Con la excusa de combatir a la “subversión ideológica”, fueron secuestrados 30 profesores de la casa de estudios. El fiscal cree que hubo coordinación con el medio La Nueva Provincia y la justicia federal.
Pocos días después de haber recibido un nuevo pedido de procesamiento en su contra como instigador del asesinato de dos obreros gráficos, el empresario Vicente Massot, exdueño del diario La Nueva Provincia, fue imputado por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca en una causa que investiga la persecución realizada contra 30 docentes de la Universidad Nacional del Sur durante la última dictadura.
La fiscalía consideró que Massot, en coordinación con autoridades militares y judiciales, participó de la persecución política a docentes, estudiantes y trabajadores de la UNS. El rol del único gran medio de Bahía Blanca en ese momento fue indispensable para llevar a cabo el plan represivo ya que sus publicaciones fueron parte de las acciones de propaganda y de acción psicológica realizadas contra la población.
Entre junio y noviembre de 1976, una treintena de docentes fueron secuestrados, llevados a la delegación de la Policía Federal de Bahía Blanca, donde fueron sometidos a torturas, y luego trasladados a diferentes unidades carcelarias. Algunos pasaron años detenidos ilegalmente.
“La Universidad era un objetivo estratégico. La denominada ‘guerra cultural’ se realizó en todo el país durante la dictadura, pero en Bahía Blanca fue muy fuerte porque era fogoneado por La Nueva Provincia. El multimedios era una usina de ideas y de instalación de discurso y lo único que podía hacerle frente a eso era la Universidad, justamente el Departamento de Humanidades y de Economía (a los que pertenecían en su mayoría las víctimas). La Nueva Provincia los situaba como un enemigo a su altura, les decían ‘los ideólogos de la subversión’”, explicó el fiscal general Miguel Palazzani en diálogo con Tiempo.
“La Universidad convertida en usina subversiva”, fue el título utilizado por el diario el 5 de agosto de 1976, día siguiente de la conferencia del general Acdel Vilas, entonces al frente de la Subzona 51 del Ejército. El jefe militar, que venía de comandar el Operativo Independencia en Tucumán, comunicó los logros del operativo represivo contra un grupo de docentes a los que acusaba como responsables de una “penetración extremista” en la universidad.
Massot en ese momento era editorialista, uno de los dueños del diario e hijo de la directora, Diana Julio de Massot. También era uno de los fundadores de la ultraderechista revista Cabildo y tenía fluidos contactos con militares y servicios de inteligencia, como quedó claro en los partes enviados por el espía de la DINA, Enrique Arancibia Clavel.
La Nueva Provincia realizó publicaciones casi diarias sobre la “subversión ideológica”, e insistía hasta el hartazgo en la eliminación de estos sectores. Llegó, incluso, a quejarse de que sólo habían sido detenidos y, todavía, estaban “vivitos y coleando”.
Diseminación de odio
Leídos uno detrás del otro, los editoriales y las notas del diario son impactantes. La fiscalía los estudió uno por uno y contabilizó que en 1976 y 1977 hubo 237 ediciones en las que se abordó la “lucha contra la subversión”, y en 167 de ellas se utilizaron los verbos “eliminar”, “aniquilar”, “combatir”, “luchar”, “matar”, “atacar”, “extirpar”, “limpiar”, “erradicar”. Desde esos textos, el diario realizaba un constante señalamiento de los blancos a exterminar, el modo en que debía hacerse y la necesidad de una participación de toda la sociedad para que se lograra.
“Colabore, esté alerta- Ante cualquier actitud, hecho o persona sospechosa, actividad anormal o injustificada. LLame al tel. 30259. Comando V Cuerpo de Ejército. «Señor, señora… ¿Leyó los libros que le piden a su hijo en el colegio…?”. Frases como estas se encontraban diseminadas por todo el periódico como recuadros. Lo mismo ocurría en el canal de televisión y la radio del grupo empresario.
La persecución a docentes ocupó un lugar central en más de 80 ediciones. El convencimiento de La Nueva Provincia sobre la necesidad de aniquilar a los “ideólogos subversivos” era tal que llamaba a extender a todo el país el plan de Vilas de limpieza del “virus ideológico”. Exigía además a la dictadura avanzar con los demás niveles educativos, incluidos los jardines de infantes, donde “se comienza de manera disimulada a trabajar en la cabeza de los niños”.
La publicación de los nombres, la información personal y las fotos en primer plano de los y las docentes detenidos fue también parte del plan coordinado. Luego del secuestro, el cautiverio y la tortura, buscaban su “muerte civil”, sostuvo el fiscal.
Además de Massot, fueron imputados por estos delitos al entonces jefe de Operaciones del V Cuerpo del Ejército, Osvaldo Páez; los exoficiales de Inteligencia del Ejército, Osvaldo Sierra, Enrique Del Pino, Jorge Granada, Carlos Taffarel, Norberto Condal y Víctor Aguirre; los ex miembros del Batallón de Comunicaciones 181, Antonio Seghighi, Roberto Brunello, Raúl Andrés, Alejandro Lawless y el ex Policía Federal Héctor Selaya. También fue acusado otro civil, el exsecretario del juzgado federal de Bahía Blanca Hugo Sierra, quien, junto a los jueces Guillermo Federico Madueño y Jorge Francisco Suter, llevó adelante las causas judiciales que sirvieron como cobertura legal a la persecución.
La pata cultural de la guerra contra la subversión
La persecución a la “infiltración marxista” en la Universidad había comenzado más de un año antes del golpe cívico militar, con las bandas paraestatales de la Triple A que, al mando del interventor Remus Tetu, imponían el terror en los claustros y asesinaron al estudiante y militante estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo.
Tetu ordenó el cierre y despidos masivos en los departamentos de Humanidades y Economía, dos áreas que habían avanzado en la transformación de sus currículas con una mirada social y a las que pertenecían la gran mayoría de las y los docentes secuestrados.
Los partes de inteligencia de la Marina previos al golpe destacaban a la UNS como uno de los principales “focos marxistas” y resaltaban el rol de Tetu y su patota para combatirlo. Con la llegada a Bahía Blanca del general Acdel Vilas, la represión se volvió sistemática y sumó a todas las fuerzas y agencias del Estado a su operación para realizar su “limpieza ideológica”.
“La zona era considerada no prioritaria en materia operativa. Funcionaba en cambio como escuela de preparación de elementos que luego se enviaban a los principales centros subversivos del país”, definió Vilas en su libro “Bahía Blanca. El Hecho Histórico”, citado por la fiscalía, y señaló que uno de sus objetivos fundamentales fue “no sólo de erradicar el cáncer cultural de la Universidad del Sur, sino de ejemplificar con la máxima claridad e intensidad posibles (…)”.
“La persecución sobre los docentes universitarios (aquellos los “ideólogos” formadores de “subversivos”) fue la consigna fundamental de la tesis que el represor postulaba tanto en la teoría como en la práctica: si el monte tucumano fue el ensayo de laboratorio sobre cómo debía aniquilarse al “subversivo” armado (la guerrilla), la ciudad de Bahía Blanca pasó a ser el campo de experimentación y ejemplificación en la persecución y aniquilación de la “subversión ideológica”, analizó en su requerimiento de instrucción el fiscal Palazzani.
Unas 14 causas están en juicio actualmente, mientras otras 63 aguardan la realización del debate. 725 personas se encuentran con detenidas, la gran mayoría en arresto domiciliario. Los prófugos suman 21.
Las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad son 1088 desde los primeros juicios realizados en 2006, tras la reapertura de estos procesos. Esas condenas fueron dictadas en 286 sentencias de tribunales federales de todo el país. Ambas cifras corresponden al informe trimestral sobre el estado del proceso de verdad y justicia elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos.
El trabajo estadístico, que contiene los datos actualizados al 9 de septiembre, refiere también que la cantidad de personas absueltas en los procesos es 166.
Entretanto, tramitan en la actualidad 14 juicios mientras que otras 63 causas se encuentran a la espera del inicio del debate. En la fase de instrucción tramitan 274 causas judiciales.
La infografía también especifica que las personas procesadas son actualmente 495, mientras que 135 se encuentran con falta de mérito para procesar o sobreseer, y 95 fueron sobreseídas. Los imputados por el MPF ascienden a 577 -es decir, personas aun no convocadas a declaración indagatoria- y los prófugos son actualmente 21. Fallecieron durante el trámite de los procesos 1371 personas, sin llegar a obtener sentencia.
En este contexto, 725 personas permanecen detenidas por crímenes de lesa humanidad, mientras que 1514 se encuentran en libertad. De las 725 personas detenidas, 551 se encuentran en arresto domiciliario, 113 en establecimientos penitenciarios y 61 en otras dependencias, cuya mayor proporción refiere a las personas que están alojadas en la Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal con sede en la guarnición militar de Campo de Mayo. Por las características de este lugar -una sede castrense con custodia actual y permanente del Ejército- la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad no lo considera un establecimiento penitenciario.
Las estadísticas producidas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad son el resultado del procesamiento de los datos informados periódicamente por las fiscalías federales y unidades especiales que intervienen en estos procesos en todas las jurisdicciones del país.
Se invita a las II Jornadas Internacionales – Desafíos en el Campo de los Derechos Humanos, que se realizarán el día 17 de noviembre de 2022 en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El encuentro se concibe como un espacio para reflexionar y dialogar sobre temáticas que atraviesan la planificación, elaboración, ejecución e implicancias de las políticas públicas en derechos humanos, desde un enfoque interdisciplinario que convoque a especialistas con roles en la función pública y en ámbitos académicos, universitarios y de divulgación.
En esta segunda edición, las Jornadas proponen abordar el fenómeno de las prácticas y discursos que pretenden negar y distorsionar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar en Argentina y otros procesos genocidas que se desarrollaron en América Latina y en el mundo a lo largo de la historia. Estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos y en los medios masivos de comunicación y redes sociales como parte de los denominados “discursos de odio”. Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional y demanda por lo tanto ámbitos de reflexión y líneas de acción por parte de los distintos niveles del Estado, el campo académico, los y las comunicadores y comunicadoras y las organizaciones sociales involucradas.
Los discursos negacionistas no solo afectan a las víctimas directas de graves violaciones a los derechos humanos, sino que dañan al conjunto de la sociedad al erosionar acuerdos básicos del sistema democrático. Por este motivo, resulta imprescindible abordar el fenómeno en su complejidad, a los fines de identificarlo y diseñar estrategias para contrarrestar sus manifestaciones.
El encuentro convocado por la Secretaría está pensado como la continuidad de las I Jornadas Internacionales “Desafíos en el campo de los Derechos Humanos”. En esa oportunidad el tema que atravesó el encuentro fue “El lawfare en América Latina y su impacto en la vigencia de los derechos humanos”. En ese marco, se analizaron las prácticas y discursos relacionados con la utilización de instrumentos jurídicos para la persecución de dirigentes y militantes políticos/as y sociales.
Convocatoria a envío de resúmenes de ponencias
Se convoca a presentar resúmenes de ponencias para integrar las mesas temáticas seleccionadas que se detallan en el siguiente apartado.
Los resúmenes deben ser remitidos a encuentrointdh@jus.gob.ar y deben cumplir con las siguientes pautas de presentación:
Remitirse en formato Word, fuente Arial 12, interlineado sencillo, justificado.
Incluir: mesa temática sugerida, título de la ponencia, datos del/la autor/a o los/as autores/a (nombre y apellido, pertenencia institucional y correo electrónico), resumen de no más de 300 palabras de extensión, 3 palabras claves.
Nombrar el archivo del siguiente modo: R_Mesa N° …_Apellido (ejemplo: R_Mesa N° 2_Pérez)
Aclaraciones
Se recibirán resúmenes en español o portugués.
Se aceptarán trabajos colectivos.
Se aceptarán como máximo dos resúmenes por autor/a.
Quienes estén a cargo de la coordinación de mesas temáticas podrán además presentar resúmenes en sus propias mesas.
La selección de los resúmenes estará a cargo de quienes coordinen las mesas.
Por cuestiones relativas a la organización del evento, el comité organizador podrá reasignar los resúmenes y ponencias a otras mesas distintas a la seleccionada.
Fecha límite de envío de resúmenes de ponencias: 3 de octubre de 2022
MESAS SELECCIONADAS
EJE 1 -Discusiones teórico-conceptuales sobre los discursos de odio y la negación, distorsión y banalización de los genocidios
MESA 1. Sobre el sujeto de la negación y el sujeto negado
Una de las orientaciones que puede tomar la reflexión sobre el negacionismo es la que intenta analizar al sujeto de la negación. Aquel que niega, lo hace desde un lugar de enunciación “positivo”, en donde quien niega “asume” una posición respecto de aquello que es negado.
