Entradas

Publicado el

Iris Avellaneda: “Sentí orgullo al haber participado del Juicio a las Juntas”

A 40 años del inicio del proceso contra los jerarcas de la dictadura

Fue secuestrada el 15 de abril de 1976 junto a su hijo de quince años, Floreal “Negrito” Avellaneda. Fue liberada recién en 1978. A los tres días se enteró de que el chico había aparecido muerto en las costas de Uruguay. “Fue un exterminio, y seguiré peleando”, dice en diálogo con Página/12.

Por Luciana Bertoia

 

. Imagen: Archivo

El testimonio de Iris Pereyra de Avellaneda duró cerca de media hora, pero fue uno de los más desgarradores que se escucharon en las audiencias del Juicio a las Juntas. La mujer, que se reivindicó como militante comunista, contó cómo el 15 de abril de 1976 una patota llegó a su casa buscando a su marido. Al no encontrarlo, los secuestraron a ella y a su hijo de quince años, Floreal “Negrito” Avellaneda. Lo último que escuchó de su hijo fueron los gritos en la tortura antes de ser llevada desde la comisaría de Villa Martelli a Campo de Mayo. Desde la cárcel de Olmos, Iris escribió más de 60 cartas preguntando por el paradero de su hijo e impulsó hábeas corpus. Cuando la liberaron, salió dispuesta a meterse en Campo de Mayo para encontrar al “Negrito”. Pero, a los tres días alguien se animó y le dijo: “No lo busques más, al ‘Negrito’ ya lo mataron”. Su cuerpo había aparecido en las costas del Uruguay, con signos de haber sido brutalmente atormentado. La presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) recordó aquellos días en diálogo con Página/12.

–¿Cómo llegó a declarar en el Juicio a las Juntas?

– Empecé a declarar en 1979, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Después con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Cuando fue el Juicio a las Juntas, los compañeros me llamaron. No me negué. Al contrario, yo quería ser testigo. Quería enjuiciar a la Junta Militar.

–¿Tenía, además, una causa abierta en la justicia de San Martín por lo que pasó con el “Negrito”?

–Claro. Nuestro secuestro fue el 15 de abril de 1976. Salgo en 1978, en plena dictadura. No se podía hacer ni mover nada. Cuando yo salgo en libertad, recién al tercer día, me entero por mi cuñada de lo que había pasado con el Negrito en las costas del Uruguay. Había aparecido ahí por los vuelos de la muerte. Para mí fue un golpe tremendo. Recién en 1983, cuando vino la democracia, pudimos empezar hacer algo. El doctor Julio Viaggio, un abogado de la LADH, llevó la causa. Nos reuníamos cada semana para apuntar datos, saber qué había pasado y tener una buena estrategia.

–¿Y la relación con Uruguay?

–Allá aparecen los cuerpos. El del “Negrito” pudo ser reconocido por el tatuaje que tenía con las iniciales FA. Cuando presentamos la querella en Uruguay, los jueces se declararon incompetentes. Lo pudimos identificar por las fotos que sacó un fotógrafo conocido de Carlitos Zamorano, nuestro querido abogado de la Liga. La única prueba que tuvimos para el juicio de 2009 fueron esas fotos. (N de R: Nunca se recuperó el cuerpo del “Negrito”).

–¿Qué recuerda del día que declaró en el Juicio a las Juntas?

–Llegué al tribunal y el que me recibió de entrada fue Pablito Llonto, que era periodista de Clarín entonces. Estuvimos charlando. Yo estaba muy nerviosa. Tenía 46 años cuando fue el juicio. Era mi primera vez como testigo. Se me hacía un nudo en la garganta. El juez que me tomó la declaración me decía: “Tranquila, señora, tome un poquito de agua”. Declaré y me retiré. No me quise quedar.

–¿Con la fiscalía había tenido contacto antes?

–No, no. Pero me llegaron mucho las palabras de Julio Strassera (en el alegato) cuando dijo “Nunca Más”. Porque, era cierto, el juicio era un Nunca Más a un golpe de esta índole.

–¿Y cómo tomó la sentencia?

–La escuchamos por la tele. Fue un aliciente porque se condenaba a la Junta. Para mí fue importante este juicio. No se había hecho algo así en el exterior. El primer juicio fue así acá, en la Argentina, y eso te toca. Te da orgullo haber sido parte.

–¿Cómo sintió que fue el trato a los sobrevivientes?

–Yo nunca negué que militaba en el Partido Comunista, y menos a los jueces. A ellos les interesaba saber cómo me había enterado de que el “Negrito” había aparecido por los vuelos de la muerte.

–¿Percibió diferencias entre el Juicio a las Juntas y el que se hizo en 2009?

–Fue distinto el juicio. Fue duro porque en un momento Santiago Omar Riveros se paró y dijo que quería pedirnos disculpas. ¿Disculpas de qué? ¿Después de que mató al “Negrito”? No me cabe ningún respeto hacia esa persona. Se quería lavar las manos. Después vino la película Argentina, 1985, que aparece mi testimonio. Fue importante. Soy una de las pocas personas que aparece testificando, no personificada por actores. Me hubiese gustado que me contactaran antes para poderles explicar más sobre el “Negrito”.

–¿Cuándo empezó a militar su hijo?

–A los doce años, le dice entusiasmado al padre que se había afiliado a la “Fede” (la Federación Juvenil Comunista). Siempre iba al local de Boulogne, a veces con el padre. Él no hacía militancia en la calle. Nosotros teníamos un mimeógrafo en casa. Como militábamos, necesitábamos volantes, y él los hacía. Era un crack en eso. Desgraciadamente pagó con la vida por esta gente tan inescrupulosa de la Junta Militar. Esto fue un exterminio, y yo seguiré peleando.

Publicado el

Después del Juicio a las Juntas, nadie puede discutir que hubo un plan criminal de la dictadura

