7-5-2021 | Declararon integrantes de las familias Moyano y Poblete. Adriana Moyano, hermana mayor de María del Carmen, relató la persecución que sufrió su familia por la militancia de “Pichona” y la búsqueda incansable de su padre Francisco. Elsa Poblete ofreció una semblanza de su hermano Carlos. Ambas aportaron la información que pudieron recabar sobre el nacimiento de Miriam y los últimos días de Pichona y Carlos a partir de testimonios de otras personas detenidas en los centros clandestinos de detención de La Perla y la ESMA. La próxima audiencia será el viernes 21 de mayo a las 9:30.

Adriana y Elsa narraron los episodios desde la perspectiva de dos familias vinculadas entre sí por la búsqueda. Recordaron a la pareja desaparecida y refirieron el camino hasta el encuentro con su sobrina.

El parto

Adriana Moyano declaró desde Mar del Plata. Comenzó narrando el nacimiento de Miriam en la ESMA. Pichona dio a luz junto a otra parturienta, Ana Rubel de Castro. Esto lo supieron por una carta que Sara Osatinsky mandó desde Suiza aún en dictadura. La mujer, también detenida, había presenciado los partos.

“Han pasado más de cuarenta años y me sigue doliendo”. Adriana relató que al pequeño, “Rubén” [Jorge Castro Rubel], lo enviaron a la Casa Cuna. “A Miriam la mandan a Mendoza. En teoría la iban a mandar a mi casa. Tenía un tío que trabajaba en Presidencia, por conocidos había hecho diligencias para que la niña llegara a mi familia”. Concretamente, a su padre Francisco. La madre de las hermanas Moyano había fallecido.

En Comodoro Py, luego de declarar en la megacausa por los delitos cometidos en la ESMA, una mujer se acercó a Adriana y le contó que la niña, Miriam, había nacido el 10 de junio, aunque fue anotada mucho después. También se enteró de que Pichona fue atendida por el partero de la maternidad de la ESMA, de apellido Magnacco. Primero se llevaron al bebe y la beba. A los pocos días las madres fueron retiradas por Pedro “Bolita”. Años después supieron que este sujeto “tenía un quiosco en Buenos Aires”, agregó la testigo. El dato que se repitió en el mencionado juicio era que a las personas detenidas en la ESMA las subían a un avión y las arrojaban al Río de la Plata.

Al hijo de Ana Castro —que recuperó su identidad en 2014— lo conoció en Mendoza, en la presentación de un libro donde se hablaba de María del Carmen, realizado por el grupo que lleva su nombre. Eso fue poco tiempo antes del hallazgo de Miriam. Adriana relató que en esa ocasión le “saltaron las lágrimas” porque Jorge, nieto 116, nació con bajo peso pero estaba vivo. Entonces su sobrina, que “había nacido sana”, seguramente también.

“Mi hermana era un ser de luz”

El fiscal Daniel Rodríguez Infante le pidió a Adriana que hablara de María del Carmen. La mujer afirmó que su hermana “era un ser de luz”. Le decían “Pichona” porque era la menor de la familia. “Desde chicas nos enseñaron a ser solidarias con los otros, en la Iglesia estábamos en la Acción Católica, después en la Cruz Roja. Mi hermana y su grupo de amigos hicieron una acción solidaria en el barrio San Martín”.

María del Carmen estudiaba Bioquímica en la Universidad Maza, donde habían armado un grupo estudiantil. Luego se incorporó a la Juventud Peronista. La familia vivía en la calle Paraná. En la década del setenta, al volver del cine con una amiga, un día Pichona se encontró con la casa allanada pero logró escapar. Entonces estuvo itinerante en distintas casas de familiares hasta que se trasladó a San Juan con ayuda de un tío que residía en esa provincia.

Adriana relató que durante el allanamiento detuvieron a su padre, Francisco Moyano. Primero lo retuvieron en el Hospital del Carmen y luego pasó a la cárcel. “Para mi papá fue terrible esa situación”. Lo habían apresado “como rehén” para que se entregara Pichona, pero la familia se resistió: “Mi papá sabía las barbaridades que hacían en el Palacio Policial. Sabía que si caía una chica la apaleaban y violaban. Vio cómo le dieron terrible paliza a un muchacho que había sido director de Transporte, donde trabajaba mi hermana, por eso lo reconoció”, recordó.

