El testimonio de las hermanas Herrero, secuestradas junto a su mamá cuando tenían 3, 4 y 5 años
Las hermanas Herrero tenían 3, 4 y 5 años cuando fueron secuestradas en Uruguay y trasladadas a la ESMA. Allí fueron testigos de crímenes, fotografiadas y separadas de su mamá. Terminaron exiladas en Venezuela, desde donde ahora testimoniaron ante la justicia argentina y contaron su experiencia a Página/12, justo cuando el relato dictatorial vuelve al centro del debate de la mano de Milei.
Por Ailín Bullentini
María Virginia, María Paula y María Elvira Herrero, fotografiadas por los genocidas en la ESMA.
Las hermanas Herrero tenían 3, 4 y 5 años cuando un miembro de la patota de la ESMA las sentó en un sillón de “Los Jorges”, las oficinas/habitaciones de la jerarquía de la Armada en ese campo de concentración, ubicadas en el primer piso del Casino de Oficiales, y las fotografió. Era un mediodía de mediados de noviembre, calculan. Allí vieron heridos, fueron fotografiadas por genocidas y obligadas a separarse de su mamá sin saber por qué ni cuándo volverían a verla. Antes de aquel episodio hubo un secuestro en Uruguay, un traslado en avión. Y luego, el exilio en Venezuela. La historia de militancia de su familia se hila con la de persecución y supervivencia del terrorismo de Estado que ellas también protagonizan, algo que, por primera vez desde que les atravesó la vida entera pudieron contarlo la semana pasada frente a un tribunal oral. Desde Caracas, entienden su testimonio como una reparación para su historia y “un aporte al Nunca más”, en el marco de la posibilidad de que Javier Milei, el candidato que califica de “excesos” al accionar genocida de la última dictadura, gane las elecciones presidenciales del próximo domingo.
“Los niños que sufrimos el terrorismo de Estado con nuestros padres siempre fuimos tomados como consecuencias. Ahora, a nosotras, por primera vez nos toca ser tenidas en cuenta como víctimas. Ahora por fin, lo que vivimos en la ESMA tendrá responsables. Y eso es reparador”, explica María Paula Herrero en diálogo virtual con Página/12, un día después de haber declarado ante el Tribunal Oral Federal número 5 en el marco del juicio por el séptimo tramo de la megacausa ESMA. María Virginia Herrero, la menor de las tres hermanas, también participa de la entrevista. “Uno siempre tiene la sensación de que no se hace lo suficiente para que no se repita la historia”, propone, ya sin nervios pre y post testimonio. Su decisión de declarar en el juicio tuvo que ver con ese “hacer algo con la intención de construir el Nunca Más. Todavía no es momento de parar, de guardarnos estas historias de dolor para nosotros mismos”.
Las hermanas Herrero, en una infancia cortada por la dictadura.
Una historia familiar
Las Herrero llegaron a Caracas cuando María Paula apenas pasaba los 6 años y María Virginia, los 4. Enero de 1979. Lo hicieron junto a su hermana “del medio”, María Elvira, de 5; su mamá, Rosario Eugenia Quiroga, y Lisandro Raúl Cubas, quienes se conocieron en el Casino de Oficiales de la ESMA, donde estaban cautivos. Ambos fueron torturados y sometidos a trabajo esclavo.
Las hermanas, Rosario y Lisandro testimoniaron la semana pasada, la décima audiencia del debate oral que se le sigue al exagente del Servicio de Inteligencia de la Marina e integrante del G.T. 3.3. Jorge Luis Guarrochena, y que transmitió el medio comunitario La Retaguardia. Para las hermanas Herrero fue la primera vez. Tienen su historia “charlada, contada y procesada hacia adentro” porque “desde siempre” supieron por lo que habían pasado, asegura María Virginia. Sin embargo, el momento del testimonio “puede sorprenderla a una”, reflexiona María Paula, que se quebró en la mitad de su declaración.
Durante el debate, los testimonios de las tres hermanas fueron cortos, pero contundentes en la tarea de explicar cómo vivieron las niñeces el horror de la dictadura genocida. Un día después, María Paula dirá ante este diario: “El hecho de que haya un juicio en el que quede registrado lo que nos pasó es una manera de construir memoria para todos, no solo para nosotras, una memoria que quedará para cuando ya no estemos acá. Es una manera de resarcir. No me van a devolver mi vida tranquila en Argentina, pero es un acto de justicia”.
María Paula Herrero, en el juicio Imagen: La Retaguardia
Esa mañana en la ESMA
La primera en declarar ante el tribunal, vía teleconferencia, es María Paula. Cuando el fiscal Félix Crous le preguntó por su paso por la ESMA, cerró los ojos y respondió “paredes marrones o beige”, lo único que recuerda, junto a una puerta desde donde ella y sus hermanas vieron a “Tío Oscar”, como lo conocían a Oscar De Gregorio, gravemente herido, con quien habían convivido tiempo antes. Las hermanas Herrero llegaron al campo de concentración de la Armada después de pasar un día en un lugar que desconocen, en Montevideo. Habían sido secuestradas junto a compañeres de militancia de su mamá. En el sótano de aquel lugar, Rosario fue torturada. Ella y sus hijas fueron trasladadas a la ESMA en avión.
Allí, en el sótano del Casino de Oficiales de la ESMA, María Paula recordó a De Gregorio “tratando de pararse para vernos, tenía un vendaje en el brazo, estaba muy, muy mal”. “Pregunté qué le había pasado y uno de los militares me dijo que se había cortado con un vidrio y que por eso estaba así. Imaginé que el vidrio lo había pasado de lado a lado porque si no, no estaría tan mal”, testimonió.
Después de ver a “Tío Oscar”, la patota llevó a las niñas a “Los Jorges”. Allí las fotografiaron antes de llevarlas a un colegio de monjas en donde trabajaba una prima de Rosario, la mamá de las niñas. “La orden de sacarles una foto creo que la dio Selva”, apuntó Rosario durante su testimonio. “Selva” era uno de los apodos del genocida Héctor Febrés. Luego vino un abrazo madre e hijas y el adiós.
A las niñas se las llevó de la ESMA otro genocida, Alfredo Astiz. Terminaron en San Juan, cerca de su abuela materna. A Rosario la dejaron encerrada. La liberaron en enero de 1979, vía Venezuela, junto a Cubas y a sus hijas. Durante el cautiverio atesoró aquellas dos fotos de las nenas que hace días donaron al Museo Sitio de Memoria ESMA y preserva, desde entonces, el Archivo Nacional de la Memoria.