Juicios de Lesa Humanidad en San Juan

Publicado por Carlos Jesus Ureta 2 min 
A 40 años del inicio del proceso a los excomandantes
Ricardo Gil Lavedra: “Después del Juicio a las Juntas, nadie puede discutir que hubo un plan criminal de la dictadura “
Entrevista con uno de los integrantes de la Cámara Federal que condenó a Videla y Massera. Las presiones de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia para frenar el juicio y la necesidad de darles justicia a las víctimas.
Por Luciana Bertoia
20 de abril de 2025 – 05:41
. Imagen: NA
Seis camaristas juzgaron en 1985 a quienes habían comandado a las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1982, sembrando de muerte el territorio argentino. Ricardo Gil Lavedra es uno de los integrantes de aquel tribunal. Tiene, además, otra particularidad: se dio la tarea de contar el Juicio a las Juntas por dentro a través del libro que publicó meses atrás, La hermandad de los astronautas. Por entonces, el juez Jorge Torlasco sostenía que los integrantes de la Cámara Federal porteña, que acababa de conformar Raúl Alfonsín, se movían como en una cápsula espacial: aislados y tratando de llegar a destino. Para León Carlos Arslanian, Andrés D’Alessio, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz, Torlasco y Gil Lavedra, llegar a destino implicaba poder dictar sentencia contra Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, entre otros.
En la víspera de que se cumplan 40 años del inicio aquel juicio que se volvió emblema a nivel nacional e internacional, Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), dialogó con Página/12 acerca de aquellos días de 1985.
–¿Siente que cambió la percepción del Juicio a las Juntas, que quienes entonces decían que con éste se ponía en riesgo la democracia ahora lo describen como una piedra basal de la democracia?
–El Juicio a las Juntas y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) permitieron abrazar a la democracia con los derechos humanos, el imperio de la ley y el estado de derecho. Esto me parece que ayudó mucho a consolidar la cultura democrática.
–También cambió las prácticas judiciales porque entonces no había juicios orales…
– Sí, en aquel momento regía el código de Obarrio del final del siglo XIX, que era un procedimiento con claras notas de inquisitivo. Tanto la instrucción como el plenario lo llevaba un juez: un juez de instrucción primero, luego un juez de sentencia y de modo escrito.
–¿Hubo en los meses de audiencias algún testimonio que lo haya conmovido particularmente?
– Es difícil, me parece, distinguir a una sola persona porque me conmovieron muchísimas.Tenga en cuenta que era gente que había padecido cosas inhumanas, torturas salvajes y venía a exponerlas en público, con lo cual yo quisiera también destacar la valentía que tuvieron todos los testigos cuando aún la democracia no estaba asegurada y los autores de esos crímenes terribles estaban en libertad. Hay que resaltar la entereza de ir a relatar su padecimiento frente a un tribunal de modo público.
–¿Cómo recuerda el lobby de las organizaciones pro-militares como Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS)?
–Sinceramente no recuerdo mucho el activismo de las organizaciones de este tipo. Hubo, claro, declaraciones públicas y probablemente también la publicación de alguna solicitada, pero me parece que la tensión de ese momento era la posibilidad de llevar adelante un juicio que las Fuerzas Armadas soportaban pero no estaban de acuerdo. Tenga en cuenta que un jefe del Estado Mayor del propio presidente democrático Raúl Alfonsín pedía amnistía. Todo el mundo pedía también: la Iglesia y los medios de comunicación. Hubo incluso una cosa que parece grotesca, pero el financiamiento de las defensas del juicio lo hicieron las Fuerzas Armadas. Eran todos estudios de primera línea que obviamente los acusados no estaban en condiciones de solventar. Eso salió de las propias Fuerzas Armadas y sus gastos reservados.
–Usted en el libro relata que el jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) fue a decirle a Carlos Arslanian que los comandantes estaban dispuestos a asumir su responsabilidad si no se continuaba con sus subordinados…
– Es así. Que ellos asumían su responsabilidad y que obviamente no hiciéramos el juicio.
–¿Cómo recepcionó el gobierno el punto 30 de la sentencia, que ordenaba seguir investigando porque ponía, de algún modo, en tensión la política de juzgamiento del alfonsinismo?
– Yo creo que mal porque había una expectativa de que la sentencia diera alguna expresión, algo que permitiera sostener que éste iba a ser el único juicio o que los oficiales inferiores habían actuado bajo el imperio de órdenes que no podían resistir. Pero, por cierto, no era algo que se pudiera hacer porque la práctica es que cuando en el transcurso de un juicio aparece la comisión de otro delito, el juez está obligado a sacar testimonio y ordenar que se investigue. En este caso, que eran centenares y centenares de hechos que los teníamos frente a nuestros ojos, por supuesto que tenía que investigarse la responsabilidad de los autores directos. Con esto quiero decir que no fue un punto de discusión dentro de la Cámara. Naturalmente incluimos ese aspecto.
–Hay otro hecho bastante conocido, que es la decisión de ustedes, después de la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, de sacar del país la prueba del juicio. ¿Creen que fue una decisión atinada?
–Era la prueba de la audiencia. Como es un juicio oral, el documento de la realización de la audiciencia es la filmación. Temíamos lo que fuera a pasar. Hay que tener en cuenta que Alfonsín sufrió tres alzamientos militares, pidiendo la amnistía. Por eso nos decidimos y aceptamos un ofrecimiento que por intermedio del profesor (Bernardo) Beiderman nos hizo llegar a un Instituto Internacional de Derecho Penal y Criminología que tiene sede en Oslo, Noruega. Sacamos una copia de la audiencia medio subrepticiamente porque ya no estábamos en el tribunal y la llevamos en nuestras valijas con los pañuelos y las medias ahí metidos. Dejamos la sentencia y, para nuestra sorpresa, el recibimiento que nos hicieron en Oslo fue impresionante. Fuimos agasajados tanto por la Corte Suprema, por la Asociación de Abogados y por el Parlamento. La ceremonia en la que entregamos los casetes fue muy pomposa.
– Es que no existía una experiencia como la argentina de juzgar a los máximos responsables de las Fuerzas Armadas por un tribunal nacional tan poco tiempo después…
–No, claro, fue un proceso inédito.
–¿Y cómo ve el proceso de justicia actual después de la reapertura de las causas?
–Yo soy de la idea de que esas heridas tan profundas que ha producido el terrorismo de Estado, esos crímenes tan terribles como los que padeció la sociedad argentina, solo pueden cerrarse con justicia. Es decir, a mí me pareció bien que se reabrieran los juicios. Por supuesto que hay mucha polémica, porque se aplicaron reglas de derecho internacional y se dijo que esto no podría reabrirse porque se estaban aplicando retroactivamente normas.Yo creo que esto ha ayudado a tratar de cicatrizar estas heridas. Por eso ese modelo de comisión de la verdad y de enjuiciamiento de la Argentina luego llegó a todas partes del mundo.
–¿Qué le pasa cuando parte de la dirigencia actual dice que lo que se ha contado durante los últimos 40 años de la Argentina es mentira, una fabricación de las Madres, las Abuelas y la izquierda?
–No dicen que es una mentira. Lo que se dice es que se ha ocultado o se le ha restado importancia a los crímenes cometidos por las organizaciones armadas. Pero nadie discute lo que pasó. Es decir, que acá hubo un plan criminal consistente en secuestrar, en torturar, en violar sistemáticamente a las mujeres, apropiarse de los bienes, apropiarse de los chicos y asesinar en secreto. Eso no está bajo discusión. Es uno de los grandes aportes que ha hecho el juicio. Lo que se reclama es por los crímenes cometidos durante la década del 70, que por cierto han ocurrido y nadie los niega.
–¿Y en ese caso usted considera que todavía se los puede juzgar o que eran delitos comunes y que prescribieron?
– También es un punto muy polémico. Si constituye o no un delito de lesa humanidad, si es imprescindible una presencia estatal para que esto lo sea, es un punto discutido aún en el derecho internacional. Hasta el presente nuestra Corte Suprema ha dicho que no. En el caso Lariz Iriondo, que es la extradición de un miembro de la ETA, nuestra Corte Suprema dijo que los delitos de terrorismo prescribían. Pero, por cierto, yo creo que más allá de la reapertura, que sería simbólica, casi todos los autores de esos delitos han sido asesinados o han muerto. O algunos de estos casos que ya han sido también juzgados, yo creo que lo que se pretende es una suerte de reparación simbólica o económica.
–Cuarenta años después, ¿usted piensa que la sociedad argentina podría haber aguantado la transmisión en directo de las audiencias del Juicio a las Juntas?
– Es contrafáctico. Yo creo que hubiera sido sin lugar a dudas muy impactante, porque si lo fue nada más que con el periodismo gráfico y con imágenes sin sonido que se transmitían por televisión a la noche. No sé si hubieran permitido una transmisión en directo porque las restricciones que hubo en la comunicación, soy absolutamente sincero, fueron tomadas para tratar de no exacerbar el malestar militar. Esa es la razón. Y aparte porque aún así yo no creo que hubieran permitido nunca una televisión en directo para tratar también de salvaguardar ciertas solemnidades que tenía que tener el proceso.
https://www.pagina12.com.ar/819423-ricardo-gil-lavedra-nadie-puede-discutir-que-hubo-un-plan-cr
Publicado el

