JUICIO POR LA APROPIACION DE LA HIJA DE LOS DESAPARECIDOS MOYANO-POBLETE
18-06-21 | Se oyeron tres declaraciones que son prueba central para la causa. Cintia Troncoso, concuñada de Stella Fernández, decidió no ser cómplice del ocultamiento de la familia apropiadora y denunció el hecho ante la justicia. Mara Díaz de H.I.J.O.S. sumó su relato como parte del grupo que investigó el caso. Mariana Herrera Rubia refirió la frase que pronunció una pariente de Norberto Fernández, hermano del principal imputado. La próxima audiencia será el 2 de julio a las 9:30.
Cintia Troncoso
La testigo explicó que la relación con la familia Fernández es de parentesco político debido a su esposo, Rodrigo Sánchez. El hermano de este, llamado Fernando Sánchez, estuvo casado con Stella Fernández, hija del matrimonio acusado. Por esta razón, Cintia compartió eventos y reuniones familiares, pero sin entablar una relación estrecha. Su pareja le había contado que Osvaldo Fernández trabajó en la Policía en la época de la dictadura. Eso sembró ciertas dudas en la testigo, en virtud de la cantidad de hijos e hijas y de la diferencia entre las mellizas Stella y Marcela Fernández: “Pensé la posibilidad de que alguna fuera hija de desaparecidos por el trabajo de Fernández”.
La información relativa a la apropiación llegó una noche, entre el 2010 y el 2012. En una reunión familiar, Fernando le contó a su hermano Rodrigo que Armando Fernández estaba con prisión preventiva por delitos de lesa humanidad, aunque la familia decía que se ausentaba por un trabajo en San Luis. En ese contexto, Iris Luffi le había confesado a Stella que Miriam no era hija biológica suya, sino que Fernández había llegado con ella una noche y desde entonces la habían criado como propia. Además, existía la posibilidad de que fuera hija de personas desaparecidas. Rodrigo compartió con su esposa esta noticia “increíble” y grave.
Por lo que relató Rodrigo, a esa altura Miriam no estaba al tanto de la revelación. “Si esta chica no lo sabe lo tiene que saber”, consideró la testigo. Troncoso no tenía relación con los organismos de derechos humanos, pero sí había buscado información al respecto. Pensaba en los hijos de Stella, sus sobrinos políticos, y la mentira que podrían estar viviendo. También pensó en esa familia biológica que seguramente había buscado. “Si yo no hacía algo con esta información estaba siendo cómplice de esta familia”, sintió.
Lo primero que se propuso fue afianzar una relación con Stella, pero el acercamiento fue difícil. Vincularse con Miriam parecía aún menos factible. Entonces decidió compartir la información con alguien que pudiera darle curso a la investigación. Se contactó con el Movimiento Ecuménico (MEDH) y con Madres de Plaza de Mayo. Finalmente, por recomendación de Tobías Crespo, pareja de su hermana Mariana, se comunicó con H.I.J.O.S. “Belén se puso en contacto conmigo. Nos juntamos en una oficina que tenían las chicas en la calle 9 de julio (…) en dos oportunidades. Yo les mandé unos datos que podían sumar a la investigación, como fechas de nacimiento. Así fue que se terminó sabiendo que Miriam era hija de desaparecidos”, explicó.
La abogada querellante Viviana Beigel pidió a la testigo que individualizara a las personas de la familia Fernández que conocieron indudablemente la situación de Miriam: Cintia mencionó a Armando Fernández, “su padre apropiador”, Iris Luffi y Stella Fernández. Esta última, según supo recientemente Cintia por su cuñado, no entendía cómo su madre le había ocultado la verdad por tanto tiempo.
Tribunal
La devoción por el padre
Troncoso hizo mucho hincapié en la dinámica patriarcal de la familia Fernández: “Siempre vi que esta familia funcionaba de forma extraña. Por ejemplo, están sumidos en una devoción increíble por su padre (…) La familia hace lo que su papá dice. Y eso es lo correcto”. Por esa razón, supuso que nadie buscaría la verdad motu proprio.
