Orden de aprehensión de los militares chilenos por el asesinato de dos italianos en la época de Pinochet

La justicia Italiana pide la captura de Rafael Ahumada Valderrama, 76, Orlando Moreno Vásquez, 80, y Manuel Vásquez Chahuan, 75, condenados definitivamente por la Corte de Roma por asesinato y desaparición de dos ciudadanos de origen italiano

Pagliarulo: “Bueno, la orden de aprehensión de los militares chilenos condenados por el asesinato de dos italianos en la época de Pinochet”

2 de julio de 2021

 

https://www.anpi.it/articoli/2527/pagliarulo-bene-il-mandato-di-arresto-per-i-militari-cileni-condannati-per-lomicidio-di-due-italiani-ai-tempi-di-pinochet?fbclid=IwAR1EdnzR6dfm-svR1kcCsE4VZsaKsQ0Kqe_DLGze7nLQ_q4kTxHwYUO8e_sç

AUDIENCIA 5 / PRIMEROS TESTIMONIOS

11º Juicio por Delitos de Lesa Humanidad/San Rafael/Mendoza

16-06-21 | Se inició la etapa de testimoniales con la declaración de María Esther Dauverné, quien ofreció detalles de hechos en los que estuvo involucrado el policía Norberto Mercado. Además, dijo haber conocido a Hugo Montenegro, cuya desaparición forzada es objeto de ese juicio. Por su parte, Mariano Tripiana evocó el secuestro de su padre y cerró su declaración denunciando a Heber Narváez, yerno del imputado Oscar Pérez. La próxima audiencia será el miércoles 30 de junio a las 9:30.

Ambos testimonios apuntaron hacia la complicidad del Poder Judicial en el entramado represivo desplegado por las fuerzas policiales y el Ejército. Al interrogar a Dauverné y Tripiana, el defensor Ariel Civit formuló preguntas que contenían datos inexactos. La maniobra fue advertida y frustrada por el fiscal Garciarena, quien advirtió el intento de confundir a las personas que testimoniaban.

Una maestra de Malargüe en calabozos de San Rafael

Dauverné contó al tribunal que en el momento de su detención vivía en Malargüe, en la mina Huemul, donde ejercía como maestra. Su marido, Hugo Adelmo Antonio Riera, se desempeñaba como jefe de personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

“Vinimos a San Rafael porque estaba embarazada y vine a hacerme controles. El 12 de abril estaba en casa de mis padres cuando Labarta y Fierro llegaron a la casa a preguntar por mi marido. Yo salí a decirles que no se encontraba porque había ido a arreglar el auto. Me pidieron si podía acompañarlos para que el mayor Suárez me hiciera preguntas. Subí al auto con mi hijo, vinimos al edificio donde estoy ahora declarando que es el Correo de San Rafael. Salió Guevara y me dijo que iba a quedar detenida hasta que apareciera mi marido. Me llevaron a Infantería con mi hijo. Mi marido llegó a la media hora. Quedé detenida hasta el día viernes cuando me llevaron a la Departamental, donde estuve detenida, y después me llevaron a la cárcel de encausados hasta el 30 de abril”.

Declara Dauverné

La mujer contó que durante su detención pasó “momentos muy difíciles” en Infantería: “Era un rancho donde dormíamos, la comida nos la proveían los familiares, en mi caso mi hermano. Mi marido dormía en unas bolsas tiradas en el suelo. No había baño, yo estaba embarazada. Ahí estaban los jueces que nos veían y no hacían nada”.

Ante la consulta del fiscal, Dauverné precisó que fue liberada el 30 de abril desde la Municipalidad, aunque su cautiverio se desarrolló entre el Correo, la Infantería, la Departamental y la Cárcel de Encausados. Su esposo fue liberado el 28 de octubre de 1976. La fiscalía preguntó por los nombres de los policías y militares que se desempeñaban en estos centros de detención. La testigo apuntó especialmente a Mussere: “Era un policía que tenía un vozarrón muy grande y nos maltrataba”. También mencionó a Suárez, el jefe, quien apareció una noche con Aníbal Guevara: “Habían bebido, nos maltrataron, nos insultaron, le pegaron a Martínez Baca, que estaba detenido ahí”. Por último, refirió que Mercado fue a Infantería. Dauverné lo conocía porque era esposo de la hermana de su padrino de casamiento. La testigo le solicitó que hiciera averiguaciones, pero al día siguiente Mercado se excusó: “Se acercó a la piecita donde yo estaba a decirme que no podía hacer nada”.