QUIEN ES AGUSTIN LAJE ARIGONI

 

El video oficial del 24 de marzo es muy interesante, más allá de la discusión acerca de si su autor cobró 50.000 dólares por hacerlo o fue un aporte ad honorem. El expositor es Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro, que se encarga de recaudar fondos para las necesidades electorales del gobierno. Nacido en 1989, se presenta como parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. Los violentos años ’70 le llegaron como ejercicio de memoria. Los alumnos del siglo XXI fueron adoctrinados en un relato maniqueo y reduccionista. “Algo no me cerraba, me parecía que al relato le faltaban partes, que a la historia que me estaban vendiendo estaba sesgada e incompleta. Por eso, a mis 15 años decidí comenzar a investigar por mi propia cuenta. Accedí a numerosa bibliografía, recorrí hemerotecas y me entrevisté con protagonistas de la época y así pude conocer mejor nuestro pasado”. Es decir, un joven virgen de cualquier preconcepto, que desconfió de la versión que le transmitían sus profesores y se dedicó a investigar por su cuenta. Su conclusión es que las Fuerzas Armadas respondieron a una agresión terrorista en el contexto de la guerra fría. No niega los hechos, los justifica. Hasta el amigo presidencial Alejandro Fantino lo refutó: “No me interesa si en el secundario te daban bien o te daban mal la historia. Yo estuve en el Liceo Militar, dos años, entonces la historia me la contaban de otra manera como no te la contaban a vos”.

Laje, al centro, con Novelli, uno de los investigados por la criptoestafa $Libra.

La biografía real

Esta biografía es tan atractiva como falsa. Agustín Laje Arigoni, como firmaba antes de ingresar a la galaxia libertaria es, en realidad, sobrino nieto de uno de los militares condenados por Crímenes de Lesa Humanidad. Se trata del coronel Raúl Fierro, hermano de su abuela, quien fue detenido en 2008.

Como coronel organizó para Luciano Benjamín Menéndez el denominado proceso de recuperación de los pocos sobrevivientes que el Cuerpo III decidió dejar con vida. Una de esas sobrevivientes, Liliana Geuna, contó en la “Megacausa Menéndez III (La Perla – Campo de la Ribera – D2)” que los llamaban Muertos que Caminan y a cada uno le asignaban un número.

Ella y otras víctimas estaban lavando autos y el represor Ricardo “Fogo” Lardone les dijo que no podía soportar el olor de una goma quemada porque le recordaba a los fusilamientos. “Que los fusilaban así: esposados atrás y que algunos que tenían miedo, como el torturador Raúl Fierro, les hacían atar también las piernas. Que tiraban alquitrán y les prendían fuego. Dijo: ‘Tengo el olor en la nariz y la visión de los cuerpos que cuando se queman, empiezan a moverse’”. Geuna entonces levantó sus brazos ante el Tribunal y los movió como los de un muñeco desarticulado. Luego los bajó y se quedó en silencio.

Otra testigo, Valentina Enet, contó que buscando a su hermano secuestrado su padre consiguió una cita con Fierro. En su oficina del Tercer Cuerpo, Fierro recibió una llamada del cardenal Francisco Primatesta y los dejó solos. “Yo me tiré sobre el vidrio de su escritorio porque debajo tenía muchas fotos. Casi todas con puntitos rojos como de sangre y marcas con lapicera. Una, la más grande, me llamó la atención: no tenía cabeza”. Fierro regresó en forma tan súbita como se había ido. Con una sonrisa dijo: “Ah, veo que estuviste mirando mi álbum de recuerdos… Pero a ése no lo vas a reconocer. Es Vaca Narvaja. Eso les pasa a los padres de los subversivos que buscan a sus hijos”. Su historia fue consignada en el  El Diario del Juicio, editado en Córdoba por las asociaciones de Familiares e Hijos.

 

 

Fragmento extraído de la muestra de represores del Espacio de Memoria La Perla.

El catedrático Miguel Hugo Vaca Narvaja fue un dirigente de la Unión Cívica Radical y el último ministro del Interior del presidente Arturo Frondizi, luego de cuyo derrocamiento presidió la UCRI. Lo secuestraron de su domicilio dos semanas antes del golpe del 24 de marzo de 1976 y su cabeza fue hallada en una bolsa de nylon en Alta Córdoba. Su hijo homónimo, abogado, había sido detenido el 20 de noviembre de 1975 al salir de los Tribunales Federales, donde defendía a presos políticos. Fue torturado en el Departamento de Informaciones D2 de la Policía de la Provincia y alojado en la Unidad Penitenciaria Nº1 (UP1) de Córdoba. El 12 de agosto de 1976 fue extraído de allí para un supuesto traslado, junto con los hermanos Eduardo y Gustavo de Brueil. Vaca Narvaja y Gustavo fueron asesinados durante el trayecto, y Eduardo obligado a presenciar la ejecución, con el recado de contarlo a los demás presos para infundirles terror. El nieto homónimo fue colaborador de María Elba Martínez en denuncias por violaciones a los derechos humanos y hoy es el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Sara Solarz de Osatinsky declaró en el juicio que en represalia por la fuga de su esposo de la base aeronaval de Rawson, Menéndez, Fierro, El Nabo Ernesto Barreiro y Héctor Pedro Vergez, se propusieron “borrar nuestro apellido de la faz de la tierra”. Mientras estaba detenida, Vergez la visitó en la ESMA, para narrarle en sádico detalle cómo habían asesinado a sus hijos de 19 y 15 años.

Laje no tiene responsabilidad alguna en hechos que sucedieron antes de su nacimiento y le asiste el derecho a fijar su posición sobre cualquier tema, pero no a ocultar datos tan significativos de su propia biografía para hacerse pasar por un observador imparcial que estudia los hechos por amor a la verdad. Esa pretensión también contradice sus numerosas tomas públicas de posición sobre hechos del presente: llama cerdo a Maradona, tipo a Florencia de la V, hijas de puta que enseñaron a sus hijos a matar a las Madres de Plaza de Mayo e insta a las fuerzas de inseguridad a apuntar bien al disparar balas de goma o cartuchos de gases lacrimógenos. Por Horacio Verbitsky

 

 

Publicado el

“ERAN NICHOS, NO CALABOZOS”

Décimo tercer juicio – Ciudad de Mendoza

AUDIENCIA 40 / “ERAN NICHOS, NO CALABOZOS”

21-3-2024 | Arrigo Bonino ofreció su testimonio con relación a su tiempo secuestrado en el D2. Narró los padecimientos que sufrió en carne propia, el sufrimiento de otras personas detenidas junto a él, especialmente el de muchas mujeres, y también reveló el llamado que uno de los acusados le hizo a finales de 2023 pidiéndole que incurriera en falso testimonio para defenderlo en juicio oral. La próxima audiencia será el 4 de abril a las 9:30.

