Desde Rosario

El Ejército argentino ordenó y organizó el robo de documentación y pruebas del terrorismo de Estado en Tribunales, en un operativo comando que se realizó el 8 de octubre de 1984, con la democracia recién recuperada. Esa madrugada, tras amenazar a la custodia, ingresaron en el juzgado de Francisco Martínez Fermoselle y sustrajeron “la casi totalidad del material secuestrado en los distintos allanamientos relacionados con las denuncias radicadas por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep)”. Así lo confirmó el Tribunal Oral Federal número 2 al convalidar el juicio abreviado suscripto por Héctor Fructuoso Funes, quien fuera Jefe del Destacamento de Inteligencia 121 en 1984. El militar retirado admitió su responsabilidad y recibió una condena de cuatro años de prisión. La verdad jurídica queda establecida, ya que el peligro inminente era que el caso quedara impune, ya que Funes tiene 86 años y los otros dos imputados fallecieron. La Fiscalía quedaría entonces sin posibilidades de avanzar en la investigación, y ese fue uno de los motivos que llevó a impulsar el procedimiento al fiscal federal de la Unidad de Derechos Humanos, Adolfo Villatte.

“No solamente él habla de su responsabilidad, sino que habla de haber recibido órdenes y de haber impartido órdenes. Las órdenes que recibe para juntar la información, para transformarla en inteligencia, se las suministra al comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, y a partir de Pino Cano, él recibe las órdenes para junto con el Jefe de Operaciones, por intermedio del personal del Destacamento de Inteligencia 121, diseñar una operación especial de Inteligencia, que es justamente el robo de Tribunales, entonces, no es que él admite su responsabilidad, habla de la responsabilidad del Ejército Argentino, no es un free lance”, destacó el fiscal auxiliar Juan Murray. En cuanto a las responsabilidades, los otros dos imputados eran Víctor Pino Cano, quien fuera Comandante del Segundo Cuerpo y Luis Américo Muñoz, que era segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121. Pino Cano murió en mayo de 2021 y Muñoz, en julio de 2022.

Para la denunciante histórica de esta causa, la decisión fue fundamental. “Agradezco profundamente el trabajo que ha hecho la Fiscalía, porque realmente nadie lo hizo en 38 años y no será porque yo no lo he dicho, porque vengo hace mucho tiempo denunciando”. Adriana Arce es sobreviviente del terrorismo de Estado, fue querellante en la causa Guerrieri I, estuvo desaparecida en el centro clandestino de detención Fábrica Militar y en 1984 participó en los allanamientos en los que se recabó toda la documentación y material incriminatorio hacia los integrantes del Destacamento de Inteligencia 121, en lo que entonces era la causa Feced, en los Tribunales provinciales de Rosario. Esa noche, había declarado hasta la 1 de la mañana, cuando se fue a dormir para seguir declarando al día siguiente. A la madrugada la despertaron y le dijeron que se habían robado toda la documentación. Desde entonces, ha denunciado numerosas veces y en distintas instancias. “Me siento súper feliz de que esto se haya aclarado y ojalá podamos saber cuál fue el destino de la documentación, porque lo que realmente nos interesa es que toda esa información del Segundo Cuerpo abriría las posibilidades de aclarar muchas cosas”.

Murray fue quien inició la causa en 2011 -en su carácter de fiscal subrogante de San Nicolás-, al analizar el legajo de Muñoz en el marco de la causa por el asesinato de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. Allí encontró un reclamo al entonces presidente Raúl Alfonsín, en el que narró dos hechos que se correspondían con su gestión como Segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 121. “En virtud de que, tanto por la fecha de los hechos como también por el contenido de la misiva, se podía inferir que la operación a la que se refiere es aquella que se llevó adelante en los Tribunales Provinciales de la ciudad de Rosario, el día 8 de octubre de 1984”, rememora el fallo judicial.

Una operación de madrugada

La causa se centra en la sustracción de documentación. “Se le imputó haber preparado los planes y órdenes para la reunión de información, procesamiento de dicha información para transformarla en inteligencia en forma personal, o por intermedio del personal a sus órdenes, y en cumplimiento de las mismas, haber intervenido en la adquisición de los ‘blancos’ a ejecutar”, dice la resolución, que enumera los delitos cometidos para cumplir con la operación realizada el 8 de octubre de 1984, a la 1.45: amenazas de muerte con armas de fuego a la custodia policial del edificio de Tribunales, sargento Demetrio Flores y agente Juan José Aguirre, a quienes se redujo y se les robó sus armas reglamentarias, haber maniatado al personal policial, privándolo de su libertad en forma ilegítima hasta que fueron liberados por personal que trabajaba en el edificio, alrededor de las 5 de la mañana. También se le imputa la privación ilegal de la libertad al custodio de la casa de calle Dorrego 1638, Eugenio Leopoldo Encina, donde estaba depositada una parte muy importante del material allanado, “debido a su magnitud”.

