En la recta final de sus alegatos, el Ministerio Público fiscal expuso la responsabilidad directa de cada fuerza y unidad en los hechos que se les adjudican. La próxima audiencia, que será el viernes 4 de noviembre a las 9:30, comenzará el análisis particular de cada acusado.
Luego de haber repasado en la audiencia anterior las estructuras orgánicas que se abocaron a la lucha contrasubversiva —particularmente la inteligencia— y de demostrar que no eran “grupos marginales ni díscolos”, el fiscal Daniel Rodríguez Infante sostuvo: “Son las estructuras que integraron los acusados de este juicio las que llevaron a cabo a cabo la lucha contra la subversión, la represión ilegal y concretamente los hechos de este debate”. Y se propuso avanzar con casos concretos del Destacamento, la Fuerza Aérea y la Policía.
Sobre el Destacamento de Inteligencia 144
Respecto del Destacamento de Inteligencia 144 (D144), aseguró el fiscal, el debate oral y público permitió profundizar algunas pruebas respecto de las que se tenían inicialmente. Luego hizo un recorrido por distintos hechos que no se investigan directamente en este juicio pero muestran que el D144 intervino activamente en la lucha contra la subversión.
Se refirió a los dichos de Verónica Almada, quien trabajó en archivo documental de las Fuerzas Armadas desde el Ministerio de Defensa, sobre la Comunidad Informativa. La investigadora sostuvo que la finalidad de la Comunidad Informativa no era solo poner en común cierta información sino que también cumplía funciones operativas, fijaba blancos y personas: era un órgano de inteligencia mancomunado de todos los servicios de las distintas dependencias.
Además, el vínculo del D144 con la represión está asentado en sus propios libros históricos. En febrero de 1980 registra una reunión con integrantes de la Comunidad Informativa de la Provincia a la que asistió el comandante Lépori, de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, acompañado por el mayor André. Otra constancia de intervención de esta dependencia se encuentra en la causa de Ana María Florencia Aramburo. En registros de 1979, el comisario Marchielli informó al juez Guzzo que la detención de la mujer se hizo a solicitud del Destacamento, que además tenía la información de que ella había sido enviada a otro lado para continuar su militancia.
Se puede encontrar más evidencia en este mismo sentido en la declaración de Ana Cristina Dell’Ana sobre la detención de su esposo, Héctor Cevinelli. Ella consiguió el teléfono del teniente Ribeiro, con quien tuvo múltiples comunicaciones y le dijo que tuviera fe. El hombre secuestrado siempre pensó que lo iban a matar por distintas situaciones que vivió pero finalmente lo liberaron.
La detención de Martín Orozco cuando era un niño también es elocuente. Fue llevado con su madre al Destacamento de Inteligencia y en este juicio guió una inspección ocular del tribunal. Desde afuera ya reconoció la construcción de ladrillos en Martínez de Rozas y Emilio Civit; apenas atravesó la puerta de entrada recordó que si se avanzaba un poco y se giraba a la izquierda se podía encontrar un sótano, y también refirió que había personas, quizás secuestradas.
Con el caso de Ángela Pastora Vélez, recordó Rodríguez Infante, la inspección al mismo edificio fue más complicada porque la mujer rompió en llanto más de una vez y se decidió suspender la medida. Sin embargo, por lo que la fiscalía pudo investigar, no estuvo en el Destacamento sino en la Policía Federal, que también es una especie de chalet. Lo supieron al vincular otras personas y fechas: Juan Carlos Zárate, que en la causa aparece vinculado a Vélez aunque las detenciones fueron separadas, despejó la idea de que estuvieron en la sede de la fuerza de seguridad nacional.
En los libros históricos del D144 de 1978, bajo el título “Acciones de guerra, operaciones militares o intervención de hecho en acontecimientos de repercusión nacional” se ve también que el destacamento participó en la organización, movilización y equipamiento como tropa de brigada y “elemento de inteligencia adelantado” bajo control operacional del Destacamento 141, de Córdoba. Figura, además, la felicitación del segundo jefe de inteligencia del Estado Mayor del Ejército, realizado a través del comandante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña y consta movilización de personal en cumplimiento a lo ordenado por el Comando.