Las mujeres, por el contrario, “tienen que criar y estar en la casa”. Entre ellas, se detuvo en el caso de Iris Luffi a pedido de Mariano Tello, su defensor: “Se ha dedicado toda su vida a su familia y a su esposo, a cuidar a sus hijos (…) Nunca ha trabajado por fuera de su casa. Pienso que Iris, más allá de ser una mujer adulta con sus derechos y capacidades, ha sido siempre tan devota de su esposo y de los hombres de su familia que no le quedó más que hacerlo que su pareja le decía, lamentablemente”. Argumentó que la mujer podría haberse negado a recibir y a criar a esa bebé: “Creo que no lo hizo porque tenía que obedecer a su marido”.
A Miriam la describió como una “persona genial”, “pujante” y “decidida”, completamente distinta a las mujeres de su familia, pero no exenta de esa lealtad hacia su apropiador. Por eso, una vez que supo la verdad —ya de adulta— trató de evitar que la gente se enterara. “Ante toda la situación de shock que puede generar una situación sobre la identidad de sí misma, yo creo que eso hizo que ella entrara en una situación de negación sobre su identidad y la actitud de sus padres apropiadores”. Según Troncoso, la familia Fernández negaba toda conducta inapropiada de su padre.
Actitud defensiva
La testigo señaló que el revuelo de aquellos años se generó por las circunstancias de la investigación a la que fue sometido Armando Fernández. La familia estaba “alerta” y “a la defensiva” en relación a delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, relató que debieron vender la vivienda para costear la defensa en el juicio y, en consecuencia, alquilaron una propiedad a Amanda Troncoso, tía paterna de Cintia. En una ocasión, Iris Luffi se acercó al negocio del tío de Cintia y le indicó que negaran cualquier conocimiento de la familia Fernández si la policía preguntaba. La testigo conoció el episodio por medio de su padre.
Por último, aclaró que su vínculo actual con la familia Fernández es muy lejano porque su cuñado Fernando se separó de Stella. No obstante, sigue teniendo algún contacto a través de sus sobrinos políticos. La testigo confesó que temía que estas personas se enteraran de que había hecho la denuncia correspondiente: “Una hace estas cosas con miedo, porque parece ser que es una la que está haciendo las cosas mal cuando yo decidí no ser parte de todos sus secretos. Se encargaron de hacerme llegar amenazas y comentarios para que yo no estuviera hoy en día declarando”.
Cuando Cintia Troncoso concluyó su testimonio, el fiscal Daniel Rodríguez Infante solicitó al Tribunal que enviara el acta de la jornada a instrucción, con el fin de investigar la situación de amenazas referidas.
Mara Nayme Díaz: “El daño a las víctimas de apropiación lo provocó la dictadura”
La segunda en declarar fue Mara Nayme Díaz. Desde el 2001, integra la agrupación HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y, desde el 2011, la Comisión Hermanos dentro de la organización. “Para organizarnos mejor nos subdividimos en comisiones y Hermanos es una de esas comisiones”, explicó la testigo. Se dedicaban especialmente a la búsqueda y restitución de identidad de bebés que nacieron en maternidades clandestinas, entre 1976 y 1983.
Hermanos trabajaba en conjunto con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y Mara Díaz lo consideró no solo un espacio de militancia sino también de formación, debido a la interdisciplinariedad y el intercambio de experiencias. Afirmó: “Nuestro trabajo ha sido riguroso, serio, responsable, comprometido, ético y humano”.
Al igual que las testigos de la audiencia anterior, contó que trabajaban de dos maneras: con la presentación espontánea de las personas que nacieron entre el 76 y el 83, dudaban de su identidad y creían que podían ser hijas de víctimas de la dictadura; y con las denuncias de quienes dudaban de la identidad de una tercera persona. En este segundo caso, intentaban tomar algún tipo de contacto con quien podía ser víctima de apropiación para que se transformara en una presentación espontánea y accediera a hacerse la prueba genética. Siempre se llenaba una ficha con datos como el contexto del nacimiento o algún tipo de vínculo con integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad.
Sobre el caso de Miriam, declaró que tuvieron conocimiento por dos denunciantes en la segunda mitad del 2012. Una fue Mariana Herrera Rubia, quien les contó que una amiga llamada Liliana Giuliani le aseguró que “en la familia Fernández hay hijos que no son hijos”. Liliana estaba en pareja con un policía llamado Jorge Giarratana que era cuñado de Norberto Fernández, hermano del imputado Armando Osvaldo Fernández.
