una práctica generalizada en cuanto al modus operandi en los distintos campos de concentración creados en todo el país por los militares para aniquilar a los opositores políticos; de dichos campos de concentración, por supuesto que Córdoba no fue una excepción. 

Sin dudas existe una gran cifra negra de delitos de índole sexual que no han sido denunciados. Una pauta de ello es precisamente lo que acontece con este juicio, el más grande de la provincia de Córdoba. De un universo de más de setecientas víctimas, sólo se juzga un hecho de violación y dos de abuso deshonesto. 

La perversidad del sistema machista hace que la víctima sea la que lleva el estigma, la que sufre la vergüenza, subvirtiéndose de este modo el objeto de reproche. 

Las violaciones de los derechos de las mujeres continúan siendo escasamente reconocidas por los sistemas de Justicia. Esto es así a pesar de que ocurren en forma generalizada y sistemática en todo el mundo, impidiendo que las mujeres gocen de un efectivo acceso a la Justicia y a obtener una reparación cuando sus derechos fundamentales han sido violados.
Por ello, resulta muy importante la visibilización de estos crímenes, que sean investigados, juzgados y, en su caso, condenados y que, de esa manera, se acabe de una vez por todas con el silencio y la impunidad para sus autores”

Virginia Miguel Carmona
(Fragmentos del Alegato realizado el 16 de diciembre de 2015)

Más de 40 años después de ocurridos los hechos tenemos certezas sobre la importancia de juzgar a los responsables para construir un país más justo, en el cual el Estado demuestre que no es posible la continuidad de los modelos de impunidad e injusticias.

MIAMI: REFUGIO DEL ULTIMO PERPETRADOR DE LA MASACRE DE TRELEW

El último “fusilador” de la masacre de Trelew que amasó una fortuna y tiene una vida de lujo en Miami

Hace 49 años 19 guerrilleros que estaban prisioneros en una base naval de la patagonia fueron acribillados. Uno de los responsables de la masacre fue el entonces teniente Roberto Bravo, quien desde fines de los 70m reside en La Florida como un vecino notable de la comunidad. Su vida de millonario, el día que golpearon a su puerta para detenerlo y el pedido de extradición que le quita el sueño

La única imagen que existe del ex teniente Roberto Bravo (Diario Jornada de Chubut)La única imagen que existe del ex teniente Roberto Bravo (Diario Jornada de Chubut)

El viernes 25 de octubre de 2019 Roberto Guillermo Bravo se despertó temprano –una costumbre nunca abandonada desde sus tiempos de marino– y pensó que podía continuar con su rutina de casi todos los días, que a los 78 años no le exigía demasiada actividad.

Llevaba 47 viviendo en Estados Unidos, en ese momento en el lujoso barrio Sans Souci Estates de Miami, junto a su esposa y en las cercanías de las casas de sus tres hijos. En ese tiempo se había convertido en un empresario que había amasado una importante fortuna. Además, era un vecino notable de la comunidad.

En esos años, también, sus hijos habían adquirido –como él– la ciudadanía estadounidense. El mayor tenía una maestría en Administración, el segundo, una licenciatura en Tecnología de la Información; y el menor, una licenciatura en Negocios. Los tres habían servido en el Ejército o la Armada de los Estados Unidos.

Bravo llevaba una vida apacible en su casa, valuada en 1.700.000 dólares, y solo en ocasiones temía que, alguna vez, un hecho de su siniestro pasado terminara por alcanzarlo y exigirle el pago de una deuda. Sus cómplices en aquel hecho estaban presos o había muerto en prisión en la Argentina. Sólo él, hasta entonces, se había escabullido de las manos de la Justicia.

Quizás haya pensado en todo eso la mañana del 25 de octubre de 2019 cuando el timbre sonó a una hora exageradamente temprana y su mujer desde hacía 52 años, Ana María Giordano, le dijo que lo buscaban.

Minutos después salía esposado y custodiado ante la mirada atónita de un par de vecinos.

Habían pasado 47 años, dos meses y tres días desde la madrugada del martes 22 de agosto de 1972.

22 de agosto de 1972, 3.30 de la madrugada

Los 19 guerrilleros de FAR, ERP y Montoneros detenidos en la Base Naval Almirante Zar de Trelew dormían alerta, intranquilos. Desde hacía una semana, cuando habían sido recapturados en el aeropuerto tras la fuga del Penal de Rawson venían siendo despertados, maltratados física y psíquicamente así como sometidos a simulacros de fusilamiento.

Se habían entregado con la promesa de que los devolverían al Penal de Rawson pero el capitán Luis Emilio Sosa, que había negociado con ellos, faltó a la palabra empeñada y terminaron en la Base Naval.

Los hechos ocurridos la madrugada del 22 de agosto ya han sido narrados en otras ocasiones por Infobae:

Los guerrilleros que fueron masacrados en la base de Trelew en 1972Los guerrilleros que fueron masacrados en la base de Trelew en 1972

María Antonia Berger, una de las guerrilleras detenidas, no podía dormir y le preguntó la hora a un guardia. La respuesta del suboficial que estaba de guardia enfrente de su celda fue:

-Son las tres y media.

Minutos después, los marinos empezaron a entrar celda por celda para sacarlos al pasillo. Les dijeron que se quedaran parados al lado de cada puerta, mirando al suelo. Ricardo Haidar levantó un poco la cabeza y el capitán Sosa lo apuntó con su pistola 45:

-Haidar, no se me haga el machito que le pego un tiro – lo amenazó.

El capitán Sosa y el teniente Roberto Bravo siguieron su ronda de inspección por el pasillo. Berger también salió al pasillo: en cuanto se paró, empezaron los tiros. María Antonia alcanzó a ver que venían de una ametralladora en una punta del pasillo, y se sintió herida.

Consiguió meterse adentro de la celda; a su lado, María Angélica Sabelli dijo que estaba herida y cayó muerta en el acto. En el pasillo, la ametralladora seguía escupiendo: algunos buscaron un escape, pero no había adónde. Mariano Pujadas, Humberto Suárez y José Mena, que estaban en la primera celda, cayeron enseguida. Antes de caer, Jorge Ulla trató de tirarse encima de un marino, gritándole puteadas. En la puerta de su celda, Clarisa Lea Place y Susana Lesgart tuvieron el último reflejo de darse vuelta para evitar los tiros, y cayeron muertas. Ana María Villarreal de Santucho también cayó, boca abajo, en medio del pasillo. María Antonia escuchaba tiros, gritos, quejidos, y voces de los marinos:

-Este todavía está vivo.

Todavía se oían gemidos cuando entró el teniente Bravo:

-¡Levantensé, hijos de puta!

Los fusilaron dentro de la base en un hecho que se consideró crimen de lesa humanidad
Los fusilaron dentro de la base en un hecho que se consideró crimen de lesa humanidad

Ricardo Haidar y Alfredo Kohon se pararon. Bravo los apuntaba con una 45 y le metió a Haidar un balazo en el medio del pecho. Haidar salió disparado para atrás y cayó en su catre, sangrando a borbotones: cerró los ojos y trató de no moverse. Entonces el oficial disparó contra Kohon. Más lejos se oían otros tiros de gracia. Haidar se quedó quieto: sabía que si se movía o hacía el menor ruido lo remataban de un balazo.

Entonces oyó cómo el teniente Bravo y el otro oficial iban hasta la celda de Alberto Camps y Mario Delfino. Sonaron dos tiros. Delfino había caído muerto; Camps, con una bala en el vientre, trató de quedarse lo más quieto posible.

Al final del pasillo, un marino le decía a otro que la historia que tenían que contar era simple:

-Pujadas te agarró, salió un tiro para acá, entonces se quisieron ir y tuvimos que empezar a tirar…

María Antonia oyó unos pasos que venían hacia su celda, y pensó que la iban a matar. Con sorpresa, se dio cuenta de que no tenía más miedo: más bien una calma inesperada. Pensó que quizás fuera porque había perdido tanta sangre.

Los pasos se pararon, a su lado, en la celda. María Antonia respiraba fuerte y se dijo que era mejor si lo miraba. Un oficial le estaba apuntando a la cara con una pistola, y disparaba. La bala le entró por el mentón y la tiró para atrás, pero María Antonia siguió consciente.

Menos de cinco minutos después, el recuento que hicieron los marinos dio un saldo provisorio: 12 guerrilleros muertos y siete gravemente heridos: Alfredo Kohon, Pedro Bonet, María Antonia Berger, Carlos Astudillo, Alberto Camps, Miguel Ángel Polti y Ricardo Haidar.

Los llevaron a la enfermería y los dejaron allí, durante horas, sin atención médica. Eso hizo que sobrevivieran solamente tres: Berger, Camps y Haidar.

El encubrimiento oficial

En Buenos Aires, las versiones sobre los fusilamientos empezaron a circular la mañana de ese mismo martes 22 de agosto, pero recién a la una y media de la tarde apareció la primera información oficial distribuida por el Estado Mayor Conjunto, que decía que “al realizar el jefe de turno una recorrida de control en los alojamientos de los detenidos, mientras los mismos se encontraban en el pasillo, al llegar a uno de los extremos es atacado por la espalda por el delincuente subversivo Mariano Pujadas, quien logra sustraerle la pistola ametralladora con la que iba armado. Escudándose en el mismo intentan evadirse. El jefe de turno logra zafarse y es atacado a los tiros, resultando herido. En tal circunstancia, la guardia contesta el fuego contra los reclusos que se abalanzaban en masa hacia la puerta de salida, encabezados por Pujadas…”.

