Resulta que ahora los estudiantes dan cátedra a los docentes y a quienes dirigen la facultad y esa clase no es solo de derecho, en el tradicional sentido, sino que abarca también las consideraciones éticas acerca del marco de vigencia del derecho y de la democracia.
Así, cuando el año pasado las noticias de los medios de comunicación revelaron las relaciones entre jueces, funcionarios del Poder Ejecutivo y medios de comunicación, que resultaban suficientemente graves institucionalmente para alarmar a quienes enseñamos el Derecho, un sector de profesores reclamamos al Departamento de Derecho Penal y al decano de la Facultad que se evaluaran las consecuencias de la actitud de quienes como docentes habían actuado irregularmente. Pero nada se logró, y vemos que recién a fines del mes de marzo de 2023, los profesores han cesado de hecho, pero a consecuencia de la actitud de les estudiantes.
En tal sentido, y como integrantes del ámbito académico, habíamos presentado en noviembre del año pasado dos notas: una al director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UBA, doctor Villar, y otra ante el decano de esa casa de altos estudios, doctor Vergara. En estas solicitamos que tanto el mencionado Departamento como el Decanato de la Facultad se expidieran con relación a los hechos de público conocimiento que involucraban a profesores regulares y que podrían encuadrar en las disposiciones reglamentarias del Código de la Universidad de Buenos Aires y del Estatuto Universitario, en relación con la posible falta de ética académica, indignidad moral o inconducta notoria a que hacen referencia dichas disposiciones. En particular, nos referimos al profesor adjunto regular Julián Ercolini, actual director de la carrera de Especialización en Administración de Justicia y profesor adjunto regular del Departamento de Derecho Penal y Criminología.
Consideramos que una falta de integridad ética resultaba totalmente incompatible con los fines de nuestra universidad pública y generaba una profunda preocupación por las consecuencias que podría traer aparejada en la formación ética de los estudiantes —de grado y posgrado— vulnerando no solo los principios universitarios, sino también el contenido de lo que enseñamos desde el Departamento de Derecho Penal y Criminología como base misma del Derecho Penal y Procesal Penal.
Planteamos que las noticias públicas sobre sus inconductas trascendían el ámbito exclusivamente jurisdiccional y merecían por parte de la comunidad académica de la Universidad de Buenos Aires y, particularmente, de nuestra Facultad su rechazo rotundo, pues alteraban el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y degradaban la República. A la vez, estimábamos que la tarea primordial de la enseñanza del Derecho no era solo el conocimiento de lo que disponen las leyes, sino que también implicaba ser modelo de conducta ética y pedagógica que asegurase el fortalecimiento de una comunidad democrática.
Recordábamos que la Universidad de Buenos Aires es una comunidad de profesores, alumnos y graduados, que procura la formación integral y armónica de sus componentes e infunde en ellos el espíritu de rectitud moral y de responsabilidad cívica (Estatuto Universitario: Bases III), por lo que esta situación no debía pasar inadvertida. Por tales motivos, solicitamos que se promoviera la redacción de una declaración de la Facultad, como asimismo que se evaluara, en el marco del Estatuto Universitario, la responsabilidad académica de los docentes y, respecto de Ercolini, perteneciente al Departamento de Derecho Penal, se le solicitara que pidiera licencia en su cargo o bien que renunciara a este.
Pero, como destacábamos al principio, los que enseñaron en estas circunstancias cuál era el marco de principios jurídicos y éticos fueron les alumnes, quienes, ante la falta de respuesta al pedido de juicio académico, decidieron hacer explícito su repudio. Así, lograron que los estudiantes no se inscribieran en las comisiones que estaban a cargo de cada uno de los cuestionados docentes, por lo cual tuvieron que dar de baja su dictado. Es decir que la exclusión de las tres materias ha sido el resultado de una condena decidida por les alumnes en el marco de debates presenciales y virtuales en relación con el perfil de los docentes. Como se consignó en El Cohete, “los estudiantes de Derecho de la UBA lapidaron simbólicamente a Borinsky, Ercolini y Plee” y los profesores resultaron “corridos por los alumnos”.
El gobierno tripartito nos garantiza una enseñanza completa y la vigencia del Estado de derecho, en fin, de la democracia.
* Lucila Larrandart es profesora consulta de la Facultad de Derecho y Premio Azucena Villaflor 2021 por su actuación en defensa de los DDHH.
Las multitudinarias movilizaciones en el Día de la Memoria tuvieron un correlato ínfimo de actos vandálicos que deben ser contextualizados en una dimensión comparativa y por las respuestas de la sociedad.
En Chacabuco, una concejala reincidió en sus posteos de burla a las víctimas de desaparición forzada. Lo mismo había hecho una funcionaria mendocina. En la Universidad de Cuyo, quien se presentó a “exorcizar” una muestra de arte fue el asesor de un senador. Otra exposición, que contenía los cuadros de dos dictadores, fue levantada en La Plata, donde un local de Izquierda fue amenazado por personas armadas. En Tres de Febrero, el intendente no permitió la reinstalación de memoriales.
El posteo de Silvia Gorosito en Instagram.
La respuesta de la sociedad, no obstante, refuerza el acuerdo social alcanzado hace cuatro décadas sintetizado en la expresión “Nunca Más”. De inmediato se dio a conocer el apartamiento de los funcionarios o la devolución de los recordatorios. En dos casos, los episodios de violencia partieron de hijos de víctimas de los dictadores que no aciertan a canalizar sus traumas. Para dilucidar si se está ante una avanzada coordinada desde las derechas o son situaciones aisladas, conviene analizar una por una.
Chacabuco
La edila Silvia Susana Gorosito posteó, al igual que en 2022, fotos con frases que desmerecen el accionar judicial que condenó como “represión ilegal” las acciones de las fuerzas armadas de hace medio siglo, tiempo suficiente para entenderlo. La única diferencia importante es que esta vez lo hizo en un año electoral. Eso explica que algunos medios la ponderaran como “muy cercana al intendente de Juntos”. Tal cosa no se condice con su ubicación en la boleta electoral: segunda suplente.
La seguidora de Elisa Carrió que llegó a lista en acuerdo con la UCR, tenía tan pocas chances de acceder a una banca que ni siquiera consta en los documentos de la Junta Electoral, como puede verificarse en su sitio oficial.
Electa en 2019, recién pudo jurar a fines del mes pasado, solo para una sesión, porque el titular de la banca había pedido licencia. En aquel año, Juntos había ganado la Intendencia con cinco concejales; el sexto era Ariel Di Piero. Para que asumieran él y las subsiguientes personas, debían renunciar o licenciarse los electos que, en muchos casos, pasan a trabajar al Departamento Ejecutivo. Es lo que hizo la cabeza de lista, Laura Marchesse. Para que llegara el turno de Gorosito, hubo que saltear media docena de postulantes que, o bien trabajan en la Municipalidad o tienen otro empleo al que no les apetece renunciar por tan pocos meses que restan hasta terminar el mandato de diciembre.
Fuentes de El Cohete confirman que, en efecto, Gorosito había sido fiel al intendente Víctor Aiola, pero actualizan el dato de que después de la pandemia empezó a publicar críticas, acorde a la afectación que pudo haber padecido como comerciante en su rotisería Las Pastas de la Pepa (“La Pepa” es Gorosito).
En el pueblo de la 4ª Sección Electoral, los repudios más notorios son los de la propia alianza: la diputada provincial Micaela Olivetto, en Twitter; el presidente del Consejo Deliberante y la UCR distrital, Lisandro Herrera, y el presidente de su bloque, Alejo Pérez, quien en diálogo con Chacabuco en Red, lanzó: “Deseo que se tome la medida más dura desde lo institucional. Rechazo esta publicación y cualquier expresión similar. No hay lugar para discutir esto, que ya está saldado para quienes queremos vivir en democracia”.
Al silencio del jefe comunal, sumó dos informaciones: la pena por apología del delito va de un mes a un año de prisión, por lo que se apuró a borrar su posteo en Instagram, cuya cuenta solo puede ser vista si la titular acepta. El dato más determinante lo recibió desde el municipio: regresaría el titular de la banca. Así, no habría manera de que se aferrara a su fuero. Al “aceptarle” la renuncia que le sugirieron, el oficialismo comunal quedó bien ante un público no cautivo.
Eso es lo que llevó a que otra oriunda de Chacabuco, Sandra Raggio, considerase que hubiese sido más pertinente su expulsión. Raggio es directora de la Comisión Bonaerense por la Memoria que radicó en el Juzgado Federal de Junín la denuncia por apología.
Tal trámite seguirá su curso porque, en su renuncia, la disculpa ofrecida no ocultó la concepción que anida: “(…) La historia debe ser contada completa para conocer toda la verdad y sanar las heridas, para luego trabajar juntos por un país que incluya a todos”. Solo le faltó agregar las caritas de dos demonios.
