El Archivo Provincial de la Memoria, que desde 2012 funciona en la Biblioteca Provincial, se inundó ayer por la rotura de un caño que lleva agua al tanque del edificio, lo que provocó que se mojen cajas que contienen documentos clave para los juicios por delitos de lesa humanidad, como los datos de todos los presos políticos desde la década del 50.

Los organismos de derechos humanos como HIJOS y la Asociación Lucrecia Barquet pusieron en alerta a la sociedad, difundiendo fotos y videos de cómo se inundó la sala donde se acumulan los documentos en cajas en el suelo debido a la falta de condiciones e infraestructura que vienen reclamando desde hace años. El Archivo de la Memoria pertenece al Ministerio de Gobierno de la provincia, sin embargo, la Coordinación de Bibliotecas le presta un espacio en el segundo piso para funcionar.

Su encargado, Federico Vuistaz, la única persona que hoy trabaja en el Archivo y que ni siquiera consiguió aún su designación como director, sino que lo hace como encargado, se encontró ayer por la mañana con ese triste escenario. “Ya habíamos tenido algunas filtraciones con las lluvias fuertes que mojaban algunos archivos porque no tenemos estantería”, contó a Salta/12.

Vuistaz afirmó que venían solicitando mejorar las condiciones del lugar desde el gobierno anterior, “la documentación está en cajas en el piso, por lo que cuando entra agua se mojan”, acotó. “Esta vez lo que sucedió fue que se rompió un caño del edificio, y la cantidad de agua que cayó fue como un diluvio”.

El encargado detalló que con la colaboración del personal de la Biblioteca retiraron las cajas y estaban intentando salvar todo el material mojado. Pero reconoció que la situación no da para más, “las cosas no pueden seguir así en el piso”, y relató que no es lo único que falta, “tenemos que hacer expedientes y no tenemos ni siquiera una impresora”. Tampoco cuentan con un scanner para digitalizar los documentos que allí se encuentran, y lo más grave de todo es que él es el único personal para todo el Archivo, cuando “para ordenar los archivos es necesario una estantería y gente que lo pueda mantener y controlar”.

Desde que su antecesora, Cristina Cobos, se jubiló en 2019, Vuistaz quedó al frente pero sin una designación oficial, y también perdió la colaboración de una persona que hacía restauración debido a que la trasladaron nuevamente al archivo de la Biblioteca, “quedé solo como coordinador de hecho, aunque no de derecho, y soy el único que se encarga de todo acá”.

Aclaró que hay una persona que pertenece al Ministerio de Educación que ya solicitó el pase, “para no generar gastos porque no se quiere tomar personal”, pero no logran que eso suceda aún, a pesar de sus reiterados pedidos.

“Este es material importante, con todos los ingresos de presos políticos desde la década del 50, y que la Justicia pide documentación en cada juicio”, explicó. El decreto de creación del Archivo fue firmado por Juan Manuel Urtubey en abril del 2008, pero recién consiguió lugar y comenzó a funcionar en septiembre de 2012. Desde ese momento los organismos de derechos humanos reclaman mejores condiciones y más presupuesto.

Federico Vuistaz es hermano menor del dirigente de la JP y militante montonero Luis “Lucho” Vuistaz, asesinado en septiembre de 1976 en Santa Fe, y sobrino de Silvia Sáez de Vuistaz, detenida y desaparecida unos días antes de su casa de Embarcación.

Quien fuera directora del área durante siete años, la referenta de la Asociación Lucrecia Barquet, Cristina Cobos, confirmó el relato de Vuistaz, “él está solo y con una documentación que no está bien resguardada a pesar de que tanto en mi gestión como en esta nos cansamos de hacer pedidos”.

Cobos agregó que esos documentos, de alto valor histórico, no están bien resguardados debido a que el personal de seguridad de la Biblioteca tiene acceso a todas las oficinas, “no sabemos quién entra o sale de ahí”. Y recordó que les habían prometido conseguir un edificio exclusivo para guardar y cuidar esa documentación histórica.

