“Hoy hace un año que el país se debatía en la más profunda crisis por la que ha atravesado su historia”, arranca la solicitada, que aludía a “la corrupción, la falta de autoridad, el desgobierno, el crimen como medio político”. También señalaba “la inflación descontrolada y el desorden fiscal”, en el marco del cual, según los terratenientes, “el país se desintegraba”.

Después de esa breve descripción, la Rural añadió: “En esos momentos todos estábamos dispuestos a dar cualquier cosa por tener garantías mínimas de vida y de bienes, por volver a respirar aire puro”.

La interrupción del orden constitucional, el mismo año en que debían celebrarse elecciones generales, resultó ser esa “cualquier cosa” anhelada por el bloque terrateniente.

La Rural saludó el Golpe con el eufemismo “tomaron las riendas del país”, e invoca en un “todos” genérico su explícito apoyo a la Junta Militar: “Fue en tan graves circunstancias que las Fuerzas Armadas tomaron las riendas del país con patriótico empeño, para evitar la desarticulación total. Su advenimiento al gobierno fue apoyado por todos. En aquel momento nadie medianamente informado creyó en la posibilidad de revertir la situación en un plazo breve”.

A la hora del balance, tras doce meses de gobierno genocida, la Rural destacó que “un año después, luego de una ardua labor, varios e importantes son los logros materializados”, y advirtió que “quizás (los logros fueran) mayores aun de lo que nos puedan parecer sin la suficiente perspectiva”.

En ese sentido, celebró que “la guerrilla apátrida y brutal, amparada en buena medida por las anteriores autoridades, ha sufrido rudos golpes y está en franca retirada”.

En una sola oración sostiene dos mentiras flagrantes: “las anteriores autoridades” habían combatido a las organizaciones armadas con los decretos que militarizaron la provincia de Tucumán primero, y el resto del país más tarde, después del ataque d eMontoneros a un cuartel en Formosa, en la antesala del asalto al poder de 1976. Pero, además, la guerrilla no estaba “en franca retirada” en marzo de 1976: estaba virtualmente derrotada tras el copamiento del ERP al regimiento de Monte Chingolo, en diciembre de 1975.

“Queda mucho por hacer”

Sin embargo, los terratenientes subrayaron lo siguiente: “(La guerrilla) Ahora se dedica desde el exterior a atacar al país, a través de la prensa izquierdista, cínicamente abusando de la calificación de derechos humanos, que ellos jamás quisieron respetar”, anticipando el argumento que usaría la dictadura en los años siguientes para ocultar los crímenes de lesa humanidad: una supuesta “campaña antiargentina”.

A renglón seguido, La Rural señaló que quedaba “mucho por hacer” y que resultaba “indispensable reforzar el Proceso (la autodenominación con la cual se bautizó la dictadura) adjudidándole otro ritmo, lograr definiciones y tomar decisiones que hacen al fondo del mismo y que son necesarias para proyectar a la Nación hacia su modernización, conforme al plan económico inicialmente enunciado”, en alusión al plan del ministro entonces de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, exponente él mismo de la Sociedad Rural.

“En efecto, debemos desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de una lenta pero sistemática estatización socializante, que en definitiva ha demostrado su fracaso, al empobrecernos a todos, y al no haber dado los frutos que algunos sectores ansiosos, confundidos o equivocados, esperaban de su aplicación”.

El párrafo sitúa el comienzo de lo que en 1977 era visto por la pata civil de la dictadura como el origen de los problemas argentinos “casi 35 años atrás”, es decir a mitad de los 40: el problema era el peronismo, el mismo argumento que usó Cambiemos durante la administración del expresidente Mauricio Macri.

La expresión “sistemática estatización socializante” remite al “intervencionismo estatizante y agobiente” criticado por Martínez de Hoz el 2 de abril de 1976, al lanzar su programa económico.

¿Cuál era la receta de la Rural en marzo de 1977? “Este proceso requiere el apoyo y sacrificio de todos los sectores, sacrificios que deben hacer no sólo los empresarios y los obreros, sino especialmente el Estado, dando el ejemplo a través del reordenamiento presupuestario, que ya ha comenzado, la liquidación de las empresas estatales y el redimensionamiento de la burocracia”. O sea, el achicamiento del Estado a su mínima expresión.

Por último, la Rural trazó un paralelismo al pedir que “recordemos etapas similares y veremos que las experiencias pasadas nos indican la inconveniencia de actitudes demagógicas, de aperturas políticas prematuras, que pueden entorpecer o demorar una efectiva recuperación del país en todos los órdenes”.