María Virginia recuerda “poco y nada” de aquel tiempo y eso le pesa. Tenía “3 años recién cumpliditos”, dijo ante los jueces. Fue la última de la familia en sentarse frente a la computadora, en el living de la casa de su hermana mayor, María Paula, en Caracas. “Eso siempre fue una marca. Con mis hijos pensaba ‘si yo despareciera a esta edad de ellos no se van a acordar de mí’. Como mi padre, que yo no tengo recuerdos de él”, puntualizó en su declaración. De lo que sí tiene recuerdos es de la vida compartida con compañeres de militancia de su mamá y de su papá, en el exilio, de encuentros con anécdotas que aportaron risa y felicidad a relatos de muerte y terror.
María Virginia Herrero, en el juicio Imagen: La Retaguardia
La casa de Lagomar
Rosario, sus hijas y De Gregorio, viajaron a Uruguay en octubre de 1977. Habían estado antes en Brasil. Un mes después, De Gregorio fue descubierto volviendo de Buenos Aires. En el operativo, que compartieron represores uruguayos y la patota de la ESMA, lo hirieron de bala, perforándole los intestinos. Falleció semanas después, en el centro clandestino.
Rosario vio cómo lo capturaron y decidió abandonar el lugar donde vivían, con las tres nenas “a cuestas, porque no tenía dónde dejarlas”. Quedó “desenganchada” de Montoneros, la organización en la que militaban, contó en su declaración. A falta de un lugar más seguro, terminó yendo a un departamento de tres ambientes en Lagomar, un barrio costero en las afueras de Montevideo, de donde se las terminaron llevando.
Durante su testimono, María Paula ofreció una imagen de aquella huida en Uruguay: “Recuerdo el tener que irnos a las carreras, el tener que dejar los juguetes otra vez”. Era lo que más la atormentaba. Más tarde, apuntará que “desde muy chica” tuvo “la necesidad de estar callada”. “Sé que puedes morir por tus creencias en general”, aportó.
Rosario logró contactarse con otros militantes. Miguel Angel Estrella, Jaime Dri, Alejandro Barry y su esposa, Susana Mata; Rolando Pisarello y María del Huerto Milesi. A Alejandro lo asesinaron intentando capturarlo. A Rosario y a Rolando los atraparon la tarde del 15 de noviembre, en la calle. También cayeron Miguel Angel y Jaime. La madrugada del día siguiente, la patota fue a la casa de Lagomar, en donde se encontraban María del Huerto y su beba de tres meses, las tres niñas Herrero, Susana Mata y su hija, Alejandrina Barry. Durante el operativo Susana se tomó la pastilla de cianuro y murió. María del Huerto y su hija; la beba Barry y las hijas de Rosario fueron llevadas al centro clandestino en donde estaban les demás.
La coordinación de las fuerzas represivas entre países, Plan Cóndor en acción, depositó a Rosario y sus tres hijas en la ESMA un día después. Allí, Rosario vio a María del Huerto y a su beba, que también sobrevivieron. Las hermanas Herrero llaman a Del Huerto “tía Chiche”, y a María Laura, su hija, “Pupi”. Compartieron el exilio en Venezuela. “Vivimos una vida rara de niñas. No éramos ni argentinas ni venezolanas. Fue muy inestable”, declaró María Paula.
María Elvira Herrero, en el juicio Imagen: La Retaguardia
Recuerdos del pasado
María Elvira no participa del diálogo con este diario, pero sí aportó su testimonio ante la Justicia. Es la única que se llevó la casa de Lagomar fijada en su memoria y en su alma. Convivió y convive con el recuerdo fresco de aquel operativo en la costa uruguaya, y no de manera armónica. En el marco del debate, contó que tenía 10 años cuando “una casa cerca de la playa en Venezuela” en la que estaba vacacionando con la familia ensamblada la “llevó al secuestro en Uruguay”. “Una casa cerca del mar, la disposición de las camas. Fueron tres años de terrores nocturnos, me bajaron las calificaciones escolares”, aportó. Desde entonces y hasta hoy, décadas después, María Elvira toma antidepresivos.
Fue ella, también, la primera en viajar a la Argentina con el objetivo de “reconstruir” la historia familiar. Estuvo un año y regresó a Venezuela. Mediados de los ‘90, surgimiento de la Agrupación H.I.J.O.S. de por medio, la imitaron María Paula y María Virginia. Estuvieron un tiempo en San Juan reconstruyendo la historia de José Luis, el padre biológico, militante de Montoneros, estudiante de Ciencias Económicas en la Universidad Católica de Cuyo, secuestrado en enero de 1976 en la pensión donde se refugiaba, clandestino. Luego fueron a Uruguay en busca de la casa de Lagomar. La encontraron, se sacaron una foto con la fachada detrás y regresaron a Buenos Aires. Años después, volvieron a Uruguay para radicar una denuncia por los crímenes que habían sufrido allí.
Rosario Quiroga, en el juicio Imagen: La Retaguardia
Advertencias del presente
En comparación con lo ocurrido durante las dictaduras de Uruguay o Chile, María Paula asegura en diálogo con este diario que “en Argentina se haya hecho un esfuerzo más grande para reconstruir y enjuiciar”, aunque recuerda que “nada” saben de lo que ocurrió con su papá biológico. “Los militares llevaban listas, toda esa información, ¿donde está? Nos gustaría saber y por lo menos tener una idea de qué pasó con la gente”. Señala como “involución” el hecho de que los represores reciban el beneficio de prisión domiciliaria: “Cuando torturaron y mataron estaban bien conscientes”. Y por último, apunta a “la situación de este Milei, un candidato al presidente negando lo que ocurrió, algo que habilita a otras personas que antes no comentaban pero ahorita sí se sienten con la posibilidad de decir que lo que vivimos no pasó, que éramos terroristas. Es doloroso que todavía suceda eso”.
Varias décadas después, cuando en Venezuela Hugo Chávez sufrió un golpe de Estado, sus miedos revivieron. “Miedo de volver a pasar por lo mismo, de tener que irse de país, de perder los amigos”. Y también la certeza de que “el terrorismo de Estado tiene una pata represiva y otra mediática que utiliza la misma fórmula en todas partes del mundo a lo largo de los años”, añade en la entrevista con Página/12.
Lisandro Raúl Cubas, en el juicio Imagen: La Retaguardia
En tiempos de dictadura cívico militar local, revistas de la Editorial Atlántida montaron una operación mediática para encubrir al régimen genocida argentino sobre el secuestro de las hermanas Herrero, con el foco puesto en Alejandrina. “A nosotras, a nuestras familias, los medios las trataron de terroristas. Sin medios que las protejan, las dictaduras no funcionan”, insiste.