“Mención especial”, ironizó el fiscal, merece el hecho de que integrantes del D144 se apropiaron de hijas e hijos de mujeres secuestradas. Por ejemplo, en San Juan fue condenado Luis Alberto Tejada por la apropiación de Carlos Goya Martínez, hijo de Lourdes Martínez Aranda y Francisco Luis Goya. En Mendoza, lo mismo le sucedió a Héctor Carabajal por Claudia Domínguez Castro, hija de Walter Domínguez y Gladis Castro. Estos dos militares, además, participaron del Operativo Independencia en el Grupo Especial Halcón 8, cuyo primer jefe fue Mohamed Alí Seineldín. No hace falta ir muy lejos para encontrar responsabilidades penales ya atribuidas: en San Rafael, tienen condenas Luis Rizo Avellaneda, Juan Armando Giovarruscio y Cecilio Oseas Martínez, de la Sección de Inteligencia 144, que respondía al Destacamento.
La intervención de esta dependencia queda acreditada, además, por las declaraciones de los propios integrantes de la fuerza. Armando Osvaldo Fernández se refirió a las actividades del Destacamento e incluso dijo que el D2 funcionaba de manera abierta, a diferencia del 144. También Pedro Sánchez Camargo nombró a personas de allí que intervenían en interrogatorios. José Luis D’Andrea Mohr, militar retirado, también habló sobre la intervención del Batallón 601. Lo mismo sucede con el expenitenciario condenado en la causa El Vesubio Néstor Norberto Cendón.
No menos importante resulta en este relevamiento de evidencia la desclasificación de documentos que la National Security Archive hizo en enero de 2008. Con eso se supo que agentes de inteligencia argentinos fueron capturados en México por el servicio secreto y los expulsaron por espionaje a grupos exiliados de Montoneros. Tenían el fin de asesinarlos. Dos de esos oficiales prestaron servicios en el Destacamento de Inteligencia 144, Cabrera en el 77 y Amelong en el 80.
Respecto de los casos que sí se investigan en este juicio, el fiscal introdujo con la desaparición del matrimonio Verd-Palacio y remarcó que un PCI de Mendoza, Florentino Julio Castro, fue el secuestrador. Mariana, hija de la pareja, identificó al hombre siendo una niña a partir de una serie de fotografías que tenía la policía caminera de las personas que habían llegado el día anterior a San Juan. Recién 40 años después se ataron cabos entre ese reconocimiento y el Destacamento y resultó ser un agente secreto.
En el primer secuestro de Jorge Vargas Álvarez también intervino José “Coto” Merchán, dijo el fiscal, y continuó repasando lo ya analizado en las causas de este debate: la participación Simone en el caso de Roberto Blanco, de Ribeiro en el caso Leonor Mércuri, la investigación exhaustiva a Mercedes Eva Vega y a Carlos Espeche, la prueba documental en el operativo de abril del 77, el informe del Operativo Escoba elaborado por el GT3 que estaba inserto en el Batallón 601, la persecución a Galamba en mayo del 78 y la participación en los procedimientos contra el PRT-ERP de mayo del 76.
Las áreas operativas y de inteligencia de la Fuerza Aérea en Mendoza
El fiscal anticipó que abordaría la intervención directa de la Fuerza Aérea en la lucha “contrasubversiva”, tanto de sus áreas operativas como de inteligencia. El primer elemento elocuente de su rol es la presencia de miembros de esta fuerza al frente de la Policía de Mendoza. Con la intervención del gobierno provincial, en 1974, llegó al cargo Julio César Santuccione (1974-1976). Luego lo sucedieron Alcides Paris Francisca (1976-1979) y Mario Alfredo Laporta (1979-1982).
Además, tuvo sus propios Lugares de Reunión de Detenidos, es decir, Centros Clandestinos de Detención: el campo de tiro Las Lajas y el Hangar, los calabozos del Puesto B y la zona de Los Polvorines, estos últimos tres dentro de la IV Brigada Aérea. Su estructura orgánica demuestra la confluencia de jefaturas y roles relativos a la lucha antisubversiva en las mismas personas: por ejemplo, Padorno fue jefe de la Regional Oeste de Inteligencia, jefe de la División Contrainteligencia de la IV Brigada y jefe del Escuadrón Tropa de esta dependencia.
Existen asimismo referencias de los propios integrantes de las fuerzas: en 1986 Jorge Alberto Maradona, comandante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, mencionó que la Fuerza Aérea tuvo control de una porción del territorio provincial y que seguramente tuvo un LRD en su jurisdicción. Cuando la Policía actuaba conjuntamente en los operativos a cargo de la Fuerza Aérea, se subordinaba a esta, explicó. En 1986 declaró también Orlando Oscar Dopazo, jefe del G2 de la VIII Brigada, quien corroboró que en esta área asignada la Aeronáutica “tenía a su cargo todo lo relativo a la lucha contrasubversiva”. Por su parte, Armando Fernández comparó los órganos de inteligencia del Ejército con los de la Fuerza Aérea. Gregorio Anselmo Palacio, máxima autoridad de la Seccional 16, reconoció que hubo detenidos a disposición de la Aeronáutica en esa comisaría.
