Una “libertaria” negacionista

A VER SI NOS TOMAMOS EN SERIO EL NEGACIONISMO.

Quién es Victoria Villarruel, segunda en la lista de Milei.

El frente “La Libertad Avanza” intercala “nuevos libertarios” con representantes de la más antigua derecha conservadora y militarista.

Victoria Villarruel, presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, acompaña a Milei en su lista. (Fuente: Guadalupe Lombardo)
Victoria Villarruel, presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, acompaña a Milei en su lista.. Imagen: Guadalupe Lombardo

“Libertad, libertad, libertad”, es el grito de la lista que encabeza Javier Milei, y que se autoproclama como un renovado punto de partida, sin agobio del Estado de por medio, una ruptura con todo lo anterior. El perfil de quien secunda al economista ultraliberal, la abogada Victoria Villarruel, aparece sin embargo concretamente ligado a un pasado que se quiere “revisitar”, a contramano de los avances en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), Villarruel viene clamando por lo que denomina “memoria completa”, como parte de un movimiento minoritario pero activo a nivel local e internacional, que niega la existencia del Terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar.

Autora del libro Los llaman jóvenes idealistas y coautora de Los otros muertos: víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70‘, Villaruel se presenta como “nieta de un historiador de la Armada Argentina sobreviviente de cuatro atentados de grupos guerrilleros de su país”, e hija de un hombre del Ejército que estuvo en Malvinas.

“Los terroristas tienen derechos humanos y sus víctimas, no” es la idea fuerza de este discurso, que Villarruel repite en frecuentes entrevistas de La Nación“Ni todos los malos están de un lado, ni todos los buenos del otro”, es el otro latiguillo negacionista que aparece. La misma avanzada discursiva equipara los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina con los de la ETA en España. Su asociación ha encontrado legitimidad en foros internacionales, justamente, a partir de encuentros con familiares de víctimas de la organización separatista armada vasca. Que derivaron en otros como el que se materializó en 2019 en una conferencia con Javier Ortega Smith, fundador de Vox, donde se analizó cómo lograr un armado de derecha al estilo de Vox en Argentina.

Lo novedoso del discurso de la asociación que preside Villarruel –y otras que surgieron alrededor de 2006, como reacción a la reactivación de los juicios de lesa humanidad durante el gobierno de Kirchner– es que, a diferencia de las primeras organizaciones de familiares de genocidas que reclamaban por sus condenas con discursos de abierta defensa al genocidio, estos buscan encajar en la época. Así, comienzan a calcar las retóricas, los modos discursivos, y hasta las formas de presentarse de los organismos de derechos humanos. Su asociación, sin ir más lejos, es un “Centro de Estudios”, igual que el Cels. En esa búsqueda no es casual que en una de las amables charlas de La Nación la candidata pueda soltar, sin repreguntas: “Las primeras mujeres en hacer las rondas en Plaza de Mayo fueron las víctimas del terrorismo”.

Aunque la búsqueda sea la misma, se diferencian así de los discursos explícitamente defensores de los genocidas y sus crímenes, a lo Cecilia Pando, y también de sus irrupciones a los gritos y escraches.

“A partir de 2006, y sobre todo 2008, cuando avanzan los juicios, aparecen estas agrupaciones que hablan de ‘memoria completa‘, y piden que se juzgue a los responsables de ‘los otros asesinatos‘”, repasa la investigadora del Conicet Valentina Salvi, autora de De vencedores a víctimas, memorias militares sobre el pasado reciente en Argentina. “Pasan al discurso de la persecución penal, y dejan de lado el de la reconciliación y el perdón (nosotros los perdonamos, y esperamos que nos perdonen también y dejen de juzgar)”, puntualiza el salto enunciativo que los diferencia de apariciones más bochincheras como la de Pando.

Salvi describe el modo en que organizaciones como el Celtyv comienzan a funcionar “en espejo” con los organismos de derechos humanos: “Para ganar legitimidad en el espacio público, en los foros internacionales, se apropian del lenguaje de los derechos humanos, incluso de las lecturas vernáculas de los tratados internacionales sobre el tema. Reproducen figuras, metáforas en espejo que tambien son claramente reactivas”, observa.

Es este movimiento, analiza Salvi, el que hace que en discursos como el de Villarruel se cuiden de dar una defensa pública explícita de los genocidas, aunque resulte implícita. “A los represores no se los puede sacar de la escena. Ellos los quieren sacar todo el tiempo, pero su propia presencia pública está en relación a los crímenes de la dictadura y sus ejecutores”, analiza.

Lo más viejo de lo nuevo

La lista de Milei sigue intercalando “nuevos libertarios” con representantes de la más vieja derecha. El tercer lugar del frente lo ocupa Nicolás Emma, líder del Partido Libertario porteño. El cuarto, María Fernanda Araujo, dirigente porteña del partido NOS –del ex carapintada Juan José Gómez Centurión–, que preside la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas.

“La Libertad Avanza” así entre “lo innovador” del violento stand up de Milei en los medios, y la antigua derecha conservadora y militarista.

Otro empujón de visibilidad se lo dio a Villarruel el exsecretario de Derechos Humanos, Claudio Avrujdurante los primeros días del gobierno de Macri, cuando la recibió en su despacho ubicado en el Espacio de Memoria de la exEsma. “Primera vez en treinta años de democracia que un funcionario nacional recibe a la ONG de las víctimas del terrorismo”, celebró luego la abogada. El encuentro recibió el inmediato repudio de los organismos de Derechos Humanos, quienes dejaron en claro que el Celtyv “reivindica la caduca Teoría de los dos demonios y se refiere a los 30 mil compañeros detenidos – desaparecidos como terroristas subversivos, habla de una supuesta falta de la historia completa, todas abyectas formas de encubrir a partícipes y beneficiados por el Terrorismo de Estado”.

Un año antes, en 2015, había sido invitada por Elisa Carrió a su Instituto Hannah Arendt, para avanzar en la mesa “El debate que nos debemos sobre la violencia en los años 70”, junto a Graciela Fernández Meijide y Arturo Larrabure, quien ha intentado infructuosamente reabrir la causa de su padre, el coronel Argentino Larrabure, quien falleció durante su secuestro en manos del ERP en 1975.

La coyuntura y el pragmatismo macrista no dieron lugar entonces a mayor espacio para el intento negacionista del Celtyv, que avanza ahora por el carril del medio término.

EL FUSILAMIENTO DE ANA MARIA MORAL

9º JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD MENDOZA

AUDIENCIA 60 / OPERATIVOS CONJUNTOS E INTERJURISDICCIONALES

por Colectivo Juicios Mendoza

12-11-2021 |Declararon Reynaldo Puebla, detenido en 1976, y Alberto Moral, hermano de Ana María Moral, asesinada en abril de 1977. Puebla tuvo un itinerario diverso por distintas dependencias policiales y militares. Alberto Moral reconstruyó las circunstancias de la persecución de Ana María y su asesinato en la Iglesia de Fátima. La próxima audiencia será el 26 de noviembre a las 9:30.

La detención de Reynaldo Puebla

Puebla ya declaró en el cuarto juicio de Mendoza. Fue detenido el 27 de marzo de 1976 en una parada de ómnibus junto a su novia, Liliana Buttini, en una intersección de calles de Luján de Cuyo. Un camión del Ejército lo trasladó a una comisaría en ese mismo departamento. Después ingresó al Liceo Militar General Espejo y esa misma noche pasó al D2. Estuvo en este centro clandestino hasta el 22 de abril, sometido a interrogatorios bajo tortura. Después los trasladaron a la cárcel de Boulogne Sur Mer.

El 7 de septiembre de ese año, desde la penitenciaría lo condujeron a la Compañía de Comunicaciones, donde había muchos presos políticos. Lo recibió el teniente Migno, llamado así por los subalternos. “Estuve de forma clandestina, vendado. Me reconocen y quedo una semana más”, relató. Posteriormente viajó a la U9 de La Plata en un avión Hércules. Recuperó su libertad en 1978.

El fiscal Daniel Rodríguez Infante explicó que su itinerario fue diverso en relación a otros y preguntó por la logística detrás de cada traslado. “Siempre era una dinámica similar”, indicó Puebla. “Me hacían firmar que salía en perfectas condiciones físicas y me entregaban a un vehículo militar que me conducía a un centro clandestino”. Lo mismo sucedió en la cárcel antes de pasar a la Compañía: “Naman García me dijo ‘te vas en libertad, chico’”. Lo subieron a un celular y después a un Citroën que lo llevó a la Compañía.

En esa ocasión, las fuerzas militares estaban dentro del penal. El testigo recordó que durante su detención en Boulogne Sur Mer fue interrogado por militares, a quienes reconocía por las voces. A pedido del fiscal, relató los hechos allí vividos el 24 de julio de 1976. Ese día no los levantaron temprano, como era costumbre. “Nos hicieron bajar al patio y estaba lleno de civiles y militares de las tres fuerzas y todas las voces de los torturadores. Y hacen una tortura colectiva con todos los presos, desnudos en el patio”. Respecto de las razones de este episodio, Puebla aventuró que hubo un cambio de dirección o estaban festejando la muerte de alguna “personalidad subversiva”. También mencionó que en ese momento asumió Naman García la jefatura del penal.