Y compara aquellos tiempos con el presente en el que “en Argentina vuelve el negacionismo, vuelven las acusaciones de terroristas a los militantes, ¿cómo puede ser si no es con la venia mediática? Ahora como entonces, siempre tenemos que estar justificándonos. Siempre nos atacan, que por algo fue, que lo único que queremos es cobrar una indemnización y tener plata. Pues nuestra historia es así como la contamos: fuimos tres niñas que vivieron persecución, la ESMA, la tortura y la desaparición de nuestros padres, el exilio. Y seguimos afectadas por eso”.
Carlos Malatto está acusado por secuestros, torturas y desapariciones en San Juan
Vestido con una camisa, campera y eclipsando su rostro con una gorra negra, Carlos Malatto, de 74 años, está reunido con un hombre al pie de unos yates en el puerto turístico de Portorosa, el más grande de Sicilia y uno de los más exclusivos del mar Mediterráneo. Corría diciembre de 2019 y nada podía entorpecer, en principio, la rutina sosegada en el paraíso marítimo bajo una ligera brisa y unas gaviotas sobrevolando el cielo límpido. “No puedo hablar, estoy con una persona”, es lo primero que larga Malatto a una periodista que lo interrumpe mostrándole el cartel de la recompensa que el Estado argentino ofrecía para su captura. La periodista lo sigue, caminando a la par en su huida. “¿Por qué no me responde?”, lo interroga, mientras Malatto desliza una sonrisa opaca de lado y continúa su marcha silenciosa, manos en los bolsillos, camuflado en la vida de un pensionado feliz.
Salvando las distancias, la fugaz caminata se pareció a aquel emblemático reportaje del periodista norteamericano Sam Donaldson al criminal nazi Erich Priebke en las calles de Bariloche, donde se había ocultado como un buen vecino. Poco después del reportaje, Priebke fue extraditado a Italia y sentenciado a prisión perpetua por su participación en la masacre de las Fosas Ardeatinas en Roma. Carlos Luis Malatto vive en Italia desde 2011 gracias a su pasaporte italiano, prófugo pese a conocerse su paradero. No había sido la única que vez que un periodista fue sobre sus pasos. “¡Váyase!”, gritó para expulsar a un reportero que le preguntó por su pasado como represor, antes de encerrarse en su casa, rodeado de un Mercedes Benz deportivo color azul. En torno a la villa de Malatto había varios yates, propiedades de los habitantes del “resort”. Respiraba un aire triunfal.
A Malatto los abogados italianos lo tienen en la mira desde 2015. El abogado argentino residente en Italia Jorge Ithurburu, presidente de 24Marzo Onlus –organización que querelló en Italia a militares y políticos latinoamericanos por delitos de lesa humanidad–, lo denunció en aquel año, luego de que el represor fuera localizado mientras vivía como un vecino más en el barrio exclusivo de Portorosa, y la Justicia europea rechazara la extradición. Según el artículo 8 del Código Penal italiano, el Estado puede enjuiciar a sus ciudadanos por esa clase delitos, sin importar si los cometieron dentro o fuera de las fronteras.
Antes que eso, la Justicia argentina llegó a detenerlo y mantenerlo bajo prisión preventiva durante algún tiempo, mientras se demoraba en fijar fecha para el juicio que lo tendría entre los acusados. Con la excusa de esa demora, la Cámara de Casación Penal le habilitó la libertad que le permitió fugarse en 2011. “Logró establecerse en Italia con el pasaporte de ciudadano italiano, que logró conseguir en tiempo record tras escapar de la Argentina vía Chile”, resumió Eva Lerouc, hija de dos víctimas del militar retirado y parte de la querella.
Acusado en la Argentina por cerca de 30 casos de desaparecidos, se desempeñó como teniente coronel del RIM 22, el temerario Regimiento de Infantería de Montaña de San Juan. Más de 16 testigos lo acusan como autor de torturas, según se desprende de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Mendoza. El de Malatto es un caso paradigmático de aquellos represores argentinos que se fugaron para evitar el juicio en la Argentina.
En su escala de regreso desde Arabia Saudita, donde participó de la reunión anual para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial de la UNESCO en la que el Museo Sitio de Memoria ESMA fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial, el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla se encontró en Italia con la fiscal de Roma Gianfederica Dito, a cargo de la causa contra el represor prófugo. Allí, según sus propias palabras, reafirmó el compromiso del Estado argentino para que la investigación contra Malatto avance hacia la etapa de juicio oral.
La fiscalía italiana había realizado días atrás el cierre formal de la etapa de investigación del expediente, en el que está acusado por el asesinato de al menos ocho personas en su carácter de miembro de la plana mayor del RIM22 en la provincia de San Juan. “Desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos asistiendo a la Justicia italiana en los procesos para acortar los plazos y con la expectativa de que se produzcan las extradiciones y las elevaciones a juicio”, explicó Pietragalla después del encuentro con la fiscal, durante una conferencia realizada en la Cámara de Diputados italiana. “Por primera vez el Estado argentino es querellante en procedimientos en el exterior y esto fue una decisión política de nuestra gestión para que no haya impunidad biológica, ya que la mayoría de los que están prófugos son personas de una edad muy elevada”, agregó.
El caso de Malatto no es el único que el Estado argentino sigue en Italia. Además, hay dos procesos de extradición abiertos para juzgar en el país al ex capellán militar de San Rafael, Franco Reverberi Boschi, y a Daniel Oscar Cherutti, ex miembro de la SIDE durante la dictadura. El pedido de extradición de Reverberi Boschi, en rigor, fue aceptado por el Tribunal de Apelaciones de Bolonia en julio de este año luego de un largo proceso judicial y el próximo 10 de octubre el Tribunal de Casación analizará esa decisión a pedido de la defensa del ex capellán. En el caso de Cherutti, el 28 de septiembre se desarrollará la primera audiencia ante la Justicia italiana para analizar el pedido de extradición. Por último, la Argentina también es parte del juicio que se sigue en ese país contra el ex militar uruguayo Jorge Troccoli, que tendrá su audiencia testimonial el 23 de octubre. El ex marino está acusado por los crímenes cometidos contra el argentino José Agustín Potenza, su pareja italiana Giuliana Filipazzi y Elena Quinteros, de Uruguay, en el marco del Plan Cóndor.
El uruguayo Troccoli, el ex capellán Reverberi Boschi y Malatto cuando estaba en actividad.
Sobre el caso Malatto, la Corte de Casación italiana decidió en 2014 rechazar el pedido de extradición de Italia, adonde había huido para evitar la captura en la Argentina. Su abogado fue Augusto Sinagra, defensor del jefe de la logia masónica P2, Licio Gelli, que tuvo notable influencia en el último gobierno del general Perón. Pero al año siguiente el ministro de Justicia de Italia, Andrea Orlando, dio vía libre a una acción judicial en Italia contra Malatto, indagado en principio por la participación en cuatro homicidios, entre ellos el de Juan Carlos Cámpora, ex directivo de la Universidad de San Juan, y el de la ex modelo francesa Marie Anne Erize.
