Algunos datos de la “Responsabilidad empresarial en las violaciones de derechos humanos en Argentina”

Aportes de la investigación académica y científica y articulaciones entre el Estado y la sociedad civil: principales conclusiones del estudio sobre responsabilidad empresarial (2014-2015)

Entre 2014 y 2015 se logró un avance significativo en el tema a partir de un trabajo de investigación interdisciplinario llevado adelante por una confluencia de cuatro instituciones: dos de ellas estatales, la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia entonces dependiente en forma directa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y dos de la sociedad civil: el Área de Economía y Tecnología de FLACSO y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Un equipo de cerca de 20 integrantes estudió en profundidad 25 empresas de seis regiones del país, con una metodología y un abordaje sistemáticos, utilizando una base empírica que incluyó documentos de archivos públicos y privados, fuentes de prensa, documentación judicial y entrevistas orales, entre muchos otros.

A partir de una mirada de conjunto se logró identificar la incidencia porcentual de las formas de participación empresarial en la represión en los 25 casos abordados, los cuales mostraron patrones de funcionamiento repetidos. Se sistematizó la información relativa a diversas prácticas que implicaron tipos de aportes de las figuras y estructuras empresariales, incluyendo desde la provisión de recursos logísticos y materiales hasta la presencia de altos funcionarios corporativos en los procesos represivos.

PARA LEER COMPLETA la publicación “Responsabilidad empresarial en las violaciones de derechos humanos en Argentina”

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/07/unidad_24x17_18_04_2022_web.pdf

“Responsabilidad empresarial en las violaciones de derechos humanos en Argentina”

La Secretaría de Derechos Humanos presentó la publicación

El lanzamiento se realizó este jueves en el Archivo Nacional de la Memoria.


El panel de apertura contó con la participación del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, acompañado por la coordinadora de la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad Cometidos con Motivación Económica, Victoria Basualdo, y la directora nacional de Gestión de Fondos Documentales, Andrea Copani.

“Quiero destacar el compromiso de los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría que trabajaron en este proyecto” señaló Pietragalla Corti durante el encuentro y agregó que “es fundamental para nosotros poder llegar a través de esta publicación a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras, a los compañeros y compañeras de los barrios, para poder transmitir una mirada que permita comprender la vinculación entre el modelo económico que buscó instalar la dictadura y los proyectos neoliberales del presente”.

El Secretario, además, señaló que “el proyecto político que llegó de mano de los militares quería instalar un modelo económico, y claramente la persecución a las trabajadoras y trabajadores organizados era un punto focal porque era el lugar donde estaba la resistencia”. En este sentido resaltó que “profundizar la discusión sobre la responsabilidad empresarial y su complicidad con la dictadura nos permite traducir el pasado y abordar las problemáticas del presente para que no ser engañados nuevamente por proyectos políticos neoliberales que sólo traen dolor y tristeza a nuestro pueblo”.

Por su parte, Andrea Copani sostuvo que el texto se enmarca en una línea de trabajo definida por la Secretaría desde el inicio de la gestión “que prioriza este eje de trabajo de delitos económicos vinculados a crímenes de lesa humanidad, y fundamentalmente la línea de responsabilidad empresarial”, promoviendo el trabajo articulado con diferentes áreas y equipos.

En tanto que Victoria Basualdo resaltó la voluntad de visibilizar a través de la publicación “el papel de los trabajadores y trabajadoras como sujetos centrales de la historia, lo cual tiene estrecha relación con la modalidad elegida para la presentación de esta publicación, a partir de un encuentro con representantes de organizaciones sindicales, que tienen una larga trayectoria de acciones e iniciativas en este campo que resulta muy valioso reconocer y profundizar”.

En ese marco, se compartieron además las líneas de trabajo que se llevan adelante desde la Secretaría de Derechos Humanos sobre el eje temático de la responsabilidad empresarial y en particular la tarea que desarrolla la Unidad especial de investigación, quien produjo la publicación presentada.

Una vez finalizado el panel de bienvenida, se dio inicio a un espacio de trabajo y debate que contó con la presentación del diputado nacional Hugo Yasky, quien expresó su reconocimiento por “el trabajo que ha realizado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a todo el equipo de trabajadores y trabajadoras que está haciendo una tarea que no tiene precedentes en ninguna parte del mundo”.

Durante su intervención, Yasky afirmó que “la clase trabajadora fue víctima desde primer momento de ese terrorismo, desde que se inventó la triste ´subversión fabril´, que apuntó a poner en la mira a los militantes sindicales y cuerpos de delegados. De hecho, la persecución se realizó antes de la instauración de la dictadura, con fuerzas paramilitares y financiadas por los grupos de empresarios”.

El diputado y referente de la CTA destacó además que “nuestros compañeros y compañeras van a poder y saber usar este trabajo, no para mirar al pasado sino para las disputas del presente, por eso les agradezco esta publicación”.

En esta instancia del encuentro, además, hubo dos rondas de exposiciones sobre los ejes temáticos sindicalismo y derechos humanos, responsabilidad empresarial y represión a trabajadores y trabajadoras y sindicalistas, con la participación de representantes de distintos organismos del estado, investigadores de la Secretaría y de distintos equipos académicos, integrantes de organismos de derechos humanos, periodistas y representantes sindicales, entre otros.

Expusieron sus experiencias trabajadores, trabajadoras y representantes de un amplio arco de organizaciones, incluyendo la Intersindical de Derechos Humanos, la Asociación Gremial de Trabajadores/as del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, la Unión Obrera Metalúrgica, la Asociación del Personal Aeronáutico, la Federación Gráfica Bonaerense, La Bancaria, y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), contando además con la presencia de dirigentes de otras organizaciones, como la Organización Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA), y con el análisis de experiencias llevadas adelante con otras organizaciones como la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA).

ANULAN EL FALLO QUE IMPEDIA EXTRADITAR AL CURA TORTURADOIR

La Corte italiana abrió la puerta para extraditar a un cura represor argentino

La Corte italiana abrió la puerta para extraditar a un cura represor argentino

Ailin Bullentini

Por Ailin Bullentini

Anuló el fallo que impedía que el excapellán prófugo Reverberi Boschi fuera enviado al país para juzgarlo por torturas y homicidios perpetrados en la dictadura.

En una sentencia considerada histórica, la Corte Suprema de Casación de Italia reabrió el camino de extradición de Franco Reverberi Boschi, el excapellán del Ejército acusado de delitos de lesa humanidad, entre ellos secuestros, torturas y homicidios perpetrados en Mendoza durante la última dictadura cívico militar eclesiástica. La Justicia argentina solicitó en dos oportunidades a su par italiana que envíe al religioso, que vive desde hace una década en el centro-norte de Italia, para poder ser sometido a juicio en el país. Ambos pedidos fueron rechazados en primeras y segundas instancias, destino que ahora el máximo tribunal revirtió.

“La Corte Suprema nos ha dado la razón. Reverberi Boschi no es un pobre curita anciano que ejerció en la legalidad durante los años de plomo en Argentina, como dijo la Cámara de Apelaciones, sino un tipo que pisó un centro clandestino en el momento en el que había personas cautivas que estaban siendo torturadas. Hemos logrado un paso fundamental, una victoria”, interpretó Jorge Ithurburu, presidente de la organización referente de derechos humanos italiana 24Marzo Onlus, que impulsa expedientes locales e internacionales contra represores latinoamericanos prófugos en Italia. La organización no ha logrado iguales resultados con otros represores, entre ellos el uruguayo Jorge Troccoli, que fue juzgado en Italia por su participación en el Plan Cóndor; o el represor argentino Carlos Malatto, al que se intenta juzgar por delitos de lesa humanidad perpetrados en Mendoza.