Resultaba imposible creer esa versión. Eran 16 muertos de un lado y ninguno del otro. Al día siguiente, el diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, informaba en tapa y decía: “Los acontecimientos, por sus características, resultan increíbles. Sus consecuencias -apenas entrevistas por los observadores, también atónitos- pueden resultar abrumadoras.”

Los muertos eran: Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, José Ricardo Mena, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villareal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Susana Lesgart y Mariano Pujadas.

Los tres sobrevivientes fueron trasladados después a la Cárcel de Devoto, donde el 25 de mayo de 1973, poco antes de ser liberados por la amnistía dictada por el gobierno de Héctor J. Cámpora, relatarían minuciosamente los hechos a Francisco “Paco” Urondo, que los recogió en su libro La Patria Fusilada.

Casi 35 años de impunidad

Hubo que esperar hasta 2006 para que el entonces juez federal de Rawson, Hugo Sastre, reabriera la investigación de los fusilamientos de Trelew por pedido de los familiares de las víctimas, acompañados por organismos de Derechos Humanos.

Tras un largo trabajo de investigación, logró la detención de la mayoría de los imputados por la comisión material de los hechos (16 asesinatos y tres intentos de homicidio) y/o por encubrimiento: el ex contraalmirante Horacio MayorgaRoberto Horacio Paccagnini, jefe de la Base Zar en el momento del hecho; del ex capitán Jorge Del Real; el ex cabo Carlos Marandino; y el ex capitán de Navío Jorge Enrique Bautista.

En cambio, el excapitán Sosa y el ex teniente Bravo pudieron eludir sus capturas. Poco y nada se sabía de ellos luego de que perpetraran los fusilamientos de Trelew.

Tenían orden de captura, pero nadie sabía cómo encontrarlos. Se decía –no sin razón– que sus paraderos eran unos de los mayores secretos guardados por la Armada Argentina.

Sosa, capturado casi por casualidad

El ex capitán Luis Emilio Sosa recién pudo ser ubicado y detenido en febrero de 2008, por circunstancias casi fortuitas.

Un grupo especial de agentes de la Brigada de Drogas Peligrosas de Chubut se trasladó a Buenos Aires por orden del juez Sastre siguiendo una pista poco prometedora. Había localizado una vivienda en el barrio porteño de Recoleta que, según la escritura, pertenecía a la esposa de Sosa. Pensaron que podían encontrar allí al marino o, por lo menos, a su mujer.

Al principio creyeron que la pista no los llevaría a ningún lado. Los atendió un hombre joven, que dijo que le había comprado el departamento a Sosa hacía unos dos años.

-¿Sabe cómo encontrarlo? –preguntaron los policías.

-No, no lo vi más, no tengo ninguna relación –respondió.

Cuando los policías estaban por irse, el joven les preguntó:

-¿Por qué lo están buscando?

-Está acusado por la masacre de Trelew –le respondieron.

Y entonces ocurrió lo inesperado.

-¡Hijo de puta! ¡Yo tengo a mis padres desaparecidos! – casi gritó. Y les pidió que volvieran unas horas más tarde, que iba a revolver papeles para ver si podía darles alguna dirección,

El 15 de octubre de 2012 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativasEl 15 de octubre de 2012 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas

Cuando los policías volvieron el joven los esperaba con una dirección anotada en un papel: “Pueyrredón 1317, piso 3, departamento C”. Allí, les dijo, funcionaba la inmobiliaria Acher Salomón, donde había hecho la operación de compra del departamento.

Cuando la policía llegó al lugar, los atendió un hombre al que le preguntaron por Sosa.

-Es mi amigo. Su esposa trabaja acá – les contestó.

Delante de los policías llamó al marino y le contó lo que estaba pasando.

-Voy para allá – le respondió Sosa.

Minutos después llegó a la inmobiliaria y se entregó. Habían pasado 35 años, cinco meses y veinte días desde los fusilamientos.

Juicio y condenas

Terminada la instrucción, el caso fue elevado a juicio.

El 15 de octubre de 2012 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas.

El Tribunal absolvió a Rubén Paccagnini, para quien se habían pedido dos años de prisión, y a Jorge Bautista, acusado de encubrir los crímenes. El fiscal federal de Rawson, Fernando Gelves, manifestó su disconformidad con las dos absoluciones y dijo que las apelaría.

El 19 de marzo de 2014 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó las condenas a prisión perpetua de Sosa, del Real y Marandino. Anuló, además, las absoluciones de Paccagnini y Bautista.

Además, los jueces Liliana Catucci, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky calificaron por unanimidad los fusilamientos como “delitos de lesa humanidad”.

Mientras tanto, el exteniente Bravo había sido localizado en los Estados Unidos y se pidió su extradición.

El escurridizo Bravo

Durante muchos años no se pudo establecer el destino de Bravo después de los fusilamientos de Trelew. Por otra parte, nadie lo buscaba.

En 1973, antes de terminada la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, Bravo fue enviado como “agregado militar” a la Embajada Argentina en Washington. En los años siguientes recibió entrenamiento por parte del Ejército delos Estados Unidos en infantería avanzada, pathfinder y reconocimiento anfibio.

El barrio en Miami donde vivía el último fusilador de Trelew según mostró el diario Jornada de ChubutEl barrio en Miami donde vivía el último fusilador de Trelew según mostró el diario Jornada de Chubut

Se retiró de la Armada Argentina en 1979 para empezar a trabajar en una empresa de electrónica estadounidense. El 24 de marzo de 1980 recibió su estado de “residencia permanente” y algunos años después, el 1° de septiembre de 1987, se naturalizó como ciudadano de los Estados Unidos.

De ahí en más, hizo una importante fortuna.

En 1982, Bravo y su familia se trasladaron a Miami, donde el ex marino fundó su propia empresa, RGB Group Inc.; y también desempeñó como presidente y CEO de RLM Services; One Fountainhead Center y Stafford Bookbinding; así como de gerente de Miami Alliance. RGB Group fue su empresa más exitosa, convirtiéndose durante años en proveedora de servicios médicos para el Pentágono.

Las detenciones

En 2010, Bravo fue detenido por primera vez por la Justicia norteamericana mientras estudiaba el pedido de extradición de la Argentina para ser juzgado por la masacre de Trelew.

Ese pedido no prosperó y fue liberado, pero la reputación de Bravo sufrió un golpe durísimo y sus negocios se fueron a pique. En 2014 debió cerrar RGB Group porque la mayoría de sus clientes no quisieron trabajar con un acusado por delitos de Lesa Humanidad.

Durante los cinco años siguientes siguió librando una batalla judicial para eludir nuevos pedidos de extradición por parte de la Justicia argentina, hasta que en octubre de 2019 fue nuevamente detenido.

En esa ocasión, el ofrecimiento de una fianza para esperar la resolución judicial en libertad puso en blanco sobre negro la magnitud de la fortuna de Bravo.

Su abogado ofreció: un bono personal de un millón de dólares en efectivo más otro bono garantizado con propiedades de familiares y amigos por valor total de 4.327.000 dólares. El listado de propiedades ofrecidas como garantía era encabezado por la mansión de North Miami, valuada en 1,6 millón de dólares, propiedad de Bravo y su esposa, Ana María Giordano. También los bienes raíces de sus tres hijos varones: una propiedad ubicada en Cooper City, Florida, valuada en 527.000 dólares y propiedad de Fernando Bravo; otra a nombre de Pablo Bravo, en Tallahassee, Florida, que vale 297.000 dólares; y otra ubicada en Frederick, Colorado, valuada en 503.000 y propiedad de Andrés Bravo.

La extradición, hoy

Por estos días se desarrolla un nuevo proceso de extradición de Roberto Guillermo Bravo en los Estados Unidos, que está a la espera de que el juez interviniente, Edwin Torres, emita su sentencia.

En marzo de 2021 el fiscal de distrito de Miami, Florida, Jason Wu se pronunció a favor de la extradición.

En su informe, el fiscal descartó que lo ocurrido en la Base Naval Almirante Zar haya sido la represión de una fuga, consideró que fueron ejecuciones extrajudiciales y que, como tales, no pueden considerarse una excepción al tratado de extradición entre los Estados Unidos y la Argentina. “Estados Unidos no es un refugio seguro para los acusados legalmente de asesinato en masa en el extranjero, y esta Corte no debe proteger a Bravo de responder a sus acusadores por más tiempo”, concluyó.

Al escribirse estas líneas –49 años después de la Masacre de Trelew-, Bravo sigue viviendo impune y en libertad, pro ya no duerme tranquilo.