Las capturas

En San Juan Pichona conoció a Carlos Poblete. “Se enamoraron y se unieron. Uno de mis tíos era sacerdote y les bendijo la unión. No se podían casar por los documentos”, explicó la testigo. Cuando María del Carmen se quedó embarazada, intentaron salir del país. Adriana refirió que la pareja estuvo en Buenos Aires en la casa de su abuela arreglando detalles. Querían tener a la bebé en otro lugar.

La última vez que estuvo con su hermana fue a principios de 1977. La pareja viajó a Mendoza en un “furgoncito” del correo, debajo de bolsas con cartas. El padre de Pichona había sido jefe de distrito del correo y logró que pasaran de esta forma los controles. En nuestra provincia se vieron con familiares y amistades. Adriana recuerda que dejaron regalos de Reyes Magos para sus hijos pequeños. Pichona llegó incluso a hacerse un control de embarazo con la médica Olga [Helga] Markstein de Tanenbaum. Numerosos testimonios de personas conocidas aseguran que para esa fecha vieron a María del Carmen embarazada.

Adriana explicó que la pareja fue detenida a la altura de Córdoba cuando se trasladaba a Capital Federal para salir del país. Inicialmente estuvieron en el Centro Clandestino de Detención La Perla. Esto lo supieron por el testimonio de Teresa Meschiatti, quien se comunicó con Francisco Moyano una vez recuperada la democracia. La testigo agregó: “Mi hermana estaba de casi ocho meses. Dicen que la van a trasladar a Mendoza, pero se la llevan a la ESMA. Carlos desaparece de La Perla. Lo mataron ahí, lo hicieron desaparecer”.

En la ESMA, “Miriam nació entre el ruido de cadenas”. Adriana declaró que Pichona dio a luz  encadenada: “Pasaron años y no pude leer ese testimonio sin llorar”. Por esta circunstancia, aseguró, puede entender el carácter “tozudo” de su sobrina. Respecto de los responsables de tanto sufrimiento, sostuvo: “No puedo llamarles humanos. Torturar, matar, violar. Los animales matan para sobrevivir. Ellos matan por odio. Son ‘seres’, no son humanos”.

La búsqueda

Francisco Moyano buscó intensamente. “Ayer recordaba el sufrimiento de mi padre. Iba mes a mes a presentar habeas corpus. Se recorrió todas las casas cuna del país buscando a Miriam”. También hizo gestiones con “alguna parte de la Iglesia”: Adriana explicó que ciertos sectores eran “muy cómplices de la dictadura”. “Se fue apagando su vida con la tristeza de no encontrarla”, sostuvo.

Ella, por su parte, se presentó “ingenuamente” en el Comando y en la Policía: “Se me reían en la cara”, aseguró.

La reconstrucción de un vínculo

Adriana refirió que el proceso de acercamiento con su sobrina fue paciente y no estuvo exento de dificultades. Inicialmente se contactaron por redes. Ocho meses más tarde se conocieron en Mendoza: “La esperamos con mucha alegría, toda la familia, a tomar el té en mi casa”, recordó. Después la invitó a pasar unos días con ella en Mar del Plata: “Vino con su niño, la pasamos muy bien”.

La mujer aseguró que “las relaciones no se pueden construir sobre mentiras”, por eso le cuesta entender el afecto que su sobrina siente por las personas que la apropiaron. “Nos conocemos poco. Pero es la hija de mi hermana y quiero tener una relación (…) Más allá de cualquier cosa que suceda, quiero reiterarle a Miriam que siempre voy a estar para ella”, concluyó.

Elsa Poblete

A continuación, declaró desde San Juan la hermana menor de Carlos Simón Poblete, Elsa, y lo recordó junto con su cuñada. Carlos era “un importante” estudiante de la Facultad de Ingeniería: “No solamente como alumno sino por su dedicación en el centro de estudiantes y su militancia social permanente”. Así fue como se conoció con María del Carmen “Pichona” Moyano. “Mi hermano no solamente estudiaba sino que destinaba su tiempo a pensar en el otro, en el necesitado, en ayudar, en trabajar para combatir el analfabetismo: daban clases por las noches en villas y barrios carenciados —se explayó—. Esta misión social para nosotros era un orgullo”.