Su forma de “sanar heridas” ya había sido exhibida en 2022, al postear una foto de la Junta Militar del ‘76 con la frase: “Gracias por todo”.
De paseo
Hacia julio, la subdirectora de Turismo en Rivadavia, Mendoza, Claudia Jaunin, compartió en Facebook la foto de Jorge Videla junto a un Falcon verde en cuyo baúl se lleva a Sergio Massa, Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Agregó: “El sueño de todos los argentinos de bien”. Su jefe, el intendente Miguel Angel Ronco, respondió desde Twitter: “(…) He tomado la decisión de separarla del cargo. Repudio toda acción que reivindique o avale la etapa más oscura de la historia argentina”.
El exorcista mendocino
Días atrás, un grupo destrozó una muestra artística en el Rectorado de la Universidad de Cuyo. Lo encabezaba un ex sacerdote católico, Daniel Francisco Giaquinta, quien da cursos de Retórica en la Facultad de Derecho y trabaja adscripto al senador Rafael Moyano (PJ). Fue filmado en la UNCuyo mientras fingía un exorcismo: “Cuando hay blasfemia oficial instituida por la autoridad, está el exorcismo para quitarnos al demonio de la blasfemia”, balbuceaba.
En los videos, rastreables por YouTube, se ve a su ladero, identificado por la investigación del periodista Negro Nasif, en el sitio El Otro: se trata de Santiago Hernán Vázquez, docente de la Facultad de Filosofía y Letras, secretario técnico de la revista de ideario medieval Scripta Mediaevalia y columnista del diario Los Andes (del Grupo Clarín) donde publicó diatribas contra la “ideología laicista” de la universidad pública donde cobra.
En la UNCuyo, Vázquez rezó en pos de “la protección de nuestra patria católica” al inventar que “el general San Martín ordenaba traspasar la lengua con hierro candente a aquellos que blasfemaban contra nuestra Señora”.
Ante estos fanáticos que habrían incurrido en delitos de daño agravado y discriminación, se interpuso la denuncia de los abogados Alejandro Acosta y Alfredo Guevara y la investigación abierta por la Fiscalía Federal 2.
En tanto, tras reconocer que el “polémico profesor Giaquinta” era un adscripto a su oficina, el senador Moyano aclaró que desconocía y no acordaba “para nada” con la irrupción en la muestra y pateó la pelota afuera: “Voy a pedir que no siga trabajando en mi oficina, tendrá que encontrar un lugar en el bloque o en la vicegobernación”.
Rearmado de los pedazos esparcidos.
Cuadros por el piso
Otra exposición fue atacada en la capital bonaerense, donde Andrés Garavelli, docente egresado de la Escuela Municipal quilmeña de Bellas Artes Carlos Morel, quiso inaugurar su muestra Soberanía, convocada por la galerista Pelusa Borthwick en memoria de la artista Graciela Marotta (fallecida el 21 de febrero), para resaltar los valores democráticos a 40 años del fin de la dictadura. En principio, él había comunicado: “El 11 de marzo, en el centro cultural MACA de Villa Elisa, una persona enfurecida comenzó a gritar y agredir de palabra frente a mi instalación ‘Cuadros Bajos’, pidiendo que se retirase la obra. Ante la negativa de los organizadores, el agresor vuelve con un grupo, retiran mi obra hacia el jardín y la destruyen a golpes mientras amenazan de muerte a lxs organizadores, quienes decidieron clausurar la exposición”.
Sin embargo, en diálogo con El Cohete, el artista actualizó la información. Consultado sobre novedades de último momento, relató que le hicieron saber que la agresión partió de alguien que conocen, cuya descripción coincide con la del hijo de un abogado montonero, ex jugador de rugby, desaparecido en 1977, cuya hija integra H.I.J.O.S. Capital. La muestra que vandalizó fue la que exponía los cuadros de los dictadores Jorge Videla y Reynado Bignone descolgados y apoyados en el piso.
Otro HIJO
Una situación análoga puede hallarse con otro hijo de desaparecidos, que evidencia cuán lejos llegan los efectos psicológicos de la represión ilegal.
Este lunes 27, un grupo apuntó con un arma al local platense de Izquierda Socialista (en el FIT-Unidad). Así se vio en un video que difundieron, a partir de lo cual recién se enteraron quienes habían estado en el interior.
Mientras juegan a gatillar “contra los zurdos”, se referenciaron en Javier Milei y en José Derman, quien desde un “centro cultural Kyle Rittenhouse”, que se autodefine como “anticomunista”, difunde discursos de odio neonazi.
Derman es hijo de ex detenidos desaparecidos. Tanto Cristina Gioglio, fallecida hace dos años, como Alberto Derman, declararon en juicios de lesa humanidad.
El año pasado, José Derman fue detenido tras publicar un video en el que lamentaba que el atentado a la ex Presidenta hubiera fallado y brindaba “total apoyo al héroe brasileño que intentó hacer justicia” (Fernando Sabag Montiel). Fue declarado inimputable por el juez federal Ernesto Kreplak a partir de un examen psiquiátrico que observó “signos de descompensación de sus facultades mentales. Presenta un cuadro clínico caracterizado por ideación de tinte paranoide, reivindicativo y megalómano, con marcada exaltación afectiva y proclividad a conductas impulsivas”.
Informe de la TVPública
“Hay que pedirle permiso al Intendente”
En Tres de Febrero, la Municipalidad retiró placas con nombres de desaparecidos en el marco de la remodelación de plazas. Como no las repusieron, las organizaciones sociales y de derechos humanos decidieron emplazarlas otra vez por su cuenta. Al jefe comunal Diego Valenzuela le pareció una prepoteada y respondió en sus redes digitales y en la televisión porteña que eso estaba mal por ser “autoritario”, lo que valida el consenso existente respecto de lo negativo de esa característica. A su argumento de que debe pedirse un permiso, el campo popular le contestó que hay en juego un “interés público” que ya fue considerado por una ordenanza de 2016. A las apariciones televisivas, la respuesta de la Comisión de Familiares y Compañerxs de Detenidxs Desaparecidxs, más el Consejo del Partido Justicialista local, sumaron las firmas de cuarenta organizaciones en apoyo, lo que se vio rubricado al final por la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien agarró la pala y ayudó a preparar el cemento para la recolocación de las baldosas. Con esa acción, la iniciativa de los de abajo se vio validada por el Estado nacional.
En un caso, como la Plaza de la Unidad Nacional, empleados municipales taparon la pintada de un pañuelo. En otro, tal como pedían las organizaciones de base, devolvieron la señalización que da nombre al bosque Dagmar Hagelin (la adolescente sueca asesinada por sicarios de la ESMA).
Echar luz sobre cada caso ayuda a darle una justa dimensión, para no caer en la desazón que desmoviliza.
La segunda audiencia del Proceso núm. 22/11 C. Asesinato contra Jorge Troccoli en la sala del búnker de la prisión de Rebibbia en Roma se llevó a cabo hoy 14/03/202.
Los testimonios de la jornada se centraron en particular en la maestra Elena Quinteros y en la reconstrucción de las circunstancias de su desaparición, tortura y asesinato.
El primer testigo fue el exdiputado Luis Puig, militante del Partido por la Victoria del Pueblo uruguayo, dentro del cual, durante la resistencia a la dictadura, conoció la desaparición. Describió el carácter de Elena Quinteros, recordando su generosidad y responsabilidad, que le permitieron desempeñar un papel protagónico en el sector propagandístico del PVP. Un episodio ejemplar de su calidad humana fue aquel en el que la mujer, torturada junto con su pareja embarazada, mostró mayor preocupación por la mujer que por sí misma.
Por la tarde, la Corte escuchó a Mena Narducci y Elba Rama, quienes lucharon activamente en el Partido por la Vistoria del Pueblo Uruguayo junto a Elena Quinteros y relataron los secuestros y torturas que sufrieron en el marco de la represión.
Mena Narducci recordó haber participado de la actividad política del partido cuando era estudiante en Uruguay, relatando la progresiva limitación de las garantías personales de los ciudadanos vivida en los años posteriores al 68 por el gobierno y que culminó con el golpe de Estado de ‘ 73, la ocupación de la Universidad de la República por parte de militares, organizaciones antirrégimen organizadas por militantes en cuyo marco entró en contacto con Elena.
Elba Rama también ilustró su trabajo como funcionaria judicial, lo que le permitió acceder a los expedientes de los presos políticos sentenciados por tribunales militares durante los años de la dictadura.
UN PROYECTO ESPECIAL
Porque el respeto a la dignidad humana no tiene colores ni fronteras
El tema central es la represión durante la dictadura argentina y en América del Sur con especial referencia a los ciudadanos de origen italiano.