Abordar el negacionismo no sólo como actitud y toma de posición personal, sino como modo de un discurso que hace posible o no esa posición, nos habilita a investigar aquellos elementos que posibilitan dichos discursos.
Si se admite esta dimensión discursiva en el análisis del negacionismo, podremos particularizar la búsqueda de indicios que en la propia sociedad, cultura e historia argentina nos permitan comprender dicho fenómeno ya no como una esencia en sí misma, o una decisión personal, sino como el producto de la combinación de diferentes elementos que habilitan el negacionismo, como por ejemplo, el individualismo, el liberalismo, el nacionalismo, el purismo, etcétera.
EJE 2 -El negacionismo de los crímenes de la última dictadura cívico-militar en Argentina: sujetos involucrados, derivas históricas y debates actuales
MESA 2. La negación de las políticas de Derechos humanos en el campo de la salud mental
Victoria Godoy (Hospital Especializado “Dr. Dardo Rocha”/ SAPS)
Fundamentación
Así como las desapariciones forzadas de la dictadura tuvieron un objetivo político de negar los procesos populares presentes en diferentes ámbitos, en los ´70, en el campo de la salud mental de la Argentina, el sistema manicomial, que vulnera sistemáticamente los derechos humanos de quienes quedan cautivxs de sus prácticas, convive con experiencias que buscan su sustitución por prácticas de salud mental comunitaria, popular y respetuosas de los derechos humanos.
Las experiencias de diferentes comunidades terapéuticas (Camino en Colonia Federal como la de Grimson, Vayo y Moffatt, etc.) demostraban que sostener internaciones en los manicomios de por vida era una decisión política que en el contexto de dictatorial se dispone como herramienta de persecución y muerte política, social y física.
En el campo de la salud mental, el negacionismo se orientó a intentar borrar de la historia las experiencias populares y comunitarias que se actualizan en nuestros días en la discusión sobre la Ley Nacional N° 26.657.
MESA 3. Los actuales negacionismos y la última dictadura cívico militar: estrategias de silencio, omisión y consentimiento
El negacionismo refiere al futuro y no al pasado porque no es posterior a los hechos sino que los precede, solo que en su momento no fue advertido, o no fue reconocido, o fue hasta habilitado como apetencia, de un modo u otro. Se da cuenta así, con tal formulación paradójica acerca de la temporalidad, de un rasgo decisivo de los exterminios y genocidios, que reside en que las masacres son metonímicas de las transfiguraciones histórico sociales que sus perpetradores proyectan y realizan.
El trazado exterminador es una intervención sobre el tiempo histórico social que consiste en borrar el pasado y reescribirlo. La solución final consiste en crear una in-existencia a través de la aniquilación, en el presente, de todo rastro viviente histórico de lo exterminado. No es el olvido lo que se busca, sino crear una realidad alterna en la cual ese colectivo social exterminado nunca haya existido. En ese sentido el negacionismo precede a cada holocausto. La propia operación discursiva -esto es, cuando se exponen “opiniones”- anticipa, y reproduce, el modo originario del aniquilamiento.
Desde esta perspectiva, nos interesa reflexionar asimismo sobre cómo la diferencia sexual jugó (y juega) un papel central en la reproducción de una economía simbólica del poder cuya marca es el género, aunque denegado. La política de exterminio construyó prácticas represivas generizadas, gestionó una política de disciplinamiento heteropatriarcal y hubo un sesgo diferencial de género en la aplicación del terror.
Invitamos a presentar trabajos que propongan distintas aristas y aproximaciones a la problemática del negacionismo respecto de los crímenes de la última dictadura con el fin de caracterizar sus formas y modulaciones; interrogar sobre las modalidades en que se traman con sucesos contemporáneos; relevar sus dispositivos en los intercambios, relaciones y situaciones sociales del presente.
MESA 4. Disputas de la memoria, construcción de sentido y negacionismo en proyectos neoliberales en la Argentina
Coordinación
Leonardo Kordon (SDH/ UNSAM-EPyG)
Luciana Vazquez (SDH/ UNTREF/ UBA)
Fundamentación
Los distintos tiempos políticos enmarcan y dan sentido a las disputas por la memoria. De este modo, algunos de los proyectos políticos que se han sucedido en nuestro país, con posterioridad a la última dictadura militar, han buscado con mayor o menor éxito establecer un conjunto de políticas públicas en pos de fortalecer los ejes de memoria, verdad y justicia, mientras que otros han buscado imponer la impunidad frente a lo acontecido durante el terrorismo de Estado y sostenido discursos negacionistas de las violaciones a los derechos humanos en dicho período. Es en esta disputa por la promoción y fortalecimiento de los ejes de memoria, verdad y justicia, en donde cobra relevancia abordar desde distintas disciplinas la relación entre los proyectos neoliberales y los discursos negacionistas que buscan promover la impunidad y el olvido.
En la Argentina post dictadura cívico militar existieron dos períodos claramente definidos en donde proyectos y políticas neoliberales establecieron un conjunto de acciones orientadas a profundizar lo individual por sobre lo colectivo, y la dependencia y desprotección ciudadana frente al mercado. En este mismo sentido, el Estado quedó disminuido y relegado, y a merced de intereses y poderes ajenos a la búsqueda del bienestar colectivo.
El período iniciado en 1989 con la presidencia de Carlos Saúl Menem y que finaliza en diciembre de 2001 con la renuncia de Fernando de la Rúa, en el cual Domingo Cavallo fue un actor central, da cuenta de un proyecto neoliberal que contó con una clara intención: la hegemonía del mercado por sobre el Estado. La continuidad de la impunidad, que había sido consagrada por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos fueron acompañados por una narrativa basada en la “teoría de los dos demonios” y la búsqueda de una supuesta “reconciliación nacional” para “dejar el pasado atrás”.
El 10 de diciembre de 2015, con la asunción de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación, un nuevo proyecto político sustentado en ideas neoliberales llevará las riendas del país y, nuevamente, se buscará imponer un discurso direccionado hacia la impunidad. El desaliento y desinterés en la continuidad de los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad, el fallo de la Corte a favor del 2×1 repudiado por una enorme movilización popular y el desfinanciamiento de las áreas de derechos humanos fueron acompañados del cuestionamiento y la confrontación permanente con los organismos de derechos humanos. La frase del entonces presidente sobre el “curro de los derechos humanos” da cuenta de la dirección que se tomó en ese período.
En ambos períodos, la impunidad tiene una relevancia central en tanto que, por un lado, es el punto de llegada de la negación previa de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado y, por otro lado, funciona como condición habilitante para que estos hechos sean potencialmente posibles en el futuro. Las posiciones públicas y las políticas a favor de la impunidad por acción o por omisión no estuvieron aisladas de las decisiones económicas que favorecieron a la concentración de la riqueza y a la pérdida de soberanía. De este modo, el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado tiene trascendentales consecuencias no sólo en la promoción y defensa de los derechos humanos a partir de los ejes de memoria, verdad y justicia, sino que también en el presente y futuro de nuestra democracia.
En este contexto, abordar el modo en que los proyectos políticos neoliberales se relacionan con la presencia y el aumento de los discursos negacionistas será un valioso aporte a la búsqueda de robustecer la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, al mismo tiempo que al fortalecimiento de nuestra democracia.
Proponemos convocar a la presentación de trabajos, investigaciones, avances de investigaciones, y ponencias a partir de pensar algunos de los siguientes ejes:
Principales dimensiones que vinculan proyectos económicos neoliberales y discursos negacionistas.
Vinculación entre las resistencias a los modelos neoliberales y resistencias al negacionismo y a la impunidad.
El rol de los organismos de Derechos Humanos frente a las políticas neoliberales.
Surgimiento de nuevos actores políticos y sociales que sostienen discursos negacionistas en cada período. Reconfiguración de los tradicionales discursos negacionistas.
El negacionismo en los discursos oficiales y en las políticas públicas.
El rol del Estado en los proyectos neoliberales y sus obligaciones en materia de derechos humanos.
EJE 3 – Negación, distorsión y banalización del Holocausto y otros genocidios perpetrados durante los siglos XIX y XX
MESA 5. Negacionismo de los genocidios y reescritura de la historia en la Europa del siglo XXI
En los últimos años en Europa se ha intensificado el uso de la historia como una herramienta para consolidar las identidades nacionales e impulsar proyectos políticos. Desde programas partidarios hasta propuestas de leyes involucran una reevaluación del pasado, ya sea en clave regional o nacional, en un marco que incluye la propia apuesta de la Unión Europea por afirmar una lectura común. Un componente fundamental de estas discusiones concierne a los genocidios o crímenes de Estado perpetrados en Europa a lo largo del siglo XX. Aunque el recuerdo del Holocausto es parte de la memoria y de una liturgia oficial en todo el continente, en algunos Estados abiertamente se niega la participación de connacionales en ese genocidio o en otros procesos de aniquilación sistemática en sus territorios.
El negacionismo no es un fenómeno novedoso, pero en varios países se ha constituido en un elemento destacado en la conformación de determinadas identidades políticas no marginales. Esta mesa, organizada por el Centro de Estudios sobre Genocidio de la UNTREF, invita a enviar trabajos que aborden las prácticas y discursos que se orientan a negar y distorsionar los crímenes cometidos en el marco de los diversos conflictos ocurridos en territorio europeo en el siglo XX, su formulación en proyectos políticos y demás propuestas vinculadas al tópico en cuestión.
MESA 6. Genocidio Armenio: el negacionismo como obstáculo para la justicia
Coordinación
Sergio Kniasian (Centro Armenio de la República Argentina)
Arén Shaheenian (Centro Armenio de la República Argentina)
Alex Hadjian (Centro Armenio de la República Argentina)
Fundamentación
El Genocidio Armenio perpetrado por el Estado turco en 1915 suele ser referenciado como el genocidio “negado” u “olvidado”, lo cual describe dos aspectos relevantes de este crimen de lesa humanidad. Por un lado, el negacionismo sistemático de su responsable, a pesar de las numerosas pruebas que lo documentan. Y por otro, la escasa difusión y conocimiento que suele haber del tema en comparación con otros hechos históricos semejantes.
En este marco, el número de naciones que condenan oficialmente este crimen a través de dictámenes o pronunciamientos de los poderes del Estado apenas supera los treinta. Ampliar esa lista hasta dejar a Turquía sola en su posición negacionista es un factor importante para forzarla a reconocer su autoría y realizar las reparaciones pertinentes, para así la nación armenia lograr la memoria, la verdad y la justicia, cerrar una herida abierta de más de cien años e iniciar un nuevo capítulo de paz y diálogo entre países vecinos.
MESA 7. El Genocidio armenio y su proyección presente en los discursos negacionistas
Coordinación
Nélida Elena Boulgourdjian (CEG- UNTREF)
Lic. Constanza Kabakian (Fundación Memoria del Genocidio Armenio)
Fundamentación
La mesa temática propuesta se propone promover un espacio de reflexión y diálogo sobre el Genocidio armenio y su proyección en el presente, a partir del reciente enfrentamiento entre Artsaj y Azerbaiyán con hondas raíces en la ideología panturquista. A través de esta propuesta se propone indagar en ambos conflictos desde una perspectiva histórica y al mismo tiempo, profundizar en el análisis de los discursos negacionistas que contribuyeron no solo a la eliminación física de la población armenia bajo el Imperio otomano sino de los rastros culturales de su presencia en el territorio de la actual Turquía y de Azerbaiyán. Asimismo se propone observar los “discursos de odio” frecuentes en los crímenes de lesa humanidad del siglo pasado, fundados en el odio racial, la xenofobia y la intolerancia hacia grupos étnicos determinados, porque constituyen problemáticas complejas que afectan también a la población armenia pero hoy no sólo de parte de Turquía sino de un Estado cercano como Azerbaiyán. Se trata de un tema relevante que requiere ser estudiado en el campo académico como una nueva expresión de la persecución de la población armenia en la actualidad.