Elsa Poblete, hermana de Carlos

23-4-2021 | Declaró brevemente en juicio la principal víctima de esta causa: Miriam Lourdes, hija de “Pichona” Moyano y Carlos Poblete, nacida en la ESMA y apropiada por el exagente de inteligencia Armando Fernández y su esposa, Iris Luffi. La mujer conoció su identidad en 2017 luego del análisis genético al que inicialmente se resistió. Fiscalía y querella omitieron interrogarla para no revictimizar, no así las defensas. La próxima audiencia será el 7 de mayo a las 9:30.

Antes de oír el único testimonio de la jornada, Alejandro Piña, presidente del tribunal, consultó si las partes estaban de acuerdo en omitir la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo. Como el documento no difiere sustancialmente con el del Ministerio Púbico Fiscal, la abogada querellante Viviana Beigel, al igual que fiscalía y defensas, mostró conformidad. Se declaró entonces abierto el debate. El juez Piña ofreció la palabra a las personas imputadas pero decidieron abstenerse. Se leyó luego la breve declaración de Santiago Abelardo Garay en instancia de ampliación indagatoria que se refirió la audiencia pasada al leer la requisitoria.

Las palabras de la nieta 127

Miriam Lourdes Fernández declaró en sala. Relató a pedido del tribunal parte de su vida: “Soy la cuarta hija de un matrimonio, mis padres adoptivos [Armando Fernández e Iris Luffi] tienen tres hijos varones y tres hijas mujeres”, comenzó. “Mi infancia fue hermosa, rodeada de una familia con hermanos, en un barrio, como cualquier niño normal”. En la adolescencia, “cuando tuve más noción de la vida fueron surgiendo dudas sobre mi identidad y mi vida. Con mis hermanos lo charlábamos mucho”. Explicó que entrada la secundaria la duda fue mayor: “Decidí enfrentar a mi papá y preguntarle mi historia, si era hija biológica de ellos (…) Me dijo que no, y me contó su historia. Fue una charla entre los dos. Yo con mi papá tenía mucha confianza y hablaba mucho. Me contó qué había pasado y me dijo que él iba a apoyarme en la decisión que tomara para saber mi historia”.

Miriam no quiso averiguar más: “Le dije que no me interesaba, que yo estaba bien así, que era feliz y que iba a seguir esa vida”. Agregó que sus hermanos y hermanas no entendían esa negativa. “Hasta el día que supe del ADN no me interesó saber sobre mi origen. Es más, traté muchas veces de evitar que se supiera”. Explicó que con Iris Luffi no pudo hablarlo porque era “más susceptible”: “Ahora que soy madre puedo llegar a entender esos silencios y respetarlos”, sostuvo. “A mi mamá la tuve al margen”, concluyó.

En cuanto a su presencia en los juicios donde se juzgó a Fernández, declaró que se expuso para interiorizarse: “Conocí mucho la historia”. Respondió al tribunal que asistía a todas las audiencias: “Escuché todo (…) No me llamó la atención”.

Cuando su hijo tuvo una “edad madura para entender la situación”, a sus catorce, decidió contarle. “Fue antes de que saltara mi identidad. Tenía derecho a saber mi historia, por más de que yo no la supiera completa, sabía de dónde venía”, explicó. Le dijo que era adoptada y que era un tema muy delicado y aclaró que ella “iba a hacer” a medida que el niño necesitara “conectar” con su identidad. Según la mujer, a él tampoco le hizo falta.

El presidente Piña quiso saber cómo había sido el proceso para llegar al ADN. Miriam refirió que fue a través de una denuncia en 2012. Años más tarde, en 2017, llegó una notificación a su casa: “Habían llegado varias (…) pero nunca lo asocié a lo mío, lo asocie con lo de mi papá”. Un día se cruzó con la persona que la entregaba. El documento “no decía nada”: “Como ya conocía mi historia y sabía cómo se manejaba esto, llamé a los abogados”, continuó. Le indicaron que era un procedimiento normal, pero ella siguió investigando. Se enteró de que venía gente de Buenos Aires a hacerle el ADN: “Yo no quise, prácticamente me escapé”. Preguntó en el juzgado si era obligatorio y como la respuesta fue negativa, no se presentó. Tres meses después volvieron a notificarla. “No puedo estar ocultándome y actuando como una delincuente que no soy”, pensó.  Les dijo a sus padres que su decisión era “hacerle frente” a lo que viniera.