Entre las pruebas y documentos sustraídos en esa operación había organigramas de los grupos de represión ilegal, con nombres y apodos de los grupos ilegales, designación de lugares a cumplir operativos y tareas asignadas a los integrantes de esos grupos; como así también gran cantidad de carpetas de personas que habían sufrido operativos de parte de esos grupos, como así también álbumes de fotografías y -entre muchos otros elementos- diversas agendas con listas de personas, algunas de las cuales se encontraban desaparecidas. Un material probatorio de incalculable valor para dilucidar el accionar del terrorismo de Estado en la región.

Villatte fue muy preciso al explicar por qué optaron por una figura poco común en delitos de lesa humanidad, como es el juicio abreviado. “Es un hecho del año 84, que si bien fue declarado conexo con delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible, tiene la particularidad de que no tiene víctimas directas que hayan sido secuestradas, violadas, torturadas, desaparecidas o asesinadas”, expresó Villatte, quien también subrayó que “por el tipo de hecho del que se trató, la calificación legal por los delitos cometidos tienen penas muy inferiores” a las de las causas por delitos de lesa humanidad. “Lo que se buscó con este hecho se puede interpretar de distintas formas, ya sea encubrir los delitos cometidos por la dictadura o se puede pensar que era una continuidad de la complicidad de toda la estructura del Ejército en esa estructura represiva ilegal que pervivía en democracia”, indicó Villatte.

La continuidad de los métodos

Lo nodal fue que esta condena les permite continuar con la investigación. “El único imputado vivo tiene 86 años y todavía no teníamos certeza sobre la fecha del juicio que se iba a fijar, eso nos hacía dudar de poder llegar a un juicio y además, si se consiguiera realizar ese juicio, tendríamos que transcurrir todas las etapas recursivas, que son muy largas, con Funes con vida”. Si el imputado moría en ese lapso, la acción legal quedaba extinta. “Esta condena sienta una base a partir de la cual, la investigación que nosotros seguimos llevando adelante parte de la existencia de una responsabilidad de un alto integrante de la Plana Mayor del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército”, siguió Villatte.

El fiscal adelantó que el próximo paso en esta investigación es la citación a quien fuera jefe del ejército durante el gobierno de Carlos Menem, Martín Balza.

Murray también enfatizó que Luis Américo Muñoz, para ascender al grado de coronel, necesitó de un acuerdo del Senado, y si bien el reclamo elevado a Alfonsín no se le aceptó, hay “un expediente que tiene radicación en el Ministerio de Defensa, cuando el ministro era Horacio Jaunarena, y no hubo ningún tipo de información de esos hechos a los organismos de derechos humanos”. Recordó que “esos hechos no estaban cubiertos por las leyes de obediencia debida y punto final”, que cubrían desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983. Más tarde, Muñoz fue ascendido a teniente coronel. Y por eso Murray considera “interesante” que algunas de las personas que hicieron caso omiso a esa información brinden explicaciones sobre la falta de investigación.

Arce considera “un éxito enorme el haber conseguido esta condena”. “Sobre todo atendiendo no sólo a la edad que tiene él, sino a la edad que tengo yo también”, expresó, a sus 75 años. “Es la demostración fehaciente de que aún durante los gobiernos democráticos, las fuerzas de seguridad continúan con los métodos viejos métodos aprendidos de la dictadura“, concluyó la sobreviviente.

Américo Balbuena ingresó al Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) cuando la dictadura estaba terminando. Para entonces, la maquinaria de secuestros y muertes estaba en su estadio más avanzado. Con espías que habían actuado en los centros clandestinos, Balbuena aprendió el oficio de la reunión de información e incluso de la infiltración. Su obra cúlmine la llevó a cabo en plena democracia cuando se infiltró en la agencia de noticias Rodolfo Walsh durante más de diez años, como dio por acreditado el juez federal Daniel Rafecas. El juicio que se siguió contra Balbuena y dos de sus superiores, Alfonso Ustares y Alejandro Sánchez, funcionó como una vía de acceso hacia un mundo desconocido como es el Cuerpo de Informaciones que fue la cantera de espías como José Pérez –más conocido como Iosi, el espía que se metió en la comunidad judía–. El Congreso deberá revisar si las leyes secretas que siguen rigiendo la vida de los agentes de inteligencia de la PFA son compatibles con el ordenamiento democrático.

El proceso contra Balbuena duró algo más de dos semanas, pero fue una excursión hacia un mundo que sigue siendo opaco o con una lógica de la Guerra Fría, como dijo Sánchez, uno de los policías que terminó condenado. En las audiencias que presidió Rafecas fueron apareciendo muchas de las cuestiones que rigen el funcionamiento del Cuerpo de Informaciones que Balbuena integró por más de 30 años.