La organización HIJOS denunció lo sucedido a través de sus redes sociales: “Repudiamos el abandono total del Archivo Provincial de la Memoria por parte del gobierno provincial. Este Archivo guarda los datos de todos los presos políticos desde la segunda mitad del siglo XX en adelante”, escribió en su cuenta de Twitter, y acompañó con un video que muestra la cantidad de agua que había y el estado en que se encuentran los documentos.

Además, la Mesa de Derechos Humanos de Salta (integrada por organizaciones de DDHH) convocó a un abrazo simbólico en la Biblioteca Provincial (Belgrano 1002) hoy a las 10.30, bajo la consigna “exigimos inmediata recuperación y puesta en valor del espacio”.

Comité contra la Tortura

Otra de las deudas del Estado provincial, a la que se comprometió desde hace años, es la de poner en funcionamiento el Comité contra la Tortura provincial, creado por la Ley 8024 en 2017 y reglamentado un año más tarde. En 2019 se realizó el llamado a concurso para designar a sus integrantes.

Tanto el abogado y representante de Naciones Unidas para la región, Rodrigo Sola, como Cristina Cobos, ganaron sus respectivos lugares como comisionados de las organizaciones de derechos humanos. Por el Ejecutivo se designó al abogado Ricardo Nioi, ex director provincial de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, mientras que la Cámara de Diputados nombró a su ex secretario y preso político Ramón Corregidor, y el Senado, a Marcelo Robles, de forma provisoria.

“En el primer año nos dijeron que no estaba incluido en el presupuesto, y ahora, en el 2021, ya con el presupuesto asignado, esperábamos que el gobierno saque el decreto de designación de cada uno de los miembros, pero nunca sucedió”, declaró Cobos. “El gobierno nos ignora, esa es la verdad, porque ya reuniones y promesas hemos tenido un montón”, agregó.

Aunque confió que la llegada de Abel Cornejo al Ministerio de Seguridad y Justicia les abre una nueva esperanza, ya que él, cuando era Procurador General, envió una nota al ministro Ricardo Villada solicitando que ese Comité comience a funcionar y controle la situación carcelaria y el accionar policial. “Ahora no debería tener ningún inconveniente de avalarnos y recordarle al gobernador su antiguo pedido”, concluyó.

https://www.pagina12.com.ar/383485-denuncian-abandono-del-archivo-provincial-de-la-memoria

Con debates enfocados en violencia institucional, juicios de lesa humanidad, el derecho a la tierra de los pueblos originarios, el trabajo y la comunicación se llevará a cabo la quinta edición del Encuentro Federal de Derechos Humanos en el predio de la exESMA. El espacio de debate “militante” como lo definió su fundador y actual secretario nacional de Derechos Humanos y fundador, Horacio Pietragalla Corti, regresa este sábado a la presencialidad, tras “dos años de distanciamiento y virtualidad”. “Es necesario más que nunca para todos, pero sobre todo para mí”, sostuvo en diálogo con PáginaI12. “Más que nunca necesito que debatamos las urgencias y charlemos lo que está faltando en políticas públicas” de la materia, añadió.

Como suele ser desde su primera edición, el encuentro ocupará toda la jornada, que en esta ocasión será el sábado próximo. Les asistentes, en su mayoría “militantes de los derechos humanos de todo el país”, se reunirán en el predio del Espacio Memoria que funciona en la exESMA desde la mañana y hasta entrada la tarde: debatirán en comisiones violencia institucional, Lawfare, juicios de lesa humanidad, espacios para la memoria, identidad, diversidades, salud mental, pueblos originarios y derechos a la tierra, migrantes y comunidad afrodescendiente, trabajo y comunicación y compartirán conclusiones. El cierre, como siempre, estará a cargo de Pietragalla Corti y referentas del movimiento que a lucha por los derechos humanos de los últimos 45 años: la Abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto; la Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida y la presidenta de Familiares de Desaparecidos Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano. Se esperan, además, figuras del arco político.

“Necesito más que nunca que me exijan, que me señalen qué es lo que falta”, aseguró Pietragalla en diálogo con este diario sobre las expectativas del encuentro que vuelve a ser presencial tras casi dos años de confinamiento y distanciamiento social producto de la covid-2019 y cuya “característica principal”, insistió en destacar el funcionario, es “federalismo”. “Es un momento del año para encontrarnos todos los trabajadores, compañeros militantes, referentes de organismos de derechos humanos de todo el país en este, un espacio militante en permanente construcción para fortalecer y seguir consolidando políticas públicas”, reparó.