Una forma de entrar en la historia, abordar el tema de los derechos humanos y juntos mejorar el español.
Hoy los niños de las escuelas participantes, tras diversas reuniones preparatorias, asisten a una audiencia del Proceso Cóndor a Jorge Troccoli (presentado en el búnker) responsable en 1976 de una dura represión en Uruguay contra numerosos estudiantes, torturados y asesinados.
El respeto por la dignidad humana también pasa aquí.
Todo el tiempo En todas partes.
Un agradecimiento especial a Maria Grazia Lancellotti , Jorge Ithurburu , Anna Guardiano Diego Osvaldo Flores y a todos los que contribuyeron a la realización de este hermoso proyecto.
El 7 de marzo se realizó una nueva audiencia en el marco del histórico juicio por la desaparición de Raúl Tellechea. En el mismo se dieron más declaraciones testimoniales, de las cuáles destacaron sobre todo tres. Esto se debe a que las mismas muestran las incompatibilidades que tiene la versión que dieron los imputados.
El 7 de marzo se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco del histórico juicio por la desaparición de Raúl Tellechea. El listado de testimonios previstos para esta jornada estuvo conformado por la/os testigos Remedios Gómez, Benito Ávila, Raúl Quiroz, Miguel Benavidez y Juan José Chica.
El testimonio de Remedios Gómez.
Remedios Gómez, es abogada y comenzó su testimonio explicando su relación de amistad con la familia y remarcando que nunca fue asesora legal de los Tellechea.
Remedios Gómez comentó que participó en el ingreso del departamento de Raúl Tellechea al momento de su desaparición, dónde encontraron los efectos personales del desaparecido (documentación, billetera, lentes, celular, medicación) y remarcó que “el policía León acompañó a la familia, pero no ingresó al interior del domicilio ni obtuvo ninguna clase de registro o evidencia”. Luego explicó que el mismo funcionario policial “estuvo presente en la Mutual del personal de la Universidad, cuando la familia tuvo reunión con las autoridades de la institución”.
Remedios Gómez denunció que no se le permitió participar de la mencionada reunión, porque alguien la señaló cómo abogada y que no estaba presente el abogado de la mutual.
Testimonio de Benito Alberto Ávila.
Seguidamente procedió a dar su declaración Benito Alberto Ávila, empleado de la Mutual desde 1980 hasta la actualidad. Antes de dar su testimonio solicitó que no se lo filme ni se difunda su voz por la plataforma YouTube,
Benito Alberto Ávila fue muy breve en sus respuestas. Comentó que sí conocía a Tellechea, y que no recuerda cuándo fue la última vez que lo vio, tampoco recuerda lo declarado anteriormente sobre el día anterior a la desaparición. El abogado querellante tuvo que leer reiteradas veces declaraciones anteriores, para ayudar a la memoria del testigo. Ávila alegó estar enfermo, con depresión y que eso le dificulta recordar.
Ávila fue interrogado sobre un servicio provisto por la mutual a sus asociado/as, que son las órdenes de compra, sobre las que no hizo mayores aclaraciones. De igual manera, no se extendió en las referencias respecto a las vinculaciones de Vicente Flores con Luis Moyano, ni sobre otras averiguaciones acerca del funcionamiento de la mutual, o de cuando les informaron a los empleados sobre la desaparición del ingeniero.
En todos los casos contestó no recordar o no conocer cabalmente toda la información.
Testimonio de Juan José Chica.
Juan José Chica, ex autoridad de la Federación de ciclismo sanjuanino, en su declaración dijo haber conocido a Moyano del club Sportivo Desamparados. También mencionó conocer a Raúl Tellechea del ámbito del ciclismo y agregó que lo vio la última vez el 27 de septiembre de 2004 por la noche.
Juan José Chica explicó que Tellechea fue citado para solicitarle que capacite a la gente de la Federación, reunión que inició a las 21.30 y finalizó pasadas las 22.30 horas, cerca de las 23, en la que participaron entre 10 a 13 personas aproximadamente. Cabe aclarar que este es un testimonio crucial donde se cruza con las declaraciones de las ex autoridades de la Mutual quienes habían mencionado que estuvieron reunidos el mismo día a la misma hora con Tellechea.
Testimonio de Raúl Quiroz.
Finalmente declaró Raúl Quiroz, quien afirmó trabajar en la Mutual desde 1981 y que se jubiló hace cinco años atrás.
Raúl Quiroz explicó que la liquidación de sueldos la realizaba Raúl Tellechea con un programa informático y se la presentaba a Luis Moyano y Luis Alonso, presidente y tesorero respectivamente. También dijo creer que en el 2004 Moyano ocupaba algún cargo en el gobierno por lo que lo reemplazó Miguel del Castillo.
También agregó que Tellechea no figuraba en las planillas de las liquidaciones porque no era empleado fijo de la mutual. Otra afirmación que nuevamente cruza la denuncia que formularon los ex directivos de la Mutual contra Tellechea, sobre duplicación de planillas y pagos de sumas no autorizadas a favor del desaparecido.
Raúl Quiroz comentó que el día 27 de septiembre de 2004 no recuerda haber visto al desaparecido cuando se retiró de la institución a la finalización de la jornada laboral, sobre las 21 horas.
Raúl Quiroz afirmó que tanto Alonso como Castillo le habían hablado de una reunión con Tellechea, pero él no lo vio, sin embargo se encontró con Miguel Benavidez, miembro del Consejo Directivo de la Mutual, en la puerta de la institución.
Raúl Quiroz fue interrogado sobre irregularidad con órdenes de compra que no se mandaban a descuento. Su respuesta señaló que se sacaban a cuenta de los círculos de dinero que se armaban con el personal de la mutual, sin embargo, Tellechea no podía participar de estos círculos debido a su carácter de personal transitorio que ocasiona no poderle descontar las cuotas o las órdenes de compra. También se lo indagó sobre Alberto “Lali” Flores -investigado en la causa-, a lo que mencionó que fue contratado para la vigilancia en el camping hasta el 2004.
Por último, Raúl Quiroz relató que el Consejo Directivo de la institución les informó a las y los empleada/os en una reunión, posterior a la desaparición del ingeniero, sobre la denuncia realizada contra Raúl Tellechea por irregularidades. Finalmente concluyó diciendo que sobre el mediodía del día siguiente a la desaparición ya se comentaba en el seno de la Mutual que Raúl Tellechea se encontraba desaparecido.
El último testigo previsto para declarar era Miguel Benavidez pero no se presentó. Su ausencia se debió a que estaba enfermo.
Producido por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad
14.02.2023 en Lesa humanidad
La actualización del trabajo, de publicación periódica, presenta un resumen de los principales aspectos de cada juicio en orden cronológico. Se desarrolla la información de 266 sentencias dictadas entre 2006 y 2021.
Ver / Descargar Dossier de sentencias pronunciadas en juicios de Lesa Humanidad en Argentina
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presenta la actualización del Dossier de sentencias pronunciadas en juicios de Lesa Humanidad en Argentina, que contiene un resumen y descripción de los principales datos de 266 sentencias dictadas entre 2006 y 2021.
El trabajo de la procuraduría especializada desarrolla la información desde los primeros dos juicios orales realizados en 2006, tras la reapertura de las causas por crímenes del terrorismo de Estado, en los que fueron condenados Miguel Osvaldo Etchecolatz y Julio Simón (alias “turco Julián”), en La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente.
Las sentencias están ordenadas por año. En cada caso se informa la cantidad de víctimas y de acusados, un resumen de los hechos arribados a juicio y acreditados, y datos contextuales. Esta última actualización del dossier (la anterior databa de 2018) incluye además los enlaces para la descarga de las sentencias dictadas desde 2018 en adelante.
Exposición de Juan Martín Nogueira y Ana Oberlin, auxiliares fiscales
La Plata: la fiscalía inició su alegato en el caso de los hermanos Ramírez, víctimas de maltratos y abusos en un hogar tras el asesinato de su madre en 1977
16.02.2023 en Lesa humanidad
La Unidad Fiscal describió los homicidios de seis adultos en dos procedimientos y la semana próxima continuará con los hechos padecidos en el Hogar de Belén por Alejandro, María y Carlos Ramírez, de 2, 4 y 5 años de edad, quienes hoy viven en Suecia. Adelantó que pedirá que el tribunal emita una “declaración de verdad” sobre hechos de abuso sexual imputados a personas apartadas del proceso por incapacidad sobreviniente.
La audiencia se celebró en el primer piso de los tribunales federales de La Plata y se transmitió a través del canal de Youtube de La Retaguardia.
El auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y la auxiliar fiscal Ana Oberlin desarrollaron este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata la primera mitad de la acusación en el juicio por los crímenes cometidos contra los hermanos Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez -quienes viven actualmente en Suecia- y el homicidio de su madre Vicenta Orrego y de otros cinco militantes en dos operativos en marzo de 1977. “Dejaremos demostrada la integración de los hechos con el plan sistemático de desapariciones que implementó la última dictadura cívico militar”, indicaron.
La exposición de la fiscalía se lleva a cabo en el debate de la denominada causa “Hogar de Belén”, institución de Lomas de Zamora que fue epicentro de los maltratos, abusos sexuales y la ocultación a su familia biológica que sufrieron los hermanos de entonces 2, 4 y 5 años de edad. La fiscalía sostuvo que en ese lugar “se aplicó la lógica concentracionaria” contra la niña y los niños, aunque hoy no llegó a abordar en su exposición los hechos ocurridos en ese establecimiento.
A esta instancia del juicio -que comenzó en marzo del año pasado– llegaron acusados el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart; el excomisario y jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk; los expolicías bonaerenses que revistaban en la Brigada de Investigaciones de Lanús Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabro, José Augusto López; Rubén Carlos Chavez; y la entonces secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, Nora Susana Pellicer.
El exministro y los expolicías llegaron acusados por los crímenes perpetrados en los procedimientos del 15 y 16 de marzo de 1977 en fincas de Almirante Brown y Banfield, donde fueron asesinados Vicenta Orrego, María Florencia Ruival y José Luis Alvarenga, en el primero, y Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee, en el segundo. La exfuncionaria judicial está acusada por haber intervenido desde el tribunal en la sustracción, retención y ocultamiento de los hermanos y en la supresión y alteración de la identidad mientras la niña y los niños estuvieron bajo guarda del “Hogar de Belén” -entre el 21 de marzo de 1977 y el 26 de diciembre de 1983- por disposición judicial pese al reclamo de su padre y de su tía.
“Minutos después de rodear la casa, [los atacantes] ejecutaron una violenta balacera que tuvo como consecuencia el asesinato de las tres personas adultas que se encontraban allí, quienes no tuvieron ninguna chance de salvar su vida”.
La fiscalía adelantó que en el petitorio requerirá una “declaración de verdad” en relación con los crímenes perpetrados en el “Hogar”, dado que durante la tramitación de este largo proceso judicial fallecieron o fueron apartadas por incapacidad sobreviniente personas consideradas autoras directas de los abusos sexuales y de otros delitos. La jueza de menores de Lomas de Zamora Marta Delia Pons falleció antes de iniciado el proceso.
“Sincronicidad represiva”
El y la representante del MPF sostuvieron que los hechos de la causa “se relacionan a un esquema de sincronicidad represiva”, que tuvo por un lado “la persecución de personas por razones políticas e ideológicas, su asesinato y la desaparición de sus cuerpos” en el marco de la “lógica binaria imperante” que los concebía como “blancos que había que destruir o aniquilar”, y, por otro, que “esos mismos hechos criminales se integraron a otros de los objetivos del plan, en cuanto a la extensión y/o direccionamiento hacia los hijos e hijas de las personas desaparecidas, con acciones que tenían la finalidad de modificar la propia descendencia y/o filiación de las víctimas”.
Añadieron que la sincronicidad represiva -que describieron con el gráfico presentado a continuación- incluyó los hechos padecidos por Julio Ramírez -el padre de la niña y los niños, secuestrado en 1974 y detenido al momento de los hechos de esta causa en la Unidad 9 de La Plata- y de María Antonia Berger, sobreviviente de la masacre de Trelew en 1972, cuyo padre fue asesinado en el procedimiento del 16 de marzo juzgado en esta causa.
El ataque a la casa de la calle Nother
La fiscalía describió que el primer eslabón de la cadena de hechos juzgados en este juicio fue el ataque perpetrado en la madrugada del 15 de marzo de 1977 por integrantes de la Policía bonaerense, entre ellos -especificó el MPF- “los aquí imputados, junto con otros hoy fallecidos y personas no individualizadas”, y del Ejército contra la vivienda de la calle Nother N°5100, en el barrio San José de la localidad de Adrogué, cabecera del distrito bonaerense de Almirante Brown. La casa se encontraba en una zona descampada, rodeada de baldíos, con acceso por calles de tierra.
El personal policial interviniente pertenecía a la Brigada de Investigaciones de Lanús, sede del centro clandestino de detención “El Infierno”, cuyo funcionamiento está siendo juzgado actualmente en otro debate oral y público.
En esa casa se encontraban Vicenta Orrego Meza junto a sus hijos Alejandro Mariano y Carlos Alberto y su hija María Esther; María Florencia Ruival y José Luis Alvarenga. La fiscalía reconstruyó sus historias de vida, como “parte de la dimensión reparadora de estos juicios”, que consiste en “recuperar las identidades de las personas que sufrieron el terrorismo de Estado”.
Al repasar la historia de las víctimas de ese procedimiento, la fiscalía describió que Vicenta Orrego llegó a esa casa de la calle Nother en diciembre de 1976 junto a su hija e hijos y que luego llegaron José Luis Alvarenga y María Florencia Ruival, ambos de 28 años, perseguidos con anterioridad al golpe de Estado por su militancia en Montoneros.
“Minutos después de rodear la casa, [los atacantes] ejecutaron una violenta balacera que tuvo como consecuencia el asesinato de las tres personas adultas que se encontraban allí, quienes no tuvieron ninguna chance de salvar su vida. Además, las fuerzas atacantes dispusieron de sus cadáveres como si fueran personas no identificadas”, describió la fiscalía. Uno de los disparos rozó e hirió a Carlos Ramírez, a quien su madre había intentado poner resguardo junto a su hermana y su hermano.
El hecho fue descripto en los informes policiales como “un enfrentamiento con delincuentes subversivos”, aunque “se trató de un verdadero ataque con el objetivo de aniquilar a las personas que estaban allí”, y “los medios de comunicación de la época, como era habitual, reprodujeron el relato oficial”: refirieron la muerte de tres personas adultas y el hallazgo de tres niños.
De acuerdo con el testimonio de los hermanos y de diferentes vecinos, quince minutos después de comenzada la balacera, desde adentro de la casa se pidió que se deje de disparar para sacar a los niños y a la niña. Vicenta Orrego salió con ellos por una ventana que daba al fondo de la vivienda. “Ella mostraba y agitaba un trapo blanco, para que cesaran los disparos. En ese momento, un efectivo que estaba apostado allí, recibió a sus hijos. Seguidamente, condujo a Vicenta unos metros más adelante y, de manera totalmente intempestiva e injustificada, sin haber hecho ella ningún tipo de movimiento, le disparó en la cabeza desde muy poca distancia, provocando su muerte de inmediato. Todo esto ocurrió frente a sus hijos e hija”, sostuvo hoy la fiscalía en su alegato de acuerdo al relato de dos testigos presenciales.
Los homicidios de Ruival y Alvarenga sucedieron minutos después, cuando un grupo de policías ingresó a la casa y disparó contra ambos. Las actas de defunción señalaron como causa de su muerte “lesiones graves en nobles centros encefálicos”, describió la fiscalía. Los cuerpos fueron enterrados como NN en el cementerio de Rafael Calzada. Los restos de Alvarenga y Ruival fueron identificados con posterioridad, mientras que Orrego permanece desaparecida.
“Ella mostraba y agitaba un trapo blanco, para que cesaran los disparos. En ese momento, un efectivo que estaba apostado allí, recibió a sus hijos. Seguidamente, condujo a Vicenta unos metros más adelante y, de manera totalmente intempestiva e injustificada, sin haber hecho ella ningún tipo de movimiento, le disparó en la cabeza desde muy poca distancia, provocando su muerte de inmediato”.
Los hermanos Ramírez fueron abandonados por la policía. Los tres niños caminaron solos, guiados por Carlos, el mayor, de cinco años de edad, hasta la casa -situada a unos 100 metros- de una familia vecina al lugar, donde vivieron alrededor de una semana. Pasados los días, los vecinos se dirigieron el Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Pons, para denunciar la situación de desamparo de Carlos, Alejandro y María Ramírez.
El ataque a la casa de Llavallol
La fiscalía describió que el 16 de marzo de 1977, al día siguiente del ataque a la casa de la calle Nother, efectivos del Ejército, de la Brigada de Investigaciones de Lanús y de la seccional de esa ciudad cercaron una vivienda situada en Ascasubi y Camino de Cintura de Llavallol, partido de Lomas de Zamora, y abrieron fuego “sin ningún aviso previo, ni posibilidad para los habitantes de salvar su vida”. Juan Pedro Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee murieron como consecuencia de los disparos. De acuerdo con los testimonios, las tres víctimas fueron obligadas a salir de la vivienda: “Ellos obedecieron e, indefensos, salieron y fueron acribillados”, explicaron los auxiliares fiscales. “El brutal ataque finalizó con la explosión de granadas que dejaron a las víctimas bajo los escombros de la vivienda”, añadieron.