Según investigó la Justicia argentina –con hechos acreditados por los tribunales italianos en cruces de información–, Carlos Luis Malatto había ocupado el cargo de segundo jefe de ejecución en el plan de tortura, secuestros, violaciones y desapariciones en San Juan. Conquistó, de ese modo, un rol de elite en la relación entre el Ejército y la Policía. Testigos en los juicios de lesa humanidad lo situaron en la Jefatura de la Policía y en la noche en que fue asesinado Ángel Alberto Carvajal, un militante comunista, en el Penal de Chimbas. Se cree que Carvajal fue torturado hasta la muerte.
Hombre de confianza de Jorge Antonio Olivera –apodado “El carnicero de San Juan”, condenado a prisión perpetua por más de 50 crímenes de lesa humanidad y antes desertor durante años, con fuga a Italia incluida–, los testimonios de sobrevivientes describieron a Malatto como uno de los torturadores más eficaces. Junto a otro represor, Gustavo De Marchi, estuvo a cargo de la toma de la Casa de Gobierno en 1976 y también se le atribuye el traslado de detenidos desde el Penal de Chimbas a otros centros clandestinos de detención. Entre las víctimas de Malatto –que la Agrupación 24 de Marzo de abogados sanjuaninos estima en más de 30–se encuentran activistas, estudiantes y líderes políticos, incluyendo a Daniel Rodolfo Russo, Florentino Arias, Armando Lerou y Marta Saroff. Todos fueron secuestrados o asesinados en San Juan, Mendoza o Buenos Aires, y pasaron por centros clandestinos de San Juan.
No son horas de calma en el barrio privado que habita en la playa siciliana. Un pasado que borrar se ha convertido en un fantasma que acecha cada vez con mayor fuerza. Tal vez los años de impunidad ya no corran más en su relajado paso entre los yates, como empresario reconocido de una de las costas más codiciadas del Mediterráneo. Ni el asombro de sus vecinos, ante los carteles que se pegaron en los alumbrados públicos sobre un genocida suelto en Italia. Su juicio, en este país, está pronto a suceder. Y luego, de acuerdo a lo que adelantaron las autoridades, un nuevo pedido de extradición, porque la Argentina también quiere condenarlo en su tierra por su multitud de víctimas.
La historia de Nieto 133, secuestrado en 1976 por los hombres de la dictadura argentina de Jorge Videla: hoy – 47 años después – finalmente ha sido encontrado por su familia de origen, que lanza un llamamiento: “En Italia podría haber otros hijos del desaparecidos hechos desaparecer durante el régimen.”
PorDavid Falcioni
El pasado 28 de julio, las Abuelas de Plaza de Mayo de Buenos Aires anunciaron el hallazgo -después de 47 años- de Nieto 133 (Nieto 133). Su verdadera identidad no fue revelada por razones de confidencialidad, pero su historia conmovió a toda Argentina: se trata en realidad de un bebé recién nacido arrancado a sus padres por funcionarios del régimen militar de Jorge Videla (1976-1983), criado por un un hombre y una mujer que no eran su padre ni su madre sino figuras leales a la dictadura. Es la historia de una mujer -una revolucionaria- secuestrada, torturada y asesinada . Y es la historia de un largo viaje en busca de la verdad, viaje emprendido hace algún tiempo por el propio Nieto 133y por su hermano Miguel que terminó hace poco más de dos meses.
Quiénes eran los desaparecidos y qué fue el Plan Cóndor
Pero vayamos en orden y demos un paso atrás. En el verano de 1976, pocos meses después del establecimiento del régimen dictatorial de Jorge Videla, los militares comenzaron a cazar opositores , principalmente estudiantes universitarios, militantes políticos de izquierda y sindicalistas. Alrededor de 30 mil personas fueron secuestradas, encerradas en centros clandestinos de detención y torturadas, finalmente asesinadas y desaparecidas. Son los llamados “desaparecidos”. Miles de hombres y mujeres fueron arrojados desde aviones militares argentinos a las aguas del Río de la Plata para que se perdieran para siempre. Antes de ser asesinadas, las niñas embarazadas fueron obligadas a dar a luz y sus hijos fueron secuestrados y confiados a familias leales al régimen.
El “terror” se estableció como parte de un proyecto político más amplio llamado ” Plan Cóndor “, es decir, una coordinación secreta entre los servicios de inteligencia de las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para luchar contra las fuerzas de izquierda en América Latina, considerada por EE.UU. como su “patio trasero”. La operación, establecida en noviembre de 1975, pocos años después de la Revolución Cubana, se manifestó como un verdadero terrorismo de Estado en el contexto internacional, y en ocasiones contó con la complicidad o connivencia de la CIA y el FBI; de hecho, los objetivos del Plan Cóndor parecían compatibles con la política anticomunista de Estados Unidos.
En el centro, el dictador argentino Jorge Videla
La historia de “Nieto 133”
Entre los niños que fueron secuestrados por el régimen argentino también estaba Nieto 133 -a quien llamaremos Pablo, un nombre ficticio-. El pequeño -hijo biológico de Cristina Navajas y Julio Santucho, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores- fue secuestrado en Buenos Aires por hombres de Jorge Videla. De hecho, la madre fue capturada el 13 de julio de ese año, cuando estaba embarazada, y después de ser segregada en varios centros de detención, interrogada y torturada, la obligaron a dar a luz. Luego, como muchos otros hombres y mujeres, fue asesinada y “desaparecida” por funcionarios de la junta militar. No se supo más de ella, mientras Pablo era adoptado ilegalmente por un policía y una enfermera de la capital argentina.
Cristina Navajas, secuestrada el 13 de julio de 1976, madre de Miguel “Tano”
Santucho y “Nieto 133”
La búsqueda de la verdad de Miguel “Tano” Santucho, hermano de “Nieto 133”
Durante décadas Miguel “Tano” Santucho –hermano de Pablo que escapó del secuestro el 13 de julio de 1976, cuando sólo tenía ocho meses– buscó la verdad sobre su familia, valiéndose del valioso apoyo de las Abuelas de Plaza de Mayo, una organización argentina de derechos humanos. organización … que tiene como objetivo localizar y devolver a sus familias legítimas a todos los niños secuestrados y desaparecidos en la última dictadura militar, creando además las condiciones para iniciar juicios contra los responsables de estos horribles crímenes.
