27-08-2021 | Declararon Miriam Lourdes y su hijo, Maximiliano Galas. Ambas víctimas habían solicitado al tribunal un espacio para expresarse luego de las testimoniales oídas. La jornada concluyó con un repaso por la prueba ofrecida. El defensor oficial informó que Armando Fernández deseaba ampliar su declaración indagatoria antes de los alegatos. La próxima audiencia será el viernes 10 de septiembre a las 9:30.
Miriam Lourdes declaró al iniciarse la etapa testimonial del debate. La principal víctima de la causa solicitó al presidente del tribunal una nueva instancia para explayarse, ahora también junto a su hijo Maximiliano, que presenció todas las audiencias.
Función conciliadora
Con voz por momentos temblorosa, Miriam relató parte de su vida. Al igual que en su declaración previa, se refirió a la infancia como una etapa “normal”. El primer indicio sobre su origen lo tuvo a los cinco o seis años, cuando en una “peleíta de niños” alguien dijo que ella era adoptada. Posteriormente, en la adolescencia, fueron surgiendo dudas que compartió con sus hermanos varones, que son diez años mayores y “tenían noción” de su llegada al hogar.
Entonces enfrentó a Fernández: “Ya eran muchas las situaciones, por la escuela, por los sucesos. Ahí me cuenta que no era hija biológica, que era adoptada en circunstancias no legales, pero él no sabía de mi procedencia”. Fernández se habría mostrado dispuesto a que la joven investigara, pero fue Miriam quien no tuvo necesidad.
En esa conversación, el principal imputado le explicó las circunstancias de su ingreso a la familia. Miriam reprodujo ante el tribunal un relato exento de precisiones y de nombres. Refirió que a principios de julio de 1977, cerca del aniversario del 9 de julio, Fernández estaba solo en la casa —Luffi había salido— cuando apareció un “conocido” que le planteó al exagente del D2 la situación de su empleada doméstica cama adentro. La mujer había tenido un ACV, estaba internada y su bebé recién nacida había recibido el alta. El hombre no podía hacerse cargo de la niña porque “le había salido un traslado para Buenos Aires”. En consecuencia, Fernández aceptó cuidarla hasta que fueran a buscarla.
“Mi mamá se casó a los dieciséis (…) es muy madraza, es de cuidar niños”. Además, agregó, “pensaron” en Luffi “porque era ama de casa, otras mujeres trabajaban”. Según Miriam, “era normal que ella cuidara niños de las vecinas”. Cuando regresó Luffi se encontró con “esa sorpresa” —una bebé “en un moisés con dos prendas de ropa y pañales” —, pero “era una situación provisoria”.
“Yo venía con el cordón infectado”, relató. Luffi estaba “desesperada” por llevarla al hospital. Como al día siguiente nadie fue a reclamarla, Fernández habría presentido que la situación era rara: “la persona que me llevó no existía”. Entonces, alguien aconsejó a Fernández cuáles eran sus opciones. Podía dejarla en una casa cuna pero eso implicaba que le “abrieran una causa, era mucha responsabilidad”. La otra era tratar de inscribirla y, “sobre el camino”, ir “viendo cómo encarar la situación”. Dado que “conseguir” un acta de nacimiento no era sencillo, le dijeron que buscara dos testigos que acreditaran que Luffi, que tenía 28 años, había dado a luz en su casa.
Santiago Garay era amigo de Fernández y padrino de uno de sus hijos. A modo de favor, este último le pidió que hiciera de testigo. “No podía saber si mi mamá estaba embarazada o no. Fue y firmó con la confianza en mi papá”, indicó Miriam. “Con esa partida entré a la obra social”, que habría sido el objetivo perseguido por el matrimonio Fernández-Luffi para adulterar la documentación.
Todo el relato ofrecido hizo hincapié en la inocencia de Garay y Luffi: “Mi papá engañó a mi mamá porque le dijo que [la inscripción] tenía un vencimiento, que si venían a reclamarme iba a ser entregada”. Debido a que nadie la buscó, la criaron “como una hija más”.
La mujer mencionó que a lo largo de su vida atravesó situaciones difíciles por su historia —problemas de salud y una relación compleja con el padre de su hijo— pero logró superarlas por la contención de su familia. Miriam consideró que Fernández le “salvó la vida dos veces”, cuando era bebé y luego de ese matrimonio doloroso.
“Cuando mi papá cae preso, fue muy difícil. De ser un héroe, pasó a ser lo peor para la sociedad. Para mí no”, sostuvo. “Yo solamente sé lo que fueron ellos como padres. No deja de ser mi papá, con sus errores. Yo puedo dar fe de lo que ha sido con nosotros y de lo que nos ha dado”.
A mediados de 2011 o 2012, Miriam comenzó a “tomar conciencia” de su situación. Entonces, como “militancia”, se reunió con hijos e hijas de militares. “En esa época, decir que éramos hijos de militares estaba mal visto”. Para esa misma fecha “corrió un rumor de que el gobernador iba a entregar las partidas de nacimiento a los derechos humanos” y Miriam se preocupó. “Empecé a venir a todos los juicios, a ser parte. No me gustó, sentía mucha exposición”. También se refirió a la prueba de ADN que la justicia ordenó en el caso de Irene Barreiro, hija de un militar, que terminó en un allanamiento por su negativa a realizarse el examen. “No quería exponerme a eso”, indicó.
En el 2017 recibió la notificación para realizarse la extracción. “Se me cayó el mundo —explicó—, mi miedo era mi mamá. Mi papá ya estaba condenado. Tuve que hacer locuras, me fui a Chile”. Miriam refirió que negaba tanto su identidad que, temiendo un allanamiento, cambió el cepillo de dientes y dejó ropa de sus hermanas en su casa.
Finalmente, decidió enfrentar la situación y se presentó de forma voluntaria tras una nueva citación. Luffi se exculpaba: “Yo no hice nada malo, lo único que hice fue darte amor”. Fernández, en tanto, “no sabía nada” porque no había investigado, pero “cabía la posibilidad” de que Miriam fuera una de las niñas buscadas por décadas. Recibir la noticia de su verdadero origen, “por un lado, fue una tranquilidad; por otro, incertidumbre y miedo”.
Aunque inicialmente sintió rechazo, hizo “el click” cuando fue a la ESMA, donde había nacido. “Si yo estoy en esta vida en esta postura es por algo, creo que mi función es conciliar y apaciguar ambas historias (…) Estuve desde los dos lados (…) Tratemos de bajar los decibeles”, pronunció. “No voy a recuperar a mi mamá ni a mi papá”. Miriam también refirió que se contactó con su tía materna Adriana Moyano, con quien tuvo la posibilidad de hablar y fue de mucha ayuda.
Se explayó asimismo sobre su decisión de conservar el apellido de su apropiador: “Es muy violento que te quieran cambiar la identidad de un día para el otro. Cambié mi partida, pero no quería cambiar mi apellido. Me tienen en cuenta como víctima, pero hacen humo de mis sentimientos”. Consideró que “la lucha de Abuelas es súper válida” y mencionó que entabló vínculo con la institución, ante quienes explicó su voluntad de mantener el apellido como parte de su función conciliadora. “Dentro de la búsqueda, quise saber sobre ellos. Hacer las cosas legales que corresponden. Todo lo que implica ser hija de ‘Pichona’ y Carlos”, agregó.
También relató que ese rol de conciliación lo tiene al interior de la familia Fernández: “No puedo negar el dolor. Mi hermana se enoja. ‘Hay que ponerse en el lugar de ellos’, le digo. ‘Si a mí me hubiera pasado, si a mí me hubieran desaparecido, imagínate qué hubieras hecho’. No hay que enojarse, el odio no te lleva a ninguna parte”, concluyó.
El presidente del tribunal realizó la única pregunta de la jornada. Alejando Piña mencionó que muchos testimonios se habían dirigido a Miriam y le interesaba saber qué había sentido ella al escucharlos. La mujer rescató “dos testimonios súper valiosos”: los de Adriana Moyano y Beatriz García. “No fueron declaraciones lindas”, pero aseguró que las entendía. “Tengo que respetar lo que sienten, aunque sea doloroso para mí. Ellas tampoco se tienen que enojar conmigo. Son las personas que estuvieron cerca de mi mamá”. Con Beatriz, dijo, se debe “una charla frente a frente” que se pospuso involuntariamente por la pandemia. “Ellas ven en mí a esa amiga que desapareció (…) Construyamos para adelante, desde los distintos lugares en los que estemos”, propuso.
Por último, habló de sus hermanos y hermanas, que “también la pasaron muy mal con el odio”. “Como hijos no tuvimos la culpa. Si mi papá hizo algo, que sea condenado y que lo cumpla”, sostuvo.
La voz de la generación siguiente
A continuación, y como había solicitado, intervino Maximiliano Galas, hijo de Miriam. Tiene 19 años y es estudiante de Psicología. Introdujo con la aclaración de que su mamá ya había dicho casi todo lo que él sentía: “Siento que somos la misma persona”.
Expuso que la finalidad de su exposición era “defender a mi mamá y defender a mis abuelos”, la pareja imputada por la apropiación. Relató que, desde chico, él tuvo una relación muy cercana con Iris Luffi, a quien llama “mamá Iris” y Armando Fernández, a quien le dice “tata”. Su madre, Miriam, salía a trabajar y él fue, en parte, criado por quienes considera abuela y abuelo. De chico lo cuidaban, lo alimentaban, lo bañaban.
A Luffi la considera una “segunda madre” que siempre lo apoyó y acompañó; sobre Fernández aseguró: “Es la mayor figura paterna que tengo”. “Mis abuelos me criaron a la par de ella [Miriam], “estoy orgulloso de ser quien soy gracias a mi mamá y a ellos dos”, aseguró.
En las audiencias donde se juzga al matrimonio Fernández-Luffi por el delito de lesa humanidad de apropiación de una menor, Maximiliano Galas manifestó haber escuchado “cosas que sentí injustas”. Dijo comprender el dolor de las víctimas del terrorismo de Estado pero reclamó que se entendiera al mismo nivel “lo que sentimos hacia los abuelos”.
Rebatió la idea de que su madre estuviera afectada por un posible “síndrome de Estocolmo” y destacó el hecho de que tanto Luffi como Fernández se hicieron cargo de ella desde días después a su nacimiento: “Llegó a la vida de mis abuelos cuando era bebé, habrá tenido días. Mi abuela le tuvo que curar el cordón umbilical. No es un síndrome ni manipulación porque la criaron, es su hija”. Al igual que Miriam, Maximiliano aseguró tener una familia “muy unida”, que siempre se ha brindado apoyo. Eso, manifestó, “no es al azar, se lo debemos al amor y los valores que nos enseñaron”.
Para concluir, compartió su percepción de que el proceso penal contra Iris Luffi y Armando Osvaldo Fernández está basado en cierto “odio hacia lo que pasó y lo reflejan hacia ellos”. Sobre esta idea, expresó: “Nos están perjudicando a nosotros y particularmente a mi madre que es la víctima”.
Cuando las declaraciones habían terminado, habilitó el micrófono Marcela Fernández, otra de las hijas del matrimonio imputado, con la intención de decir unas palabras. Desde el tribunal, inmediatamente silenciaron a la mujer y el presidente aclaró: “Lo siento, pero no se puede hablar”.
Repaso sobre la prueba ofrecida
Antes de terminar, se mencionó la incorporación de prueba documental muy variada: declaraciones, documentos públicos, actas, informes, legajos, fallos judiciales. Debido a que en la audiencia pasada el tribunal rechazó la idea de hacer una inspección ocular en la ESMA, se incorporarán fotografías del excentro clandestino de detención, torturas y exterminio. Por otra parte, el equipo de acompañamiento a testigos víctimas informó que Liliana Giuliani no se encuentra en condiciones de prestar testimonio.
En la próxima audiencia tendrá lugar la ampliación de la declaración indagatoria de Armando Osvaldo Fernández e iniciarán los alegatos. Será el viernes 10 de septiembre a las 9:30.
El dramatismo del juicio de los apropiadores de la Hija de Maria del Carmen Moyano y Carlos Poblete esta asuzado por las estrategias defensista recogidas por algunos medios de difusión de hablar de la familia del corazón y la familia biológia etc.
El fiscal Federal a cargo de la causa, Daniel Rodriguez es. claro en puntualizar que el debate revisa la responsabilidad de un matrimonio mendocino en la apropiación ilegal de la hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete. El matrimonio está integrado por Armando Osvaldo Fernández, del entonces Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Mendoza, y su esposa, Iris Yolanda Luffi. También está imputado el ex Policía Abelardo Santiago Garay, quien firmó como testigo el acta de nacimiento fraguada de la niña. María del Carmen Moyano estaba embarazada de seis meses cuando la secuestraron en la provincia de Córdoba. Permaneció detenida en La Perla y luego fue trasladada a la ESMA, donde dio a luz a una beba aproximadamente en junio de 1977 que pocos días más tarde fue trasladada a Mendoza.
El ministerio público fiscal es muy cuidadoso en sus valoraciones para no develar el alegato final.
13-08-2021 | Declararon Ana María Martí, Jorge Castro Rubel y Alicia Lo Giúdice. La primera fue presa política y compartió cautiverio en la ESMA con “Pichona” Moyano. El segundo es el nieto recuperado 116, cuyo parto sucedió pocos días después que el de Miriam; las madres transitaron sus embarazos juntas en cautiverio. La tercera es psicóloga, especializada en identidad, e histórica profesional de Abuelas de Plaza de Mayo. La próxima audiencia será el 27 de agosto a las 11:30.
Los testimonios de la jornada aportaron datos sobre las condiciones del cautiverio de “Pichona” Moyano y el nacimiento de su hija en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Los relatos, enérgicos y conmovedores, aportaron a la comprensión del hecho, al funcionamiento de la represión y al análisis del caso. La declaración de Lo Giúdice describió algunas regularidades del impacto de la apropiación en la subjetividad de las víctimas desde la experiencia clínica concreta de los nietos y las nietas restituidas.