En esa instancia, la testigo fue interrumpida por el defensor oficial, Leonardo Pérez Videla, quien reclamó que los hechos narrados ya estaban incluidos en juicios anteriores.

Respecto a quienes compartieron detención con ella, Dauverné mencionó a Rosario del Carmen Velázquez, madre de Félix Órdenes —el soldado cuya desaparición también se juzga en este proceso —, Yaya Kosarinsky y Epifanía Torres. En la Departamental estuvo junto a Marta García de Charqui y en la Cárcel de Encausados conoció a Josefina Gonzáles de Osorio. En cuanto a los hombres detenidos junto a su marido, recordó a Hugo Magallanes en Infantería. En el calabozo contiguo de la Departamental se hallaban Martínez Baca, Alfredo Porras, Roberto López y Calívar. “En otro calabozo estaban mi papá, Sergio Chaqui, Rosales. Había muchos que no conocía y recuerdo vagamente, estaba lleno de detenidos”, explicó.

Luego relató que Mercado llevó a dos detenidos a Infantería. Los bajaron de una camioneta y “les dieron una paliza”. “Mientras les pegaban vino a hablar conmigo, a decirme que no podían hacer nada”. Le pidió a la testigo datos de Susana Sanz, pariente suya y vecina de enfrente.

Dauverné recordó: “Los jueces y fiscales nos veían llegando con ollitas y termos para nuestros familiares detenidos y nunca se preocuparon por ninguno de nosotros, son una pata responsable. No estuvimos en una comisaría, ni una bodega ni un subterráneo, estábamos en el Poder Judicial de San Rafael. Si uno no puede hacer nada cuando está en un cargo renuncia, hubieran tenido la hombría de renunciar”. Quiso dar detalle de los funcionarios judiciales que en esa época omitieron actuar: “Giambastiani, Gaudillo Fenoglio, el fiscal Bernaldo De Quirós, los fiscales Correa, Tindaro Fernández, Mauricio… El doctor Barrios renunció porque no estaba de acuerdo con lo que nos hacían. También estaban Francisco Navarro Hinojosa, que estaba en el Colegio de Abogados y que no se movió y eso que era abogado de mi papá”.

La testigo explicó que conocía a Magallanes y a Hugo Montenegro. “Montenegro era un artesano que trabajaba muy bien, en la casa de mi papá hay un cuadro de él. Recuerdo cuando lo detuvieron estaba muy golpeado y mi marido me mandó a pedir ropa porque estaba prácticamente desnudo”, refirió.

El defensor de Mercado, Ariel Civit, preguntó a la testigo detalles de los encuentros con su cliente. También quiso más información sobre la persona por la cual le había consultado Mercado. Dauverné respondió minuciosamente y el abogado sugirió que no lo había hecho en juicios previos, razón por la cual solicitó que se iniciara una compulsa por falso testimonio: “Teniendo en cuenta los notorios agregados de recuerdos que aparecen después de 44 años existe una notoria situación de falso testimonio (…) Existen agregados y referencias nunca vertidas con anterioridad dirigidas a agravar la situación de mi cliente”, postuló Civit. El fiscal aclaró que la declaración de Dauverné de 2015 era coincidente con lo expresado en esta jornada y el juez rechazó el pedido del defensor.

Sobre el destino de Francisco Tripiana

Mariano Tripiana relató detalles de la detención de su padre y de la investigación que realizó cuando fue mayor y tuvo la posibilidad de entrevistarse él mismo con personas que lo conocieron antes y durante su cautiverio. “Yo tenía ocho meses en ese momento, cuando me hice más grande y tuve una familia empecé a investigar porque quería saber quién era mi viejo. En la investigación que hice pudimos aportar en el 2010 a la primera causa de lesa en esta provincia. Para mí es muy importante estar ante este tribunal y estos espacios. Hemos tenido violencia institucional después de los juicios”, comenzó.