La audiencia ante el Tribunal Superior de Italia se llevó a cabo en Roma y contó con la participación de la Embajada argentina. En la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación consideraron el fallo supremo como una “muy buena noticia”. “La decisión habla de que el pedido de extradición de Argentina estaba sustentado en hechos graves”, evaluó el director de Asuntos Jurídicos, Federico Efron. Arturo Salerni, el abogado integrante de 24Marzo Onlus que representó a Argentina en el expediente de extradición de Reverberi Boschi, explicó que la Corte “aceptó” el recurso con el que se le reclamó que anulara la decisión de la Cámara de Apelaciones de Bologna de cerrarle la puerta a la extradición al represor argentino y “la devolvió a otra sección de ese tribunal para un nuevo examen”, indicó.

Horacio Pietragalla Corti@pietragallahora
Me reuní con la embajadora en el Vaticano María Fernanda Silva y el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, con quienes mantuve conversaciones sobre los archivos del período de la última dictadura que conservaría la Iglesia.

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Si bien no se conocen los argumentos del fallo supremo, la interpretación que realizan los abogados es que la decisión de la Corte significa un “reconocimiento de que Argentina tiene todos los elementos para indagar a Reverberi Boschi, que hay pruebas suficientes, que no hay argumentos excesivos”, analizó Ithurburu. En este sentido, Efron coincidió: “Para poder analizar el pedido de extradición de Reverberi Boschi es imprescindible comprender el contexto de terrorismo de Estado en el que actuó como capellán del Ejército, algo que la Cámara de Apelaciones de Bologna no tuvo en cuenta”.

 

La audiencia en Roma había comenzado con una buena señal. La procuración general ante la Corte apoyó la postura argentina. “En otras ocasiones se había pronunciado en contra de la solicitud de extradición, pero esta vez consideró que el recurso se basó en la existencia de pruebas suficientes en contra de Reverberi”, subrayó Salerni. La Procuración retomó los planteos presentados ante la Corte por Salerni. “Sostuvimos que Reverberi Boschi estuvo presente en La Departamental, que participaba en modo activo de las torturas a personas allí secuestradas, que por lo tanto era parte del grupo de tareas, y que uno de los destinos de las personas allí detenidas era el de su desaparición, o sea de su homicidio. Por último sostuvimos que está probado que Berón estuvo detenido en La Departamental en el período en que se lo vio a Reberveri Boschi allí”, detalló el abogado.

 

La Justicia federal argentina solicitó la extradición de Reverberi Boschi en dos oportunidades. Primero en 2013, sin éxito. Ocho años después lo reiteró, aprovechando un cambio en la legislación italiana, que incorporó el delito de tortura al Código penal local. La solicitud busca indagar al excapellán por su participación en el homicidio de José Berón y los secuestros y las torturas que padecieron otras diez personas durante su cautiverio en el centro clandestino que funcionó en San Rafael, Mendoza, conocido como “La Departamental”.

 

En 2012, Reverberi Boschi se fugó a Sórbolo, en la región de Parma, Italia, donde nació hace 85 años, tres meses antes de que la Justicia argentina lo citara a prestar declaración indagatoria por su participación en crímenes de lesa humanidad en San Rafael, Mendoza, donde ejerció como capellán del Ejército. Sobrevivientes del centro clandestino que funcionó en el Palacio de Justicia de esa ciudad cuyana durante la última dictadura, lo acusaron en el marco del juicio de lesa humanidad que se llevó a cabo en la provincia en 2010.

 

Roberto Flores testificó que el capellán era “habitué” de La Departamental durante las sesiones de tortura a las que eran sometidas las personas cautivas en ese centro y que les sugería a los secuestradores que “colaboraran” con los represores “para tener alivio espiritual”. Sergio Chaki también declaró haberlo visto durante su cautiverio y creyó que el capellán “andaba calzado” por los pasillos del lugar de detención ilegal. Mario Bracamonte en tanto, aseguró haberlo visto al cura “en cuatro oportunidades”, entre ellas el 9 de julio de 1976 cuando era sometido a “una paliza”. Hugo Riera, otro sobreviviente, aseguró haberlo visto en el centro clandestino que funcionó en la sede de Infantería de la Policía de Mendoza.

https://www.letrap.com.ar/nota/2022-6-30-12-9-0-cfk-2023-es-la-unica-dirigente-que-genera-esperanza-lanzo-larroque

El 4 de julio se conocerá el veredicto en la causa por “vuelos de la muerte”

26-06-2022 09:28 – LESA HUMANIDAD

La causa investiga los crímenes de Adrián Rosace, Adrián Accrescimbeni, Rosa Corvalán y Roberto Arancibia, quienes fueron secuestrados y mantenidos cautivos en Campo de Mayo, y cuyos cuerpos aparecieron en las costas de Magdalena, Punta Indio y Las Toninas.

POR SILVINA CAPUTO
26-06-2022 | 09:28
El prximo 4 de julio el Tribunal Oral Federal N2 de San Martn dar a conocer la sentencia

El próximo 4 de julio el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín dará a conocer la sentencia

El veredicto en el juicio por los llamados “vuelos de la muerte” en Campo de Mayo se conocerá el próximo 4 de julio, cuando el Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín dé a conocer la sentencia en la causa que investiga los crímenes de cuatro víctimas, cuyos cuerpos aparecieron en la costa bonaerense.

El debate, marcado por los testimonios de decenas de exconscriptos de aquellos años, comenzó en octubre del 2020, y según dijo a Télam Pablo Llonto, abogado de la querella, “hay mucha expectativa respecto del veredicto porque el proceso contó con elementos probatorios muy fuertes, y muy sustanciales”.

Del mismo modo se pronunció Ciro Annicchiaricho, querellante por parte de la secretaría de Derechos Humanos, quien dijo a esta agencia que “hay gran cantidad de material probatorio, por lo cual la expectativa sobre la sentencia es total”.

La audiencia -que se realizará de forma presencial- está prevista para las 9.30 y comenzará con las últimas palabras de los acusados, en tanto que se transmitirá por el Canal La Retaguardia, indicaron los familiares de las víctimas.

Desde la querella, Llonto dijo que “la prueba ha sido muy específica, muy abarcativa de todos los elementos”, y entre ellos, citó “la aparición de restos humanos en la costa, los testimonios sobre esas cuatro víctimas (cuyos cuerpos fueron arrojados) vistas en Campo de Mayo; y sobre todo, los testimonios de los colimbas”.

Estos fueron recogidos, en particular, gracias a una campaña realizada desde el Estado en los años 2011 y 2012, que “generó que muchos que hicieron la colimba, se presentaran espontáneamente a declarar”.

Hay gran cantidad de material probatorio la expectativa sobre la sentencia es total

“Hay gran cantidad de material probatorio, la expectativa sobre la sentencia es total”

En este sentido, el letrado añadió que la particularidad del juicio tuvo que ver con que “hubo muchos testimonios de gente común, es decir, de personas que en aquel momento no estaban involucradas ni en la militancia, ni en el Ejército”.

“En este punto, fue trascendental, el relato de los jóvenes que hicieron al colimba y que declararon, sacándose así una fuerte mochila de encima, algo que se pudo apreciar en la emoción que demostraron muchos de ellos en las audiencias”, puntualizó el abogado, y lo contrapuso con el “desparpajo de los acusados al negar todo lo sucedido”.