ITALIA ESPERA LA RESPUESTA DE CHILE AL PEDIDO DE EXTRADICIÓN DE TRES REPRESORES DEL PLAN CONDOR

El gobierno de Piñera no ha sido propenso a extraditar a sus ciudadanos

Los militares Rafael Ahumada Valderrama, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Vásquez Chauan fueron condenados a perpetua por la desaparición y muerte de dos ciudadanos chilenos de origen italiano, Juan José Montiglio y Omar Venturelli.

Por Elena Llorente

Desde Roma

Pese al pesimismo de algunos familiares y abogados de las víctimas italianas del trágico Plan Cóndor, que tuvieron que luchar y esperar más de 22 años para que la justicia italiana emitiera en julio pasado una condena definitiva contra 14 de los acusados (3 chilenos y 11 uruguayos)Italia dio un gran paso que se conoció este fin de semana, pidiendo oficialmente a Chile el arresto provisorio y la extradición de tres militares condenados a cadena perpetua en Italia y que viven en libertad en Chile. En efecto, la ministra de Justicia de Italia, Marta Cartabia, firmó ese pedido que fue enviado a la embajada italiana en Santiago. Se trata del coronel Rafael Ahumada Valderrama, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el brigadier Manuel Vásquez Chauan (foto).

Las coordinación entre las dictaduras latinoamericanas de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Perú, hizo del Plan Cóndor uno de los más trágicos acuerdos multilaterales de la historia latinoamericana. Los servicios secretos de cada país no sólo intercambiaban información con los otros miembros del Plan Cóndor (y según algunas fuentes también con la CIA de Estados Unidos) sino que se ayudaban para encontrar a sus ciudadanos que perseguidos habían escapado de un país a otro. Los militares de un país podían entrar clandestinamente en otro, llevándose a los que secuestraban a un tercer país o al propio pero sin dar información alguna a los familiares. Los secuestrados generalmente eran llevados a centros clandestinos de detención, torturados, asesinados y enterrados en lugares distantes o tumbas comunes o tirados semidopados desde aviones militares al río de La Plata o al Atlántico. Los perseguidos no necesariamente eran guerrilleros o comunistas aunque eran acusados de serlo por el simple hecho de oponerse a las dictadura del propio país.

El pedido de la ministra Cartabia es el primero referido a los represores condenados en Italia por el Plan CóndorSe espera ver cuál será la respuesta de la justicia y del gobierno chileno, no muy propenso en general a extraditar a sus ciudadanos. En 2013, en efecto, Francia había pedido la extradición de otros militares condenados pero la justicia chilena la negó.

El 9 de julio pasado se conoció la sentencia definitiva de la Corte Suprema italiana contra los 14 militares y torturadores del Plan Condor, por la desaparición y muerte de 41 ciudadanos de origen italiano (cuatro chilenos secuestrados en Chile, once uruguayos secuestrados en Argentina y seis argentinos secuestrados en Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil, más 20 uruguayos secuestrados en Argentina pero atribuidos sólo a Néstor Troccoli, miembro del servicio de inteligencia de la marina uruguaya que teniendo pasaporte italiano escapó a Italia pero ahora ya está en la cárcel).

Las condenas (por la desparición de dos ciudadanos de origen italiano) de los tres chilenos de los que se ha pedido la extradición, no estuvieron incluidas en la sentencia de la Corte Suprema porque – como se informó el 4 de julio- en la segunda de las tres instancias que tiene la justicia italiana, la Corte de Apelaciones, ya habían sido condenados a cadena perpetua y esas sentencias se hicieron automáticamente definitivas porque sus abogados nunca apelaron ante la Corte Suprema. Por que esta sentencia fue emitida en 2019 y los abogados no apelaron, el procedimiento de pedido de arresto provisorio y de extradición pudo ser emitido un poco más rápidamente, ya que se requieren numerosos trámites y pasos burocráticos para poder llevarlos a cabo. Se supone que la justicia italiana pedirá el arresto provisorio y la extradición de otros de los condenados, sobre todo si viven en libertad en los respectivos países . Aunque también, si por ejemplo no existen acuerdos bilaterales que permitan la extradición, podría pedir que los condenados en Italia al menos sean juzgados en sus respectivos países.

Las culpas de los tres militares chilenos

Los tres militares chilenos fueron condenados por la desaparición y muerte de dos ciudadanos chilenos de origen italiano, Juan José Montiglio y Omar Venturelli. Según las leyes italianas, aunque hayan nacido en otros países, los descendientes de italianos son considerados también ellos italianos. Montiglio era militante del Partido Socialista, miembro de la Guardia Presidencial conocida como GAP (Grupo de Amigos Personales del presidente), que fue detenido el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio presidencial de La Moneda. Montiglio había sido un estudiante de biología que después se haber sido adiestrado en Cuba había entrado a formar parte del GAP. Montiglio estuvo junto al presidente Allende hasta el último momento, es decir, hasta que fue asesinado, el día del golpe de Estado orquestado por Augusto Pinochet, el 11 de setiemrbe de 1973. Montiglio fue llevado por los militares a un cuartel donde lo obligaron a escavar la propia fosa y lo fusilaron. Al parecer después tiraron allí una granada para que no quedaran rastros.

Venturelli, ex sacerdote condenado a divinis por el obispo local porque ayudaba a los mapuches a reocupar sus tierras, enseñó en la Universidad Católica de Temuco. Fue miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). El 25 de septiembre de 1973 se presentó voluntariamente ante el regimiento Tucapel de Temuco, donde había sido citado. Al día siguiente fue trasladado a la Cárcel Pública de esa ciudad, donde fue visto con vida hasta el 10 de Octubre, fecha en la que se presume que fue asesinado y hecho desaparecer.

Los tres militares chilenos tienen varias causas abiertas en Chile pero los tres están en libertad aunque no pueden salir del país, según explicó la abogada uruguaya Analía Banfi, residente en Washington donde es investigadora de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Durante un zoom en ocasión de la condena a los tres chilenos organizado en julio pasado por 24marzo.it (la organización de derechos humanos que ha llevado adelante los procesos contra los militares latinoamericanos en Italia), la abogada contó que Ahumada Valderrama tiene en Chile una condena de primera instancia por dos uruguayos desaparecidos en Chile.

María Paz Venturelli, hija de Omar Venturelli, que vive en Italia, agradeció a 24marzo.it y a los abogados todos sus esfuerzos porque se movieron “cuando a nadie le interesaba nada del juicio Condor”, dijo en el zoom. “Pero todavía estamos en camino. Esta sentencia es una cosa importante pero es una pequeñísima parte en comparación con todo el mal que estos personajes hicieron a lo largo de su carrera”. Ella y su madre, pocos días después de la desaparición del padre, se refugiaron en la embajada italiana en Santiago y vinieron a vivir a Italia. Su madre, fallecida en 2012, empezó a trabajar por abrir un proceso en Italia en la década del 1990.

PARA ENTENDER LA HISTORIA DESDE LAS AULAS

Lo hicieron 3 historiadoras docentes ¿Por qué arde Tucumán?, el libro que trabaja en las aulas la destrucción de ingenios azucareros que decretó Onganía

11 de los 27 ingenios  que funcionaban en 1966 en la capital de la provincia dejaron de funcionar por decisión del dictador. El libro aborda las nefastas consecuencias de aquella decisión, que se extienden hasta nuestros días.

Por Ailín Bullentini 22/08/2021
 “¿Por qué arde Tucumán?” es una iniciativa de las docentes de historia Silvia Nassif, Daniela Wieder y Ximena Rosich.
 “¿Por qué arde Tucumán?” es una iniciativa de las docentes de historia Silvia Nassif, Daniela Wieder y Ximena Rosich.

Como en el resto del país y en el resto del mundo, la pandemia obligó en Tucumán a reconfigurar los vínculos educativos, algo que complicó aún más una tarea que Silvia NassifDaniela Wieder Ximena Rosich –docentes de Historia que se desempeñan en el nivel secundario, terciario y universitario–, se venían proponiendo hace tiempo en sus diferentes espacios de enseñanza: “Cómo hablarle al futuro tucumano de nuestro presente desde nuestro pasado”. El año pasado, la provincia estableció por ley la incorporación de historia local en la currícula de contenidos educativos. “Pero no hay material con el que trabajar. Existen investigaciones pero son difíciles de bajarlas al terreno: no cuentan con el lenguaje apropiado, son extensas por demás. Así que nos propusimos hacerlo”, sostuvo Nassif sobre la creación “¿Por qué arde Tucumán?”, un libro dedicado a trabajar en las aulas el cierre de ingenios azucareros que propició la dictadura de Juan Carlos Onganía entre 1966 y 1973 y que generó efectos económicos y sociales, así como conflictos, que se viven hasta hoy.

“En Tucumán no hay nadie que no esté vinculado o vinculada con la industria azucarera”, asegura Nassif en diálogo con PáginaI12 retomando una idea que plantean en el prólogo del flamante libro ella y sus compañeras de estudios y amigas. completa: “Siempre hay algún familiar o conocido que trabaja o trabajó para algún ingenio azucarero; que suele ver los cañaverales arder en invierno o alguna chimenea de algún ingenio abandonado en su paisaje cotidiano”.