Mariano TripianaExplicó que su madre y su tío Ángel Tripiana buscaron a Francisco por diez días. Su madre fue muchas veces a Tribunales de San Rafael, “un lugar que era un centro de torturas único en el país”, donde se tenía que impartir justicia pero habían secuestrado personas. “En ese momento estaba a cargo el represor Guevara junto a Trentini, Mussere y otros personajes de inteligencia (…) Todo el trabajo de perseguir a nuestros viejos lo hizo la Policía, cuando vino el Ejército ya tenían todo armado, por eso hay grupos de inteligencia de la provincia”, siguió.

En Tribunales, cuando Mariano tuvo fiebre y convulsiones, su madre pidió a alguien del Ejército que el niño pudiera estar un rato con el padre, pero se lo negaron. Según algunos compañeros, Tripiana estuvo cautivo con Alfredo Porras, Aldo Fageti, Osorio, Berón, “con muchos que desaparecieron”, agregó el testigo. “A mi mamá le dijeron en el Poder Judicial que si no se dejaba de joder a ella también la iban a desaparecer (…) Por temor a dejarme solo se fue a su casa. Al día de hoy seguimos esperando que mi viejo llegara a casa”.

Tripiana contó que a su padre lo detuvieron “los militares y la Policía” y lo trasladaron a la Departamental. Algunos policías pertenecían a la banda de música. “Tribunales era el lugar de secuestros donde hacían simulacros de fusilamiento, a cargo de Guevara y los que pertenecían a la Policía de la provincia. También les hacían el submarino”, declaró.

Señaló que la familia Tripiana siempre estuvo en Jaime Prats. Un soldado que era oriundo del mismo lugar le acercó un cigarrillo a su papá y entregó “un papelito” a una de sus tías, “como que aún estaba con vida”. También lo vio un ordenanza que vivía en Pueblo Diamante, al que Francisco Tripiana le llevaba leche de vez en cuando porque tenía un hijo chiquito: “Me contó que él lo había visto a mi viejo ahí pero no podía hacer nada”, relató Mariano.

De acuerdo a la reconstrucción que Mariano y su madre pudieron hacer, Francisco estuvo en la Departamental una semana o diez días. “Supuestamente le dieron la libertad, pero falsificaron su firma en un libro de actas, eso lo constatamos con peritos”, agregó. Recordó algunos nombres de policías que intervinieron en la detención de su padre de acuerdo a su investigación: “Ruiz Soppe era uno, Suárez, Egea, Trentini”. Entre los que compartieron celda con su padre mencionó al “Flaco” López, “militante de otro partido”, y a Alfredo Porras.

Civit interpeló al testigo por mencionar a Oscar Pérez por primera vez, a diferencia de juicios anteriores, con la intención de marcar contradicción en la declaración del testigo. El fiscal lo detuvo: “En las actas de los otros juicios está lo de Pérez”. Luego de un breve e intenso intercambio en el cual el testigo le reprochó a Civit sus “chicanas”, la declaración siguió su curso.

Por su parte, Pérez Videla pidió aclaraciones sobre el contacto que Mariano tuvo con bomberos y soldados de forma personal en el marco de su investigación: “Con el ordenanza yo tuve contacto, con los vecinos también. Hoy están fallecidos. El ordenanza fue testigo en el juicio, el vecino que estaba enfrente de mi casa ya no estaba con vida cuando empezaron los juicios”, respondió.

La revelación de Tripiana

Antes de que terminara la audiencia, Tripiana pidió permiso al tribunal para denunciar públicamente un hecho que demuestra cómo las familias de personas desaparecidas siguen padeciendo violencia institucional: “Cuando terminan los juicios nosotros no nos vamos a casa y todo sigue normal. A nosotros nos siguen persiguiendo”.

Refirió que en 2017, después de que se condenara a Oscar Pérez, el yerno del acusado —que había asistido al juicio—, de apellido Narváez, detuvo a su esposa cuando circulaba en camioneta con el argumento de que no podía manejar porque no estaba autorizada. Requirió la documentación, dio vueltas alrededor del vehículo y solicitó que lo abriera. Tripiana estaba trabajando: “Cuando mi esposa me llama me dice ‘vení porque esto se está poniendo pesado’. Cuando llego Narváez me dice ‘ah, vos sos el de los Derechos Humanos’”.