La historia de Pichona Moyano y su hija contada desde hace cuarenta años
Ana María Martí fue secuestrada el 18 de marzo de 1977 y trasladada a la ESMA, donde estuvo 21 meses en cautiverio. “Teníamos en mente que si salíamos vivos de ahí íbamos a testimoniar sobre lo que nos había ocurrido”, manifestó. Obtuvo la libertad el 19 de diciembre de 1978 y ha declarado en múltiples juicios orales como la “Causa ESMA” o “Plan sistemático”. Por tratarse del primer proceso local que involucra hechos sucedidos en la ESMA, la fiscalía le pidió que incluyera una descripción del lugar.
El sótano del Casino de Oficiales era el primer lugar al que llevaban a las personas secuestradas. Martí fue torturada allí apenas llegó. En ese nivel también preparaban los vuelos de la muerte y había una enfermería. Luego la subieron al tercer piso, un lugar conocido como “Capucha, un recinto bastante grande con forma de L”. En una mesa ubicada a la izquierda de la puerta de entrada había guardias a quienes llamaban “los verdes”: eran adolescentes de 16 o 17 años que estaban ahí para aprender oficios. Desde allí se podía subir por una escalera pequeña a “Capuchita”, donde estaba el tanque de agua y ponían a la gente que había sido secuestrada por el Servicio de Inteligencia Naval.
En Capucha había celdas y “cuchas”. “Parecían un ataúd”, aseguró Martí. Tenían grilletes en los pies, capuchas en la cabeza, no podían mirar a los costados, no les permitían hablar. “Vivíamos el infierno total…”. A pesar de eso “siempre fuimos consiguiendo la manera de entender lo que pasaba ahí y logramos comunicación”.
Ana María Martí, sobreviviente de la ESMA
En ese piso había baños, dos piezas para embarazadas —una daba al río; la otra, a la Av. Libertador—, dos pañoles (el chico y el grande) que servían como depósito de lo robado. Hacia fines del 77 o principios del 78 pusieron en funcionamiento “la pecera”. Martí la conoció porque la eligieron “con un grupo que hacía trabajo esclavo”: ella era bilingüe y le hicieron traducir de la prensa francesa todo lo concerniente a la Argentina y particularmente al Mundial de Fútbol.
Ana María Martí se enteró de la existencia de mujeres embarazadas detenidas en Capucha cuando llevaba más de un mes en ese lugar. Un día, además del “sándwich naval” (un pequeño pedazo de pan con una tajada de carne) les dieron una mandarina. Cuando los guardias terminaron de repartir, le empezaron a caer a su “cajón” una mandarina atrás de otra. Una mujer le dijo “para las embarazadas” y había que seguir pasándolas. A dos metros, empezó a escuchar “gracias, gracias”. “Estábamos todos muy hambrientos porque no comíamos prácticamente nada. Pero todos dieron sus mandarinas para las embarazadas”, recordó Martí.
Empezó a conocer nombres de otras mujeres cuando el baño dejó de ser un balde de metal que traía el guardia. Alrededor de principios de mayo del 77, “explotaba capucha de gente” y empezaron a trasladarlas hasta un baño grande, en grupos de cinco o seis mujeres o varones. Allí estaban con grilletes, pero sin capucha. Había dos o tres duchas, un inodoro al fondo y un piletón con varios grifos donde lavaban su ropa interior, la estrujaban y se la volvían a poner mojada.
Las acompañaban dos guardias que en general les daban la espalda. “Ese lugar era un espacio de libertad increíble… El hecho de poder vernos, poder hablar…”, repasó Ana María. La primera vez no les permitieron conversar: “Lo que hicimos fue abrazarnos y llorar mucho. Fue muy impresionante poder mirarnos a la cara”. Después pudieron decirse sus nombres, de dónde venían, en qué organizaciones habían militado, cómo fueron sus circunstancias de secuestro.
En ese escenario pudo identificar a las mujeres embarazadas Mirta Alonso de Hueravilo, Ana Rubel de Castro y “Pichona” Moyano. De ella recuerda que hablaba mucho de Mendoza y San Juan. Supo que había estado secuestrada en Córdoba junto con su compañero, Carlos Poblete. Ya exiliada en Suiza, Ana María Martí conoció —con Sara Solarz de Osatinsky— a dos sobrevivientes de La Perla: Graciela Geuna y Teresa Meschiatti, quien recordaba a Pichona de aquel centro clandestino.
En Capucha, a las mujeres embarazadas les trajeron camas metálicas “porque ya no se podían levantar del suelo”. Martí recordó que Pichona era bastante alta y más joven que ella, que en ese momento tenía 30 años. Por el embarazo avanzado, su cara y sus tobillos estaban hinchados. Tenía el cabello castaño oscuro y los ojos tristes. “Vivíamos en un terror total, pero ella lo llevaba bastante bien. Daba la impresión de que estaba calma, de que enfrentaba la situación”. Pichona tuvo una hermosa relación con Ana Rubel, “una amistad muy linda. Se apoyaban mucho. Yo a veces las sentía reír en Capucha”. Ana estaba muy mal, había sido ferozmente torturada en la ESMA y temía que su bebé naciera con algún problema de salud. Pero “Pichona tuvo una influencia muy grande sobre Ana porque lograba calmarla”. Otra embarazada en ese recinto era María Hilda Pérez de Donda.
Más o menos a principios de junio abrieron “la pieza de las embarazadas”, que también llamaban “la pequeña ‘Sardá’”, como la nombró el director de la ESMA, Rubén Chamorro, quien iba asiduamente a visitarlas. Era una habitación pequeña que daba al río, pero tenía las ventanas tapiadas, no tenía luz artificial ni orificio de ventilación. Durante un tiempo siguieron con grilletes pero les sacaron las capuchas, las alimentaron mejor y les dieron ciertos cuidados. La testigo conoció ese recinto.
“Yo creo que ahí empezó el verdadero plan de la ESMA de convertirse en una maternidad clandestina”, reflexionó Ana María Martí. Arribaron muchas chicas secuestradas por distintas fuerzas en otros lugares del país, “con el objetivo de hacerlas parir”. De hecho, la testigo aseguró haber conocido a 16 mujeres embarazadas que dieron a luz ahí: “Me acuerdo de todas”, afirmó.
La primera vez, fue con Sara Solarz, con quien compartió cautiverio alrededor de un año y medio. Sara estuvo en el parto de Pichona —y en todos los demás— y le contó a Ana María muchos detalles: “Cuando volvió estaba destrozada, lloraba”. Pichona estaba en la pieza de las embarazadas y al empezar con trabajo de parto la bajaron a la enfermería del sótano, conocido como “el infierno. Ella parió en el infierno, su hija nació en el infierno”, expuso la testigo. Y explicó que la enfermería estaba al lado de la sala de torturas, a no más de un metro y medio, que funcionaba todo el día. De allí salía la patota a secuestrar; allí llegaban las personas secuestradas, “a los golpes y a las rastras”, siempre con grilletes. Durante el parto, Pichona pidió que se los sacaran a Sara porque hacían un ruido que le resultaba insoportable pero no le hicieron caso. “Era el peor lugar del mundo donde tener un hijo”, lamentó Martí.
Pie de imagen: Así comienza el testimonio de Sara Solarz de Osatinsky, Alicia Milia de Pirles y Ana María Martí brindado en octubre de 1979 ante la Asamblea Nacional francesa. El documento fue publicado por la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHu) en 1980, bajo el nombre de “Testimonios de los sobrevivientes del genocidio en Argentina“.
Pichona fue atendida por Magnacco, acompañado por otro médico cordobés, Martínez Pizarro. También había un enfermero. “Al verse sola entre los represores”, Pichona se asustó, empezó a gritar y pidió que estuviera Sara. Ella “tenía un carácter dulce”, más de 40 años y había atravesado dos partos. “Todas esas condiciones se reunieron para que las chicas embarazadas la tomaran un poco como su mamá”, aseguró Ana María Martí.
María del Carmen Moyano fue devuelta a la pieza de las embarazadas y estuvo con su hija alrededor de una semana. En esos días Ana Rubel dio a luz a su hijo y la dejaron con el bebé en la misma habitación. Uno o dos días después se las llevaron a ellas. De allí desaparecieron, pero quedaron el niño y la niña con María Hilda Pérez de Donda un tiempo más.
Sara preguntó por ellas a “Pedro Bolita” —un suboficial encargado del traslado de personas detenidas y particularmente de embarazadas—, quien respondió que habían sido derivadas al Tercer Cuerpo de Ejército. Pero “de Pichona no supimos nunca más nada”, afirmó Martí. La testigo añadió: “‘Los pedros en la ESMA eran suboficiales. Los llamaban así porque tenían llaves de todos los lugares. Y eran los que trasladaban a los detenidos de un lugar a otro. A él le decían ‘Pedro Bolita’ porque era jujeño, tenía rasgos bolivianos o del norte de Argentina. Fue identificado y se llama Carlos Galián”.
En todos los casos de partos en la ESMA que recordó la testigo, primero se llevaron a las madres y después a sus bebés: “Ellos consideraron a las embarazadas como un envase (…) Una vez que obtenían el bebé, el envase era desechado”. La testigo relató que era común que cuando traían personas detenidas por otras fuerzas, o en otros lugares, fueran devueltas a quienes las habían secuestrado. “Era como que cada fuerza era la propietaria” de las personas que detenía. Puso como ejemplo los casos de Liliana Pereyra y Patricia Mancuso, de Mar del Plata.
A las embarazadas, el prefecto Héctor Febres les hacía escribir una carta donde contaban cómo nacía su hija o hijo, si tenía algún problema o condición. “De eso soy testigo directo”, confirmó Martí. Febres les decía cómo tenían que escribir la carta, qué poner y qué no, a quién se la tenían que entregar: “Por favor, pongan bien el nombre y el apellido de la persona, la dirección exacta, no se vayan a equivocar, a ver si llegamos con un bebé a una familia que no tiene nada que ver”, contó Ana María.
La testigo no vio a Pichona escribir esa carta, pero no tiene dudas, “es imposible que no la haya escrito”. Y añadió: “Yo me enteré hace unos años de que la hijita de Pichona fue apropiada por una familia de Mendoza. Que el apropiador pertenece a las fuerzas represivas de la dictadura”. Con toda esta información, “no sabíamos dónde entregarla” era una excusa: “No es verdad, tenían todos los datos”, puntualizó.
Ante la pregunta de Viviana Beigel, representante de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, Ana María Martí relató que entre las tareas principales de Febres estaban las embarazadas. Conseguía leche, pañales, vestimentas. Con el tiempo, empezaron a observar que traía objetos lujosos, ropa muy cara o moisés con puntillas. Ahí empezaron a pensar que “los chicos no eran entregados a la familia. No le encontrábamos ninguna lógica a comprar objetos tan caros y de lujo”. Dedujeron que “eran comprados por las familias designadas a apropiárselos”, concluyó.
Ana María Martí y Sara Solarz de Osatinsky fueron liberadas en Europa. El primer tiempo estuvieron en Valencia, en la casa de familiares de Ana María. Muy pocos meses después, empezaron a reunirse con otras personas en situación similar, con quienes confeccionaron el “testimonio de París”. También hicieron denuncias ante el juez Baltasar Garzón, otras en Italia, en las embajadas sueca y suiza, en Amnistía Internacional, en la Cruz Roja, entre otras. Siempre mencionaron a las mujeres embarazadas, es decir que hace más de 40 años se conoce internacionalmente el caso de María del Carmen “Pichona” Moyano y su hija.
Dos partos casi simultáneos en la ESMA: la historia de Jorge Castro Rubel
El segundo en declarar fue Jorge Castro Rubel, nieto recuperado número 116. La historia sobre sus orígenes está estrechamente ligada a la de Miriam Lourdes. “Nací en la ESMA, a mediados de 1977. Recién en 2014 conocí dónde había nacido y quiénes fueron mis padres biológicos”, explicó. Hasta ese momento no había tenido grandes dudas sobre sus orígenes. En agosto de 2014, en el marco de la repercusión por la restitución del nieto de Estela de Carlotto, una tía de su grupo familiar lo citó para contarle que no era hijo biológico de quienes lo criaron. Hablar con este matrimonio no le aportó información suficiente, por tanto, decidió acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo.
En septiembre u octubre de 2014 se contactó con Abuelas y llevó una copia de su partida de nacimiento. Luego dejó su muestra en el Banco Nacional de Datos Genéticos. “Yo tenía plena conciencia de que no quería vivir con esa incertidumbre (…) Tenía necesidad de saber. Y también por responsabilidad colectiva —agregó—. Tenía conocimiento de lo que había sido la dictadura y la apropiación de niños por mi formación profesional”. Jorge es sociólogo e investigador.
Jorge Castro Rubel, nieto restituido 116
El 4 de diciembre de 2014 recibió un llamado de Claudia Carlotto, titular de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). El testigo se presentó en las oficinas del organismo, donde le confirmaron que era hijo de Hugo Castro y Ana Rubel, “dos jóvenes militantes políticos desaparecidos por la dictadura”. Relató que, además de preguntar por la familia que lo había buscado, conoció ese día a la mujer que había asistido a su madre en el parto. Se trataba de Alicia Milia, sobreviviente de la ESMA que en ese momento trabajaba en la Secretaría de Derechos Humanos. “Fue un encuentro sumamente emocionante para ambas partes. Me había visto nacer en la enfermería, en el sótano de la ESMA (…) Fue una de las primeras caras que vi al nacer”.
Luego se reunió con una tía y un tío. “Me encuentro con dos familias muy ávidas por contarme mi historia (…) con compañeros y compañeras de mis padres”. Así supo que su madre era oriunda de Chaco pero a los veinte años se había trasladado a Buenos Aires, donde desarrolló actividad política. También reconstruyó cómo se sucedieron las detenciones: primero la de su padre, en la casa de la familia Castro —provincia de Buenos Aires—, y dos días más tarde la de su madre, en el departamento de la pareja en Capital Federal. Ana estaba embarazada de dos meses cuando llegó a la ESMA y Jorge nació a mediados de 1977: “Estuvo más de seis meses engrillada, encapuchada, en condiciones infrahumanas”, refirió.