En este 2021 se cumplen 55 años de la decisión con la que Onganía, en su mal llamada “Revolución Argentina”, y por decreto, destruyó un tercio de la industria que llegó a emplear a 100 mil tucumanos en su época de auge. Aquel decreto fue fechado el 22 de agosto de 1966. Ese día, desde hace algunos meses, fue nombrado “Día nacional de desagravio al pueblo tucumano por el cierre masivo de ingenios azucareros”, tras una ley avalada en el Congreso nacional.

“Hablar de qué le ocurrió a la provincia, a sus habitantes, a nuestras familias, cuando 11 ingenios de los 27 que funcionaban entonces en la ciudad capital y en cada pueblo a lo largo de la ruta nacional 38 –por la que desde Buenos Aires se ingresa a la provincia– dejaron de funcionar, tiene que ver con nuestra identidad, nos ayuda a comprender mejor nuestro presente”, apuntó la profesora que, al igual que sus colegas, contaba con esa intención desde hacía tiempo y se topaba con la falta de material donde apoyar el proceso de aprendizaje.

De esa necesidad nace “¿Por qué arde Tucumán?”, con especial dedicación a les estudiantes de secundario. Desde su diseño y propuesta visual “¿Por qué arde Tucumán?” persigue un objetivo primordialmente pedagógico. Cuenta la historia desde el texto, pero también desde las imágenes y las herramientas para trabajar el contenido que los acompañan: posibles actividades introductorias, viñetas que hacen zoom en palabras específicas, en personajes diversos y que traducen algunos hechos en historietas; mapas, cuadros comparativos. “Pensamos en los docentes pero sobre todo en los estudiantes, que son el futuro”, insistió Nassif.

La eliminación de la mitad de los puestos de trabajo que albergaba la industria azucarera a nivel provincial, la concentración de la producción en pocas manos, la explotación de los trabajadores que se mantuvieron en pie, la desaparición de pueblos enteros que vivían de esa actividad que nunca se reemplazó “y la catástrofe social terrible” que provocó el cierre de un tercio de los ingenios azucareros en la provincia es una de los ejes del libro que presentan mañana (lunes 23 de agosto a las 19) las autoras a través del canal oficial de YouTube de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.

El otro, y quizá el más jugoso, son las luchas obreras que se dieron para resistir. “Siempre creímos que era importante que se sepan las razones de la miseria que se vive en la provincia, que son consecuencias de aquella catástrofe que sigue teniendo implicancias en nuestro presente, pero también sobre la enorme fortaleza y resistencia del pueblo trabajador tucumano”. La comprensión de estas luchas permite analizar el territorio provincial dentro del mapa del país en aquellos años: “Aquella crisis despierta protestas de todo el sector obrero azucarero –con la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (Fotia) a la cabeza– que convierte a la provincia en uno de los focos de tensión social previos al Cordobazo”, indica la autora.

La “previa” de los azucareros preparó el terreno para los estallidos del Tucumanazo, en unos años más –1970/1972–. La represión voraz de la última dictadura cívico militar eclesiástica que llegó en 1976 lo deglutió todo. Son más de 350 los trabajadores registrados en la industria azucarera –de los no registrados no hay datos– los que fueron secuestrados y detenidos durante el terrorismo de Estado, incluido el 80 por ciento de la comisión directiva de Fotia. De ellos, más de la mitad permanecen desaparecidos. “Mi intención inicial, cuando comencé el doctorado, era estudiar los efectos de la dictadura en el sector obrero de Tucumán. Y no hubo nada que no me indicara que para entender ese proceso primero tenía que entender qué había pasado con el cierre de los ingenios”, confió Nassif.

Histórica y primera condena por los delitos sexuales en la ESMA

Los genocidas Jorge “Tigre” Acosta y Alberto “Gato” González fueron condenados por abusos sexuales y psicológicos, manoseos, tocamientos y violaciones cometidas contra prisioneras del centro clandestino durante la última dictadura cívico militar.

Ailín Bullentini
Por Ailín Bullentini

En un veredicto histórico, el Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a genocidas de la Escuela de Mecánica de la Armada por ejercer violencia sexual contra prisioneras de ese centro clandestino durante la última dictadura cívico militar. Jorge “Tigre” Acosta y Alberto “Gato” González fueron sentenciados a 24 y 20 años de prisión tras haber sido hallados, por primera vez desde que son enjuiciados por su accionar durante la última dictadura cívico eclesiástica militar, responsables de abusos, manoseos y violaciones contra tres mujeres que permanecieron secuestradas en el Casino de Oficiales del predio de la Armada entre 1977 y 1978. Los hechos fueron considerados crímenes de lesa humanidad en el fallo cuyos fundamentos se conocerán recién a mediados de octubre.

“Estoy emocionada”, aseguró Mabel Zanta, una de las sobrevivientes de la Esma que sufrió violencia sexual mientras estuvo allí cautiva. “Satisfecha es la palabra”, aclaró Silvia Labayrú, otra de ellas. Las denuncias que se animaron y tuvieron la fuerza de sostener, junto a la de María Rosa Paredes, completan la estructura que le dio firmeza a la causa que especialmente se dedicó a recolectar historias y pruebas que pusieran a los delitos sexuales de relieve entre el resto de las herramientas con las que los represores llevaron a cabo su plan sistemático de tortura y exterminio entre mediados de los 70 y comienzos de los 80.

Tras diez meses de juicio oral que comenzó y culminó en el contexto de la pandemia de coronavirus y que por pedido expreso de las denunciantes no fue transmitido públicamente, los jueces Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Daniel Obligado hallaron a Acosta y González responsables de casi todos los delitos que el Ministerio Público Fiscal, representado en el debate por Leonardo Filippini y Marcela Obetko, les endilgaron –el debate no contó con querellas–.

La titular de la Procuraduría especializada en crímenes contra la humanidad del Ministerio Público Fiscal, Ángeles Ramos, señaló que “este fallo importa un avance en la perspectiva de género” en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. “Es muy importante mantener la visibilización de todo lo que pasaba dentro de lo centros clandestinos y que cada hecho que las víctimas hayan tenido que padecer reciba una respuesta jurídica acorde a esa realidad extrema que debieron soportar”, continuó tras celebrar que “la justicia argentina siga siendo ejemplo del juzgamiento adecuado de los crímenes cometidos desde el Estado durante la última dictadura cívico militar”.

Fallo histórico

El fallo es histórico e inédito en lo que atañe a la revisión que la Justicia realizó y realiza de los crímenes sucedidos en la Esma durante el terrorismo de Estado. La violencia sexual que los represores de aquel centro clandestino ejercieron sobre prisioneras ha aparecido en testimonios de sobrevivientes desde que estos hechos comenzaron a juzgarse, incluso en denuncias ante la Conadep, como es el caso de Labayrú. Sin embargo, y a pesar de que los integrantes de la patota de la Armada fueron acusados tanto por el Ministerio Público Fiscal cuanto por varias querellas en representación de sobrevivientes y familiares de detenides desaparecides en los diversos juicios que se llevaron a cabo, nunca hasta hoy el TOF 5 los había incorporado en sus fallos.

Optó en cambio por exigir que el Juzgado de primera instancia los investigue especialmente. Así lo postuló en uno de los artículos de la sentencia que emitió en el segundo juicio que dirigió en el marco de la Megacausa. Y así nació el expediente que derivó en el debate oral que culminó est viernes. En el alegato que la Fiscalía culminó en abril pasado, había solicitado 25 años de prisión para ambos, las penas máximas, al considerar que el testimonio de las tres víctimas había sido “consistente con el resto de las pruebas del juicio”. “Los crímenes ocurrieron tal como ellas los relataron ante el tribunal”, sostuvo la exposición de les fiscales.

Para el TOF 5 fue así en la inmensa mayoría de los hechos –dejaron dos en “duda”, endilgados a Acosta–, aunque la evaluación de la pena fue levemente menor. Tras definir los hechos bajo juicio como crímenes de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles, para el “Tigre”, quien fue jefe del grupo de tareas 3.3.2, la patota que reinó, secuestró, torturó, violó, robó, desapareció y asesinó en la Esma, consensuaron una pena de 24 años de prisión. Lo consideraron coautor penalmente responsable de abuso deshonesto y violación que sufrieron las tres sobrevivientes, así como del secuestro y las torturas que sufrió Zanta, cuyo caso hasta el momento no había sido tenido en cuenta en ningún tramo previo de la megacausa Esma.

Al “Gato”, oficial de Inteligencia e integrante de la patota, lo condenaron a 20 años de cárcel por abuso deshonesto y violación agravada contra Labayrú. La situación de ambos, de todos modos, se mantendrá como hasta ahora ya que las nuevas penas se unificarán con las condenas a prisión perpetua que recibieron en juicios orales y públicos previos por secuestros, torturas y asesinatos contra decenas de víctimas que pasaron por el predio de la Armada. Purgan esas condenas en prisión.

La causa que investiga delitos sexuales cometidos en la Esma, en tanto, continúa en instrucción, a cargo del Juzgado federal número 12 y el fiscal Eduardo Taiano, a la espera de poder “fortalecer” los casos que surgieron en testimonios de debates anteriores.

