Familiares de Francisco Franco portan el féretro con los restos mortales del dictador tras su exhumación en la basílica del Valle de los Caídos en 2019 (Europa Press)

El Congreso español ha aprobado este jueves la Ley de Memoria Democrática que considera “ilegal” la dictadura franquista y condena el golpe de estado del 18 de julio de 1936 que dio comienzo a la Guerra Civil y puso fin de la II República. En una ajustada y bronca votación, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha sacado adelante -por 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones- una norma que obliga al Estado a buscar a las 114.000 personas desaparecidas durante la guerra fratricida y los 40 años de dictadura.

La “ilegalidad” del régimen de Francisco Franco supone de facto “una declaración de reconocimiento y reparación personal” a las víctimas de la dictadura. Pero va más allá: todas las condenas y sanciones en ese periodo a cualquier persona por razones políticas, de conciencia o creencia religiosa o por razones ideológicas pasan a ser también ilegales. Hasta ahora se consideraban sencillamente “nulas”. Los tribunales y órganos franquistas y sus sentencias también pasan a considerarse ilegales, y no sólo ilegítimas, como hasta ahora.

El 18 de julio de 1936 comenzó en España la Guerra Civil. El día anterior, en la ciudad de Melilla (norte de África), los destacamentos al mando del general Francisco Franco se sublevaron y decretaron el estado de guerra en todo el país. La resistencia de fuerzas leales a la República dividieron al país en dos y lo que iba a ser un golpe militar más en una historia habitual de asonadas militares en España se convirtió en un conflicto que se prolongó tres años. Tras la contienda, Franco implantó una dictadura que lo mantuvo al frente del país hasta su muerte, el 20 de noviembre de 1975.

A partir de ese momento se inició un proceso de Transición que llevó a celebrar las primeras elecciones democráticas el 15 de junio de 1977 y a aprobar una nueva Constitución el 6 de diciembre de 1978.

La norma aprobada ahora en el Congreso amplía precisamente hasta esta última fecha lo que considera el periodo de persecución contra los antifranquistas. Si bien es hasta ese momento cuando se limita la investigación oficial sobre la dictadura y el reconocimiento de las víctimas del franquismo, el marco legal alcanza hasta 1983.

Polémica investigación hasta 1983

La Ley creará una comisión técnica encargada de estudiar las presuntas violaciones de derechos humanos que pudiera haber habido contra algunas personas por “su lucha” en la consecución y consolidación de la democracia”. Esto abarca, según la norma, hasta el 31 de diciembre de 1983.

Es este punto el que ha llevado al PP a decir que derogará la ley si llega al poder, porque sostiene que es una concesión a ETA y sus herederos políticos, Bildu. ¿Por qué? Porque se puede interpretar, según la formación que lidera Núñez Feijóo, que el terrorismo de ETA tras las primeras elecciones democráticas y hasta 1983 fue una resistencia democrática contra un Estado con reminiscencias franquistas.

Algunos sectores del PSOE han criticado la ley. Hay que recordar que el PSOE llegó al poder tras ganar las elecciones el 28 de octubre de 1982 con una abrumadora mayoría absoluta. Es decir, según la ley, con los socialistas en el poder se podrían haber cometido violaciones contra los derechos humanos en un contexto de tardofranquismo.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños (Europa Press)

“Un ataque a la Transición”

El PP ha sostenido en todo momento que se trata de una legislación “sectaria, excluyente y un ataque a la Transición”. La formación conservadora, a través del diputado Jaime Mateu Istúriz, ha defendido que “la memoria no admite calificativos. A ningún Gobierno le corresponde reabrir recuerdos dolorosos”.

En España, tras la dictadura se aprobó una Ley de Amnistía que echó el cierre a la Guerra Civil y a la dictadura y dio paso a la Transición. Esto es lo que muchas formaciones de izquierda pedían que se derogara para investigar con más profundidad lo ocurrido en ese periodo de la Historia.

Si bien el Gobierno ha decidido no derogar la Ley de Amnistía, sí ha incluido en la nueva norma que todas las leyes españolas, incluida la de 1975, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional. Esto significa que “los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.

La ultraderecha de Vox, a la que se considera heredera del franquismo por gran parte del arco parlamentario, denunció, por medio del diputado Francisco José Contreras, que la norma “no contempla a las víctimas asesinadas por el frente popular en los años 30″. Es decir, los crímenes que se produjeron durante al final de la II República por las formaciones que integraron el último gobierno democrático previo a la Guerra Civil. Añadió que el Gobierno “pretende suprimir la pluralidad mediante la imposición por decreto de un relato sectario”.

En la tribuna del Congreso, el diputado de Vox ha mostrado una foto de José Calvo Sotelo, ministro durante la dictadura de Primo de Rivera, y ha denunciado que “fue asesinado [días antes del comienzo de la Guerra Civil] por policías socialistas” y “no cuenta como víctima de esta ley”.

El Gobierno ha defendido en todo momento, a través del autor y defensor de la norma, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que la ley “va a hacer más digna nuestra democracia y a nuestro país”.

Bolaños ha mantenido en todo su discurso que esta ley homenajea a “todas las víctimas de la guerra civil, de un bando y de otro (…) también a todas las víctimas de la dictadura”. Ha aprovechado su intervención para decir que mientras “el Gobierno está siempre con todas las víctimas, arropándolas”, el PP las utiliza.