Italia juzgará al represor, que se fugó en 2011 tras el fallo de la Cámara de Casación que lo liberó
Vestido con una camisa, campera y eclipsando su rostro con una gorra negra, Carlos Malatto, de 74 años, está reunido con un hombre al pie de unos yates en el puerto turístico de Portorosa, el más grande de Sicilia y uno de los más exclusivos del mar Mediterráneo. Corría diciembre de 2019 y nada podía entorpecer, en principio, la rutina sosegada en el paraíso marítimo bajo una ligera brisa y unas gaviotas sobrevolando el cielo límpido. “No puedo hablar, estoy con una persona”, es lo primero que larga Malatto a una periodista que lo interrumpe mostrándole el cartel de la recompensa que el Estado argentino ofrecía para su captura. La periodista lo sigue, caminando a la par en su huida. “¿Por qué no me responde?”, lo interroga, mientras Malatto desliza una sonrisa opaca de lado y continúa su marcha silenciosa, manos en los bolsillos, camuflado en la vida de un pensionado feliz.
Salvando las distancias, la fugaz caminata se pareció a aquel emblemático reportaje del periodista norteamericano Sam Donaldson al criminal nazi Erich Priebke en las calles de Bariloche, donde se había ocultado como un buen vecino. Poco después del reportaje, Priebke fue extraditado a Italia y sentenciado a prisión perpetua por su participación en la masacre de las Fosas Ardeatinas en Roma. Carlos Luis Malatto vive en Italia desde 2011 gracias a su pasaporte italiano, prófugo pese a conocerse su paradero. No había sido la única que vez que un periodista fue sobre sus pasos. “¡Váyase!”, gritó para expulsar a un reportero que le preguntó por su pasado como represor, antes de encerrarse en su casa, rodeado de un Mercedes Benz deportivo color azul. En torno a la villa de Malatto había varios yates, propiedades de los habitantes del “resort”. Respiraba un aire triunfal.
A Malatto los abogados italianos lo tienen en la mira desde 2015. El abogado argentino residente en Italia Jorge Ithurburu, presidente de 24Marzo Onlus –organización que querelló en Italia a militares y políticos latinoamericanos por delitos de lesa humanidad–, lo denunció en aquel año, luego de que el represor fuera localizado mientras vivía como un vecino más en el barrio exclusivo de Portorosa, y la Justicia europea rechazara la extradición. Según el artículo 8 del Código Penal italiano, el Estado puede enjuiciar a sus ciudadanos por esa clase delitos, sin importar si los cometieron dentro o fuera de las fronteras.
Antes que eso, la Justicia argentina llegó a detenerlo y mantenerlo bajo prisión preventiva durante algún tiempo, mientras se demoraba en fijar fecha para el juicio que lo tendría entre los acusados. Con la excusa de esa demora, la Cámara de Casación Penal le habilitó la libertad que le permitió fugarse en 2011. “Logró establecerse en Italia con el pasaporte de ciudadano italiano, que logró conseguir en tiempo record tras escapar de la Argentina vía Chile”, resumió Eva Lerouc, hija de dos víctimas del militar retirado y parte de la querella.
Acusado en la Argentina por cerca de 30 casos de desaparecidos, se desempeñó como teniente coronel del RIM 22, el temerario Regimiento de Infantería de Montaña de San Juan. Más de 16 testigos lo acusan como autor de torturas, según se desprende de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Mendoza. El de Malatto es un caso paradigmático de aquellos represores argentinos que se fugaron para evitar el juicio en la Argentina.
En su escala de regreso desde Arabia Saudita, donde participó de la reunión anual para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial de la UNESCO en la que el Museo Sitio de Memoria ESMA fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla se encontró en Italia con la fiscal de Roma Gianfederica Dito, a cargo de la causa contra el represor prófugo. Allí, según sus propias palabras, reafirmó el compromiso del Estado argentino para que la investigación contra Malatto avance hacia la etapa de juicio oral.
La fiscalía italiana había realizado días atrás el cierre formal de la etapa de investigación del expediente, en el que está acusado por el asesinato de al menos ocho personas en su carácter de miembro de la plana mayor del RIM22 en la provincia de San Juan. “Desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos asistiendo a la Justicia italiana en los procesos para acortar los plazos y con la expectativa de que se produzcan las extradiciones y las elevaciones a juicio”, explicó Pietragalla después del encuentro con la fiscal, durante una conferencia realizada en la Cámara de Diputados italiana. “Por primera vez el Estado argentino es querellante en procedimientos en el exterior y esto fue una decisión política de nuestra gestión para que no haya impunidad biológica, ya que la mayoría de los que están prófugos son personas de una edad muy elevada”, agregó.