Antecedentes

El primer fallo de un juicio de lesa humanidad que consideró la violencia sexual que sufrieron las víctimas del terrorismo de Estado como un delito autónomo del secuestro y las torturas lo emitió en 2010 el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. En junio de aquel año condenó al exsuboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Molina por violación agravada, además de homicidios. La condena fue confirmada dos años después por la Casación y detrás de ella vinieron decenas de otras.

Las estadísticas de la Procuraduría a cargo de Ramos indican que, a marzo pasado, tan solo un 11 por ciento de los condenados por crímenes de lesa humanidad habían sido responsabilizados por delitos sexuales cometidos en el marco del genocidio de la última dictadura. El fallo de hoy se suma a los 36 que, desde 2006, contienen hechos de índole sexual entre los delitos atribuidos y bajo análisis. Las víctimas nucleadas en esas sentencias son 139.

RÉQUIEM DEL MONTONERO PROLETARIO

Se cumplen 50 años de la muerte de José Sabino Navarro en las sierras de Córdoba

Ayudado por su compañero, el herido logra descender y mira alrededor.

—Yo no salgo de esta. Vos te vas, yo te cubro.

—No, Negro. Me quedo con vos.

—Yo soy el jefe y es una orden.

Jorge Cottone se encamina hacia el norte, en paralelo a la ruta sinuosa. Anda a ciegas unos quince minutos, hasta que encuentra un árbol caído donde guarecerse. Mientras se acomoda, cree oír dos disparos. El frío y el cansancio lo confunden. En la duermevela de esas horas, recuerda o sueña lo que su compañero le dijo en un momento de calma durante esos días de frenética huida: “Tengo muchas cosas en la cabeza. No puedo caer vivo”.

La madrugada renueva sus esperanzas de llegar a Alta Gracia, quizás a Córdoba capital. Camina hasta Anisacate, pasa frente a una capilla y en un descampado a la salida del pueblo le dan la voz de alto y le apuntan con varios FAL. No ofrece resistencia y entrega la pistola Browning, un revólver calibre 32 y una granada de mano. Es el final de una semana de fuga.

—Uy, cuando agarraron la granada y vieron que tenía una bala en la recámara de la pistola… ¡Se armó un despelote! Yo no sé por qué estoy vivo –dice Cottone, cincuenta años después.

La persecución

Siete días antes, el NegroArturo y el Flaco (Cottone) viajan desde Córdoba a Río Cuarto en un Peugeot 504 blanco. El 21 de julio, pasadas las 20 horas, se encuentran en el centro con Juan Antonio Díaz, trabajador ferroviario y militante local de Montoneros. Con él hacen un recorrido de reconocimiento y aguardan en una casa.

A la 1:30 de la mañana del 22, Arturo, el Flaco y el Negro ingresan al garaje de calle Echeverría y Díaz queda de campana. “No me golpearon ni nada, pero me apuraron para que les entregara las llaves”, contará el propietario Osvaldo Ravelli. Lo dejan atado y maniatado y se llevan una camioneta Peugeot y otro Peugeot 404. Con el Negro y Díaz en el Peugeot 504 blanco, Arturo en la camioneta y Cottone en el 404 salen hacia Córdoba. A los pocos minutos, Ravelli se libera, corre hasta la casa de su padre y de ahí en un Ford 52 hasta la comisaría más cercana. Con cuatro policías de Investigaciones se inicia la persecución con ese mismo auto, al que le cargan 40 litros de nafta en la estación de servicio del ACA. Primero hacia Holmberg ida y vuelta y luego rumbo a Córdoba por la ruta 36, hasta que alcanzan a los tres Peugeot a 105 kilómetros de Río Cuarto. A toda velocidad y con la víctima al volante.

—¿Qué velocidad llevaba usted? –preguntará meses después el asombrado juez a cargo de la causa.

—Se iba a todo tipo de velocidades: 170, 150, 140. Y más también en algunos tramos, hasta 175 –responderá Ravelli.

Pasando Los Cóndores, ven las luces de la caravana en fuga, se ponen a la par y el policía Villarreal da la voz de alto. Los asaltantes se detienen y vuelven a arrancar. Villarreal dispara dos veces y la camioneta conducida por Arturo se va a la banquina. Sus compañeros se detienen y replican el fuego. Atrapado en el tiroteo, Ravelli resulta herido con un proyectil calibre 45 y lo tienen que llevar al hospital en un Rastrojero.

Díaz, Cottone y el Negro abandonan los autos y esperan cerca de la ruta para intentar socorrer a Arturo. Sin saber qué pasó con él, se internan en el campo y se ocultan en una zanja que cubren con ramas, previendo que si identifican a su compañero como militante montonero los van a buscar con un helicóptero.

Arturo era Cecilio Salguero, quien hoy recuerda: “Cuando nos alcanzan, quedo en medio del tiroteo. Salgo de la camioneta, me voy arrastrando, cruzo la vía y me interno en un campo. Tenía un tiro en la espalda, que después fue leve, pero en ese momento estaba shokeado y mareado. Esa noche me refugié en la casa de unos campesinos. Les dije que me habían asaltado en la ruta y me habían pegado un tiro los ladrones. El hombre puso un colchón en la cocina y la señora me curó la herida con agua oxigenada”.

A la mañana siguiente, la radio informa sobre el enfrentamiento en la ruta y Salguero decide irse: “No sabía si el miedo los iba a hacer llamar a la policía o no. Me despedí y les agradecí. Cuando estaba esperando el colectivo, a las 8:30 más o menos, aparecen dos patrulleros del Comando Radioeléctrico y me detienen. Me llevaron a la comisaría de Almafuerte y me torturaron durante dos o tres días”.

Los otros tres pasan ocultos todo el 21, hasta que al anochecer regresan por la franja de monte entre la ruta y las vías hacia Berrotarán, donde intentarían tomar un tren a Córdoba. Como faltan dos horas para su arribo, van a comer a un bar cercano a la estación. Se sientan en distintas mesas y a la hora de irse Díaz sale primero. Alcanza a caminar una cuadra, una comisión policial lo sorprende y al sacar su arma le disparan y cae muerto. Desde el bar escuchan los tiros. Cottone se asoma y ve a Díaz tirado. Pagan la cuenta, piden pasar al baño y escapan por la ventana.

 

Al rescate

La noticia del asalto, la persecución y la muerte de Díaz activan las alarmas de la militancia montonera. En Córdoba, el Negro, su entonces pareja, la abogada santafesina Graciela de los Milagros Doldán –Monina– y el ex sacerdote Elvio Alberione encabezaban la tarea de contactar a los grupos dispersos y recomponer la organización luego del descalabro producido por la detención de varios militantes y la muerte de tres de sus fundadores: Emilio Ángel Maza el 8 de julio de 1970, una semana después de la toma de La Calera, y Fernando Abal Medina y Carlos Gustavo Ramus en el tiroteo de William Morris el 7 de septiembre del ‘70.

El Descamisado, número 7, 7 de agosto de 1973.

Por esos días, el Negro paraba en la casa de Jorge Colo Kaplan, delegado sindical en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba y chofer operativo de Montoneros.

Colorado, están huyendo. Vamos a buscarlos –le propone Monina la mañana del 22 de julio. Antes de salir, ella activa por teléfono otras dos líneas de búsqueda: a través de la conducción montonera, gestionar la intervención del Consejo Nacional del Partido Justicialista, y con Rosa Maureen Kreiker –Murina– como interlocutora, recurrir a los curas tercermundistas para esconder a los fugitivos en alguna parroquia de la zona. Al atardecer, inician el rescate militar.

“En Alta Gracia había una casa operativa. El Negro y la Petiza (Doldán) tenían la llave –relata Kaplan–. Salimos en una Renault 6 celeste mía. Ella nunca usaba pollera, pero ese día le pidió una a mi mujer. ‘Es para mostrarle las gambas a los milicos’, me dijo. Tenía armas de los dos lados. Llegamos a un control de la cana, del lado de ella había cinco o seis y del mío dos. Ella dice: ‘Yo me bajo los que están de mi lado, vos ocupate de los del tuyo’. Baja el vidrio, se sube un poco la pollera y se tira más cerca de mí, pero veo que con las dos manos va hacia las pistolas. Nos alumbran con linterna, le miran las gambas y… ‘Pasen’. Yo temblaba como una hoja; ella no. Llegamos hasta un punto determinado: ‘Quedate acá. Es una casa operativa y no la podés conocer’. Me deja en medio de unos arbustos y se va con el auto, demora veinte minutos, vuelve y dice: ‘No está, ni nadie ha entrado’”.

En Alta Gracia, Doldán hace un par de llamadas telefónicas y decide regresar a Córdoba. Al volver a pasar por el control policial les preguntan: “¿La pasaron lindo, chicos?”. En los días siguientes, sin noticias de los prófugos, se dedican a levantar las casas operativas.

No fueron los únicos. Tanto Cottone como Alberione cuentan –en el libro de Justo Pereira citado más adelante– que el padre del militante montonero Carlos Capuano Martínez tenía un camping por la zona y, “conocedor de la sierra, salió en la búsqueda con algún compañero” y “andaba despacito por la ruta bordeando el cerro en su Citroën”.