Por el vínculo entre las amigas, Mariana vio algunas veces a Norberto, quien siempre le mencionaba que conocía de la escuela de policía a su progenitor, Héctor Lanza, hasta que Mariana le pidió que no lo mencionara más. Ella no tenía relación con ese hombre, a quien consideraba un represor. Por eso se cambió el apellido a Herrera Rubia, con el acompañamiento de Hermanos en el pedido legal.
La segunda fuente de información fue Cintia Troncoso, quien, a través de un amigo de Mara, Tobías Crespo, se puso en contacto con Hermanos, mediante correos electrónicos. Cintia tenía relación con la familia Fernández por dos vías: su tía tenía un negocio en el barrio donde vivían y les alquilaba la vivienda a Miriam, por un lado, y a Fernández y Luffi, por otro; pero además, su pareja, Rodrigo Sánchez, tiene un hermano —Fernando— que estuvo casado con Stella Fernández, hija del matrimonio imputado en este juicio. Troncoso aportó información sobre la sospecha con relación al origen de Miriam.
En 2012 se llevaba a cabo el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Mendoza y se investigaba la participación de Armando Osvaldo Fernández en la última dictadura. Para no revelar la causa de su ausencia en el barrio, la familia del ya condenado decidió decir que estaba trabajando en San Luis. La misma Iris Luffi dijo en el almacén de la tía de Cintia que si alguien se acercaba preguntando por el hombre, dijeran no conocerlo. Cintia Troncoso supo que Iris le comentó su preocupación a Stella: a raíz de todo esto temía que se investigara el origen de Miriam, quien no era hija biológica del matrimonio sino que la había traído Armando una noche cuando ella era bebé y posiblemente era hija de personas desaparecidas.
Con estas dos denuncias, más algunos datos que tenían de Miriam como la fecha de su cumpleaños, fotos, la comparación de su nacimiento con embarazadas de las que tenían conocimiento y fechas posibles de parto, obtuvieron dos coincidencias: una con María del Carmen Moyano y otra con Adriana Bonoldi. “Nos resultaba difícil pensar que la hija de la Pichona estuviera en Mendoza sabiendo que había nacido en la ESMA”, aseguró Mara Díaz.
Con Hermanos tenían dudas de si podían o no acercarse a Miriam a plantearle la situación: “Era difícil porque a Miriam la estábamos viendo acá, en los juicios (…) Era poco probable que ella lo tomara bien”. Vieron que habían llegado a un límite, en este y otros casos, y decidieron presentar la denuncia ante la fiscalía. Fue, casualmente, el 22 de octubre del 2012, el Día Nacional por el Derecho a la Identidad.
Aquel año, recordó Mara, “el Tribunal Oral Federal 6 de la Capital dictó sentencia en la Causa Plan Sistemático que investigó más de 30 casos de apropiación (…) y dictó condena de 10 años a Jorge Luis Magnacco, el médico que atendió el parto de la Pichona en la ESMA en el que Miriam nació. Ese médico está libre por haber cumplido ya dos tercios de la condena”. Y agregó: “Esa sentencia sostuvo lo que los organismos venimos diciendo hace años. La apropiación de bebés durante el cautiverio de sus madres en maternidades clandestinas como botín de guerra fue un plan organizado (…) no fueron casos cometidos al azar, constituyen casos de delitos de lesa humanidad”.
Antes de finalizar, Mara Nayme Díaz compartió algunas reflexiones. Interpeló a la inacción judicial para buscar a las nietas y los nietos apropiados que faltan. Cuestionó que si ellas, con recursos limitados, consiguieron esto, “cuánto más podría hacer la justicia con todos los recursos que tiene” para frenar este delito. Porque después de tantos años, “el delito de apropiación sigue produciendo sus efectos y produciendo daños sobre sus víctimas”. Mara remarcó que “el daño provocado a las víctimas del delito de apropiación se lo provocó la dictadura que secuestró, torturó, desapareció a sus mamás y a sus papás, a toda una generación, a 30000 desaparecidos y desaparecidas. No se lo provocamos nosotras”, en referencia a los organismos de derechos humanos.