El testigo explicó que comenzaron a discutir y Narváez lo amenazó: “Más vale andate porque si no te voy a chupar la camioneta”. Tripiana lo denunció por abuso de autoridad pero “todo quedó encajonado en tribunales de la provincia”. “Nosotros salimos absueltos porque no había infracción”, aclaró. “Este personaje tiene varias denuncias por abuso de autoridad. Yo siempre voy por la vía legal, hicimos la denuncia. Pero esta gente sigue trabajando y tiene a su gente metida en los organismos de Estado. Muchos siguen hostigándonos, como Edgar Martín Ferreyra, insultándome dentro de mi trabajo y yo teniendo que agachar la cabeza. Trentini también me insultaba”, concluyó.

La próxima audiencia será el miércoles 30 de junio a las 9:30.

Estadísticas actualizadas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) al 10 de junio de 2021

SÓLO 164 PERSONAS SE ENCUENTRAN BAJO LA MODALIDAD DE ARRESTO EN SERVICIO Y LA GRAN MAYORIA (635) CON ARRESTO DOMICILIARIO.

Estado actual del proceso de juzgamiento: 256 sentencias y 1030 personas condenadas en causas por crímenes de lesa humanidad
16.06.2021 en Lesa humanidad
Del nuevo relevamiento surge también que se mantiene estable, en comparación al 2020, la cantidad de personas que se encuentran tanto detenidas como en libertad por estos hechos.
Las estadísticas actualizadas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) revelan que al 10 de junio de este año son 1030 las personas condenadas en 256 sentencias por este tipo de delitos, en tanto que en la etapa de instrucción hay en trámite 280 causas con 595 imputados, 44 indagados y 625 procesados.
El relevamiento periódico del área especializada a cargo de la fiscal federal Ángeles Ramos detalla sobre el estado de los procesos que 71 se encuentran con elevación a juicio y aguardan por su inicio, y otros 24 se encuentran transitando sus respectivos debates. Junto con las que se encuentran en instrucción y las que ya registraron veredictos, suman 631 causas en total.
En cuanto a la situación procesal de las personas que están o estuvieron vinculadas a las investigaciones (3493 en total), además de las imputadas, indagadas, procesadas y condenadas ya mencionadas, a 168 se le dictó la falta de mérito, 101 fueron sobreseídas, 29 están prófugas y 742 fallecieron. Además hubo 159 absoluciones al término de los juicios correspondientes.
 
Imputados en libertad y las modalidades de arresto
El reporte elaborado por el Equipo de Datos de la PCCH contiene también una periodización, del 2015 a la actualidad, sobre el total de personas libres y detenidas en el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. De allí se desprende que en el último período, con 1627, se mantuvo estable la cantidad de personas en libertad. La curva comenzó a ascender desde 2015, cuando se registraban 791 en esa condición.También se mantuvo estable el descenso de detenciones, con 851 a la fecha de cierre de los datos. Ello significó otro descenso en comparación a 2020, cuando se consignaron 863.
 
El relevamiento consigna que sólo 164 personas se encuentran bajo la modalidad de arresto en servicios penitenciarios, y la gran mayoría (635) se encuentra con arresto domiciliario. Asimismo, son 64 las que están bajo otras modalidades.

SIGUEN AMENAZANDO AL FISCAL FEDERAL QUE INVESTIGA A UN NARCO JUEZ

Caso Walter Bento: jueces piden seguridad para el fiscal Vega, quien investiga el cobro de presuntas coimas

Integrantes de la Justicia Federal mendocina emitieron un comunicado en apoyo a Dante Vega y aseguran que las amenazas que sufre atentan contra el estado de Derecho

Dante Vega tiene en sus manos el expediente penal más caliente de los últimos años en Mendoza. Cree que el juez federal Walter Bento lideraba una banda criminal junto a abogados y contrabandistas que cobraban coimas a cambio de liberar a presos. Días después de que se conocieran amenazas al investigador de la megacausa, algunos de sus colegas emitieron un comunicado de apoyo

Este lunes,la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza decidió difundir un escrito repudiando “las graves amenazas sufridas por Dante Vega” y expresando su “más enérgico rechazo y preocupación ya que estas conductas atentan contra el estado de Derecho y constituyen una situación de gravedad institucional inaceptable, cualquiera sea su origen y motivación”.

