16-4-2021 | La antropóloga Verónica Almada aportó información relevante sobre la estructura interna del Ejército y la tarea de inteligencia. La testigo de contexto convocada por la fiscalía trabajó en el relevamiento de documentación castrense como parte de un equipo del Ministerio de Defensa. Los informes que realizó el grupo fueron presentados como prueba en este juicio. 

María Verónica Almada Vidal fue convocada por la fiscalía como testigo de contexto después de aportar su conocimiento en los juicios por el Plan Cóndor y en el de la contraofensiva montonera, entre otros. Almada es antropóloga especializada en archivos y derechos humanos. Se desempeñó en el Ministerio de Defensa dentro del equipo de Stella Segado, creado en 2010, encargado de la desclasificación de la documentación producida por las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado con el objetivo de recuperar la información de valor judicial e histórico. La testigo se concentró en los archivos administrativos, es decir, aquellos sobre deberes y obligaciones para el personal o la institución, y coordinó el equipo que se abocó al Ejército. Los informes que produjo su grupo obran como prueba en la causa que se debate en este juicio. Con relación al valor de estos archivos, aclaró que contenían elementos significativos que daban cuenta del despliegue de las fuerzas represivas.

Consultada por el fiscal auxiliar Rodríguez Infante sobre las fuentes que relevó, la testigo mencionó su acceso a los legajos del personal en retiro o dado de baja, sumarios por enfermedad o accidente y las actas de calificación de oficiales para considerar los ascensos. Examinó libros históricos —memorias anuales de las unidades—, órdenes del día —donde las autoridades indican las actividades de la jornada— y boletines públicos, reservados y confidenciales. A modo de ejemplo, dijo que estos últimos informaban los cambios orgánicos como la creación de destacamentos de inteligencia. También revisó los archivos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Justicia Militar.

El representante del Ministerio Público Fiscal preguntó si había constancia de sustracción o destrucción de documentos. Almada explicó que las fuerzas tienen su reglamento de documentación, que instruye a remitir cierto material al Archivo General —en este caso, del Ejército— y a guardar otro a perpetuidad. La investigadora dejó en claro que algunas fuentes mencionaban documentos que no existían o no se encontraron. El equipo invocó el derecho a la verdad para solicitar lo faltante, pero la fuerza respondió que en 1983 el jefe de las Fuerzas Armadas dictó una orden de destrucción de material documental.

Fiscalía

La zonificación del territorio nacional

La testigo se explayó a continuación sobre el criterio de zonificación que adoptaron las Fuerzas Armadas para luchar contra la subversión. Señaló que la lógica para dividir el territorio se fue modificando a la par de cambios doctrinarios y en las hipótesis de conflicto. El esquema central se remonta a los años cincuenta, con la implementación del plan CONINTES, y se mantuvo durante el terrorismo de Estado. En 1975, a partir de directivas, se fraccionó el país en cuatro zonas: 1, 2, 3 y 5. Cada zona dependía de un Comando Operativo del Ejército. En mayo de 1976 se creó la zona 4. Se habla también de un documento “Plan de Capacidades Marco Interno” del Ejército, de 1972, donde se modificó lo que disponía el CONINTES.

Cada zona se subdividió a su vez en subzonas, dependientes de brigadas, que eran grandes unidades de combate subordinadas a los comandos. Las subzonas se organizaban en áreas y subáreas. Esta distribución respondía a la cadena de mando. La lucha contra la subversión se desempeñaba dentro del mando centralizado pero con ejecución descentralizada. Un operativo de una subárea involucraba a todas las unidades que estaban por encima de ella.

Nuestra provincia se ubicaba dentro de la zona 3 —a cargo del III Cuerpo de Ejército—, subzona 33 —Mendoza, San Juan y San Luis—, área 331 —Mendoza—. La documentación certifica la existencia de subáreas 3310 y 3316. El criterio numérico —zona, subzona, área, subárea— indicaría que existieron siete subáreas en Mendoza: 331-0, 331-1, 331-2, etc., hasta 331-6. Almada explicó que faltó relevar información para determinar el lugar correspondiente a cada subárea. Como en otros casos similares, la ausencia de información propia del Ejército sobre ciertas subáreas sugiere que estuvieron a cargo de otras fuerzas como la Aeronáutica o la Gendarmería, agregó.

Nombró luego algunas de las unidades contenidas en la subzona 331: la VIII y la XI Brigada de Compañía de Montaña, la Compañía de Alta Montaña, la Compañía de Esquiadores, etc. También aclaró que algunas no dependían de la VIII Brigada pero habían sido designadas para operar con ella, como el Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército, que respondía directamente al Comando del III Cuerpo de Ejército. En un documento titulado “Para la organización y el equipamiento del ejército y secciones en la lucha contra la subversión” figura un cuadro orgánico donde se dice que el Destacamento 144, al igual que el Liceo Militar General Espejo, actuaba en apoyo de la brigada. Originalmente todos los liceos y escuelas dependen del Comando de Institutos Militares, pero este quedó prestando funciones operativas con la VIII Brigada.