EJE 4 – Estrategias para identificar y contrarrestar los discursos negacionistas: insumos pedagógicos, iniciativas comunicacionales, políticas públicas, herramientas legislativas y jurídicas. Propuestas, experiencias y debates
MESA 8. Los discursos negacionistas en torno a experiencias límites del pasado en el aula. Desafíos, experiencias y propuestas pedagógicas
Coordinación
Cristina Gómez Giusto (FLACSO/UBA/Programa Educación y Memoria)
Daniela Sol Steinman (Instituto Juan B. Justo/Programa Educación y Memoria)
Wanda Wechsler (UNAJ/NEJ- IDES/Programa Educación y Memoria)
Fundamentación
La mesa se propone abordar desde un enfoque interdisciplinario el fenómeno de las prácticas y discursos que pretenden negar y distorsionar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar en Argentina y otros procesos genocidas del mundo a lo largo de la historia, como el genocidio armenio, el Holocausto y otras experiencias límites. En un contexto de creciente ascenso a nivel mundial de discursos de odio, el interés de la mesa es compartir reflexiones prácticas, desafíos y propuestas pedagógicas que se hayan desarrollado en el aula, tanto en la educación primaria, secundaria como en espacios de formación docente. Desde el Ministerio de Educación, en el marco del programa Educación y Memoria, se vienen desarrollando materiales e iniciativas para abordar y contrarrestar discursos y prácticas negacionistas con la finalidad de instalar en el sistema educativo reflexiones y prácticas acordes con el respeto de los derechos humanos. En este sentido, se busca con esta propuesta profundizar, dar a conocer e intercambiar experiencias concretas para abrir a nuevas preguntas, desafíos y propuestas áulicas. Se convoca a docentes, directivos, equipos técnicos, investigadores/as vinculados a la educación y la temática de memoria a presentarse.
MESA 9. Educar en el silencio. Prácticas negacionistas e invisibilizadoras a través de políticas y prácticas educativas (siglos XX-XXI)
Coordinación
Greta Kalaidjian (UBA/ ISP Joaquin V. Gonzalez/ Programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación)
La educación, desde el sentido común, ha sido valorada con un signo positivo en el acto de evocarla, sin embargo, nos preguntamos: ¿La educación ha contribuido a fomentar discursos negacionistas? ¿Qué políticas y prácticas educativas negacionistas se pueden analizar sobre el genocidio de los pueblos indígenas o el terrorismo de estado en Argentina? ¿Qué otras situaciones históricas han sido “educativamente negadas”? ¿Bajo qué signo se oculta la “educación negacionista”?
El objetivo es discutir el signo intangible con el que la Educación es valorada. Analizar las políticas educativas tendientes a negar y/o invisibilizar procesos genocidas desde las aulas y, de forma complementaria, observar parámetros estructurales y recurrentes en la educación negacionista y las particularidades de cada caso de estudio.
Invitamos a investigadoras e investigadores de la historia de la educación a participar con contribuciones en la que hayan desarrollado o estén desarrollando líneas de estudios centradas en las políticas y prácticas educativas negacionistas e invisibilizadoras.
MESA 10. La formación en derechos humanos como estrategia de futuro
Coordinación
Miranda Cassino (SDH)
Ignacia Yáñez (SDH)
Fundamentación
El negacionismo tiene una historia y muchas facetas. La negación de derechos, justificación de la barbarie y la deshumanización son algunas de ellas. Para el caso argentino, el negacionismo se hace presente tanto con la justificación de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos como en la difusión de discursos y estereotipos discriminadores y racistas.
Theodor Adorno se encuentra entre los primeros en señalar la fuerza y la importancia del vínculo entre educación y prevención de los genocidios. Hace más de 50 años que este pensador nos invitaba a tomar conciencia de que “cualquier debate sobre ideales de educación es vano e indiferente en comparación con este: que Auschwitz no se repita”.
Es en este marco que la formación y educación en derechos humanos emerge con un rol preponderante a la luz de la construcción de sociedades justas e inclusivas. Desde nuestra perspectiva, es fundamental que reflexionemos sobre las formas y las estrategias que nos damos en esta tarea. Educar y formar no pueden fundarse en el mero “transmitir información” sino que requieren de procesos de trabajo conjunto donde diferentes tipos de saberes, experiencias y aspiraciones entran en diálogos productivos.
En esta línea nos proponemos reflexionar en torno de las formas que hacen posible trabajar en la formación de agentes públicos, de integrantes de fuerzas de seguridad, de docentes y alumnes, y de la sociedad en general. Asimismo, buscamos problematizar los aspectos que hacen al sostenimiento de trayectorias educativas formales y no formales, destinadas a jóvenes y adolescentes y también a personas adultas y mayores.
En suma, esperamos aportar a pensar, intercambiar y valorar diferentes estrategias de abordaje frente a discursos y prácticas negacionistas, recuperando experiencias desarrolladas tanto desde plataformas virtuales como en propuestas formativas presenciales y entornos de divulgación como son textos escritos, materiales gráficos, artes escénicas, entre otras. El objetivo de esta mesa es, entonces, compartir, socializar, reflexionar y acompañarnos en esta vasta tarea dado que, en palabras de Freire, “enseñar no es transferir conocimiento”.
MESA 11. Reflexiones a propósito del negacionismo, banalización y tergiversación del respeto de los derechos humanos y la salud mental en Argentina
Coordinación
Mónica Cassini (UBA/ Ministerio de Salud de la Nación)
Virginia Reinoldi (Ministerio de Salud de la Nación)
María Elena Boggio (Ministerio de Salud de la Nación)
Fundamentación
Proponemos reflexionar en torno a algunas perspectivas, que entendemos rondan el fenómeno del negacionismo, a partir de poner en diálogo las pretendidas controversias que el tratamiento mediático genera y tensiona respecto de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657/2010.
El intento de los genocidas de eludir sus responsabilidades y desafiar el cumplimiento efectivo de sus condenas se solapa con la reinstalación de representaciones asociadas a la teoría de los dos demonios y el tratamiento mediático de las internaciones por motivos de salud mental en términos de castigo.
La LNSM es la herramienta primordial para evitar tratos crueles y degradantes que discriminen y lesionen la dignidad de las personas con padecimiento mental.
Planteamos la necesaria consideración de incorporar recomendaciones para el tratamiento en los medios de comunicación sobre el respeto y promoción de los derechos humanos como herramienta ineludible para la promoción y protección de la salud/salud mental en democracia.
MESA 12. Prácticas y saberes en las luchas por los derechos humanos contra los negacionismos
Coordinación
Emiliano Fessia (HIJOS-Córdoba/ UNC)
María Soledad Segura (CONICET/ UNC)
Fundamentación
En la actualidad estamos asistiendo, en nuestra región y en distintas partes del mundo, al resurgimiento público de discursos que abiertamente confrontan con la cultura democrática y la plena vigencia de los Derechos Humanos. Estas expresiones, realizadas desde diferentes narrativas discriminatorias (racistas, machistas, xenófobas), se basan en la banalización histórica y el negacionismo explícito de los genocidios cometidos durante los Siglo XX. Por ello comparten una premisa común: la negación del reconocimiento y plena vigencia de los derechos humanos para todas las personas.
En este marco, creemos pertinente recuperar experiencias políticas que históricamente han producido diferentes prácticas y saberes que han confrontado eficazmente las posturas negacionistas de la última dictadura cívico militar. Para ello convocamos a referentes de organismos de derechos humanos, de instituciones públicas y áreas del estado para compartir aprendizajes de las experiencias realizadas, lecturas de la historia y la coyuntura, debates y propuestas sobre estrategias legislativas y jurídicas, pedagógicas y comunicacionales para enfrentar el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y de otros genocidios de América Latina en otros momentos históricos.
Las experiencias sobre las que se hablará se desarrollaron en la provincia de Córdoba, de donde proceden los/as expositores/as y coordinadores/as, y donde intervienen las organizaciones e instituciones a las que pertenecen. ¿Qué aprendimos de las experiencias desarrolladas para enfrentar ahora estos discursos en este nuevo contexto signado por el negacionismo, avance de derechas radicalizadas y nuevas condiciones tecnológicas de comunicación? ¿Cuáles son los debates del momento sobre estas herramientas?
MESA 13. Discursos “negacionistas”: reflexiones y debates en torno a sus causas y posibles estrategias para confrontarlos
Coordinación
Malena Silveyra. (UBA/ UNTREF/ UNSE)
Natalia Crocco (UNTREF/ UNSE/ CONICET/ UBA)
Fundamentación
En los últimos años, pero sobre todo desde la llegada al gobierno nacional de la Alianza Cambiemos (2015-2019) emergieron y proliferaron un conjunto de discursos tendientes a relativizar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, que suelen englobarse bajo el rótulo de negacionismo, aunque no siempre parece estar claro qué se entiende por éste.
Si bien estos discursos eran preexistentes, en la coyuntura política local adquirieron una nueva configuración y se amplificaron en las voces de distintos funcionarios estatales, en medios de comunicación y en el ámbito académico. A diferencia de las expresiones tempranas que centraban las argumentaciones en la defensa de las acciones de las Fuerzas Armadas, en estos nuevos los ejes fueron otros: cuestionamiento del número de desaparecidos estimado por los organismos de derechos humanos, la honestidad de los luchadores por los derechos humanos, las efemérides y la equiparación de acciones y víctimas de las acciones de las fuerzas populares armadas y los genocidas.
Frente a este cambio de escenario, los debates y esfuerzos de distintos sectores del campo popular, en particular de aquellos vinculados a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, se han dedicado centralmente a pensar posibles modos de enfrentar estos discursos. Sin embargo, al no estar claro qué acciones podrían incluirse en esta calificación, quiénes serían los negacionistas y, sobre todo, cómo, cuándo y por qué surgen estos discursos; las propuestas muchas veces parecen referirse a cosas distintas.
En esta mesa se propone aportar al debate sobre qué hacer con los discursos relativizadores a partir de su articulación con el análisis de las posibles causalidades de su emergencia, las formas en que se produce y reproduce en la sociedad y su articulación con los contextos y disputas políticas en que surgen. En particular, se proponen como posibles debates a desarrollar: a) reconstrucción de los discursos relativizadores en la sociedad democrática y su relación con la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, b) distintas posiciones respecto al proceso genocida y su utilización como analogías para debates políticos de coyuntura, c) problematización de la posibilidad de penalización de los mismos y d) análisis de las distintas alternativas que se desplegaron desde el campo político y académico para enfrentar los negacionismos y dar la disputa por el sentido del genocidio en Argentina.
MESA 14. Líneas de intervención pedagógica, territorial, intersectorial y de vinculación. Experiencias desde las universidades nacionales en clave de derechos humanos
Coordinación
Daniela Losiggio (UBA/ UNAJ/ CONICET)
Carina Peraldi (SDH/ UNAJ/ RIDH)
Fundamentación
Las propuestas que generan tramas intersectoriales desde el lugar de las universidades nacionales, consideramos son claves para afianzar discursos y prácticas respetuosas de los derechos humanos, que permitan proyectar sociedades más justas y equitativas, que partan del reconocimiento de procesos que han resultado violatorios de derechos fundamentales, tomando como consigna la bandera de memoria, verdad, justicia y reparación.
Nuestro país tiene un largo recorrido en materia de avances y debemos defender los mismos como parte de nuestra identidad, hallándonos atentos/atentas desde lugares tan claves como lo son los ámbitos educativos y de gestión.
La mesa, propuesta institucionalmente desde la UNAJ ,apunta a constituirse como una mesa intersectorial e interdisciplinaria, en la que se compartirán las coordenadas centrales de diversas estrategias que se desarrollan desde la universidad en forma articulada y enraizada en el territorio donde se enclava.
Se presentarán experiencias desplegadas desde los Instituto de Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud y de Estudios Iniciales, asimismo desde la Dirección Municipal de Derechos Humanos de Florencio Varela, en conjunto con el Hospital Mi Pueblo y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
MESA 15. Negacionismo. Debates en torno a la criminalización
Coordinación
Juan Cruz Goñi (UNCOma)
Fernanda Terzibachian (UBA/ UNGS/ UMSA)
Valeria Thus (UBA)
Fundamentación
Frente a la creciente propagación del fenómeno negacionista, diversos Estados decidieron la represión de estas prácticas mediante su tipificación en sus respectivos códigos penales, dando cuenta que el derecho y la pena son vistos como instrumentos de protección mnemónica preventiva contra estas prácticas. Las razones políticas detrás de las leyes antinegacionistas incluyen la sensibilidad para con las víctimas, la (correcta) percepción de que ninguna denuncia o argumento erudito prevalecerá contra los negacionistas y la preocupación por el recrudecimiento de estos discursos.
La criminalización plantea una serie de problemas que incluyen, entre otros: a) los alcances de la libertad de expresión y la determinación de cómo cada uno/a quiere relacionarse con el pasado reciente; b) la armonización del sistema interamericano de derechos humanos en materia de libertad de expresión con las disposiciones convencionales en la lucha contra la discriminación y las formas de intolerancia; c) el cuestionamiento de la utilización de las reglas de enjuiciamiento criminal para realizar las exigencias del derecho a la verdad (cuestionamiento del rol que cabe al derecho procesal penal en la construcción de la verdad histórica y la construcción de una única verdad oficial/izada).