El comunicado está firmado por los jueces Juan Ignacio Pérez Curci, Alfredo Porras, Gustavo Castiñeria de Dios y Manuel Pizzarro. Estos magistrados trabajan en el mismo edificio que el fiscal Vega y que el juez Walter Bento. Son los encargados de resolver las apelaciones que presentan tanto los fiscales como los defensores y querellantes de la investigaciones federales.

El juez federal Walter Bento, en el ojo de la tormenta.

El juez federal Walter Bento, en el ojo de la tormenta.

En el texto también solicitaron que se adopten “medidas de seguridad para garantizar la integridad física” de Vega y su familia, así como también para “identificar a los presuntos responsables de los hechos”.

No es la primera vez que un organismo hace pública su preocupación ante la situación que atraviesa el fiscal federal Dante Vega. Días después de la imputación a Walter Bento y los otros sospechosos, trascendió que el investigador estaba con custodia policial en su domicilio.

Entonces se emitió un comunicado por parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), es decir, los colegas de Dante Vega a nivel nacional.

LOS BOMBARDEOS A LA PLAZA DE MAYO

REPRESENTACIONES DE LA MASACRE

? Te acercamos una propuesta educativa para trabajar en las aulas sobre los bombardeos a Plaza de Mayo: «Representaciones de la masacre».
En la semana de un nuevo aniversario, les ofrecemos a docentes y estudiantes un conjunto de propuestas y actividades que, a partir de trabajar con diversas producciones culturales y artísticas, permitan conocer, conmemorar y reflexionar sobre lo ocurrido.
En el marco de la conmemoración, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también realizará un encuentro virtual el miércoles 16 a las 17 hs, del que participarán Horacio Pietragalla Corti, Roberto Baschetti, Daniela Marino, Nora Patrich, Lita Boitano y Héctor Fernández.
También se inaugurará un mural alusivo realizado por el artista Andy Rivas dentro del predio de la exESMA.
¡A 66 años del bombardeo a Plaza de Mayo decimos Nunca Más!

LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DENUNCIAN NUEVAMENTE AL JUEZ WALTER BENTO

Es imperioso que la sociedad sepa como actuó el Dr. Walter Bento hoy acusado de gravísimos delitos. Nosotros, miembros de organismos de derechos humanos de la provincia, necesitamos compartir desde un acto de memoria cu les son realmente los hechos de los que fuimos afectados por el accionar de este juez.
Es necesaria alzar nuestra voz a partir de la actitud que tiene y tuvo en su momento el Juez Walter Bento que busca aparecer ahora como defensor de los derechos humanos. No más recordar que fue su accionar, para los organismos defensores de los derechos de todos y todas, un constante obstáculo y dilación en todos estos años. Debido precisamente a su actitud presentamos, el 21 de diciembre de 2005, un pedido de juicio político por haberse declarado incompetente y mandar todas las causas a la justicia de Córdoba cuando en verdad era aquí donde debían ser juzgados estos delitos de lesa humanidad. Tal como lo expresamos en aquel momento con este hecho pretendió remitir todos los expedientes a Córdoba donde la justicia tenía resuelto que no le correspond a entender en hechos que ocurrieron en Mendoza.
Así mismo y a través de nuestros abogados, el 21 de marzo de 2006, denunciamos que, en conferencia de prensa el Dr.Walter Bento anunció que en 2 de las casi 60 causas citar a a prestar declaración indagatoria a diversas personas, ‘9 entre policías y militares’, y dando la nómina de las causas dijo que correspondían a las desapariciones forzadas de Virginia Adela Suárez, de Ricardo Sanchez y de una persona de apellido Moyano de mayo del 76. Este gravísimo acto que ponía en aviso a los posibles autores de tan graves delitos se sumaba a la dilación constante que tuvo a lo largo de toda su actividad con respecto a nuestra búsqueda de verdad y justicia.
Durante los largos años, desde el 2006 al 2009, que requerimos la venida del Equipo Argentino de Antropología Forense para iniciar la búsqueda de restos de compañeros y compañeras sepultados clandestinamente en el Cuadro 33 del Cementerio de Capital, sólo nos encontramos con los constantes obstáculos que producía para impedir ese acto de justicia.
Son innumerables las veces que constatamos la desidia y absoluto desinterés por la justicia que requeríamos tal como sucedió cuando se cumplían 30 años de democracia, a raíz de conmemoración en Las Lajas,(Centro Clandestino de Detención) los diarios mostraron una foto de Jorge Pérez (desaparecido en 1977). Su hermana supo años después que alguien llamó al juez Bento diciéndole que ‘a Jorge Pérez lo asesino Carelli, (miembro de la Fuerza Aérea) y otro’. La pregunta que su familia y todos nosotros nos hacemos es por qué el Dr. Bento no investigó ese importantísimo dato.
No vamos a permitir que a partir de mentir sobre nuestra lucha, nos ofenda queriendo hoy salvar su situación faltando a la verdad, mancillando la memoria y enlodando una vez más a la justicia.
Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas
H.I.J.O.S. Mendoza.
Ex Presos y Presas Políticas Mendoza
Casa por la Memoria y la Cultura Popular
Archivo Provincial de la Memoria
MEDH (Movimiento Ecuménico por los derechos humanos)
14 de Junio, 2021.-