Reynaldo Puebla

En cuanto su actividad, en esa época Puebla trabajaba como inspector de la Municipalidad de Luján y dirigía el elenco municipal de teatro. “Fui amenazado, mi nombre apareció en la lista de amenazas de la triple A, que en ese momento estaba asesinando dirigentes”. El testigo se refugió en San Luis un año. Poco antes del golpe de Estado volvió a Mendoza.

Rodríguez Infante consultó por otras personas de su entorno que hubieran sufrido persecución. Además de Puebla, Néstor Centurión, también de su grupo de teatro, fue detenido. Por su parte, los actores Osvaldo Zuin y Rubén Bravo están desaparecidos y Raquel Herrera fue asesinada. Se destruyó el teatro “TNT”, recordó.

Cómo sigue el juicio

Mientras se conectaba el segundo testigo, la fiscalía aprovechó el momento para comunicar que restan pocas personas por declarar y que en julio se aportaron las testimoniales que la acusación pretende incorporar por lectura.

No obstante, Daniel Rodríguez Infante aclaró que en el caso de víctimas directas y familiares de víctimas habían solicitado la intervención del Equipo de Acompañamiento para explicarle a dichas personas que los casos por los que ya declararon se investigan nuevamente en el presente juicio y consultarles si deseaban testimoniar. El fiscal justificó el pedido en el efecto reparatorio de la instancia. Por tanto, elevaría una lista con la totalidad de las declaraciones previas y la aclaración de la condición de víctima directa o familiar.

Por su parte, el defensor oficial Leonardo Pérez Videla instó al tribunal a aumentar la frecuencia de las audiencias para agilizar el proceso. El juez a cargo de la presidencia, Alberto Carelli, explicó que está previsto hacerlo el próximo año, de modo que los alegatos tendrán mayor continuidad.

La persecución a Ana María Moral

Alberto Moral declaró por la causa de su hermana, Ana María, fusilada en las inmediaciones de la Iglesia de Fátima, en Villa Marini de Godoy Cruz. El fiscal, Daniel Rodríguez Infante, le pidió al testigo que centrara su testimonio en los años previos al asesinato.

Después de irse de su casa materna, entre 1975 y 1976, Ana María Moral vivió con compañeros y compañeras en una vivienda de calle Güiraldes. Alberto la conoció porque tuvo que ir a arreglar un problema eléctrico. De allí recordó a Billy Lee Hunt, a Daniel Olivencia, a “un señor Merino” y a Julio Pacheco, que lo ayudó a reparar el cortocircuito.  “El tiempo me ha hecho olvidar esas situaciones pero había muchas personas, todas estudiantes. El debate era la política, los ideales. Yo sigo insistiendo (…) eran muchachos sanos”.

Alberto Moral

Ana María dejó de estudiar en la facultad en 1976.  El testigo creyó recordar un operativo en el domicilio de calle Güiraldes, aunque él ya no estaba en contacto con su hermana. Mencionó otro procedimiento en la casa de su familia, en el cual secuestraron un Whinchester roto de 1900 que había sido de su abuelo. Por este y otros allanamientos, y las detenciones de integrantes del grupo, Ana, Luis Roque Moyano —su pareja— y Gisela Tenenbaum partieron a San Juan. “Mis padres y el doctor Tenenbaum los ayudaban y le llevaban provisiones”. Para “colaborar con el paso”, la Policía de Mendoza y de San Juan les pedían una damajuana o carne para asado.

El grupo también fue perseguido y detenido en la provincia vecina. En el lugar de cautiverio —Alberto no pudo precisar el nombre— Olivera y De Marchi, asesinos ya juzgados, mataron a Anne Marie Erize. Las dos jóvenes lograron escapar y volvieron a Mendoza caminando. El padre de Gisela, Guillermo Tenenbaum, les consiguió una casa en Godoy Cruz. Ana María intentó escapar de una persecución y se dice que fue un cura de la Iglesia de Fátima quien avisó a las fuerzas de la presencia de Moral. El 8 de abril de 1977 cayó fusilada. En esos días también desaparecieron Billy Lee Hunt y Julio Pacheco y, al año siguiente, Juan José Galamba.

Los restos de Ana Moral quedaron en el Cuerpo Médico Forense y en mayo de ese año fue enterrada en el Cuadro 33 del cementerio de la capital. Cuando el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos tomó la investigación —a cargo de la pastora Alieda Verhoeven—, descubrieron que Ana María figuraba enterrada como “Beatriz Irene Luján. Montonera Ana María Moral”. Posteriormente, esas listas se extraviaron. “Mis padres, desesperados, le pidieron a un sepulturero que la identificara”. El hombre, que tenía hijos nadadores y la conocía de ese ambiente, le confirmó haber visto su cuerpo baleado. Allí, su madre colocó una cruz que marcó el lugar del que, en 1985, el Juzgado Federal le entregó los restos. Años después, con el arribo del Equipo Argentino de Antropología Forense, en el Cuadro 33 se identificaron también los cuerpos de otras víctimas.

El abogado Carlos Benavídez dirigió las preguntas en relación con el operativo en el que fusilaron a Ana María. El testigo manifestó que estuvo centralizado por Menéndez y ejecutado con sus tropas subordinadas. “El comunicado de prensa lo firma Menéndez” y contó que conoció el “tristísimo” suceso por personas de la zona y amistades. Cuando el defensor quiso saber más, el hermano de la víctima aseguró que la fusilaron “a fuego cruzado”. Con insistencia, preguntaba quiénes le habían disparado. “Señor, yo no soy el investigador”, le contestó Alberto Moral. En esta instancia también intervino el fiscal para sugerir que no se indagara más sobre aquella situación dolorosa, ya que el testigo no presenció el hecho y hay mucha documentación al respecto incorporada en la causa.

La próxima audiencia será el 26 de noviembre a las 9:30.

 

AUDIENCIA 18 / LA DEFENSA OFICIAL COMENZÓ SU ALEGATO

JUICIO A LOS APROPIADORES DE LA HIJA DE MOYANO  POBLETE.

11-11-2021 | En representación del Ministerio Público de la Defensa, Santiago Bahamondes dio inicio a los alegatos a favor de Armando Fernández y Santiago Abelardo Garay. Esta primera jornada versó sobre los aspectos normativos, en palabras del abogado. Bahamondes discutió el carácter permanente de los delitos cometidos y sostuvo la pertinencia de aplicar la ley más benigna para determinar las penas. La próxima audiencia será el viernes 19 de noviembre a las 9:30.

Bahamondes hizo hincapié en las “situaciones distintas” de sus dos defendidos, aunque para la acusación serían responsables de los mismos delitos. Centró sus argumentos en Garay, a quien “se le imputan hechos más difusos”, y discutió interpretaciones de las figuras penales del caso.

No fue parte del plan sistemático de apropiación

Para el defensor, Garay solo fue “un día al registro civil” a dar fe por el nacimiento de Miriam, pero de ese hecho surgieron otros significados “muchísimo más graves, de conductas más específicas”. Según Bahamondes, la parte acusadora consideró que también dio fe de la paternidad y la maternidad de Fernández y Luffi y procuró el ocultamiento de la identidad.

En cuanto a la alteración del estado civil y la falsedad ideológica que se imputa a los dos acusados, el defensor se remitió a la legislación extrapenal. “Falsedad ideológica es mentir en ocasiones donde el derecho te exige deberes de veracidad”, explicó, y puso de ejemplo los testimonios en juicio. “Sobre qué tiene que decir la verdad una persona que se presenta a un registro público a inscribir una persona (…) eso lo define la ley”. Bahamondes mencionó que la normativa es provincial y, por ello, las alteraciones no son delitos federales sino comunes. “Garay no fue a dar fe de quiénes eran los padres de Miriam porque la ley de registro civil no lo requería para eso”, anticipó.

Al expolicía del Departamento de Informaciones de la Policía (D2) se le imputó además el conocimiento del plan sistemático. No obstante, el abogado entiende que al momento de nacer Miriam no “se puede afirmar que hubiera un plan sistemático de apropiación de niños (…) eso se puede afirmar con posterioridad (…) el aparato represivo a estos nacimientos no sabía cómo tratarlos”. De todos modos, esta circunstancia “afecta solo tangencialmente al caso porque tiene que ver con la condición de delito de lesa humanidad”.

Precisamente, aclaró que la próxima audiencia se detendría en el dolo, es decir, el conocimiento del delito que se adjudicó a los imputados. En el caso del artículo 146 del Código Penal —sustracción, retención y ocultamiento de la identidad—, para actuar con dolo los expolicías tendrían que saber que Miriam había sido quitada a su familia, la existencia de un plan sistemático o los secuestros de Moyano y Poblete por su militancia en Montoneros.

Bahamondes argumentó que “siempre se ha obviado la imputación de este dolo específico”, y explicó que en el juicio a las juntas se omitió porque se juzgaba a los ideólogos del plan sistemático. “Evidentemente ellos conocían perfectamente ese plan”. Con el tiempo, cuando se enjuició a “actores secundarios, que tuvieron actuación momentánea con algún detenido” se hizo necesario probar dicho conocimiento.Defensor oficial Santiago Bahamondes

Se refirió también a la tesis de la fiscalía, según la cual toda la persecución comenzó y terminó en el D2 —dependencia que habría manejado ampliamente la información—, como “una construcción que es bastante discutible, porque no hay conexiones directas entre estos asuntos y Fernández”.  En cuanto a Garay, el vínculo sería más difícil de probar porque no conocía la previa apropiación ni el plan: “Su actuación concreta no cumple las acciones del 146 (…). No retuvo (…), no ocultó a Miriam en los términos del artículo”.