Las actas de defunción de las víctimas, repasadas en el alegato, dieron cuenta de “hemorragia aguda” en los tres casos, en dos atribuibles a “herida de granada” y “herida de guerra” y en otro a “fractura de cráneo”. Los restos de las tres víctimas fueron inhumados como NN en una sola fosa en el cementerio de Lomas de Zamora.
De acuerdo con la prueba reunida, los homicidios fueron parte de la persecución para dar con María Antonia Berger, fundadora de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), sobreviviente de la Masacre de Trelew de 1972 y responsable de la Columna Oeste de Montoneros en 1976. Su padre era Juan Pedro Berger -de 66 años-, mientras que Encinas y Steketee eran un matrimonio amigo de aquel. María Antonia Berger, desaparecida, fue asesinada en octubre de 1979 y su cuerpo fue exhibido a los prisioneros en la Escuela de Mecánica de la Armada. De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el ataque a la casa de Llavallol fue propiciado porque “las fuerzas represivas o bien estaban buscando a María Antonia Berger o procuraron asesinar a su padre con el propósito de amedrentar la actividad militante de ella”.
La responsabilidad en los homicidios
La fiscalía relató que la individualización de los autores materiales -Calabró, Chávez, Catinari, Francescangelli y López, este último sólo por el caso de Llavallol- se logró gracias al testimonio de vecinos -uno de ellos, miembro de la Policía provincial- de ambos lugares que reconocieron a algunos de los agentes actuantes y también a documentación obtenida de sus legajos, donde figuran felicitaciones relacionadas a los procedimientos ilegales. La identificación de los autores materiales de bajo rango permitió a la fiscalía avanzar sobre las responsabilidades de sus jefes Wolk y Smart.
Hoy, 14 de Febrero de 2023 se realizó la primer audiencia con declaraciones testimoniales, en el juicio que se lleva a cabo contra el Capitán italo-uruguayo Jorge Troccoli, acusado por los asesinatos de la uruguaya Elena Quinteros, el ciudadano argentino José Potenza y de la italiana Raffaella Filippazzi (estos últimos secuestrados en Montevideo en 1977 y asesinados algunos meses después en Paraguay). La primer testigo de la mañana fue Francesca Lessa, investigadora de la Universidad de Oxford y autora del libro “Los juicios Condor”. Posteriormente, a las 14 hs., fue escuchada Fabiana Larrobla, que entre 2016 y 2020 trabajó para la Secretaría de DDHH de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay.
Las dos expertas, reconstruyeron el funcionamiento del Plan Cóndor y de los aparatos represivos, de los cuales el acusado, fue responsable del Servicio Informaciones (S2) del Cuerpo de Fusileros Navales uruguayos (FusNa) en 1.976. Seguidamente, fueron exhibidas pruebas documentales recogidas durante sus estudios, que dan cuenta de la participación del acusado en el secuestro, en la tortura y en la muerte de las tres victimas referidas.En la audiencia de hoy, estuvieron presentes participando en calidad de auditorio, estudiantes secundarios de las escuelas Plauto y Horacio y además fue autorizada por la Pesidencia de la III Corte Penal de Roma la filmación de las audiencias para la elaboración y proyeccion de un documental, Antonella Capri.
La Municipalidad de Quilmes elaboró un listado de víctimas de la dictadura en ese distrito que, sin saberlo, coincide con la cifra que tenían los servicios de inteligencia del menemismo, hace un cuarto de siglo. La nómina que acaba de terminar el Colectivo Memoria, Verdad y Justicia fue presentada por la Secretaría de Derechos Humanos local en el ex CCD Puesto Vasco de Don Bosco, donde estuvo secuestrado Jacobo Timerman y donde creen que fue enterrado Domingo Moncalvillo.
En ese encuentro, este columnista aportó un dato relatado por el diputado nacional Roberto Fernández: “Luego de una reunión de comisión en la Cámara, charlé con un agente de inteligencia que, cuando supo que era de Quilmes, me dijo que las víctimas de acá eran 400”. Roby Fernández fue diputado nacional desde 1989 y formó la mesa peronista bonaerense por la reelección de Carlos Menem en 1995. La reunión con el agente memorioso fue contemporánea a la investigación del atentado a la Embajada de Israel. Había transcurrido una década desde el final de la dictadura, pero debió pasar un cuarto de siglo más para que las organizaciones del pueblo les pusieran nombre a los cuatrocientos. No deja de ser sintomático que los servicios tuvieran tal precisión cuando ningún organismo había confeccionado listas.
En la inicial década de democracia, los primeros intentos partieron de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), cuando su secretaria era Lucrecia Lombán. Otras iniciativas chocaron con la enorme cantidad de víctimas y los escasos recursos. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), a cargo de Francisco “Barba” Gutiérrez, elaboró un listado que publicó como tapa y contratapa en una revista de su gremio. En 2016, la Universidad de Quilmes editó un libro de 120 páginas con las fichas de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CoNaDeP) y el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), que sumaban 293 víctimas.
Roby Fernández: “Fueron 400”. La derecha lo sabía.
Moncalvillo
En el listado no figuran dos mujeres y un hombre incinerados en el fondo del sitio donde se hizo la presentación quilmeña. Serían parte del “Grupo de los 7”, quienes fueron obligados a colaborar con los represores. Entre ellos se encontraba el hermano de la periodista “Mona” Moncalvillo.
La primera fuente de ese dato fue el policía Julio Alberto Emmed, quien denunció ante la CoNaDeP que hacia finales de 1977 quemaron personas en Puesto Vasco.
Según documentos a los que accedió la artista plástica y editora Nora Patrich, el coronel Ramón Camps, a cargo de la Policía Bonaerense, le pidió al general Carlos Suárez Mason que los siete sobrevivieran. El jefe del Primer Cuerpo de Ejército quedó en pensarlo, pero en noviembre del ’77 ordenó trasladarlos.
Según el historiador Roberto Baschetti, las autoridades policiales les dieron opción a salir del país, previa bendición de Christian von Wernich. Ante el cura, Camps y Miguel Etchecolatz requirieron al agente Emmed si podía desmayar a un hombre. Lo mandaron en auto junto a Carmen Morettini, Cecilia Idiart y Moncalvillo, a quien le propinó un inefectivo golpe de judo y debió pegarle culatazos hasta salpicar de sangre a todos. Así llegaron adonde los aguardaba el médico Jorge Bergés, que les inyectó veneno en el corazón antes de incinerarlos.
Acerca del hallazgo de indicios en las excavaciones en Puesto Vasco, El Cohete a la Luna había informado el 24 de julio sobre las tareas supervisadas por la jefa comunal, Mayra Mendoza, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. Hasta ahora, las autoridades se negaron a precisar si los cuerpos hallados entre restos de neumáticos quemados son los de Moncalvillo y sus compañeras. “El tema está judicializado y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) continúa con su trabajo que, hasta no finalizar, nos impide especular sobre identidades”, respondieron a El Cohete.
Del Grupo de los 7, Liliana Galarza dio a luz en cautiverio antes de ser asesinada. Nilda Susana Salomone y los hermanos María Magdalena y Pablo Mainer fueron hallados en el Cementerio de Avellaneda.
Idiart, Morettini, Moncalvillo.
Lo no escrito
Al igual que los intentos previos por documentar cada detalle del genocidio, la nueva lista quilmeña no incluye nombres de represores. Están los desaparecidos o muertos, sin contexto individual. Comienza con un caso de 1972, Juan Lachowski, de 23 años, quien figura muerto en el distrito el 26 de abril.
En realidad esa es la fecha de su secuestro. El Cohete puede completar la historia de aquel obrero de Peugeot, entregado por la empresa a efectivos policiales de la Brigada de Avellaneda, atormentado y tirado en una zanja, de la que salió aterrorizado para llegar a su casa en Bernal y relatar todo antes del 2 de mayo, cuando murió a causa de las heridas de la tortura.
Tal fue la repercusión que hasta Bernardo Neustadt escribió en su revista Extra: “¿Cómo se habrá sentido Lachowski, mutilado en sus 24 años, cuando sin culpa, sin denuncia, sin participación política, ni sindical, ni guerrillera, llegó con los testículos quemados y se arrastró hasta su mujer embarazada? ¿Qué penumbras cruzaron la mente de este humilde operario, de conducta irreprochable según la empresa? Mi silencio me haría sentir cómplice. No escribo para rescatarme. Escribo para que la indignación y mi vergüenza no me asesinen”.