El Encuentro Federal de Derechos Humanos nació durante los primeros años de Mauricio Macri en la Presidencia, “cuando desde el Consejo Federal de Derechos Humanos, el espacio institucional de debate entre funcionarios provinciales y nacionales del área estaba demasiado limitado, mientras desaparecía Santiago Maldonado, se reprimía la protesta social”, consignó Pietragalla, impulsor del espacio y de la Red Federal de Derechos Humanos que surgió en paralelo para sumar a aquellas personas que venían de años anteriores trabajando en la temática, tanto en el erario público como en la sociedad civil. “Buscamos siempre generar una discusión verdadera sobre los temas que nos preocupaban”, apuntó. El primer encuentro se realizó en la Universidad Nacional de Avellaneda, en 2017.

Si bien mantiene su espíritu militante por sobre el institucional, desde que Pietragalla Corti asumió la función pública el encuentro comenzó a abrazar los espacios oficiales. En 2020 fue virtual de punta a punta debido a las restricciones en los encuentros presenciales frente al avance del coronavirus. En esta ocasión, los ejes de las mesas debate, que ebullirán simultáneamente entre las 11 y las 16 del sábado en el predio de Av. del Libertador al 8100, “están establecidos desde las temáticas con las que suelen trabajar las secretarías y subsecretarías de derechos humanos de todo el país”, con ampliación en las voces que participan hacia agrupaciones, colectivos y redes militantes y de la sociedad civil.

Para Pietragalla Corti, en tanto, hay algunas temáticas que encabezarán el encuentro en su totalidad: la violencia institucional y la estigmatización que sufren los pueblos originarios. La primera “es un eje que atraviesa a todos los gobiernos, todas las provincias, todos los poderes y sobre la que nos debemos ir trabajando y consolidando soluciones”, apuntó el secretario. Sobre la segunda, mencionó “la necesidad urgente de pensar cómo contrarrestamos el sentido común que se quiere imponer desde determinados sectores y que caracteriza a estas poblaciones como las enemigas del país cuando en realidad son un sector más que postergado y desoído”.

Habrá debates enfocados en los derechos humanos vinculados con las identidades y diversidades, así como salud mental, trabajo y comunicación. Y si bien no hay una mesa específica desde la que se aborde la llegada de la ultraderecha al debate legislativo, Pietragala Corti consideró que “esa preocupación atravesará todo el encuentro”. “La pandemia obligó al aislamiento y al individualismo, hay sectores que se enojaron mucho por las restricciones lo cual funcionó como caldo de cultivo para que estos actores negacionistas y cercenadores de derechos llegaran al Congreso. Quiero creer que no tendrán presencia histórica y constructiva, quiero creer que son actores fugaces, aunque esto no quita que no haya que prestarles atención”, concluyó.

https://www.pagina12.com.ar/383253-el-v-encuentro-federal-de-derechos-humanos-vuelve-a-ser-pres

“Libertad, libertad, libertad”, es el grito de la lista que encabeza Javier Milei, y que se autoproclama como un renovado punto de partida, sin agobio del Estado de por medio, una ruptura con todo lo anterior. El perfil de quien secunda al economista ultraliberal, la abogada Victoria Villarruel, aparece sin embargo concretamente ligado a un pasado que se quiere “revisitar”, a contramano de los avances en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), Villarruel viene clamando por lo que denomina “memoria completa”, como parte de un movimiento minoritario pero activo a nivel local e internacional, que niega la existencia del Terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar.

Autora del libro Los llaman jóvenes idealistas y coautora de Los otros muertos: víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70‘, Villaruel se presenta como “nieta de un historiador de la Armada Argentina sobreviviente de cuatro atentados de grupos guerrilleros de su país”, e hija de un hombre del Ejército que estuvo en Malvinas.