La fiscalía ya explicó que en su rol de “Agrupación Mendoza”, la estructura de la IV Brigada, entre ellas la División II, se abocó a la lucha contra la subversión, respondiendo al Comando de Agrupaciones Marco Interno (CAMI). Las áreas de inteligencia de la Fuerza Aérea participaron de la Comunidad Informativa (CI), espacio dedicado exclusivamente a esa tarea durante el periodo en cuestión. En este juicio se relevaron las evaluaciones del legajo personal de Padorno: “Se desempeña adecuadamente dentro de la Comunidad Informativa”, “mantiene muy buenas relaciones con la Comunidad Informativa, lo que le permite obtener información actualizada de los distintos campos de acción”.
Del mismo modo, personal de la División II de Inteligencia de la IV Brigada figura interviniendo en la Central Única de Inteligencia, emplazada en la VIII Brigada, posiblemente como unidad complementaria de la CI: José Osvaldo García, Pedro Esteban Jofré, Armando Olimpo Carelli y Jorge Alberto López participaron de la Central. Sus legajos —planillas anexas de evaluación— indican que el órgano de revista entre el 30 de marzo de 1976 y el 30 de septiembre de 1976 fue la Central Única de Inteligencia. Durante ese periodo, respondieron también a la División II de la Fuerza Aérea y fueron evaluados por sus autoridades, otra evidencia del accionar conjunto. Juan Carlos Santa María argumentó que esta fue una situación “anómala”, que no volvió a repetirse, dado que él asumió la jefatura de dicha división en 1977.
Según se probó en juicios previos, estos miembros de la Aeronáutica actuaron como interrogadores en el Casino de Suboficiales del Ejército hasta el traslado o la liberación de las detenidas en septiembre de 1976. García era el “jefe del grupo de interrogadores”, de acuerdo al propio Carelli, y fue él quien evaluó a todos, excepto a López. En el legajo de Jofré, por ejemplo, García valoraba su desempeño durante 1976 y reconocía explícitamente la coordinación entre fuerzas: “Ha asumido con conciencia profesional la nueva tarea que se la ha asignado en conjunto con el Ejército (…) constituye un ejemplo para los camaradas de la propia fuerza y un orgullo para la institución, máxime en esta dura tarea que en que se han comprometido las Fuerza Armadas”. Indagado por la justicia por primera vez en 2010, Carelli declaró que había ido solo una vez al Casino. En 2012 reconoció que asistía tres veces por semana para relevar “datos filiatorios” o llenar formularios y más adelante incluso aseguró que había interrogado a las mujeres allí secuestradas. Luego de la Central Única de Inteligencia, pasó a la Regional Oeste de la Fuerza Aérea.
Por su parte, la intervención de las áreas de inteligencia de la Aeronáutica en el CCD Las Lajas se hace evidente con los traslados de víctimas. El fiscal recordó que el aparato represivo concretó movimientos de personas detenidas de acuerdo al lugar donde fuera de mayor utilidad la información que pudiera extraerles. Luque Bracchi fue secuestrado en Mendoza por su relación con Santana Alcaraz y, luego de una noche en Las Lajas, conducido a un CCD de San Luis. Osvaldo Zuin fue detenido en Córdoba pero remitido a Mendoza. Horacio Ferraris fue detenido en San Luis, conducido a Las Lajas y luego a la Perla, Córdoba, provincia donde había desarrollado su militancia.
Luis Blejman, detenido mientras realizaba el servicio militar, fue apresado en la División II de Inteligencia. Toda la familia, vinculada al Partido Comunista, sufrió allanamientos y persecusión. En estos procedimientos intervino directamente Carelli. Por ejemplo, en la IV Brigada aparecieron los libros secuestrados a la familia. Fue Carelli quien recibió a Susana Blejman cuando se presentó en la base aérea a raíz del hostigamiento padecido.
En el sexto juicio se analizó el testimonio de José Alberto Flores Tejada, exconscripto que relató haber visto descender de un avión a Santa María y Carelli junto a personas vendadas, una en camilla, en 1977. La defensa de Santa María argumentó que Carelli estaba cumpliendo funciones en el edificio Cóndor de Buenos Aires. Rodríguez Infante insistió en que esa situación no era un impedimento para viajar a Mendoza a encargarse de hechos y personas conocidas previamente. Flores Tejada también aportó información relativa a un vehículo que usaban Carelli y Jofré y que estacionaba fuera del chalet donde funcionaba la División II: un Valiant 4 gris perla, sin patente. Carelli lo corroboró en su indagatoria. Ese modelo, con esas características, intervino en las detenciones de Emiliano y Jorge Albino Pérez, así como también en la detención de Víctor Hugo Herrera.