Presidente del tribunalLa inteligencia como actividad principal y el personal capacitado de los destacamentos

El fiscal centró la atención en el rol de la inteligencia para la lucha antisubversiva y solicitó a la testigo que desarrollara las conclusiones a las que arribaron. Almada aclaró que su investigación no trabajó con documentación producida en el marco de las tareas de inteligencia, como sí contiene el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos (DIPBA). No obstante, en el archivo del Ejército que ella consultó, además de hablarse de la inteligencia, constaban los libros históricos de las unidades abocadas a ella, legajos del Personal Civil de Inteligencia (PCI) y sus recibos de sueldo, actas de calificación de cargos vinculados a esta materia, etc. Fueron muy importantes los reclamos que el propio personal hacía cuando algunos de los servicios prestados no se habían asentado en el legajo por tratarse de actividades de inteligencia.

La antropóloga sostuvo que desde el cambio doctrinario para hacer tareas en el plano interno la inteligencia se volvió una de las actividades más importantes en la lucha contrasubversiva. La definición del enemigo era tan abstracta y abierta —personas o elementos mezclados entre la población— que se hacía indispensable identificar, localizar, e individualizar. A partir de la reunión de información y de la inteligencia se decidían las operaciones. Algunos reglamentos y directivas postulaban que valía más la información transformada en inteligencia que el despliegue de efectivos sobre zonas o blancos no prefijados. Para determinar el “ciclo” de la inteligencia, la investigadora se remitió al reglamento reservado RC-16-1 de 1965. En él se indicaban los pasos —no lineales— de esta actividad, graficados como un círculo: 1) dirección —generalmente dependía de las grandes unidades, como el G2 de la VIII Brigada en Mendoza—, 2) reunión de información, 3) procesamiento y 4) análisis. En cualquier punto podía volverse a uno anterior.

En cuanto al rol de los destacamentos de inteligencia, Almada señaló que podían responder a requerimientos del G2 en cuanto a información necesaria para operar o realizar operaciones especiales. Justamente, el personal de un G2 no estaba necesariamente especializado en inteligencia, mientras que en los destacamentos eran personas específicamente capacitadas: en sus legajos figura la sigla AEI (Aptitud Especial de Inteligencia). Para trabajar en inteligencia se hacía un proceso de selección y se admitía a los candidatos por sus antecedentes. Luego asistían a cursos técnicos, de auxiliar de inteligencia, interrogación. En algunos legajos figura la evaluación completa con las materias finales, entre ellas, “Organizaciones Extremistas de Izquierda” e “Historia Política”.

A partir de documentos como el Reglamento 91 y el Reglamento Reservado RC-16-5, titulado “La unidad de Inteligencia”, de 1973, se pudieron determinar las funciones y el diseño de las unidades, batallones y destacamentos. Los destacamentos presentaban la misma estructura en todas las provincias. Una jefatura con un 1º y 2º jefe y una Plana Mayor. La plana mayor asistía al comandante en cinco temas: 1) Personal, 2) Inteligencia, 3) Operaciones, 4) Logística y 5) Asuntos Civiles/Finanzas. Luego estaban las Secciones de Ejecución I y II y sus apoyos —por ejemplo, especialistas en imágenes— También había Grupos de Actividades Especiales (AEI o AEIC), que hacían tareas de espionaje, sabotaje, operaciones especiales o psicológicas, y un Grupo de Archivo. Grupo y sección a menudo era una distinción de tamaño, aclaró Almada. Además de las fuentes indicadas anteriormente, pudieron reconstruir las actividades de cada división por los reclamos de ascenso del personal, cuando demandaban que algún servicio prestado no había asentado en su legajo por tratarse de tareas de inteligencia.

La Comunidad informativa y el Centro de Operaciones Tácticas

Al regreso del cuarto intermedio, el fiscal Rodríguez Infante consultó a la testigo específicamente sobre la Comunidad informativa (CI) y el Centro de Operaciones Tácticas (COT). Verónica Almada explicó que la CI “es el conjunto de los órganos de inteligencias que operan en una jurisdicción”. Es decir, nucleaba a las áreas de inteligencia de todas las fuerzas de un área. Por ejemplo, en el área 331 —Mendoza—, la integraba el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía Provincial, la Policía Federal.

“El reglamento plantea que el éxito de las operaciones depende de la acción coherente y coordinada de esta Comunidad Informativa”, detalló la testigo. La CI está mencionada también en todas las directivas. Pero la función de la CI no era solamente poner en común información, sino también tenía funciones operativas, fijaba blancos -personas sobre las cuales se iba a reunir información-, “era un órgano de inteligencia mancomunado de todos esos servicios”. No solo compartía datos, sino que discutía cuestiones vinculadas a las operaciones mismas.

Por su parte, el Centro de Operaciones Tácticas está definido en el reglamento de organización y funcionamiento de los Estados Mayores. Su rol central era la coordinación centralizada de las operaciones, es decir que funcionaba como central única de inteligencia y tenía la lógica de concentrar en un solo organismo las tareas u operaciones en esta materia.

Cada jurisdicción podía disponer de un COT: “A través del COT se organiza todo lo que tiene que ver con el despliegue operativo de la fuerza”, explicó la antropóloga, y en él también podía participar personal de policía que realizaba operativos en conjunto con la fuerza. “La centralización de información tenía el objetivo de reunirla y coordinarla”, ya que los militares advirtieron que “muchos de los errores habían tenido que ver con la descoordinación de las tareas de inteligencia”.