El fiscal Daniel Rodríguez Infante solicitó al testigo que explicara cuál era el vínculo entre su caso y el de Miriam. Jorge indicó que durante el parto de su madre fue acompañado por Alicia Milia y Sara Osatinsky, quienes relataron que pocos días antes de su nacimiento había ocurrido el de la hija de “Pichona”. Las dos madres, Ana y Pichona, construyeron durante su cautiverio una relación de amistad muy fuerte, tanto que pidieron ser trasladadas de forma conjunta con la expectativa de reencontrarse con el niño y la niña una vez cumplido el “supuesto proceso de recuperación” que proponía la conducción de la ESMA para las detenidas. “Hablaban entre ellas sobre sus hijos (…) [se preguntaban] si íbamos a casarnos de grandes”, refirió Jorge a partir de los testimonios de Sara y Alicia. Además del interés que —aseguró— toda nieta y todo nieto recuperado tiene en encontrar a las más de trescientas personas que faltan, con la hija de Pichona existía este lazo.
La abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Viviana Beigel, indagó sobre las condiciones del espacio donde Ana Rubel dio a luz y que Jorge pudo reconstruir a partir de las declaraciones de las sobrevivientes: “Llegar a este mundo en esas condiciones tan indignas (…) genera, por lo menos en mí, una tristeza y un enojo muy grandes”, declaró el testigo. A fines de 2014, una vez recuperada su identidad, pidió conocer el lugar. Aunque se estaban haciendo trabajos para inaugurar el sitio de memoria, le permitieron recorrerlo con su pareja y Alicia Milia. La mujer le indicó el lugar del sector “capucha” donde estuvo Ana y el sótano donde ocurrió el parto. Al lado de la enfermería se ubicaba la sala de tortura. Cuando llegó a la ESMA, la madre de Jorge fue “salvajemente torturada” a pesar de su embarazo y tenía mucha preocupación por el bebé. “Apenas nací quería asegurarse de que tuviera los dos ojos, los cinco dedos de la mano”, relató. En relación al tiempo que pudo permanecer junto a ella, los testimonios son más débiles: “No se sabe si estuve dos días con mi mamá”.
El parto de Pichona se dio en las mismas condiciones adversas. “Posteriormente quedamos en el cuartito de las embarazadas y de allí fuimos retirados por un tal ‘Pedro Bolita’ (…) con destinos distintos”, explicó. “Algunos dicen que nací prematuro (…) Parece que estaba con problemas respiratorios y, por tal razón, fui llevado al Hospital Pedro de Elizalde. Ahí comienza mi recorrido hacia la apropiación”. A dicho establecimiento lo llevaron Linares y Roberto Gonzáles de la Policía Federal, integrantes del grupo de tareas de la ESMA —el último no ha podido ser extraditado desde Brasil—. Cuando se produjo la identificación de Miriam, Jorge se alegró. “Nos conocimos en la sede de Abuelas y estuvimos juntos cuando ella recorrió la ESMA (…), el Casino de Oficiales, donde nacimos ambos”.
“Con la certeza de haber hecho lo correcto”
Para el nieto 116, encontrarse con la verdad fue “un antes y un después” que lo llevó a replantearse aspectos de su historia personal: “Muchas cuestiones me acompañarán toda la vida (…) Creo que es un proceso de largo plazo”, expresó. De algunas decisiones asegura sentirse contento y orgulloso. Asumir el apellido Castro Rubel fue “hacerlos aparecer a ellos cuando, justamente, se intentó ocultar ese vínculo y su existencia”. Aunque vivir 37 años con otro apellido no fue sencillo, tiene “la certeza de haber hecho lo correcto”. Por eso él y sus hijos portan los dos: “Pedí la modificación del apellido de mis hijos, que ya habían nacido, con su verdadera filiación (…) Creo que fue una excepción, pedí transferir ambos apellidos (…) Estoy sumamente contento”. Además, agregó, es lo que indica la ley.
El defensor particular de Iris Luffi, Mariano Tello, se mostró interesado por la situación del matrimonio apropiador del testigo. Jorge refirió que la pareja fue procesada, pero el hombre falleció. La mujer se encuentra actualmente procesada.
El delito de apropiación como “consumación de otro modo de exterminio”
Alicia Lo Giúdice es psicóloga y docente de la UBA. A pedido de la querella fue convocada para explicar algunos impactos del delito de apropiación en las víctimas. La testigo indicó que en 1985 comenzó a tratar a la primera nieta restituida por vía judicial y en 1990 quedó a cargo del área psicoterapéutica de Abuelas de Plaza de Mayo, hasta que en 2003 se creó el Centro de Atención por el Derecho a la Identidad de esta asociación. Viviana Beigel solicitó que desarrollara ante las partes las diferencias entre apropiación y adopción.
Alicia Lo Giúdice
Lo Giúdice caracterizó los hechos como catástrofe social y enmarcó las apropiaciones dentro del delito de genocidio —que afecta a toda la comunidad— acuñado por Raphael Lemkin: el secuestro y la apropiación de niños se ubica dentro de esta figura de aniquilamiento de grupos sociales. La dictadura argentina practicó la desaparición forzada y el secuestro y la apropiación de niños y niñas —por personas vinculadas a las fuerzas militares—, lo que, a su entender, implica el despojo de sus familias, sus historias, sus cuerpos y sus nombres.
Estas niñas y niños vivieron “en un estado de excepción sin saberlo”. Es decir, “en condición de secuestrados y desaparecidos” y dentro de una lógica concentracionaria, conviviendo con los perpetradores, ignorando el asesinato de sus padres y sus madres y con una inscripción falsificada. Para la psicóloga, es la consumación de “otro modo de exterminio”, a diferencia del asesinato del nazismo, ya que “se los extermina de un sistema de filiación”.
Por otro lado, habló de “identidad colonizada”. Como la constitución de la subjetividad se produce a través del lenguaje, estos niños y niñas tuvieron que tomar el discurso de quienes los criaron, sin posibilidad de rechazarlo. De ese discurso depende la personalidad de cada individuo. En consecuencia, existe una identificación con la familia apropiadora.
Lo Giúdice se refirió a la adopción en tanto figura legal —diferenciándola de las mal llamadas adopciones que en rigor son producto del tráfico de bebés— como aquella cesión de un niño o niña a otra familia por imposibilidades para su crianza. Es decir, hay una renuncia a la función materna y paterna, mientras que en la apropiación no hay renuncia, sino impedimento impuesto a esa pareja progenitora y sus familias, que sí quisieron hacerse cargo de esas funciones. La apropiación comparte con la compra-venta de personas la privación de la historia para ese niño o esa niña, aunque en el primer caso interviene activamente el aparato del Estado.
La testigo desarrolló las consecuencias psíquicas de la inscripción falsa de las víctimas: “El nombre es el primer significante que ata el sujeto a la vida. Nombrar es lo primero que hacen una madre y un padre cuando reciben un bebé. Además de esta “función psíquica”, el nombre tiene una inscripción en lo legal, porque lo retoma la sociedad y permite incluirse en el sistema de parentesco, dentro del cual cada persona ocupa un lugar.
Explicó que la mentira sobre el origen y la filiación falsificada pueden producir estragos en la personalidad, e incluso una disociación, especialmente cuando el medio en el que se cría la persona sostiene la mentira. La psicóloga señaló que el peligro de mantener el apellido de la apropiación con el paso de los años es “hacer desaparecer a los padres nuevamente”, daño que impacta en las generaciones posteriores porque permanece desaparecida una genealogía. “Lo no tramitado psíquicamente (…) tiene consecuencias en la generación siguiente (…) aunque en el momento los síntomas puedan estar acallados”, afirmó.
Otra situación recurrente para la profesional es la culpa. Las personas que recuperan su identidad a menudo sienten responsabilidad por los delitos de otras y culpa por los efectos de la judicialización en la familia apropiadora. Por eso la testigo resaltó la necesidad de que la justicia determine esas responsabilidades y resitúe funciones y lugares de parentesco. La psicóloga puso en duda el “supuesto amor” que argumentan apropiadores y apropiadoras por el cual no habría delito y señaló que se dan situaciones de extorsión, sobre todo cuando las víctimas deciden emprender la búsqueda.
La declaración concluyó con una reflexión sobre los impactos de la restitución en las víctimas y en las familias: “El encuentro con la verdad histórica trae dolor por lo no vivido, por todos esos años, pero también alegría por la posibilidad de recuperar algo (…) una apertura, apostar a los vínculos”.
Incorporación de prueba
Al finalizar las testimoniales, la abogada querellante Viviana Beigel solicitó realizar un reconocimiento ocular en la ex ESMA para determinar las condiciones en las que se produjo el parto de María del Carmen. El defensor oficial se opuso al pedido por considerarlo redundante, fuera de tiempo y dilatorio del proceso. El tribunal debatió y acordó la incorporación de un recorrido audiovisual preexistente.
La próxima audiencia será el viernes 27 de agosto a las 11.30, ocasión en la que declararán Miriam Lourdes y su hijo Maximiliano Galas de
JUICIO POR LA APROPIACION DE LA HIJA DE LOS DESAPARECIDOS MOYANO-POBLETEAUDIENCIA 10 / “PICHONA” MOYANO Y CARLOS POBLETE EN EL CENTRO CLANDESTINO LA PERLA
30-07-2021 | Declaró Teresa Meschiatti, sobreviviente de La Perla que brindó testimonio en diversos juicios sobre las personas que conoció a lo largo de su extenso secuestro en este centro clandestino de detención cordobés. Entre ellas, a Carlos Poblete y María del Carmen Moyano. Recordó que “Pichona” y su pareja llegaron a mediados de abril y que la mujer tenía un embarazo avanzado. La próxima audiencia será el viernes 13 de agosto a las 9:30.
La audiencia de la jornada contempló la detallada declaración de Teresa Meschiatti y un prolongado debate sobre la incorporación de prueba solicitada por el Ministerio Público Fiscal y la querella de Abuelas de Plaza de Mayo.
Un testimonio clave para reconstruir los últimos momentos de “Pichona” y Carlos
“Es la décima vez que voy a un juicio”, comenzó Meschiatti, militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros detenida más de dos años en el centro clandestino de detención (CCD) La Perla, entre 1976 y 1978. En nuestra provincia ya había aportado información sobre Osvaldo Zuin, mendocino secuestrado en Córdoba y actualmente desaparecido.
Entre 2008 y 2013, en el marco de juicios desarrollados en su provincia, Teresa participó de la confección de una lista con personas desaparecidas o asesinadas que pasaron por La Perla o cuyos casos tenían relación con el Destacamento de Inteligencia. Las fuentes de las fechas eran a menudo las familias. En esas listas, la desaparición del matrimonio Moyano-Poblete figura a principios de abril de 1977. No obstante, tomando como referencia el traslado de otra embarazada —Dalila Bessio— al Hospital Militar el 12 de ese mes, la pareja, según sus recuerdos, habría ingresado a La Perla a mediados de abril.
Teresa Meschiatti
La testigo refirió que vio a Carlos y “Pichona” una sola noche. Estuvieron poco tiempo en La Perla. Les habían puesto dos biombos blancos que las autoridades del CCD usaban para evitar que otras personas detenidas conocieran a las víctimas que estaban muriendo o que luego serían trasladadas. No recuerda la cara de Carlos porque estaba acostado. A Pichona la observó cuando se levantó al baño: era alta, tenía una panza crecida y pelo castaño oscuro, largo y lacio. El nombre lo supo por Servanda Santos de Buitrago, “Tita”, una enfermera mayor también detenida que ayudaba a las personas heridas y embarazadas y repartía la comida. La mujer le contó a Meschiatti que el matrimonio había sido detenido en Mendoza. “Tita nos comentaba todo lo que pasaba adentro de La Perla”, aclaró.
Meschiatti aseguró que Pichona y Carlos permanecieron algunos días en algún CCD de Mendoza porque un suboficial mendocino a quien conocían como “Vergara” o “el tío” —llamado realmente Vega—, de unos cincuenta años, viajaba a Mendoza en sus vacaciones y pasaba por un CCD del Ejército. A su regreso, comentaba sobre las personas que veía.
“En La Perla, a los compañeros en general los mataban”, continuó, refiriéndose a Carlos. Y a las mujeres embarazadas —las “panzonas”— las trasladaban al Hospital Militar porque no tenían las instalaciones para realizar partos. La testigo supone que los rumores entre el personal sanitario por las extrañas condiciones de internación de esas mujeres —vendadas, esposadas y en salas especiales— hacían riesgoso el movimiento: “la información salía”. Meschiatti también mencionó que cerca del parto de Rita Alés de Espíndola les ordenaron limpiar con lavandina las paredes de una oficina del CCD para servir de sala de parto, pero finalmente el capitán González desistió. Ninguna de las “panzonas” que conoció Teresa regresó del hospital.
A María del Carmen la condujeron a la ESMA, como acreditó el testimonio de Sara Solarz de Osatinsky, compañera de militancia de Meschiatti y luego exiliada que trabajó, al igual que ella, para denunciar desde el exterior los delitos que había sufrido y conocido. Sara acompañó a Pichona durante el nacimiento de su hija: fue uno de los primeros partos que asistió como detenida en la ESMA. Solarz también refirió que Pichona llegó sola porque a esa altura Carlos ya estaba desaparecido. Meschiatti explicó que a la mujer, una vez que daba a luz, se la mataba: en Córdoba se la fusilaba y en Buenos Aires se la arrojaba al mar.