“Yo era un pibe, era un estudiante de la facultad, un pibe”, dijo Arrigo Enrique Eduardo Bonino antes de dar comienzo al relato de su secuestro. Corrían los últimos días de marzo de 1976 y hacía poco se había concretado el golpe de Estado que derrocó el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Arrigo tenía 19 años y estudiaba para convertirse en ingeniero. Aunque tenía en su entorno mucha gente que militaba –“¿Quién no tenía una militancia en esa época?”, dijo–, él no formaba parte de ningún partido ni participaba activamente en las asambleas estudiantiles. Una tarde de sábado, mientras pasaba el rato con un amigo, fue invitado a un cumpleaños de quince en el Golf Club. En la fiesta no pasaba mucho, por lo que una de las chicas que estaba ahí les propuso salir a buscar una obra de teatro para hacerla en grupo y divertirse un poco. Arrigo ofreció su auto y salieron de la fiesta junto a su amigo y un acompañante más.

Declara Arrigo Bonino en la biblioteca de Tribunales Federales

Ya regresando de su búsqueda, cerca del viejo Liceo Agrícola, Arrigo vio luces azules por el espejo retrovisor y empezó a escuchar tiros. Cuando detuvo el auto, escuchó que, a través de un megáfono, se les ordenaba bajar del vehículo, excepto al conductor, para luego detenerlos y llevárselos. A él, por su parte, le colocaron una pistola en la cabeza y lo hicieron manejar hasta una seccional de policía cercana, en la que lo dejaron esperando en un patio interno lleno de jóvenes en su misma situación. Al rato, lo sacaron de ahí y lo obligaron a conducir su auto hasta el Palacio Policial, donde operaba el D2.

El D2

Ya en el estacionamiento del Palacio Policial, le ataron las manos y lo vendaron, lo ingresaron al edificio y lo llevaron, a través de unas escaleras, hasta una pequeña celda en la que lo encerraron. Lo guiaron por los pasillos del edificio dándole golpes en la espalda, Arrigo recordó haber escuchado a alguien que preguntaba si él era “el flaco que hay que matar”. En el calabozo –al que Arrigo prefirió llamar “nicho”–, le informaron que, a partir de ese momento, dependía del PEN –Poder Ejecutivo Nacional–, y lo dejaron ahí para que pasara la noche. Arrigo recordó haber escuchado ruidos que venían de arriba como si allí hubiera gente circulando.

En el D2 no pasó más que un par de días –quizás una semana– secuestrado; sin embargo, las experiencias de esos días lo marcaron a fuego. Así, relató algunas anécdotas en un intento de graficar los abusos que tenían que soportar las personas allí encerradas.

En primer lugar, contó cómo a la mañana siguiente de su ingreso al D2, un hombre entró a su celda y le preguntó –golpes mediante– por una tal Eva, de quien él no sabía nada y por quien le volverían a preguntar más adelante. Recién al salir del D2, Arrigo se enteraría de que Eva era la mujer que los acompañaba en el auto al momento de la detención. También recordó escuchar el sufrimiento de otras personas en calabozos vecinos, como era el caso de muchas mujeres que por las noches gritaban pidiendo clemencia. “Uno saca sus conclusiones: las llevaban y las torturaban”, sentenció. Relató una situación particular en la que, con el nerviosismo ganándole la partida, le pidió un cigarrillo a un oficial. Este se desabrochó el cinturón y le dijo: “Tengo un Toscano y es para vos”.  La cosa quedó ahí. Pero, tras el hecho, la cara de ese oficial le quedó grabada en la memoria y, por eso, mucho tiempo después, mientras comía en una sandwichería de Mendoza, reconoció a ese mismo oficial en la persona que se había sentado a su lado.

Sobre las razones de su detención, al día de hoy Arrigo duda. Considera que la razón podría ser su expulsión de la facultad –por “terrorista en potencia”–. Pero, tras casi 50 años, no logra recordar si la expulsión se dio antes o después de su detención. Lo que sí pudo relatar con seguridad es que, después de salir del D2, el cursado se le hizo muy difícil: los compañeros no lo miraban y los profesores lo menospreciaban. Además, cuando se dio la expulsión, su padre mandó una carta a la facultad diciendo que Arrigo se ponía a disposición para demostrar que la acusación era falsa. Desde ese momento en adelante, empezaron a seguirlo a todos lados, a cachearlo, a hacerle preguntas.

La llamada del excomisario Venturino Amaker

Una vez concluido el relato sobre su paso por el D2, Arrigo pasó a lo que consideró la parte más importante de su testimonio, aquello por lo que se decidió a declarar: la conversación en la que el excomisario Venturino Amaker –uno de los acusados de este juicio– le pidió que incurriera en falso testimonio para defenderlo en el juicio oral. A fines de 2023, contó Arrigo, la madre le avisó que el excomisario –quien había sido compañero de su abuelo en los boy scouts– había llamado preguntando por él. Cuando le pidió el número de Arrigo, su mamá se negó a dárselo, pero sí tomó el contacto telefónico de Venturino para que Arrigo pudiera comunicarse cuando quisiera. Al tiempo, Arrigo lo llamó y el excomisario –tras “endulzarle el oído” hablándole de su abuelo y de su padre– le solicitó que lo defendiera cuando lo citaran a testificar: “Yo estoy preso en mi casa y mi abogado me ha pedido para ver si ya puedo entrar en libertad porque estamos con el tema del juicio por los presos en el Palacio Policial… y me ha dicho que hable con todas las personas que yo conozca y les pida que me ayuden para que yo pueda salir en libertad”, habría dicho el acusado. Cabe recordar que el abogado de Venturino Amaker es el defensor oficial Leonardo Pérez Videla.

El testigo después de su declaración

Arrigo confesó no creer nada de lo que el expolicía le decía y terminó por convencerse de la insensibilidad de su interlocutor cuando, tras los reclamos que Arrigo le hizo por las atrocidades que ocurrían en el D2, Venturino sostuvo que todos sus compañeros de armas le habían confesado que mataban mujeres, pero que, para él, ese era el límite. El testigo llegó a la conclusión de que para esta persona lo que confesaba le resultaba natural y no quiso saber más nada con él. En ese momento fue que se decidió a ofrecer su testimonio.

Finalmente, antes de concluir con su participación en el debate oral, Arrigo contestó a las preguntas de la fiscalía ofreciendo todo su conocimiento sobre los casos de Billy Lee Hunt, Mario y Gustavo Camín y Amadeo Sánchez Andía. El primero, Billy Lee Hunt, era un amigo de la secundaria de su hermano, que pasó un par de días en el departamento de su familia y fue secuestrado y desaparecido. Luego, el caso de Mario Camín, amigo de su hermano y desaparecido tras ser detenido a la salida de la UTN, y su papá, Gustavo, también desaparecido. Y, por último, Amadeo Sánchez Andía, peruano que estudiaba periodismo y que se hizo amigo suyo por medio de su cuñada, quien también estudiaba periodismo. Amadeo tuvo un accidente en micro, contó Arrigo, y lo trasladaron, muy mal herido, a Palmira o a Junín. De noche lo retiraron del hospital y lo fusilaron en Canota.