En otras palabras: a diferencia de los ocurrido con las dictaduras de 1955 y 1966, llamaba a la eternización de las Fuerzas Armadas en el poder para impedir cualquier atisbo de gobierno popular elegido por las urnas, para completar así el nuevo programa, que había desterrado el modelo de sustitución de importaciones.

Por si quedara duda, la entidad reiteró “frente a los productores y la ciudadanía en general su apoyo a toda acción que signifique completar el proceso iniciado el 24 de marzo de 1976, para poder lograr así los fines propuestos, que en definitiva son los grandes objetivos nacionales”.

La Carta de Rodolfo Walsh

El mismo día de la solicitada se difundió otro texto, la contracara del panfleto de La Rural, presidida entonces por Celedonio Pereda. Coincide solamente en que se trata de un balance del primer año del “Proceso de Reorganización Nacional”.

“En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales”, escribió Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar.

“Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9 al 12%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos”, era el otro balance de la economía del Estado terrorista.

Sus consecuencias, en la radiografía de Walsh: “En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan hacia marcas mundiales o las superan”.

Las cifras macroeconómicas distaban de ser la “modernización” del programa saludado por La Rural: “Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia”.

Un pasaje de la Carta Abierta subraya el contrapunto con la solicitada de La Rural: “Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente, Celedonio Pereda: ‘Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos deben ser baratos’”.

Un día después de haber dado a conocer la Carta Abierta (“obra maestra del periodismo universal”, tal como la definió Gabriel García Márquez), Walsh fue secuestrado por un grupo de tares y permanece desaparecido.

En menos de una semana de búsqueda activa, el represor y apropiador  Juan Carlos Vázquez Sarmiento, quien había logrado mantenerse en libertad desde 2002 fue detenido. A principios de octubre, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo identificaron caminando por la calle. La fuerza había sido requerida por el Juzgado interviniente para encabezar su búsqueda apenas días antes, y no hizo más que poner en marcha una de las tantas medidas que puede habilitar la Justicia para dar con el paradero de alguien que está sospechado de haber cometido un delito grave. Una sola. Hacía casi 20 años que Vázquez Sarmiento era “buscado”. ¿Cuántas personas están en su misma situación? ¿Qué está haciendo la Justicia para encontrarlos?

Son 24 las personas investigadas por su vínculo con secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, robo de bebés y de bienes durante la última dictadura cívico militar que están prófugos. La mayoría son militares retirados; también hay policías y civiles. Hasta hace algunos meses, la lista que difundía la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de María Ángeles Ramos, contaba 29 nombres, pero dos obtuvieron la falta de mérito, tres fallecieron y Vázquez Sarmiento fue atrapado. Solo uno en los últimos dos años. El resto está en situación de huída desde hace, en promedio, una década. 15 más están localizades en el exterior, pero todavía no han podido ser extraditades. Se ha avanzado con ese trámite en ocho de esos casos, pero los países en donde viven, trabajan, descansan y gozan libres ha rechazado la posibilidad de enviarlos a Argentina para que sean juzgados. En diciembre de 2019, se logró traer de Francia a Mario Sandoval y en mayo de 2020, a Gonzalo Sánchez desde Brasil.

¿Cómo y quién busca a los prófugos de lesa humanidad?

Una persona se la considera prófuga cuando, sospechada de estar vinculada a algún delito, la Justicia la convoca y no asiste ni se la puede contactar por intermedio de las fuerzas de seguridad públicas. Entonces el juez, la jueza o les fiscales, depende de quien esté a cargo de la investigación, notifican de la situación al Ministerio de Seguridad, a Migraciones y otras carteras, como el Ministerio del Interior, desde donde se encienden alertas.

Consultadas por este diario, las autoridades del Ministerio de Seguridad señalaron el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) como el dispositivo que intercomunica entre la Justicia y las fuerzas de seguridad la información sobre “imputados que se encuentran judicialmente acusados como autores y/o partícipes de delitos de lesa humanidad”. Ese mecanismo, informaron desde la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, a cargo de Mercedes La Gioiosa, “administra una base de datos en la que, por disposición de los magistrados competentes, se carga la información de cada una de las personas que se encuentran requeridas judicialmente. A partir de ello, las fuerzas de seguridad simultáneamente son puestas en conocimiento acerca de cada captura ordenada”.

Por otro lado, la información se “riega” hacia otros espacios de alcance público cuando las búsquedas llegan al Programa “Buscar”, gestionado por intermedio de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, que fija el pago de recompensas a quienes aporten datos certeros sobre el paradero de les prófugos. Sus nombres, sus fotos –antiguas y en blanco y negro en la mayoría de los represores buscados–, sus datos básicos –DNI, fecha de nacimiento– y la razón por la que se los busca, “delitos de lesa humanidad”, figuran en afiches con el monto que ofrece el estado a quien, mediante llamado anónimo a la línea 134, aporte información certera sobre sus paraderos: dos millones de pesos.