Gracias a la intervención del juez Eduardo Millán, dos años después el juicio demostró que la casa de torturas pertenecía al policía prófugo Francisco Benevento. Hubo condenas, pero ningún preso. Era el personal de la Brigada al mando de Ernesto Verdún hasta el 8 de octubre de 1969, cuando asumió Oscar Moler (padre de Emilce, sobreviviente de la Noche de los Lápices), reemplazado por Etchecolatz en 1973.
La historia fue guionada por Julio Mauricio en Un despido corriente. Durante los ensayos, el actor Luis Conti y el dueño del teatro Auditorium de Mar del Plata, Gregorio Nachman, fueron desaparecidos el 19 de junio de 1976. Luego fueron vistos en el Pozo de Banfield. Aunque en 1979 Nachman fue trasladado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a la Unidad 9 de La Plata, nunca más se lo vio. Medio siglo después, la viuda de Lachowski, Ana María, rehusó la consulta de este medio porque aún le duele hablar.
Lachowski y Kossoy.
El 2 de noviembre de 1973 hubo otros muertos a manos de la policía: Isaac Mosqueda (38 años), secretario de Movilización de la Juventud Peronista (JP) de Quilmes; también Juan Carlos Piray, Francisco Aristegui y Omar Arce, de 19, 18 y 14 años. Los que gatillaron fueron liberados por “falta de mérito”.
De 1974 constan los asesinatos de Pablo van Lierde y Eduardo Beckerman, llevados desde un bar donde planificaban pintadas por el segundo aniversario de los fusilamientos de Trelew y acribillados dentro de una Citroneta en la que sobrevivió malherido Carlos Alberto Baglietto. Al mes siguiente fue incinerado Osvaldo “Pacho” Margni en la Costanera porteña a manos anónimas, hasta que su compañero, Eduardo Allende, le sugirió al autor de esta nota el nombre del policía de quien sospechaba: “El oficial Kiernay”. Esos crímenes permanecen impunes.
Distinto es el caso de Arístides Suárez, Jacinto Alonso Saborido y Eduardo Ernihold, baleados el 7 de octubre de 1974, cuando fueron a matar al mayor de Ejército Jaime Gimeno, en represalia por los 16 fusilamientos de sus compañeros del ERP en Catamarca. Ex militantes de esa organización le dijeron a El Cohete que sospechaban que la muerte de Ernihold había sido provocada en el puesto de la Policía Caminera (donde revistaba Eduardo José Maggi, legajo 91.677, quien presumía su rol represor). En busca de la numerosa familia Suárez, al mes siguiente, el comisario Vilaquien y su segundo, Orsi (el apellido coincide con el de un compadre del jefe de la Concentración Nacional Universitaria –CNU– La Plata), llegaron a Víctor Manuel Taboada, a quien le atribuían combatir en Tucumán y fue el único asesinado del grupo que cayó con él. Poco después de llegar al Cementerio de Avellaneda, su cadáver fue robado. Sus familiares fueron legalizados y su compañera, Nelfa Suárez, dio a luz en cautiverio, encadenada y engrillada a la camilla en el Hospital San Martín de La Plata, cuyo director era Juan José Mussi, actual intendente de Berazategui.
El 19 de noviembre del ’74 desaparecieron a Sergio Dicovsky, el primero del distrito, en ocasión de matar al secuestrado coronel Jorge Ibarzábal, en Solano. Fue llevado ante la vista de los vecinos, como relató El Cohete en El hermano del partisano y la hija del cnl. El 16 de febrero de 1975 fue hallado encadenado a un árbol en los bosques de Palermo el cuerpo de Leo Leyes. “Había sido compañero de escuela del ‘Polaco’ (Jorge) Dubchak, quien siempre le tuvo celos, además de ser el único que podría haberlo reconocido allá y acribillarlo como lo hicieron”, le dijo su compañero “El Indio” Allende (FAP) al autor.
Sobre el final del acto quilmeño de este fin de año, una asistente –Claudia S.– preguntó por “el hermano de Aldo Rico” (el carapintada nunca se refirió a él, si bien dijo tener familiares “víctimas de los dos lados”). Ella fue alumna de Lilian Fernández de Rico, la viuda de Martín Rico, quien figura en la lista recién presentada como “secuestrado” en Quilmes. En verdad, el coronel de inteligencia adscripto al Estado Mayor Conjunto fue raptado cuando salía de trabajar en la Capital y acribillado en Avellaneda el 27 de marzo de 1975. Investigaba la relación de su Ejército con la Triple A. Según el periodista Juan Gasparini, la banda de Aníbal Gordon era la única capaz de una operación así contra alguien que estaba a días de ascender a general.
Las caídas de aquel año se abultaron con las delaciones de Jesús “Oso” Ranier, ex compañero del asesinado Margni (FAP), que se pasó al ERP en octubre del ’74 con la excusa de reivindicar a los caídos en el atentado contra Gimeno, catorce meses antes de que delatara el copamiento del 23 de diciembre en Viejobueno, que acabó con un centenar de muertes.
En los posteriores noventa días que transcurrieron hasta el golpe, fue acribillado el sacerdote tercermundista José Tedeschi, que colaboraba en la villa Itatí con asistentes sociales que militaban en el ERP. Esas compañeras fueron secuestradas por la Brigada del Pozo de Quilmes, donde tallaban Luis Ferian y Daniel Juárez, junto con otros ex laderos de Etchecolatz.
En la lista actualizada, siempre provisoria, es posible encontrar a la pareja de montoneros Carlos Baglietto y Stella Maris Edén (fusilados el 9 de octubre de 1975), como así también a Alberto Goi, de la CNU, que luego se fusionó con la Triple A. Fueron esbirros de esa extrema derecha que terminaron usados y luego asesinados por sus nuevos mandantes. Fuentes de la revista El Caudillo, que en muchos casos amplificó los discursos de la Triple A, revelaron a este cronista que dos meses y medio después del golpe, “El Oveja” Goi fue uno de esos devorados por la bestia que alimentó.
Un mural recuerda a los secuestrados que con la radio rebelde interferían la televisión durante el Mundial ’78. Hoy sueñan con tener allí una FM comunitaria.
El listado
En el acto organizado por la secretaría a cargo de Hugo Colaone se entregaron copias de la carpeta con las 389 “Personas desaparecidas y asesinadas por el terrorismo de Estado relacionadas con Quilmes”. Tal relación no implica que todos hubieran nacido o vivido allí; para algunos fue lugar de militancia, como para Enrique Barry, hermano de Juan Alejandro, de la Conducción Nacional Montonera, o para los hijos del gobernador de Neuquén, Enrique y Ricardo Sapag, contra uno de los cuales se tiroteó el citado policía Maggi, quien llegó a tener un bebé secuestrado en su casa de Avellaneda desde septiembre de 1975.
Videla le confesó a la Iglesia Católica en 1978 lo que recién hizo público 34 años después: que los detenidos-desaparecidos habían sido asesinados. La Comisión Ejecutiva le transmitió el pedido de Massera de informar sobre el tema. Videla respondió que era imposible, por las inevitables preguntas sobre cada asesinato, el responsable y el destino de los restos. Un diálogo sobrecogedor, contenido en una minuta para el Vaticano que se conserva en el archivo secreto del Episcopado.
Por Horacio Verbitsky
El documento de 1978 que el Episcopado aún mantiene en secreto. Videla admite ante la Iglesia que los detenidos-desaparecidos han sido asesinados.