“Los terroristas tienen derechos humanos y sus víctimas, no” es la idea fuerza de este discurso, que Villarruel repite en frecuentes entrevistas de La Nación. “Ni todos los malos están de un lado, ni todos los buenos del otro”, es el otro latiguillo negacionista que aparece. La misma avanzada discursiva equipara los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina con los de la ETA en España. Su asociación ha encontrado legitimidad en foros internacionales, justamente, a partir de encuentros con familiares de víctimas de la organización separatista armada vasca. Que derivaron en otros como el que se materializó en 2019 en una conferencia con Javier Ortega Smith, fundador de Vox, donde se analizó cómo lograr un armado de derecha al estilo de Vox en Argentina.

Lo novedoso del discurso de la asociación que preside Villarruel –y otras que surgieron alrededor de 2006, como reacción a la reactivación de los juicios de lesa humanidad durante el gobierno de Kirchner– es que, a diferencia de las primeras organizaciones de familiares de genocidas que reclamaban por sus condenas con discursos de abierta defensa al genocidio, estos buscan encajar en la época. Así, comienzan a calcar las retóricas, los modos discursivos, y hasta las formas de presentarse de los organismos de derechos humanos. Su asociación, sin ir más lejos, es un “Centro de Estudios”, igual que el Cels. En esa búsqueda no es casual que en una de las amables charlas de La Nación la candidata pueda soltar, sin repreguntas: “Las primeras mujeres en hacer las rondas en Plaza de Mayo fueron las víctimas del terrorismo”.

Aunque la búsqueda sea la misma, se diferencian así de los discursos explícitamente defensores de los genocidas y sus crímenes, a lo Cecilia Pando, y también de sus irrupciones a los gritos y escraches.

“A partir de 2006, y sobre todo 2008, cuando avanzan los juicios, aparecen estas agrupaciones que hablan de ‘memoria completa‘, y piden que se juzgue a los responsables de ‘los otros asesinatos‘”, repasa la investigadora del Conicet Valentina Salvi, autora de De vencedores a víctimas, memorias militares sobre el pasado reciente en Argentina. “Pasan al discurso de la persecución penal, y dejan de lado el de la reconciliación y el perdón (nosotros los perdonamos, y esperamos que nos perdonen también y dejen de juzgar)”, puntualiza el salto enunciativo que los diferencia de apariciones más bochincheras como la de Pando.

Salvi describe el modo en que organizaciones como el Celtyv comienzan a funcionar “en espejo” con los organismos de derechos humanos: “Para ganar legitimidad en el espacio público, en los foros internacionales, se apropian del lenguaje de los derechos humanos, incluso de las lecturas vernáculas de los tratados internacionales sobre el tema. Reproducen figuras, metáforas en espejo que tambien son claramente reactivas”, observa.

Es este movimiento, analiza Salvi, el que hace que en discursos como el de Villarruel se cuiden de dar una defensa pública explícita de los genocidas, aunque resulte implícita. “A los represores no se los puede sacar de la escena. Ellos los quieren sacar todo el tiempo, pero su propia presencia pública está en relación a los crímenes de la dictadura y sus ejecutores”, analiza.

Lo más viejo de lo nuevo

La lista de Milei sigue intercalando “nuevos libertarios” con representantes de la más vieja derecha. El tercer lugar del frente lo ocupa Nicolás Emma, líder del Partido Libertario porteño. El cuarto, María Fernanda Araujo, dirigente porteña del partido NOS –del ex carapintada Juan José Gómez Centurión–, que preside la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas.

“La Libertad Avanza” así entre “lo innovador” del violento stand up de Milei en los medios, y la antigua derecha conservadora y militarista.

Otro empujón de visibilidad se lo dio a Villarruel el exsecretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, durante los primeros días del gobierno de Macri, cuando la recibió en su despacho ubicado en el Espacio de Memoria de la exEsma. “Primera vez en treinta años de democracia que un funcionario nacional recibe a la ONG de las víctimas del terrorismo”, celebró luego la abogada. El encuentro recibió el inmediato repudio de los organismos de Derechos Humanos, quienes dejaron en claro que el Celtyv “reivindica la caduca Teoría de los dos demonios y se refiere a los 30 mil compañeros detenidos – desaparecidos como terroristas subversivos, habla de una supuesta falta de la historia completa, todas abyectas formas de encubrir a partícipes y beneficiados por el Terrorismo de Estado”.