El cerco, el hambre y el frío

El Negro y Cottone se ocultan en los alrededores de Berrotarán, hasta que ven al vecino Ricardo Gross guardar su Renault Gordini. Lo obligan a llevarlos por el camino hacia el Valle de Calamuchita y lo dejan 18 kilómetros más adelante. El Negro toma el volante y en un primer control policial amaga frenar, acelera y lo elude. Recorren unos treinta kilómetros, rodean el embalse de Río Tercero y a las 23:45 llegan a Santa Rosa de Calamuchita, donde los bloquea otra “pinza”. Cottone dispara seis tiros al aire, logran escapar por caminos rurales y se esconden con el auto en un recodo del que va a Yacanto. A la mañana los detectan desde un helicóptero. Dejan el auto y se vuelven a perder en el campo.

A las 19 horas del 23, intentan cruzar sobre las piedras el río Santa Rosa para ocultarse en el seminario Santa Fe Los Algarrobos, pero en medio del cauce “les efectúan dos disparos intimidatorios y son contestados”, dirá el informe policial. En la huida, Cottone trastabilla y cae al agua en un pozo profundo. Logran salir del río y corren hasta asegurarse de que no los persiguen.

“Una hora después yo me sentía morir de frío y le dije al Negro: ‘No puedo seguir más’ –recuerda Cottone–. Entonces, él me desnudó, me escurrió toda la ropa y me volvió a vestir, porque yo estaba entumecido de frío. Nos tiramos, él se acostó arriba mío, me cubrió con su cuerpo y me dio el calor suficiente, porque no sé, cero grados hacía… y mojado”.

—¿A esa altura ya sabías quién era él?

—Nunca supe hasta mucho después. Él era mi jefe operativo, nada más que eso.

En paralelo al río El Sauce y guiándose por las estrellas, caminan varios kilómetros en dirección norte hacia Alta Gracia. A la tarde del día siguiente, se cruzan con un paisano. El Negro lo encara y sin mostrarle ningún arma le pide:

—Compañero, nos tiene que ayudar. Nosotros somos guerrilleros peronistas. ¿Nos puede dar algo de comer? Estamos sin comer desde hace dos días.

—Bueno… voy a buscar.

Al rato vuelve con una bolsa de arpillera con pan casero, un frasco de mermelada frutal, queso, una Coca Cola y un cuchillo. El Negro le promete que se lo van a dejar en el mismo lugar. Después de comer, escribe en un papel y lo clava con el cuchillo en un árbol: “Hasta la victoria siempre. Perón o Muerte. Montoneros. Venceremos”. “Fue una forma de agradecerle su solidaridad. Con el hambre que teníamos, el pan y el dulce eran un manjar y hasta hoy cada vez que tomo una Coca me acuerdo de aquella”, rememora Cottone.

En el paraje Cerro de Oro, entre Santa Rosa y Villa General Belgrano, descubren una casa vacía donde se refugian entre el 25 y el 27 de julio. Ahí encuentran algo de comida y se apoderan de un revólver calibre 32. Al mediodía del 27, la mucama los sorprende mientras cocinan. Ellos le dicen que están esperando a su amigo. La mujer simula creerles, pero al ver por la ventana que el matrimonio dueño de casa baja del colectivo, corre a avisarles. Por detrás, salen Cottone tapado con una manta y el Negro, que les ofrece pagar lo consumido. A la mujer le da un ataque de nervios, lo empuja e intenta golpearlo, hasta que él saca un revólver. En medio de un griterío, huyen y se esconden de nuevo en el monte hasta el anochecer del día siguiente. Ya en Villa General Belgrano, a las 20 del 28 de julio toman un ómnibus rumbo a Córdoba. Cottone se sienta atrás y Navarro en el tercer asiento.

Al llegar al paredón del dique Los Molinos, a las 20:30, un control policial detiene el colectivo. El guarda baja y los alerta sobre “dos jóvenes sospechosos”. Los policías Pedro Evaristo Videla y Ramón Heraldo Álvarez suben y “sorpresivamente los dos pasajeros aludidos abren fuego hiriendo de gravedad en la boca del estómago al agente Álvarez, en tanto el agente Videla recibía un impacto de bala en la articulación del hombro y brazo izquierdo”. No obstante, Álvarez logra abrir fuego y uno de sus disparos “puede haber alcanzado a uno de los sujetos, dado que lo vio caer hacia atrás, rebotando en el respaldar del asiento”, relatará el informe de la comisaría de Alta Gracia.

Los policías descienden del coche y el tiroteo cesa. En un instante de silencio y confusión, el Negro, con un balazo en el antebrazo, salta al asiento del conductor, arranca y a la máxima velocidad que permite el camino de montaña intenta seguir hacia Córdoba por la Cuesta del Águila, pero “a los pocos kilómetros el ómnibus, cuyo pasaje había podido descender en su totalidad, embiste un promontorio ubicado sobre la banquina derecha de la ruta, a la altura del kilómetro 778”.

El Negro y Cottone bajan del colectivo y escapan “en dirección al espeso monte que circunda la ruta por ambos lados”, mientras se inicia un amplio operativo de rastreo en Villa Ciudad de América, Cuesta del Águila, La Serranita, Los Patos y Villa La Bolsa, “con un nutrido contingente de efectivos policiales y con la colaboración de fuerzas militares, pertenecientes al Grupo de Artillería 141 ‘José de la Quintana’”.

Allí el jefe le ordena a su compañero que siga hacia Alta Gracia. Los fugitivos se separan.

La captura

Más adelante, el informe elaborado en la comisaría de Alta Gracia consigna que “alrededor de las 16 horas del día de ayer (29 de julio), personal adscripto a este departamento, secundado por el Comando Radioeléctrico, procede la detención del joven Jorge Alberto Cottone, argentino, 23 años de edad (…) que se lleva a cabo en el lugar denominado Las Higueritas, proximidades de la localidad de Anisacate y cercano al camino que une esta población con el Grupo de Artillería de José de la Quintana”.

A las 16:35 y delante de los periodistas, lo ingresan a la comisaría de Alta Gracia, donde es sometido a una golpiza con más furia que afán indagatorio, y a las 18 lo trasladan a Córdoba capital. Cottone aún recuerda la burla de los policías durante el viaje:

—Cómo te salvaste cagando, eh. Mirá si te agarraba el Ejército, te iban a hacer mierda.

Así finalizaba una amplia crónica titulada Tenaz persecución de extremistas en Córdoba, publicada el día siguiente en el diario La Nación: “Las posibilidades de escape de los guerrilleros se reducían hora a hora, pues el cerco se fue estrechando implacablemente (…) Cottoni (sic) fue encontrado en las inmediaciones de la iglesia en estado de extenuamiento. Se han despachado comisiones policiales a revisar el sector indicado por el guerrillero detenido, con el fin de ubicar al compañero, quien –según versiones circulantes– se presume habría dejado de existir”.

El hallazgo

En la madrugada del 21 de agosto, el paisano Secundino Roque Domínguez cabalgaba por la ruta 36 a la altura del paraje Agua de la Negra, entre las localidades de La Serranita y Villa Ciudad de América, cuando su perro encontró, en la alcantarilla de una vertiente a pocos metros del camino, un cadáver ya descompuesto y con las piernas desgarradas, como si hubiera sido atacado por animales salvajes. Horas después, la policía relevaría con el cuerpo las llaves de un auto, un reloj pulsera Tissot, un cargador de pistola 9 mm, un cortaplumas, 201.200 pesos moneda nacional, una cédula de identidad y un carnet de conductor de la provincia de Buenos Aires, una credencial de “enviado especial” de la revista 7 Días y otra de “supervisor” de la empresa Celulosa Argentina –todos los documentos a nombre de Luis Ourfali–, junto a un revólver Smith & Wesson, calibre 38 largo, de caño corto, “con cinco proyectiles, uno de ellos utilizado”.

Ya ese primer informe de la comisaría de Alta Gracia indicaba “un pequeño orificio al parecer de bala, por debajo de la tetilla izquierda, posible causa de su deceso”, y añadía: “A unos doscientos metros hacia el sur hace aproximadamente un mes había chocado un ómnibus ocupado por dos guerrilleros, uno de ellos detenido, quien informara que su acompañante se encontraba herido de bala por las inmediaciones, sindicándose el presente hallazgo como el presunto individuo”.

El informe de la autopsia realizada por la Policía Federal de Córdoba y elevado al tribunal el 30 de agosto indicaba que la causa de la muerte “se ignora con exactitud por lo avanzado de la putrefacción pero se tiene la evidencia de los disparos de armas de fuego”, uno en el antebrazo y otro en el tórax. Por orden del tribunal, se amputaron las manos del cadáver y se las envió para analizar las huellas digitales a la División Identificaciones de la Policía Federal en Buenos Aires, que el 2 de septiembre informó: “Conforme los postulados de la Ciencia Papiloscópica, se logró determinar que los calcos digitales obtenidos correspondían a José Sabino Navarro (…) identificado en esta Policía Federal, con prontuario C. I. n° 5.815.329”.