Contraofensiva l: prisión perpetua en cárcel común para 5 acusados

LOS CONDENADOS DEJARAN DE GOZAR LAS PRISIONES DOMICIALIARIAS Y ORDENAN SUS TRASLADOS A CARCELES DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.

El Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín condenó a prisión perpetua a 5 de los acusados por la represión a la Contraofensiva Montonera. En un fallo histórico, ordenó “revocar las prisiones domiciliarias otorgadas a los imputados y ordenar sus traslados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal”, previa revisión médica que corroborre que pueden estar en cárcel común. En tanto, esta mañana suspendió la condena sobre Apa a la espera de la constatación de su estado de salud.  (Por El Diario del Juicio*/La Retaguardia) 

✍️ Cobertura del juicio: Martina Noailles/Fernando Tebele

✍️ Redacción: Paulo Giacobbe/Fernando Tebele

? Edición: Fernando Tebele

? Foto de portada: Captura de pantalla Transmisión La Retaguardia

Conformado por Esteban Carlos Rodríguez Eggers, Matías Alejandro Mancini y María Claudia Morgese, el TOF N°4 de San Martín condenó esta tarde prisión a perpetua en cárcel común previa revisión médica, a 5 de los 6 imputados que llegaron al final de este juicio. Eduardo Ascheri, Marcelo Cinto Courtaux, Jorge Bano, Luis Firpo y Roberto Dambrosi fueron condenados “a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, con accesorias legales, por hallarlo coautor penalmente responsable de los siguientes delitos, todos los cuales concurren materialmente: homicidio con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas”. En tanto Jorge Noberto Apa, quien todo indica iba a recibir hoy la misma condena, esquivó de la situación por ahora, ya que su abogado interpuso ayer, a horas del veredicto, un pedido de exclusión del juicio por no comprender los hechos en medio de un proceso demencial. El tribunal había anunciado esta mañana que difería su decisión sobre Apa hasta que la semana próxima se constate si puede ser condenado o no.

Los condenados

Los 5 eran parte de la estructura de la Inteligencia del Batallón 601 del Ejército.

Eduardo Eleuterio Ascheri fue Jefe de la División Planes del Departamento de Inteligencia (G2) del Comando de Institutos Militares desde el 16 de octubre de 1978 hasta el 29 de noviembre de 1979; Jorge Eligio Bano fue Jefe de la División Operaciones del Departamento de Inteligencia (G2) del Comando de Institutos Militares desde el 14 de febrero de 1979 hasta el 16 de octubre de 1980; Roberto Bernardo Dambrosi fue Jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón de Inteligencia 601 desde el 6 de marzo de 1979 hasta el 17 de noviembre de 1980;  Luis Ángel Firpo fue Jefe de la Central Contrainteligencia y Jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601 desde el 3 de diciembre de 1974 hasta el 31 de agosto de 1980; Marcelo Cinto Courtaux fue Jefe de la Sección Primera de Ejecución del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo desde el 7 de marzo de 1979 hasta el 17 de noviembre de 1980.