En esta mesa nos preguntaremos si ¿debería (y puede) un Estado exigir que las personas reconozcan un pasado particular?, ¿es el derecho penal el instrumento idóneo para prevenir las prácticas sociales genocidas? Convocamos a la recepción de ponencias que desde distintas disciplinas aborden la discusión sobre la legitimidad (validez interna) y la conveniencia (justificación) de recurrir a la herramienta penal para confrontar estos discursos, los argumentos a favor y en contra de la punición, los distintos proyectos de ley en nuestro pais y se pregunten en caso de legislar el delito de negacionismo en Argentina, qué (crímenes negados), quienes (son los destinatarios de la norma penal), y para qué castigar.
MESA 16. Aportes de la articulación entre la producción académica y científica y el Proceso de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación en América Latina
Coordinación
Victoria Basualdo (SDH/ CONICET/ FLACSO)
Edson Teles (UNIFESP-Brasil/ Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos da Ditadura)
Fundamentación
La presente mesa invita a poner en diálogo diversas experiencias y trayectorias de trabajo y articulación entre la producción académica, científica y tecnológica y el Proceso de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación en América Latina respecto de los crímenes cometidos durante los procesos dictatoriales en el marco de la Guerra Fría, considerando que este rasgo destacado constituye una de las herramientas más importantes frente a posiciones negacionistas.
Serán bienvenidos los aportes sobre un amplio arco de disciplinas y profesiones, que incluyen las ciencias exactas y naturales, con particular atención a la genética, la arquitectura, urbanismo y geografía, las ciencias humanas y sociales en sus más diversas vertientes, incluyendo a la sociología, economía, historia, antropología y arqueología, ciencias políticas entre muchos otras, así como con el campo del derecho, la psicología y salud mental, entre muchas otras. Se requiere una explicitación de las metodologías de trabajo, las fuentes de información y sus formas de procesamiento y análisis, incluyendo una mención de los desafíos y problemas enfrentados y los resultados obtenidos en todas sus dimensiones.
MESA 17. El límite democrático de los discursos de odio. Principios constitucionales, modelos regulatorios y políticas públicas
Coordinación
María José Guembe (UNLa/ CELS/ OBSERVACOM)
María Capurro Robles (UAB/ CELS/ OBSERVACOM)
Víctor Abramovich (MPF/ UNLa/ UBA /UNT)
Fundamentación
En esta Mesa Temática proponemos reflexionar y debatir sobre los límites democráticos de los discursos de odio, haciendo foco en su circulación a través de los medios de comunicación masivos y plataformas de internet. Un escenario comunicacional global en plena transformación que interpela los valores tradicionales de la libertad de expresión, el concepto de igualdad y los límites de la noción de discurso de odio.
En sus respectivos abordajes, lxs expositorxs considerarán principios constitucionales y experiencias comparadas, para pensar posibles mecanismos regulatorios y políticas públicas sobre esta temática.
“Siempre me consideré un exiliado interno porque nunca pude decir me llamo Carlos Tello, soy de San Juan”
Carlos Tello vive en San Juan, su lugar natal, donde creció y del cual fue obligado a huir. Su vida militante comenzó a principios de los 70 cuando tenía 16 años y aún era estudiante secundario. Su compromiso polí- tico lo hicieron protagonista de una de las etapas más movilizadoras social y políticamente del Siglo XX. Perteneció a la generación de los setenta, fue Montonero, creyó en la idea de la revolución. Por esto, también fue protagonista de los crímenes y per- secuciones de la dictadura: su compañera, “Sisita”, fue secuestrada y desaparecida; él obligado a esconderse, a exiliarse, a vivir siendo otro, y con ello a separarse de su hija.
En está entrevista reflexionamos sobre la experiencia del exilio e intentamos, a partir de algunas de las vivencias exiliares de Carlos, pensar sobre cómo el
terrorismo de Estado atravesó todas las esferas y ámbitos de nuestro país. Cómo a partir del 24 de marzo de 1976 las cate- gorías de público, privado y clandestino cambiaron para siem- pre; cómo las fronteras se movieron hasta desvanecerse y se reconfiguraron las subjetividades, las familias, los grupos, los argentinos, todo.
Diversos lugares van trazando el derrotero del exilio: San Juan, Mendoza, San Luis, Tucumán, Jujuy, Buenos Aires, Trelew…
No es una trayectoria lineal sobre el tiempo y el país; dife- rentes “hitos importantes” construyen, puntean la lógica de la experiencia de Carlos Tello. En la argentina de los 70, en su coyuntura, los caminos espaciotemporales se recorren varias veces. Por ellos, los seres humanos caminan, cambian rumbos, velocidades, dinámicas, pensamientos. Tello recuerda: “En el 69 Mendoza”, “En el 72 yo caigo preso, nos llevan a Buenos Aires y al penal de Devoto y de ahí a Trelew, salgo en el año 73 con Campora”; “En Mendoza estuve trabajando en el Ministe- rio de Gobierno y ahí la conozco a la mamá de Mariana, por supuesto ahí legalizado. Formamos pareja muy rápidamente y después vuelvo a la clandestinidad”; “fue en octubre del año 74, había desaparecido un compañero, ya las tres AAA andaban haciendo sus…había muerto Perón. Nosotros empezamos nues- tra relación justo el 1 de julio del 74 cuando muere Perón”; “En el año 75 nace Mariana en Jujuy”; “Me fui a una villa a la casa de un compañero”; “en el 75 cuando estábamos en Tucumán ya estaba el Operativo Independencia y había desarticulado toda la estructura de Montoneros y habían prácticamente desapare- cido todos los dirigentes de superficie”; “Mi familia estaba en San Juan”; “En el 83 yo era un auténtico tucumano obrero de la construcción.”
En primera persona
Tello se acomoda y de a poco empieza a pensar(se): “No es solo el estar fuera del entorno familiar o social sino el de estar encerrado y con la tensión, con el corazón en la boca; una tensión perma- nente y con una identidad distinta. Tenía documento con otros nombres y otra historia. No podía decir que era de San Juan, decía que era de más aquí, de más allá. Eso, en cualquier condi- ción genera problemas de identidad, pero era tan grande la convicción en ese momento que era asumida como una tarea militante. Tener hijos y tenerlos con ese nombre que no era el tuyo, otro apellido…”
Recorridos
En Mendoza paso a la Clandestini- dad. Se pone muy pesada la cosa y nos vamos. Estuvimos en San Luis y de ahí a Tucumán. En enero de 75 me dice la flaca: “estoy embarazada”. Nos vamos a San Luis, ella se queda y yo me voy a Tucumán a buscar lugar. Cuando lle- gamos a Tucumán ella ya estaba como de 7 meses. Ahí es un peregri- nar de pensión en pensión, tratan-
do de ubicar a los compañeros que habían quedado desperdigados; traba- jar y reorganizar las agrupaciones del Ingenio. En el marco de esa clandestini- dad nace Mariana en Jujuy. Se quedan las dos ahí, porque había un marco de contención importante, mucha familia. La reconoce ella, aparece como madre soltera y padre desconocido.
Luego, en Tucumán conseguimos un lugar donde podríamos estar con la nena, era la casa de unos compañeros. Ahí estuvimos un tiempo, después empezamos a rodar por las pensiones. Primero para que no nos detectaran, después porque en algunos lugares no querían bebés porque lloraban de noche. En esos tiempos yo siempre iba al sur o al interior de la provincia, a rescatar y ver familias, ese era mi labu- ro, tratar de volver a organizarlos.
Al poco tiempo que estábamos ahí, ya Mariana tenía siete meses, compramos un departamento, mi suegro lo compró. Ahí fue donde cayó la “Sisita”, y se la llevaron a la nena también. Yo no esta- ba, andaba en el sur de Tucumán tra- tando de conectar una familia que había desaparecido. Cuando vuelvo, el almacenero de la esquina me advierte de que algo había pasado, que había habido un revuelo muy grande, yo para sacarme la duda, abro la puerta del departamento era tarde y el tipo estaba esperándome al fondo del pasillo; cierro la puerta y salgo corriendo, ahí me per- siguen y se arma un tiroteo, pero logro zafar. Al otro día me voy a la guardería con la esperanza de que la hubieran dejado a Mariana ahí, pero dicen que no estaba. Ahí vi que esto era el desastre…
El arrojo a las sombras
Tello comienza un exilio de diez años en donde su militancia y compromiso político les van a permitir seguir viviendo, fortaleciendo y marcando sus esperanzas. La “nueva” vida va más allá de los aspectos materiales y simbó- licos, trasciende el presente permitién- dole establecer canales subterráneos entre el territorio que lo acoge, ampara y oculta y el de sus orígenes que tiene que dejar atrás. Este es el soporte que le va a permitir sortear la nueva vida en la Argentina que empieza después del 24 de marzo de 1976. También es lo que le permite preservar su memoria, su identidad.
“Mi militancia se desarrollaba en las zonas urbanas bajo las condiciones de persecución. El hecho de vivir en condi- ciones urbanas, te aferraba mucho a los lugares y eso era cuando el enemigo detectaba donde podías andar, y todo lo demás. Empezabas a cometer rutinas.
Cuando cae la casa en Tucumán, la casa donde realmente gozamos, fue como una luna de miel tardía pero era de disfrutar. Ahí nos cae la casa, nos robaron todo pero me llevaron lo más preciado, mi compañera y Mariana”. Ése fue el momento más jodido, ahí comienza la etapa más dura de la per- secución y el exilio.
El camino de la invisibilidad
El exilio interno te impone una nueva vida en la que una parte de uno deja de ser lo que es. Se impone el olvido. En el exilio se desarrolla una doble identidad, que se construye entre los que debemos ser y lo que queremos ser, sentir, vivir. El exiliado transcurre en debatiéndose entre esos sentimientos tan contradic- torios sin perder la esencia de lo fue, de como llegó a ese lugar. En el exilio hay sentimientos que no se pueden contar, son prohibidos, Indecibles, no suceden. Los exiliados actúan como si no les
pasara lo que les pasa; hablar de ello esta prohibido. El exilio se los prohíbe; las personas que los rodean también. Retener los recuerdos en la memoria es la única forma de resistir.
“Otras de las cosas del desarraigo es cuando te van arrinconando a una situación donde no podes tener nada ni familia, ni contacto…ni casa, nada. Arraigarse a un lugar era el suicidio. Mas allá de que estaba dentro de la Argentina, yo siempre me considere un exiliado interno porque nunca pude decir vengo de tal lado, soy de San Juan, me llamo Carlos Tello, tengo esta historia, y con el agravante de ser per- seguido. Estuvimos dando vueltas durante uno años, pero tampoco eso era vida. El no arraigarse también tiene sus costos personales y familiares. Entonces empezamos a buscar trabajo, no estable en la construcción. En la construcción vos podías trabajar y podías dar datos falsos ya que no te
asentaban en ningún lugar. Todos esos años he vivido en las villas dentro de Tucumán cambiando mi propia identi- dad, había adquirido las costumbres, hablaba como Tucumano. Ahí tengo una carta que le escribí a mi hermano sobre el difícil transito de volver des- pués de diez años de haber estado viviendo como obrero en una villa, me había mimetizado y acostumbrado. Durante ese exilio tenía otro nombre, me habían puesto un apodo “Marango- ni” (por el jugador de futbol de un equi- po de Tucumán que era mendocino y ellos a mi me tenían como mendocino, todo eso me servía a mi para pasar inadvertido). Es más, en los tiempos que se aflojó un poco la mano era dele- gado de la Construcción, me denomi- nan para ser miembro de la comisión directiva de la UOCRA en Tucumán. Por supuesto que yo siempre rechace porque no podía entrar en ese terreno.
Era una inserción con otro nombre y también con una sospecha en la gente de que yo algo ocultaba, y me cubrían por eso. La gente me la marcaba, por ejemplo una vez hubo un censo y yo vivía con otro compañero que tenía su familia, él me preguntaba “che Maran- goni vos te vas a querer censar”, y yo decía “no deja que me voy a ir”, pero el medijo“no,yolevoyadeciralacen- sista que no hay nadie más en la fami- lia”. O por ahí había operativo rastri- llos y me avisaban para que yo me escapara. O lugares habitúes donde íbamos a comer con otros compañeros y nos habían reconocido. Nos pasó en un bar de camioneros donde íbamos a comer los domingos; nos dábamos ese lujo de juntarnos a comer y conversar un poco. Una vez viene el tipo del come- dor y nos dice “muchachos váyanse porque han estado preguntado por
ustedes”. O en la obra donde trabajaba me decían “che, hay un camionero que casi seguro que es milico ha estado pre- guntando por vos”. Con esto quiero decir, que ellos no sabían, es decir sabí- an mi identidad política que tenía cua- lidades como para ser delegado, pero no sabían que detrás mío había una historia. Hubo una familia que me adoptó y sabía que yo estaba en la clan- destinidad. Son muchas cosas que vivís que te relacionan con tu vida real, pero a su vez vas adquiriendo una serie de costumbres y modos de vida. Para mi el saldo de esa experiencia es man- tener mi salud mental, porque si hubie- ra estado exiliado en otro país o preso o secuestrados no se como estaría de la cabeza, porque a mi me permitió ver como era el proceso de lectura y recons- trucción del campo popular, me permi- tió ver como nos veían a nosotros que teníamos una imagen muy idealizada del pueblo, y de lo que pensaban de nosotros. Entonces eso por un lado y por e otro lado tener contención afecti- va, familias que te ayudaban, eso es muy importante. Y vivir una vida de obrero que nunca había vivido.