Bueno, 46 años después, después de años de búsqueda, finalmente encontraron a Pablo y le presentaron a su verdadera familia. En las últimas semanas “Tano” Santucho y su hermano fueron recibidos por el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. Fue en esa ocasión que lo conocimos. “Después de ser secuestrada, mi madre, Cristina Navajas, fue llevada a varios centros clandestinos – cuenta Tano a Fanpage.it – Fue brutalmente torturada e interrogada. Cuando nació mi hermano, lo entregaron a una pareja: ella era enfermera, él era un policía, parte del aparato represivo del régimen de Videla”.
El anuncio del hallazgo del “Nieto 133”
Con el paso de los años, Pablo empezó a sospechar cada vez más que no era hijo de aquellas personas que toda su vida le habían dicho que eran sus padres: “Mi hermano decidió descubrir la verdad, entendió que ese hombre violento no era su padre”. “Se dirigió a las Abuelas de Plaza de Mayo e inició el trámite para su reconocimiento, llenando un expediente y realizándose pruebas de ADN”. El resultado llegó el 28 de julio: Pablo era el Nieto 133 . Su madre y su padre no eran una enfermera y un policía leales a la dictadura de Videla, sino Cristina Navajas y Julio Santucho, militantes revolucionarios y orgullosos opositores del régimen. Además, la mujer que lo había dado a luz había sido secuestrada, torturada y desaparecida.
“Otros niños secuestrados por el régimen de Videla están en Italia”
Tano está seguro de que otros niños secuestrados y desaparecidos, hoy adultos de entre 40 y 46 años, pueden estar todavía en otros países del mundo: “Estoy convencido de que algunas de esas personas se encuentran en Italia . Quiero hacerles un llamamiento: si Naciste en Argentina, vives en Italia y tienes dudas sobre tu identidad, puedes contactar a las representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo en Milán y Roma, ellas te ayudarán a descubrir tus verdaderos orígenes y la verdad sobre tu familia. ”
Cualquier persona que sospeche que es hijo o hija de padres desaparecidos durante el régimen de Videla está invitada a comunicarse con la organización sin fines de lucro 24marzo , o escribir un correo electrónico a Abuelas de Plaza de Mayo a dudas@abuelas.org.ar . Los representantes de la asociación, presente en territorio italiano, harán elaborar un expediente y, respetando plenamente la privacidad, tomarán una muestra de ADN, que luego será enviada a Argentina y analizada para determinar posibles compatibilidades genéticas con opositores desaparecidos durante la dictadura.
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15-09-2023 | El fiscal Daniel Rodríguez Infante ocupó gran parte de la audiencia para nombrar los delitos que se le atribuyen a cada imputado y las víctimas contra las que fueron cometidos. Las querellas adhirieron al alegato de la fiscalía e hicieron algunos aportes. La próxima audiencia es el viernes 29 de septiembre a las 9:30.
La cuarta audiencia del 13.° juicio por delitos de lesa humanidad de Mendoza volvió a hacerse con gran cantidad de público presente en la sala. Entre las partes acusadoras, además de la fiscalía, estuvieron las querellas por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, con Viviana Beigel como su representante, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, por quien interviene la abogada Natalia Lorenzo, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por Fernando Peñaloza. Además, estuvo en la sala Agustina Rogé, de la defensa particular de Cía Villegas, y los defensores oficiales Pérez Videla y Amuchástegui.
Luego de que el tribunal informara que Quintero Bassi había sido apartado por razones de salud, el fiscal Daniel Rodríguez Infante detalló las acusaciones de 27 de los 28 imputados. Aclaró que esta es la posibilidad de que los imputados escuchen los hechos por los que tienen que responder penalmente en este juicio.
Acusaciones específicas
Carlos Faustino Álvarez está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 199 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 56 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 253 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 11 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 10 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 36 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 13 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
Rubén Oscar Blanco está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 199 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 56 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 255 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 10 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 10 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 36 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 13 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Eduardo Germán Cía está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 36 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 19 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 53 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 4 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Carlos Plácido Escobar está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 8 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 7 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 15 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 1 hecho.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Armando Osvaldo Fernández está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 145 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 150 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 198 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 62 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 8 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 24 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 8 hechos.
– Robo simple, en un hecho; robo agravado por el uso de arma de fuego, por 68 hechos.
Teodoro Alejo Galigniana está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 18 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 22 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 40 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 2 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 3 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 9 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 3 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Lucas Marcelo Garay está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 86 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 18 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 101 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 4 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 6 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 13 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Abelardo Santiago Garay está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 14 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 31 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 45 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 2 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 8 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 5 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 3 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.
Rubén Darío González está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 190 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 55 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 245 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 11 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 9 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 34 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 13 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
Público presente
Pablo José Gutiérrez está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 182 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 46 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 224 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 9 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 10 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 32 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 9 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
Julio Héctor La Paz está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 133 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 36 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 169 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 8 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 8 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 29 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 11 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
Mario Alfredo Laporta está imputado como autor mediato de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 5 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 30 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 35 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hecho.
– Lesiones graves agravadas, por 1 hecho.
– Robo simple en 1 hecho y agravado por el uso de arma de fuego, por 9 hechos.
Celustiano Lucero está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 65 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 35 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 97 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 5 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 5 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 19 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 6 hechos.
Gerónimo Antonio Mateo está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 31 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 16 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 47 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hecho.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hecho.
– Lesiones graves agravadas, por 1 hecho.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Oscar Alfredo Maturano está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 21 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 9 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 30 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 1 hecho.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hecho.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hecho.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Ricardo Benjamín Miranda está imputado como autor mediato de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 11 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 7 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 8 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 9 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hecho.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 5 hechos.
Marcelo Rolando Moroy está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 170 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 49 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 266 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 11 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 9 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 28 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 7 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 1 hecho.
Antonio Marcos Ochoa está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 37 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 33 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 70 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 4 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 3 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 8 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 5 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Jacinto Salvador Olmedo está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 3 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 3 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Omar Pedro Reta está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 14 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 32 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 46 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 3 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 11 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 4 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
José Esteban Roccato está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 129 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 30 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 159 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 8 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 5 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 23 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 9 hechos.
Miguel Ángel Salinas está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 62 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 47 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 107 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 3 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 3 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 14 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 6 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
Adolfo José Siniscalchi está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 10 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 4 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 14 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hecho.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hecho.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
José Lellis Sosa está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 161 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 40 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 201 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 9 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 7 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 34 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 12 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de integrante.
Sala de audiencias
Miguel Ángel Tello Amaya está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 132 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 38 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 170 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 9 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 8 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 31 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 12 hechos.
– Robo agravado por el uso de arma de fuego, por 2 hechos.
Juan Hipólito Tello Yáñez está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 27 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 16 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 43 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 1 hecho.
– Lesiones graves agravadas, por 1 hecho.
– Robo simple, por un hecho, y agravado por el uso de arma de fuego, por 10 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.