Del mismo modo, Rodolfo Novillo, hermano de Rosa Corvalán, una de las víctimas, se mostró muy “esperanzado” en que “después de estos más de 40 años de sucedidos los hechos, pueda haber, no sé si justicia, pero al menos paz, para que mi hermana descanse como nunca pudo hacerlo”.

Para el mes próximo, se prepara un acto de homenaje en honor a Rosa Corvalán y a los 30 mil detenidos desaparecidos, que se realizará en Córdoba, en la Plaza de la Memoria de Villa Allende.

Rosa fue desaparecida en 1976 y su cuerpo encontrado meses después, ya en el año ´77, en la costa bonaerense, donde la Policía Federal lo enterró como NN hasta que finalmente se pudo acceder al análisis forense de los restos y se constató su identidad.

Durante el juicio, se analizó las responsabilidades de un grupo de militares retirados en el secuestro, las torturas y el homicidio de cuatro personas en total, entre ellos, los estudiantes secundarios Adrián Rosace y Adrián Accrescimbeni, Rosa Corvalán y Roberto Arancibia, que fueron secuestrados y mantenidos cautivos en Campo de Mayo, y cuyos cuerpos aparecieron en las costas de Magdalena, Punta Indio y Las Toninas y fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Al inicio del debate, fueron cinco los acusados: el jefe de Comando Institutos Militares y multicondenado por crímenes de lesa humanidad, Santiago Omar Riveros, y los militares retirados Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza, Eduardo Lance y Alberto Conditi.

Pero este último quedó fuera del juicio meses después de iniciado, debido a un deterioro irreversible en su salud.

A excepción de Riveros, el resto de los acusados eran pilotos militares e integraban diferentes áreas del Batallón de Aviación 601 que funcionaba en Campo de Mayo.

Por su parte, la fiscalía solicitó condenas de prisión perpetua para los cuatro acusados.

El pedido de penas del fiscal federal Marcelo García Berro y la auxiliar fiscal Mercedes Soiza Reilly coincidió con las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos, la provincia de Buenos Aires y las que representan a familiares de víctimas particulares.

La fiscal Soiza Reilly dijo a esta agencia que “aún antes de escuchar la sentencia, este juicio ha logrado desentrañar el aparato represivo que permaneció oculto hace más de cuatro décadas, donde sus autores lograron una impunidad inconcebible en un Estado de derecho”.

“El juicio permitió reconstruir el aparato represivo que hizo posible la realización de los vuelos de la muerte en Campo de Mayo” y que “no fue una tarea sencilla, por un lado, porque la mayoría de las víctimas del Campito están desaparecidas, y por el otro, por el hermetismo que se dio desde la propia fuerza”, según explicó.

Durante la pandemia las audiencias se realizaron de manera remota

Durante la pandemia las audiencias se realizaron de manera remota.

Y agregó: “La premisa de la que partieron los autores de estos crímenes fue el silencio” pero “con el devenir de la democracia, algunos pocos militares confesos y sobre todo, los pocos sobrevivientes del Campito dieron cuenta de la existencia de esta mecánica de muerte y fue así, como más de cuarenta años después estamos juzgado históricamente este tramo criminal”.

“Las expectativas que tenemos con este juicio son muy altas, el material probatorio que materializamos en el juicio fue contundente para probar la participación de cada uno de los responsables acusados”, afirmó la fiscal.

Desde la querella, Llonto añadió que “siempre se supo que el método de exterminio en Campo de Mayo eran los vuelos” pero que “no se conocía la metodología dentro de Campo de Mayo” algo que pudo saberse gracias a los testimonios de los exsoldados.

Por el juicio pasaron alrededor de 60 testigos.

Llonto también puso en valor la inspección ocular que se realizó en Campo de Mayo “en plena pandemia” donde “vimos los aviones utilizados que estaban allí abandonados, de origen italiano, a los que ellos les decían, Herculitos”.

“Algunos de ellos están individualizados y alguno de ellos se va a colocar en lo que será en Campo de Mayo, un espacio de memoria”, sumó el letrado.

En tanto, Novillo añadió que para los familiares, llegar a conocer el veredicto tiene que ver con “cerrar un círculo” y contó que debido a la importancia que tendrá para los seres queridos, “hemos pedido, ese día poder ingresar a la audiencia”.

“Queremos presenciar la lectura de la resolución de este tema, después de todo lo que hemos vivido. Creo que será un cierre para esta historia dramática”, concluyó.

UN PRÓFUGO EN LA VIÑA DEL SEÑOR

Italia define si extradita al cura Franco Reverberi Boschi, acusado de torturas en dictadura

En los primeros días de 2021, una periodista del diario romano La Repubblica llegó a la parroquia Santi Faustino y Giovita de Sorbolo, una pequeña comuna de 9.000 habitantes en Parma, y preguntó por el cura Franco Reverberi Boschi, prófugo de la Justicia argentina desde 2012 y acusado de haber asistido sesiones de tortura en el centro clandestino de detención “La Departamental” en San Rafael, Mendoza, durante la dictadura militar. Reverberi no estaba, pero sí un colega suyo, el párroco de la diócesis, quien comentó mientras limpiaba la iglesia: “Hace unos días, cuando ustedes periodistas llegaron a Sorbolo, le escribí al obispo para decirle que buscaban a Don Franco. El obispo me respondió que les diera una trompada en los dientes”.

En ese momento la fiscalía de San Rafael preparaba su segundo pedido de extradición contra Reverberi, protegido no sólo por la Iglesia católica sino también por la Justicia italiana, que ya se había negado a entregarlo en 2013. Varios sobrevivientes de La Departamental denunciaron en los juicios de lesa humanidad en la provincia que el sacerdote acompañaba a los represores cuando repartían picana, golpes y “submarino”. Casi siempre vestía de oscuro, aunque a veces se aparecía de fajina militar. Andaba con una Biblia y dejaba ver una pistola enfundada en una sobaquera. Decía a los interrogados que debían arrepentirse y hablar. Un ex militante recordó que durante la tortura el cura lo alentó a colaborar para tener “alivio espiritual”.

Reverberi, de 84 años, está acusado de partícipe secundario en diez casos de secuestros y torturas y en el asesinato de José Berón, militante del ERP aún desaparecido, y como miembro de una asociación ilícita junto a los represores de la Casa Departamental, sede de los tribunales provinciales en San Rafael. La Justicia italiana ya rechazó dos veces su extradición, difícil de lograr en casos de personas con doble ciudadanía. En 2013, una corte de apelaciones local argumentó que el delito de tortura no era imprescriptible según el Código Penal italiano. El asesinato de Berón aún no se le había imputado al cura. Este año, la Justicia italiana volvió a negar el reclamo argentino y no dio ningún valor a la prueba reunida sobre el caso Berón, asesinado y desaparecido en la época en que Reverberi se paseaba por La Departamental.

En las próximas semanas, la Argentina tendrá su última chance de intentar repatriarlo. La Corte Suprema de Casación italiana, máximo tribunal de apelaciones del país, resolverá definitivamente en una audiencia a fin de mes si lo extradita o no. La fiscalía y las querellas tienen tiempo hasta el 15 de junio para reforzar las pruebas contra el sacerdote. A los denunciantes y fiscales se suma esta vez el gobierno argentino, representado por la Secretaría de Derechos Humanos, que por primera vez actúa como parte interesada en procesos fuera del país contra acusados por el terrorismo de Estado. Mientras tanto, Reverberi sigue dando misa los domingos.