Lo que estaba siempre presente era resistir, sobrevivir, y dentro de eso tra- bajar, vivir con lo que teníamos. Logré comprar un lote, hacer una casita muy precaria. Yo vivía en una villa, y resul- ta que ahí vivía un dirigente del sindi- cato de gráficos con el cual nos hacemos muy amigos y armamos una cooperati- va para sacar a toda la gente de la villa, Él tenia el sindicato que no esta- ba intervenido, ya en las últimas de la dictadura, así es que armamos con un grupo de gente del sindicato, con algu- nos de la villa y compramos un terreno grande y después lo fracturamos para que cada uno se hiciera su casa.
El camino de la visibilidad
El momento crítico se me viene cuan- do en el año 83 tengo que volver a la legalidad. Se reorganiza con los exilia- dos que habían vuelto el “Peronismo para la Victoria”, a nivel nacional esta- ba “Intransigencia y Movilización Pero- nista”, Peronismo para la Victoria era como una agrupación de esa agrupa- ción nacional. Cuando yo aparezco, a mi me daban por desaparecido, me con- tacto con ellos y me ponen al frente de la agrupación como reconocimiento de mi trayectoria, organizan una conferencia de prensa y empiezo a actuar pública- mente. Me encontraba con los compañe- ros que me conocían como Marangoni y a mi se me hacían “así las tripas…esas cosas”, la gente, esa familia que me cobijo… y me fui a Jujuy porque no soportaba esa doble identidad que tenía ahí, el Marangoni y el dirigente del Peronismo para la Victoria. Yo le decía esto no es bueno para la agrupación y ahí me pusieron otro apodo, “El Utu- runco” porque decían vos has salido de alguna cueva por ahí, los uturunco eran famosos en Tucumán, así me pusieron en la villa.
Derroteros
Otra parte que fue volver a revolver y rebobinar en mi identidad fue conocer a mi hija. Esa parte fue muy dura. Nos juntamos en la casa de unos amigos de la familia allá en Jujuy. Ella estaba ahí y no le decían quien era yo, cuando llegue me miraba y cuando le digo “yo soy tu papá” ella dice “yo ya sabía que eras mi papá porque te pareces mucho a mi tío Mario (mi hermano) y porque yo sabía que algún día ibas a aparecer”. Le dije “perdóname todo lo que te he abandonado este tiempo”, y ella me dijo “no tengo que perdonarte papá”. Nos abrazamos y lloramos… después de tantos años que había pasado. Tenía 9 años y cuando cayó la casa ella tenía 9 meses. Muchos años de sufrimiento y aguante contenido de mi parte y de ella, que sabía que yo estaba vivo y le habí- an dicho que estaba exiliado fuera del país. Esto era en el año 83, ya había ganado Alfonsín y ella le decía a los abuelos, “ya que ha ganado Alfonsín y ha vuelto la democracia ¿cuándo va a aparecer mi papá?”
Durante todo este tiempo Tenía un compañero que era el que recibía las cartas de mis familias, y yo les respon- día y se las mandaba a las casa de unas tías mías. Era una cadena y me man- daban fotos de la Mariana.
En la carta que le escribo a mi her- mano, después de ese momento, le plan- teo esos dos problemas. Por un lado, yo ya no podía volver a seguir con mi iden- tidad en Tucumán y necesitaba reinser- tarme y estar con mi hija, pero en Jujuy, donde estaba Mariana con su abuela, también se me plantea un pro- blema de identidad. Primero porque yo como bien decía mi suegra era un “tucu- mano obrero de la construcción”. Y en esas condiciones de búsqueda de mi identidad yo no puedo estar con mi hija, no puedo estar bien. Ella también tenía que reconcomerme a mí. Tenía 9 años cuando la vi la primera vez. Y cla- ro ella también tenía a sus abuelos como padres reales, eran los padres de la infancia y yo no quería pasar por encima de eso. Muchos me decían “¿por qué no te la traes con vos?” pero no, por- que yo iba a cumplir con mis deseos pero capaz que para ella era un trauma muy grande tener que dejar todo y lle-
varla a San Juan, tan distante. Yo entendí que eso de rescatar mi identi- dad y estar bien conmigo mismo y tra- tar de que mi hija se identifique conmi- go era un proceso, y en ese proceso pri- mero tenía que estar bien yo con una seguridad no sola psicológica, sino afectiva y laboral. No podía seguir viviendo a los giros como había vivido hasta ese momento. Era un proceso que puede haberle sucedido a muchos padres cuando se reencontraban con sus hijos y Mariana encima estaba entrando en una etapa difícil como la pubertad. Así que me volví a San Juan a retomar mis raíces familiares. Mi familia me recibió con los brazos abier- tos, era fiesta todos los días; ellos tam- bién me daban por muerto. Recibía mucho afecto. En Jujuy también, la familia de la SISI me consideraba como un hijo, pero llego un momento que mi suegra me dijo “tenes razón Car- los, tenes que irte”. Así fue la recons- trucción, no fue fácil.
Con Mariana me vengo a reencontrar cuando era adolescente y se iba a pasar las vacaciones conmigo. Fue ahí que entramos a conversar y rebobinar el cassette y empezar a reconstruir todo, qué había pasado, cómo era la madre. En fin todas las preguntas que se hacen los adolecentes sobres cómo es la histo- ria de sus padres, porque creo que esas preguntas se hacen aun en los hijos que han vivido toda la vida con los padres.
Reflexiones finales
Los sentidos que vuelca Carlos Tello, como los de muchos, sobre sus expe- riencias son el resultado de valoracio- nes que conllevan pérdidas y derrotas, esperanzas y convicciones que perma- necen intactas. Su relato repasa triun- fos y derrotas, conquistas y fracasos que interactúan constantemente entre lo público, lo privado y lo clandestino; entre lo vivamente subjetivo y lo abru- madoramente objetivo; entre las valo- raciones emocionales y las reflexiones históricas.
La narración es para Tello, la necesi- dad de reconstruir su identidad. Para ello un punto de partida ineludible es afrontar las distorsiones, interrupcio- nes, desgastes y ausencias que le provo- caron en su vida los tiempos del exilio.
“Si bien estaba dentro de los presu- puestos, dentro de la vida, de la elec- ción, de la militancia, una cosa era pensarlo y otra vivirlo y era muy difí- cil soportarlo. Pero el compromiso y la elección militante un poco era lo que daba sentido y alrededor del cual gira- ban todas nuestras decisiones. Uno piensa a esta altura de la vida como puede ser que un militante haya arriesgado su familia, su hija y haya puesto en la parrilla la vida propia y la de su familia, todo era en función de una utopía, un idealismo, pensábamos que si nosotros lográbamos triunfar nuestros hijos iban a vivir en un mun- do mejor, y si no llegábamos nosotros los hijos de nuestros hijos…por supuesto que mucho idealismo. Una cosa que tampoco logramos dimensio- nar fue la crudeza del terrorismo de Estado, la represión, la desaparición y hasta donde podían llegar a destruir nuestras familias. De eso no teníamos dimensión. También una idealización de que el pueblo iba a reaccionar fren- te a la represión, al avallasamiento de las libertades y de la democracia…y llevó mucho tiempo para que lograra reaccionar”.
Piden la detencion del teniente coronel Carlos Luis Malatto en Italia, por riesgo de fuga segun se supo este 25 de agostos en los tribunales de Roma. La presentación la realizo la abogada Francesca SASSANO del tribunal de Potenza, en calidad de defensora , Marie Noelle Erize Tisseau y la ONG 24MARZO Onlus.
Malatto esta cercado por sendas causas penales en Argentina e Italia. Justamente, la emisión de un pedido de extradición del militar genocida por parte del Juez Federal de San Juan Lepoldo Rago Gallo a fines de junio de 2022, que estaria proxima a llegar a los gribunales romanos, disparo las alarmas. Malatto se había escapado de Argentina en 2011. De Mendoza donde vivía –más precisamente en Godoy Cruz, donde incluso había abierto un negocio– se fugó a Chile y de ahí voló a Italia. Vivió en L’Aquila, una ciudad ubicada a un centenar de kilómetros de Roma, y luego en Génova. Cuando se difundieron más denuncias contra él, desapareció del mapa y fue descubierto en junio de 2019 por dos periodistas italianos en Portorosa de Messina. El abogado de Malatto es Augusto Sinagra, que perteneció a la Logia Masónica P2 de Licio Gelli.
Carlos Luis Malatto.
Por otra parte en la causa 38497/2015 RG NR, se imputa al Teniente Coronel Carlos Luis MALATTO, pendiente en la Fiscalía Penal de Roma, por la ONG 24MARZO Onlus en 30.7.2015, donde se interpuso denuncia por los hechos cometidos en competencia con otros sujetos (más de cinco) de varios episodios agravados de secuestro y asesinato de ciudadanos argentinosde la premeditación y el uso de la tortura y la actuación con crueldad y violencia,
La abogada Francesca SASSANO
La presentación de la abogada Sassano subraya que “debe considerarse que los hechos denunciados son imputables al gravísimo delito de asociación, habiéndose cometido en competencia entre varios sujetos, en relación con la que, también tras la modificación realizada al respecto por la Ley 47/2015, art. 275 c.p.p. establece una presunción de idoneidad absoluta para la prisión preventiva en prisión” .
Finalmente, existe un peligro concreto y actual de contaminación de las pruebas. precisamente a la luz de la supuesta nueva solicitud de extradición formulada pero no. Al respecto se cree que el abogado en San Juan de Malatto, Eduardo San Emeterio ya lo habria informado al militar prófugo.
La espía que estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo y lleva 45 años en las sombras
A partir de su legajo, otros documentos y testimonios, Página/12 reconstruye la historia de la mujer conocida como “Isabelita”, que integró el Cuerpo de Informaciones de la PFA y durante la dictadura se infiltró entre familiares de detenidos-desaparecidos para sacarles información. Las sospechas por su presunta responsabilidad en los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz. Ya en democracia continuó realizando tareas de espionaje sobre organizaciones políticas y en 1997 llegó a ser una de las responsables de la Escuela Federal de Inteligencia.
Por Luciana Bertoia
Las Madres de Plaza de Mayo, durante una de sus rondas, registrada en 1982.. Imagen: AFP
Durante décadas, el rostro aniñado del marino Alfredo Astiz fue la cara de la traición después de que se hiciera pasar por hermano de un detenido-desaparecido para mezclarse entre los familiares que buscaban con desesperación saber qué había pasado con los suyos. Pero Astiz no fue el único integrante de las fuerzas represivas o de los servicios de inteligencia dedicado a esas tareas. Una mujer de ojos pardos y cabello castaño –integrante del sombrío Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA)– también se infiltró en Madres de Plaza de Mayo para sacar información de las mujeres que le reclamaban a la dictadura la aparición con vida de sus hijos e hijas, según pudo reconstruir Página/12 a partir de la lectura de su legajo, que está en poder de los tribunales federales. A más de 45 años de la infiltración, la historia de esta mujer –que ocupó lugares encumbrados en la estructura de inteligencia de la PFA– permanecía en las sombras. Hasta ahora.
A la mujer la conocían como “Isabelita” dentro de ese organismo de la PFA –su nombre real no se divulga para no entorpecer investigaciones judiciales–. Entró a la Escuela de Informaciones en marzo de 1969, poco después de cumplir los 21 años. Para entonces, vivía con sus abuelos en un chalet de la zona oeste del conurbano. Desde que había terminado el comercial en el partido de Morón, se ganaba la vida dando clases de inglés. Al Cuerpo de Informaciones llegó por recomendación de un jefe del Departamento de Informaciones Policiales Antidemocráticas (DIPA), un organismo que se disolvió en 1973 por decisión del gobierno peronista y cuyos integrantes pasaron a los departamentos de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF). El jerarca –al que Isabelita presentaba como un tío– se reconvirtió con los años en personal civil de otro temible organismo: el Batallón de Inteligencia 601.