Omar Pedro Venturino está imputado como coautor de los siguientes delitos:
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por 105 hechos.
– Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas y haber durado más de un mes, por 28 hechos.
– Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, por 133 hechos.
– Homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 8 hechos.
– Violación perpetrada mediante el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 7 hechos.
– Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, por 21 hechos.
– Lesiones graves agravadas, por 10 hechos.
– Asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.
Las querellas
Una vez finalizado el detalle de las acusaciones de la fiscalía, tomaron la palabra las querellas. En primer lugar, la abogada Viviana Beigel –representante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y defensora de algunas víctimas de este juicio– inició su alegato de apertura recordando la ardua labor realizada durante más de 30 años por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y durante más de 12 por Elba Morales, quien impulsó un importante trabajo de investigación intentando conectar los delitos ocurridos en el D2. La teoría del caso, explicó Beigel, es que el D2 debe ser analizado en forma conjunta porque los acusados cumplieron todos funciones en ese centro en el que se cometían crímenes como parte de un plan organizado a partir de la utilización del aparato estatal. Para la querella, el D2 fue el principal centro de detención y aplicación de tormentos de Mendoza, centro que contaba con una mecánica de persecución, de secuestro, de obtención de información y luego de tortura y asesinatos. Esta “mecánica del horror” consistía, por ejemplo, en detenciones que en realidad eran secuestros realizados en horas de la noche sin orden judicial y con métodos violentos o “ratoneras” en las que se quedaban en el lugar de las detenciones para luego detener a quienes iban llegando al lugar. De esta forma, el D2 fue “la puerta de entrada a las torturas, a las violaciones, a las ejecuciones extrajudiciales y a todo tipo de tratos inhumanos, crueles y degradantes”.
Beigel presentó luego algunos de los testimonios que utilizarán como prueba. En ellos, algunas víctimas describen en primera persona las torturas, amenazas, maltratos, golpizas y violaciones que tuvieron que soportar mientras detenidas en el D2. En uno de estos testimonios, una víctima confiesa que, además del hambre, el frío, la sed y la suciedad en la que vivían, tuvo que soportar la violación de “cuanto señor estaba de turno, varias veces al día”, agregando que esta práctica no la sufría solo ella, si no todas las mujeres. “Eso es el D2”, afirmó la abogada. Luego, para cerrar su intervención, pidió que no nos acostumbremos a estos horrores, a estos horribles actos de tortura, de violaciones, de dolor de las familias de personas desaparecidas por no haberlas encontrado; pidió que no nos acostumbremos porque con ello damos lugar a los discursos negacionistas y a la banalidad del mal y porque los crímenes juzgados en este juicio son los más graves de nuestro código penal. Por todo esto, las querellas de este juicio, de manera unificada, acusarán a los 27 imputados con idénticas calificaciones legales a las realizadas por la fiscalía.
Fiscalía y querellas
Luego fue el turno de la abogada Natalia Lorenzo, representante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, quien citó el informe Nunca Más donde describe el D2, lugar de los hechos juzgados en este juicio. Luego planteó que la importancia del actual proceso es reconocer a las víctimas que han sufrido hechos aberrantes cometidos por quienes hoy están imputados, saber qué les pasó a estas víctimas e identificar a los responsables.
Por último, Fernando Peñaloza de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó una breve intervención en la que se preguntó por la relevancia de este juicio. Así, afirmó que las condenas que se han dictado en juicios previos no solo tienen un sentido punitivo, sino poder simbólico y poder constitucional. Una sentencia de un tribunal civil de la democracia es más que relevante para poder entender qué fue lo que sucedió, argumentó. Planteó luego que el verdadero desafío le cabe al tribunal, dado que es el encargado de fijar cuáles son los hechos y qué sucedió en el D2 entre el 75 –o antes, quizás– y el 83. Para el abogado, e juicio tiene dos aportes: uno relacionado con la oposición al negacionismo y otro relacionado con la memoria, la verdad y la justicia. Para cerrar su intervención, pidió que el D2 sea declarado formalmente Centro Clandestino de Detención —a igual que el campo Las Lajas en juicios previos— por lo que significaría a nivel institucional que una sentencia judicial de un tribunal de la democracia lo reconozca como tal.
Finalizadas las intervenciones de las querellas, el tribunal anunció que la próxima audiencia será el viernes 29 de septiembre a las 9:30.
En 1925, el secretario del Partito Nazionale Fascista, Roberto Farinacci, decía: “Nuestra política debe estar en contra de todos los partidos”.
Vidas paralelas
“El fascismo pretendía ser una fuerza de regeneración moral”. Esta oración integra una fascinante investigación del historiador inglés Christopher Duggan, La mafia durante il fascismo (1986). En las circularidades y duplicidades de la historia, regeneración muta en superioridad y Milei “interpela por la superioridad moral que se arrogó” (Luciana Vázquez, 22/8/23). El fascismo —sostenía Francesco Ercole, ministro de Educación Nacional de Mussolini— representa “la fe en la Nación” y asume como premisa la libertad del individuo para tender a la grandeza de Italia, en cuyas fastuosidades retumba la memoria imperial. La Libertad Avanza propone “el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo” (un individuo), “la libertad y la propiedad privada” (Plataforma electoral nacional 2023). Objetivo: “Volver a ser el país pujante que éramos al comienzo del año 1900”. Volver al pasado de la gran Argentina nacional oligárquica. Aquí no es posible remontarse a ningún fasto imperial, se apela, pues, a opacidades tardocoloniales.
“La idea, y el comportamiento consiguiente, que el primer fascismo tuvo hacia la mafia se puede resumir con una especie de silogismo: al fascismo le resulta difícil surgir allí donde el socialismo es débil; en Sicilia la mafia impidió que el socialismo se fortaleciera: la mafia ya es fascismo. No es una idea infundada, evidentemente: sólo que era necesario incorporar a la mafia en el fascismo”. Este pasaje fue escrito por uno de los grandes escritores del Novecento italiano, Leonardo Sciascia, “I professionisti dell’antimafia” (Il corriere della Sera, 10/1/87). Dos cuestiones son relevantes para traer al debate público nuestro. Que la mafia ya es fascismo. Que el fascismo encuentra serias dificultades para surgir allí donde la emancipación —digamos, en nuestro caso— es débil.