“Más allá de mostrar nuestro interés en que Reverberi sea juzgado en la Argentina, es muy probable que no nos den la extradición porque técnicamente la normativa jurídica italiana no lo permite −dice el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien en los últimos días estuvo en Italia para impulsar la participación del gobierno argentino en el caso Reverberi y en los procesos contra otros dos represores refugiados en ese país, Jorge Troccoli y Carlos Malatto−. Por eso creemos que sería muy importante que lo juzguen allá, que un país como Italia acompañe el proceso de Justicia argentino y no deje pasar delitos como los que se imputan a Reverberi”.

 

 

 

Su nombre se ventiló por primera vez en un juicio en 2010, cuando se celebró el primer debate por crímenes de lesa humanidad en Mendoza y cuatro sobrevivientes describieron su presencia asidua en el CCD y los interrogatorios. Mario Bracamonte, ex militante de la JP, dio uno de los testimonios más contundentes. Recordó la presencia de Reverberi en un episodio puntual, la noche del 9 de julio de 1976, a temperaturas bajo cero, cuando después de torturarlos los hicieron arrastrarse sobre su sangre en el piso. Esa noche la patota se ensañó con un sindicalista de la UOM al que ahogaron en un balde. Reverberi observaba. Cuando Bracamonte levantó la cabeza buscando la mirada del cura, recibió una patada de un oficial: “¿Qué mirás, negro?”.

Al igual que otros sobrevivientes, Bracamonte era católico y conocía desde antes a Reverberi porque era párroco de San Rafael. En el juicio de 2010, el cura fue llamado a declarar como testigo. Dijo que nunca había estado en La Departamental y que el Ejército lo había designado como capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael recién en 1980. Sin embargo, según la prueba documental reunida por la fiscalía, Reverberi había reconocido en una nota que venía prestando funciones desde antes de su nombramiento.

Tras las declaraciones de los sobrevivientes, la fiscalía pidió su indagatoria. Pero Reverberi abandonó el país un par de meses antes de que el juez lo llamara a declarar. Se instaló en Sorbolo, su tierra natal, que había dejado a los 11 años junto a sus padres emigrados a la Argentina. En 2012, la Justicia argentina lo declaró en rebeldía y pidió su extradición. Interpol emitió una orden de captura internacional −hoy caducada−, pero Reverberi ya se encontraba en tierra segura. Desde entonces siempre respondió a los oficios judiciales diciendo que no podía viajar a la Argentina por razones de salud. Da misa una vez por semana y confiesa fieles en la parroquia Santi Faustino y Giovita. Durante la pandemia ofreció sus servicios espirituales en formato virtual.

 

La orden de captura internacional.

 

Según la fiscalía, “Reverberi tenía conocimiento pleno de las detenciones ilegales de los nombrados y de las torturas a las que fueron sometidos” y “se movía con autonomía” en la Casa Departamental. “Es tan torturador el que enchufa el cable en la pared como el que enciende la radio para que no se escuchen los gritos, el que pasa la picana por los genitales de la víctima, o el que llega después a ‘aconsejarle’ que hable para no ser torturado nuevamente −anotaron los fiscales en el segundo pedido de extradición−. Ahora bien, cuando el que llega después a dar consejos es además un sacerdote que se maneja con autoridad ante los demás miembros del aparato represivo, entrando y saliendo a su antojo del centro clandestino, no es un torturador cualquiera, es uno calificado”. Su aporte no radicaba sólo en el hecho de presenciar las torturas sino además en el daño infligido a las víctimas: “Abandonados de todo, ya ni siquiera pueden confiar en Dios porque un ‘representante’ suyo está presente en ese infierno”.

La Iglesia católica está al tanto del caso desde el principio. Luego del primer pedido de extradición, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, querellante en la causa, le mandó una carta a Jorge Bergoglio, por intermedio del nuncio apostólico en Buenos Aires, para que “interceda, instruya, ordene, o cuanta acción considere útil, para que Franco Reverberi se allane al proceso judicial que se sustancia en la República Argentina, en el que se podrá demostrar su responsabilidad criminal o confirmar la presunción de inocencia en el marco del goce pleno de las garantías constitucionales y el estado de derecho democrático”.

El Papa también recibió un mensaje judicial sobre la actuación de Reverberi en la dictadura. En 2017, el Tribunal Federal Oral 2 de Mendoza resolvió en un veredicto sobre crímenes cometidos en varios CCD de la provincia “liberar oficio al Jefe del Estado del Vaticano a fin de poner en su conocimiento la grave intervención de sacerdotes de la diócesis de San Rafael en crímenes de lesa humanidad”, en alusión al cura. Hasta ahora, la Iglesia apenas tomó nota.

En 2015, el historiador Lucas Bilbao y el sociólogo Ariel Lede, autores del primer estudio exhaustivo sobre el vicariato castrense durante la dictadura, precisaron en un informe entregado a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que al menos 102 sacerdotes ejercieron su ministerio en unidades militares donde funcionaron centros clandestinos. Entre ellos identificaron a 22 sobre los que pesaban sospechas de complicidad u ocultamiento de información sobre las víctimas. Sin embargo, hasta hoy el ex capellán Christian von Wernich sigue siendo el único miembro de la Iglesia católica condenado por el terrorismo de Estado.

Durante su viaje a Italia, Pietragalla se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, para tantear si es posible abrir un trabajo conjunto sobre los documentos de la época de la dictadura que conserva la Iglesia. El funcionario también tuvo un encuentro privado con Jorge Bergoglio, en el que le dio un pantallazo general sobre la política de derechos humanos del gobierno. En ninguna de las dos reuniones se habló de Reverberi. A esta altura no hay expectativas sobre una medida eclesiástica, al menos un gesto, con respecto al cura prófugo.

Un prófugo en la viña del señor

LA ESCASEZ DE ROSENKRANTZ

Las expresiones de Rosenkrantz demuestran ignorancia del derecho vigente y desprecio por la dignidad humana

Si bien las afirmaciones tuvieron trascendencia mediática, la posición expresada no sorprende. Rosenkrantz es el juez que ha liderado el rumbo regresivo de la Corte. De ello se ha dado cuenta en estas páginas (Sebastián Serrano Alou, en “Los débiles y el poderoso”, 10/10/2021; Guillermo Torremare, en “La Corte Suprema, a contramano”, 7/11/2021; Eduardo Tavani, en “Contra la banda de los cuatro”, 8/05/2022).

En el marco del derecho a la libertad de expresión, las manifestaciones aludidas serían las esperables de un político profundamente reaccionario y solo darían lugar a una fácil réplica. El problema es que las expuso un juez que integra el máximo tribunal de la Nación, encargado de garantizar el acabado cumplimiento de la Constitución Nacional.

Estamos en problemas porque justificar que las necesidades humanas no sean satisfechas bajo pretexto del costo que esa satisfacción implica está muy lejos del paradigma constitucional que Rosenkrantz debe asegurar a la sociedad argentina.

La Constitución Nacional prescribe que se deben sancionar leyes que establezcan “acciones positivas para garantizar la igualdad real de oportunidades y trato y el pleno goce de los derechos reconocidos por esta Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos” (artículo 75, inciso 23). Los derechos reconocidos por nuestra Constitución y los tratados son, precisamente, los que vienen a satisfacer las necesidades de la población con el propósito de que la vida humana sea digna.

El Estado está obligado –tanto por las normas que ha sancionado como por los tratados internacionales que ha suscripto– a respetar y garantizar esos derechos. El cumplimiento de esa obligación es lo que brinda legitimidad al Estado.

El Poder Judicial tiene el deber de hacer respetar y cumplir aquella obligación. Lo debe hacer atendiendo favorablemente a los reclamos que lleguen en busca de eliminar fallas y corregir omisiones en las políticas públicas vinculadas a la concreción de derechos. Y más aún, los jueces y las juezas pueden y deben obligar al legislador y al gobierno a asegurar el cumplimiento de las directivas constitucionales en materia de derechos.

La postura asumida por Rosenkrantz es marcadamente inconstitucional porque va en sentido opuesto al deber que tiene el Poder que integra. El caso revela la grave y curiosa paradoja de que quien tiene el deber de hacer respetar la Constitución se expresa enfática y públicamente en contra de su mandato.

Dada la consagración constitucional de los derechos, especialmente los económicos y sociales, el deber estatal de proveerlos se impone. Que el Estado se tome ello en serio significa que se tome en serio también un concepto enarbolado por Rosenkrantz en su triste alocución: la escasez.

La escasez es el nombre que se le da a la distribución desigual de los recursos públicos y nacionales. La escasez es un problema político que resulta de priorizar intereses de los poderes establecidos por sobre las necesidades de las mayorías. Frente a la escasez nuestro régimen constitucional de derechos humanos fija prioridades de asignación imperativas a favor de los sectores vulnerados.

El análisis de la cuestión, cruzado por una fuerte tensión social, tiene una premisa insoslayable: toda distribución inequitativa de los recursos es incompatible con la Constitución Nacional. Y por lo tanto una única conclusión posible: el Estado debe utilizar todas las herramientas políticas que están a su alcance a fin de dar cumplimiento al mandato constitucional.

Cuando subsiste una necesidad porque no se cumple con el derecho que la satisfaga, la obligación de los tribunales de justicia es intimar al Estado a que use sus recursos en pos del cumplimiento del ideal constitucional.

Ningún juez o jueza puede ser neutral frente a los valores que la Constitución consagra. Mucho menos negarlos so pretexto de su costo. Las expresiones de Rosenkrantz demuestran una profunda ignorancia de nuestro derecho vigente y un gran desprecio por la dignidad humana.

 

 

 

 

* El autor es presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

EL COMODORO QUE NUNCA ESTUVO

AUDIENCIA 73 / UN ITINERARIO DE LICENCIAS Y CURSOS

03-06-2022 | Declaró Carlos Santa María y con él concluyeron las ampliaciones indagatorias de los acusados. El excomodoro de la Fuerza Aérea repitió el descargo que realizó para el sexto juicio y alegó licencias que lo alejaron de Mendoza al momento de cometerse los secuestros que se le adjudican. La próxima audiencia será excepcionalmente el lunes 13 de junio, con horario a confirmar.

Se oyó la última declaración voluntaria de los imputados para su defensa. En 2018 Santa María fue condenado por el secuestro y la desaparición de Mauricio López en el campo de tiro Las Lajas. En este juicio debe responder por las detenciones, también ocurridas en 1977, de Horacio Ferraris, Osvaldo Zuin, María del Carmen Marín, Carlos Marín y Juan Ramón Fernández —las últimas cuatro, víctimas de desaparición forzada— en ese centro clandestino de detención (CCD) de la Fuerza Aérea. Además, se lo imputó por los secuestros de abril de 1977 y de mayo de 1978, operativos conjuntos en los que participó la Aeronáutica. La próxima jornada se debatirá la incorporación de prueba como paso previo al comienzo de los alegatos.

De licencia en licencia

Carlos Santa María ratificó ante el tribunal del noveno juicio sus declaraciones previas. La justificación que esgrimió coincide con aquella ofrecida en 2018: al momento de los hechos estuvo siempre de licencia, fuera de Mendoza o realizando entrenamiento en zona de montaña.

En 1976 se desempeñaba en la IX Brigada de Comodoro Rivadavia. En diciembre le informaron que sería trasladado a Mendoza, a la Compañía de Policía Militar perteneciente al Escuadrón Tropa, porque en 1977 ingresaban nuevas camadas de soldados que requerían instrucción. No obstante, su licencia anual, tomada entre el 16 de diciembre de 1976 y el 18 de enero de 1977, la pasó en Buenos Aires, donde debió operarse de un forúnculo anal. El reposo lo hizo en casa de su suegra. Las historias clínicas no existen, explicó, porque fue atendido en la guardia y en ese momento no se asentaban. La licencia tampoco consta en su legajo.

De acuerdo al imputado, su llegada a la IV Brigada se produjo el 18 de enero de 1977. La primera semana se dedicó a presentarse ante sus superiores, a recibir directivas y a resolver cómo sería su actividad de vuelo. La segunda semana ya se habían incorporado los soldados y entre el 2 y 5 de febrero fueron trasladándose a Potrerillos, donde todo el Escuadrón Tropa debía recibir un mes de instrucción de campaña.

En ese lapso, únicamente “bajó” a la IV Brigada para cumplir con la actividad de vuelo, los días 12, 13 y 14 de febrero. El 3 de marzo Santa María sufrió un derrame en la herida y fue evacuado hasta el Hospital Militar. Al día siguiente lo operaron “con anestesia total” y estuvo 31 días con parte de enfermo: diez días en el hospital, otros diez en el Casino de Suboficiales —que era su domicilio— y finalmente pudo viajar a Buenos Aires a completar su recuperación. Este traslado coincidía con la fecha prevista para su casamiento, que se concretó el 4 de abril. Por su estado, explicó, debió cancelar la luna de miel en el extranjero. Esto habría sido corroborado por una tía de su esposa y vecina.

De acuerdo a su relato, regresó a Mendoza recién el 24 de abril, luego de pasar unos días en su ciudad natal, Diamante, Entre Ríos, donde asistió al casamiento de un primo hermano el 15 de ese mes. El acusado solicitó que el hombre, Raúl Ángel Morales, fuera llamado a brindar testimonio. Luego, cerca del 20 de abril, pasó a saludar a unos tíos de Córdoba que lo habían alojado en esa provincia durante su instrucción como aviador. Por tanto, según Santa María, no puede responder por los hechos de abril de 1977 dado que se encontraba “a más de mil kilómetros de distancia” y en mal estado físico.

El imputado se propuso refutar aspectos de la acusación. En cuanto a sus roles y jerarquías, indicó que no tenía gran poder de mando porque ejerció la jefatura de la Compañía de Policía Militar y de la División de Inteligencia de la IV Brigada como capitán, es decir, era un oficial subalterno —también lo eran los primeros tenientes, tenientes y alféreces—. La cadena de mando, explicó, comenzaba en los oficiales superiores —brigadieres y comodoros— y solo vicecomodoros o mayores eran mandos intermedios en el rol de oficiales jefes.

Su actuación en la División de Inteligencia —negó que se identificara con el número II, correspondiente a esta división pero del Estado Mayor de la fuerza— habría sido marginal, puesto que no fue su destino interno ni su tarea primaria, sino una tarea especial. Argumentó que la dependencia actuaba únicamente dentro de la Brigada para garantizar la seguridad: una oficina “prácticamente de trámites”, abocada a emitir credenciales y a autorizar el ingreso de proveedores. No podía realizar tareas de inteligencia porque solo contaba con un suboficial. Por el contrario, la Regional Oeste de Inteligencia, dependiente de la División II de Inteligencia del Estado Mayor, sí tenía bajo su jurisdicción la provincia y provincias vecinas, por esa razón su jefe participaba de la Comunidad Informativa, expresó.

Además, aseguró que su dedicación a la División de Inteligencia fue tan escasa que al momento de la evaluación sugirieron removerlo del cargo. Los ascensos en su carrera militar se produjeron por su capacidad como piloto, no por su desempeño en inteligencia, sostuvo.

Respecto a las tareas de la Compañía de Policía Militar, refirió que tenía a su cargo la formación de soldados, no el apoyo operativo en procedimientos externos. Cualquier operativo fuera de la unidad era determinado por el Departamento de Operaciones y requería una orden firmada por el brigadier, argumentó Santa María. Descartó también que entre 1977 y 1978 hubiera existido una subunidad COIN.

El imputado negó haber armado guardias en centros clandestinos de detención, como indicó la fiscalía. La IV Brigada no habría tenido CCD y Santa María nunca habría pisado personalmente Las Lajas: “Una cosa es ser el dueño del campo, que una parte era dueña la IV Brigada Aérea y otra parte era arrendada, y otra cosa es lo que se puede haber desarrollado ahí”. El imputado declaró que desconocía los acuerdos que podría haber firmado su jefe con el comandante del Ejército: “Si ahí estuvo operando otra gente, no fue precisamente la IV Brigada”.

Se detuvo luego en los testimonios de dos exconscriptos. Mario Venditti, que hizo el servicio militar en 1977, fue sumariado por hurto en agosto de ese año. El soldado dijo que fue secuestrado el 10 u 11 de junio y en su legajo consta que el 29 de junio pasó a arresto en calabozo. Venditti declaró que estuvo cuatro meses detenido sin saber dónde, posiblemente Las Lajas, pero el expediente aclara que fue en la IV Brigada, remarcó Santa María. Tampoco habría sido correcta la dirección que mencionó para la Regional Oeste, que se instaló inicialmente en Emilio Civit 35 y recién en 1979 se trasladó a Alberdi y Godoy Cruz de Guaymallén.

En cuanto a Flores Tejada, el testigo reconoció a Santa María y a Carelli cuando descendían de un avión —no recordaba el modelo— un sábado de agosto o septiembre de 1977 junto a varias personas detenidas. El acusado quiso refutar este testimonio que lo compromete amparándose en la actividad legal de la fuerza: dijo que no podían viajar un avión militar de civil ni llevar una metralleta, como relató Flores. Tampoco podía aterrizar un avión clandestino en la IV Brigada. Agregó que desde diciembre de 1976 hasta principios de 1978 Carelli estuvo en Buenos Aires, por lo cual se conocieron tras su regreso. Por último, dado que Flores Tejada lo mencionó como jefe de Inteligencia, jefe de la Compañía de Policía Militar y piloto de helicópteros, Santa María aclaró que el curso de helicópteros lo hizo recién en 1978.

Eso sucedió porque debía completar horas de vuelo —su avión se encontraba averiado— y le propusieron pilotear helicópteros de montaña. Para ello fue enviado a Morón, donde tomó el curso básico en abril. Luego regresó a la IV Brigada y realizó el curso de alta montaña con otros tripulantes nuevos durante el mes de mayo. De esta forma, no sería posible responder por el operativo de mayo de ese año que también se le adjudica. Por último, agregó que mayo, junio y julio eran meses de mucha actividad para la Compañía de Policía Militar por el desfile del 25 de mayo o la entrega de uniformes, de modo que no quedaba tiempo para la tarea de Inteligencia y así lo refleja su calificación negativa y posterior desplazamiento del puesto.

Las preguntas

Al finalizar su declaración, el imputado accedió a responder preguntas. Su abogado, Carlos Benavídez, inició el interrogatorio que tenía programado, a pesar de que, en su relato, Santa María ya había dejado ciertas cosas claras. Ante las consultas del defensor, el procesado repitió que el 4 de abril del 77 se casó en Buenos Aires, y los días siguientes estuvo en Entre Ríos, atravesando una precaria situación de salud.

Benavídez retomó el tema de las vacaciones. Santa María contó que nunca se tomó las de enero del 76 y recién a finales de año hizo su descanso, entre el 16 de diciembre y el 18 de enero del año siguiente. Sin embargo, la licencia no aparece en la foja de calificaciones: un error de la oficina de Personal, indicó. Además, a pedido del abogado, el imputado explicó que Padorno, entonces jefe de la Regional Oeste de Inteligencia, integró la Comunidad Informativa desde su creación, el 1 de julio del 76.

Debido a la mención de Raúl Ángel Morales, el abogado solicitó que se lo llamara a prestar declaración, a pesar de que la instancia testimonial ya finalizó audiencias atrás. La fiscalía y la querella no se opusieron y el tribunal va a contactarlo, ya que Benavídez contaba con su domicilio y su teléfono de antemano. Por las contradicciones con la declaración de Flores Tejada, el defensor sugirió un careo, es decir, una confrontación de los dos testimoniantes. Sin embargo, la parte acusadora consideró innecesaria esta instancia, ya que los alegatos pueden servir para salvar la controversia. Además, el testigo ya expresó su negativa a declarar nuevamente porque no tiene elementos novedosos para aportar.

A continuación, el fiscal Daniel Rodríguez Infante aseguró que sus preguntas serían breves, pues el hombre juzgado ya ha sido interrogado anteriormente y sus indagatorias fueron similares. Hizo consultas acerca de cuestiones formales sobre la jefatura de operaciones, la diferencia con el grupo de operaciones, quién estaba a cargo, cómo se organizaba. Santa María no recordó.

Para finalizar, como la mencionó en su declaración, el interrogatorio fue sobre la Comunidad Informativa (CI): qué era, cómo estaba compuesta, cómo conocía su existencia. Con un abogado defensor nervioso y reticente a que responda —que repetidamente interrumpía para que no contestara sobre ese tema— Juan Carlos Santa María intentó evadir la pregunta. Sostuvo que había leído o estudiado sobre ella, aunque no precisó cuándo ni de qué fuente o reglamento: “La componen todos los organismos de inteligencia que participan en representación de una fuerza (…) Tenía conocimiento de la existencia porque forman parte de los sistemas de inteligencia”. Sin embargo, negó estar al tanto de la CI en Mendoza y su lugar de reunión.

La próxima audiencia es el lunes 13 de junio, en horario a confirmar, probablemente después del mediodía.

 

ELECCIONES EN COLOMBIA: FALSA DENUNCIA CONTRA PETRO

La Audiencia Nacional de España admitió una denuncia contra el candidato a presidente de Colombia

Así fue el falso secuestro de un periodista hace 40 años que ahora sirve a la campaña sucia contra Petro

La reconstrucción del secuestro del periodista español Fernando González Pacheco en Bogotá, en 1981, a través de testigos y periodistas de la época, echa por tierra la tesis de la denuncia que ha admitido la Audiencia Nacional de España contra el candidato de izquierda. No fue un secuestro, sino una entrevista pactada con el líder de la guerrilla M-19, donde militó Petro.

Seis de la tarde del miércoles 22 de julio de 1981. Una joven periodista llega a un restaurante en el barrio de La Soledad de Bogotá, una zona tranquila en la localidad de Teusaquillo, en el centro de la capital colombiana. Está nerviosa. Hace apenas unas horas un desconocido le ofreció por teléfono la posibilidad de entrevistar a Jaime Bateman Cayón, el máximo comandante del Movimiento 19 de abril, la guerrilla M-19, el hombre más buscado en aquel momento por las fuerzas del orden. Ella aceptó.

La memoria de Alexandra Pineda, periodista colombiana que cubrió la sección de Política en el diario El Espectador, retiene con viveza algunos detalles del secuestro falso del que fue objeto junto con el periodista y presentador Fernando González Pacheco aquel día de 1981. Para los datos que no logra recordar, remite a la crónica que publicó sobre aquellos hechos; un secuestro que en la historia reciente de Colombia ha quedado reflejado como lo que fue en realidad: una entrevista clandestina al líder guerrillero. La curtida periodista atiende a Público por teléfono desde París, donde reside desde hace décadas, y su memoria comienza a regalar valiosos retazos de la historia.

Apenas lleva cinco minutos en el restaurante cuando un coche, un pequeño vehículo Fiat o tal vez un Simca, para y la recoge. En el interior, en la parte trasera, un hombre grande acoplado en una difícil postura en el diminuto asiento la contempla. Es Fernando González Pacheco (1932-2014), el famoso presentador de la televisión colombiana. Su programa de entrevistas Cita con Pacheco tiene mucho éxito. Desde finales de los años cincuenta, el presentador, nacido en Valencia (España), conquista por su carisma a la audiencia colombiana.

“Yo lo admiraba. No le conocía en persona ni él a mí. Me confundió con otra periodista de El Espectador, María Teresa Herrán. Creía que ella asistiría a aquella rueda de prensa clandestina que el destino nos había preparado”, cuenta Pineda.

El coche se detiene frente a una casa. Unos guerrilleros con pasamontañas y Magnum automáticas en la mano les conducen a una sala con una mesa alargada y cuatro sillas. Al cabo de dos horas de espera, hace su aparición Jaime Bateman Cayón, conocido como el Flaco y comandante Pablo, un popular personaje que moriría dos años después en un accidente aéreo y a cuyo fallecimiento Gabriel García Márquez dedicó un reportaje.

La periodista queda impresionada con el carisma de Bateman: “Hablaba de paz, amaba la paz, creía en ella, nos dijo. Quería que Pacheco llevase una carta de paz al presidente Julio César Turbay [su polémico gobierno fue entre 1978 y 1982]. El papel que me reservó Bateman fue el de testigo oficial de aquel encargo“, recuerda Alexandra Pineda. El líder guerrillero les revela el contenido de su misiva: propone un alto el fuego a cambio de poder presentarse a las inminentes elecciones presidenciales.

Los recuerdos de Alexandra parecen trasladarse a la larga noche en la que el líder del M-19 le dio quizá la mejor exclusiva de su vida: su deseo de cambiar la sociedad con la política en vez de con las armas. Siete horas duró la entrevista, mojada con whisky y envuelta en el humo de los cigarrillos de Alexandra. Bateman contestó a todas las preguntas y “nunca le faltó la sonrisa, ni siquiera cuando nos relató cómo se perpetró dos días atrás el ataque con obús contra contra el Palacio de Nariño”, la residencia presidencial de la República de Colombia. El artefacto impactó a tan sólo treinta metros del dormitorio del presidente Turbay.

No falta diálogo ni comida para los secuestrados. A las cuatro de la madrugada se retiran a dormir, dejando solo al guerrillero con la botella de whisky. Pero antes los dos hombres firman un documento, un pacto. “Mañana sales en las primeras planas de los periódicos, Pacheco. Nos apostamos doce botellas de whisky Chivas Regal”.

A la mañana siguiente, Bateman los despierta. Está frente a la cama de Pacheco con un ejemplar de El Espectador, donde se da cuenta del operativo de la policía para localizar al presentador. “Te gané, Pacheco”.

A las cuatro de la tarde, el mismo coche minúsculo los devuelve al centro de Bogotá.

El periodista jamás denunció un secuestro

Pacheco entregó la carta con la propuesta de paz a su destinatario, el Gobierno de Turbay, lo que le acarreó serias consecuencias: frecuentes requerimientos para acudir a declarar a las caballerizas militares de Usaquén, donde habitualmente se torturaba a los detenidos. Esto lo contó el periodista, fallecido en 2014, en alguna entrevista, donde se declaraba “hombre de izquierda o progresista” (Revista Semana, 1987).

Cuarenta años después, una denuncia por presuntos crímenes de lesa humanidad, admitida en la Audiencia Nacional, recuerda aquel episodio, aunque con un cariz muy diferente. La denuncia por el secuestro del periodista González Pacheco va dirigida contra Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico, que acaba de lograr la victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

Habla el abogado de Petro

Petro militó en su juventud en el M-19. Cuando ocurrió el falso secuestro de Pacheco, él tenía 21 años. Siempre fue un militante de base, según su abogado, Daniel Prado. “Petro no participó en ese tipo de acciones, que, además, estaban consensuadas con los periodistas para tratar de dar a conocer los objetivos del M-19 al levantarse en armas”, explica Prado e incide en que “el propósito de aquella retención fue enviar al Gobierno un mensaje sobre la amnistía”.

Nunca existió una reclamación económica, a modo de rescate, a la familia de Pacheco, simplemente porque no existió el secuestro”, cuenta Prado.

Por entonces, los periodistas colombianos estaban maniatados por la autocensura imperante en los medios; apenas podían informar sobre las reivindicaciones de los guerrilleros. El temible Estatuto de Seguridad, una especie de estado de excepción permanente, instaurado por el presidente Julio César Turbay, limitó los derechos cívicos, como la libertad de prensa.

“Debido al Estatuto de Seguridad se hicieron populares los secuestros a los periodistas. Suponían una manera de burlar la censura –explica el letrado de Petro–. ¿Cómo iba a justificar Pacheco haberse reunido con el líder de un grupo ilegal? Pues fingiendo un secuestro”.

Las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la persecución de intelectuales por parte del Gobierno de Turbay contribuyeron al apoyo popular hacia la media docena de guerrillas activas en Colombia en aquellos años.

El papel clave de los periodistas

Otra histórica periodista colombiana atiende a Público por videollamada desde la ciudad de Cali. Olga Behar, informadora esencial en el conflicto colombiano, que ha denunciado en sus crónicas y en sus libros la impunidad del narcotráfico y sus ramificaciones con los grupos paramilitares que auspició el Estado. “La denuncia en España contra Petro no tiene ningún sentido, es algo ridículo. ¿Cómo podía él ser el autor material del secuestro de Pacheco si no tenía ningún peso en el M-19?”, exclama esta experta en el Movimiento 19 de Abril y otras guerrillas de Colombia, como las FARC.

“Quiero pensar que la Audiencia Nacional es seria y detectaría a posibles testigos falsos que el denunciante pudiera aportar en un momento dado”, indica Behar.

El denunciante de Petro es François Roger Cavard Martínez, un ciudadano colombiano que presentó en marzo pasado la denuncia por presuntos crímenes de lesa humanidad en la Audiencia Nacional, acogiéndose “a la jurisdicción universal que impulsó Baltasar Garzón”, según declaró este lunes en el matinal de W Radio, uno de los más escuchados de Colombia.

Para Olga Behar no existe ninguna duda de que el falso secuestro de Fernando González Pacheco fue pactado por el propio periodista. “La esposa de Pacheco y su sobrino jamás han denunciado el secuestro”, dice.

Así se burlaba la censura

“Teníamos que buscar fórmulas para burlar la censura y no sé a quién se le ocurrió pero de pronto empezaron a ocurrir muchos secuestros de periodistas por parte de las guerrillas. Yo no tuve que fingir un secuestro. En mi caso no detectaron las entrevistas que les hice a prácticamente todos los líderes guerrilleros y que publiqué en un libro en 1985 (Las guerras de la paz)”, narra Behar.

Los periodistas secuestrados no siempre podían publicar las entrevistas con los guerrilleros. “Si en nuestros medios no nos dejaban, les regalábamos la información a periodistas extranjeros. Y cuando aparecían las entrevistas en periódicos de Brasil o de México, entonces sí que nuestros periódicos se hacían eco”.

