Los abogados de los genocidas fueron a golpear las puertas de los tribunales de Comodoro Py. A principios de semana, llegaron al primer piso del edificio de Retiro –donde la Cámara Federal de Casación Penal tiene asiento– con un largo pliego de pedidos pero con especial énfasis en conseguir la prisión domiciliaria para sus defendidos–. La reunión en el máximo tribunal penal del país tuvo ribetes tragicómicos: los atendieron dos de los jueces más criticados por ellos y una de las voceras del sector fue una exsecretaria de la Casación cuya carrera en el tribunal terminó en escándalo después de que supiera que alternaba su jornada laboral con la defensa de su padre represor. Pese a que se ocuparon de promocionar la audiencia, los grupos pro-impunidad se fueron con las manos vacías.

–¿Nos podemos sacar una foto para difundir?– preguntó el lunes uno de los cinco representantes de organizaciones pro-represores que fueron a la Cámara de Casación. Los casadores Alejandro Slokar y Mariano Borinsky –presidente y vicepresidente del tribunal– intercambiaron una mirada fugaz y asintieron sin mucho ánimo. Slokar puso cara de pocos amigos y Borinsky sonrió ante el flash de la cámara.

La foto en cuestión salió publicada en el diario La Nación junto con el planteo de las organizaciones que denostan el proceso de verdad y justicia. En la imagen se veía a quienes participaron del encuentro. A un lado de Slokar se ubicaron Alberto Solanet (Justicia y Concordia), Guilermo Fanego (Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica) y Aníbal Guevara (Puentes para la Legalidad). Al costado de Borinsky se pusieron Ricardo Saint Jean –hijo del gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires que quería matar a todos, incluso a los tímidos– y María Laura Olea, otra hija pródiga pero de la Cámara de Casación. Olea era secretaria de la Cámara y persona de confianza del camarista Eduardo Riggi –integrante de la vieja guardia de la Casación– cuando a finales de 2011 estalló un escándalo porque la mujer intercalaba sus tareas en el tribunal con la defensa de su padre, uno de los jerarcas del V Cuerpo de Ejército durante la dictadura.

Las organizaciones pro-impunidad pidieron la reunión después de que en marzo pasado la Casación reactualizara unas reglas prácticas para acelerar los procesos por delitos de lesa humanidad y de que sus autoridades brindaran un mensaje de apoyo al proceso de verdad y justicia. La presentación en sociedad de esas normas se hizo en una reunión en el primer piso de Comodoro Py con referentes de organismos de derechos humanos. Entre otros habían participado del encuentro Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), Carlos Pisoni (HIJOS Capital), Lita Boitano y Graciela Lois (Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas). Todos habían llegado invitados por el presidente de la Casación, Slokar. Borinsky y Ana Figueroa, la otra vicepresidenta del tribunal, habían sido parte del encuentro.

Con la teoría de que no serían recibidas porque los imputados en procesos de lesa humanidad sufren un trato discriminatorio por parte de la justicia, las organizaciones pro-impunidad fueron a golpear la puerta a Casación. La respuesta fue que sus autoridades recibían a todos los que piden una audiencia. Los casadores también tenían agendada una reunión para el lunes con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, que se postergó porque viajó a Roma.

La perorata fue bastante larga, casi tan larga como el documento de 20 páginas que entregaron en Casación. El texto llevaba las firmas de Solanet por Justicia y Concordia –una asociación creada en 2009 como respuesta a los juicios de lesa humanidad–, de Mario Cabanillas por el Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta, de Guevara por Puentes —una entidad conformada en 2015 por familiares de represores– y de Fanego por la Asociación de Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica. Fanego, un abogado conocido en tribunales por su defensa de los imputados por crimenes durante el terrorismo de Estado y por su destreza para estirar procesos hasta el infinito, impulsó hacia finales de 2017 la creación de esa organización ante la desazón que les provocó que el macrismo no promovió lo suficiente el fin de los procesos por crímenes contra la humanidad. En un documento fundacional, la asociación de Fanego se jactaba por haber impulsado denuncias contra el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el supremo Ricardo Lorenzetti y los fiscales Jorge Auat y Javier de Luca.

Los reclamos

El documento que entregaron condensa una denuncia a los procesos de lesa humanidad –algo que estas organizaciones ya intentaron sin éxito en el plano internacional– y un reclamo especial para que todos los represores estén en sus casas. De hecho, fueron a pedir a Casación un plenario para que los integrantes del máximo tribunal penal del país establezcan lineamientos para que les otorguen la domiciliaria a todos los mayores de 65 años. Slokar les dijo que solo se hacen plenarios cuando hay resoluciones contradictorias en la materia y no veía que fuera el caso.

Según los grupos pro-impunidad, los represores son sometidos a un “sistema penal discriminatorio” y raramente acceden a la domiciliaria o las excarcelaciones. Los datos duros dicen otra cosa. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), al 24 de marzo, solo el 21 por ciento de los imputados estaban bajo alguna modalidad de detención –en la cárcel o en arresto domiciliario– mientras que el 43 por ciento de ellos estaban libres. El resto de los genocidas están prófugos –un 1 por ciento– o muertos. En el Servicio Penitenciario Federal (SPF), solo quedan 101 represores detenidos, según pudo saber este diario.

Los abogados no perdieron el tiempo tampoco para despotricar contra la publicidad de los juicios, algo que tiene acogida en uno de los tribunales orales de Comodoro Py que tiene a su cargo el juicio sobre lo sucedido con los militantes de la imprenta del PRT-ERP. “Se usa la publicidad de los actos de estos juicios como funesto recordatorio; como homenaje a las supuestas víctimas y, simultáneamente, la evocación de hechos a una sociedad a la cual se le impone el perpetuo recuerdo, sino también un relato maniqueo que coloca a las fuerzas del orden como a los ‘malos’ y a los terroristas como ‘buenos’”, escribieron en la nota que dejaron.

También pidieron una investigación sobre el juez Daniel Rafecas, que es justamente el magistrado que instruye todas las causas del Primer Cuerpo de Ejército, y una auditoría sobre la Sala IV porque –según sus propios cálculos– siempre se pronuncia en contra de los intereses de los imputados de lesa. Borinsky ahogó una risa nerviosa porque es la sala que él preside.

Cuando estaba terminando la reunión, Solanet prometió hacerles llegar a los jueces un ejemplar de El pacto, un libro que denuncia un supuesto acuerdo entre Néstor Kirchner y el periodista y entonces presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky para juzgar a los criminales de lesa humanidad. Lo que había olvidado Solanet es que ya repartieron el libelo por Comodoro Py en plena pandemia. A Slokar lo describían en la publicación como portador de “actitudes militantes e ideologizadas”, lo emparentaban con el CELS, lo demonizaban por su pertenencia a Justicia Legítima y decían que él y Figueroa se niegan “sistemáticamente” a las domiciliarias y excarcelaciones.

En el acuerdo con los presidentes de las cuatro salas, Slokar comunicó que habían recibido con Borinsky a los grupos pro-represores. Entregó el documento que habían dejado a sus colegas y nadie pronunció ni una sola palabra. Todo indica que los abogados de los represores no se llevaron de ese encuentro más que una foto para el recuerdo de su paso por Casación.