Para Bahamondes, la querella y la fiscalía trajeron a colación “situaciones que no tienen que ver con las normas específicas». “Me refiero a todo lo que sufrieron los padres de Miriam. De hecho, no han sido imputados por la sustracción”.

Es un problema de jurisprudencia

“Sé que en muchas de estas cuestiones tengo toda la jurisprudencia en contra, algo que no me preocupa”, adelantó. Bahamondes postuló que el contexto que dio origen a la jurisprudencia sobre los delitos de lesa humanidad influyó de manera negativa porque habilitó interpretaciones demasiado amplias. Para el abogado, esa amplitud permitió el juzgamiento inicial de los hechos y luego se sostuvo para “sortear” la prescripción, lo mismo que el carácter permanente de los delitos. “Lo cierto es que ninguna jurisprudencia que se forja al calor de un problema grave puede ser demasiado buena”, concluyó.

El defensor desarrolló una extensa exposición sobre la pertinencia de aplicar la ley más benigna en el caso de los delitos mencionados. Sucede que el artículo 146 del Código Penal tuvo una modificación en la década del noventa que determinó mayores penas. Para el abogado, debe aplicarse la anterior —la que regía al momento de la comisión del hecho— porque el principio de la ley más benigna tiene rango constitucional desde la reforma de 1994.

En esa misma dirección, discutió el carácter permanente que la parte acusadora le adjudicó a la apropiación, fundamentalmente porque el delito, según su entender, concluye cuando el niño o la niña supera los diez años. Fue la jurisprudencia la responsable de introducir “la cuestión de la identidad” en el artículo 146 —cuyo texto no la contiene— y la recuperación de la misma como momento de cese. Por el contrario, “uno puede retener, ocultar y apropiarse de un menor sin alterarle en lo más mínimo la identidad”, continuó.

El fallo paradigmático citado por la fiscalía y la querella respecto de una apropiación fue la resolución de la corte en el caso Jofré. La mayoría siguió al procurador Righi, quien sostuvo que el autor persistió en su acción delictiva conociendo la mayor gravedad de la misma tras la modificación de las penas. Para Bahamondes, el voto en disidencia de Zaffaroni se terminó convirtiendo en mayoría con el paso del tiempo y los delitos permanentes no están actualmente exceptuados de la órbita del principio de la ley más benigna. El abogado explicó que esa reserva solo se verifica en normas temporales como las dictadas en el marco de la emergencia sanitaria. En palabras del defensor, aunque la doctrina y la jurisprudencia fueron progresivamente cambiando su posición, Righi “hacía trampa” y mandaba a sus fiscales a impugnar citando la doctrina previa al 94.

Los delitos permanentes

La categoría de delito permanente, agregó, es difícil de definir porque se “pisa” con la de delito de estado, pero tienen consecuencias disímiles en cuanto a la participación. En los permanentes, la intervención cuando el hecho todavía se está cometiendo es sinónimo de autoría, mientras que en el resto de los casos la participación posterior al hecho es simplemente encubrimiento. Además, se prolonga la prescripción porque no comienza a regir hasta que se detiene la acción criminal. En el caso de este juicio, sostuvo, desde hace tres años.Tribunal

Para Bahamondes, el carácter permanente de una figura penal se presta a la manipulación: puso de ejemplo las adopciones ilegales ocurridas décadas atrás que se transforman en delitos permanentes para evitar que prescriban. Del mismo modo, cualquier delito de consumación instantánea como hurto, robo o lesión podría volverse permanente si se considera, por ejemplo, que la lesión concluye cuando la persona se recupera y recién desde allí corre la prescripción.

La identidad como “factor ajeno”

“Quizás yo estoy manipulando el lenguaje, pero díganme si no suena raro decir que estoy reteniendo a una menor de diez años que tiene cuarenta”. El defensor argumentó que el cambio legislativo —la modificación de las penas del artículo 146— que ocurrió cuando la víctima tenía quince años afecta a un hecho de retención de una menor de diez. “Lo que se ha hecho (…) es transformar un autoencubrimiento impune en un delito permanente”.

La identidad “no solo se altera por medios documentales” ni es necesario recuperarla por medios documentales, afirmó. “Si yo a un chico recién nacido me lo llevo a mi casa y lo empiezo a tratar como hijo, aunque no lo inscriba le estoy cambiando el estado civil”.  Del mismo modo, la apropiación no implica necesariamente la alteración de la identidad porque estas situaciones “pueden ser más cortas”.

Como primera tesis, propuso que la corte incurre en un error cuando considera que hay conductas que persisten luego de que la víctima cumple diez años. En “cualquier manual” la alteración del estado civil es un delito de estado: “Produce un estado antijurídico pero no implica que todos los días se vulnere nuevamente ni se intensifique la vulneración del bien jurídico, que es lo que se pretende acá”, argumentó.

Desincriminar a Garay

“Es más fácil imputarle a Fernández la retención”, reconoció, y se refirió a las conductas cotidianas que Emanuel Lovelli enumeró y que grafican en qué consiste una retención. “Pero cuando hablamos de ocultamiento la cosa es más difícil”. Según la parte acusadora, Garay habría ocultado mediante su actuación en el registro y su intervención en la alteración de la identidad de Miriam. El defensor planteó que hay ocultamientos permanentes y otros que tienen forma de delito de estado. “No podemos decir que su conducta sea permanente: ¿qué debería haber hecho Garay para dejar de cometer? ¿Mandar una carta denunciando que había pasado esto, sin nombrarse para no autoincriminarse? ¿Impugnar judicialmente la paternidad de Fernández y Luffi? Él generó un estado antijurídico y una vez que lo hizo perdió el control de ese riesgo”. Para el defensor, que no haya revocado la situación no implica que siga cometiendo el hecho.

Garay perdió el “control de riesgo” cuando salió del registro civil, es decir, no controlaba la situación para seguir cometiendo el delito. Lo mismo sucedería para Bahamondes con las detenciones ilegales en aquellos casos en que se imputa a alguien que custodió una hora a una persona detenida por todo el tiempo total que hubiera durado esa privación y sin conocer el destino previsto para la misma. “Cuando uno deja de controlar el riesgo no es posible imputarle ninguna consecuencia posterior”.

Al expolicía “no se le puede imputar la ley más gravosa sin violar el principio de culpabilidad”, concluyó, y pidió continuar su alegato en la jornada siguiente.

La próxima audiencia será el viernes 19 de noviembre a las 9:30.

Mirá la audiencia completa:

 

 

ESCONDIDO EN EL ARMARIO DE SU CASA

Por el secuestro y desaparición de Jorge René Santillán, en la dictadura
Detienen en Salta al ex teniente coronel Carlos Cialceta
Residía en la misma ciudad de Salta. Gendarmería lo encontró escondido en un armario. Fue uno de los jefes del Regimiento de Infantería de Monte 28, en Tartagal.


11 de noviembre de 2021 – 19:27
Gendarmería encontró a Cialceta escondido en un armario.
Gendarmería encontró a Cialceta escondido en un armario.
El teniente coronel retirado Carlos Ignacio “Calele” Cialceta fue detenido esta tarde en la ciudad de Salta, por orden de la jueza federal de Garantías Mariela Giménez en una causa en lo que se lo investiga por el secuestro, las torturas y el homicidio del militante peronista y ex trabajador de YPF Jorge René Santillán.

Según trascendió, Cialceta estaba residiendo en una casa sobre la calle General Güemes, en el centro de la ciudad de Salta. El dato llegó esta misma tarde al área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal federal de Salta y el fiscal general Carlos Amad solicitó el allanamiento, que fue llevado a cabo por Gendarmería Nacional.

El mismo fiscal informó que que el militar retirado quedó alojado por ahora en dependencias de esa fuerza nacional.

Calcieta está procesado por el secuestro, las torturas y el homicidio del también gremialista petrolero Jorge René Santillán, hechos cometidos el 10 de agosto de 1976, desde su casa en la localidad de General Mosconi, que en el organigrama represivo de la dictadura quedó bajo el ámbito del Regimiento de Infantería de Monte 28, con asiento en Tartagal, donde revistaba Calcieta.

El militar retirado venía eludiendo la orden de detención dada por la jueza Giménez a principios de año, en respuesta a un pedido de prisión preventiva realizado por el fiscal Amad el 29 de marzo pasado, luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta revocara un fallo que lo beneficiaba con la falta de mérito.

En ese momento la jueza dispuso también medidas para determinar el paradero de Cialceta. Entonces su pareja informó que ya no vivía más en la casa común, que estaban separados de hecho y desconocía su paradero, igual que sus hijos. Sin embargo, se supo que en realidad la pareja no estaba separada y había un contacto permanente, también con los hijos.

Cialceta está procesado por la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de Santillán. Ya al pedir que se ordenara la captura nacional e internacional, en abril pasado, el fiscal había advertido que por la entidad de los delitos de lesa humanidad que se le imputan “resulta factible que, ante la magnitud de la posible condena a recaer, que como ya se adelantó será de ejecución efectiva, el procesado opte por evadir la acción de la justicia”.