 

 

Al día siguiente, Elsa Navarro de Seillán reclamó ante la Cámara Federal Penal el cuerpo de su hermano menor “a efectos de darle cristiana sepultura, oponiéndose terminantemente a la entrega del cadáver a otro familiar, con la sola excepción de la esposa del mismo, de la que carecen de noticias desde hace más de un año”. El juez Jaime Lamont Smart la autorizó a retirarlo de la morgue judicial del Hospital San Roque en Córdoba capital. Así la familia recuperó el cuerpo, hoy sepultado en el cementerio de Olivos.

“Navarro, herido, se aleja y esta fiscalía cree que se suicida de un disparo en el corazón, ya que él tiene dos disparos, uno en el brazo y otro en el corazón, y si hubiera sido el primero el disparo en el corazón no hubiera podido conducir”, será la conjetura del Ministerio Público, no contrariada por los jueces, ni la organización revolucionaria, ni los sobrevivientes.

 

El jefe obrero

Nacido en Corrientes el 11 de diciembre de 1942, José Sabino Navarro fue uno de los fundadores de Montoneros. No participó –al menos no en forma directa– en el secuestro y ejecución del general Pedro Eugenio Aramburu, pero encabezó varias acciones guerrilleras y sobrevivió al tiroteo en la pizzería “La Rueda” de William Morris, donde murieron Abal Medina y Ramus. Ese día se convirtió en el jefe máximo de la organización. Estaba casado con Josefa Pina Mateika, con quien tuvo dos hijos.

A pesar de su arrojo y capacidad para la acción armada, a pesar de la excesiva confianza en su intuición, Navarro privilegiaba la construcción política y nunca soslayaba la dimensión clasista, aspecto en el que coinciden la mayoría de los autores que abordan la etapa de la organización que lo tuvo como protagonista y los entrevistados para esta crónica.

En el ya clásico ensayo Soldados de Perón. Historia crítica de los montoneros, el historiador inglés Richard Gillespie señala que casi todos los integrantes del grupo fundador “provenían de familias acomodadas”. En cambio Navarro, “por pertenecer a la clase obrera y a la vez a una familia de indiscutible raigambre peronista, era la única excepción a la regla general. Su padre lo había llevado, cuando sólo tenía dos años, a escuchar los discursos que Perón dirigía a las masas, y su madre pudo salvar la vida gracias al avión que Evita envió a Corrientes para trasladarla a Buenos Aires con el fin de que la operasen. A finales de los años ‘60, ese futuro líder montonero se había convertido en un activo sindicalista con el cargo de enlace sindical, e hizo lo posible para que los pretendidos militantes Dirk Kloosterman y José Rodríguez fueran elegidos para dirigir el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). Los nuevos líderes le causaron una gran desilusión. Corrió la voz de que habían colaborado con la dirección de la fábrica de coches DECA (Deutz Cantábrica) para que, en 1969, lo despidieran: toda esa experiencia condujo a Sabino Navarro, durante el mismo año, a formar un pequeño grupo armado para lanzarse a la guerra de guerrillas”.

A su vez, María O’Donnel en Aramburu lo define como “inequívocamente peronista” porque “había vivido experiencias y había sido testigo de hechos que la mayoría de los Montoneros de clase media solo habían conocido por el relato de terceros. No había entrenado en Cuba ni tenía la formación intelectual de otros dirigentes, pero su historia personal, su origen obrero y su entrega revolucionaria le daban todas las credenciales que podía necesitar”.

En su tesis Montoneros. El mito de sus 12 fundadores, Lucas Lanusse destaca su militancia en la Juventud Obrera Católica (JOC), sus vínculos con Juan García Elorrio –director de Cristianismo y Revolución– y exponentes de la izquierda peronista como John William Cooke, Fernando Alberte y Gustavo Rearte. “En agosto de 1968, Sabino participó del primer Congreso del Peronismo Revolucionario y en enero del año siguiente concurrió al Plenario Peronista de Pajas Blancas –refiere Lanusse–. Para ese entonces, ya no le quedaba ninguna duda de que era necesario iniciar de inmediato la lucha armada como complemento del frente sindical y político. Junto con el resto de la Tendencia Revolucionaria, defendió ardientemente esta postura en el Plenario, aunque otros abogaban por el fortalecimiento de la clase obrera militante como requisito previo esencial, o insistían en el fortalecimiento de la CGTA (Confederación General del Trabajo de los Argentinos). Dos meses más tarde, se produjo una de las últimas apariciones públicas de Sabino, cuando fue invitado por gente del Peronismo de Base a Córdoba a intervenir en un conflicto en la empresa Renault. Sabino fue uno de los oradores en una asamblea en puerta de fábrica”.

En Navarro se sintetizaban también las contradicciones que atravesaron la experiencia histórica de Montoneros. Así lo planteaban los integrantes de la corriente interna que llevó su nombre, en el llamado Documento Verde, redactado en la prisión chaqueña de Resistencia y dado a conocer en julio de 1972: “Hay una contradicción entre nuestra práctica foquista y el desarrollo de las fuerzas revolucionarias. Hay una contradicción entre nuestra práctica foquista y la concepción de Guerra Popular Prolongada que surge como más acorde con la realidad y la tarea a desarrollar”.

“Lo conocí después de la muerte de Fernando Abal Medina. Quedó como jefe nacional nuestro. Es uno de los responsables que uno más recuerda de los jefes históricos. Está ahí como una especie de único dentro de todos los jefes (…) Sabino es el primer cuadro de conducción de jefatura nuestra que recorre el país. Es el tipo que logra armar la organización, logra convencer y encuadrar todas las voluntades en una sola fuerza (…) La relación entre la estructura de cuadros y el trabajo de masas no tenía continuidad. El Negro se fue a Córdoba porque no pudo salir de la crisis. ¡El jefe montonero va donde está la crisis! Donde está lo más difícil y al frente. Y así lo perdimos al Negro”, expresa Fernando Vaca Narvaja, en su testimonio para el libro Sabino Navarro: pasión revolucionaria, de Justo Pereira.

En octubre de 1970, un mes después de su detención en William Morris, Luis Rodeiro –uno de los autores del Documento Verde– le escribió a Sabino Navarro una carta desde la cárcel de Resistencia. Le agradecía su “gesto solidario” de mandarle un mensaje y preocuparse por él y le contaba que “ya no hay golpes ni picana ni interrogatorios”, pero lo que “duele hasta el alma es la soledad”. Al final, planteaba: “En cuanto a lo político, no puedo negarte –además ya habíamos hablado al respecto en libertad– que tengo dudas que me preocupan. De lo que estoy seguro es que somos hormigas contra un elefante: ¿no habría que intentar comerlo despacito, de a poco y sin apuro? La violencia no es todo. La autosuficiencia, la soberbia, nunca ha sido de mi agrado. Querido José, negrura mundial, ya habrá tiempo y oportunidad de conversar. Cuidate. Un abrazo”. La carta nunca llegó y la conversación no pudo ser.

 

 

Después del fin

Jorge Cottone y Cecilio Salguero fueron sentenciados el 22 de diciembre de 1971 a 18 y 14 años de prisión, respectivamente, por la Cámara Nacional Penal –llamada “Camarón” o “Cámara del Terror”– presidida por Jaime Lamont Smart, ante quien denunciaron haber sido torturados y amenazados por la policía. Ambos recuperaron la libertad con la amnistía dictada por Héctor Cámpora el 25 de mayo de 1973. Salguero fue secuestrado el 9 de marzo de 1977 y pasó por los campos de concentración de La Perla y La Ribera y las cárceles UP1 de Córdoba, U6 de Rawson y U9 de La Plata, hasta su liberación el 24 de julio de 1984.

El entonces juez Smart fue Ministro de Gobierno de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar. El 19 diciembre de 2012, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata le impuso la primera condena a prisión perpetua contra un miembro civil de la dictadura por crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto represivo conocido como “circuito Camps”. El 24 de octubre de 2014 recibió la misma condena por su participación en los secuestros, torturas y homicidios cometidos en el centro clandestino de detención “La Cacha”.

Los abogados Roberto Sinigaglia y Mario Hernández, defensores de Cottone, Salguero y otros presos políticos, fueron secuestrados y desaparecidos en operativos simultáneos del Ejército en Capital Federal y en Beccar, el 11 de mayo de 1976.

Graciela Doldán y Rosa Kreiker cayeron en manos de la patota del campo de concentración y exterminio de La Perla, en Córdoba, el 26 de abril de 1976. Ambas permanecen desaparecidas.

 

La despedida

En uno de los escasos momentos de calma, durante su escapatoria por las sierras de ese Valle de Calamuchita hoy sobrepoblado de turistas, Jorge Cottone y Sabino Navarro dialogan en confianza.

—¿Vos cómo entraste a la organización? –pregunta Navarro.

—Soy estudiante y como católico me empecé a interesar por lo social, por las injusticias, y así me acerqué al peronismo y a esta opción. ¿Y vos?

—Yo siempre fui peronista, porque siempre fui explotado. Yo nací y fui obrero toda la vida. A mí nadie me tuvo que decir ni tuve que leer lo que es la explotación.

—Claro, nosotros tuvimos que aprender a ser violentos –admite Cottone.

—La violencia nació conmigo –sentencia Navarro–. Che, ¿y vos qué opinás? ¿Salimos?

—¡Sí! ¡Claro que vamos a salir!