Las estructuras operativas centrales de la IV Brigada integraban el Grupo Base IV. La Fuerza Aérea no contaba con fuerza de choque por tierra, a diferencia del Ejército, razón por la cual las subunidades del Grupo Base IV, preparadas para la seguridad y el combate terrestre, fueron las protagonistas de la “lucha contrasubversiva”. El Escuadrón Tropa ocupó un lugar principal a través de la Compañía de Policía Militar y la Compañía de Defensa o Subunidad COIN. La Banda de Música, también dentro del Escuadrón, tuvo un rol menor en lo que ha podido probarse.
La memoria anual de 1976 de estas fuerzas de choque o grupos de tareas señalaba: “El nivel de instrucción alcanzado (…) ha sido satisfactorio, pero a partir del 24 de marzo y debido a las actividades de control y seguridad en la subzona militar correspondiente a la IV Brigada Aérea, disminuyó el porcentaje de asistencia a la instrucción, normalizándose luego a partir del mes de agosto. Este problema afectó principalmente a la Compañía de Policía Militar y a la Subunidad COIN”.
La Compañía de Policía Militar tenía entre sus funciones la ejecución de procedimientos o detenciones, de acuerdo al reglamento RAO-50: “Tarea que va a preservar, por supuesto, resignificada, en el marco de la lucha contrasubversiva”, señaló el fiscal. También realizaba las guardias, incluso en los CCD. Su intervención directa se constata en el operativo del 6 de abril de 1977 en el domicilio de la familia Pérez. De él participaron conscriptos que realizaban el servicio militar en la Compañía de Policía Militar bajo las órdenes de Miguel Ángel Bustos, entre ellos los testigos Héctor Gaffoglio y Miguel Lorenzo Domínguez.
Daniel Ulises Domínguez se refirió a la Subunidad COIN como la que “hacía las salidas”. Declaró que constantemente llegaban a la IV Brigada soldados con uniforme en camionetas Ford Azul con cúpula —llamadas “las guerrilleras”—. El nombre significaba precisamente “contra insurgencia”. Por último, numerosas víctimas detenidas en el cine de la IV Brigada declararon que las guardias estuvieron a cargo de la Banda de Música, que también integraba la unidad operativa neurálgica encargada de operativizar la “lucha antisubversiva”.
La responsabilidad de la Fuerza Aérea en cada procedimiento
A continuación, el representante del Ministerio Público Fiscal repasó los elementos que denotan la intervención de la Fuerza Aérea en los operativos. Los integrantes de la Inteligencia de esta arma están acusados por todos los casos en los que actuó —de manera directa o en operativos conjuntos—, en el entendimiento de que participó en la planificación y diagramación. Mientras que los que integraban áreas de choque como la Compañía de Policía Militar, Compañía de Defensa, Subunidad COIN, serán acusados por los procedimientos en donde se haya involucrado activa y directamente. Aquí la fiscalía tuvo una posición “más conservadora” y se circunscribió a los hechos sobre los que existe más certeza, pese que podría haberse atribuido responsabilidad por la totalidad de los hechos a raíz de la división de tareas al momento de ejecutar los secuestros —el Ejército detenía en un lugar, la Fuerza Aérea en otro, a veces en paralelo—, aclaró el fiscal. Respecto a los Centros Clandestinos de Detención —LRD en jerga militar— ambas áreas responden por todos los delitos, excepto la Banda de Música a quien se le adjudica únicamente los hechos del Hangar de la IV Brigada.
La participación activa de la Fuerza se puede identificar en distintos operativos. Uno es el de mayo de 1976, cuyo accionar coordinado con el D2 y el Ejército se advierte en la prueba documental y en el plano operativo. En lo concreto, Virginia Adela Suárez fue conducida a Las Lajas cinco meses después de su detención y Vivian Acquaviva, quien la vio, también. En el caso de Mario Luis Santini hay distintas pruebas de la intervención directa de la Aeronáutica. Quienes integraron los grupos de choque responden, en este juicio, por estos tres casos; mientras que quienes pertenecieron a Inteligencia de esta fuerza, por todo el operativo.
Santini trabajaba en la Municipalidad de Las Heras, zona bajo control político y operacional de la Fuerza Aérea. Hay registros de que su contrato vencía y poco antes de su detención —quizás el día previo—, no se lo renovaron. Además, lo secuestraron en la calle Balcarce de ese departamento. Sobre los vehículos que intervinieron no hay precisión pero sí distintos indicios y el fiscal concluyó que fueron una rural —que también intervino en el secuestro de Quiroga en Lavalle— y un Valiant —que usaba Carelli, encargado de Inteligencia en la IV Brigada—. Los mismos autos se vieron en el procedimiento que se hizo en la casa de la familia Pérez y resultó en la desaparición de Jorge Albino y Emiliano, su tío.