Y había destacado que por el interés público nacional e internacional “de impedir la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos”, frente a hechos como se le imputa a Cialceta, “se justifica la prisión preventiva en pos de arribar a una sentencia que ponga fin al proceso, máxime en un sistema procesal como el federal argentino que no contempla el juicio en ausencia o rebeldía”.

Santillán fue secuestrado la madrugada del 10 de agosto de 1976, de su casa en el pueblo de General Mosconi, a diez kilómetros de Tartagal. Cinco hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda familiar. El militante les opuso resistencia, ayudado por su mujer, Irma Yolanda Prado; lucharon durante dos horas, hasta que lograron arrebatarlo y se lo llevaron con rumbo a Tartagal.

Su cuerpo fue encontrado horas después en el camino al paraje Acambuco, a 20 kilómetros de General Mosconi, con signos de haber sido sometido a una explosión, igual que días antes se había hecho con Menena Montilla y el médico Pedro Urueña, también militantes peronistas del norte provincial.

En ese momento Cialceta integraba la plana mayor del Regimiento de Infantería de Monte 28. Revistaba con el grado de subteniente como Oficial de Personal (S-1) y Ayudante del Jefe de Regimiento -Compañía de Comando.

Ya está probado que este Regimiento fue parte del terrorismo estatal. Su jefe, el general Héctor Ríos Ereñú, fue condenado como autor mediato del secuestro y posterior homicidio de Santillán.

EL NEGACIONISMO DE LOS DEFENSORES OFICIALES, ALGUNOS PUESTOS POR GARAVANO-MACRIEL

 LA TEORIA DE LOS DOS DEMONIOS
Los abajo firmantes manifestamos nuestro más profundo repudio y preocupación por las expresiones vertidas por las defensoras oficiales Celia Delgado y Gabriela Labat en sus alegatos en el juicio “Escuelita VII” que se desarrolla en Neuquén. Las funcionarias vertieron conceptos tales como:
 
1) En una clara alusión a la teoría de los dos demonios hablaron de una visión sesgada de la historia por parte de la fiscalía y las querellas, indicando que una mirada correcta debería ser “integradora de todas las partes”, para lo cual se debe examinar la “violencia previa” al golpe de Estado, “en el marco de una escalada de violencia al interior del movimiento peronista”;
2) Señalaron que “El ataque generalizado contra la población civil no es algo que simplemente puede ser alegado, sino que debe ser probado”, desconociendo el plan genocida extensamente comprobado, demostrado y verificado desde el juicio a las juntas y en los más de 264 juicios celebrados a lo largo y ancho de nuestro país;
3) Negaron la condición de delitos de lesa humanidad de los abusos sexuales y aseguraron que “Fueron actos derivados de la iniciativa privada”, en una nueva manera de llamarlos “excesos”, como si las victimas en esas condiciones extremas e inhumanas, debieran identificar a los victimarios, cosa que no tiene el mismo tratamiento para el delito de tormentos.
4) Respecto de los desparecidos y su destino final, señalaron que todas las hipótesis son válidas. “No sabemos si esa muerte ocurrió”, “si fue un asesinato”, fueron algunas de las expresiones que utilizaron;
5) Negaron la existencia de un pacto de silencio por parte de los acusados y señalaron que eso es una “ficción creada por el bloque acusador”;
6) Hablaron de “recuerdos implantados” a los sobrevivientes que testimoniaron;
7) sobre los pedidos de pena y cárcel común para los acusados, lo caracterizaron como “una expresión de venganza pública” y de “pena de muerte encubierta”;
8) Finalmente equipararon los juicios en democracia con lo hecho por los acusados en plena dictadura cívico-militar-eclesiástica.
Esta clase de manifestaciones, más allá de la ignorancia que trasuntan, forman parte de un esquema social, cultural y de construcción de subjetividades que fue sistemáticamente instalado por la última dictadura cívico-militar-eclesiástico-comunicacional y exceden –en mucho- el derecho de defensa en juicio de sus representados.
Ha sido muy doloroso el camino que ha recorrido el pueblo argentino para que la lucha por la Memoria, la Verdad, la Justicia adquirieran rango y jerarquía en las instituciones y políticas de Estado de los tres poderes.
Es nuestro compromiso y obligación desde los lugares que representamos continuar trabajando para instituir una cultura fundada en los valores del respeto a la diversidad, la pluralidad, la democracia y los derechos humanos en todos los ámbitos y espacios de reproducción de la sociedad argentina.
Dejamos constancia de nuestra preocupación sobre cómo personas con esta mirada del proceso histórico que se está juzgando logran llegar a funciones tan importantes dentro del Estado Federal.
Poner en duda dónde se encuentran las personas desaparecidas de Neuquén (sugiriendo que pueden estar en cualquier lugar) recuerda las peores manifestaciones del Genocida Videla y su miserable “son una incógnita” que ya creíamos superado.
Ese tipo de manifestaciones además agravian profundamente a familiares, sobrevivientes y víctimas sin que aporten absolutamente nada al derecho de defensa en juicio de sus asistidos.
El nivel de ofensa llegó al límite de comparar el juicio que se desarrolla en Neuquén con lo que se hacía en plena Dictadura. Ese discurso de equiparación de situaciones no es nuevo en las posturas negacionistas, pero adquieren una gravedad especial cuando provienen de funcionarias públicas de la democracia.
Esperamos que las instancias disciplinarias de la Defensoría General de la Nación tomen las medidas que corresponden a tan graves conductas. Reiteramos: innecesarias para el adecuado ejercicio de la defensa de los imputados.
Defender no es ofender.
Hace décadas que contra estos discursos de odio y negación venimos sembrando en paz y pacientemente Memoria, Verdad y Justicia.
Así seguiremos. No pasarán.
 
*H.I.J.OS. Regional Bahía Blanca
*Red x el Derecho a la Identidad. Bahía Bca
*Mesa x el Juicio y Castigo. Bahía Bca.
*Frente Feminista Nacional y Popular. Bahía Bca.
*Familiares de Desaparecidxs de Bahía Blanca.
* Mónica Fernández Avello. Abogada Querellante en Juicios de Lesa Humanidad. Militante Feminista.
*Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro
*Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos..-
*Raquel A. Barabaschi víctima y Querellante en Juicios de Lesa Humanidad La Pampa –
*MTE (Mov.Trabajadores Excluidos La Pampa)
*Diana Pizá ex Presa Política (M.O.N.A.D.H.I)
*Pablo Otazu. Militante por los derechos humanos. Derecho a la cultura y trabajador cultural
Maria del Rosario Badano. La Solapa. Entre Ríos

NEGACIONISMO VIOLENTO PARA VOLVER AL NEOLIBERALISMO

Había robado la mayólica de un local del Frente de Todos

Un seguidor de Milei rompió a martillazos una placa de las Madres de Plaza de Mayo

Tras cometer la agresión, el influencer “Ciudadanoliberal.ok”, popular entre los militantes ultraderechistas, subió el video a las redes sociales con total impunidad.

Por Jeremías Batagelj
A martillazos: un seguidor de Milei rompió una placa de las Madres de Plaza de Mayo.

A martillazos: un seguidor de Milei rompió una placa de las Madres de Plaza de Mayo.

Un militante de Javier Milei y de José Luis Espert, conocido por su activismo en redes sociales, rompió a martillazos un cuadro con el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo. Ocurrió el sábado 6 de noviembre, en el local de la organización Movemos CABA del Abasto: el influencer “Ciudadanoliberal.ok” robó la mayólica que fue colgada en la puerta de la unidad básica, la llevó a su casa y quebró en mil pedazos con un mazo. Luego subió el video a las redes sociales, con total impunidad.

“No es la primera vez que sufrimos este tipo de agresiones”, narró a Página/12 Enrique Pianelli, Secretario General de la Asociacion Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro e integrante de Movemos CABA. “Ya nos pasó en otras ocasiones. Cuando hacemos un acto, al otro día tenemos pintadas o tratan de rompernos el local”, agregó, en referencia a otros cuatro episodios de violencia en los últimos meses contra la sede de la organización, que incluyeron pintadas con aerosol, insultos y amenazas.

El ataque quedó registrado en la propia filmación del militante de Milei. Como se observa en el video, el agresor robó el cuadro – una placa con el icónico pañuelo blanco que había sido colgada recientemente, en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo-  caminó hasta su casa y, con un martillo, lo destrozó en mil pedazos. Luego subió el video a la red social Tik Tok, donde acumula más de 29 mil seguidores. 

Según explicaron desde la organización Movemos CABA, pocos minutos después de detectar el ataque se acercaron hasta la Fiscalía para realizar la denuncia. Uno de las primeras investigaciones radica en saber quién está detrás de la cuenta Ciudadanoliberal.ok, que además de subir videos de los candidatos de Avanza Libertad y  trollear a distintos referentes del Gobierno nacional, también posee una plataforma de venta de remeras con lemas neoliberales.

En Almargo, cuentan, los ataques contra sedes de otras organizaciones políticas y sociales del Frente de Todos son moneda corriente: los locales de La Cámpora, Forja, Peronismo Militante y hasta trabajadores de radio La Tribu padecieron hechos de violencia. “Es evidente que existe una acción premeditada que busca amedrentar a quienes nos organizamos para luchar por otro modelo de ciudad con proridades antagónicas al que representan Macri y Larreta”, indicaron desde Movemos CABA.