Daniel Rodríguez Infante
Cuando finalizó su testimonio, el fiscal Daniel Rodríguez Infante solicitó precisiones sobre la primera vez que Teresa denunció el caso de Pichona: la testigo explicó que desde Suiza, donde permanecía en calidad de refugiada, envió un texto mecanografiado a la CONADEP. También a pedido del fiscal mencionó la existencia de unas carpetas en La Perla con las inscripciones “QTH”, que en la jerga militar significaban “casa, centro, sede”, y “QTH FIJO”, que significaba “muerto/a”. Cuando investigaban a militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores en el 78, llevaron sesenta o setenta carpetas con esas carátulas que ella pudo ver.
La abogada querellante de Abuelas de Plaza de Mayo, Viviana Beigel, preguntó qué otra información tuvo Meschiatti sobre la pareja. La mujer indicó que en las listas conjuntas que elaboraron sobrevivientes de Córdoba estaba consignada su militancia en Montoneros.
Viviana Beigel
Lo hago por los treinta mil
Teresa le mandó “un enorme abrazo virtual a la hija de la Pichona”, a quien no conoce. “Yo siempre creí que estaba desaparecida”. Expresó que la recuperación de la identidad la emociona: “Por esto hago esto, por eso no me callo. Lo hago por los treinta mil”.
Meschiatti
Las pruebas que faltan
La fiscalía pidió la incorporación de las declaraciones de Sara Solarz de Osatinsky, quien —según palabras de Meschiatti— declaró por primera vez ante el Senado francés en 1979. También solicitaron la declaración de “Tita” Buitrago, que testimonió en la Megacausa de La Perla en 2013. Ana María Martí está ofrecida como testigo pero no han logrado contactarla.
Del expediente de Francisco Moyano —padre de “Pichona”— se desprenden dos pruebas que el fiscal solicitó incorporar. Por un lado, el expediente por infracción a la ley 20 840 “Fiscal contra Pardini”. Por otro lado, las declaraciones en juicio de Ricardo Puga, Aldo Morán y Eva Lerouc sobre el caso de Liliana Riveros, quien estuvo detenida junto con Marta Saroff en el mismo centro clandestino de detención, y conocieron al matrimonio Poblete-Moyano. La fiscalía se comprometió a compartir las declaraciones individualizadas con las defensas para que se expidan al respecto.
Ya se había renunciado a los testimonios de Oscar Perdomo y Guillermo Martínez Agüero y a esta lista se sumó el de Marta Caralina Nadín. Queda pendiente la confirmación por parte del Equipo de Acompañamiento del contacto con Liliana Giuliani.
La querella, por su parte, desistió de los testimonios de Sofía Sandes y Blanca Haydeé Bustos de Fernández, al entender que ya hay “suficiente evidencia para suplir esos testimonios”, precisó la abogada Viviana Beigel. Pero sí sostuvo el pedido de declaración de la licenciada Alicia Lo Giudice porque “daría lugar a un testimonio experto” referido a las apropiaciones de niñas y niños durante la última dictadura y la dinámica de la restitución de identidad.
El abogado de Iris Luffi, Mariano Tello, nuevamente rechazó ese pedido por considerar que “no es pertinente” para dilucidar “la conducta de mi defendida en un hecho puntual, en donde no ha tenido ninguna participación esta profesional”. El defensor oficial, Santiago Bahamondes, hizo su aporte: “No vemos mucho la conexión” del objeto del juicio con la restitución de la identidad. Sin embargo, no se objetó el pedido ya que, aseguró, “a mi estrategia de defensa no le afecta en lo más mínimo”.
El fiscal Rodríguez Infante remarcó que el aporte de Lo Giudice es necesario para el objeto del juicio: “Nos puede dar una dimensión del daño causado y del impacto en las víctimas. Y eso sí es relevante”. El tribunal aceptó esta solicitud y citará a la licenciada a declarar en las próximas audiencias.
También se debatió la incorporación como prueba del libro Juraría que te vi, que mencionó Beatriz García en su declaración. “Es prueba contextual que no causa dilación en el juicio”, sostuvo el fiscal; Beigel acordó con esa postura. El abogado Bahamondes se opuso: “Me gustaría que la fiscalía y la querella me expliquen la pertinencia de incorporar el libro a la causa. Es muy lindo incorporar un montón de cosas, pero estamos en un debate oral y hay que oralizar las cosas —ironizó el defensor—. Me obligan a leer un libro si lo incorporan. Explíquenme por qué yo voy a tener que leer un libro, mínimo”.
Rodríguez Infante le respondió: cuando declaró Beatriz García, explicó que integraba el colectivo “Pichona Moyano” y puso a disposición el escrito que elaboraron en conjunto que habla específicamente del caso de María del Carmen Moyano. Tello consideró que la incorporación es “sobreabundante” y también se opuso. El tribunal decidió adoptar la posición de las defensas y rechazó la incorporación del libro.
Hacia el final, Miriam, víctima de este juicio, intervino para solicitar declarar nuevamente “no en forma de testigo sino como víctima”, precisó. También hizo saber que su hijo, Maximiliano Galas, quiere prestar testimonio. Las partes acordaron y el tribunal les confirmará la fecha en que tendrán lugar.
La próxima audiencia será el viernes 13 de agosto a las 9:30.
Juan Carlos Cámpora fue el primer Rector, entre 1964 y 1966, de la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento (UPDFS), base y antecesora de la Universidad Nacional de San Juan. De hecho, antes de quedar incorporada definitivamente a la UNSJ el 10 de octubre de 1973, aquella casa de estudios había sido la sede principal en donde se realizaron los estudios de factibilidad para la creación de esta Universidad nacional. “Llegan para participar de estos cursos hombres y mujeres de distintos lugares del país y algunos de otros países, con distintas ideas, con diferentes creencias, con concepciones diversas del mundo moderno. A ninguno de ellos le hemos preguntado sobre lo que piensan ni en lo que creen (…) No nos hemos interesado en averiguar cuáles son sus pensamientos porque creemos que el pensamiento humano es y debe ser libre, y que en esa libertad radican esencialmente sus posibilidades de superación”, había expresado Cámpora al dejar inaugurada la Universidad Provincial. Poco tiempo después fue creado, en 1965, el Colegio Central Universitario, como institución dependiente de esa Universidad.
Durante su ejercicio al frente de la UPDFS, Cámpora fundó el Museo Arqueológico, antecedente del actual Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier” de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ. Fue creado en abril de 1965 “con el objeto de resguardar el valioso testimonio arqueológico que representaba el cuerpo congelado de época incaica hallado en 1964 en forma casual en la cumbre del Cerro El Toro, e impulsar la investigación en arqueología”, explican desde aquel Instituto de la FFHA.
La hija y el nieto de Juan Carlos Cámpora y el libro de Eloy Camus coinciden en el relato: era entre las 8.30 y 9 de la mañana del 25 de febrero de 1977 cuando el ingeniero Campora salió de su casa del Barrio Juan XXIII para ir en su Citroën 3CV a su médico, de apellido Schabelman, y nunca más se supo de él.
JUICIO POR LA APROPIACION DE LA HIJA DE LOS DESAPARECIDOS MOYANO-POBLETE Publicado el 3 julio, 2021 Por colectivojuiciosmendoza
En esta audiencia del juicio por la apropiación de la hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete hubo dos testigos. Declararon Fernando Sánchez, exmarido de una de las hijas del matrimonio imputado, y su hermano Rodrigo, que además es pareja de Cintia Troncoso, quien inició la denuncia penal en 2012. La próxima audiencia es el 30 de julio a las 9:30.
Es la novena audiencia del juicio por la apropiación de Miriam, hija de “Pichona” Moyano y Carlos Poblete. En esta ocasión, fueron citados a declarar dos hermanos que tienen relación con el matrimonio imputado: Rodrigo Sánchez, quien supo de la situación procesal de Armando Osvaldo Fernández hace unos ocho años por su hermano, y Fernando Sánchez, segundo testigo y exmarido de una de las hijas del matrimonio. Ambos testimonios estuvieron atravesados por la falta de recuerdos sobre las fechas, los hechos y las situaciones, y destacaron conocer lo que se investiga a través de los medios de comunicación.
Los testigos
El primero en prestar declaración fue Rodrigo José Sánchez. Relató que hace aproximadamente ocho años, en una reunión familiar, su hermano Fernando le contó que su suegro, Armando Osvaldo Fernández, estaba preso “quizás por el tema de la Miriam”. “Yo, sorprendido de la noticia, cuando llego a mi casa le cuento a mi señora”, relató el testigo. Su esposa es Cintia Troncoso, quien declaró en la audiencia anterior y tuvo la valentía de hacer la denuncia por la posible apropiación ante la fiscalía federal.
Extrañamente, Rodrigo aseguró que Fernando conocía la apropiación de Miriam y la situación procesal de Armando Osvaldo Fernández —su entonces suegro— por “las noticias de los diarios”. Sin embargo, como es sabido, la primera información pública sobre la restitución de la identidad de Miriam fue en diciembre del 2017 y la denuncia data de octubre del 2012. En ese momento, se estaba realizando el tercer juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza y Fernández terminó con condena a prisión perpetua en la sentencia de marzo del 2013.
De hecho, Cintia Troncoso aseguró en su testimonio que quien habló de la prisión de Fernández fueron Iris Luffi y Stella, su hija, que luego le contó a su marido, Fernando. Ante estas incongruencias, el fiscal Daniel Rodríguez Infante le pidió al testigo que aclarara la fuente de la información. Rodrigo cedió un poco: “Seguramente lo escuchó de alguien (…) Se lo contó su mujer y seguramente por las noticias algo sabe. Pero no recuerdo eso de ‘Stella me dijo tanto y tanto’”.
A continuación, la fiscalía le pidió más precisiones y el testigo señaló que, hasta que supo que Fernández estaba preso, él pensó que estaba trabajando fuera de la provincia: “Decían que estaba en San Luis, porque mucho tiempo no se lo vio”. Rodrigo Sánchez, además, remarcó que la situación no le llamó la atención: “No sé con profundidad el tema, nunca me interesé, ni antes ni ahora”. Su esposa, por el contrario, decidió ahondar en el hecho a raíz de lo que él le contó. Fue “su decisión” y tuvo “sus razones”, aseguró. Según dijo Rodrigo, nunca volvió a hablar con Fernando del tema.
Al segundo testigo, Fernando Ulises Sánchez, se le pidió que relatara lo conversado con su hermano sobre los hechos que se investigan. El testigo quitó importancia al asunto: “Con mi hermano hablamos de muchas cosas y sobre este tema hablamos como cualquier tema más”. La información supuestamente provenía de “lo que salía en los medios públicos, en los diarios, en la televisión”, pero no se interesó especialmente y lo tomó “como cualquier otro tema familiar”.
Negó recordar una conversación sobre la situación procesal de Armando Osvaldo Fernández y aseguró haber conocido “leyendo en el diario” que Miriam no era hija biológica del matrimonio imputado. Pero, nuevamente, contrario a lo que había dicho Troncoso, el testigo aseguró que su entonces esposa, Stella Fernández, no le mencionó nada al respecto. A raíz de las incongruencias entre las declaraciones, el fiscal se vio obligado a recordarles a los dos testigos que el falso testimonio está prohibido por ley y puede ser objeto de una investigación penal.
El querellante por Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli, indagó sobre el momento en que supo aquella noticia. “Fue una sorpresa, conmovió a la familia (…) Todo el entorno familiar estaba en shock”, afirmó Fernando Sánchez. Y mencionó que, en ese entonces, él se limitó a acompañar a su esposa. Mencionó que la familia Fernández es muy reservada y él se mantuvo “ajeno a lo específico de su núcleo”. Destacó, además, la relación que aún los une: sus hijos son nietos del matrimonio Fernández-Luffi. El fiscal Daniel Rodríguez Infante, finalmente, le preguntó a Sánchez si había hablado sobre esta declaración con su hermano. “Sí, como un tema más”, mencionó el testigo.
Antes de concluir la audiencia, el tribunal, la fiscalía y la defensa repasaron los testimonios que faltan, con la lista original —entre quienes están Jorge Castro Rubel y Teresa Meschiatti— más las incorporaciones solicitadas —como Ana María Martí y Alicia Lo Giúdice—. Lo Giúdice es psicoanalista y trabaja los procesos que atraviesa una persona cuya identidad es restituida. La defensa pidió que para su incorporación se le consultara a Miriam.
La próxima audiencia es el 30 de julio a las 9:30.
18-06-21 | Se oyeron tres declaraciones que son prueba central para la causa. Cintia Troncoso, concuñada de Stella Fernández, decidió no ser cómplice del ocultamiento de la familia apropiadora y denunció el hecho ante la justicia. Mara Díaz de H.I.J.O.S. sumó su relato como parte del grupo que investigó el caso. Mariana Herrera Rubia refirió la frase que pronunció una pariente de Norberto Fernández, hermano del principal imputado. La próxima audiencia será el 2 de julio a las 9:30.
Cintia Troncoso
La testigo explicó que la relación con la familia Fernández es de parentesco político debido a su esposo, Rodrigo Sánchez. El hermano de este, llamado Fernando Sánchez, estuvo casado con Stella Fernández, hija del matrimonio acusado. Por esta razón, Cintia compartió eventos y reuniones familiares, pero sin entablar una relación estrecha. Su pareja le había contado que Osvaldo Fernández trabajó en la Policía en la época de la dictadura. Eso sembró ciertas dudas en la testigo, en virtud de la cantidad de hijos e hijas y de la diferencia entre las mellizas Stella y Marcela Fernández: “Pensé la posibilidad de que alguna fuera hija de desaparecidos por el trabajo de Fernández”.
La información relativa a la apropiación llegó una noche, entre el 2010 y el 2012. En una reunión familiar, Fernando le contó a su hermano Rodrigo que Armando Fernández estaba con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad, aunque la familia decía que se ausentaba por un trabajo en San Luis. En ese contexto, Iris Luffi le había confesado a Stella que Miriam no era hija biológica suya, sino que Fernández había llegado con ella una noche y desde entonces la habían criado como propia. Además, existía la posibilidad de que fuera hija de personas desaparecidas. Rodrigo compartió con su esposa esta noticia “increíble” y grave.