—Sí, porque yo no puedo caer vivo.

Días después, herido, agotado y rodeado por el cerco represivo, le pide a su compañero antes de cumplir su vaticinio:

—Dales un abrazo a mis hijos y deciles cuánto los quiero. Yo sé que no les va a faltar nada, porque la revolución les va a dar educación, salud y todo.

Réquiem del montonero proletario

La inteligencia sangrienta

9º JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD -MENDOZA

AUDIENCIA 53 / LA INTERVENCIÓN DIRECTA DEL DESTACAMENTO DE INTELIGENCIA

06-08-2021 | Se escucharon dos testimonios. Primero declaró Domingo Gilli, primo del exconscripto José Dimódica, quien murió en circunstancias sospechosas cuando estaba de guardia en Las Lajas. A continuación, Claudia Domínguez Castro relató lo que pudo reconstruir sobre las circunstancias de su apropiación y entrega por parte de Carabajal, integrante del Destacamento de Inteligencia 144. La próxima audiencia será el viernes 20 de agosto a las 9:30.

Durante la mañana, se presentaron ante el tribunal dos testigos: Domingo Gilli de manera presencial y Claudia Domínguez Castro de manera virtual. Los testimonios de hoy apuntaron a recabar información sobre la participación de la Fuerza Aérea y el Destacamento de Inteligencia del Ejército en la represión local.

Sobre la sospechosa muerte del conscripto José Dimódica

Domingo Gilli declaró en instrucción en 2007 por la dudosa muerte de su primo José Dimódica Gibanto en Campo Las Lajas, en 1979. Años más tarde, en 2017, varias personas de las familias García y Gibanto fueron convocadas a testimoniar en el debate oral del sexto juicio de Mendoza.

En esta ocasión, Gilli explicó que José Dimódica era cabo armero de la Fuerza Aérea Mendoza y realizaba guardias en Campo Las Lajas. Un sábado a la noche el testigo y dos primos —Jesús Gibanto y Juan Manuel García— iban a reunirse con él para comer un asado en un puesto ubicado antes del predio de la Aeronáutica, donde había una tranquera, pero el puestero —que conocía a su primo— les indicó que José había tenido un accidente al mediodía y había sido trasladado a un hospital. Supusieron que se trataba del Hospital Militar, en calle Boulogne Sur Mer, pero allí no se encontraba.

Domingo Gilli
Domingo Gilli

Desde el hospital se comunicaron con la IV Brigada Aérea, quienes informaron que a Dimódica “se le había escapado un tiro”. La familia de Dimódica se presentó en la IV Brigada, donde militares de rango les indicaron que José sería velado en la casa de una tía en Guaymallén. El testigo indicó que pudo asistir el segundo día y que había mucha gente.

Daniel Rodríguez Infante leyó parte de la declaración testimonial de Gilli en instrucción, en la cual refería que miembros de familia habían recibido amenazas cuando quisieron investigar sobre la muerte de José, pero el testigo no recordó los hechos.

La llegada de Claudia a la familia Bozzo Reitano: “De eso no se habla”

Claudia Domínguez Castro declaró por primera vez en un juicio donde se investiga el secuestro y desaparición de su mamá y su papá, Gladys y Walter. Su testimonio fue fundamental para esclarecer el rol de Inteligencia en la dictadura: su participación directa y sistemática en el plan represivo.

Su ingreso a la familia Bozzo Reitano estuvo directamente ligado a Héctor Segundo Carabajal, cuñado de Antonia Reitano e integrante del Ejército. Claudia pudo reconstruir bastante bien aquel proceso entre lo que le dijeron antes de que se restituyera su identidad, durante el juicio por su apropiación y con todos los datos que fue recabando. Carabajal, pudo asegurar, fue quien la ofreció al matrimonio y la entregó.

Antes del nacimiento de Claudia, sabían que Carabajal cumplía funciones en el Ejército —primero en Buenos Aires, después en Uspallata— pero no conocían bien su trabajo, “todos tenían dudas”. El dato de mayor interés para corroborar esto lo obtuvo cuando tuvo acceso al legajo de Carabajal. Le llamó la atención que de tocar un instrumento en la banda de música —según sabían— lo enviaran en comisión a Mendoza.

“Recuerdo haber leído en una libreta las situaciones de revista que él tuvo y el momento en que es enviado en comisión a Mendoza”, aportó la testigo. A partir de allí asoció las fechas de las designaciones con los sucesos en la familia Bozzo Reitano de los que tenía conocimiento y armó una cronología: el ofrecimiento “de un bebé” a su familia de crianza se había producido en diciembre del 77 —mes del secuestro de Gladys Castro y Walter Domínguez—, poco después de que el integrante de Inteligencia arribara a la Ciudad de Mendoza.

El relato familiar decía que les habían hablado de una mujer que “estaba sola, embarazada. No se sabía si iba a ser varón o nena, que no lo iba a querer y que nacería aproximadamente en el mes de marzo”, precisó Claudia. El marido “había fallecido” y ella “no podía o no quería tenerlo”. Según la partida de nacimiento, Claudia nació el 13 de marzo de 1978. Coincide con la fecha probable de parto que le dijo su abuela Angelina: “Después del 10 de marzo”. Ella había llegado con una indicación —no sabe si escrita u oral— de que debían dejar registrado que Antonia había dado a luz en el domicilio.

Sin embargo, Claudia recuerda que Julio Bozzo negó en, al menos, dos oportunidades la participación de Carabajal. La última vez fue en 2015, cuando ya la habían llamado para comentarle las irregularidades de su partida de nacimiento y la posibilidad de que fuera una de las más de 500 niñas y niños apropiados durante la dictadura.

Con su identidad restituida, un día antes de que Claudia conociera a sus abuelas, Antonia y Julio le admitieron que Carabajal había tenido algo que ver. Según le explicaron, no le habían dicho la verdad para cuidarla, por el contexto siempre “turbio” de Carabajal: deudas, amenazas, extorsiones a su alrededor. Ella reflexionó: “Sabía que había algo turbio ahí con él y no entendía por qué lo habían escondido”.

En ese tiempo Claudia también descubrió por qué Julio Bozzo llevaba años distanciado con Héctor Carabajal. A través de un llamado telefónico, había sido víctima de una extorsión: “Si no entregaba o devolvía no sé qué, iban a decir que Julio y Antonia tenían una hija de desaparecidos”. Bozzo intentó insistentemente averiguar con Carabajal de qué se trataba esa extorsión, pero nunca lo consiguió.

Las pistas para relacionarlo con su desempeño en el Destacamento de Inteligencia 144 son innumerables. En la familia nunca se supo bien a qué se dedicaba Carabajal —“todos tienen relatos distintos en momentos diferentes”— sabían que era militar, tenía relación con la intendencia del Ejército y participaba en fiestas de fin de año a las que solo eran invitados los integrantes de la fuerza. Sus hijos iban al Liceo Militar e incluso una prima festejó un cumpleaños en un salón de la fuerza que él consiguió. Pero Carabajal, después del 76 o 77, siempre estuvo vestido de civil.

Luego de la restitución de su identidad, Claudia supo una historia de Julio Bozzo. Él trabajaba en el correo y un día participó de una manifestación que fue disipada por las fuerzas. Luego de eso, Carabajal le hizo un comentario en la casa de Dominga —mamá de Antonia Reitano—: “’Qué poco les duró estar en la calle’ o algo por el estilo”. Julio asoció que Carabajal debía haber estado ahí porque no existía otra forma de conocer que la movilización había sido dispersada.

Otra situación “rara” que relató Claudia Domínguez Castro es una de la que se enteró por su prima Silvana, quien había hablado con su mamá, Norma. Le contó que Carabajal, en ocasiones, salía a trabajar a la noche y volvía a la madrugada. “Yo lo relacioné con el momento en que secuestraban a las personas”, aclaró la testigo. Y agregó: “¿En qué trabajo se sale a las once de la noche y se vuelve a las tres o cuatro de la mañana? Para mí, eso… Más claro, echale agua”. Él en ese momento decía ejercer en el ámbito de la seguridad privada.

Claudia intentó esbozar una explicación sobre la participación del integrante de Inteligencia en el secuestro de su mamá y su papá, como también de su apropiación y entrega. En concreto, desconoce la función específica del hombre o si fue casualidad su implicación en el caso. Tampoco sabe si Héctor Carabajal participó directamente la noche del secuestro de Walter Domínguez y Gladys Castro, pero aseguró que, al ser un plan sistemático, él “sabía dónde he estado yo, dónde he nacido, dónde estaba mi mamá, qué pasó con mi papá”.

Finalmente, Claudia Domínguez Castro, nieta recuperada 117, agradeció la posibilidad de declarar y así “acercarse a la sensación de justicia”: “Estoy esperando de cada juicio algo de información”, manifestó conmovida, para poder “cerrar estas heridas que quedan aún abiertas”. En referencia a su mamá, Gladys Castro, y su papá, Walter Domínguez, concluyó: “Me encantaría poder escuchar qué pasó con ellos, dónde se los llevaron, cómo terminaron, cuándo y dónde nací”.

La próxima audiencia será el viernes 20 de agosto a las 9:30.