En la Argentina, la emancipación no está en su momento de mayor lustre y, sin embargo, no declina. Su corazón sigue latiendo. Sabemos por qué. Ha optado por la retaguardia y una intervención propia de la tensa andadura del suspenso. Son modos de la política, de lo político y de la lucha para resguardar una apuesta popular igualitaria, a través de la constitución de un nuevo frentismo. Su corazón sigue latiendo también en la cultura del trabajo del campo nacional y popular, cuyos reflejos, incluso ralentizados últimamente, siguen pulsando. Y puesto que la emancipación es irrevocable, del estado de ánimo de la pandemia surgió, improvisa, la bronca. El león —felino emparentado con la mascota casera— sintió la angustia de esa ley que le mandaba no moverse; junto con sus contramaestres coqueteó un poder excepcional, una excepcional libertad. Volvió a reactivarse la fascinación del fascismo: “El público tiende mayoritariamente a creer a quienes dan una formulación de las ideas que reflejan los prejuicios populares del momento” (Bram Dijkstra, Ídolos de perversidad, 1994). Sólo lxs distraídxs no lo entienden, por leer la historia política literalmente —sin atender a duplicaciones y circularidades— y porque a diferencia de aquel, este no es calvo.
Anticasta y exterminio
Luego de la marcha sobre Roma (octubre de 1922), un fascista de Palermo, Mario Celentano, escribió un artículo en la Gazzetta commerciale del Mezzogiorno: “Debemos barrer todo un pasado. […] Debemos luchar encarnizadamente contra todos los hombres del pasado y del presente, porque sólo ellos son responsables de nuestras infelices condiciones, porque nunca se han preocupado de otra cosa que no fueran sus intereses personales y de los de sus turbias clientelas” (20/12/1922). Esta campaña contra las viejas clientelas políticas se expresaba como un antagonismo con la mafia. En 1925, el secretario del Partito Nazionale Fascista, Roberto Farinacci, decía: “Nuestra política debe estar en contra de todos los partidos” (Un periodo aureo del Partito Nazionale Fascista, 1927). Estos ejemplos demuestran cómo el fascismo elabora desde siempre un discurso “anticasta”, por un lado. Se trata de un relato que antagoniza con todo lo que no se es. Históricamente, se organiza en función de una superioridad moral, encarnada en el propio fascismo. Los fascistas niegan todo lo que no son. En esta serie deben ser ubicadas las molotov “olvidadas” en la noche del martes pasado en una sede del PCA, en la calle Callao, apoyadas sobre las baldosas de la memoria que conmemoran a lxs desaparecidxs de esa organización. Aparecieron el día en que en la Legislatura se organizó una reivindicación de genocidas, de asesinos de Estado, convocada por la candidata a vicepresidenta de Milei: Villarruel. La reivindicación de asesinos no es una opinión sobre exterminios y genocidios, sino la continuidad de esos crímenes bajo otras formas, contenidas ahora dentro de los rangos democráticos (Alejandro Kaufman, “El negacionismo no es una opinión, sino un crimen”, 25/4/2022). Debe, por lo tanto, ser radicalmente rechazada.
Por el otro, los ejemplos citados demuestran también cómo el fascismo propone un curso exterminador. Sólo es posible determinar rasgos recurrentes en las diversas experiencias límite a partir de referencias históricas (o testimoniales), que concurren en el acervo documental de lo acontecido.
Arremetida defensa
El fascismo es un poder que emana de una plenitud dual contradictoria. De esto desciende que la arremetida contra la mafia significó —a la vez— su defensa. En junio de 1924, un escuadrón fascista comandado por Amerigo Dumuni asesinó a Giacomo Matteotti, secretario del Partito Socialista Unitario y diputado del Reino de Italia. Un año después, ese nombre retumbó en el teatro Colón. El fascismo en la Argentina había organizado una celebración con motivo del 25º aniversario de la llegada al trono de Vittorio Emanuele III. Las batutas iniciales del himno de Mameli fueron acompañadas por “Assassini! Ladri! Viva Matteotti!”. Mientras, Severino Di Giovanni hacía llover panfletos desde el gallinero. Matteotti se había vuelto blanco de los temores de un orden político lóbrego.
En Sicilia, el asesinato de Matteotti implicó una polarización de fuerzas, que además tuvo un complemento económico, pues el fascismo sostenía malamente el comercio de cítricos, una de las fuentes principales de riqueza de la isla y mecanismo de acumulación originaria del poder mafioso. Con motivo de las elecciones de 1924, en Palermo, para zafar de la polarización, el fascio local hizo lugar en sus listas a un número conspicuo de “fiancheggiatori”: eufemismo que bautizaba como “laderos” a quienes en verdad eran mafiosos: “En la lista de gobierno había siete ‘boss’ públicamente reconocidos, que aún estaban siendo juzgados por ‘asociación criminal’” (Duggan, p. 38). El empalme entre poderes dispuestos en forma de quiasmo lo había señalado Achille Starace, otro secretario del Partito Fascista. En noviembre de 1922, le envió una instrucción al secretario del fascio de Sciacca (provincia de Agrigento): “La Maffia está dispuesta a pasarse a nuestro bando con armas y bártulos, pero debemos dejarla tranquila” (Duggan, p. 17). Ya sobre los primeros años de la década de 1920 vemos que la mafia era más que su dimensión criminal. La mafia es un poder criminal (solo en parte) que se expande a la política y el fascismo es un poder político (solo en parte) que se expande a lo criminal.
Prefetto di Ferro
En esta serie de la dualidad contradictoria, en el bienio 1926-27, Mussolini expresó el deseo de depurar las filas del PNF de los elementos “extremistas e indisciplinados” (que en Sicilia eran los mafiosos) para reconfigurarlo sobre bases aún más —parece un chiste— conservadoras. El encargado de esa depuración fue Cesare Mori. Antes de recibir la instrucción de luchar contra la mafia, Mori había llevado adelante una campaña contra los desertores de la Primera Guerra Mundial, devenidos bandidos. En un año concretó 13.000 arrestos, que le valieron una reputación, motivo de su promoción a comisario y, luego, a prefecto (Aristide Spanò, Faccia a faccia con la Mafia, 1978). Además de los desertores, los veteranos de guerra (400.000 sicilianos habían servido en el ejército), que regresaron a Sicilia, desacostumbrados a la cultura del trabajo y con ganas de enriquecerse rápidamente, configuraron una “nueva mafia” que se contraponía a la vieja (Giuseppe Guido Loschiavo, 100 anni di Mafia, 1962). Esta situación para Mori constituyó un problema crucial: ¿quiénes eran los mafiosos a depurar?