Durante los años de la dictadura, la mujer hizo carrera dentro del Cuerpo de Informaciones. Entre 1976 y 1979 pasó por la División Central de Reunión, la Dirección General de Inteligencia, el Departamento de Asuntos Subversivos, el Departamento de Asuntos Gremiales y el Departamento de Situación. En julio de 1977 recibió una felicitación por su trabajo abnegado y en 1978 hizo un curso de especialización en inteligencia. También aprovechó para estudiar Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e inició una pareja con un técnico electricista que revistaba como personal civil en otro servicio de inteligencia –el Batallón 601–. Así lo informó ella a sus superiores en julio de 1982, siguiendo las reglas que rigen la vida de los integrantes del Cuerpo de Informaciones.
Como su pareja había sido destinada a Mar del Plata, Isabelita pidió autorización para trabajar en la delegación de la PFA de esa ciudad balnearia. Había una razón adicional: estaba embarazada y pronto daría a luz. En diciembre de 1982, el comisario Eduardo Pedro Antoniuk les reclamó a los superiores el traslado de la agente que gozaba de una buena reputación dentro del Cuerpo de Informaciones. Antoniuk dio una razón adicional: “La causante figura en una denuncia realizada en el ámbito internacional por un exintegrante de un organismo de seguridad como perteneciente a organismos de seguridad involucrados en la lucha antisubversiva”.
Pide el traslado a Mar del Plata y dice que figura en una denuncia hecha en el exterior.
En otras palabras, su jefe entendía que un cambio de aire le serviría no solo por motivos familiares sino también para sacarla del foco de atención. Inmediatamente, en el legajo de la mujer lucía otra certificación que llevaba la firma de Juan Andrés Fonte, el segundo del jefe de la SSF: “La causante presta servicio en el cuadro ‘A’, cumpliendo funciones de Reunión de Información (Servicio Externo), habiendo estado infiltrada en la agrupación MADRES DE TERRORISTAS, siendo detectada. Actualmente y por su estado de embarazo cumple funciones internas”.
La confirmación de que estuvo infiltrada en Madres.
El legajo deja pocas dudas de que la mujer estuvo infiltrada en Madres de Plaza de Mayo. Si algún interrogante quedaba, un parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) –desclasificado durante la intervención de Cristina Caamaño– lo despeja. El 5 de octubre de 1982, las Madres protagonizaron una movilización hacia Plaza de Mayo. Un agente de la PFA aprovechó el escenario para simular que abrazaba a una de las Madres, Susana Leguía. El policía Carlos Enrique Gallone se las ingenió para ser retratado. Su imagen apareció en la primera plana del diario Clarín, entre otros medios, como un gesto de reconciliación. La SIDE siguió de cerca esos eventos. En un informe, los espías decían que la foto causó conmoción al interior del organismo de derechos humanos, pero agregaban un dato más: esa marcha había sido prohibida por el Ministerio del Interior –del que dependía la PFA– y el decreto nombraba a la agrupación como “Madres de delincuentes terroristas”. Una denominación muy parecida a la que aparecía en el legajo de Isabelita, por lo que probablemente fuera la que usaba la PFA.
Parte de la SIDE en el que dice que el Ministerio del Interior llamaba
Un agente indiscreto
Un año antes de que Isabelita pidiera el pase a Mar del Plata, Luis Alberto Martínez cayó detenido en Suiza. Junto con un grupo de agentes del Batallón 601 estaba intentando cobrar el secuestro extorsivo a la familia de un empresario argentino. Martínez –conocido como el “Japonés”– dio una extensa declaración ante la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) en julio de 1981. En ese testimonio, mencionó centros clandestinos, zonas liberadas y algunas de sus tareas como integrante de la SSF, en donde reportó en Asuntos Gremiales y Asuntos Estudiantiles. Es decir, se ocupaba de espiar en sindicatos y en universidades.
Ante la FIDH, Martínez dijo que la PFA estuvo involucrada en los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz, cuando los grupos de tareas de la dictadura se llevaron a tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y a las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. “Se había infiltrado entre las Madres de Plaza de Mayo una mujer, Isabelita, del Cuerpo de Auxiliares de Inteligencia, anexado a Seguridad Federal”, dijo Martínez en 1981.
A Isabelita la describió como una mujer que llevaba los cabellos largos en una cola de caballo hasta la cintura y, según los recuerdos de Martínez, la mujer simulaba tener un hermano desaparecido –como lo hacía Astiz–. Según Martínez, él y otros efectivos de la PFA tuvieron que ir a buscar las pertenencias de Isabelita después de los secuestros de una pensión que tenía la Curia sobre las calles Viamonte, Paraná y Montevideo. Dijo que ahí vivía con las monjas francesas.
En realidad, la Iglesia no tenía una propiedad en esa zona, pero sí existía una pensión de mujeres en Viamonte 1596, que podría ser el lugar al que Martínez se refería. Hasta donde se sabe, Leonie vivía en Castelar, mientras que Alice alternaba en distintos lugares –como se reconstruye en el libro Callar sería cobarde, de Frederic Santangelo–. Más allá de lo que surgen como imprecisiones, la declaración de Martínez es, sin duda, la razón por la que los superiores de Isabelita sugerían su pase a Mar del Plata.
Declaración del
Los vínculos con la Armada
Como probó la Justicia, los secuestros de los doce de la Santa Cruz –que se extendieron entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977– estuvieron en manos de la Marina. Una versión que recoge el periodista Uki Goñi en su libro Judas es que Astiz precipitó el operativo por el temor de ser reconocido. Goñi incluso sostiene que entre quienes se reunían en la Santa Cruz habían empezado a aflorar sospechas sobre la muchacha que acompañaba a Astiz. Era lógico: la chica era una secuestrada a quien obligaban a acompañar al marino en la infiltración.
En el grupo de tareas de la Marina hubo efectivos de la PFA, pero se trataba en todos los casos de integrantes del área de Operaciones. Un sobreviviente de la ESMA recuerda que no había vínculos entre la inteligencia del GT 3.3.2 y de la PFA. Tal era la desconexión que, en un momento, los marinos sospechaban que estaban detrás de la misma presa que los federales y tuvieron que mandar al sargento Juan Carlos Linares a simular un encuentro casual en la zona de Coordinación Federal con un conocido de la PFA para chequear la información. Una de las posibilidades era que tanto Astiz como Isabelita estuvieran merodeando a los grupos de familiares sin que existiera coordinación entre ellos.
Jorge “Tigre” Acosta, el jefe de inteligencia del grupo de tareas que operaba en la ESMA, reconoció que, al menos, desde agosto de 1977 habían montado vigilancia sobre las organizaciones de solidaridad –léase los organismos de derechos humanos–. En una declaración, Acosta dijo que esa información la compartía la comunidad informativa –es decir, los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas– y mencionó la existencia de una directiva nacional que determinaba como blanco a quienes buscaban saber qué había pasado con sus familiares desaparecidos.
Aires no tan democráticos
Cuando llegó la democracia, Isabelita siguió creciendo profesionalmente. Pasó en diciembre de 1983 a integrar el Departamento de Protección del Orden Constitucional –el temido POC–. Después del asalto a La Tablada de enero de 1989, el entonces procurador general Andrés D’Alessio conformó un grupo de agentes de inteligencia de la PFA para investigar al Movimiento Todos por la Patria (MTP). Ella estuvo entre los elegidos por el excamarista del Juicio a las Juntas.
Durante esos primeros años de la democracia, el área de inteligencia de la PFA se dedicó a seguir a organizaciones que, según ellos, reivindicaban la violencia política. “Después de que se aplacaron los ecos del hecho de La Tablada (enero de 1989) y del enfrentamiento con la Brigada Che Guevara (noviembre de 1990) un razonamiento elemental de inteligencia permitiría inferir que los elementos fanatizados recompondrían sus cuadros con la idea de seguir azotando el país”, puede leerse en un informe que integra el legajo de Isabelita.
“Se trabajó sobre la hipótesis de que dichos elementos tendrían un aceptable caldo de cultivo para sus acciones psicológicas en las marchas que organismos de derechos humanos y de solidaridad desarrollaban en el país con distintos motivos o reclamos”, continuaba el reporte que dejaba en claro que para los servicios de inteligencia, al igual que en la dictadura, el movimiento de derechos humanos se presentaba como un enemigo al que temer y espiar.
Organismos de derechos humanos como sospechosos en plena democracia.
Como parte de esas tareas, los agentes de inteligencia de la PFA siguieron a quienes decían que integraban la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP) hasta provocar una serie de caídas. Entre quienes fueron blanco de los espías de la Federal estuvo Oscar Kuperman, a quien seguían, por ejemplo, a las rondas de los jueves de las Madres en la Plaza de Mayo. Cuando allanaron la casa de Kuperman, consignaron que, en sus agendas, se veía que mantenía relaciones “personales, ideológicas y partidarias” con organismos de solidaridad y derechos humanos.
Para 1997, Isabelita se incorporó como una de las responsables de la Escuela Federal de Inteligencia, por donde pasaron otros célebres espías de la PFA, como Américo Balbuena, el “pluma” que estuvo infiltrado en la agencia de comunicación alternativa Rodolfo Walsh. Con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, la mujer pidió la baja.
Para que se investigue
En 2013, la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré denunció a Isabelita por su presunta responsabilidad en los secuestros de la Iglesia de la Santa Cruz después de que el Grupo Especial de Relevamiento Documental (GERD) analizara su legajo. La presentación se hizo en el juzgado donde tramita la megacausa ESMA. Después de una serie de medidas, el juez Sergio Torres archivó parcialmente las actuaciones porque no pudo probar que la mujer hubiera sido parte de los operativos de diciembre de 1977. Sin embargo, entendió que, de su legajo, se desprendía que podría haber estado involucrada en crímenes de lesa humanidad y le remitió la documentación al juez Daniel Rafecas –que investiga los crímenes bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército– y a la Procuración.
Hasta ahora, la historia de Isabelita permanecía en las sombras, a diferencia de lo que sucedió con otros de los integrantes del Cuerpo de Informaciones de la PFA. El organismo quedó bajo los reflectores después del éxito de la serieIosi –que retrata, a partir de una investigación de los periodistas Miriam Lewin y Horacio Lutzky, cómo José Pérez estuvo quince años infiltrado en la comunidad judía–.
“Todos los hechos vinculados al terrorismo de Estado deben ser investigados y esclarecidos por la Justicia argentina”, afirma la fiscal María Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), al ser consultada por Página/12 por la actividad de Isabelita en los años de la dictadura.
“Es crucial investigar su participación en los hechos de la dictadura”, opina Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación. “El caso demuestra además que era cierto lo que siempre denunció el movimiento de derechos humanos: la continuidad de prácticas de la dictadura en democracia. La impunidad permitió esto”, añade el funcionario.
En una línea similar se pronunció Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Lo que se logró saber de Isabelita es útil para entender mejor cómo funciona esa estructura secreta de la PFA y para reafirmar la necesidad de que se investigue exhaustivamente cómo funcionó durante la dictaduray los años posteriores”, dijo a este diario. “La continuidad de agentes bajo secreto que tuvieron alguna participación en el aparato represivo y las prácticas de infiltración por razones políticas exigen la apertura de archivos y de investigaciones porque no es razonable que después de todas estas décadas sea prácticamente imposible reconstruir su participación en el terrorismo de Estado y su normativa y organización desde la recuperación democrática”, reclamó la directora del CELS.
9 º JUICIO DE LESA HUMANIDAD EN MENDOZA AUDIENCIA 79 / OPERATIVO CONTRA EL PRT-ERP
12-08-2022 | En la segunda jornada de alegatos, el fiscal Daniel Rodríguez Infante reconstruyó los casos de las veintidós víctimas del operativo de mayo de 1976 contra militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores–Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Este juicio retoma casos ya abordados pero también algunos que no fueron objeto directo de las investigaciones previas. La próxima audiencia será el 19 de agosto a las 9:00.
El representante del Ministerio Público Fiscal inició su exposición aclarando que de la totalidad de casos del operativo conjunto contra el PRT, quince ya fueron tratados con anterioridad: de forma aislada en el tercer y cuarto juicio de Mendoza y como parte del operativo mayo del 76 en el sexto. El presente juicio retoma esas causas pero incluye, además, siete casos sobre los que se hizo referencia previamente, pero que no fueron objeto directo de las investigaciones: Edmundo Samuel Beliveau, Jaime Pedraza, Nicolás Zárate, Raúl Acquaviva, Vivian Acquaviva, Carlos Alberto Roca y Valentín Sabatini.