Durante el gobierno de Juan Domingo Perón se creó el escalafón de auxiliares de inteligencia de Coordinación Federal. Fue después de la conformación de la Coordinación de Informaciones del Estado (CIDE) – antecesora de la SIDE y de la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI)–. Los dos organismos se nutrían de personal civil, a diferencia de las áreas de inteligencia de las fuerzas armadas. Jorge Osinde estaba entonces  a cargo de Coordinación Federal y después, en 1973, fue uno de los ejecutores de la masacre de Ezeiza.

En enero de 1958, cuando aún estaba en el poder la dictadura de la Revolución Libertadora, se dictó el decreto secreto 2075 de creación del Cuerpo y, en 1963, horas antes de que José María Guido dejara la Casa Rosada, se aprobó la Ley Orgánica. Cuatro años más tarde, se reglamentó a través del decreto 2322. Se hizo durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Ése es el ordenamiento que Rafecas pide que revisen tanto la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados como la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia para ver si es compatible con las instituciones democráticas.

Un funcionamiento orgánico

A los espías de la PFA se los conoce como “plumas”. Hay leyendas distintas sobre el apodo. Algunos dicen que Osinde era un apasionado por la cetrería y quería tener agentes que salieran a cazar a sus presas. De esos halcones, solo quedaron plumas. En el juicio apareció otra versión: los efectivos de la PFA los llaman así despectivamente porque son quienes hacen las tareas de seguimiento de la propia fuerza –cuyo emblema es un gallo–. Algo así como que los “plumas” se dedican a la contrainteligencia.

Lo cierto es que los “plumas” de la PFA han tenido durante más de 70 años un régimen propio. No estudian con el resto de los aspirantes a oficiales o suboficiales. Durante largos años, ellos se formaban en la Escuela de Informaciones, que funcionaba en la Comisaría 8ª de la calle Urquiza. Esa comisaría se traspasó a la Ciudad y ahora la formación se completa en el Instituto Universitario de la PFA.

En la Ley Orgánica que todavía rige, hay algunas precisiones más. Al momento en que Balbuena ingresó al Cuerpo, había una serie de requisitos para ser admitido: ser nativo o argentino por opción, tener entre 20 y 30 años, no tener antecedentes, acreditar antecedentes morales –para eso se investigaba al aspirante y a su núcleo familiar–, haber hecho el Servicio Militar Obligatorio (SMO) o haberse presentado siempre a votar, haber completado la secundaria y pasar una serie de exámenes médicos, psicotécnicos y escritos.

En el Cuerpo, no hay nada más preciado que el secreto. Se considera una falta grave la infidencia o el invocar que pertenece al Cuerpo o a la PFA. “El cargo en el cuerpo es secreto”, dice la ley. Eso implica que el agente no puede darse a conocer como tal. Esta condición de agente secreto sigue trayendo problemas hoy por hoy a quienes hacen inteligencia criminal en la PFA. Se da la paradoja de que según la normativa vigente no podría decir que es un agente de inteligencia de esa fuerza, pero termina declarando en expedientes judiciales que muchas veces están accesibles en la web.

Los “plumas” nunca estuvieron bancarizados. Como deben esconder cuál es su verdadero trabajo pueden tener un empleo que funcione como pantalla, incluso en la administración pública.

Lo que no pueden es prestar funciones en otros servicios o agencias informativas. Ésta fue parte de la discusión en el juicio a Balbuena. ¿El espía con su infiltración en la Walsh no sólo estaba violando la Ley de Inteligencia que prohíbe la reunión de información por razones políticas sino también el propio ordenamiento del Cuerpo? El defensor de Balbuena, el exfiscal Jorge Álvarez Berlanda, dijo que, en realidad, la ley decía que no podían trabajar para otros servicios de inteligencia o para servicios privados como Nosis –algo impensado para cuando se dictaron los decretos-leyes–. Rafecas no compartió su visión.

El defensor de Ustares, Hernán Carluccio, llegó a decir que los espías y los periodistas se manejan con el mismo insumo: la información. “Lo que está terminantemente prohibido es que trabajen en servicios informativos. No es para proteger la actividad periodística sino porque el agente no puede utilizar la información privilegiada a la que accede para desempeñarse como periodista”, remarca un exfuncionario que debió lidiar con los “plumas”.

Un punto de inflexión

En 2013, la Agencia Walsh denunció que había estado infiltrada desde 2002 por Balbuena. La entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, separó a Balbuena y a sus jefes. Balbuena terminó fuera de la fuerza. Cuando asumió como diputada, Garré presentó un proyecto de ley para disolver el Cuerpo.