La próxima audiencia quedó pactada para el viernes 4 de abril a las 9:30.

 

AUDIENCIA 40 / “ERAN NICHOS, NO CALABOZOS”

Publicado el

Décimo tercer juicio – Ciudad de Mendoza

AUDIENCIA 34 / TESTIMONIO DE UNA ESPECIALISTA SOBRE LAS FUERZAS PARAESTATALES Y SU RELACIÓN CON EL D2

AUDIENCIA 34 / TESTIMONIO DE UNA ESPECIALISTA SOBRE LAS FUERZAS PARAESTATALES Y SU RELACIÓN CON EL D2

Foto principal: Coco Yañez

29-11-2024 | Laura Rodríguez Agüero, doctora en Historia, ofreció sus conocimientos sobre la violencia ejercida en Mendoza durante el terrorismo de Estado contra mujeres en situación de prostitución por parte de comandos paraestatales y la relación de estos con el D2. La próxima audiencia tendrá lugar el 14 de diciembre a las 9:30.

En una nueva audiencia de este 13.° juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza, Laura Rodríguez Agüero —historiadora, investigadora del Conicet y docente universitaria— se presentó ante el Tribunal Oral Federal N.° 1  para ofrecer testimonio de su conocimiento, a pedido de la fiscalía. Así, comenzó relatando que para su tesis doctoral investigó el ciclo de protestas que se dio en Mendoza entre el Mendozazo, en 1972, y los años de la dictadura y que logró reconstruir el circuito de la violencia paraestatal durante esos años. Además, en el marco de sus investigaciones, tuvo la oportunidad de entrevistar a mujeres en situación de prostitución que fueron perseguidas, detenidas y maltratadas por los comandos paraestatales que actuaron en la provincia durante el terrorismo de Estado. Muchas de esas mujeres pasaron por el D2 y dos de ellas pudieron darle cuenta de sus experiencias y también de la vida y el sufrimiento de muchos de las personas detenidas allí por razones políticas, con las que compartieron cautiverio.

Violencia paraestatal

Laura definió la violencia paraestatal como aquella violencia ejercida por personas del Estado con recursos del Estado, pero en paralelo a los circuitos legales del Estado. Así, en Mendoza y en todo el país, existieron diversos comandos paraestatales conformados por agentes de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad, quienes llevaban a cabo actividades represivas vestidos de civil. La particularidad de nuestra provincia, contó la doctora, fue el carácter moralizante de estas organizaciones y la virulencia con la que actuaban. Dos de los más importantes comandos fueron el Comando Moralizador Pío XII y el Comando Anticomunista Mendoza (CAM), ambos bajo el mando del jefe de la Policía, el vicecomodoro Julio César Santuccione.

Diario Mendoza. 26 de julio de 1975

Sobre los comienzos de estos comandos, Laura contó que el CAM apareció a mediados de 1974, con atentados dirigidos principalmente a militantes populares. Por otra parte, también a principios de 1974, empezaron a aparecer noticias en el diario Mendoza y el diario Los Andes que daban cuenta de la persecución e, incluso, el asesinato a mujeres en situación de prostitución. Al mismo tiempo, aparecieron cadáveres en la zona de Colonia Papagallos y en Canota, un paraje ubicado sobre la Ruta Provincial n.° 52 camino a Villavicencio, cadáveres que eran los cuerpos de prostitutas, proxenetas y militantes políticos. «Era una decisión de la fuerza que los lugares de depósito de cuerpos fueran Canota y Papagallos», acotó Laura. Por estos eventos, unos pozos naturales en Papagallos se hicieron conocidos en la jerga periodística como «los pozos de Santuccione”.

Más adelante, durante los primeros meses de 1975, los asesinatos vinculados al negocio de la prostitución y el narcotrotráfico se incrementaron y el diario Los Andes informó que podría tratarse de un comando moralizador. Finalmente, el 26 de julio de 1975, el Comando Moralizador Pío XII se presentó al público mendocino a través de un comunicado en el diario Mendoza en el que se definió como un grupo moral y defensor de la salud pública que pretendía ajusticiar a prostitutas con cadenas, palos y cartuchos cargados con sal. Sin embargo, el Comando Moralizador Pío XII no solo perseguía a personas en prostitución, sino también a personas por su sexualidad u orientación sexual. Tal fue el caso de la desaparición de Napoleón Araneda a comienzos de diciembre de 1975, por ejemplo, un bancario sin ningún tipo de militancia política, gay y “muy afeminado”, según sus compañeros de trabajo.

Sobre el posible trasfondo del comando, la doctora Rodríguez Agüero dijo que la policía aprovechaba el contexto de terrorismo para saldar deudas con proxenetas, como, por ejemplo, cuando alguien no quería pagar coimas. También comentó que en las crónicas periodísticas de la época hay muchas pistas que insinúan que la policía estaba involucrada.

Entre la aparición pública del comando y la llegada del “Proceso de Reorganización Nacional”, los crímenes continuaron y los medios siguieron informando —gracias al compromiso de personas como Antonio Di Benedetto, quien para entonces era el subdirector del diario Los Andes—. Esto duró hasta el comienzo de la dictadura, cuando las noticias dejaron de aparecer.

El testimonio de las sobrevivientes

Ante la necesidad de seguir con la reconstrucción del aparato represivo durante la dictadura, Laura comenzó a buscar testimonios y encontró a dos mujeres sobrevivientes del Comando Pío XII. Una de ellas, Mimí, se reconocía como doble sobreviviente, por un lado, del sistema prostituyente y la trata de personas y, por el otro, del terrorismo de Estado. En las entrevistas que Laura le realizó hizo mucho hincapié en lo que significó para ella el paso por el palacio policial, sitio en el que funcionaba el D2. Allí, si bien estaban detenidas en las celdas de contraventores —distintas a los calabozos en los que recluían a las personas secuestradas por razones políticas—, a veces coincidían con los «extremistas», tal como los llamaban los oficiales de la policía. La gran diferencia entre ellas —muchas eran analfabetas— y los militantes secuestrados era el nivel educativo, le contó Mimí. En estas condiciones, las mujeres detenidas por el Comando Pío XII desarrollaban cierto compañerismo con las  presas y los presos políticos y, aunque los agentes de seguridad les ofrecían ser informantes, nunca accedían a hacerlo. Para ellas, el enemigo era la policía. En ocasiones, para ayudar a alguien que sufría, una de ellas se dejaba manosear para distraer a algún agente, mientras otra asistía a la persona lastimada.

Diario Mendoza. 14 de septiembre de 1975

En el D2, las mujeres detenidas por el Comando Pío XII eran sometidas a los mismos castigos que sufrían otras personas detenidas por su militancia, con excepción de la picana eléctrica. Según Mimí, Santuccione tenía una saña especial contra las prostitutas. Así, muchas veces las hacían dormir en el piso, sin nada con que taparse, en el medio del invierno, y en la ocasión en que un policía “de los buenos” les acercó unas frazadas, Santuccione se las retiró tras hacer un escándalo. Por este encono que Santuccione tenía con ellas, Mimí tuvo que pasar varias veces por el “calabozo cero”: una especie de sarcófago vertical con una mirilla en la puerta, donde solamente entraba una persona parada. Cuando metían a alguien ahí y corrían el pasador de la puerta, quedaba en completa oscuridad y así dejaban a la persona durante 24 horas, generalmente como castigo por hablar y ayudar a «extremistas».