El excluído por hoy es Jorge Norberto Apa, quien fuera Jefe de la División Inteligencia “Subversiva Terrorista” dependiente del Departamento Interior de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército Argentino entre el 15 de enero de 1979 y el 14 de noviembre de 1980.

Todos los condenados gozaban del beneficio de la prisión domiciliaria, salvo Marcelo Marcelo Cinto Courtaux y Luis Firpo, a quién le fuera revocado ese beneficio el año pasado durante el debate oral y público, después de que se lo fotografiara en pleno paseo para realizar compras. Carlos Blas Casuccio, Raúl Guillermo Pascual Muñoz y Alberto Daniel Sotomayor integraban la lista de acusados con la que comenzó el juicio, pero murieron antes de conocerse la sentencia.

Este juicio que acaba de terminar es histórico por varios motivos: consiguió torcer el rumbo estigmatizante que acompañó a las víctimas durante estas décadas. Reivindicó en cambio el derecho de los pueblos a la resistencia en tiempos de opresión. El TOF N°4 fue además el primero en aceptar la propuesta de La Retaguardia para transmitir en vivo las audiencias, aun cuando estaban en etapa de testimoniales. Esa apertura del tribunal posibilitó que luego otros tribunales tomaran la misma decisión.

En paralelo se está juzgando otro tramo de la represión a  la Contraofensiva Montonera que tiene un solo acusado. Se trata de Mario Guillermo Ocampo, ex integrante del Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército en Campo de Mayo, que goza del beneficio de prisión domiciliaria pese a que estuvo prófugo de la justicia por más de seis años.

 

En Italia crece la expectativa por el veredicto final sobre el Plan Cóndor

La decisión de la Corte Suprema podría conocerse el 24 de junio

Los familiares de las víctimas confían en que la sentencia condene definitivamente a los 24 acusados por el secuestro y desaparición de 38 ítalo-latinoamericanos.

Por Elena Llorente
El uruguayo Jorge Néstor Troccoli fue uno de los 24 represores condenados a cadena perpetua en 2019.  (Fuente: EFE)
El uruguayo Jorge Néstor Troccoli fue uno de los 24 represores condenados a cadena perpetua en 2019. . Imagen: EFE

Desde Roma

Mientras se espera ansiosamente el veredicto definitivo de la Corte Suprema de Justicia de Italia, que podría conocerse el 24 de junio, sobre las condenas contra 24 exponentes del llamado Plan Cóndor por el secuestro y desaparición de 38 ítalo-latinoamericanos, numerosos familiares de víctimas de distintos países se reunieron este martes en una video conferencia internacional para conocer algunos detalles del procedimiento italiano.

Pergeñado por la dictadura de Augusto Pinochet, el Plan Cóndor coordinó el accionar de las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil en las década del 1970, en la operaciones de secuestro y desaparición de miles de latinoamericanos.

El veredicto de la Corte de Apelación- segunda instancia de la justicia italiana- que condenó a cadena perpetua a los 24 exponentes (excepto un caso que fue absuelto), fue dado a conocer en julio de 2019. Fueron condenados siete militares de Chile, trece de Uruguay, uno de Bolivia y tres de Perú (País que ocasionalmente colaboraba con el Plan Cóndor). Pero como en Italia la justicia tiene tres instancias, los acusados apelaron a la Corte Suprema esperando así obtener al menos una reducción o anulación de las condenas.

A partir del 24 se conocerán las decisiones de la Corte Suprema que, según lo previsto por las leyes italianas, podría confirmar las condenas de la Corte de Apelación o bien indicar la necesidad de hacer un nuevo proceso o nuevos juicios en algunos casos.