Por ende, bajo el lema “Basta de intolerancia, queremos nuestro barrio libre de odio”, la organización política convocó a un acto de repudio al ataque por parte de los militantes de Milei. Será este jueves, a las nueve y media de la mañana, en el local de Humahuaca 3461.

El discurso de odio de Milei contra las Abuelas

Las agresiones contra las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo no se limitan unicamente a los seguidores de la alianza de ultraderecha. Meses atrás el propio Javier Milei había agredido a Estela de Carlotto, vía Twitter. “Entiendo que ella se espante con nosotros. Porque sabe que con nosotros se terminan sus privilegios y los de toda la casta política que vive de los argentinos de bien“, expuso en redes sociales.

La publicación de Milei tuvo lugar luego de una declaración de la titular de Abuelas, quien alertó por los discursos de odio que elabora el candidato ultraliberal que hace buenas migas con Macri. “Me espanta el 14% que sacó Milei, porque que un hombre diga lo que él dice, como incendiar un banco o romper aquello, está llamando a la locura y, sobre todo, está especulando con los jóvenes que van a votar por primera vez”, había reflexionado Estela de Carlotto. Y agregó: “El odio lo tenemos que borrar con el ejemplo de una actitud cordial, comprensiva pero no de aceptar lo que es ilícito e ingrato”.

Hay 24 acusados de los delitos más atroces que aún no aparecen

Prófugos por delitos de lesa humanidad: ¿Qué hace la justicia para encontrarlos?

Se escabullen un promedio de 10 años. Para que cualquier fuerza de seguridad intervenga activamente en la búsqueda, quien esté a cargo de la investigación debe pedirlo expresamente. El programa Buscar, las recompensas y las complejidades para encontrarlos.

Ailín Bullentini
Por Ailín Bullentini
El represor y apropiador Juan Carlos Vázquez Sarmiento fue detenido después de buscar la justicia 19 años. (Fuente: seguridad PSA)

El represor y apropiador Juan Carlos Vázquez Sarmiento fue detenido después de buscar la justicia 19 años.. Imagen: seguridad PSA

En menos de una semana de búsqueda activa, el represor y apropiador  Juan Carlos Vázquez Sarmiento, quien había logrado mantenerse en libertad desde 2002 fue detenido. A principios de octubre, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo identificaron caminando por la calle. La fuerza había sido requerida por el Juzgado interviniente para encabezar su búsqueda apenas días antes, y no hizo más que poner en marcha una de las tantas medidas que puede habilitar la Justicia para dar con el paradero de alguien que está sospechado de haber cometido un delito grave. Una sola. Hacía casi 20 años que Vázquez Sarmiento era “buscado”. ¿Cuántas personas están en su misma situación? ¿Qué está haciendo la Justicia para encontrarlos?

Son 24 las personas investigadas por su vínculo con secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones, robo de bebés y de bienes durante la última dictadura cívico militar que están prófugos. La mayoría son militares retirados; también hay policías y civiles. Hasta hace algunos meses, la lista que difundía la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de María Ángeles Ramos, contaba 29 nombres, pero dos obtuvieron la falta de mérito, tres fallecieron y Vázquez Sarmiento fue atrapado. Solo uno en los últimos dos años. El resto está en situación de huída desde hace, en promedio, una década. 15 más están localizades en el exterior, pero todavía no han podido ser extraditades. Se ha avanzado con ese trámite en ocho de esos casos, pero los países en donde viven, trabajan, descansan y gozan libres ha rechazado la posibilidad de enviarlos a Argentina para que sean juzgados. En diciembre de 2019, se logró traer de Francia a Mario Sandoval y en mayo de 2020, a Gonzalo Sánchez desde Brasil.

¿Cómo y quién busca a los prófugos de lesa humanidad?

Una persona se la considera prófuga cuando, sospechada de estar vinculada a algún delito, la Justicia la convoca y no asiste ni se la puede contactar por intermedio de las fuerzas de seguridad públicas. Entonces el juez, la jueza o les fiscales, depende de quien esté a cargo de la investigación, notifican de la situación al Ministerio de Seguridad, a Migraciones y otras carteras, como el Ministerio del Interior, desde donde se encienden alertas.

Consultadas por este diario, las autoridades del Ministerio de Seguridad señalaron el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) como el dispositivo que intercomunica entre la Justicia y las fuerzas de seguridad la información sobre “imputados que se encuentran judicialmente acusados como autores y/o partícipes de delitos de lesa humanidad”. Ese mecanismo, informaron desde la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, a cargo de Mercedes La Gioiosa, “administra una base de datos en la que, por disposición de los magistrados competentes, se carga la información de cada una de las personas que se encuentran requeridas judicialmente. A partir de ello, las fuerzas de seguridad simultáneamente son puestas en conocimiento acerca de cada captura ordenada”.

Por otro lado, la información se “riega” hacia otros espacios de alcance público cuando las búsquedas llegan al Programa “Buscar”, gestionado por intermedio de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, que fija el pago de recompensas a quienes aporten datos certeros sobre el paradero de les prófugos. Sus nombres, sus fotos –antiguas y en blanco y negro en la mayoría de los represores buscados–, sus datos básicos –DNI, fecha de nacimiento– y la razón por la que se los busca, “delitos de lesa humanidad”, figuran en afiches con el monto que ofrece el estado a quien, mediante llamado anónimo a la línea 134, aporte información certera sobre sus paraderos: dos millones de pesos.

No todos los prófugos de lesa humanidad, no obstante, están presentes en este programa que, durante la segunda mitad de la gestión de Cambiemos en el gobierno nacional fue virtualmente desactivado –no se actualizaron las partidas presupuestarias–.

Lo que debería ser y lo que es

Sin embargo, una cosa es informar y estar informado sobre la condición de prófuga de una persona y otra, bastante diferente, es buscarla activamente. Y que “hay muchas complejidades” para que lo segundo efectivamente suceda, deslizan pasillos judiciales adentro.

Para que cualquier fuerza de seguridad intervenga activamente en la búsqueda de un prófugo, quien esté a cargo de la investigación debe pedirlo expresamente a través de un “oficio de tareas investigativas”, dice Maximiliano Lencina, director ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control (CEAC) de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. “Es el juez –la jueza o les fiscales– quien tiene la obligación de investigar y determinar las medidas que considere más conducentes a la hora de encontrar a un prófugo”, insistió Lencina.

La selección de la fuerza a convocar queda, también, a criterio de quien esté al frente de la investigación judicial: la mayoría de las veces se participa a la Policía Federal o la Gendarmería, fuerzas con las que “no se tuvieron buenas experiencias. Hay excepciones, pero en general no buscan de manera exhaustiva”, indicaron desde sectores que participan en los expedientes. Algunas otras, y muchas veces por pedido de la Fiscalía y las querellas, se da intervención a la PSA. Según su oficina de difusión, esa fuerza participó “positivamente” en 479 casos vinculados a crímenes de la última dictadura.

Voces del Ministerio Público Fiscal y de las querellas particulares advirtieron más de un problema a la hora de describir las actividades que el Estado lleva a cabo para dar con estos prófugos. Por empezar, reconocen que “más de uno está durmiendo” en cuanto a la búsqueda de los represores prófugos. Hay una especie de “limbo” en donde caen las líneas de trabajo que deben apuntar a hallar a un prófugo: se libra la orden de captura, se notifica a las fuerzas, las autoridades, los ministerios. Y empieza a correr el tiempo. “Es como que se espera toparse con el prófugo, o esperar a que cometa un error como ir a votar o querer salir del país. En algún momento eso sucedía, pero ya no pasa, ya no se equivocan casi. Entonces nadie los busca, solo se espera a que aparezcan”, confió una fuente que prefiere mantener el anonimato. Desde algunos juzgados aportaron otra mirada: “Si no lo piden las partes, el juez muy poco puede hacer”, advirtieron.

El rol activo de las acusaciones

“Para el Poder Ejecutivo, la política de memoria, verdad y justicia tiene prioridad absoluta”, asegura Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos. En ese marco, la búsqueda y el hallazgo de represores y personas investigadas por cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura es “un deber”: “Las diferentes áreas tenemos el deber de garantizar la colaboración activa a la Justicia en la búsqueda. Es importante que estas personas sean encontradas y juzgadas”, remarca y añade, a la dicusión sobre el “limbo” mencionado anteriormente que “todas las instancias del Estado deben buscar a esta gente. No corresponde que nos quedemos con los brazos cruzados. Si no hay orden de captura, es deber de los jueces dictarla. Y una vez que está esa orden, corresponde colaborar”.

Pochak coincide en la “necesidad” de que las partes acusadoras en las investigaciones sobre crímenes de Lesa Humanidad tenga un “rol activo”. “Algo que siempre tenemos que hacer es evitar que los pedidos de búsqueda, las alertas de interpol, los pedidos de extradición –en los casos en los que ya hayan sido localizados en otros países– se caigan”. Cosa que pasa a veces porque pasó el tiempo sin resultados o porque la Justicia deja de buscarlos “al entender que no hay prueba suficiente para avanzar”. En ese sentido, también es “responsabilidad de las querellas y Fiscalía alimentar periódicamente las causas, seguir buscando pruebas”.