Por otra parte, si bien nunca eran llevadas a la sala de tortura, sí eran testigos de los maltratos contra las personas detenidas por razones políticas. Muchas veces, al intentar volver a sus celdas después de algún trámite que las obligaban a hacer dentro del edificio, se perdían y llegaban a observar y a escuchar a personas bajo tortura. Una de las sobrevivientes, incluso, llegó a narrarle a Laura una situación en la que, mientras torturaban a un chico de unos 18 años, un represor empezó a gritar “¡se me murió! ¡Frazadas, frazadas!”, lo que significaba que tenían que retirar un cuerpo.

La testimoniante señaló,  además, que, pese a las inspecciones y a tantos testimonios, hay celdas bloqueadas y muchos vacíos respecto del funcionamiento del centro clandestino.

Material documental de relevancia para la causa

Finalmente, concluyendo su testimonio y ante la propuesta de la fiscalía, la doctora Laura Rodríguez Agüero se mostró dispuesta a aportar todo el registro documental que ella tiene para sumarlo como prueba para este juicio. La fiscalía también pidió por su tesis doctoral y le reclamó al tribunal la presencia de los acusados en la sala durante las próximas audiencias.

La próxima audiencia será el viernes 13 de diciembre a las 9:30 h.

Laura Rodríguez Agüero, doctora en Historia. 

Publicado el

Aumentaron las penas de Fernández y Garay por la apropiación de Miriam, hija de Pichona Moyano y Carlos Poblete

 

20-09-2024 | Tras la decisión de Casación, el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza entendió que, por ser un delito continuado, la apropiación de una menor debe juzgarse con la ley vigente al momento en que se restituye la identidad de la víctima. La pena de Fernández pasó de 10 a 15 años de prisión y la de Garay, de 8 a 10.

El juicio por la apropiación de Miriam, hija de Pichona Moyano y Carlos Poblete, tuvo una nueva instancia que derivó en la aplicación de una pena mayor a los responsables. A su apropiador, el oficial de inteligencia del D2 Armando Osvaldo Fernández, lo condenaron a 15 años de prisión y al partícipe necesario, Abelardo Santiago Garay, colega del primero, a 10 años. Iris Yolanda Luffi, la otra condenada en la sentencia original, falleció en diciembre de 2023 y por eso no se reevalúa su situación.

A raíz del reenvío dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal, el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza se constituyó para resolver un nuevo pronunciamiento. Conformado por Alejandro Piña en la presidencia, Alberto Carelli y Paula Marisi, le dio la palabra a la acusación. Primero hablaron representantes de la fiscalía y después la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo.

El caso

El caso es el de la hija de Carlos Poblete y María del Carmen Moyano, nacida durante el cautiverio de su madre en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Pichona, como le decían, había sido secuestrada con su marido en Córdoba y, luego de su cautiverio en La Perla, fue trasladada a Buenos Aires. Su parto fue en la maternidad clandestina de la ESMA.

El caso tuvo sentencia en 2021 y quedó acreditado que, ocho días después del parto, la niña fue arrancada de los brazos de su madre y entregada al matrimonio compuesto por el entonces oficial inspector de inteligencia de la Policía de Mendoza, Armando Osvaldo Fernández Miranda, y su esposa, Iris Yolanda Luffi, quienes la inscribieron como hija biológica. Dos camaradas de Miranda, Abelardo Santiago Garay y Eduardo Smaha Borzuk (quien falleció antes del debate), firmaron como testigos del nacimiento falsamente documentado, mediante una partida de nacimiento con datos apócrifos. Miranda y su esposa fueron condenados en el juicio a 10 y 5 años de prisión, y Garay, a 8 años. Esta es la escala penal que el tribunal tuvo que revisar.

Pichona Moyano y Carlos Poblete
Pichona Moyano y Carlos Poblete

En análisis de la acusación

El fiscal Daniel Rodríguez Infante, en primer lugar, puntualizó los aspectos que la Casación dispuso modificar, que inciden sobre el nuevo pedido de pena. Por un lado, refirió al cambio de calificación de coautor a partícipe de Garay y, por otro, al de la ley aplicable, que para el tribunal era la 11179 —vigente al momento de la sustracción— y para la instancia superior es la 24410 —vigente al momento de la restitución de la identidad de Miriam, en 2017—.

En segundo lugar, el abogado explicó que el tribunal penal superior difiere en la instancia en la que debe revisarse la condena, pero no tiene contradicciones entre cuál es la ley aplicable: es la más nueva, que prevé penas más altas —hasta 15 años— para los delitos investigados por la apropiación de una persona menor de diez años. Es decir, para los tres jueces —Petrone, Barroetaveña y Mahiques— se trata de un delito permanente que continúa cometiéndose hasta que la víctima conoce su verdadera identidad.

Entienden que el delito de retención y ocultamiento de la identidad de Miriam se cometió desde 1977 —cuando robaron a la bebé de los brazos de su madre en la maternidad clandestina de la ESMA— hasta 2017, cuando, producto del informe del Banco Nacional de Datos Genéticos, se determina que es hija de María del Carmen Pichona Moyano y Carlos Poblete, matrimonio secuestrado en la última dictadura. Durante esos cuarenta años, explica el fiscal, los responsables de los crímenes continúan renovando su conducta y acción delictiva.

Para mensurar la nueva pena —según la escala penal de la ley 24410—, Rodríguez Infante pidió tener en cuenta la gravedad de los delitos y la naturaleza de la acción delictiva. Y explicó por qué el paso del tiempo no ha influido en las condiciones objetivas o subjetivas que pueden agravar o atenuar esta condena. Básicamente, se trata del delito de lesa humanidad de apropiación de una menor de diez años en el marco del terrorismo de Estado.

Fiscales
Analía Quintar y Daniel Rodríguez Infante por la fiscalía

Entre las pautas objetivas a analizar, el fiscal mencionó la pluralidad de las víctimas —es la entonces bebé, pero también toda su familia—, la infracción de múltiples normas, la extensión del daño, la relevancia del derecho a la identidad, las afecciones a la víctima directa y sus familiares, la condición de funcionarios públicos como oficiales de la Policía de Fernández y Garay y las circunstancias de comisión —los cuarenta años de ocultamiento y la intervención de más de una persona—.

Entre las pautas subjetivas, propuso analizar los motivos para delinquir —que no estuvieron relacionados con ninguna circunstancia de vulnerabilidad ni tuvieron como objetivo ganarse la vida— y la creatividad perversa que significó la mecánica de apropiación de niñas y niños. En ese sentido, los casos de apropiación tienen un contexto específico: el de una práctica sistemática y generalizada que, hasta el momento, deja un saldo de 137 nietos y nietas cuya identidad fue restituida, pero más de trescientos por encontrar.

Abuelas de Plaza de Mayo anuncia la restitución de la nieta 127

 

Además, la fiscal Analía Quintar puntualizó que el deterioro de la salud por la edad de los imputados no debería ser una circunstancia para atenuar la pena, toda vez que ambos cumplen condena en prisión domiciliaria. Por todo eso, resumió que, como en la sentencia anterior, a Fernández deberían adjudicarle el máximo de la escala penal que preveía la ley que utilizaron; y que, en el caso de Garay, también debería reflejarse un menor nivel de reproche, como partícipe, y no como coautor. Solicitaron 15 años de prisión para Fernández y 12 para Garay.