Por lo que relató Rodrigo, a esa altura Miriam no estaba al tanto de la revelación. “Si esta chica no lo sabe lo tiene que saber”, consideró la testigo. Troncoso no tenía relación con los organismos de derechos humanos, pero sí había buscado información al respecto. Pensaba en los hijos de Stella, sus sobrinos políticos, y la mentira que podrían estar viviendo. También pensó en esa familia biológica que seguramente había buscado. “Si yo no hacía algo con esta información estaba siendo cómplice de esta familia”, sintió.
Lo primero que se propuso fue afianzar una relación con Stella, pero el acercamiento fue difícil. Vincularse con Miriam parecía aún menos factible. Entonces decidió compartir la información con alguien que pudiera darle curso a la investigación. Se contactó con el Movimiento Ecuménico (MEDH) y con Madres de Plaza de Mayo. Finalmente, por recomendación de Tobías Crespo, pareja de su hermana Mariana, se comunicó con H.I.J.O.S. “Belén se puso en contacto conmigo. Nos juntamos en una oficina que tenían las chicas en la calle 9 de julio (…) en dos oportunidades. Yo les mandé unos datos que podían sumar a la investigación, como fechas de nacimiento. Así fue que se terminó sabiendo que Miriam era hija de desaparecidos”, explicó.
La abogada querellante Viviana Beigel pidió a la testigo que individualizara a las personas de la familia Fernández que conocieron indudablemente la situación de Miriam: Cintia mencionó a Armando Fernández, “su padre apropiador”, Iris Luffi y Stella Fernández. Esta última, según supo recientemente Cintia por su cuñado, no entendía cómo su madre le había ocultado la verdad por tanto tiempo.
Tribunal
La devoción por el padre
Troncoso hizo mucho hincapié en la dinámica patriarcal de la familia Fernández: “Siempre vi que esta familia funcionaba de forma extraña. Por ejemplo, están sumidos en una devoción increíble por su padre (…) La familia hace lo que su papá dice. Y eso es lo correcto”. Por esa razón, supuso que nadie buscaría la verdad motu proprio.
Las mujeres, por el contrario, “tienen que criar y estar en la casa”. Entre ellas, se detuvo en el caso de Iris Luffi a pedido de Mariano Tello, su defensor: “Se ha dedicado toda su vida a su familia y a su esposo, a cuidar a sus hijos (…) Nunca ha trabajado por fuera de su casa. Pienso que Iris, más allá de ser una mujer adulta con sus derechos y capacidades, ha sido siempre tan devota de su esposo y de los hombres de su familia que no le quedó más que hacerlo que su pareja le decía, lamentablemente”. Argumentó que la mujer podría haberse negado a recibir y a criar a esa bebé: “Creo que no lo hizo porque tenía que obedecer a su marido”.
A Miriam la describió como una “persona genial”, “pujante” y “decidida”, completamente distinta a las mujeres de su familia, pero no exenta de esa lealtad hacia su apropiador. Por eso, una vez que supo la verdad —ya de adulta— trató de evitar que la gente se enterara. “Ante toda la situación de shock que puede generar una situación sobre la identidad de sí misma, yo creo que eso hizo que ella entrara en una situación de negación sobre su identidad y la actitud de sus padres apropiadores”. Según Troncoso, la familia Fernández negaba toda conducta inapropiada de su padre.
Actitud defensiva
La testigo señaló que el revuelo de aquellos años se generó por las circunstancias de la investigación a la que fue sometido Armando Fernández. La familia estaba “alerta” y “a la defensiva” en relación a delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, relató que debieron vender la vivienda para costear la defensa en el juicio y, en consecuencia, alquilaron una propiedad a Amanda Troncoso, tía paterna de Cintia. En una ocasión, Iris Luffi se acercó al negocio del tío de Cintia y le indicó que negaran cualquier conocimiento de la familia Fernández si la policía preguntaba. La testigo conoció el episodio por medio de su padre.
Por último, aclaró que su vínculo actual con la familia Fernández es muy lejano porque su cuñado Fernando se separó de Stella. No obstante, sigue teniendo algún contacto a través de sus sobrinos políticos. La testigo confesó que temía que estas personas se enteraran de que había hecho la denuncia correspondiente: “Una hace estas cosas con miedo, porque parece ser que es una la que está haciendo las cosas mal cuando yo decidí no ser parte de todos sus secretos. Se encargaron de hacerme llegar amenazas y comentarios para que yo no estuviera hoy en día declarando”.
Cuando Cintia Troncoso concluyó su testimonio, el fiscal Daniel Rodríguez Infante solicitó al Tribunal que enviara el acta de la jornada a instrucción, con el fin de investigar la situación de amenazas referidas.
Mara Nayme Díaz: “El daño a las víctimas de apropiación lo provocó la dictadura”
La segunda en declarar fue Mara Nayme Díaz. Desde el 2001, integra la agrupación HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y, desde el 2011, la Comisión Hermanos dentro de la organización. “Para organizarnos mejor nos subdividimos en comisiones y Hermanos es una de esas comisiones”, explicó la testigo. Se dedicaban especialmente a la búsqueda y restitución de identidad de bebés que nacieron en maternidades clandestinas, entre 1976 y 1983.
Hermanos trabajaba en conjunto con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y Mara Díaz lo consideró no solo un espacio de militancia sino también de formación, debido a la interdisciplinariedad y el intercambio de experiencias. Afirmó: “Nuestro trabajo ha sido riguroso, serio, responsable, comprometido, ético y humano”.
Al igual que las testigos de la audiencia anterior, contó que trabajaban de dos maneras: con la presentación espontánea de las personas que nacieron entre el 76 y el 83, dudaban de su identidad y creían que podían ser hijas de víctimas de la dictadura; y con las denuncias de quienes dudaban de la identidad de una tercera persona. En este segundo caso, intentaban tomar algún tipo de contacto con quien podía ser víctima de apropiación para que se transformara en una presentación espontánea y accediera a hacerse la prueba genética. Siempre se llenaba una ficha con datos como el contexto del nacimiento o algún tipo de vínculo con integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad.
Mara Nayme Díaz
Sobre el caso de Miriam, declaró que tuvieron conocimiento por dos denunciantes en la segunda mitad del 2012. Una fue Mariana Herrera Rubia, quien les contó que una amiga llamada Liliana Giuliani le aseguró que “en la familia Fernández hay hijos que no son hijos”. Liliana estaba en pareja con un policía llamado Jorge Giarratana que era cuñado de Norberto Fernández, hermano del imputado Armando Osvaldo Fernández.
Por el vínculo entre las amigas, Mariana vio algunas veces a Norberto, quien siempre le mencionaba que conocía de la escuela de policía a su progenitor, Héctor Lanza, hasta que Mariana le pidió que no lo mencionara más. Ella no tenía relación con ese hombre, a quien consideraba un represor. Por eso se cambió el apellido a Herrera Rubia, con el acompañamiento de Hermanos en el pedido legal.
La segunda fuente de información fue Cintia Troncoso, quien, a través de un amigo de Mara, Tobías Crespo, se puso en contacto con Hermanos, mediante correos electrónicos. Cintia tenía relación con la familia Fernández por dos vías: su tía tenía un negocio en el barrio donde vivían y les alquilaba la vivienda a Miriam, por un lado, y a Fernández y Luffi, por otro; pero además, su pareja, Rodrigo Sánchez, tiene un hermano —Fernando— que estuvo casado con Stella Fernández, hija del matrimonio imputado en este juicio. Troncoso aportó información sobre la sospecha con relación al origen de Miriam.
En 2012 se llevaba a cabo el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Mendoza y se investigaba la participación de Armando Osvaldo Fernández en la última dictadura. Para no revelar la causa de su ausencia en el barrio, la familia del ya condenado decidió decir que estaba trabajando en San Luis. La misma Iris Luffi dijo en el almacén de la tía de Cintia que si alguien se acercaba preguntando por el hombre, dijeran no conocerlo. Cintia Troncoso supo que Iris le comentó su preocupación a Stella: a raíz de todo esto temía que se investigara el origen de Miriam, quien no era hija biológica del matrimonio sino que la había traído Armando una noche cuando ella era bebé y posiblemente era hija de personas desaparecidas.
Con estas dos denuncias, más algunos datos que tenían de Miriam como la fecha de su cumpleaños, fotos, la comparación de su nacimiento con embarazadas de las que tenían conocimiento y fechas posibles de parto, obtuvieron dos coincidencias: una con María del Carmen Moyano y otra con Adriana Bonoldi. “Nos resultaba difícil pensar que la hija de la Pichona estuviera en Mendoza sabiendo que había nacido en la ESMA”, aseguró Mara Díaz.
Con Hermanos tenían dudas de si podían o no acercarse a Miriam a plantearle la situación: “Era difícil porque a Miriam la estábamos viendo acá, en los juicios (…) Era poco probable que ella lo tomara bien”. Vieron que habían llegado a un límite, en este y otros casos, y decidieron presentar la denuncia ante la fiscalía. Fue, casualmente, el 22 de octubre del 2012, el Día Nacional por el Derecho a la Identidad.
Aquel año, recordó Mara, “el Tribunal Oral Federal 6 de la Capital dictó sentencia en la Causa Plan Sistemático que investigó más de 30 casos de apropiación (…) y dictó condena de 10 años a Jorge Luis Magnacco, el médico que atendió el parto de la Pichona en la ESMA en el que Miriam nació. Ese médico está libre por haber cumplido ya dos tercios de la condena”. Y agregó: “Esa sentencia sostuvo lo que los organismos venimos diciendo hace años. La apropiación de bebés durante el cautiverio de sus madres en maternidades clandestinas como botín de guerra fue un plan organizado (…) no fueron casos cometidos al azar, constituyen casos de delitos de lesa humanidad”.
Antes de finalizar, Mara Nayme Díaz compartió algunas reflexiones. Interpeló a la inacción judicial para buscar a las nietas y los nietos apropiados que faltan. Cuestionó que si ellas, con recursos limitados, consiguieron esto, “cuánto más podría hacer la justicia con todos los recursos que tiene” para frenar este delito. Porque después de tantos años, “el delito de apropiación sigue produciendo sus efectos y produciendo daños sobre sus víctimas”. Mara remarcó que “el daño provocado a las víctimas del delito de apropiación se lo provocó la dictadura que secuestró, torturó, desapareció a sus mamás y a sus papás, a toda una generación, a 30000 desaparecidos y desaparecidas. No se lo provocamos nosotras”, en referencia a los organismos de derechos humanos.
Aseguró que su lucha forma parte de una red mucho mayor que trabaja permanentemente en actualizar listados de personas que fueron víctimas de la dictadura: desaparecidas, asesinadas, sobrevivientes, apropiadas. Reconoció el esfuerzo y la dedicación de compañeros y compañeras y, particularmente, la de su mamá, Susana Muñoz, en esta investigación.
“Quiero decirle a Miriam que nosotras la hemos buscado con mucho amor y que la estamos esperando, cuando ella quiera hablar con nosotras. Sabemos que su proceso no ha sido sencillo y siempre fuimos muy respetuosas de lo que a ella le ha tocado pasar como víctima. Por ella, por Pichona, por Carlos Poblete y por los 30000 presentes ahora y siempre es que estamos luchando”, concluyó Mara Díaz.
Mariana Herrera Rubia: “Somos la memoria que tenemos”
La última en declarar fue Mariana Herrera Rubia. El dato que la llevó a prestar testimonio en este juicio está ligado a su propia historia personal. Relató que entre el 2001 y el 2003 vivía en la calle Castelli de Godoy Cruz y, para sobrellevar la crisis del país, se acercó mucho a su vecina Liliana Guliani. Esta mujer estaba casada con Jorge Giarratana, cuñado de Norberto Fernández —hermano del imputado—. En consecuencia, se cruzó con personas del entorno familiar de Liliana, entre ellas con Norberto, que aseguraba conocerla.
Su madre le explicó que los Fernández habían sido compañeros de la Escuela de Policía de su exesposo, genitor de Mariana. A esa altura, la testigo ya sabía que esta persona, Héctor Lanza, había participado en el golpe de Estado como policía de la Comisaría Séptima. Mariana aclaró que rechazó todo acercamiento con Lanza: “Me criaron mis abuelos maternos. Siempre estuve en la vereda de enfrente”.
Mariana Herrera Rubia
Refirió que un día Liliana pronunció la frase “en la familia Fernández hay hijos que no son hijos”. La testigo no supo a quién decírselo. La vergüenza y la culpa por su genitor le impidieron inicialmente actuar. Con Liliana Guliani no tuvo más vínculo luego de su mudanza, en 2005. Además, cuando hablo con ella sobre su genitor, Jorge, el esposo, lo justificó: “Hizo lo que tenía que hacer”.
En el 2004 “cambió totalmente la situación cuando se bajaron los cuadros [de los represores]”. La testigo aseguró que sintió “protección absoluta” para empezar a hablar. Asistía a los juicios, aunque todavía incómoda con su apellido. En 2012 se contactó con Alfredo Guevara para proceder al cambio de apellido. Guevara la derivó al MEDH, donde Elba Morales le entregó un expediente sobre Lanza: la causa 031-F del 2007, donde se dice que Osvaldo Armando Fernández “mandó al frente” a Lanza en el caso de Roberto Blanco. “Es el primer papel que tengo que certifica que Lanza estuvo involucrado. Antes era solo narración oral”. Con ese documento y el contacto que Violeta Ayles facilitó con H.I.J.O.S., Mariana se reunió con Celeste, Belén y Paula Baigorria para contarles lo que sabía.
Ese dato sobre Fernández era también parte de su historia: “Hay muchos ‘hijos que no son hijos’ en otros espacios. Lanza también tiene otra hija y yo dudo que sea biológica. Su nacimiento debe ser en el 77”, explicó. Por su pertenencia a la fuerza y el trabajo de enfermera de su esposa, posiblemente no lo sea, sostuvo. La testigo solicitó al tribunal que se investigara.