Por último, relató que en octubre de 2017 le hicieron el análisis de ADN y en diciembre de ese año el juez le informó sobre su origen. Piña consultó si tenía contacto con la familia biológica y Miriam aclaró que únicamente mantenía relación con la familia materna.

No revictimizar

Cuando fue el turno de realizar preguntas, tanto la fiscalía como la querella decidieron abstenerse. Rodríguez Infante señaló que era un juicio difícil, que la mujer era testigo-víctima y tenía vínculo con las personas acusadas y le agradeció su testimonio. En la misma dirección, Viviana Beigel destacó que la intención de la querella era no revictimizar.

Por el contrario, la defensa indagó sobre cuestiones familiares. Miriam se explayó: “Desde los dieciséis años, en mi cabeza juzgué y prejuzgué la situación de mis padres biológicos y adoptivos. Llegué a una etapa donde dije ‘hay que conciliar, hay que hacerse cargo de su historia’ (…) Al principio estaba muy reacia a toda mi historia y todo mi origen. Aflojé y permití conocer mi historia. Parte de eso fue irme a la ESMA, conectarme donde estuve, donde nací (…) Yo creo que ahí fue el click que me hizo decir ‘soy parte de la historia y me tengo que hacer cargo’. Y concluyó: “Me costó mucho conectar”.

Explicó que pudo vincularse con la familia biológica materna: “Hay cosas buenas, logré conectar con una tía, una hermana de mi mamá. Obviamente la relación es muy difícil. Tenemos que ser muy cuidadosas las dos para no herir susceptibilidades de un lado y del otro (…) En teoría está todo bien. Ella actualmente está viviendo en Mar del Plata, la pandemia y la distancia no permiten que formemos lazos”. También se refirió a la “lucha genuina de Abuelas de encontrar a los nietos”. “Lo apoyo y es súper valioso”, sostuvo.

El defensor oficial Santiago Bahamondes preguntó si alguien de su entorno habló sobre apropiación o mencionó que había nacido en la ESMA. Miriam negó que Armando Fernández conociera su origen: “Si supiera obviamente hubiera hecho algo para restituirme (…) Después de tres hijos varones y con un hermano de un añito, no tenía mucho sentido apropiarse de una niña si no hubiera otras causas”. Remarcó que la decisión de no hablar más del tema en la familia fue de ella. Con sus hermanos, con otra confianza y en otro contexto, sí lo conversó.

Terminó su declaración indicando que estaba “luchando” por el apellido y que Fernández, después de verla sufrir por esa situación, le recomendó que lo cambiara, porque eso no modificaba su pertenencia familiar. La mujer explicó que una apropiación involucra a mucha gente, no solo a quienes la “adoptaron”, y que ella buscaba “preservar” a su familia.

La próxima audiencia será el viernes 7 de mayo a las 9:30.

26-03-2021 | Se leyó la mayor parte del requerimiento de elevación a juicio, que comienza con el repaso del delito de apropiación de niños y niñas. A continuación se refirió el secuestro del matrimonio Poblete-Moyano y las circunstancias del nacimiento y apropiación de su hija. Finalmente, se reconstruyó el organigrama del aparato represivo y la responsabilidad de dos de los imputados. La próxima audiencia es el viernes 9 de abril a las 9:30

Luego de la audiencia anterior, en la que se conocieron las partes y se identificó a las personas imputadas, comenzó la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por la fiscalía. El secretario del tribunal, Esteban Faoro, fue el encargado de esta tarea.

El tribunal decidió no leer en esta ocasión la primera parte del requerimiento, que narra el contexto histórico general, ya que ha sido relatada en más de una ocasión en juicios anteriores, e incluso referida como parte de los alegatos. Por eso se abordó directamente el segundo punto, relacionado con el contexto particular de la apropiación de niños y niñas.