Cuando una persona es encontrada en otro país, pero su pedido de extradición es rechazado, la Secretaría de DDHH “impulsa juicios en los países en donde están junto con la Cancillería, las embajadas. Intentamos, además, constituirnos como querellas institucionales –representantes del Estado argentino–”, explicó Pochak. Fiscales y abogades de querellas particulares suman una acción más: apelar decisiones que atentan contra el proceso, en donde no tienen demasiada suerte. En San Nicolás, por ejemplo, dos represores –Aníbal Sánches y Rubén Alcuri– que nunca se presentaron a declarar fueron “salvados” con la falta de mérito, y aunque la Fiscalía y las querellas se opusieron.

Nuevo juicio por la apropiación de les mellizes Valenzuela Negro

Se trata de Marino González

Nuevo juicio para un genocida que había sido absuelto por el robo de les mellizes Valenzuela Negro en Paraná

El Tribunal Oral Federal de Paraná inició este lunes el proceso de revisión de la absolución. Las partes ofrecerán alegatos hasta este martes, luego de lo cual se espera una sentencia condenatoria.

Ailín Bullentini
Por Ailín Bullentini

González resultó absuelto en el juicio oral y público que se llevó a cabo por la sustracción y supresión de la identidad de la beba y el bebé que Raquel Negro parió, en cautiverio, en el Hospital Militar de Paraná.  (Fuente: Gentileza Diario Uno de Entre Ríos)

González resultó absuelto en el juicio oral y público que se llevó a cabo por la sustracción y supresión de la identidad de la beba y el bebé que Raquel Negro parió, en cautiverio, en el Hospital Militar de Paraná. . Imagen: Gentileza Diario Uno de Entre Ríos

El Tribunal Oral Federal de Paraná inició este lunes el proceso de revisión de la absolución con la que había sido beneficiado el militar retirado Marino González en el juicio de lesa humanidad por la sustracción y la supresión de la identidad de les mellices Valenzuela Negro, nacides en el Hospital Militar de Paraná en plena dictadura cívico militar eclesiástica. Entre hoy y mañana martes, las partes ofrecerán alegatos luego de lo cual se espera una sentencia condenatoria.

González fue jefe del Destacamento número 121 de la ciudad de Rosario, dentro de la órbita del II Cuerpo del Ejército. Informan medios locales que integraba un grupo de operaciones especiales creado en 1975 en esa fuerza a cargo del teniente coronel Pascual Oscar Guerrieri, jerarca dentro del 121 y en varios centros clandestinos de Santa Fe, como Quinta de Funes, por donde pasaron Raquel Negro, cursando los últimos meses de su embarazo múltiple, y su compañero Edgar Tulio Valenzuela.

En 2011, González, “Pepe” de alias, resultó absuelto en el juicio oral y público que se llevó a cabo por la sustracción y supresión de la identidad de la beba y el bebé que Raquel Negro parió, en cautiverio, en el Hospital Militar de Paraná. Fue el único de los seis acusados que culminó aquel debate sin condena.

Para entonces, todavía no había sido procesado en la Causa Guerrieri, en Rosario, que en 2010 culminó su primer juicio oral y público –el primer expediente de lesa humanidad en llegar a esa instancia post caída de leyes de impunidad– con prisión perpetua para el represor Pascual Guerrieri y el resto de los acusados. Lo único que registraba el TOF de Paraná en el juicio por los mellizos Valenzuela Negro era la declaración del “arrepentido” Eduardo Constanzo, que nombró a González como quien “se encargó de todos los trámites, de organizar las guardias” en el marco del traslado de Negro a Paraná, a punto de parir.

Su absolución fue apelada y en 2018 llegó a la Corte Suprema de Justicia, que en 2018 y por un recurso de queja de la Fiscalía, representada por José Ignacio Candioti, dejó sin efecto aquel fallo y le ordenó al TOF de Paraná que realice un nuevo juicio a la luz de nuevos elementos probatorios a tener en cuenta. “Es que sucedió Guerrieri II –el segundo tramo de la causa madre de Rosario, resuelto en juicio– donde González fue procesado, juzgado y condenado por el caso de Raquel Negro y la Corte consideró que eso debería analizarse para evaluar su responsabilidad en la sustracción de los mellizos”, indicó Lucía Tejera, abogada querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en el debate.

Entre hoy y mañana se llevará a cabo esa nueva instancia. Durante una audiencia preliminar desarrollada hace un año, las querellas –de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, de Abuelas de Plaza de Mayo Rosario y de Sabrina Gullino, la meliza cuya identidad fue restituida en diciembre de 2008, y Sebastián Álvarez, hijo mayor de Raquel– unificaron su postura para emitir, a partir de hoy, un solo alegato. La Fiscalía a cargo de Candioti, expondrá a su turno. Se espera que mañana martes lo haga la defensa y, tal vez, haya un nuevo veredicto.

Negro y Valenzuela eran militantes de Montoneros, fueron secuestrados en enero de 1978 en Mar del Plata y trasladados a la Quinta de Funes. Raquel estaba embarazada de siete meses; Sebastián, que entonces tenía un año y medio, estaba con la pareja y sufrió los mismos delitos. A Valenzuela lo obligaron a participar de un operativo junto a sus captores y represores que tenía como objetivo el secuestro de integrantes de la cúpula de la organización político militar en México. La pareja simuló aceptar el plan negociando la restitución de Sebastián a su familia materna.

Negro, en canto, fue trasladada a otros centros clandestinos y al Hospital Militar de Paraná para dar a luz. Según se pudo reconstruir, les mellices nacieron el 3 de marzo de 1978, internados como NN en la sala de terapia intensiva y derivados al Instituto Privado de Pediatría (IPP), donde la nena ingresó el 4 de marzo y el varón el 10 de marzo, en su caso sin identidad, desconociéndose dónde estuvo en esos seis días informan desde Abuelas. El 27 de marzo, la nena, Sabrina, fue dejada en el Hogar del Huérfano y luego dada en adopción legal. El mellizo varón continúa desaparecido.

Empresas y dictadura

Esta investigación es tributaria de otra mayor, Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, realizada en conjunto por la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia -Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación-, el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el CELS, entre 2014 y 2015.

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Los primeros rastros de la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad son identificables en los inicios del proceso de memoria, verdad y justicia: la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y el Juicio a las Juntas registraron testimonios de trabajadores que habían protagonizado conflictos laborales y que señalaron la responsabilidad de dueños y directivos de las empresas en sus secuestros.

En 1984, el informe Nunca Más, elaborado por la Conadep, registra la existencia de un centro clandestino de detención en los conventillos en los que vivían los trabajadores del Ingenio La Fronterita en Tucumán y el testimonio de los obreros de Acindar, en Santa Fe, que da cuenta de la participación de la empresa en la represión y del funcionamiento de un destacamento policial que fue usado como centro clandestino de detención. En 1985, la sentencia del Juicio a las Juntas, primera comprobación judicial del plan sistemático de exterminio desplegado por la dictadura, logró determinar los secuestros de varios trabajadores de Mercedes Benz.

La represión a los trabajadores también fue puesta de manifiesto en testimonios brindados en los Juicios por la Verdad. En 1998, un trabajador de Alpargatas explicó que fue secuestrado durante una huelga y que los policías que se lo llevaron le dijeron “que los tenía que acompañar porque había una denuncia de la fábrica de alpargatas”. En el año 2003, otro trabajador relató que al volver a la fábrica luego de su secuestro el jefe de personal le dijo “no, quedate tranquilo… con vos no tenemos nada… ”.

Las investigaciones del secuestro y desaparición de trabajadores de las empresas Ford y Mercedes Benz comenzaron en 2002, con los primeros pasos de la reapertura judicial de las causas por delitos de lesa humanidad luego del periodo de impunidad que se había iniciado a mediados de los años 80 con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En ambos casos había ya gran cantidad de elementos que apuntaban a directivos de las empresas.

Durante la transición democrática, las Fuerzas Armas fueron identificadas como el principal actor responsable del terrorismo de Estado. Desde la década del 90, y con más impulso a principios de 2000, se instaló públicamente como una clave central de este proceso la responsabilidad en los hechos de sectores de la sociedad, la prensa, la Iglesia y la clase política. En la última década, la consolidación del juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad y la reconstrucción de la verdad permitieron avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades de sectores civiles.

Acindar

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Los trabajadores de Acindar no sospecharon nunca que las fotos tomadas en 1975 para renovar el carnet de la fábrica iban a ser usadas como fichas de identificación por los militares que secuestraron a muchos de sus compañeros durante la última dictadura. Las habían mandado a tomar los directivos de la empresa  para actualizar las fotografías del personal.

Uno de los operarios contó que en una oportunidad su jefe de sección lo llamó para que se tomara la foto de la nueva credencial, pero nunca recibió ese documento. A las dos semanas, en cambio, la policía lo fue a buscar a su casa. Los agentes que lo secuestraron llevaban como lazarillo la foto que le habían tomado en la fábrica.

Mercedes Benz

2

–Ratto, te llaman de tu casa.
La mentira del hombre de vigilancia era improvisada porque la familia de Héctor Aníbal Ratto no tenía el número de la fábrica Mercedes Benz y jamás lo habían llamado. Ratto se imaginó que lo estaban buscando para secuestrarlo y puso una excusa para no ir hasta el teléfono. Un momento después el capataz intentó hacerlo salir del taller, otra vez sin suerte. Era el 13 de agosto de 1977.