Mariana pudo cambiarse su apellido luego de la reforma del Código Civil, en 2019. Hoy se presenta como Mariana Herrera Rubia.
“En el 2017 nos enteramos de que Miriam era hija de Pichona. Somos la memoria que tenemos”. Agradezco que me den esta oportunidad que he estado esperando”, concluyó.
Nueva prueba
Luego de las testimoniales, el Ministerio Público Fiscal ofreció al tribunal un expediente de 1975 que contiene una causa contra la familia Moyano. La pista surgió de las declaraciones previas de Beatriz García y Adriana Moyano. El documento forma parte de la investigación en curso sobre los centros clandestinos de detención de la Policía de Mendoza.
La próxima audiencia será el 2 de julio a las 9:30.
Es imperioso que la sociedad sepa como actuó el Dr. Walter Bento hoy acusado de gravísimos delitos. Nosotros, miembros de organismos de derechos humanos de la provincia, necesitamos compartir desde un acto de memoria cu les son realmente los hechos de los que fuimos afectados por el accionar de este juez.
Es necesaria alzar nuestra voz a partir de la actitud que tiene y tuvo en su momento el Juez Walter Bento que busca aparecer ahora como defensor de los derechos humanos. No más recordar que fue su accionar, para los organismos defensores de los derechos de todos y todas, un constante obstáculo y dilación en todos estos años. Debido precisamente a su actitud presentamos, el 21 de diciembre de 2005, un pedido de juicio político por haberse declarado incompetente y mandar todas las causas a la justicia de Córdoba cuando en verdad era aquí donde debían ser juzgados estos delitos de lesa humanidad. Tal como lo expresamos en aquel momento con este hecho pretendió remitir todos los expedientes a Córdoba donde la justicia tenía resuelto que no le correspond a entender en hechos que ocurrieron en Mendoza.
Así mismo y a través de nuestros abogados, el 21 de marzo de 2006, denunciamos que, en conferencia de prensa el Dr.Walter Bento anunció que en 2 de las casi 60 causas citar a a prestar declaración indagatoria a diversas personas, ‘9 entre policías y militares’, y dando la nómina de las causas dijo que correspondían a las desapariciones forzadas de Virginia Adela Suárez, de Ricardo Sanchez y de una persona de apellido Moyano de mayo del 76. Este gravísimo acto que ponía en aviso a los posibles autores de tan graves delitos se sumaba a la dilación constante que tuvo a lo largo de toda su actividad con respecto a nuestra búsqueda de verdad y justicia.
Durante los largos años, desde el 2006 al 2009, que requerimos la venida del Equipo Argentino de Antropología Forense para iniciar la búsqueda de restos de compañeros y compañeras sepultados clandestinamente en el Cuadro 33 del Cementerio de Capital, sólo nos encontramos con los constantes obstáculos que producía para impedir ese acto de justicia.
Son innumerables las veces que constatamos la desidia y absoluto desinterés por la justicia que requeríamos tal como sucedió cuando se cumplían 30 años de democracia, a raíz de conmemoración en Las Lajas,(Centro Clandestino de Detención) los diarios mostraron una foto de Jorge Pérez (desaparecido en 1977). Su hermana supo años después que alguien llamó al juez Bento diciéndole que ‘a Jorge Pérez lo asesino Carelli, (miembro de la Fuerza Aérea) y otro’. La pregunta que su familia y todos nosotros nos hacemos es por qué el Dr. Bento no investigó ese importantísimo dato.
No vamos a permitir que a partir de mentir sobre nuestra lucha, nos ofenda queriendo hoy salvar su situación faltando a la verdad, mancillando la memoria y enlodando una vez más a la justicia. Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas H.I.J.O.S. Mendoza. Ex Presos y Presas Políticas Mendoza Casa por la Memoria y la Cultura Popular Archivo Provincial de la Memoria MEDH (Movimiento Ecuménico por los derechos humanos)
14 de Junio, 2021.-
04-06-21 | Declararon tres integrantes de la agrupación H.I.J.O.S. de nuestra provincia que en 2012 aportaron información valiosa ante la justicia por la posible apropiación de Miriam. Celeste Seydell y las hermanas Belén y Paula Baigorria relataron la investigación que realizó la Comisión Hermanos de esta organización y que cristalizó en una presentación judicial. La próxima audiencia será el 18 de junio a las 9:30.
La fiscalía citó a tres familiares de víctimas del terrorismo de Estado y militantes de Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) que intervinieron en la búsqueda de Miriam y otras personas apropiadas de Mendoza. Los relatos coincidieron en cuanto a la prueba ofrecida ante el Ministerio Público Fiscal como parte del proceso que desembocó en la restitución de la identidad de la hija de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete en 2017.
Celeste Seydell: las pruebas testimoniales
Celeste Seydell relató que la agrupación H.I.J.O.S. nació en 1995 con distintas comisiones de trabajo. En 1998 se creó la Comisión Hermanos, abocada a la búsqueda de “sus hermanos y hermanas” mediante dos modalidades: la presentación espontánea de jóvenes que dudaran sobre su identidad y la recepción de información de personas con sospechas sobre algún caso cercano o conocido. Para ello coordinaron con Abuelas de Plaza de Mayo en el marco de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad.
Celeste Seydell
En octubre de 2012 ella y Belén Baigorria se reunieron con Mariana Herrera Rubia. La mujer se había acercado a la comisión de forma telefónica por intermedio de una exmilitante de la agrupación porque tenía un dato relevante sobre la familia Fernández. En esa primera cita Mariana se presentó como Mariana Herrera, pero comentó que su “progenitor” era Lanza, un policía de la Comisaría Séptima: “Nunca nos había pasado eso”, aclaró la testigo. El dato que tenía para aportar provenía de su amiga Liliana, concuñada de Norberto Fernández —hermano de Osvaldo, el principal imputado de la causa—. La frase que Mariana oyó de boca de Liliana era elocuente: “En la familia Fernández hay hijos que no son hijos”.
La organización le propuso ir a la fiscalía y declarar eso mismo en la justicia y la mujer accedió. Celeste la acompañó. En esa ocasión, además, Mariana pidió cambiarse el apellido y refirió algunas situaciones de violencia vividas con su progenitor. También relató que se cruzó en varias ocasiones con Norberto Fernández, quien le decía “así que vos sos hija de Lanza”. Los hermanos Fernández conocían a Lanza por la escuela de instrucción policial.
La otra fuente importante para dar con Miriam fue Cintia Troncoso, quien se había comunicado por correo electrónico con la comisión porque sospechaba de una apropiación dentro de la familia Fernández. El nexo entre ella e H.I.J.O.S. fue Tobías Crespo, cercano a la agrupación. El testimonio de Cintia fue fundamental: su esposo Rodrigo era hermano del exmarido de Stella Fernández, hija de la pareja imputada.
Entre septiembre y octubre del mismo año se reunieron con ella. En ese momento Mendoza transitaba el tercer juicio por delitos de lesa humanidad y Osvaldo Fernández estaba detenido de forma preventiva. Sin embargo, su familia sostenía la versión de que se encontraba trabajando en San Luis. La situación era “incómoda” para la familia. Según Rodrigo —pareja de Cintia—, debido a la investigación judicial sobre Fernández podían investigar de dónde provenía Miriam. Iris Luffi le había dicho a su hija Stella que Miriam no era hija biológica y que posiblemente era hija de personas desaparecidas. Esto Stella se lo contó a su esposo y el hombre —Celeste no recordaba el nombre— lo comentó a su vez con su hermano Rodrigo. De esta manera se había enterado Cintia. Luffi también habría referido que una noche Osvaldo Fernández apareció con la bebé. El temor se debía al contexto del juicio, resumió la testigo. Por lo tanto, como consultó posteriormente la abogada querellante, Iris Luffi, Stella Fernández y su marido conocían la situación de apropiación que se investiga.
Aunque el grupo asistía a las audiencias del juicio y Miriam estaba presente, prefirieron no establecer un contacto con ella como sí habían hecho en otros casos. Tuvieron “un cuidado enorme” porque no era “una situación común”: el apropiador estaba siendo juzgado y la víctima acompañaba a su familia de crianza. Para obtener más datos armaron un perfil de Facebook que les permitió constatar el cumpleaños de Miriam y comparar sus fotos. Entonces empezaron a atar cabos. Además, explicó que conocían la historia de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete y las posibles fechas de parto de la primera.
“No podíamos seguir solas y presentamos la denuncia”, sostuvo. La testigo aclaró que Cintia Troncoso, que conocía bien a la familia Fernández, sospechaba de otra de las hijas del imputado: una de las mellizas, porque no eran parecidas entre sí. Todo esto lo declaró la mujer ante la fiscalía.
“Desde el 98 en adelante recibimos muchas presentaciones espontáneas. Nuestro trabajo es ese. Hemos acompañado análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos, hemos trabajado con CONADI [Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad] y Abuelas. Nos hemos formado en cuanto a identidad, al trabajo que esto lleva, la búsqueda”, explicó Seydell. También agregó que dentro de la agrupación H.I.J.O.S. hay psicólogos y psicólogas que se especializaron en el tema, de quienes aprendió sobre el “vínculo perverso entre apropiandor y apropiada”. Al respecto, expresó su deseo de que el tribunal convocara a profesionales en la materia. “(…) Hay una realidad biológica que se le ocultó. Sabemos que buscar la verdad es fuerte, seguramente ha sido para ella muy duro. Su nacimiento en las peores condiciones en un centro clandestino de detención, en la ESMA. La verdad no podía salir con color de rosas”, concluyó.
Belén Baigorria: “Si hay verdad hay libertad”
Belén Baigorria se presentó como sobrina de Alberto Bernal, Juan Bernal y Raquel Herrera. “La pareja de Juan y Raquel fue fusilada en la época de la dictadura y mi tío Alberto está desaparecido”, explicó. La testigo empezó a militar activamente en la agrupación H.I.J.O.S. en 2010. Se integró luego a la Comisión Hermanos.
Al igual que el testimonio precedente, Baigorria refirió la forma de trabajo de la comisión, con presentación espontánea de posibles víctimas y aportes de la sociedad en general, a los cuales denominaban informalmente “denuncias”. Es decir, personas que tenían dudas sobre la identidad de alguien más. Una de las políticas de Hermanos fue convertir esas “denuncias” en presentaciones espontáneas, generando contacto para promover que se realizaran los análisis sus protagonistas: “En algunos casos pudimos, pero teníamos un techo. Necesitábamos otras herramientas legales”. La mayor dificultad, agregó, era con familias de miembros “de las Fuerzas Armadas o genocidas”.
Declara en sala Belén Baigorria
El caso de Miriam, según la testigo, tuvo varias líneas de trabajo. Cintia Troncoso fue el primer aporte. Cuando se reunieron con ella, explicó, ya tenían gran parte de la información por los intercambios electrónicos previos. Les comentó los vínculos con la familia Fernández a través de su pareja, Rodrigo Sánchez, cuyo hermano Fernando estaba casado, a su vez, con Stella Fernández. Troncoso conocía a los hijos del matrimonio imputado por reuniones familiares. Además, la tía de Cintia tenía propiedades en la zona y les alquilaba la casa a Miriam y al propio Osvaldo Fernández. No obstante, en un primer momento Cintia dudó de Stella porque no la veía parecida a su melliza Marcela.
Baigorria repitió las palabras de Iris Luffi sobre el origen de Miriam, “no es hija biológica, es hija de desaparecidos”, y destacó que le pidieron a Troncoso la mayor precisión porque sabían que la información que escuchaban tenía peso. “El comentario surge en el contexto de una mentira sobre el destino de Fernández durante el tercer juicio: no estaba trabajando en San Luis, sino detenido”, agregó Baigorria. Cintia contó que Iris Luffi se acercó a su tío, que tenía un negocio en el mismo barrio, y le pidió que negara conocer a su esposo si alguien preguntaba por él.
La comisión mantenía vínculo directo con Abuelas y el Banco Nacional de Datos Genéticos y había llenado un formulario con información sobre las embarazadas desaparecidas de la provincia: “Cotejábamos los listados. Había mucha coincidencia”.
La otra línea fue Mariana Herrera Rubia, que se acercó a Hermanos para aportar un dato sobre el caso, pero también con inquietud e incomodidad acerca de su propia situación personal. Su progenitor, al que señaló como genocida, era Héctor Lanza. Mariana se había contactado con el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y el abogado Alfredo Guevara y, entre la información que recabó sobre Lanza, constató la relación de este con Osvaldo Fernández y su hermano Norberto. El vínculo era fundamentalmente con Norberto porque habían sido compañeros de la Escuela de Policía. Mariana se lo había cruzado en algunas reuniones.
Además, era amiga de Liliana Giuliani, casada con otro policía —que trabajaba de civil— llamado Jorge Giarratana. Giarratana era cuñado de Norberto Fernández. Fue Liliana quien comentó frente a ella “en la familia Fernández hay hijos que no son hijos”. La frase podía aplicarse tanto a Norberto como a Osvaldo.
Por otro lado, como parte de la reconstrucción de las historias de las detenidas embarazadas la comisión se reunió con Beatriz García para conversar sobre María del Carmen Moyano y se enteraron de que el MEDH estaba investigando la misma situación. También tuvieron algunas revelaciones a raíz del trabajo realizado: “Iniciamos con 5 [casos] y nos dimos cuenta de que eran 6 y podían ser más. Había cierta circulación de las embarazadas, entonces quisimos ampliar y hablar de Cuyo”. Baigorria explicó que la fecha de nacimiento de Miriam coincidía además con la estimación del parto de Adriana Bonoldi, de modo que no tenían certezas.
