A mediados de marzo de 2021, comenzará en Mendoza el juicio por la apropiación de la hija del matrimonio de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, contra el matrimonio que la apropió y la crió como su hija biológica y un allegado.
La joven recuperó su verdadera identidad en 2017, tras la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos locales que recolectaron información sobre el caso y la acercaron a Abuelas y a la Justicia. La joven nació en la Esma a fines de junio de 1977. Allí estaba encerrada su mamá, “la gorda” Moyano, mendocina, militante de Montoneros al igual que su compañero y papá de la beba, “El Tula” Poblete. Ambos fueron secuestrados en Córdoba entre abril y mayo de aquel año. Continúan desaparecidos. SERA UNO DE LOS DOS JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD QUE EMPIEZAN ESTE AÑO EN EL PAIS.
El caso fue uno de los 15 que integraron el megajuicio por el plan sistemático de robo de bebés por parte la Junta Militar que, en 2012, culminó con Jorge Rafel Videla condenado a 50 años de cárcel. En principio, el próximo 12 de marzo el Tribunal Oral Federal número 1 de Mendoza va a comenzar a juzgar a Armando Fernández, uno de los principales efectores de la represión y la tortura durante la última dictadura en la provincia –cumple condena a perpetua por su accionar– e Iris Luffy, el matrimonio que se apropió de la hija de la pareja de militantes desaparecidos, y Abelardo Garay, quien fue el testigo de la inscripción de la niña como hija biológica de Fernández y Luffy.
Los padres
Maria del Carmen Moyano
María del Carmen nació en Godoy Cruz, Mendoza, el 9 de mayo de 1954. Era la tercera de cuatro hermanos. Su familia le decía Pichona o La Gorda. Practicaba natación, jugaba al básquet y al vóley en el club Talleres. Cursó la primaria y la secundaria en la escuela Normal, donde fue una muy buena alumna.
Estudió Farmacia y Bioquímica en el Instituto Maza de Mendoza y trabajó en una oficina de Tránsito y Transporte como empleada administrativa. Empezó a militar en la villa San Martín, con un sacerdote -el padre Pedro-, quien luego también sería desaparecido por el terrorismo de Estado. En la villa se instaló un dispensario y se daba apoyo escolar.
Después del primer allanamiento en su domicilio, decidió mudarse a San Juan, a la casa de un tío. Allí conoció a Carlos, con quien formó pareja.
Carlos Poblete
Carlos era sanjuanino, nacido el 2 de noviembre de 1944. Pertenecía a una familia numerosa: tenía once hermanas mujeres. Lo llamaban “Tula” o “Guillermo” y estudió Ingeniería Civil.
La pareja compartió militancia en la organización Montoneros. Luego de seis meses de novios, decidieron vivir juntos. Entre abril y mayo de 1977, María del Carmen y Carlos fueron secuestrados en Córdoba. Ella estaba embarazada de entre ocho y nueve meses. La pareja fue vista por sobrevivientes en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Luego María del Carmen fue trasladada a la ESMA, donde dio a luz una niña. De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes de ese campo de concentración, el parto fue atendido por el médico represor Jorge Luis Magnacco. Recordamos que este genocida fue recientemente excarcelado por cumplir dos tercios de su condena, a raíz de las bajas penas que recibió. La pareja continúa desaparecida.
La búsqueda
Desde el secuestro de Carlos y María del Carmen, sus familias iniciaron la búsqueda y presentaron el caso por la desaparición de la pareja y su bebé en Abuelas de Plaza de Mayo.
En 2012, la Comisión Hermanos de la agrupación H.I.J.O.S Mendoza radicó una denuncia ante la Oficina Fiscal de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado sobre posibles casos de personas que podrían ser hijas de desaparecidos. Entre ellas, se encontraba la de quien hoy sabemos es la hija de María del Carmen y Carlos.
La Unidad de Derechos Humanos de Mendoza, en permanente interacción con la Unidad Especializada para casos de Apropiación de niños durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, llevó a cabo diferentes medidas de instrucción con el objetivo de determinar si la mujer, anotada como hija propia de un matrimonio de esa provincia, vinculado al terrorismo de Estado, era hija de desaparecidos. La investigación concluyó con el requerimiento al Juzgado Federal N° 1 de Mendoza de la prueba genética a la víctima, con la que finamente se corroboró que se trata de la hija del matrimonio Moyano-Poblete.
En el marco de una causa judicial, en octubre de 2017, esta mujer fue citada por el Juzgado Federal Número 3 de Mendoza para realizarse el análisis inmunogenético. En la audiencia judicial intervino el equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), a solicitud del juez interviniente, para colaborar en el proceso. En los últimos días, a partir del estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos, se pudo determinar que se trata, efectivamente, de la hija de Carlos y María del Carmen.
Una vez más destacamos la importancia de que quienes tienen datos sobre hombres y mujeres nacidos entre 1975 y 1980 que podrían ser hijos de desaparecidos, los acerquen o hablen con ellos para acompañarlos en el proceso de búsqueda de su verdadero origen.
Tan solo dos juicios por delitos de lesa humanidad comenzarán en 2021 de un total de 75 expedientes que están en condiciones de adentrarse en la etapa de debate oral.
A casi 15 años del comienzo del proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura, son tan solo dos los juicios por delitos de lesa humanidad que comenzarán en 2021 de un total de 75 expedientes que están en condiciones de adentrarse en la etapa de debate oral. Uno sucederá en Mar del plata y el otro en Mendoza. La pandemia de coronavirus afectó sobremanera el proceso de juzgamiento a genocidas de la última dictadura cívico, eclesiástica y militar, cuyos números en relación con su avance hace tiempo no son alentadores. Así, tras haber permanecido tres meses paralizado, el proceso registró caídas en la cantidad de sentencias emitidas en 2020, período en el que comenzaron solo 9 debates.
El 2021, sin embargo, viene peor. Por el momento, son tan solo dos los juicios que cuentan con fecha de inicio programada para las primeras semanas post feria judicial de verano, receso que culminará a fin de mes. La cifra representa el 3 por ciento del total de las causas en condiciones de ser analizadas en debates orales, 75 al momento. Según el más reciente informe elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el porcentaje de juicios agendados para el año que recién estrenado “representa un descenso significativo” en comparación con aquellos 8 que prometían comenzar en 2020 y englobaban el 11 por ciento de los expedientes elevados a juicio.