Un año antes, en 2015, había sido invitada por Elisa Carrió a su Instituto Hannah Arendt, para avanzar en la mesa “El debate que nos debemos sobre la violencia en los años 70”, junto a Graciela Fernández Meijide y Arturo Larrabure, quien ha intentado infructuosamente reabrir la causa de su padre, el coronel Argentino Larrabure, quien falleció durante su secuestro en manos del ERP en 1975.

La coyuntura y el pragmatismo macrista no dieron lugar entonces a mayor espacio para el intento negacionista del Celtyv, que avanza ahora por el carril del medio término.

Un militante de Javier Milei y de José Luis Espert, conocido por su activismo en redes sociales, rompió a martillazos un cuadro con el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo. Ocurrió el sábado 6 de noviembre, en el local de la organización Movemos CABA del Abasto: el influencer “Ciudadanoliberal.ok” robó la mayólica que fue colgada en la puerta de la unidad básica, la llevó a su casa y quebró en mil pedazos con un mazo. Luego subió el video a las redes sociales, con total impunidad.

“No es la primera vez que sufrimos este tipo de agresiones”, narró a Página/12 Enrique Pianelli, Secretario General de la Asociacion Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro e integrante de Movemos CABA. “Ya nos pasó en otras ocasiones. Cuando hacemos un acto, al otro día tenemos pintadas o tratan de rompernos el local”, agregó, en referencia a otros cuatro episodios de violencia en los últimos meses contra la sede de la organización, que incluyeron pintadas con aerosol, insultos y amenazas.

El ataque quedó registrado en la propia filmación del militante de Milei. Como se observa en el video, el agresor robó el cuadro – una placa con el icónico pañuelo blanco que había sido colgada recientemente, en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo-  caminó hasta su casa y, con un martillo, lo destrozó en mil pedazos. Luego subió el video a la red social Tik Tok, donde acumula más de 29 mil seguidores. 

Según explicaron desde la organización Movemos CABA, pocos minutos después de detectar el ataque se acercaron hasta la Fiscalía para realizar la denuncia. Uno de las primeras investigaciones radica en saber quién está detrás de la cuenta Ciudadanoliberal.ok, que además de subir videos de los candidatos de Avanza Libertad y  trollear a distintos referentes del Gobierno nacional, también posee una plataforma de venta de remeras con lemas neoliberales.

En Almargo, cuentan, los ataques contra sedes de otras organizaciones políticas y sociales del Frente de Todos son moneda corriente: los locales de La Cámpora, Forja, Peronismo Militante y hasta trabajadores de radio La Tribu padecieron hechos de violencia. “Es evidente que existe una acción premeditada que busca amedrentar a quienes nos organizamos para luchar por otro modelo de ciudad con proridades antagónicas al que representan Macri y Larreta”, indicaron desde Movemos CABA.

Por ende, bajo el lema “Basta de intolerancia, queremos nuestro barrio libre de odio”, la organización política convocó a un acto de repudio al ataque por parte de los militantes de Milei. Será este jueves, a las nueve y media de la mañana, en el local de Humahuaca 3461.

El discurso de odio de Milei contra las Abuelas

Las agresiones contra las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo no se limitan unicamente a los seguidores de la alianza de ultraderecha. Meses atrás el propio Javier Milei había agredido a Estela de Carlotto, vía Twitter. “Entiendo que ella se espante con nosotros. Porque sabe que con nosotros se terminan sus privilegios y los de toda la casta política que vive de los argentinos de bien“, expuso en redes sociales.

La publicación de Milei tuvo lugar luego de una declaración de la titular de Abuelas, quien alertó por los discursos de odio que elabora el candidato ultraliberal que hace buenas migas con Macri. “Me espanta el 14% que sacó Milei, porque que un hombre diga lo que él dice, como incendiar un banco o romper aquello, está llamando a la locura y, sobre todo, está especulando con los jóvenes que van a votar por primera vez”, había reflexionado Estela de Carlotto. Y agregó: “El odio lo tenemos que borrar con el ejemplo de una actitud cordial, comprensiva pero no de aceptar lo que es ilícito e ingrato”.