El caso de Malatto no es el único que el Estado argentino sigue en Italia. Además, hay dos procesos de extradición abiertos para juzgar en el país al ex capellán militar de San Rafael, Franco Reverberi Boschi, y a Daniel Oscar Cherutti, ex miembro de la SIDE durante la dictadura. El pedido de extradición de Reverberi Boschi, en rigor, fue aceptado por el Tribunal de Apelaciones de Bolonia en julio de este año luego de un largo proceso judicial y el próximo 10 de octubre el Tribunal de Casación analizará esa decisión a pedido de la defensa del ex capellán. En el caso de Cherutti, el 28 de septiembre se desarrollará la primera audiencia ante la Justicia italiana para analizar el pedido de extradición. Por último, la Argentina también es parte del juicio que se sigue en ese país contra el ex militar uruguayo Jorge Troccoli, que tendrá su audiencia testimonial el 23 de octubre. El ex marino está acusado por los crímenes cometidos contra el argentino José Agustín Potenza, su pareja italiana Giuliana Filipazzi y Elena Quinteros, de Uruguay, en el marco del Plan Cóndor.
Sobre el caso Malatto, la Corte de Casación italiana decidió en 2014 rechazar el pedido de extradición de Italia, adonde había huido para evitar la captura en la Argentina. Su abogado fue Augusto Sinagra, defensor del jefe de la logia masónica P2, Licio Gelli, que tuvo notable influencia en el último gobierno del general Perón. Pero al año siguiente el ministro de Justicia de Italia, Andrea Orlando, dio vía libre a una acción judicial en Italia contra Malatto, indagado en principio por la participación en cuatro homicidios, entre ellos el de Juan Carlos Cámpora, ex directivo de la Universidad de San Juan, y el de la ex modelo francesa Marie Anne Erize.
Según investigó la Justicia argentina –con hechos acreditados por los tribunales italianos en cruces de información–, Carlos Luis Malatto había ocupado el cargo de segundo jefe de ejecución en el plan de tortura, secuestros, violaciones y desapariciones en San Juan. Conquistó, de ese modo, un rol de elite en la relación entre el Ejército y la Policía. Testigos en los juicios de lesa humanidad lo situaron en la Jefatura de la Policía y en la noche en que fue asesinado Ángel Alberto Carvajal, un militante comunista, en el Penal de Chimbas. Se cree que Carvajal fue torturado hasta la muerte.
Hombre de confianza de Jorge Antonio Olivera –apodado “El carnicero de San Juan”, condenado a prisión perpetua por más de 50 crímenes de lesa humanidad y antes desertor durante años, con fuga a Italia incluida–, los testimonios de sobrevivientes describieron a Malatto como uno de los torturadores más eficaces. Junto a otro represor, Gustavo De Marchi, estuvo a cargo de la toma de la Casa de Gobierno en 1976 y también se le atribuye el traslado de detenidos desde el Penal de Chimbas a otros centros clandestinos de detención. Entre las víctimas de Malatto –que la Agrupación 24 de Marzo de abogados sanjuaninos estima en más de 30–se encuentran activistas, estudiantes y líderes políticos, incluyendo a Daniel Rodolfo Russo, Florentino Arias, Armando Lerou y Marta Saroff. Todos fueron secuestrados o asesinados en San Juan, Mendoza o Buenos Aires, y pasaron por centros clandestinos de San Juan.
No son horas de calma en el barrio privado que habita en la playa siciliana. Un pasado que borrar se ha convertido en un fantasma que acecha cada vez con mayor fuerza. Tal vez los años de impunidad ya no corran más en su relajado paso entre los yates, como empresario reconocido de una de las costas más codiciadas del Mediterráneo. Ni el asombro de sus vecinos, ante los carteles que se pegaron en los alumbrados públicos sobre un genocida suelto en Italia. Su juicio, en este país, está pronto a suceder. Y luego, de acuerdo a lo que adelantaron las autoridades, un nuevo pedido de extradición, porque la Argentina también quiere condenarlo en su tierra por su multitud de víctimas.