Por estos secuestros deben responder ahora policías del Departamento de Informaciones (D2) —Marcelo Rolando Moroy, Armando Fernández y José Esteban Roccato—, miembros de la Fuerza Aérea —Eduardo Gaviola, Alberto Raganato, Emilio García y Néstor Carmona— e integrantes del Destacamento de Inteligencia 144 —Hugo Luis Zalzar y Vicente Omar Navarro Moyano—. Rodríguez Infante destacó que el operativo contempla diversos procedimientos que tuvieron lugar entre el 12 y el 19 de mayo de 1976, cuyo principal blanco fue la Juventud Guevarista (JG), estructura juvenil del PRT. Los hechos involucran gran cantidad de pruebas y los testimonios de más de sesenta personas que declararon en este y otros debates.
Segunda jornada de alegatos en el noveno juicio
La fiscalía presentó la secuencia cronológica de secuestros que analizó a lo largo de su alegato: el 12 de mayo detuvieron a Daniel Moyano, Víctor Sabatini, Nélida Allegrini y Valentín Sabatini; el 13 a Virginia Suárez, Liliana Tognetti, Graciela Leda, Silvia Schvartzman y Eugenio Paris; el 14 a Carlos Roca, Raúl Acquaviva, Vivian Acquaviva, Héctor Granic, Edmundo Beliveau, Hugo Talquenca y Julio Talquenca; el 15 de mayo a Blanca Graciela Santamaría y Silvia Campos; el 16 a Mario Luis Santini; el 17 a Antonio Siro Vignoni y Nicolás Zárate, y el 19 de mayo a Jaime Pedraza. Nueve víctimas se encuentran desaparecidas.
12 de mayo: Daniel Moyano, Víctor Sabatini, Nélida Allegrini y Valentín Sabatini
Víctor Sabatini tenía 30 años y era inspector del Ministerio de Trabajo. Militaba en el PRT y le alquilaba a Daniel Moyano una habitación en la vivienda que compartía con su esposa Nélida Lucía Allegrini, docente y ama de casa. Allegrini aseguró no tener militancia pero sí amistad con diversas personas de la organización, como el matrimonio Vignoni-Schvartzman. Valentín Sabatini, padre de Víctor, tampoco participaba en política. Daniel Moyano tenía 22 años, militaba en la Juventud Guevarista y estudiaba en la Escuela Superior de Comunicación Colectiva, donde participaba del centro de estudiantes. Al momento de su detención se encontraba en la clandestinidad. Su nombre de guerra era Gustavo. Continúa desaparecido.
El 12 de mayo por la madrugada ingresaron al domicilio de Villanueva, Guaymallén, unas ocho personas que se presentaron como policías —unas de civil, otras de fajina—. Esa noche secuestraron a Víctor mientras mantenían encerrada a Lucía y sus dos hijos. El hombre fue introducido vendado en un auto donde también estaba Daniel Moyano. En el camino los sometieron a un simulacro de fusilamiento. Existen numerosas constancias del procedimiento, entre ellas un sumario del D2.
En esta dependencia policial Sabatini fue torturado. También realizaron un careo entre él y Moyano. Al tercer día desde sus detenciones perdió todo contacto con el joven. El 7 de junio Sabatini fue llevado a la Comisaría Séptima y un día más tarde, junto a otras víctimas de este operativo, trasladado al Comando de la VIII Brigada, donde le leyeron la sentencia del Consejo de Guerra —pudo ver a su esposa en esta instancia—. Fue condenado a 25 años de prisión por múltiples delitos y conducido a la Penitenciaría de Mendoza. En septiembre ingresó a la Unidad 9 (U9) de La Plata y recuperó su libertad recién en abril de 1984.
El Consejo de Guerra menciona a Gustavo como hombre importante dentro de la Juventud Guevarista y del Ejército Revolucionario del Pueblo. En el sumario del procedimiento de detención de Sabatini, pese a que fueron secuestrados juntos, no se menciona a Moyano, hecho frecuente en los casos de las víctimas que luego serían desaparecidas. Numerosas personas detenidas en el D2 declararon haber visto y/o escuchado a Moyano, entre ellas Edith Arito y Mario Gaitán, incluso sostienen que llegó a decir su nombre. El joven estaba muy malherido y se comentaba que había fallecido allí.
Valentín Sabatini, padre de Víctor, fue interceptado cuando se dirigía a la casa de su hijo luego de su secuestro. Lo detuvieron ilegítimamente y en un lugar que no pudo determinar le hicieron firmar unos papeles por la tutela de sus nietos. Regresó a la vivienda donde estaba su nuera con sus dos hijos y poco después, el 12 de mayo por la tarde, las cuatro personas fueron conducidas al domicilio de Valentín. Allí quedaron abuelo y nietos, mientras que Nélida ingresó al D2. Allegrini fue torturada e interrogada. Le reprocharon, por ejemplo, que no tuviera crucifijos en su casa.
Allegrini estuvo en el D2 hasta fines de mayo de 1976. En el Comando le tomó declaración el Consejo de Guerra y luego continuó detenida y vendada un mes en la Comisaría 33. El 7 de julio, nuevamente en el Comando, leyeron su sentencia antes de conducirla a la Penitenciaría. En septiembre pasó al penal de Devoto. Fue liberada en septiembre de 1979. Declaró haber sido vigilada una vez en libertad por personal del D2.
13 de mayo: Virginia Suárez, Liliana Tognetti, Graciela Leda, Silvia Schvartzman y Eugenio París
Virginia Adela Suárez tenía 23 años, era maestra y estudiaba en la Escuela Superior de Comunicación Colectiva. También era alfabetizadora en el barrio San Martín junto al cura Llorens y militaba en la JG y el PRT. Era responsable política, junto a Daniel Moyano, de Roca y París. Su nombre de guerra era “Vivi”. El 13 de mayo fue secuestrada en el domicilio de Barraquero, Godoy Cruz, donde vivía junto a su madre, su hermano y su abuelo. Un grupo ingresó violentamente por los techos con armas largas y pelucas. De acuerdo a un vecino, intervino un camión del Ejército. Antes del secuestro ya habían notado que la casa era vigilada. El fiscal hizo hincapié en el accionar de la inteligencia del aparato represivo, dado que la familia de la víctima sufrió múltiples episodios de persecución luego de la desaparición de Virginia, aún en democracia.
Se desconoce dónde estuvo detenida la joven. En octubre de 1976, cinco meses más tarde, Vivian Acquaviva fue secuestrada e introducida en un vehículo donde se encontró con Virginia Suárez. Ambas mujeres fueron conducidas al Campo Las Lajas. En este Centro Clandestino de Detención de la Fuerza Aérea Virginia fue vista por última vez.
La audiencia se desarrolló nuevamente en la biblioteca
Liliana Tognetti tenía 24 años. Fue secuestrada el 13 por la mañana en su domicilio de San José, Guaymallén, por personal de civil. Graciela Leda —vecina y compañera— observó el hecho antes de ser también detenida. Liliana permaneció en el D2 hasta el 7 de julio de 1976, momento en el cual fue llevada a la penitenciaría. A partir del 29 de septiembre cumplió la condena del Consejo de Guerra en Villa Devoto. Recuperó la libertad en 1982.
Graciela del Carmen Leda había tenido una corta militancia en la JG. La secuestraron de su domicilio cuatro policías armados y de civil, un día antes de cumplir 19 años y una hora después de ver la detención de Liliana. Junto a su padre y su tío la condujeron en tres vehículos al D2. Los hombres fueron liberados prontamente. Graciela estuvo dos meses en el D2. Allí sufrió violencia sexual y de género —la amenazaban con dejarla estéril—, además de brutales sesiones de tortura. Relató que por el uso de la picana eléctrica se le abrió una vieja herida de una operación de apendicitis. Por este suceso tuvo que ser internada varias veces durante su cautiverio e intervenida quirúrgicamente. De julio a noviembre del 76 estuvo alojada en la penitenciaría de Mendoza. Posteriormente fue trasladada a Devoto, donde permaneció cautiva hasta noviembre de 1980. Recuperó su libertad en Mendoza, el 6 de diciembre de 1983.
Silvia Schvartzman tenía 26 años, vivía en San José y trabajaba en la Unión Vecinal de su barrio. Estaba casada con Antonio Siro Vignoni, también víctima del operativo y compañero de estudios de Víctor Sabatini. El 13 de mayo por la mañana fue interceptada por personal de civil cuando salía de la vivienda con sus hijas. Estas personas realizaron un allanamiento y se retiraron. Por la noche regresaron y la secuestraron. Schvartzman fue trasladada inmediatamente al D2 y sometida a tormentos, golpes y picana eléctrica. Contó que fue entrevistada en una sala de torturas con manchas de sangre y cabellos pegados en las paredes. Una vez condenada por el Consejo de Guerra, fue trasladada al penal de Mendoza y meses más tarde a Devoto. Recuperó la libertad el 15 de agosto de 1983.
Eugenio París tenía 21 años, estudiaba Medicina en la UNCuyo y militaba en la JG. Antes de secuestrarlo el 13 de mayo por la noche en la cervecería donde trabajaba, un grupo de tareas había allanado su domicilio. En el D2 fue torturado e interrogado. Al igual que en los casos ya referidos, existen numerosas constancias documentales y testimoniales de su paso por el D2 y posteriores movimientos. París fue condenado por el Consejo de Guerra, trasladado a la Penitenciaría de Mendoza y luego a la U9 de La Plata. En 1981 pasó a Rawson y a comienzos de 1983, por reducción de pena, obtuvo la libertad.
14 de mayo: Carlos Roca, Raúl Acquaviva, Vivian Acquaviva, Héctor Granic, Edmundo Beliveau, Hugo Talquenca y Julio Talquenca
Carlos Roca Acquaviva tenía 22 años, era primo de Raúl y Vivian Acquaviva y militante del Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS), vinculado al PRT. Cursaba sexto año de la Escuela Nacional de Educación Técnica 1 (ENET), donde también estudiaron Edmundo Beliveau, Pablo Granic y los hermanos Talquenca. El 14 de mayo por la madrugada trataron de secuestrarlo en el domicilio de su familia en Godoy Cruz, pero el joven sabía que lo estaban buscando y escapó minutos antes del operativo. Cinco hombres de civil y con armas allanaron la vivienda y robaron múltiples pertenencias. Carlos se refugió en la casa de su tío Mario en el barrio SUPE. Luego de una reunión familiar, por consejo de un pariente que era militar retirado, ese mismo 14 de mayo el joven se presentó en el D2, donde le prometieron garantías. No obstante, una vez solo, Carlos fue vendado, torturado y encerrado como el resto de las víctimas. Recibió condena del Consejo de Guerra, fue alojado en la Penitenciaría de Mendoza y en la U9. Recuperó la libertad en diciembre de 1983. Roca declaró ante la CONDAEP y en el Juicio a las Juntas.
Raúl Acquaviva tenía 22 años, estudiaba Ingeniería en Petróleo, trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social y militaba en la JG. El 13 de mayo por la noche sujetos disfrazados ingresaron a su domicilio y, dado que no estaba, se quedaron a esperarlo. Raúl fue secuestrado cuando regresó a su hogar, el 14 por la madrugada, y conducido al D2. El derrotero de Raúl fue similar al del grupo en su conjunto: condena del Consejo de Guerra, penal de Mendoza, U9 de la Plata, Sierra Chica y Rawson. Fue liberado el diciembre de 1983.
Vivian Acquaviva sufrió dos detenciones en 1976, la primera en el mes de mayo. Tenía entonces 18 años, cursaba escuela en turno noche y trabajaba en un estudio de abogacía. El 13 de mayo por la noche estaba presente en el bar donde trabajaba su amigo Eugenio París cuando este fue secuestrado. La joven se propuso seguir el vehículo hasta el D2. Allí la mandaron a hacer la denuncia a la Comisaría 3, pero fue interceptada en el camino y quedó detenida en esa seccional. Verificaron su apellido y la dejaron en libertad en la madrugada del 14, luego de que su hermano Raúl hubiera sido capturado y trasladado al D2. El novio de Vivian, Juan Carlos Abad, también estuvo brevemente detenido en el D2. Abad había aparecido en la casa de la familia Acquaviva justo en el momento en que se realizaba el secuestro de Raúl y los captores usaron su auto para llevarlos a ambos al Palacio Policial.
La segunda detención de Vivian fue fundamental para conocer el destino de Virginia Suárez, explicó el fiscal. Como se dijo, el 20 de octubre de 1976, luego de salir del colegio nocturno, Vivian fue interceptada por personas de civil y obligada a ingresar en un vehículo. Se encontró allí con Virginia Suárez, a quien conocía como amiga de su hermano. Luego de 45 minutos de viaje, el auto llegó a un “rancho” con piso de tierra donde ambas fueron torturadas y violadas. Acquaviva declaró que “Vivi” Suárez estaba muy flaca y golpeada. Después de unas horas, cargaron a Vivian en un auto y la dejaron en el centro. Cuando pudo regresar a su casa, la encontró llena de policías. Años más tarde reconoció por fotografías que el rancho correspondía a Campo Las Lajas.