Belén Baigorria en la puerta de Tribunales Federales
Baigorria solicitó mayor celeridad y contundencia en la búsqueda: “La apropiación fue un robo, no fueron adopciones ilegales. Sabíamos que los genocidas se quedaban con los bebés. Necesitamos herramientas legales y que se investigue la identidad de los hijos y las hijas de los genocidas condenados nacidos entre el 76 y el 83 porque ellos mueren con esas verdades”. También compartió la experiencia de la organización y relató que las personas que se contactaban con sospechas lo hacían “en silencio y en soledad”, temiendo que sus familias dejaran de hablarles o de quererlas. Estos “hijos de la duda”, esperaban los fallecimientos de sus padres y madres para encarar ese proceso, “privándose de su derecho, por el vínculo perverso que se genera”.
Por último, explicó que Hermanos asumió que su labor tenía “techo” y decidieron hacer la presentación ante la fiscalía. El acercamiento a Miriam, por la relación que tenía ella con su familia, era complejo y quisieron proceder de la forma “más correcta y respetuosa”. “Siempre nos movió el amor y la búsqueda de la verdad. Si hay verdad hay libertad. Si hay verdad no puede haber manipulación y mentira (…) Miriam es hija de la verdad, lo porta en su sangre”, finalizó.
A pedido del defensor oficial, Baigorria aclaró que se reunieron con Troncoso en dos ocasiones antes de la presentación judicial, que fue en noviembre. No obstante, el contacto se mantuvo porque continuaron agregando información al expediente durante 2013. Además, cuando Cintia tuvo que concurrir a declarar la acompañaron desde la comisión.
Paula Baigorria: “Siempre nos movilizó el amor y el compromiso”
La última en prestar testimonio fue Paula Baigorria, hermana de la testigo anterior. En 2012, ella también acompañó la presentación de la denuncia ante la fiscalía por el caso de Miriam. Luego de repasar el funcionamiento de la Comisión Hermanos dentro de la organización, relató que por dos fuentes distintas les llegaron comentarios de que Miriam podía ser hija de personas desaparecidas: Cintia Troncoso y Mariana Herrera Rubia.
Paula explicó que Cintia, al menos en ese entonces, estaba en pareja con un hombre cuyo hermano —y padrino de su hijo— estaba casado con Stella Fernández, hija de Osvaldo Armando Fernández e Iris Luffi. Se conocían por relaciones familiares pero, además, una tía de Cintia era la propietaria de las viviendas que alquilaban Miriam, por un lado, y la familia Fernández por otro.
También en sala, la testigo Paula Baigorria
Por todas estas conexiones, Cintia pidió en ese momento que no se supiera que ella había hablado del tema. “No quería quedar expuesta”, comentó la testigo y resaltó la valentía de la mujer que, aun sabiendo las consecuencias que le podía traer, eligió aportar información a la Comisión Hermanos. Incluso le pidieron más datos, como la fecha de nacimiento de Miriam, y ella les fue consiguiendo lo solicitado. También les contó que, por aquellos años, Iris Luffi se acercó al negocio de la familia de Cintia y les pidió que, si alguien preguntaba por Armando Fernández, dijeran que no lo conocían.
La comisión trabajaba sobre la base de una grilla con referencias de mujeres secuestradas embarazadas y cuando cotejaron lo que tenían acerca de Miriam con el cuadro de María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, se emocionaron: “Es igual”, se dijeron. Sin embargo, no podían asegurar nada: “Nos parecía una locura que ella estuviera acá. Suponíamos que esas personas habían quedado en la provincia donde habían nacido. Nos llamaba mucho la atención el parecido pero tratábamos de no pensar que ella era hija de la pareja”.
El otro dato provino de Mariana Herrera Rubia. Y dijo la misma frase que las testigos anteriores: “En la familia Fernández hay hijos que no son hijos”. Eso lo sabía por una amiga —Liliana— que tenía relación con Norberto Fernández, el hermano del imputado. Mariana se había acercado porque también quería conocer y aportar información sobre su progenitor, un policía de apellido Lanza que seguramente había tenido participación en la dictadura. Estaba con los trámites para cambiarse el apellido y las militantes de H.I.J.O.S. la acompañaron.
Paula Baigorria
Con esta anécdota accesoria, Paula Baigorria destacó el compromiso de la Comisión Hermanos: “Trabajamos porque estamos comprometidas con la temática. Porque, contrariamente a lo que se cree, los derechos humanos no son un curro. Quienes integramos los organismos hacemos esto por convicción y por amor. Tenemos mucho amor a Miriam y a todos los hermanos que faltan”.
Cuando recibían denuncias, trataban de hablar con las personas de cuya identidad se dudaba para motivarlas a hacerse voluntariamente el análisis de sangre. Pero con el caso de Miriam, “debatimos mucho qué hacer. Conocíamos a Miriam, la veíamos en los juicios. No podíamos ir nosotras a decirle”. Y entendieron que ese era su límite, que no tenían las herramientas para abordarla y convencerla de que se analizara. Por eso presentaron la denuncia ante la fiscalía, casualmente, el 22 de octubre del 2012, Día Nacional de la Identidad.
La tarea de la Comisión Hermanos “es muy dura”, añadió la testigo, porque la mayoría de los análisis de sangre que acompañan son negativos. “Era una tarea bastante frustrante, no encontrábamos a nuestros hermanos y decaíamos cuando uno tenía muchas posibilidades y no era. Pero la única lucha que se pierde es la que se abandona y no la abandonamos”. En diciembre de 2017 salió a la luz que Miriam era hija de “Pichona” Moyano y Carlos Poblete.
Entre la denuncia y la recuperación de identidad pasaron 5 años. Durante todo ese tiempo siguieron recolectando información y presenciando los juicios. Paula recordó que en un debate declaró Arnaldo Villegas, hermano del desaparecido Edesio. En los 70 era amigo de Armando Fernández y un día lo invitó a comer. Después de un descuido, lo encontró revisando la casa y le pidió que se fuera. Posteriormente le preguntó a Fernández datos sobre su hermano desaparecido, pero él se los negó. Sin embargo, “hay testigos que vieron a Edesio en el D2, agonizando por las torturas”, aportó Paula. Y reflexionó sobre el caso con una analogía sobre el imputado: “Le ocultaba una información muy valiosa a alguien que él consideraba su amigo, tenía su aprecio. Tenía la información y no se la dio”.
La testigo apeló a la responsabilidad de Fernández, quien era oficial inspector del D2, especializado en inteligencia. “Dudo de que él no haya conocido quiénes eran el padre y la madre de Miriam. Lo sabía y aun así decidió quedarse con la bebé. Y en el remoto caso de que no supiera, tenía todas las herramientas a su alcance para investigar quién era la familia de esa niña y entregársela. Él decidió no hacerlo, porque las niñas y niños apropiados eran un botín de guerra. Decidió ocultarle su identidad y no decirle de quién era hija”. Destacó la participación del principal imputado en el plan sistemático de robo de bebés y desaparición de personas.
Paula Baigorria aprovechó para pedir el análisis de los hijos e hijas de Armando Osvaldo Fernández y de su hermano Norberto: “Las hijas e hijos de nuestros compañeros y compañeras deben ser buscados en las familias de los militares porque eran ellos quienes se los quedaban”. Remarcó que, de esa forma, se agilizaría la búsqueda que hasta ahora solo ha resultado en la restitución de la identidad de 130 personas apropiadas durante la dictadura: “Los datos son desalentadores”, aseguró, porque se estima que son más de 500.
La importancia de impulsar la búsqueda es, por un lado, porque las personas apropiadas son grandes y “están viviendo muchos años en una mentira”. Y, por otro lado, con el tiempo se van muriendo integrantes de las familias que las buscan, como el caso del abuelo de Miriam.
“Hagan el ejercicio con algún familiar de ustedes —interpeló a las partes del juicio— para ver si así pueden llegar a dimensionar la gravedad del asunto”. Y citó a la madre de Lidia Cristina De Marinis, Isabel Figueroa: “Quien no ha bebido de esta agua no sabe cómo sabe”. La testigo aprovechó para traer a la memoria al abuelo de Miriam, quien la buscó incansablemente.
Reveló que, por todo esto, recibieron algunas agresiones, pero “hemos decidido no responder ante amenazas o comentarios malintencionados”, manifestó Paula. Y declaró que una de las mellizas Fernández les respondía con sarcasmo las publicaciones en redes sociales con comentarios como “no se preocupen que fue criada con amor”. Eso “era lo menos que podían hacer”, expresó tajante la testigo.
Cuando veían a Miriam en Tribunales, sabían que era ella: “Siempre la quisimos y la querremos. Siempre nos movilizó el amor y el compromiso por Pichona, por Carlos, por ella y por todos nuestros hermanos y hermanas apropiadas que todavía no sabemos dónde están. Siempre van a tener un lugar en nuestro corazón y cuando ella decida y ella quiera, la vamos a estar esperando”, le dijo a Miriam a través de su testimonio ante el tribunal.
Hacia el final de su declaración, la testigo contó que con Miriam coincidían en el colectivo. Una vez el vehículo frenó de golpe y ella se cayó sobre Paula. “Sin querer me tocó la mano”, recordó amorosamente. Y, a pesar de su escepticismo, aseguró que sintió una especie de energía. “Con cuántos hijos nos habremos cruzado y no sabemos que son los hijos. Digo esto porque existen, se los robaron y están conviviendo entre nosotros. Es muy importante que los encontremos”, concluyó.
La próxima audiencia será el 18 de junio a las 9:30.
AUDIENCIA 6 / “ENGENDRAR EL AMOR ERA TAMBIÉN UN ACTO REVOLUCIONARIO”
21-5-2021 | Declararon Beatriz García y Ana Montenegro, amigas y compañeras de María del Carmen Moyano. “Betty” García, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), refirió las pistas que recibió la organización sobre el paradero de la bebé apropiada. Montenegro dio detalles de la vivienda que ella y Daniel Olivencia compartieron con Carlos y Pichona en San Juan, en 1975, y su último encuentro con María del Carmen —embarazada— a principios del 77. La próxima audiencia será el viernes 4 de junio a las 9:30.
Ambas declaraciones fueron extensas y detalladas. Las testigos recordaron conmovidas a Pichona y Carlos y le dirigieron palabras a su hija Miriam.
Beatriz García: juventud y militancia junto a “Pichona”
Beatriz García es docente jubilada e integrante del MEDH. Coordina además el grupo Memoria e Identidad “Pichona” Moyano. Comenzó su declaración señalando que le interesaba fundamentalmente que Miriam y su hijo supieran quién y cómo era Pichona: “Guardo el mejor de los recuerdos de mi parte de la vida compartida con ella”. Según García, la mujer era solidaria y “llana”: “No le gustaba hacerse notar. Hacía las cosas que le correspondían, pero sin esperar reconocimiento”, recordó.
Se conocieron en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Maza en 1972. Allí coincidieron como alumnas y luego en el Centro de Estudiantes. Más tarde comenzaron a participar de Juventud Peronista 17 (JP 17). Entre 1972 y 1973 militaron en el barrio San Martín en el marco de la labor encarada por “Macuca” Llorens en esa comunidad. Allí el grupo repartía comida y ropa, además de entregar medicamentos que conseguían de forma gratuita. Juan Basilio Sgroi, presidente del Centro de Estudiantes —ya recibido— era el encargado de supervisar la tarea.
Asimismo, Beatriz y María del Carmen trabajaron juntas en la guardería del Campo Papa, “que aún hoy es un lugar de mucha vulnerabilidad”. Se bajaban del micro y debían caminar una gran distancia. Un día de invierno las acercó un camión. Al hombre le pareció peligroso lo que hacían: “Le explicamos que la gente del barrio no era mala, que tenían necesidades. Que nuestra función en la guardería era permitir que sus padres y madres pudieran ir a trabajar”. García recordó la imagen de Pichona con los niños y las niñas sobre su falda, con las caras sucias y paspadas del frío. Ella se las limpiaba y les colocaba crema.
Beatriz García
Otro recuerdo importante fue el viaje a Ezeiza para recibir a Perón, el 20 de junio de 1973: “El clima era de gran algarabía. Una de las personas que le daba alegría a la situación era Pichona. Disfrutamos mucho ese viaje, fue una experiencia maravillosa”. A esa altura se habían hecho muy amigas. Llegaron a Ezeiza caminando desde el Club Vélez, donde se alojaban: “Estábamos muy cerca del escenario”. Luego “se armó un terrible tiroteo” y terminaron cuerpo a tierra: “Con Pichona estábamos tiradas en el suelo, tomadas de la mano”. Se retiraron cuando supieron que Perón había aterrizado en una unidad militar. Recién tuvieron conciencia de la matanza al llegar a sus hogares. Sus familias estaban muy asustadas.
Las dos amigas compartieron vacaciones y viajes a Buenos Aires: “La profundidad de mi relación con Pichona se fue afianzando”.
En octubre de 1973 comenzaron a trabajar en la Dirección de Tránsito y Transporte, donde ingresaron de la mano de Sgroi, designado en la repartición por Martínez Baca. Según la testigo, Pichona era muy querida y es muy recordada por el resto del personal.
Mientras se desempeñaban en esta dependencia, en 1974 o principios de 1975, Moyano fue secuestrada cuando esperaba el micro: la subieron a la fuerza a un vehículo, la golpearon y la arrojaron maniatada y amordazada en el pedemonte. Una vez desatada pidió ayuda y consiguió que la acercaran a su casa. Al día siguiente fue a trabajar normalmente, “como si nada hubiera pasado”, pero sus compañeras vieron los raspones y moretones. Tiempo después le confesó a Beatriz lo que había sucedido. “Nunca supimos quién había sido. Ya en esa época estaban a pleno el Comando Pío XII y el CAM [Comando Anticomunista Mendoza]”.
