de Fabio Marcelli.
Como afirma el abogado Arturo Salerni, “El pronunciamiento de la justicia italiana sobre la historia de los desaparecidos en América Latina – y sobre el pacto criminal entre las dictaduras de América del Sur en los años setenta – constituye una página histórica en el terreno de la verdad y la justicia en relación con los crímenes de lesa humanidad. Con ello concluye un camino que duró años en el que se reconstruyeron los trágicos hechos de secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones de cadáveres, secuestro de niños, perpetrados en detrimento de toda una generación de opositores políticos y militantes sociales y sindicales ». La acción judicial impulsada por asociaciones como ONLUS 24 de marzo, Rights Project y otras, tuvo el mérito de excavar, durante más de veinte años, en la memoria de crímenes horrendos, exponiendo responsabilidad y complicidad.
El bloqueo judicial que permitió intervenir la jurisdicción italiana fue el de la ciudadanía italiana de ciertas víctimas de la represión. En cuanto a Chile, estuvo el jefe de la escolta de Salvador Allende, el joven militante socialista Montiglio, el líder comunista Donato, el militante MAPU Maino y el cura militante del MIR, Venturelli. Otras víctimas de nacionalidad italiana recibieron justicia mediante la cadena perpetua de sus asesinos, incluido el ex soldado Troccoli.
La muy reciente decisión del Tribunal Supremo de 9 de julio de 2021 ha hecho definitivas las condenas a cadena perpetua de este último y de otros doce militares uruguayos (Arab Fernández, Gavazzo Pereira, Larcebeau Aguirregaray, Mato Narbondo, Maurente Mata, Medina Blanco, Ramas Pereira, Sande Lima, Silveira Quesada, Soca, Vázquez Bissio, Blanco), un boliviano (Arce Gomez), tres peruanos (Morales-Bermúdez, Cerruti, Francisco Ruiz Figueroa, Martínez Garay) y siete chilenos (Ramírez Ramírez, Ahumada Valderrama, Espinoza Bravo, Aguirre Mora, Luco Astroza, Moreno Vásquez, Vásquez Chauan).
El valor de esta digna actividad judicial es enorme desde varios puntos de vista. En primer lugar porque contribuye a la represión de horrendos crímenes cometidos durante muchos años contra personas capturadas, torturadas, asesinadas y desaparecidas dentro de un amplio plan concebido por los líderes políticos y militares de los países del Cono Sur de América Latina (Argentina , Chile, Bolivia, Perú, Uruguay, Paraguay y Brasil) en alianza con los órganos de inteligencia y los jefes del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, en primer lugar Harry Kissinger. La estrategia criminal en la que se llevaron a cabo los horrendos crímenes fue concebida, por tanto, a muy alto nivel y existen diversas pistas que llevan a la hipótesis de que fue la otra cara de las masacres, aún mayoritariamente impune. que afectó a Italia en el mismo período de tiempo y, en particular, en la década de 1970. Figuras como el Venerable piduista Licio Gelli, pero también varios albaceas menores ubicadas al nivel de los obreros fascistas, tenían además excelentes relaciones con la generación de verdugos uniformados de América Latina, con quienes compartían el compromiso común contra el comunismo y por el salvaguardar la alianza occidental, que después de todo inspiró (y continúa inspirando) a Kissinger y a los gobernantes estadounidenses en general.
Y aquí llegamos a la segunda gran razón de gran importancia de la ahora rica y articulada jurisprudencia italiana sobre el tema de los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares y políticos latinoamericanos. Se trata de que, como lo demuestra la feroz represión antipopular llevada a cabo por la golpista boliviana Áñez, ahora justamente juzgada por esta razón en su país, por la que llevó a cabo el presidente chileno Piñera contra el movimiento popular. , por lo que él y varios dirigentes políticos y soldados de su gobierno han sido remitidos a la Corte Penal Internacional, y más aún por la feroz que está llevando a cabo en Colombia el régimen de Duque y Uribe, que ha cobrado al menos 72 víctimas civiles y numerosos desaparecidos. y también está siendo juzgado hoy. en La Haya,
Hoy, como ayer, estos crímenes son cometidos por personas muy vinculadas al gobierno de Estados Unidos y a las multinacionales, que no retroceden ante nada para poder garantizar, frente a toda sacrosanta rebelión popular, la continuidad. de la dominación del capital y del imperio. Ante crímenes tan horrendos, es de fundamental importancia que los sistemas judiciales del estado de derecho reaccionen imponiendo penas ejemplares, aunque sea al menos cuarenta años o más después. Y es bueno que la subsidiariedad existente y prevista entre la actuación de los tribunales nacionales de los distintos países y la de los tribunales internacionales se despliegue en la mayor medida posible y con la mayor puntualidad posible.