Héctor Pablo Granic estudiaba en la ENET de Maipú y tenía 20 años al momento de su desaparición. Sobre aquel operativo en la vivienda familiar —ubicada en la calle Cervantes de Godoy Cruz— declararon, su madre, su hermana y su cuñado, quienes lo presenciaron. Fue el 14 de mayo del 76 a las 2:30 de la madrugada. Cuando lograron salir del encierro en una habitación, notaron las detenciones y el robo de objetos.
Edmundo Samuel Beliveau tenía 20 años y, para el momento del secuestro, estaba en la casa de su compañero. Se hacía llamar “Edmundo Bouvier” o “Pedro Quinteros”. Lo crio su tía como si fuese un hermano más, junto a sus primos y prima de apellido Muñiz, porque de pequeño había quedado huérfano de madre. De adolescente viajó a Buenos Aires pero regresó a Mendoza por un campamento y decidió quedarse.
Rosa Pacheco confirmó ante la regional local del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) que ambos militaban en la Juventud Guevarista, a pesar de que sus familiares no estuvieran al tanto. Edmundo ya había sido detenido en el 74, por unas pintadas en Maipú, y en esta segunda ocasión había estado repartiendo folletos en la fábrica Minetti. El 20 de diciembre del 77 figura en el registro del Departamento Judicial de la Policía (D5) que el D2 le devolvió su prontuario policial. Por el caso, la hermana de Granic hizo la denuncia, el padre se presentó ante la Comisaría 7 y también realizó gestiones ante el Comando de la VIII Brigada de Infantería de Montaña.
Hugo Alfredo Talquenca cursaba en la escuela Pablo Nogués y trabajaba temporalmente en la Bodega Furlotti. Además, militaba en la JG, colaboraba en barrios carenciados, discutía sobre política. Su hermano mayor le decía que iba a tener problemas por eso. El 14 de mayo de 1976 a las 3 de la madrugada, dos personas de civil —armadas y calzadas con borceguíes del Ejército— irrumpieron en la casa de la familia, en la calle Julia A. Roca de Gutiérrez, Maipú.
Amenazaron a toda la familia, preguntaron por Hugo y cuando su hermano, Julio Félix, se interpuso, también se lo llevaron. El padre les dijo a los captores que su hijo necesitaba una medicación y le respondieron que ya lo sabían. Hugo tenía 21 años cuando lo secuestraron y Julio, 24. Trabajaba como albañil junto con su papá, tenía una novia y no tenía actividad política. Durante el operativo también les robaron fotografías y los subieron encapuchados a un Renault blanco. En el barrio aseguraron que iban tres vehículos particulares y uno de policía.
La hermana, que tenía 13 años al momento de los hechos, declaró sobre el procedimiento. Su padre presentó cinco habeas corpus y se constituyó como querellante en las causas. Además, hay testimonios de una vecina, de un amigo de la primaria y de compañeros de la construcción.
15 de mayo: Blanca Graciela Santamaría y María Silvia Campos
Blanca Graciela Santamaría tenía 23 años y estudiaba Artes Plásticas. No hay información sobre su militancia activa pero tenía vínculo con distintas personas de la JG y su hermana, María Florencia, estaba detenida desde abril del 75. El operativo en el que desapareció Blanca fue el 15 de mayo a las 2 de la mañana, en su casa del barrio Unimev. Más de veinte hombres armados, algunos de civil y otros con uniforme militar, con peluca, radiotransmisores y distintos accesorios ingresaron violentamente a la vivienda. Algunos treparon por las paredes de casas vecinas. Amordazaron al padre y encerraron a la madre y los hermanos en el baño.
Héctor Toledo, un vecino que fue agredido cuando intentó asistir a la familia, declaró que habían arribado varios vehículos y en uno subieron a la víctima. A Blanca Santamaría se la llevaron en camisón y desde entonces está desaparecida. En una visita a Florencia en la cárcel de Devoto, su madre le contó todo y por eso pudo declarar. Relató que cuando fue el operativo había un compañero de Blanca —después se supo que era Osvaldo Zuin— que logró escapar. La familia denunció en la Comisaría 9 y presentó un habeas corpus.
Audiencia 79
María Silvia Campos tenía 23 años, estudiaba Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo y militaba en el PRT. La noche de su desaparición, Silvia Campos estaba con Frida Angélica Capatto, su compañera y amiga. Ingresaron a la vivienda —de calle Pedernera de San José— 15 personas armadas, con pantalones azules y borceguíes, que arribaron en distintos autos. Uno de ellos tenía un pasamontañas grueso. Redujeron a su papá y a su mamá; mientras que a Capatto la encapucharon con la funda de una almohada.
La policía arribó al domicilio luego de la denuncia de su padre y constató que la puerta de acceso a la casa estaba destruida. En la búsqueda, su madre presentó un habeas corpus. María Silvia Campos es una de las víctimas de la dictadura de quien no se supo nunca más nada después de su secuestro. El fiscal destacó que los imputados “podrían aportar alguna información”, aunque está convencido de que no lo van a hacer.
16 de mayo: Mario Luis Santini
Mario Luis Santini estudiaba en la escuela Pablo Nogués, militaba en la JG y tenía 20 años cuando fue desaparecido. El operativo se desplegó en su domicilio de la calle Balcarce de Las Heras, el 16 de mayo a las 3 de la madrugada. Una patota preguntó por él y ató a su madre. Cuando ella logró sacarse las vendas, gritó por su hijo pero ya se lo habían llevado. Como acostumbraban, también robaron objetos.
La familia radicó una denuncia policial en la Comisaría 16 y la policía fue a su casa, pero nunca citaron a nadie. También hicieron consultas en la Base Aérea, en la Dirección de Investigaciones, en el Ministerio del Interior y en el Obispado. Presentaron 4 habeas corpus y denunciaron ante la Conadep. Se sabe que intervino la Subzona militar N° 2.
17 de mayo: Antonio Siro Vignoni
Antonio Siro Vignoni estaba casado con Silvia Schvartzman y, además de cronista deportivo, era empleado judicial auxiliar de la primera circunscripción. El 17 de mayo, lo secuestraron tres agentes del D2, a quienes conocía por su trabajo. Como acostumbraban en el centro clandestino, fue sometido a torturas y golpes. En un reconocimiento fotográfico identificó a Pablo Gutiérrez y a Alfredo Milagro Castro entre sus captores.
Luis Scafatti recordó a “un muchacho del Poder Judicial”. Como el resto de los sobrevivientes de esta causa, fue condenado en un Consejo de Guerra a 22 años de prisión el 7 de julio del 76, fecha en que lo trasladaron a la penitenciaría. En septiembre participó del traslado masivo a la Unidad 9 de La Plata; en abril del 79 fue alojado en la cárcel de Rawson, y en diciembre del 83 recibió la libertad.
19 de mayo o antes: Jaime Pedraza
Jaime Pedraza, de nacionalidad chilena, tenía 24 años al momento de su secuestro. Declaró en la etapa de instrucción. No se sabe exactamente la fecha, pero sí es seguro que fue antes del 19 de mayo del 76, fecha de su indagatoria ante el Consejo de Guerra. Por no ser local, desconocía a dónde lo llevaron pero después supo que era el D2 y hay testimonios que acreditaron su permanencia en ese lugar. Tuvo una condena de 2 años, pero no se sabe cuándo recuperó su libertad, aunque el primer tramo de su cautiverio fue igual al del resto: el 7 de julio, la penitenciaría; el 27 de septiembre, la Unidad 9 de La Plata.
20 de mayo: Nicolás Zárate
Nicolás Zárate era de los más grandes. Tenía 49 años cuando fue secuestrado a las 19:00, el 20 de mayo de 1976, en la calle Videla Correas de la Ciudad de Mendoza. Intervinieron efectivos policiales del D2 y, como el resto, en esa dependencia fue sometido a torturas. Declaró ante el Juzgado de Instrucción Militar y distintos compañeros y compañeras constataron su detención. El Consejo de Guerra lo condenó a 21 años de prisión y pasó, como el resto, por la Penitenciaría de Mendoza, luego por la Unidad 9 de La Plata y recién en 1984 recuperó su libertad.
El fiscal, Daniel Rodríguez Infante, terminó de mencionar todos los casos de este gran operativo de mayo de 1976. El juicio continuará con el Operativo Antijesuita, nombre con el que se refirieron a la persecución de militantes sociales del barrio San Martín, que se desempeñaban bajo el ala del cura “Macuca” Llorens.
SÓLO 24 DE LOS 33 IMPUTADOS RECIBIO PEDIDOS DE CONDENAS, DOS NO FUERON ACUSADOS Y EL RESTO NO TERMINO EL JUICIO POR FALLECIMIENTO O POR ENFERMEDADES INCAPACITANTES
La Megacausa III, por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan desde 1974 a 1983, después de mas de tras años de sesiones escuchó el pedido de penas para los principales responsable de la represion de aquellos años.
La “Patota del RIM 22 “recibió otro pedido de prision perpetua. Se trata de : Gustavo Ramon Demarchi; Jorge Antonio Olivera; Daniel Rolando Gomez; Eduardo Daniel Cardoso; Juan Francisco dellTorchio; Juan Carlos Coronel. El policia sobre el que recayo el pedido a prision perpetua es Miguel Angel Mejías
El expediente acumula seis causas. Comprende hechos padecidos por 150 víctimas, de las cuales 22 se encuentran desaparecidas y 6 fueron ejecutadas en el contexto de un caso conocido como Fusilamientos. También se investigan privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y violencia sexual.
El resto de las penas: Los pedidos de condena del fiscal federal Dante Vega, en el marco de la Megacausa III para los policias: Carlos Angel Castro, 15 años; Horacio Antonio Estrada 10 años y Araldo Alfredo Medina 8 años y seis meses
Los pedidos de condena del fiscal federal Dante Vega, en el marco de la Megacausa III para los policias: Eduardo Ernesto Traverso 9 años; Gustavo Adolfo Lafuente 8 años; Ricardo Claudio Kaliciñski,7 años y 6 mesesEl fiscal Dante Vega pidió para Marcelo Edgardo Lopez, 17 años; para Miguel ángel Berguñan, 9 años; para Jorge Manuel Laiseca, 7 años; para Eusebio Jurczyszyn, 20 años; para Carlos Antonio Saavedra 7 años y 6 meses; para Juan Carlos Turón, 9 años y 6 meses; paraAndres Walter Alderete, 11 años; Felipe Pedro Molina, 9 años; Ruben Jose Mondaca 9 años y 6 meses y Norberto Jose Trigo, 10años.
DANTE VEGA INSUMIO MAS DE 9 HORAS ENTRE EL LUEVES 28 Y EL VIERNES 29 DE JULIO EN SU INTRODUCCIÓN AL ALEGATO
La revictimizacion de los testigos a partir de la ideología negacionistas, la responsabilidad del gobierno de Eloy Camus en los delitosmde Lesa Humanidad, las características del plan sistemático en san Juan fueron solo alguna de las precisiones que desgrano el fiscal federal. El rol de la policia de San Juan fue motivo de numerosas consideraciones en este alegato.
En el debate se juzgan privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y violencia sexual contra 150 víctimas, 22 se encuentran desaparecidas y 6 fueron ejecutadas en un hecho conocido como “fusilamientos”. Los imputados pertenecían al Ejército y a la Policía local. Es la primera vez que en esta provincia se investiga a la Policía como parte del aparato represivo del terrorismo de Estado: los integrantes del D-2 de Inteligencia son juzgados por su colaboración con los grupos de tareas. También está acusado un Fiscal Federal, Juan Carlos Yannello, por encubrimiento de los crímenes contra 78 víctimas. El expediente acumula seis causas. FMZ 54004613/1976/TO2 y acumulados. “C/CARDOZO, Eduardo Daniel y otro s/inf. Art 144 ter 2° párrafo – según ley 14.616 y otros”. Tribunal: Alberto Daniel Carelli, Gretel Diamante y Paula Marisi Fiscal/es: Dante Vega 28 Imputados 150 Victimas 400 testigos
Ofrecemos una sintesis de la primera parte de lo dicho por Dante Vega:
“La Universidad convertida en usina subversiva”, fue el título utilizado por el diario el 5 de agosto de 1976, día siguiente de la conferencia del general Acdel Vilas, entonces al frente de la Subzona 51 del Ejército. El jefe militar, que venía de comandar el Operativo Independencia en Tucumán, comunicó los logros del operativo represivo contra un grupo de docentes a los que acusaba como responsables de una “penetración extremista” en la universidad.