Contexto vinculado con la apropiación de niños y niñas

El plan represivo estatal orquestado por la última dictadura se concretó, también, a través a la apropiación de hijas e hijos de las personas detenidas, secuestradas y, casi en la totalidad de los casos, desaparecidas. El hecho estuvo consumado cuando, luego de robar a los niños y niñas, se les privó de su identidad, de la crianza en su familia biológica y del conocimiento acerca del paradero de padres y madres desaparecidas.

Para hacer referencia a este punto, el requerimiento trajo a colación la sentencia por la causa “Franco” del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital Federal, conocida como “Plan sistemático de apropiación de menores”. El fallo acredita la existencia de una “práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de diez años”.

La característica en común es que todos estos hechos se producían en absoluta clandestinidad y solo se ha llegado a reconstruir parcialmente la trama. Los y las menores siempre fueron retenidas en situaciones donde intervinieron las fuerzas estatales y, a pesar de que sus familias reclamaban por ellas, nunca fueron entregados. La información reunida fue producto de la búsqueda de las familias o de los organismos de derechos humanos.

Existe jurisprudencia nacional e internacional para considerar la apropiación de menores como un delito de lesa humanidad. Por el contexto de violación de derechos humanos sistemático y generalizado, se desprende la imprescriptibilidad a la hora de ser juzgados.

Un ejemplo es lo resuelto por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en la sentencia “Ricchiuti”, que llegó a la conclusión de que estos delitos habían sido cometidos en el marco del delito de lesa humanidad de persecución, en este caso, por razones políticas. La apropiación es una consecuencia directa de la desaparición de los/las progenitores.

Porque, de hecho, “al menos en los casos en los que la persona colocada en esa situación de desaparición da a luz un hijo durante su cautiverio”, se ocultan datos de las condiciones y lugar del nacimiento y la identidad de la madre, como también se elaboran documentos ideológicamente falsos que borran todo registro para que ni la mujer ni su hijo o hija puedan ser rastreadas.

A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también abordó el tema de la sustracción de menores y la sustitución de identidad. Particularmente, el requerimiento nombra el caso de la nieta de Juan Gelman, María Macarena Gelman, y sostiene que el delito “solo cesa cuando la verdad sobre su identidad es revelada por cualquier medio y se garantizan a la víctima las posibilidades jurídicas y fácticas de recuperar su verdadera identidad”.

Los hechos de este juicio

Algunos hechos del secuestro de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, y de la apropiación de su hija, ya han sido investigados por el Tribunal 6 de la Capital Federal. En la sentencia antes mencionada se detalló que la hija del matrimonio nació alrededor de junio de 1977 en la ESMA, donde estaba clandestinamente alojada su madre, quien, cuando fue secuestrada en abril o mayo de ese año, cursaba un embarazo de aproximadamente siete meses de gestación.

La pareja era investigada por la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) desde 1975 y tenían fichas personales con la carátula “DS” (delincuente subversivo). Adriana Moyano, hermana de “Pichona”, fue un testimonio clave en aquel juicio, en el que declaró que “Pichona” militaba en la Juventud Peronista (JP) y vivía en Mendoza junto con su papá y su mamá. A fines del 75, las fuerzas de seguridad allanaron esa casa y detuvieron a su padre.

El hombre, por su trabajo como telegrafista de la Policía de Mendoza, tenía conocimiento de la represión clandestina e hizo llegar el mensaje a María del Carmen de que no regresara a su domicilio. Por tener familiares en San Juan, “Pichona” se mudó a esa provincia y conoció a Carlos Poblete, quien sería su pareja, también militante de la JP. Adriana relató que tenían contacto en la clandestinidad y vio a su hermana por última vez en febrero o marzo del 76, cuando ya el embarazo estaba avanzado.

La pareja había tomado la decisión de salir del país, pero para eso debían, primero, llegar a Buenos Aires, donde se encontrarían con personas que se lo posibilitarían. La familia, hasta llegada la democracia, pensó que lo habían conseguido. Pero la detención se había producido en el camino, en Córdoba.