El escándalo que se originó alrededor de Balbuena fue un punto de quiebre para los “plumas” de la PFA. Algo similar sucedió cuando se conoció que “Iosi” estuvo infiltrado en la comunidad judía durante catorce años. Él mismo pidió declarar, pero la justicia no investigó si alguna de las informaciones que le proveyó a la PFA se usó para los atentados contra la embajada de Israel o contra la AMIA ni por qué la PFA consideraba que debía infiltrar las instituciones judías.

“Iosi” arrancó para siempre a los plumas del anonimato. Su historia, plasmada en el libro de los periodistas Miriam Lewin y Horacio Lutzky, se convirtió en una serie taquillera en la plataforma Amazon Prime. En las próximas semanas se estrenará la segunda temporada.

En la Ley Orgánica del Cuerpo dice que los “plumas” no pueden participar de partidos políticos, salvo que estén en misión. En eso estaba Mónica Amoroso cuando la descubrieron que llevaba años infiltrada en el partido que lideraba Gustavo Béliz. Hubo otros espías, como cuentan Lewin y Lutzky, que incluso estuvieron infiltrados en el Movimiento Todos por la Patria (MTP).

En el Cuerpo, solían reclutar mujeres. Eso lo contó en 1981 el exagente Luis Alberto Martínez. El “Japonés” Martínez incluso había mencionado a “Isabelita” como una de las infiltradas en Madres de Plaza de Mayo en plena dictadura. Durante la gestión Garré se encontró el legajo de Isabel Correa. Su historia fue revelada el año pasado por Página/12. Hasta entonces seguía formando a otros cuadros de la PFA.

Hubo otros “plumas” que dejaron su impronta en la institución como Pedro Santiago Godoy, “Calculín” en los centros clandestinos conocidos como Atlético, Banco y Olimpo. Godoy, que terminó condenado como torturador, fue el primer responsable del Departamento de Protección del Orden Constitucional (POC), creado en 1983 para darle una supuesta impronta democrática a la institución. El POC intervino en la investigación del atentado a la AMIA en la que la PFA “perdió”, entre otras cosas, casetes con grabaciones.

“Lo que hacían los ‘plumas’ no es nuestra tarea actual. Tenemos áreas de inteligencia criminal en las cuatro fuerzas federales y actúan conforme lo autoriza la Ley de Inteligencia”, respondió el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ante una consulta de Página/12. La PFA actualmente tiene una Superintendencia de Inteligencia Criminal que está a cargo del comisario Daniel Palasi.

El fin del espionaje político

Tanto Balbuena como sus dos exjefes en la División Análisis, Ustares y Sánchez, recibieron la pena máxima que estaba prevista para el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos: dos años de prisión en suspenso. Si bien salieron de Comodoro Py como llegaron, su condena tiene un impacto fundamental en el mundo del espionaje que suele salir indemne –como lo muestran las causas sobre la inteligencia ilegal durante el macrismo que naufragan en la instrucción–.

“Es una sentencia muy importante porque comprueba judicialmente lo que hace tiempo se planteaba: que la PFA tuvo y sigue teniendo la posibilidad de infiltrar personas sin dar explicaciones y sin control alguno”, le dice a este diario Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “La dinámica institucional del Cuerpo no es algo desconocido por el sistema político, pero cuenta con una valoración positiva. Eso es lo que hay que poner en discusión. Celebramos la decisión de enviar al Congreso el fallo para que se evalúe la compatibilidad de este organismo –que se rige por el secreto– con la ley de Inteligencia y con el ordenamiento constitucional, porque es algo que hace tiempo reclamamos”.

Myriam Bregman salió de la Sala B de Comodoro Py diciendo que ella era diez años más joven cuando denunciaron la infiltración de Balbuena. La diputada del FIT-U fue parte de la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) que consiguió la condena junto con Matías Aufieri, Liliana Mazea y Carlos Platkowski.

“En el juicio, por las pruebas y por los dichos de los propios imputados, quedó claro que el Cuerpo sigue en funcionamiento. Como lo mostró el caso de la espía ‘Isabelita’, la clandestinidad profunda en la que actúan estos cuerpos de inteligencia les permite una continuidad prácticamente absoluta entre gobiernos dictatoriales y gobierno constitucionales”, afirma la diputada que el año pasado presentó un proyecto para disolver el Cuerpo de Informaciones.

“Es necesario que rápidamente se tomen cartas en el asunto. La sentencia del juez Rafecas así lo ordena”, reclama Bregman. “Es importante que desde el Congreso podamos votar la disolución inmediata del Cuerpo y que el Presidente entregue todos los nombres de quienes han integrado este organismo que estuvo siempre al servicio del espionaje político”.