Aunque la testigo dejó la militancia en la JP luego de la muerte de Perón, a fines de 1974, ella y Pichona siguieron viéndose. El 4 de abril de 1975 se encontraron en el cine de la Galería Tonsa. Su amiga le contó que esa tarde habían hecho un acto relámpago en la rotonda del avión, donde arrojaron “bombas panfleteras”. Sobre este suceso existen notas periodísticas. Pichona había logrado escapar de la Policía y temía por los demás compañeros. Beatriz ofreció llevarla hasta su vivienda en Godoy Cruz. Cuando se aproximaban a la esquina —calle Paraná— notaron un operativo y numerosos vehículos policiales o militares. La testigo sugirió que Pichona se fuera con ella, pero prefirió bajarse en la calle San Martín. Dos días más tarde allanaron también la casa de García aunque no estaba presente.
Supo después que María del Carmen había estado con una compañera antes de partir a San Juan. Las hermanas de Carlos le contaron que Pichona llegó a esta provincia “con lo puesto”. El día del cine fue la última vez que la vio en la legalidad. Como consecuencia de estos episodios su amiga se vio obligada a pasar a la clandestinidad. No obstante, la familia Moyano concertó algunos encuentros más entre ellas, que se produjeron entre abril del 75 y marzo del 76, momento en que Beatriz fue detenida.
“Un día me llamó su hermana Adriana y me citó en la estación del Ferrocarril. No pregunté. Fui con bastante miedo. Llegué y vi el auto de don ‘Pancho’ Moyano, gran hombre, incondicional con su hija”. Habló con Pichona sentada en un banco: “Nos juntábamos para vernos y saber que estábamos bien”.
En 1976 García estuvo presa. Al salir en libertad montó una mercería para sobrevivir. Allí recibió la visita de un hombre alto y morocho: era Carlos Poblete. Se presentó como “el compañero de Pichona” y trató de tranquilizarla asegurando que a él no lo conocían. “Carlos se fue y pensé que era un sueño. Me contó que Pichona estaba embarazada y que estaban muy felices. Le regalé escarpines. Solamente sé que Miriam no los usó”.
En 2002 la testigo se encontró con Eduardo Becerra, compañero de militancia y de la Dirección de Transporte, quien la contactó con Adriana Moyano, hermana de Pichona. Las dos mujeres se hicieron amigas. Desde entonces, todos los 24 de marzo y los 9 de mayo —cumpleaños de María del Carmen— se reúnen para recordarla. A partir de este reencuentro la testigo pudo “reconocer” que Pichona estaba desaparecida y, por tanto, fallecida: “Mi intelecto lo sabía, pero yo no lo podía aceptar”, explicó.
Alejandro Piña, presidente del tribunal
García no ignoraba el derrotero de la pareja —primero en La Perla y luego Pichona en la ESMA— y el nacimiento de la niña. Pudo acercarse a testimonios como el de Teresa Meschiatti y tuvo acceso a un habeas corpus que Francisco Moyano y otras familias presentaron a favor de mujeres detenidas y sus bebés apropiados. En el documento se relataba que Pichona había estado un mes “tirada en el suelo”, encapuchada y engrilletada, en lo que se conocía como “capucha”. Después fue trasladada a una habitación sin luz ni ventilación donde al poco tiempo se sumó Ana Rubel. Cuando tuvo contracciones la bajaron a la enfermería y la atendió el médico Magnacco. Pichona había pedido a gritos la presencia de Sara Solarz de Osatinsky, que asistió como partera a algunas detenidas. El ruido de los grilletes de Sara era insoportable para la embarazada. “En esa situación de horror, de locura y de muerte nació Miriam —declaró— que es la hija de Pichona y que ha sido víctima del delito de apropiación y supresión de identidad por cuarenta años”. Luego del parto, continuó, a Pichona la llevaron de nuevo a esa habitación. Miriam estuvo siete y ocho día con su mamá, quien posiblemente la amamantó: “Esa es una marca que no se pierde”. Poco después dio a luz Ana Rubel y regresó con Jorge, su hijo. Estuvieron dos días hasta ser retiradas, seguramente con destino a un “vuelo de la muerte”, aventuró.
La testigo se sumó al MEDH porque siempre estuvo muy interesada en la búsqueda de Miriam. Trabajó muchos años en el área de identidad. En noviembre de 2005 una compañera de trabajo, también docente, pidió hablar con ella: era Blanca Haydée Bustos, vinculada a la familia Fernández. La mujer le contó que en el invierno de 1977 la pareja imputada la visitó con una bebé pequeña aunque no tenían una relación cercana. Bustos sabía que la niña no podía ser hija de Luffi porque había dado a luz hacía poco a uno de sus hijos. Sin embargo, sostuvo que era suya. La docente ccomentó además que desde hacía mucho tiempo en la familia se rumoreaba que Miriam era “hija de desaparecidos” y que Fernández tenía “una hija apropiada”. “Quiso contármelo a mí para descargarse, para ver si podía hacer algo”, explicó Beatriz. Cuando Miriam recuperó su identidad, se reunieron Bustos y Adriana Moyano en casa de la testigo.
El MEDH procedió a investigar manteniendo la identidad reservada —por diecisiete años— a pedido de la mujer. En 2010 llegó otro testimonio, por correo. Firmaba Sofía Sande y decía ser prima de Miriam. En el mensaje aseguraba que “conocía esta situación y le incomodaba” y quería hacerlo saber, pero el MEDH no pudo concretar una reunión personal. Sande se excusaba porque temía dañar a Miriam. Beatriz se dirigió a ella: “Sofía, ya sabemos quién es Miriam”.
La testigo relató que a instancias de un grupo de jóvenes se armó una organización para recuperar las vidas de las personas desaparecidas en y de Mendoza a la que llamaron “Memoria e Identidad – Grupo ‘Pichona’ Moyano”. En 2016 grabaron un spot con Jorge Rubel —hijo de Ana Castro de Rubel—, nieto recuperado 116, en el que le hablaba a Miriam. El grupo publicó después el libro Juraría que te vi. El texto contiene una biografía de Pichona y otras historias de personas desaparecidas: “Se lo dedicamos especialmente a Miriam y a su hijo Maxi”. Beatriz también les dedicó su testimonio: “Todo ese grupo de gente que fuimos compañeros y amigos de Pichona, los queremos. Ansiamos poder abrazarlos (…) soñamos con un gran asado”.
Por último, planteó que no podía entender cómo una criatura nacida en la ESMA había llegado a manos de un policía del Departamento de Informaciones (D2). Tampoco se conoce dónde estuvieron Carlos y Pichona desde enero de 1977, cuando partieron de Mendoza, hasta abril o mayo, fecha en que ingresaron a La Perla: “¿Huyendo? ¿en el D2?”, se preguntó. “Sabemos, suponemos, que el apropiador conocía a Pichona y a su familia. Mendoza es una ciudad pequeña”.
Cuando concluyó la declaración, fiscalía y querella solicitaron que se citara a Blanca Haydée Bustos, Sofía Sande, Teresa Meschiatti y Jorge Castro Rubel para brindar testimonio en el debate. Se propuso incorporar como prueba el correo electrónico que recibió el MEDH y el libro Juraría que te vi. Viviana Beigel, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, ofreció también la declaración de Alicia Lo Giúdice, psicóloga de esta organización, de acuerdo con la sugerencia de Beatriz García.
Defensor oficial Santiago Bahamondes
Luego de consultar con los imputados, el defensor oficial Santiago Bahamondes mostró conformidad. El abogado particular de Iris Luffi, Mariano Tello, cuestionó la pertinencia de la prueba documental mencionada y se opuso a convocar a Lo Giúdice, Meschiatti y Rubel. El tribunal deberá resolver.
Defensor particular Mariano Tello
Ana Montenegro: “Carlitos y Pichona se hacen presentes a través de esta niña”
La segunda testigo de la fecha fue Ana María Montenegro, quien conoció a María del Carmen Moyano y a Carlos Poblete. El testimonio estuvo marcado por el recuerdo de “’Pichona’ y Carlitos”, su compromiso militante, social y humanitario; y por la búsqueda de respuestas ante la apropiación de la hija de la pareja: “Siento que es a través de esta niña que podemos traer a la memoria quiénes fueron Carlos y Pichona”, consideró.
Antes del golpe, Ana militaba en la Juventud Universitaria Peronista en Mendoza con su compañero, Daniel Olivencia. Durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, Daniel fue víctima de un secuestro a manos de la Policía Federal y desde Montoneros evaluaron la posibilidad de trasladarlo a San Juan a principios de 1975. Ana se mudó con él dos meses después.
Declara Ana Montenegro
En esa provincia vivieron en una casa en la localidad de Rawson: Daniel, en la clandestinidad; pero Ana, no. Poco tiempo después, alrededor de junio del 75, llegaron Carlos Poblete y María del Carmen Moyano, a quien “cariñosamente le decíamos ‘Pichona’”. Las dos parejas compartieron los últimos meses del embarazo de Ana. Victoria, su hija, nació el 10 de septiembre de ese año en el hospital de Rawson.
Al día siguiente fueron retiradas por la madre de Ana y volvieron a la casa. “Cuando yo volví a la casa con Victoria, que era una nena realmente preciosa, Carlitos era una persona sumamente afectiva con la Vicky. Le decía ‘la Peta’”, sobrenombre cariñoso con el que la llamaron mucho tiempo. Carlos jugaba y cantaba con la niña.
La testigo contó que, a fines de 1975, debieron mudarse por razones de seguridad a la calle 9 de Julio —también en San Juan—, mientras que Carlos y Pichona se fueron a otro lugar cuya ubicación Ana ignora. En junio del 76, Ana volvió a Mendoza con su hija y en noviembre de ese año Daniel fue secuestrado en la calle El Líbano de Rawson. Carlos iba con él, pero logró evadir el operativo y escapó. Después de este evento, Carlos y Pichona se fueron de San Juan y Ana nunca volvió. Gracias al enlace con la mamá de Ana, él le hizo llegar a la testigo el documento de identidad de Daniel y ella se lo dio a la madre de su compañero.
Con Pichona y Carlos se volvieron a ver por última vez a principios de 1977, en un departamento de la calle Juan B. Justo de Mendoza. Pichona estaba embarazada y ella le dio algunos vestidos que le podían servir. “Tengo ese recuerdo vívido de Pichona con su panza, muy conmovida porque quería ver a la Vicky”, manifestó Montenegro. El 21 de marzo de ese año allanaron violentamente ese departamento: “Lo revientan, lo demuelen”, precisó la testigo. El alquiler estaba a nombre de Guillermo Salatti, futuro marido de Ana Montenegro, y tuvieron que pagar todos los daños ocasionados.
Ana reflexionó: “Me interesa poner de manifiesto quiénes fueron Carlos y Pichona y qué significa el hecho del amor, de la pareja, de maternar en un lugar tan terrible… Haber parido a esta niña en la ESMA, que para todos nosotros es el mismo corazón del horror”. Y es a través de aquella niña —que hoy es una mujer— que se trae el juicio la historia de su mamá y de su papá: “A través de ella se reconstruye la historia”, aseguró Ana.
La testigo encuentra una analogía entre la historia de Pichona y la suya: “No puedo dejar de ver en paralelo lo que ha sido mi vida y la vida de mi hija que, a pesar de toda la adversidad, pudo criarse conmigo. A pesar de la desaparición física de su papá hemos podido construir un lugar de amor para ella (…) Como madre, como alguien que vivió circunstancias tan parecidas, no puedo dejar de conmoverme en el sentido de lo que ha sido la historia de Pichona. La suerte mía pudo haber sido la suerte de Pichona y la suerte de Pichona pudo haber sido la mía”. Y la extendió hacia Victoria y Miriam: “Hoy hay dos hijas que entrelazan estas historias. Victoria porta la historia de su papá desaparecido y Miriam porta la historia de su mamá y de su papá desaparecidos. Desde el corazón de madre, de mi cabeza militante, quiero decirle a Miriam que siempre tiene un lugar con nosotros, de amor y de cuidado”.
Ana Montenegro destacó la figura del padre de Pichona, “Don Pancho” Moyano, a quien conoció en sus visitas a San Juan. Como otros testimonios, remarcó que Francisco fue un hombre que “luchó hasta el último día de su vida por encontrar a esta niña”, como también Adriana Moyano y Elsa Poblete.
Francisco Moyano buscó en todos los lugares posibles, recorrió dependencias, hizo presentaciones judiciales. “No hay algo que justifique por qué no la entregaron a su familia”. El apropiador era un hombre del D2, “una cosa que entra en la más absoluta perversión”. Su deber era llevarla a su seno familiar y nunca sucedió. Y continuó: “Quedarse con el hijo de una compañera es apropiarse de un botín de guerra, es el mismo horror de cuando pueden poseer en la violación, en el ultraje a una mujer engrillada, picaneada y violada (…) Se juega en el campo de la perversión, no me alcanzan las palabras para decirlo. Esto es el horror”.
En un camino opuesto ubicó la historia de Carlos y Pichona, y para referirse a esa historia de amor, Ana se dirigió a Miriam: “A mí me queda la tremenda necesidad de rendirle un homenaje con todo mi amor, todo mi cuidado y decirle que realmente su mamá la quiso mucho, la deseó mucho. Se abrazaba a la panza cuando la vi (…) Me siento con la obligación de decirle que nunca dudé del amor de su mamá y de su papá”. Se refirió, además, al calor de la lucha y de la construcción colectiva de “los buscadores de sueños”: “De este lado, una mantita que hemos ido tejiendo donde nos vamos cobijando todos. Del otro lado están el silencio, el pacto genocida (…) Quiero decirle a Miriam que la familia, los compañeros, la esperamos y la queremos”.
La militancia era una forma de cambiar el mundo injusto y Miriam es fruto del amor de dos personas que compartían ese sentimiento. “Yo nunca he dejado de nombrar a Pichona y a Carlitos. Siento que cada vez que cada uno declara está hablando en el nombre de los compañeros”. Esas compañeras y compañeros “éramos gente atravesada por la intención de cambiar y crear un mundo más justo. En ese mundo, parir, tener un hijo, engendrar el amor era también un acto revolucionario”, le dijo Ana Montenegro al tribunal y, a través de él, a Miriam.
La próxima audiencia será el 4 de junio a las 9:30.