Según diversos testimonios -Graciela Susana Geuna, Teresa Meschiatti-, luego de varios días en el CCD “La Perla”, trasladaron a María del Carmen en una ambulancia con la excusa de que la llevarían a Mendoza para que diera a luz pero fue derivada a la ESMA. Allí compartió cautiverio con otra mujer embarazada, Ana Rubel de Castro, con quien fue trasladada unos ocho o diez días después del parto, después de que un tal “Pedro Bolita” se llevara a sus hija e hijo.

Sara Solarz de Osatinsky y Ana María Martí, sobrevivientes, ayudaron a María del Carmen en el parto y son testimonios fundamentales de esta causa. En el tercer piso de la ESMA –“capucha” –, Solarz estuvo detenida con tres mujeres embarazadas: Ana Rubel, María del Carmen “Pichona” Moyano e Hilda “Cori” Pérez de Donda. La sobreviviente contó que, a pedido de Pichona, acompañó su parto en el mes de junio, en la enfermería de aquel CCD.

Moyano permaneció ocho o diez días en la pieza de embarazadas luego de dar a luz a su hija y, luego de que Rubel tuviera a su hijo, fueron trasladadas juntas, sin sus bebés, al Tercer Cuerpo del Ejército. Las cautivas, al parecer, no dependían del Grupo de Tareas 3 que operaba en la ESMA, sino que estaban allí por una especie de división de tareas, ya que en ese CCD funcionó la maternidad clandestina más grande de la dictadura.

Un largo camino para conseguir la restitución de la identidad de Miriam Lourdes

Una denuncia realizada por la comisión Hermanos de la agrupación HIJOS puso en conocimiento del suceso a la fiscalía. Por dos vías, les había llegado la información de que Miriam Lourdes Fernández había sido apropiada por Armando Osvaldo Fernández.

La primera fuente cuenta que Iris Yolanda Luffi, esposa de Fernández, cuando él fue detenido dijo que Miriam no era hija biológica del matrimonio, sino que había sido traída por su “padre” una noche. La segunda fuente es otra testigo que señaló que un familiar de Fernández manifestó “yo no puedo hablar, pero en esta familia hay hijos que no son hijos”.

De hecho, el nacimiento de Miriam fue acreditado ante el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas sin certificado médico de nacimiento sino por procedimiento de inscripción con testigos. Los datos de las circunstancias de su nacimiento son falsos.

Otra pista en esta búsqueda la dio el hecho de que quien fue inscripto como padre biológico de la víctima de este juicio “fue un integrante relevante en el accionar represivo en la provincia de Mendoza, condenado a prisión perpetua en función de múltiples delitos, y acusado en otras diversas causas”. Uno de los testigos del nacimiento, Eduardo Smaha, actualmente está fallecido, pero también fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad; el otro, Abelardo Santiago Garay, también integraba el D2.

Con estos antecedentes, el Ministerio Público Fiscal solicitó a Miriam la realización del estudio de ADN y la muestra de parte del Banco Nacional de Datos Genéticos fue tomado en presencia de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Las muestras extraídas presentaron un nexo biológico con el grupo familiar Poblete-Moyano de 99,999999%.

El juzgado de instrucción de Mendoza resolvió que la inscripta como “Miriam Lourdes Fernández” es hija de Carlos Poblete y María del Carmen Moyano. También declaró la falsedad ideológica de la partida de nacimiento y pidió su rectificación, tanto en lo referido a sus progenitores como en el lugar de nacimiento.

El rol de la ESMA

En los delitos vinculados con la apropiación de niños y niñas, la Escuela de Mecánica de la Armada tuvo un rol fundamental. A este lugar se le asignó, en 1975,  la misión de “operar ofensivamente contra la subversión”, bajo control del Primer Cuerpo de Ejército.

En el Casino de Oficiales de la ESMA funcionó el centro clandestino de detención. Tenía tres pisos y un sótano donde estaban las salas de torturas y la enfermería. “Capucha” era el lugar donde permanecían las personas detenidas la mayor cantidad de tiempo. En el mismo piso había una sala para guardar todos los objetos robados en los allanamientos –“el pañol”–, “la pecera”, donde usaban a las personas secuestradas como mano de obra esclava y en el pasillo estaba “la habitación de embarazadas”.