Ratto dejó su lugar de trabajo solo cuando le dijeron que lo estaba esperando Ronaldo Tasselkraut en su oficina. Era el gerente de producción. Allí lo detuvieron. Antes de que lo trasladaran escuchó a Tasselkraut indicar a los agentes de las fuerzas de seguridad la dirección de su compañero de trabajo Diego Núñez. A las pocas horas, Núñez fue secuestrado de su casa. Días después, el 31 de agosto, los directivos dejaron asentado que “la marcha de la producción en la fábrica se había normalizado” y aprovecharon para incrementar el ritmo de trabajo y realizar nuevos despidos.

Molinos Río de la Plata

3

Los patrones de la empresa hicieron una advertencia que sonó a amenaza: era la “última oportunidad” que tenían los delegados para retirarse “voluntariamente” de la planta. Se quedaron.

A las pocas horas un grupo numeroso de militares ingresaron a las instalaciones y pasaron sección por sección secuestrando a los trabajadores que tenían registrados en una lista con membrete de Molinos Río de la Plata. Eso ocurrió el 7 de julio de 1976.

Antes de la dictadura, la DIPBA, Departamento de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires, ya había hecho inteligencia en la empresa. Uno de sus informes se tituló “Infiltración de izquierda en la planta Avellaneda de Molinos Río de la Plata”. Durante esos años los trabajadores denunciaron amenazas, golpizas y hasta secuestros por unas horas dentro de la planta. Con la dictadura, los reclamos de los trabajadores terminaron en secuestros y desapariciones.

Ledesma

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“Este es el zurdo que le hizo el paro a la empresa por quince días. De esta cabeza nace el paro por tiempo indeterminado que sufrió Ledesma, es esta porquería, el Gordo Saracho y Mario Ernesto Ricci, y por culpa de esta porquería el ingenio tuvo que tirar toneladas de caña de azúcar”. Eso escuchó Raúl Osvaldo Tapia mientras lo torturaban el 3 de abril de 1976. Trabajaba en el Ingenio Ledesma y había promovido denuncias y reclamos contra la empresa.

Ledesma es en la actualidad una de las empresas agroindustriales de capitales nacionales más importantes del país y de América Latina. El centro de sus actividades está en Libertador General San Martín, departamento de Ledesma, Jujuy. Por su dimensión es el principal actor social y económico de la región.

En la construcción de ese poderío económico fueron muy importantes los beneficios y prebendas que la empresa recibió del Estado. Durante la dictadura de Onganía y en la década de 1970 Ledesma se ubicó a la cabeza del grupo de empresas beneficiadas por las políticas estatales que posibilitaron un proceso de concentración y centralización de la economía.

 

La Veloz del Norte

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Víctor Cobos era chofer y delegado gremial de La Veloz del Norte. En uno de sus recorridos habituales, el 21 de enero de 1977, subió una persona al micro y propuso pagar el pasaje sin que le dieran boleto. Cobos se negó. Al rato subió el dueño de la empresa, Marcos Levín, junto a dos policías, y le pidió el boleto a la persona en cuestión. Cuando se dio cuenta de que Cobos le había dado el boleto, fue hacia él y le dijo “mañana vas a ver… ya te vas a enterar”. Cobos estaba acostumbrado a los aprietes de Levín. Durante un paro general de transporte ya lo habían perseguido con un auto de las fuerzas de seguridad y le habían barrido el auto a balazos.

Al día siguiente del encuentro con el dueño de La Veloz del Norte, Cobos fue detenido por una denuncia fraguada vinculada con el cobro de pasajes sin extender boletos. Detenido, fue torturado durante varios días por los policías que acompañaban a Levín. Cuando fue puesto en libertad, lo primero que hizo fue ir a la empresa. Le pagaron los quince días que había trabajado en enero y le entregaron un certificado de despido. Desde ese momento no pudo conseguir trabajo en Salta, por lo que tuvo que irse de la provincia. El hermano de Víctor, de 17 años fue asesinado por un grupo de tareas el 25 de septiembre de 1976 en su casa.

 

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Los hechos que se investigan en estas causas no son delitos económicos, sino delitos de sangre que fueron cometidos por actores económicos. Los crímenes que se les imputan a estos empresarios y directivos de empresas son privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios, los mismos delitos por los que fueron acusados la mayoría de los militares y agentes de las fuerzas de seguridad involucrados en el terrorismo de Estado. Marcos Levín, el dueño de La Veloz del Norte, fue condenado como partícipe necesario de la privación ilegal de la libertad y los tormentos de un delegado gremial.

Pruebas

Las investigaciones judiciales por la responsabilidad empresarial en este tipo de delitos tienen características particulares y novedades probatorias.

Los testimonios de los trabajadores suelen ser la evidencia más importante en los casos. En el caso de la empresa Mercedes Benz, uno de los principales puntos de la acusación es un testimonio que narra cómo el gerente de producción de la empresa le dio el domicilio de un obrero a las fuerzas represivas. En La Veloz del Norte, la condena a Levín se basó, en gran medida, en el detallado relato de los trabajadores que fueron detenidos y explicaron la persecución del dueño de la empresa contra los obreros sindicalizados, su presencia en el lugar de las torturas e incluso las indicaciones que Levín dio a quienes aplicaban picana. En el caso del Ingenio Ledesma, las víctimas pudieron observar que las camionetas de Ledesma se usaron para secuestrar y trasladar a una enorme cantidad de personas, muchas de ellas trabajadores del ingenio con actividad sindical.

Además de las pruebas directas que acreditan la responsabilidad de algunos empresarios en el terrorismo de Estado, los testimonios permiten desentrañar el contexto político, social y económico de los crímenes, que ingresa en los procesos penales como prueba indiciaria: todo hecho respecto del cual se puede inferir, por medio de una operación lógica, la existencia de otro.

La documentación de las propias empresas, en este sentido, aporta material de gran relevancia: actas de reuniones de directorio, balances y denuncias suelen registrar en detalle los conflictos laborales, el apoyo explícito de las empresas a la dictadura y, en algunos casos, las ganancias obtenidas como resultado de sus políticas económicas.

Un ejemplo elocuente es la acrta del presidente de Acindar, general Alcides López Aufranc, que acompañaba la memoria empresarial de 1975-1976: “A partir del 24 de marzo de 1976… Se restablece la disciplina laboral, se combate la subversión con toda intensidad y se encaran medidas económicas que permiten afrontar los compromisos de la deuda externa y reducir la inflación. Se limita el gasto público y se aumenta la recaudación impositiva”[1].

La documentación del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (ex DIPPBA) proporciona elementos de prueba para la acusación de directivos y empresarios. Registran información que fue aportada por la empresa de manera explícita y datos que difícilmente puedan haber provenido de otra fuente como puestos de trabajo, pases de obreros de un sector a otro, rendimiento laboral de los trabajadores. En el caso de la empresa Petroquímica Sudamericana, un informe policial de mayo de 1970 revelaba que la empresa, luego de denunciar la existencia de “un pequeño grupo que quiere  crear  un  clima  de  intranquilidad” en la fábrica, tomó la iniciativa para que un número de policías se infiltrara entre los obreros y así detectar “personas disolventes”.

Las declaraciones que se brindaron ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas conectan también el secuestro de trabajadores con la responsabilidad de empresarios. En el legajo en la CONADEP de un trabajador de la empresa Alpargatas, en Aguilares, sus familiares relataron su secuestro el 20 de julio de 1976: los miembros de las fuerzas de seguridad ingresaron a la vivienda y preguntaron por el obrero de Alpargatas. Cuando se identificó como tal, fue secuestrado[2].

Un tercer tipo de pruebas son los indicios sobre los beneficios económicos obtenidos por las empresas durante la dictadura. En el caso de la cementera Loma Negra, Jorge Rafael Videla autorizó a través de un decreto de 1977 la instalación de una nueva planta en la provincia de Catamarca y beneficios impositivos como la desgravación por diez años del impuesto a las ganancias y del impuesto sobre el capital de las empresas, además de la exención de derechos de importación. Acindar también recibió cuantiosos recursos estatales a través de los regímenes de promoción industrial; eso le permitió comprar maquinaria, adquirir otras empresas y fundar múltiples subsidiarias. También participó de la estatización de deuda privada y transfirió al Estado obligaciones por 652 millones de dólares.

La acreditación de esos beneficios, que impactaron directamente en la rentabilidad, a partir de las políticas de la dictadura pueden configurar el móvil que llevó a esos hombres de negocios a cometer los crímenes. Los empresarios favorecidos no podían desconocer lo que estaba sucediendo con sus trabajadores. Este tipo de evidencias fortalece las pruebas directas que  puedan encontrarse en las causas.

En la causa contra el empresario Carlos Pedro Blaquier y el administrador Alberto Lemos por secuestros, los imputados fueron beneficiados con una falta de mérito por la Cámara Federal de Casación Penal, que sostuvo que, si bien estaba probado que el Ingenio Ledesma aportó las camionetas que se usaron para secuestrar a personas, no se pudo acreditar que Blaquier y Lemos supieran que los vehículos se usarían con ese fin. La decisión desconoce que Ledesma era la empresa más grande de la zona y que estaba llevando adelante una persecución política y sindical contra los dirigentes gremiales y que Blaquier intervenía personalmente y controlaba todas las cuestiones de la empresa. Los secuestros se produjeron en distintos días y fueron difundidos desde que ocurrió el primero de ellos, por lo que es innegable que Blaquier y Lemos estuvieron al tanto. Más que un problema de prueba o de desarrollo jurídico, alrededor de los responsables civiles se levantan obstáculos de tipo político para avanzar en los procesos. En el caso de Blaquier, es uno de los empresarios más poderosos del país.