La audiencia de la Corte está prevista para las 10 de la mañana hora de Italia y se prevé que la sentencia se pueda conocer el mismo día por la tarde. Los fundamentos de la sentencia, en cambio, se conocerán varias semanas después.

Uno de los abogados de los familiares de desaparecidos, Giancarlo Maniga, contó en el vídeo encuentro que no todos los acusados presentaron recurso ante la Corte Suprema. Lo que significa que para esos casos, cuyos nombres no fueron revelados, la sentencia de la Corte de Apelaciones a cadena perpetua está confirmada.

Los familiares, que confían en que la sentencia condene definitivamente a los acusados, esperan poder difundir la noticia a todo el mundo y con insistencia, para que el tema no se duerma en los medios de difusión después de un día o dos, subrayaron.

El represor argentino Carlos Laidlaw

Durante el encuentro, del que participaron unas 29 personas entre familiares de desaparecidos de distintos países, representantes de organizaciones de derechos humanos, abogados y periodistas, se le dio importancia también al nuevo caso de un represor argentino que se espera pueda ser procesado próximamente. Se trata del general Carlos Laidlaw, quien fue jefe de la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Argentina) durante la dictadura y en consecuencia coordinador del Plan Cóndor, cuya coordinación cambiaba cada año de un país a otro, según documentos liberados del secreto por Estados Unidos en 2019.

El abogado italiano Arturo Salerni y su equipo iniciaron una investigación sobre el caso Laidlaw como defensor de Silvia Beatriz Potenza, familiar de uno de los desaparecidos atribuidos a este general: el argentino José Agustín Potenza. Potenza y su pareja Rafaela Filippazzi, fueron secuestrados en Uruguay en mayo de 1977, detenidos en el centro clandestino de detención y tortura de Fusileros Navales (FUSNA, dirigido entonces por otro de los acusados del proceso Cóndor, el uruguayo Jorge Néstor Troccoli), y trasladados a Paraguay donde fueron asesinados. En ese período Laidlaw estaba al frente de la Side. Los restos de los dos desaparecidos fueron encontrados en Paraguay en una fosa común en 2016.

El fiscal italiano ya recibió el sumario defensivo elaborado por el abogado Salerni que incluye, entre otros, los testimonios de varios familiares de desaparecidos.

ZOOM: ESPERANDO LA SENTENCIA DE LA CORTE DE CASACION DE ROMA

Esperando la sentencia de la Corte Suprema de Casación del Processo CONDOR

Encuentro entre familiares de las víctimas, abogados querellantes, militantes de DDHH y periodistas.

Martés de 8 Junio de 2021,

17.30 hs. (ITA) 12.30 (URU/ARG) – 11.30 (BOL/CHI)
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89842391076
ID de reunión: 898 4239 1076

Proceso de la Sección Penal del Tribunal Supremo de Casación I. norte. 12167/2020 RG- Cass.
Contra García Meza Tejada Luis + 20

Primera audiencia: 24 de junio de 2021 – 10.00 h

Solicitantes:

– Bastoni, – Guzzo, -Milani, – Salucci, – Torti, – Zaccagnini

Abogados civiles (24 de marzo)

– Giancarlo Maniga para los casos Banfi (Uruguay), Viñas (Argentina) y Venturelli (Chile), la Región Emilia-Romagna y el sindicato CGIL

– Arturo Salerni para los Recagno, Sanz, Rio Casas-Enseñat, Moyano y Artigas (Uruguay ), Donato y AFDD (Chile), Stamponi y Campiglia (Argentina), y ASOFAMD (Bolivia)

– Mario Angelelli para los casos Gatti, Sanz (Uruguay) y Donato (Chile)

– Simona Filippi para los casos Maino (Chile) , Artigas y Zaffaroni Islas (Uruguay

– Nicola Brigida por el sindicato UIL

– Alicia Mejía por el caso Donato (Chile), Banfi, Sobrino y Sanz (Uruguay)

– Dario Piccioni por el caso Donato (Chile)

– Gianluca Luongo por el caso Donato (Chile) y el caso Sanz (Uruguay)

– Alessia Liistro por los casos Campiglia y Stamponi (Argentina) y Gómez Rosano (Uruguay)