No todos los prófugos de lesa humanidad, no obstante, están presentes en este programa que, durante la segunda mitad de la gestión de Cambiemos en el gobierno nacional fue virtualmente desactivado –no se actualizaron las partidas presupuestarias–.

Lo que debería ser y lo que es

Sin embargo, una cosa es informar y estar informado sobre la condición de prófuga de una persona y otra, bastante diferente, es buscarla activamente. Y que “hay muchas complejidades” para que lo segundo efectivamente suceda, deslizan pasillos judiciales adentro.

Para que cualquier fuerza de seguridad intervenga activamente en la búsqueda de un prófugo, quien esté a cargo de la investigación debe pedirlo expresamente a través de un “oficio de tareas investigativas”, dice Maximiliano Lencina, director ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. “Es el juez –la jueza o les fiscales– quien tiene la obligación de investigar y determinar las medidas que considere más conducentes a la hora de encontrar a un prófugo”, insistió Lencina.

La selección de la fuerza a convocar queda, también, a criterio de quien esté al frente de la investigación judicial: la mayoría de las veces se participa a la Policía Federal o la Gendarmería, fuerzas con las que “no se tuvieron buenas experiencias. Hay excepciones, pero en general no buscan de manera exhaustiva”, indicaron desde sectores que participan en los expedientes. Algunas otras, y muchas veces por pedido de la Fiscalía y las querellas, se da intervención a la PSA. Según su oficina de difusión, esa fuerza participó “positivamente” en 479 casos vinculados a crímenes de la última dictadura.

Voces del Ministerio Público Fiscal y de las querellas particulares advirtieron más de un problema a la hora de describir las actividades que el Estado lleva a cabo para dar con estos prófugos. Por empezar, reconocen que “más de uno está durmiendo” en cuanto a la búsqueda de los represores prófugos. Hay una especie de “limbo” en donde caen las líneas de trabajo que deben apuntar a hallar a un prófugo: se libra la orden de captura, se notifica a las fuerzas, las autoridades, los ministerios. Y empieza a correr el tiempo. “Es como que se espera toparse con el prófugo, o esperar a que cometa un error como ir a votar o querer salir del país. En algún momento eso sucedía, pero ya no pasa, ya no se equivocan casi. Entonces nadie los busca, solo se espera a que aparezcan”, confió una fuente que prefiere mantener el anonimato. Desde algunos juzgados aportaron otra mirada: “Si no lo piden las partes, el juez muy poco puede hacer”, advirtieron.

El rol activo de las acusaciones

“Para el Poder Ejecutivo, la política de memoria, verdad y justicia tiene prioridad absoluta”, asegura Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos. En ese marco, la búsqueda y el hallazgo de represores y personas investigadas por cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura es “un deber”: “Las diferentes áreas tenemos el deber de garantizar la colaboración activa a la Justicia en la búsqueda. Es importante que estas personas sean encontradas y juzgadas”, remarca y añade, a la dicusión sobre el “limbo” mencionado anteriormente que “todas las instancias del Estado deben buscar a esta gente. No corresponde que nos quedemos con los brazos cruzados. Si no hay orden de captura, es deber de los jueces dictarla. Y una vez que está esa orden, corresponde colaborar”.

Pochak coincide en la “necesidad” de que las partes acusadoras en las investigaciones sobre crímenes de Lesa Humanidad tenga un “rol activo”. “Algo que siempre tenemos que hacer es evitar que los pedidos de búsqueda, las alertas de interpol, los pedidos de extradición –en los casos en los que ya hayan sido localizados en otros países– se caigan”. Cosa que pasa a veces porque pasó el tiempo sin resultados o porque la Justicia deja de buscarlos “al entender que no hay prueba suficiente para avanzar”. En ese sentido, también es “responsabilidad de las querellas y Fiscalía alimentar periódicamente las causas, seguir buscando pruebas”.

Cuando una persona es encontrada en otro país, pero su pedido de extradición es rechazado, la Secretaría de DDHH “impulsa juicios en los países en donde están junto con la Cancillería, las embajadas. Intentamos, además, constituirnos como querellas institucionales –representantes del Estado argentino–”, explicó Pochak. Fiscales y abogades de querellas particulares suman una acción más: apelar decisiones que atentan contra el proceso, en donde no tienen demasiada suerte. En San Nicolás, por ejemplo, dos represores –Aníbal Sánches y Rubén Alcuri– que nunca se presentaron a declarar fueron “salvados” con la falta de mérito, y aunque la Fiscalía y las querellas se opusieron.