La política de desaparición forzada de personas que el ex dictador Jorge Videla acaba de admitir en varios reportajes y ante la justicia fue reconocida en 1978 ante la Comisión Ejecutiva de la Iglesia Católica. Videla dijo que le gustaría brindar la información pero que en cuanto se comunicara que los detenidos-de-saparecidos habían sido asesinados comenzarían las preguntas acerca de quién mató a cada uno, cuándo, dónde y en qué circunstancias y qué destino se dio a sus restos. La respuesta a esas preguntas sigue pendiente 34 años después. En el diálogo con el periodista Ceferino Reato, quien anuncia que no importa “tomar partido a favor o en contra del entrevistado”, Videla dice que la desaparición de personas no se debió a excesos o errores sino a una decisión de la pirámide castrense que culminaba en él. Pero también da a entender que la imposibilidad de informar sobre los desaparecidos obedece a que la información nunca estuvo centralizada, que cada jefe de zona sólo sabía lo sucedido en su jurisdicción y que muchos han muerto. “Los listados eran la puerta a un debate que conducía a la pregunta final: ¿Dónde están los restos de cada uno?, y no teníamos respuestas para ese interrogante, con lo que el problema, al dilatarse, se agravaba día a día y aún persiste.” Pero en su reunión con la Iglesia Católica Videla habló con mayor franqueza, como se hace ente amigos: dijo que “el gobierno no puede responder sinceramente, por las consecuencias sobre personas”, un eufemismo para referirse a quienes realizaron la tarea sucia de matar a quienes habían sido secuestrados y torturados y se encargaron de que de-saparecieran sus restos. Al elegir esa política que Videla calificó de cómoda, porque eludía las explicaciones, la Junta Militar puso bajo sospecha a la totalidad de los cuadros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, algo que recién comenzó a disiparse con la reapertura de los juicios, donde con las garantías del debido proceso se establecen las responsabilidades que la Junta ocultó. Hasta hoy se han pronunciado 253 condenas y veinte absoluciones, lo cual muestra que en democracia nadie está condenado de antemano y que puede ejercer su derecho a defensa. En el documento secreto sobre este diálogo, que el Episcopado conserva en su archivo, la afirmación de Videla sobre la protección a quienes cumplieron sus órdenes criminales está agregada a mano por el cardenal Raúl Primatesta, que presidía la Conferencia Episcopal y que fue acompañado en la reunión por sus dos vicepresidentes, Vicente Zazpe y Juan Aramburu. En abril de este año la jueza Martina Forns, titular del juzgado federal Nº 2 en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín interrogó a Videla en forma exhaustiva, a solicitud del abogado Pablo Llonto, quien representa a Blanca Santucho, hermana del jefe del ERP abatido en julio de 1976 por un pelotón del Ejército, y cuyos restos nunca fueron entregados a la familia. Un paso previsible en la investigación es solicitar a la Iglesia Católica acceso a los documentos que atesora sobre el tema. El que contiene las explicaciones de Videla lleva el número 10.949, lo que da una idea del volumen de la información que el Episcopado sigue manteniendo en secreto. Está guardado en la carpeta 24-II del Archivo de la Conferencia Episcopal. La Iglesia Católica eligió silenciar el contenido de la conversación en la que Videla les reveló que todos los desaparecidos habían sido asesinados. A continuación, la historia de ese encuentro público pero de contenido secreto.
Carta al cardenal
El 10 de abril de 1978, el diario Clarín tituló su página 3 “El presidente de la Nación almorzará hoy con la cúpula del Episcopado”. Emilio Fermín Mignone, cuya hija Mónica Candelaria había sido secuestrada en mayo de 1976, redactó sin pausa tres densas carillas a un solo espacio y las envió con un mensajero a la sede de la Conferencia Episcopal. También esa carta se conserva en el archivo secreto que el Episcopado guarda en su sede de la calle Suipacha, en la carpeta titulada “Personas detenidas y de-saparecidas, 1976-1983”. Mignone escribió que a dos años y medio del golpe, era indudable que la desaparición forzada de personas constituía “un sistema y no excesos aislados”. El fundador del CELS describió ese sistema: el secuestro, el robo, la tortura y el asesinato, “agravado con la negativa a entregar los cadáveres a los deudos, su eliminación por medio de la cremación o arrojándolos al mar o a los ríos o su sepultura anónima en fosas comunes”. Y se realizaba en nombre de “la salvación de la ‘civilización cristiana’, la salvaguardia de la Iglesia Católica”, colocando “como valor supremo la denominada ‘seguridad colectiva’ sobre cualquier otro principio o valor, incluso los más sagrados”. Añadió que “sobre la mentira nada perdurable puede fundarse”. Mignone insistió en la necesidad de que el gobierno informara “cuál ha sido la suerte de cada ‘desaparecido’, la inmensa mayoría de los cuales, todos lo sabemos y también los obispos, han sido arrestados por organismos de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Y esto, monseñor, es lo que le pedimos que ruegue, exija, obtenga del Presidente de la República esta mañana”.
La desesperación y el odio
Mignone decía que la desesperación y el odio iban ganando muchos corazones y que las exigencias de justicia impedirían cualquier intento de evolución democrática pese a que muchos dirigentes políticos, ansiosos por subirse al barco oficial, querrían echar un manto de olvido sobre lo ocurrido. También le informó a Primatesta que en marzo Emilio Massera le había dicho que la Armada exigía que se diera a conocer la suerte de cada desaparecido y preso no declarados, pero que el Ejército se oponía. “Nos pidió que solicitáramos a usted, al señor nuncio, a monseñor Tortolo, que insistieran ante el Presidente y comandante en Jefe del Ejército en el mismo sentido.” Mignone no ignoraba las tensiones internas en la Junta Militar y no experimentaba la menor simpatía por ninguno de sus integrantes. Pero trataba de explotar esas contradicciones para abrir una brecha en el muro de silencio sobre el destino de su hija y de miles como ella. También advirtió a Primatesta que la táctica del silencio, de la que el Episcopado participaba por sus propias razones, no era admisible. “El Pueblo de Dios necesita participar y ser informado. Necesitamos conocer lo que el Episcopado expresa al gobierno en sus comunicaciones. De lo contrario de nada sirven.”
Un diálogo franco
Al día siguiente, Zazpe le informó a Mignone que la Comisión Ejecutiva le había transmitido a Videla “todo lo que dice su carta”. Dijo que habían sido “tremendamente sinceros y no recurrimos a un lenguaje aproximativo” pero le advirtió, como si se tratara de una accesoria cuestión técnica, que había una “divergencia con su carta” acerca de la publicidad o reserva de esta entrevista. “En esta ocasión volvió a recurrirse a la reserva.” Primatesta informó luego a la Asamblea Plenaria que los obispos le plantearon a Videla los casos señalados en su carta por Mignone, de presos que en apariencia recuperaban su libertad pero en realidad eran asesinados; que se interesaron por sacerdotes desaparecidos, como Pablo Gazzarri, Carlos Bustos y Mauricio Silva, y por otros detenidos de los que pidieron la libertad y/o el envío al exterior. Pero el desarrollo completo de la reunión sólo está contenido en una minuta preparada por la propia conducción episcopal para informar al Vaticano y que nunca fue publicada. Primatesta, Zazpe y Aramburu la redactaron en la sede de la Conferencia Episcopal al terminar el almuerzo antes de que los detalles se desvanecieran en su memoria. El gobierno negaba que hubiera presos políticos porque todos los detenidos eran “delincuentes subversivos y económicos”, incluso los sacerdotes arrestados. Las desapariciones de personas eran obra del terrorismo para desprestigiar al gobierno, que compartía las inquietudes de los obispos. Los tres agradecieron a Videla por haber reconocido la existencia de excesos en la represión pero dijeron que no conocían que se hubiera castigado a los responsables, que era otra de las reflexiones de Mignone. En un clima que Aramburu describió como cordial, Primatesta lamentó que Videla no pudiera tomar “todas las medidas que quisiera”, con lo cual lo exculpaba de los hechos por los que le reclamaban. En un tono lastimero, Videla dijo que no era fácil admitir que los de-saparecidos estaban muertos, porque eso daría lugar a preguntas sobre dónde estaban y quién los había matado. Primatesta hizo referencia a las últimas desapariciones producidas durante la Pascua, en San Justo, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”. La minuta redactada al concluir el almuerzo reconstruye la réplica textual de Videla ante la solicitud: “El presidente respondió que aparentemente parecía que sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir los secuestradores y asesinos. Primatesta insistió en la necesidad de encontrar alguna solución, porque preveía que el método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Videla asintió. También él lo advertía, pero no encontraba la solución. Este diálogo de extraordinaria franqueza muestra el conocimiento compartido sobre los hechos y la confianza con que se analizaban tácticas de respuesta a las denuncias que ambas partes sentían como una amenaza. Primatesta también habló “sobre la actitud de alguna Fuerza Armada que urgía la publicación de las listas de presos, v.g. el almirante Massera”. En realidad, Mignone le había escrito que la lista de presos no tenía valor alguno, porque los familiares la conocían, y lo que Massera reclamó fue una lista de detenidos-desaparecidos. Videla se alzó de hombros. Aunque presidía la Junta y el gobierno, no tenía todo el poder y había fuerzas que no controlaba, dijo. Las actitudes de los eclesiásticos tenían sutiles matices. Zazpe preguntó: “¿Qué le contestamos a la gente, porque en el fondo hay una verdad?”. Según el entonces arzobispo de Santa Fe, Videla “lo admitió”. Aramburu explicó que “el problema es qué contestar para que la gente no siga arguyendo”, lo cual parece una fiel interpretación del propósito de Massera. Los jefes del Ejército y de la Armada descargaban su responsabilidad, cada uno en el otro, y la Iglesia les seguía el juego. Según Aramburu, cuando Videla repitió que “no encontraba solución, una respuesta satisfactoria, le sugerí que, por lo menos, dijeran que no estaban en condiciones de informar, que dijeran que estaban de-saparecidos, fuera de los nombres que han dado a publicidad”. Primatesta explicó que “la Iglesia quiere comprender, cooperar, que es consciente del estado caótico en que estaba el país” y que medía cada palabra porque conocía muy bien “el daño que se le puede hacer al gobierno con referencia al bien común si no se guarda la debida altura”. Tal como le dijo Videla al primer periodista que lo entrevistó, el español Ricardo Angoso, “mi relación con la Iglesia Católica fue excelente, muy cordial, sincera y abierta”, porque “fue prudente”, no creó problemas ni siguió la “tendencia izquierdista y tercermundista”. Condenaba “algunos excesos”, pero “sin romper relaciones”. Con Primatesta, hasta “llegamos a ser amigos”. Sobre el conflicto interno, que Videla llama guerra, “también tuvimos grandes coincidencias”. Zazpe murió en 1984, Aramburu en 2004 y Primatesta en 2006. Pero los documentos sobre ese diálogo entre amigos siguen hasta hoy en el archivo secreto del Episcopado.