El Tribunal Oral Federal de Paraná inició este lunes el proceso de revisión de la absolución con la que había sido beneficiado el militar retirado Marino González en el juicio de lesa humanidad por la sustracción y la supresión de la identidad de les mellices Valenzuela Negro, nacides en el Hospital Militar de Paraná en plena dictadura cívico militar eclesiástica. Entre hoy y mañana martes, las partes ofrecerán alegatos luego de lo cual se espera una sentencia condenatoria.

González fue jefe del Destacamento número 121 de la ciudad de Rosario, dentro de la órbita del II Cuerpo del Ejército. Informan medios locales que integraba un grupo de operaciones especiales creado en 1975 en esa fuerza a cargo del teniente coronel Pascual Oscar Guerrieri, jerarca dentro del 121 y en varios centros clandestinos de Santa Fe, como Quinta de Funes, por donde pasaron Raquel Negro, cursando los últimos meses de su embarazo múltiple, y su compañero Edgar Tulio Valenzuela.

En 2011, González, “Pepe” de alias, resultó absuelto en el juicio oral y público que se llevó a cabo por la sustracción y supresión de la identidad de la beba y el bebé que Raquel Negro parió, en cautiverio, en el Hospital Militar de Paraná. Fue el único de los seis acusados que culminó aquel debate sin condena.

Para entonces, todavía no había sido procesado en la Causa Guerrieri, en Rosario, que en 2010 culminó su primer juicio oral y público –el primer expediente de lesa humanidad en llegar a esa instancia post caída de leyes de impunidad– con prisión perpetua para el represor Pascual Guerrieri y el resto de los acusados. Lo único que registraba el TOF de Paraná en el juicio por los mellizos Valenzuela Negro era la declaración del “arrepentido” Eduardo Constanzo, que nombró a González como quien “se encargó de todos los trámites, de organizar las guardias” en el marco del traslado de Negro a Paraná, a punto de parir.

Su absolución fue apelada y en 2018 llegó a la Corte Suprema de Justicia, que en 2018 y por un recurso de queja de la Fiscalía, representada por José Ignacio Candioti, dejó sin efecto aquel fallo y le ordenó al TOF de Paraná que realice un nuevo juicio a la luz de nuevos elementos probatorios a tener en cuenta. “Es que sucedió Guerrieri II –el segundo tramo de la causa madre de Rosario, resuelto en juicio– donde González fue procesado, juzgado y condenado por el caso de Raquel Negro y la Corte consideró que eso debería analizarse para evaluar su responsabilidad en la sustracción de los mellizos”, indicó Lucía Tejera, abogada querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el debate.

Entre hoy y mañana se llevará a cabo esa nueva instancia. Durante una audiencia preliminar desarrollada hace un año, las querellas –de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, de Abuelas de Plaza de Mayo Rosario y de Sabrina Gullino, la meliza cuya identidad fue restituida en diciembre de 2008, y Sebastián Álvarez, hijo mayor de Raquel– unificaron su postura para emitir, a partir de hoy, un solo alegato. La Fiscalía a cargo de Candioti, expondrá a su turno. Se espera que mañana martes lo haga la defensa y, tal vez, haya un nuevo veredicto.

Negro y Valenzuela eran militantes de Montoneros, fueron secuestrados en enero de 1978 en Mar del Plata y trasladados a la Quinta de Funes. Raquel estaba embarazada de siete meses; Sebastián, que entonces tenía un año y medio, estaba con la pareja y sufrió los mismos delitos. A Valenzuela lo obligaron a participar de un operativo junto a sus captores y represores que tenía como objetivo el secuestro de integrantes de la cúpula de la organización político militar en México. La pareja simuló aceptar el plan negociando la restitución de Sebastián a su familia materna.

Negro, en canto, fue trasladada a otros centros clandestinos y al Hospital Militar de Paraná para dar a luz. Según se pudo reconstruir, les mellices nacieron el 3 de marzo de 1978, internados como NN en la sala de terapia intensiva y derivados al Instituto Privado de Pediatría (IPP), donde la nena ingresó el 4 de marzo y el varón el 10 de marzo, en su caso sin identidad, desconociéndose dónde estuvo en esos seis días informan desde Abuelas. El 27 de marzo, la nena, Sabrina, fue dejada en el Hogar del Huérfano y luego dada en adopción legal. El mellizo varón continúa desaparecido.