La representación de la querella de Abuelas de Plaza de Mayo estuvo a cargo de Carolina Villella. La abogada acordó con lo expuesto por la fiscalía y sostuvo que la sentencia fue reenviada, pero solo por motivos formales, porque la Casación no cuestiona en ningún sentido el sustento probatorio que dieron los testigos y los documentos acreditados. Villella, entonces, pidió la misma pena que la fiscalía.

Armando Osvaldo Fernández
Garay Santiago Abelardo

La inexplicable “sustanciación” de la defensa

A su tiempo, y con palabras complejas e ideas difíciles de concatenar, el defensor oficial, Leonardo Pérez Videla, expuso su alegato. Habló de una petición de nulidad, de la anticonvencionalidad y la inconstitucionalidad del juicio y de la arbitraria aplicación de una ley más perjudicial para sus defendidos. Le solicitó al tribunal despegarse de la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal: dijo que por la “soberanía jurisdiccional efectivamente entendida” tuviera “total libertad de encontrarse en la libertad de pensamiento y libertad de acción”. Consideró que el reenvío priva de sus capacidades al tribunal. Además, expuso teorías procesales a modo de lluvia de ideas que, entre las personas asistentes, parecieron más una superposición de conceptos que una argumentación fluida.

Para el caso puntual, alegó el defensor, “no es legítimo cambiarles la pena a ninguna de los imputados” y mencionó la “situación especialísima de la víctima”, en referencia a Miriam.

Pérez Videla deslizó la posibilidad de realizar un nuevo juicio o “sustanciar una nueva causa” con el fundamento de que el nuevo Código Procesal Penal prohíbe el reenvío, idea que el fiscal rebatió posteriormente al demostrar que la lógica de la nueva norma es completamente distinta.

Sobre sus defendidos y la acusación de participación en un plan sistemático, dijo que “no hay multiplicidad de casos”, es decir, que en el caso de sus imputados solo fue una apropiación, no muchas organizadas. Tampoco vio relación entre la sustitución de identidad juzgada aquí y el aparato criminal organizado entre la ESMA, donde nació Miriam, y el D2, de donde era oficial inspector Fernández. Sobre Garay, por su parte, dijo que no había prueba de “ninguna conducta que pueda interpretarse como su participación en un ilícito”.

Para responder, el fiscal, Daniel Rodríguez Infante, manifestó que los planteos de la defensa reprochan lo resuelto en Casación y, por lo tanto, debería haber presentado un recurso en esa instancia, no exigirle al tribunal que se despegue de eso. La audiencia finalizó después de que el abogado de la acusación expusiera la viabilidad de algunas cuestiones procesales, a pesar de que el defensor las había presentado como incongruentes y contradictorias.

La resolución

Antes de pasar a deliberar y volver con la sentencia, el presidente del tribunal les ofreció a los imputados decir unas palabras finales, como dicta el proceso. Fernández abrió el micrófono y no mostró arrepentimiento alguno. Expresó un refrán que aprendió en la infancia: «No es madre la que lo manda al mundo sino la que lo cría».

Finalmente, el tribunal resolvió no hacer lugar a los planteos de la defensa y condenó a Armando Osvaldo Fernández a 15 años de prisión como autor de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de una menor de diez años, alteración de su estado civil y falsedad ideológica de documentos públicos destinados a acreditar la identidad de una persona. A Abelardo Santiago Garay, por su parte, le impuso la pena de 10 años de prisión como partícipe necesario en el primero de los delitos y coautor de los otros dos. Los fundamentos de la sentencia se harán públicos el 27 de septiembre.

 

Publicado el

MATHOV CONDENADO POR LA REPRESION DE DICIEMBRE DEL 2001

Luego de que quedara firme la condena en su contraYa está detenido Enrique Mathov, uno de los responsables de la represión del 2001

 

(Fuente: NA)

El ex secretario de seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov quedó detenido esta mañana en los tribunales federales de Retiro. La detención se dio luego de que quede firme la condena en su contra por la represión del 2001. E Tribunal Oral Federal 6 resolverá el lugar donde quedará alojado hasta que se resuelva si se le concede o no el arresto domiciliario que pidió su defensa.

El Tribunal Oral Federal 6 condenó a Mathov por la represión de 2001 y lo había citado para este jueves a fin de quedar detenido luego que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la pena impuesta contra el ex funcionario.

La jueza Adriana Pallioti resolvió que “habiendo adquirido firmeza la sentencia de cuatro años y tres meses de prisión dictada en autos, y encontrándose aquélla ejecutable, cítese a Enrique José Mathov -a través de su defensa- para que se presente en el Tribunal el día jueves 19 de septiembre del corriente año a las 09:30 horas, a fin de estar a derecho y hacer efectiva la detención”, según la resolución.

La defensa del ex funcionario había pedido el arresto domiciliario en razón de que Mathov tiene más de 70 años, algo que tendrá que resolver el tribunal.

En cuanto al otro condenado, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, está de viaje en España con permiso judicial, por lo que se lo intimó a regresar al país en las próximas 72 horas para quedar detenido. En su caso, la condena es a 3 años y seis meses de prisión.

Las condenas a Mathov y Santos

Mathov fue condenado el 18 de mayo de 2021 por tres homicidios culposos y las heridas que sufrieron decenas de manifestantes en la zona de Plaza de Mayo durante la represión que precedió a la renuncia del fallecido ex presidente Fernando de la Rúa, quien resultó sobreseído en el caso.

El ex funcionario estuvo preso por esta causa 6 meses y 25 días, desde el 1 de enero de 2002 hasta el 26 de julio de 2002, cuando se lo excarceló, por lo tanto, según el cómputo de pena que hizo el tribunal, su condena se dará por cumplida el 22 de mayo de 2028.

En el caso de Santos, estuvo detenido 5 meses y 19 días en 2002, por lo cual su condena se dará por cumplida el 28 de septiembre de 2027.

El Tribunal citó a ambos luego que ayer la Corte Suprema de Justicia dejara firmes las condenas y rechazara por “inadmisibles” los recursos extraordinarios que presentaron las defensas.