Atribución de responsabilidades

¿Cuáles son los criterios de atribución de responsabilidad que se aplican a los empresarios en estos delitos? Podemos calificar su participación en: complicidad –primaria o secundaria–, instigación o coautoría. No es lo mismo un empresario que dio las direcciones de los trabajadores para que fueran secuestrados, que uno que estuvo presente durante las torturas. El análisis se debe hacer caso por caso.

Para considerarlos cómplices, debe probarse que los empresarios hicieron un aporte –necesario o no– a los secuestros, con conocimiento de lo que hacían. Esta forma de atribución de responsabilidad parece ser la aplicable a los casos de los imputados en las causas Ford y Mercedes Benz.

La condena a Marcos Levín como partícipe necesario es un antecedente insoslayable para pensar cómo se atribuyen las responsabilidades penales. Varios de los trabajadores de la empresa La Veloz del Norte, que fueron secuestrados y torturados, vieron a Levín en la comisaría donde estuvieron cautivos. El empresario también dio vehículos para que los trabajadores detenidos de manera ilegal fueran trasladados desde Tucumán. Los jueces del tribunal señalaron que “Levín tuvo el dominio del hecho en cuanto a resolver quién debía ser detenido y torturado”, lo que lo convertiría en autor, pero que no podía tenérselo por tal porque no fue funcionario público en el momento de los hechos y los delitos que se juzgaron requieren que el autor lo sea. En virtud de esa circunstancia, Levin fue tenido por cómplice necesario y no autor.

Otra posibilidad es considerar la conducta de los empresarios como instigación. Para eso es necesario probar que los empresarios empujaron a los militares a realizar los secuestros. Esto parece difícil de comprobar y, además, desdibujaría el rol que tuvieron las fuerzas armadas en la represión. En determinados casos, sin embargo, podemos hablar de instigación. Los propios militares lo advirtieron, según se puede leer en un documento desclasificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos: “Autoridades de Seguridad comentaron recientemente a la embajada… que están teniendo mucho más cuidado que antes cuando reciben denuncias de los directivos sobre supuesto activismo terrorista dentro de las plantas industriales, que podrían ser en realidad apenas casos de legítimo (aunque ilegal) activismo gremial”.

Por último, se podría imputar a los empresarios como autores. Tenemos que considerar que los militares –que indudablemente son los autores de los delitos– fueron juzgados y condenados en base a dos criterios: la autoría por aparato de poder y la coautoría funcional. La primera exige que haya estructuras organizativas estatales y jerarquías que constituyan un aparato de poder de estructura vertical, por el que descienden sin interferencia las órdenes de los estratos superiores, que se pruebe la participación de la persona en el hecho (por ejemplo: haber empleado esa organización para producir un secuestro) y el carácter de intercambiables de los ejecutores directos de las órdenes. Dado que los imputados en las  causas que analizamos son gerentes y no pertenecen al ámbito militar, es difícil sostener que hayan podido “utilizar” a los militares para lograr los secuestros. En concreto, desde el punto de vista jurídico, un gerente o un empresario no pueden dar órdenes a un soldado. Este es el criterio que empleó la jueza Vence en el caso Ford para descartar este criterio de imputación.

La idea de autoría por aparato de poder, no obstante, se aplicó en casos de crimen organizado e, inclusive, a empresas. Por eso podríamos entender que, respecto de la represión en las fábricas, el aparato de poder se integró también con empresarios y gerentes, siempre que pueda establecerse que realizaron –a sabiendas– una colaboración en el funcionamiento del aparato represivo.

Respecto de la coautoría funcional –realizar un delito mediante una ejecución con división del trabajo, en la que el coautor cumple una función esencial al punto tal de que podría hacer fracasar el plan si se negara a participar–, en algunas investigaciones judiciales se podría sostener que la acción de los empresarios significó el cumplimiento de un rol esencial en la ejecución del hecho. Los ejemplos sobran: permitir la instalación de un centro clandestino de detención en una fábrica (Ford), dar a los militares el domicilio de un trabajador a quien irán a secuestrar (Mercedes Benz), aportar los medios de transporte que se usarán para secuestrar a los trabajadores y trasladarlos (Ledesma, La Veloz del Norte). No se podría haber secuestrado a la misma cantidad de gente sin las camionetas de Blaquier, ni se podrían haber secuestrado a los trabajadores de Mercedes Benz en sus casas sin la dirección que aportó la empresa.

Los hechos de los que se acusa a empresarios y directivos, los medios para probarlos y las diversas formas de atribuir la responsabilidad penal que tuvieron son algunas de las claves de la discusión jurídica que se despliegan en estas investigaciones. Los actores civiles involucrados integraron el complejo entramado del terrorismo de Estado en la Argentina.

[1] AA. VV., 2015, “Responsabilidad empresarial en delitos de Lesa Humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado», Buenos Aires, Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tomo I.

[2] AA. VV., 2015, “Responsabilidad empresarial en delitos de Lesa Humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado», Buenos Aires, Editorial Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tomo II.

 

 

 

Otto per mille valdense

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto  financiado  con  los fondos Ocho por Mil de la Iglesia Valdense.

http://www.cels.org.ar/especiales/empresas-y-dictadura/?fbclid=IwAR1idgZGQXGdi4UfRHhTZnhaJ1Y7ngZjOOcOJB9jINkYjq2IfNuPZfQgjWY#acindar

LA OPERACION CONDOR Y LA DOCTRINA FRANCESA

Pruebas, diálogos insólitos con los genocidas latinoamericanos y “asesores” del resto del mundo que, creyendo ingenuamente hablar con una historiadora de derecha, se descargan y exponen en toda su magnitud, van diseñando un mapa del horror y la hipocresía, dejando también en claro que en lo que se refiere a los años de plomo todavía queda mucha tela por cortar. “Escuadrones de la muerte: la escuela francesa” se titula la espectacular película de la realizadora Marie-Monique Robin acerca de las formas galas de tortura que será estrenada en Buenos Aires. Robin, viajó especialmente para presentar su documental, en el que militares argentinos reconocen haber aplicado durante ‘La operación Cóndor’, técnicas de tortura y desaparición importadas de Francia. La operación Cóndor fue creado por la CIA estadounidense en la era Nixon-Kissinger, con la colaboración de las dictaduras militares latinoamericanas para la eliminación física de toda la izquierda política. El filme de Marie-Monique Robin tiene como antecedente el excelente fresco la batalla de Argel, de Gillo Pontecorvo en el que se mostró por primera vez en la historia que la civilizada Francia no respetaba los derechos humanos y torturó y martirizó a los patriotas argelinos que luchaban por su independencia. Escuadrones de la muerte: la escuela francesa que ya fue presentado en septiembre de 2003 por la cadena de televisión francesa Canal Plus, sostiene mediante entrevistas, imágenes de archivo y documentos, que los franceses formaron a militares de América Latina y Estados Unidos en métodos utilizados Argelia e Indochina. ‘Los militares franceses descubrieron que había que sacar información de la población. Esto demandaba la tortura. Luego, a los torturados los hacían desaparecer’, dijo Robin. Según la cineasta estos métodos a los cuales se les bautizó como ‘doctrina francesa’, fueron exportados después y en Argentina hubo una misión permanente de militares franceses entre 1957 y 1981. Un dato desconocido y que revela el consenso y la cooperación de las más grandes potencias del mundo entre si, es el que asegura que expertos franceses enseñaron también las técnicas de la guerra contrarrevolucionaria a una generación de militares latinoamericanos en la Escuela de las Américas, en Panamá. Esta inefable institución conocida como ‘la escuela de los dictadores’, le sirvió de ‘universidad’ a los aspirantes a torturadores estadounidenses que luego la aplicaron en Vietnam, Bolivia, Guatemala, Perú, Chile, Venezuela, Salvador, Nicaragua y Uruguay entre otros países. Resalta particularmente la Operación Phoenix, en la que murieron 20 mil civiles survietnamitas. La periodista francesa entrevistó a los generales retirados argentinos Ramón Díaz Bessone -con cámara oculta-, Reynaldo Bignone y Albano Harguindeguy. Estos verdugos justificaron en el documental los crímenes cometidos durante el régimen militar, en el que, según organismos de derechos humanos, desaparecieron unas 30 mil personas. ‘La entrevista que más me impactó fue la de Díaz Bessone porque me habló fríamente de las desapariciones como los daños colaterales de la guerra antisubversiva. Cuando le agradecí la nota y el camarógrafo prendió la cámara oculta el tipo se transformó y me dio miedo’, contó Robin. Según la realizadora Díaz Bessone le dijo ‘que no se podía sacar información sin torturar y justificó la desaparición como arma de la guerra antisubversiva’. El documental demandó dos años de trabajo y 300 mil dólares de presupuesto. La cineasta francesa concluyó sus palabras con este agudo señalamiento: ‘Haciendo esta investigación entendí el peso de la ideología. Lo que tenían en común los militares argentinos, franceses, chilenos y estadounidenses era un anticomunismo feroz’. Robin afirmó que en Francia dos partidos, los Verdes y los Socialistas, pidieron la creación de una comisión de investigación parlamentaria, pero fue rechazada. Algunos especialistas recomendaron exhibir el documental en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra.