En las últimas horas, la Cámara de Casación Penal le otorgó la prisión domiciliara al represor Jorge Olivera, a horas de conmemorarse el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, causando verdadera indignación. Según se supo, el fallo se basa en que ya cumplió los 70 años, edad mínima para poder recibir el beneficio, sumado a algunos problemas de salud como la hipertensión.  

Esta no es la primera vez que Olivera hace este pedido, aunque anteriormente solo recibió negativas. A principios de año, a través de su defensor, el exjefe de Inteligencia durante la última dictadura, la había solicitado por “los catastróficos efectos del virus Covid-19” que había padecido al contagiarse en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo.

 

En ese momento, los jueces Daniel Doffo, Eliana Rattá y Carlos Lascano, del Tribunal Oral Federal local, se lo denegaron porque, según un informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, su salud no registraba secuelas de la enfermedad, por lo que, tal planteo, carecía de “fundamentación que lo respalde”.

Ya en 2019 solicitó quedar alojado en la casa de su esposa Marta Ravasi, quien fue señalada por haber colaborado en su escape del 25 de julio de 2013. De hecho, Olivera fue recapturado en la casa de su esposa, el 30 de enero de 2017, mientras se ocultaba en el baúl de un auto.

Como agravante, el militar retirado se fugó en dos ocasiones, la última de ellas, a días de recibir su primera condena por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan. En su cuenta también carga con otro castigo a prisión perpetua

Olivera era jefe de inteligencia del rim 22  de la dictadura y estuvo involucrado en el secuestro y asesinato de la modelo franco-argentina y militante de la Juventud Peronista Marie Anne Erize Tiseau, ocurrido en octubre de 1976. El 4 de julio de 2013 recibió en San Juan una condena a cadena perpetua al ser considerado coautor responsable de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravado por su estado de cargo público y asociación ilícita, entre otros cargos. El 25 de julio del 2017  consiguió que lo trasladaran junto a otro represor al Hospital Militar Central en Buenos Aires para controles médicos menores. Pero de allí huyó y permaneció prófugo hasta que fue recapturado mientras se ocultaba en el baúl de un auto.