Aseguró que su lucha forma parte de una red mucho mayor que trabaja permanentemente en actualizar listados de personas que fueron víctimas de la dictadura: desaparecidas, asesinadas, sobrevivientes, apropiadas. Reconoció el esfuerzo y la dedicación de compañeros y compañeras y, particularmente, la de su mamá, Susana Muñoz, en esta investigación.
“Quiero decirle a Miriam que nosotras la hemos buscado con mucho amor y que la estamos esperando, cuando ella quiera hablar con nosotras. Sabemos que su proceso no ha sido sencillo y siempre fuimos muy respetuosas de lo que a ella le ha tocado pasar como víctima. Por ella, por Pichona, por Carlos Poblete y por los 30000 presentes ahora y siempre es que estamos luchando”, concluyó Mara Díaz.
Mariana Herrera Rubia: “Somos la memoria que tenemos”
La última en declarar fue Mariana Herrera Rubia. El dato que la llevó a prestar testimonio en este juicio está ligado a su propia historia personal. Relató que entre el 2001 y el 2003 vivía en la calle Castelli de Godoy Cruz y, para sobrellevar la crisis del país, se acercó mucho a su vecina Liliana Guliani. Esta mujer estaba casada con Jorge Giarratana, cuñado de Norberto Fernández —hermano del imputado—. En consecuencia, se cruzó con personas del entorno familiar de Liliana, entre ellas con Norberto, que aseguraba conocerla.
Su madre le explicó que los Fernández habían sido compañeros de la Escuela de Policía de su exesposo, genitor de Mariana. A esa altura, la testigo ya sabía que esta persona, Héctor Lanza, había participado en el golpe de Estado como policía de la Comisaría Séptima. Mariana aclaró que rechazó todo acercamiento con Lanza: “Me criaron mis abuelos maternos. Siempre estuve en la vereda de enfrente”.
Refirió que un día Liliana pronunció la frase “en la familia Fernández hay hijos que no son hijos”. La testigo no supo a quién decírselo. La vergüenza y la culpa por su genitor le impidieron inicialmente actuar. Con Liliana Guliani no tuvo más vínculo luego de su mudanza, en 2005. Además, cuando hablo con ella sobre su genitor, Jorge, el esposo, lo justificó: “Hizo lo que tenía que hacer”.
En el 2004 “cambió totalmente la situación cuando se bajaron los cuadros [de los represores]”. La testigo aseguró que sintió “protección absoluta” para empezar a hablar. Asistía a los juicios, aunque todavía incómoda con su apellido. En 2012 se contactó con Alfredo Guevara para proceder al cambio de apellido. Guevara la derivó al MEDH, donde Elba Morales le entregó un expediente sobre Lanza: la causa 031-F del 2007, donde se dice que Osvaldo Armando Fernández “mandó al frente” a Lanza en el caso de Roberto Blanco. “Es el primer papel que tengo que certifica que Lanza estuvo involucrado. Antes era solo narración oral”. Con ese documento y el contacto que Violeta Ayles facilitó con H.I.J.O.S., Mariana se reunió con Celeste, Belén y Paula Baigorria para contarles lo que sabía.
Ese dato sobre Fernández era también parte de su historia: “Hay muchos ‘hijos que no son hijos’ en otros espacios. Lanza también tiene otra hija y yo dudo que sea biológica. Su nacimiento debe ser en el 77”, explicó. Por su pertenencia a la fuerza y el trabajo de enfermera de su esposa, posiblemente no lo sea, sostuvo. La testigo solicitó al tribunal que se investigara.
Mariana pudo cambiarse su apellido luego de la reforma del Código Civil, en 2019. Hoy se presenta como Mariana Herrera Rubia.
“En el 2017 nos enteramos de que Miriam era hija de Pichona. Somos la memoria que tenemos”. Agradezco que me den esta oportunidad que he estado esperando”, concluyó.
Nueva prueba
Luego de las testimoniales, el Ministerio Público Fiscal ofreció al tribunal un expediente de 1975 que contiene una causa contra la familia Moyano. La pista surgió de las declaraciones previas de Beatriz García y Adriana Moyano. El documento forma parte de la investigación en curso sobre los centros clandestinos de detención de la Policía de Mendoza.
La próxima audiencia será el 2 de julio a las 9:30.