A esto se suma que entre las averiguaciones que hizo la madre de Santini, la señora Jofré, supo que había intervenido personal de la base aérea de El Plumerillo. Y, por último, el fiscal se refirió a la manifiesta inacción de la Comisaría 16, de las Heras, a las denuncias de la mujer. A partir de esto se iniciaron ciertas actuaciones que hicieron que el entonces comisario, Gregorio Anselmo Palacios, tuviera que declarar y reafirmó la autoridad de la Aeronáutica.
En el operativo de abril de 1977, la intervención de la Fuerza Aérea quedó probada en tres casos. El primero es el de la familia Pérez, donde en una casa participó personal más orgánico y uniformado, y en otra, más clandestino y de civil. Aquí vieron el Valiant de Carelli y otros autos del D2, como el Fiat 125 amarillo o crema. El segundo es el que tuvo como víctimas a Pacheco, Otín y Benítez. No solo personal de la Aeronáutica hizo identificaciones en un evento social sino que la misma Otín dijo, en las gestiones que hizo por su marido, supo que había intervenido la Fuerza Aérea.
El tercero resultó en la desaparición de Gutiérrez, Fernández y Montecino: la zona estaba liberada, el operativo duró de la mañana a la noche, el domicilio estuvo ocupado los días siguientes y el procedimiento afectó a vecinas y vecinos. Cuando llamaron al Comando Radioeléctrico para pedir ayuda, les informaron que era una acción de la fuerza. El encubrimiento que se les atribuyó a oficiales de la Comisaría 16 no es incompatible con la liberación de la zona que garantizó la Fuerza Aérea, para que el D2 y el Ejército ejecutaran el operativo.
En mayo del 78, la Aeronáutica tuvo injerencia directa en los secuestros de Juan Carlos y Daniel Romero, ambos ocurridos en Las Heras. Las pruebas son concretas: José Ricardo, hijo de Daniel, contó que su mamá y un vecino siguieron al autoque se llevó a su papá y lo vieron entrar a la IV Brigada. El mismo grupo hizo un operativo el mismo día en la casa de Juan Carlos y se lo llevó cuatro días después: salieron del domicilio y tomaron el acceso con dirección al norte, es decir, a la Brigada.
La responsabilidad de la Policía de Mendoza
Por último, Daniel Rodríguez Infante repasó los elementos que vinculan a la Policía de Mendoza. En primer lugar analizó el accionar del D2 en su doble faceta: como CCD por el que pasaron centenares de víctimas y como área de inteligencia de la fuerza de seguridad, encargada del espionaje, los seguimientos, las infiltraciones y la tortura como método.
Como CCD, en el D2 se perpetraron los más atroces delitos. Poseía los hombres experimentados en las tareas de persecución; los medios —un departamento policial, carpetas con datos y nombres, infraestructura—, y un centro de detención ya clandestino en democracia.
Y como órgano de inteligencia ubicó dos planos: el formal, mediante el cual el D2 empezó a monopolizar la confección de los sumarios que derivaban en Consejos de Guerra o causas judiciales, y el clandestino, que le dio protagonismo en los hechos represivos. El D2 confeccionó prontuarios políticos que luego intentó destruir e hizo tareas de inteligencia que asentaron en libros de órdenes de reunión. Hoy se conservan fotocopias de ese material y evidencian vigilancia contra militantes, asistencia a gremios, misas, sepelios, hospitales, bancos.
Además de haber sido uno de los mayores CCD, donde se perpetró la tortura sistemática, el D2 tiene responsabilidad probada en por el menos en 60 homicidios, incluyendo personas que luego desaparecieron. Diez de ellas fueron vistas allí por última vez.
Las comisarías, por su parte, orbitaban como satélites de la represión. En este juicio se investiga particularmente la Comisaría 7 de Godoy Cruz, a través de uno de sus integrantes: Ramón Dagoberto Álvarez. Hay sobrevivientes de ese CCD que declararon salvajes torturas y una persona desaparecida que fue vista allí por última vez, Rubén Bravo.
La próxima audiencia será el viernes 4 de noviembre a las 9:30.
Vaccarini tenía 22 años, militaba en el PRT-ERP y estudiaba bioquímica en Rosario.
Afiche de la película «Garage Olimpo» de Marco Bechis (1999)