Mathov y Santos quedaron condenados por la muerte de tres de los manifestantes, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, y por las heridas que la policía causó a otros 20 durante las protestas en Plaza de Mayo, en medio del estado de sitio que había decretado el gobierno de Fernando De La Rúa.

https://www.pagina12.com.ar/768643-ya-esta-detenido-enrique-mathov-uno-de-los-responsables-de-l

Publicado el

LA NUEVA EXCUSA DE MALATTO PARA EVITAR SER JUZGADO EN ITALIA

Carlos Luis Malatto, miembro de la plana mayor del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22 de la provincia de San Juan durante la última dictadura (1976-1983), huyó del país en 2011 cuando estaba cerca de ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Un año antes la Cámara Federal de Mendoza decidió liberarlo a él y a todos los imputados por delitos de lesa humanidad de la provincia. Malatto no dejó pasar la oportunidad y escapó del país, primero a Chile y luego, aprovechando su doble ciudadanía ítalo-argentina, a la ciudad de Roma. Reportaje de la Radio red Medios al investigador Carlos Ureta

 

Publicado el

EL 4 DE NOVIEMBRE SE SABRA QUIEN JUZGA A MALATTO EN ITALIA

Desaparecidos – Durante la audiencia preliminar en Piazzale Clodio, el ex gerarca Malatto pidió ser juzgado por el tribunal militar italiano. Está acusado de ocho asesinatos. “Estaba siguiendo órdenes”
La próxima audiencia preliminar se realizará el 4 de noviembre contra Carlos Malatto, ciudadano italiano y ex teniente coronel del ejército argentino, acusado de asesinato por la muerte de ocho personas en San Juan, Argentina, a finales de los años 1970 durante la dictadura cívico-militar de Videla.
Durante la última audiencia que tuvo lugar en Roma en el tribunal de Piazzale Clodio el 9 de septiembre, los defensores de los exmilitares formalizaron ante el GUP la solicitud de que su asistencia sea juzgada por la justicia militar italianaPuede ser una imagen de 1 persona y texto
En realidad, el acusado afirmó que actuó como militar, “ejecutando órdenes”, durante una “guerra” contra grupos de oposición y guerrilla como los Montoneros, Tupamaros y el Ejército Revolucionario del Pueblo.
Según el fiscal de Roma es una reconstrucción sin fundamento ya que Malatto sería responsable de crímenes de naturaleza “política” y no militares. Tan cierto, no mataron soldados.
The Gup se ha reservado para decidir el 4 de noviembre. Si se descarta la opción de un juicio militar, el 2 de diciembre se celebrará otra audiencia para decidir sobre el traspaso a juicio del ex soldado que vive en la provincia de Messina desde 2011 y que hoy cumple 75 años. Siempre el 2 de diciembre el grupo Marisa Mosetti hablará, en caso de referido, sobre la solicitud de constitución de un partido civil, junto a los familiares de las víctimas, en nombre de nuestra asociación 24marzo Onlus – que en 2015 contribuyó al inicio de la investigación contra Malatto – y el presidente Jorge Ithurburu como representante legal.
La misma petición fue repetida por la Presidencia del Consejo de Ministros Italiano, el PD, Cgil, Cisl y Uil, la Red Federal de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Partido Comunista Argentina. Estos fueron añadidos a la Universidad Nacional de San Juan, porque cuatro de las víctimas atribuidas a Malatto, todas desaparecieron entre 1976 y 1977, eran estudiantes del Ateneo.
El 11 de julio, el gobierno argentino había anunciado el pasado 11 de julio que no quería formar un partido civil y seguir siendo sólo la parte ofendida en el proceso.
Estos son los nombres de las ocho víctimas: Juan Carlos Campora, Marie Anne Erize Tisseau, Jorge Alberto Bonil, Angel Josè Alberto Carvajal, Daniel Rodolfo Russo, Armando Alfredo Lerouc, Marta Elida de Lourdes Saroff y Florentino Arias.
Los abogados del partido civil son: Luca Ventrella para la Presidencia del Consejo de Ministros; Andrea Speranzoni para el Partido Comunista Argentino (caso Carvajal); Arturo Salerni para los casos Erize, Carvajal, Lerouc, Saroff y Campora; Mario Angelli para los casos Russo, Carvajales y la Asociación Apdu; Francesca Sassano para los casos Erize, Lerouc, Saroff y la asociación 24 de marzo Onlus; Alicia Mejía para el caso Carvajal; Marta Lucisano para los casos Saroff y Campora; Alessia Liistro para el caso Arias; Emma Persichetti para los casos Sar off y Lerouc.
Los abogados de la parte ofendida son: Arturo Salerni por la República Argentina, Antonello Madeo y Alessandra Torrelli por el Partido Demócrata (caso Carvajal); Mario Angelli por el Sindicato Cgil (caso Saroff); Martina Felicori por el Sindicado Uil (caso Arias); Emma Persichetti por el sindicato Cisl (caso ruso) y la asociación Rfdu.
APDH Argentina
Partito Democratico
CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro
CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
UIL – Unione Italiana del Lavoro
Universidad Nacional de San Juan UNSJ
Jorge Ithurburu
Horacio Pietragalla Corti
Publicado el

MALATTO BUSCA DEMORAR SU JUZGAMIENTO EN ITALIA

El exmilitar argentino Carlos Luis Malatto pidio este lunes en Roma ser juzgado por un tribunal militar de Italia, país al que se fugó en 2011, y no por uno civil, por los crímenes que se le imputan en el Plan Cóndor, el sistema represor de las dictaduras latinoamericanas en las décadas de 1970 y 1980, informo Jorge iturburu, presedente de 24marzo.it, principal impulsora de la causa contra el profugo genocida.
La jueza del Tribunal de Roma, Marisa Mosetti, debía decidir este lunes si abría el proceso contra Malatto pero, ante su petición, ahora tendrá que aclarar primero en otra vista el 4 de noviembre si depende de la jurisdicción militar, explicó Iturburu.

En caso de que se desestime la opción de un proceso militar, se celebrará otra audiencia el 2 de diciembre para, esta vez sí, decidir si se abre el proceso penal en su contra.
Malatto, que en octubrecunple 75 años, se fugo de Argentina y llegar a Italia en 2011, donde reside en la ciudad de Messina (sur), hasta que en 2015 el Ministerio de Justicia italiano dio luz verde a una investigación sobre él tras recibir una denuncia.
La Fiscalía de Roma le imputa el asesinato de ocho personas en el Plan Cóndor.
En la audiencia de ese lunes la defensa del exmilitar sostuvo que debía ser procesado por la Justicia militar italiana porque sus actos en aquellos años, alegó, eran para combatir a “organizaciones terroristas”.
A su parecer, el acusado cumplió “órdenes militares” en medio de “una guerra” entre la dictadura de Jorge Rafael Videla y grupos opositores y guerrilleros como los montoneros, los tupamaros y el Ejército Revolucionario del Pueblo.
Una tesis que el fiscal, Stefano Opilio, no comparte ya que cree que sus acciones constituyeron “delitos políticos, no militares”.
En la vista de hoy en el Tribunal de Roma se sumó como demandante la Universidad Nacional de San Juan pues cuatro de las víctimas que se le atribuyen a Malatto formaban parte de la misma, todos ellos desaparecidos entre 1976 y 1977.
Se trata del rector, Juan Carlos Cámpora; el estudiante de Ingeniería y miembro del Partido Comunista, Angel Jose Alberto Carvajal; el estudiante de Ciencias Sociales, Jorge Alberto Bonil, y el tipógrafo Florentino Arias.
Malatto ha acudido al aula del Tribunal de Roma y, según los presentes, pues la vista se celebró a puerta cerrada, “parecía bien físicamente”.
Italia juzgó durante años a decenas de militares de países como Uruguay, Bolivia, Perú o Chile por la muerte o desaparición de ciudadanos con nacionalidad italiana en Latinoamérica en el “Plan Cóndor”.
Todos fueron juzgados en contumacia, ausentes, con la excepción de uno de solo de los imputados, el represor uruguayo Jorge Néstor Troccoli, que vivía en libertad en Italia y que se encuentra en prisión condenado a cadena perpetua por aquellos hechos.