Los testimonios permiten acreditar que “las instalaciones y personal de la ESMA fueron utilizados para atender los embarazos y partos de mujeres” que fueron secuestradas tanto por el Grupo de Tareas 3 y el Servicio de Inteligencia Naval que allí funcionaron, como también por otras fuerzas y grupos de tareas de diversas jurisdicciones que trasladaban a las mujeres embarazadas al Casino de Suboficiales de la ESMA cuando se encontraban próximas a dar a luz.

El médico ginecólogo del Hospital Naval Dr. Jorge Magnacco fue quien atendió la mayoría de los partos que se realizaron allí. Las mujeres eran ayudadas generalmente por otras prisioneras.

Una vez nacida la criatura, la madre permanecía poco tiempo en este CCD. Se les solicitaba, antes de su traslado, escribir una carta que supuestamente acompañaría al niño o niña cuando llegara con sus familiares junto con un moisés. Luego, las madres eran trasladadas de la ESMA y sus bebés, víctimas de apropiación.

Más allá de que la ESMA se encargó de los partos, “si las mujeres provenían de otras fuerzas, eran retiradas de allí por esta, configurándose así en fuerza de pertenencia de las jóvenes, y de sus niños recién nacidos, siendo su supuesto destino, el lugar de cautiverio anterior”.

Responsabilidad penal

Para explicar la responsabilidad penal de las personas procesadas, el requerimiento repasó el organigrama y estructura del aparato represivo estatal: jefes y subjefes de las distintas fuerzas armadas y de seguridad, con Luciano B. Menéndez como autoridad máxima, en tanto comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, radicado en Córdoba.

El Departamento de Informaciones 2 de la Policía de Mendoza (D2) estuvo a cargo de Sánchez Camargo, Oyarzábal, Miranda y Bruno. En esa estructura, Smaha, Fernández y Garay eran personas de suma importancia y tenían clara injerencia en tareas de inteligencia. Los dos primeros participaban de la Comunidad Informativa, es decir, como enlace con las inteligencias del resto de las fuerzas.

El D2 fue protagonista de la denominada “lucha antisubversiva”. No solo recogió información y elaboró legajos personales contra quienes perseguían políticamente. Por contar con los hombres, los medios y la infraestructura, alojó al más importante centro clandestino de detención de Mendoza.

La responsabilidad de las personas imputadas

Abelardo Santiago Garay prestó funciones en el D2 desde el 18 de junio de 1976 hasta el 26 de junio de 1977, momento en el que pasó a la Dirección de Tránsito. En ese tiempo, realizó un curso sobre en la Escuela Superior de Policía y también fue destinado en comisión al Comando de la Octava Brigada de Infantería de Montaña, donde prestó servicios en la División II de inteligencia. En su desempeño se caracterizó por ser la articulación con la inteligencia y las operaciones conjuntas entre el D2 y el Comando. Fue calificado por el teniente Maradona como “sobresaliente”, “por haber demostrado idoneidad profesional, conocimiento de la tarea de inteligencia, espíritu de colaboración, voluntad y sacrificio, unidos a la lealtad evidenciada en todo momento”.

Es decir, Garay cumplió funciones operativas de inteligencia durante el secuestro, la detención y el parto de María del Carmen, y durante la apropiación de Miriam. “No es la primera vez que se prueba que integrantes de las áreas de inteligencia de las fuerzas armadas intervienen directa y personalmente en delitos de esta naturaleza”.

Como es conocido, Armando Osvaldo Fernández se desempeñó como oficial inspector del D2 desde el 8 de marzo del 71 hasta el 2 de febrero del 79, momento en el que fue trasladado a Comunicaciones. Regresó al D2 el 1 de abril de 1980. Cumplió funciones de enlace entre el D2 y la autoridad policial. También trabajaba con el Destacamento 162/144 de inteligencia y el centro de operaciones tácticas (COT).

La felicitación del jefe de la Policía consta en su legajo y deja a la luz la centralidad de Fernández en el aparato represivo: “Sr. Jefe de Policía felicita y recomienda a la consideración del personal, al causante, quien conjuntamente con demás integrantes del D-2, lograron detectar, desbaratar y posteriormente aprehender a una célula de delincuentes subversivos que actuaban en nuestro medio”.

Antes de terminar con la responsabilidad concreta de Fernández, la lectura fue pausada hasta la próxima audiencia, que será el 9 de abril a las 9:30.