“Fue una entrevista convenida”, afirma Otty Patiño, excomandante del M-19, que ha autorizado a este periódico a publicar la fotografía que acredita la cita entre Pacheco y Bateman. No sólo lo confirma, sino que resuelve una incógnita. El periodista cumplió su promesa por la apuesta perdida y acabó pagando una caja con doce botellas de whisky Chivas a los miembros del M-19.

Argentina se presenta como querellante por primera vez en Italia

En causas de lesa humanidad y contra dos torturadores

Así lo anunció el secretario de Derechos Humanos de la Nación durante una visita en ese país. Horacio Pietragalla Corti aseguró a Página12 que estudian repetir el mecanismo en otros países. Y habló del encuentro con el cardenal Pietro Parolín para establecer una mesa de trabajo sobre los archivos del Vaticano.

Por Elena Llorente
El cardenal Parolin es el número dos del Vaticano después del Papa.
El cardenal Parolin es el número dos del Vaticano después del Papa.

Desde Roma
Por primera vez, la Argentina será parte querellante en los procesos iniciados en Italia contra dos torturadores, el uruguayo Jorge Troccoli y el argentino Carlos Luis Malatto, que por tener la ciudadanía italiana escaparon a la península. Y para incentivar la colaboración del país en estos dos casos pero también para hacer algunos acuerdos con el Vaticano y con la Fundación Basso a fin de que la Argentina pueda tener acceso a informaciones sobre el período de la dictadura que se encuentran en ambos archivos, está en Italia el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti.

Argentina no se había presentado hasta ahora como parte querellante en otros juicios que se hicieron en Italia contra dictadores y violadores de derechos humanos, como por ejemplo el Juicio Cóndor, porque el país estaba procesando por su parte –a diferencia de otros países latinoamericamos– a los responsables de la represión.

El juicio contra de Troccoli, miembro de los servicios secretos de la Armada uruguaya, después de un largo período de instructoria comenzará en Roma el próximo 14 de julio. El juicio contra Malatto, miembro del RIM 22 (Regimiento 22 de infantería de Montaña) con base en San Juan, está todavía en la fase de instrucción, es decir inicial, pero se espera que la colaboración argentina pueda acelerar el proceso dado que ya fue condenado a cadena perpetua en San Juan en 2013, aunque se había escapado del país en 2011. Argentina había pedido a Italia la extradición de Malatto pero ésta fue negada porque los delitos de los que se lo acusaba a este ciudadano italiano habían caído en prescripción, según el código penal italiano.

Pietragalla Corti se encontró en Roma con el fiscal Erminio Carmelo Amelio del caso Troccoli y lo hará mañana con el fiscal del caso Malatto. Con el fiscal Amelio “estuvimos viendo la posibilidad de que cuando empiece el juicio los testigos puedan viajar y estar presentes en Italia porque creemos que la presencia es fundamental para entender la complejidad de los delitos”, contó el secretario de Derechos Humanos a PáginaI12.

Para el caso Malatto han aumentado de 7 casos, que eran los que tenía en mano la justicia italiana hasta ahora para acusarlo, a 30 casos que deberán ser estudiados gracias a la colaboración de la secretaría de Derechos Humanos. “En la secretaria tenemos un registro único de víctimas del terrorismo de Estado, y eso nos da la posibilidad de agregar nuevas víctimas”, explicó el funcionario.

Vaticano y Fundación Basso

El Vaticano posee un archivo inmenso que normalmente no está abierto a cualquiera. Entre otras cosas, incluye la documentación de las nunciaturas, es decir las embajadas vaticanas en los distintos países. “Estuvimos reunidos con el cardenal Pietro Parolin (NdR. Número dos del Vaticano después del Papa) de la secretaría de estado vaticana. Nuestra idea era reiniciar una serie de conversaciones que se habían tenido en base a un Memorandum que firmó el papa Francisco –creo en 2017– para el acceso de las víctimas a archivos que tengan que ver con la dictadura argentina”, contó Pietragalla.

Pero este trabajo quedó detenido por varios años. “Nuestro pedido ahora fue poder reiniciar ese trabajo, hacer una mesa técnica con archivistas de la Secretaria de Derechos Humanos y del Vaticano que puedan hacer trabajos de investigación sobre el tema”, agregó. También se pidió que se cambiara el criterio de consulta ya que no todas las víctimas tienen familiares que puedan reclamar para poder acceder a los archivos. “Nosotros buscamos que sean entendidos como organismos de Derechos Humanos las Abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que está interesada en que se vaya adelante en las causas para poder dar respuestas a las familias de las víctimas sobre el destino de nietos y desaparecidos. El Vaticano dijo que ´se estudiará cuándo pueden abrirse los archivos para generar esta mesa tećnica´. Esperamos una respuesta”, indicó Pietragalla.

Con la Fundación Basso se firmó un acuerdo parecido este lunes. Hay documentación de los años 60 y 70 que hablan de la cooperación entre Italia y las víctimas de las dictaduras, no sólo de Argentina sino de otros países latinoamericanos. “Poder intercambiar archivos entre la secretaría de Derechos Humanos y la Fundación Basso será de suma importancia para nosotros. Fue muy interesante ver esos archivos”, subrayó. Se tratará de digitalizar los documentos de interés para poder agregarlos al Archivo Nacional de la Memoria de Argentina, explicó.

El caso Reverberi

El sacerdote Franco Reverberi, que trabajaba como cura en Godoy Cruz, Mendoza, durante la dictadura, colaboraba con los militares que torturaban a los opositores en un centro clandestino de la zona. El presenciaba las torturas y luego, con la Biblia en la mano, les pedía a las víctimas que colaboraran con sus torturadores. Pero de este caso no se habló con el Vaticano.

Teniendo pasaporte italiano, Reverberi escapó a Italia en 2011. Argentina pidió la extradición de Reverberi, que actualmente vive en una localidad de la provincia de Parma, Sorbolo. Pero Italia rechazó la extradición dos veces. El 30 de junio, no obstante, se conocerá la decisión definitiva de la Corte Suprema italiana sobre este tema. Pero hasta el 15 de junio, el abogado de la defensa argentina, Arturo Salerni, podrá presentar nuevas pruebas a la Corte. “Lo ideal es que nosotros podamos juzgar a este personaje en Argentina. Pero si así no fuera, seguiremos colaborando para que se lo juzgue en Italia”, enfatizó Pietragalla.

“Para nosotros otra novedad importante es que a partir del viaje que hicieron recientemente a Argentina los abogados italianos que defienden a los familiares de las víctimas y estos últimos contactos, si hay algo que se consolidó es el rol de la Secretaría de Derechos Humanos querellante en todas estas causas. Argentina también será parte querellante en otros países donde se harán procesos similares. Por ejemplo en Alemania”, concluyó.

Después de todos estos encuentros y de la inauguración de un mosaico recordatorio de las Madres de Plaza de Mayo por el 45 aniversario de su creación, colocado frente a la Embajada Argentina el jueves pasado, Pietragalla Corti hará el martes una visita muy emblemática para Roma y para Argentina. Visitará las Fosas Ardeatinas, un monumento histórico de la capital italiana que reúne las tumbas de los 335 asesinados por los nazis en ese lugar durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente un 24 de marzo –el día del golpe de Videla en Argentina– , pero muchos años antes, en 1944, como venganza por la muerte en un atentado de la Resistencia el día anterior, de 33 soldados nazis.

Entre los nazis responsables de esta matanza estuvo Erich Priebke, el oficial de la SS que luego de la Segunda Guerra escapó a Bariloche donde vivió impune durante casi cinco décadas. Fue extraditado a Italia en 1995 donde fue procesado y condenado a cadena perpetua. Murió en Roma en 2013.