Los cuatro desaparecidos sicilianos: Claudio Di Rosa, Salvatore Privitera, Vincenzo Fiore y Giovanni Camiolo
Alberto Todaro, el profesor de Agrigento que durante un mes en Argentina reconstruyó la historia de los sicilianos desaparecidos en el aire durante la dictadura
Por equipo editorial
El estruendo de los motores de los aviones que despegan del aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires, en pleno Río de la Plata, tiene hoy un ruido decididamente menos siniestro que el que tuvo al menos hasta 1983, cuando se produjo una de las más violentas y sangrientas dictaduras. de América Latina se rindió a la democracia y a los golpes infligidos por los Harriers de la Marina Británica en las Islas Malvinas o Malvinas.
la Esma, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada el centro de detención ilegal más grande y notorio de la dictadura
De este aeropuerto , entonces militar y ahora reservado para vuelos internos argentinos, despegó el Lockheed L-188 Electra, cargado de presos políticos y opositores a la Junta Militar que primero fueron drogados y luego arrojados vivos al mar. Así -pero no sólo así- treinta mil personas desaparecieron en el aire en Argentina entre 1976 y 1983. Son los desaparecidos , los desaparecidos, y entre ellos hay por lo menos cuatro sicilianos. No argentinos con sangre siciliana, sino sicilianos que emigraron después de la Segunda Guerra Mundial y terminaron en las garras de los torturadores de Videla, Agosti y Massera, la tríada de generales que gobernó Argentina con terror y violencia.
Pina Fiore, madre de Vincenzo
Su historia -en el marco de un doctorado de investigación sobre el fenómeno de la emigración promovido por la Universidad Española de Granada- fue reconstruida por Alberto Todaro, de 60 años, de Agrigento, profesor de inglés de secundaria y autor también de dos libros, uno, hilarante, dedicada a los modismos de Giurgintani (y de hecho titulada “¡Ce la so!”) y una colección de historias africanas para él, que estuvo varias veces en Tanzania cuando la diócesis de Agrigento había “adoptado” la diócesis de Ismani y que todavía se encuentra entre los animadores de una organización sin fines de lucro que atiende a niños con sida.
«A partir de 1860 –explicó Alberto Todaro– y hasta los años de la dictadura emigraron a la Argentina por lo menos 3 millones de italianos. Fueron muchos los ciudadanos italianos y sicilianos que se fueron en los años 50, 60 o principios de los 70 y terminaron atrapados en la dictadura. Según un informe del consulado italiano en Buenos Aires hay al menos 45 italianos desaparecidos y seguramente cuatro sicilianos entre ellos». En realidad, podría haber incluso seis, pero aún se están realizando investigaciones más precisas sobre los otros dos.
Alberto Todaro con Vera Vigevani Jarach una de las Madres de Plaza de Mayo
Todaro se quedó en Argentina un mes que, por pura casualidad, coincidió con el mes del Mundial de Qatar. Y de hecho el viaje de regreso fue una odisea: «Iba al aeropuerto justo cuando la selección con la copa regresaba a Argentina. Había millones de personas en la calle, todo estaba bloqueado y de hecho perdí mi avión». Pero más allá de este episodio en definitiva divertido, hay mucho más inquietante que contar: ¿quiénes son los cuatro sicilianos víctimas de la loca y ciega violencia de la Junta Militar Argentina? La primera historia, la de Salvatore Privitera di Grammichele, es digna de una película.
«El primero -explicó Alberto Todaro- es Salvatore Privitera, que emigró a la Argentina procedente de Grammichele, en la zona de Catania. Cuando desapareció en 1980, tenía 33 años. Salvatore era médico y su familia aún vive en Mendoza. Había terminado en prisión, injustamente, incluso antes de la llegada de los militares, acusado de haber participado en un ataque a un cuartel. Permaneció archivado. Luego gracias a un grupo de presión nacido en Grammichele Salvatore obtuvo su libertad pero con la condición de que regresara a Italia. Pero en Grammichele, donde aún vive su hermano Paolo, se quedó un año, porque tenía pasión por la política, era montnero , un movimiento peronista de izquierda . Y así regresó a la Argentina vía México, para participar en la contraofensiva de losmontaneros . Él también debe haber sido víctima de vuelos de la muerte, arrojado desde un avión al océano.
El segundo de los cuatro desaparecidos sicilianos es Claudio Di Rosa, que emigró de Piazza Armerina. «Claudio Di Rosa -explicó Alberto Todaro- fue detenido cuando tenía 21 años. Un chico del que me han dicho que era muy inteligente y muy brillante. Había emigrado a la Argentina de niño con su familia. Desapareció en 1977. Claudio también era una oveja negra y negra . Fue secuestrado en la calle y desde ese momento no se supo nada de él. Ni siquiera se sabe cómo murió. Probablemente pasó por Esma, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada , el centro de detención ilegal más grande y notorio de la dictadura por donde pasaron al menos 5.000 personas, con muy pocos sobrevivientes y con la mayoría aún con vida arrojados al océano por los aviones”.
El tercer siciliano , cuya historia ha sido reconstruida por Alberto Todaro, es Vincenzo Fiore de San Mauro Castelverde en el área de Palermo.
«Vincenzo Fiore fue secuestrado por militares en 1977 cuando tenía 27 años. No era un borrego negro, pero era socialista y trabajaba como sindicalista en Peugeot en Quilmes. Fue llevado a un centro clandestino de detención y ni siquiera se sabe cómo murió. Porque hubo vuelos de la muerte, pero también hubo simulación de escape. Sin embargo, terminaron en fosas comunes o los cadáveres fueron quemados. En Quilmes ya unos cientos de metros de lo que alguna vez fue un centro de tortura aún vive la madre de Vincenzo, Pina Fiore, una de las madres de Plaza de Mayo. Cuando fui a verla, me senté exactamente donde estaban sentados los torturadores, esperándolo en casa…”.
El cuarto desaparecido siciliano es Giovanni Camiolo.
«Giovanni –prosigue Alberto Todaro– era de Valguarnera Caropepe, lo llevaron en 1977 cuando tenía 25 años. Ni siquiera sabemos si estuvo en la política. Era albañil y lo pillaron en la calle mientras conducía su furgoneta. Camioneta que fue robada y que siguió circulando incluso después de la desaparición de Giovanni, tanto que la familia recibió multas”.
Alberto Todaro permaneció en Buenos Aires durante un mes, durante el cual entrevistó a los representantes de las asociaciones de derechos humanos que se ocupan de los desaparecidos .. «En Buenos Aires – continúa el profesor de Agrigento – todas las semanas aún hoy después de casi 40 años están las Madres de Plaza de Mayo que van a la Pirámide y para mí fue emocionante hacer el recorrido ritual por este obelisco cerca de la Plaza de Mayo y la Casa Rosada». Y, sobre todo, también se visita la Esma, el cuartel de los horrores, hoy una especie de museo de la memoria: «Aquí traían a los secuestrados, los encapuchaban, los torturaban. Luego los drogaron, los cargaron en un avión y los arrojaron al océano aún vivos”. Y en un país donde el fútbol es casi una religión y donde Messi sí es un ídolo pero Maradona es -literalmente- un semidiós, fue el Mundial del 78 que de “vitrina” militar pasó a ser una vitrina de horrores:
«Durante ese Mundial , la televisión holandesa le habló al mundo sobre el tema de los desaparecidos y las madres de Plaza de Mayo. A partir de ahí el mundo se enteró de lo que pasaba en Argentina».
Qué hay detrás de las agresiones contra el arte y la memoria de los derechos humanos
La audiencia se celebró en el primer piso de los tribunales federales de La Plata y se transmitió a través del canal de Youtube de La Retaguardia.
Por Horacio Verbitsky
Los cuatro desaparecidos sicilianos: Claudio Di Rosa, Salvatore Privitera, Vincenzo Fiore y Giovanni Camiolo
la Esma, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada el centro de detención ilegal más grande y notorio de la dictadura
Pina Fiore, madre de Vincenzo
Alberto Todaro con Vera Vigevani Jarach una de las Madres de Plaza de Mayo