El “Prefecto de hierro” identificó como blanco a distintas facciones mafiosas que en la isla se habían alineado con el fascismo. Su política consistió en discriminar las altas capas mafiosas, la “vieja mafia” (con un perfil criminal-político-empresarial) de las más bajas, la “nueva mafia”, que tenía un perfil criminal-militar: “La mafia joven esquivaba y despreciaba la protección de los políticos porque consideraba su fusil una garantía mejor” (Gaetano Falzone, Storia della mafia, 1975). En sus memorias, Mori distinguía entre mafia y mala vida: “En el ejército del malvivir, la mala vida representa la tropa, la mafia, el estado mayor” (Con la mafia ai ferri corti, 1932, pp. 78-79). Se ocupó entonces de “perseguir” a la mala vida, la “mafia giovane”, las capas inferiores de una asociación compleja, a través de operaciones de policía espectaculares, con vistas a exhibir el poder del Estado fascista. A esas gestualidades securitarias, le seguían juicios masivos, pensados en clave de propaganda. Moraleja: esta campaña demuestra que el fascismo es gattopardista: “todo debe cambiar para que nada cambie”. Concepción que remite al novelón de Tomasi di Lampedusa —Il Gattopardo (1958)— y a una práctica política de quien es favorable a cambios menos reales que aparentes para no comprometer el poder y los privilegios de clase. (Tener presente en la Argentina; Milei es la actualización de Macri: retoma y amplía.)
“La proclama de Mussolini de que la mafia había sido derrotada no era más que retórica. El cambio principal consistió, en realidad, en la prohibición del término ‘mafia’. Sólo en este sentido ‘desapareció’ el problema y pareció resolverse. La negativa del gobierno a cualquier debate público sobre la criminalidad les proporcionó a los mafiosos un escudo para seguir practicando sus viejas formas de violencia privada” (Duggan, p. XII).
Violencia
Mafia y fascismo responden a un mismo principio cognitivo y organizacional: empalman ideas y acciones contradictorias. Responden, además, a pautas de comportamiento y valores relacionados con el ejercicio de la violencia privada. La demonización del trabajo científico, de parte de Milei, y su violencia discursiva (acompañada frecuentemente por fugaces instantes empáticos: a lo Violencia Rivas, de Capusotto) implicó que en La Plata dos becarias que viajaban en un vehículo con los logos del CONICET y la UNLP fueran amenazadas por un hombre a lo largo de varias cuadras; y que una investigadora de Mar del Plata fuera amenazada por tres hombres que pescaban mientras ella llevaba a cabo un trabajo de campo en las adyacencias del Faro Querandí. Apenas algunas muestras de violencia privada habilitada por un mecanismo discursivo.
Mafia y fascismo son infortunios nihilistas, arrojados contra su otredad social y política, sea el kirchnenismo o la “casta”. Un rasgo decisivo entre el discurso público de Macri y de Milei consiste en otorgar —respectivamente—, con fácil prodigalidad, las palabras mafia y fascismo a sus antagonistas, como medio para llevar a cabo venganzas, desahogar rencores, devaluar energías, aplastar iniciativas. Se trata de la lógica de la negación o del espejo invertido que —tanto en un caso, como en otro— puede frasearse de este modo: no soy yo, son lxs otrxs. Y mirando aún de más cerca, es posible hablar de proyección: hablan de mafia y fascismo porque ellos son la mafia y el fascismo. Conocemos ese mecanismo, identificado también en Sinceramente. Se trata de una intervención sobre el presente histórico-social que consiste en activar una transferencia de su identidad política profunda a sus antagonistas para, así, borrar la condición propia y reescribirla. Poder es también la facultad de influir en la manera en la que se nos percibe. Por eso mismo pueden asignarse la categoría de republicanos o libertarios, sin serlo. De este modo, forjan una realidad cognitiva paralela y alterna en la que la reactividad social que deberían recibir ellos es redirigida contra el sujeto colectivo de su desprecio. El sujeto fascista y el sujeto mafioso extenúan la realidad y capturan las acciones emancipatorias tendientes a detenerlos. No nos dan tregua, al punto de que se vuelve difícil objetivarlos.
Estas cuestiones postulan una simetría y una concurrencia: la mafia ya es fascismo y el fascismo ya es mafia. ¿Milei es Macri? Pregunta, incertidumbre, hipótesis. Incluso en Peaky Blinders se escenifica el empalme entre un fascista como Oswald Mosley y un mafioso como Thomas Shelby. La simetría que proponemos, además de la historización anterior se apoya en tres postulados: las declaraciones de Milei acerca de que la mafia es preferible al Estado; en que Macri tendría un rol destacado en su eventual gobierno —cumpliría la función de “súper embajador” para abrir mercados—; y, por último, en la frase de Macri: “Si no gobiernan ellos (el peronismo), ni nosotros (JxC), gobernaremos nosotros a través de Javier. Lo importante es el fin del populismo” (Leandro Renou, “Macri ya vende que gobernará vía Milei”, 20/8/2023).
Las mafias abren nuevos mercados activando su herramienta nuclear: la violencia. Para las mafias —como también para el fascismo— la violencia (y sus formas) son un factor ordenador y de regulación social. La violencia es el elemento central sobre el cual se monta la ideología de esos poderes. Para ellos no todos son iguales. Están aquellos capaces de ejercer violencia, de dominarla, refinarla y convertirla en un método confiable de poder, de orden, y de regulación de la sociedad. Estos sujetos integran una élite. Más allá, están lxs débiles: lxs exterminables. Y para antagonizar con la emancipación pretenden configuran un bloque social constituido libidinalmente con la promesa de la dolarización.
A mediados de 2016, por primera vez en un juicio de lesa humanidad, el Ministerio Público Fiscal solicitó una tesis doctoral antropológica como prueba sobre la experiencia de los soldados conscriptos enviados a la provincia de Tucumán en el marco del llamado Operativo Independencia, entre 1975 y 1977. Doctorado en la especialidad, autor de la tesis más pormenorizada sobre el tema, Santiago Garaño (Buenos Aires, 1981) transportó al universo jurídico una investigación caracterizada por una perspectiva apenas conocida en los ámbitos tribunalicios. La especificidad mereció que el autor fuera reconocido como “testigo de contexto” – suma de perito e informante— cuyo aporte es adoptado en calidad de prueba y, en esta como en otras oportunidades, a fin de sostener severas condenas.
Tamaña pesquisa realizada entre 2009 y 2011 adquiere ahora carácter de divulgación al adaptar sus 440 páginas al formato de libro bajo el título Deseo de combate y muerte, el Terrorismo de Estado como cosa de hombres. Con tan prudentes como escasas licencias, el autor se rige a pie juntillas con el método antropológico, basado en dos grandes bloques: a muy grosso modo, la etnografía se encarga de recabar la información histórica, testimonios y documentos sobre el objeto de estudio, mientras que la etnología –en forma sucesiva o simultánea— analiza con rigor y sistema aquellos elementos, relanzando los interrogantes de ser necesario, que siempre lo es. En tan compleja tesitura, las conversaciones y referencias con quienes fueron testigos presenciales durante el transcurso del servicio militar (entonces) obligatorio, resultó fuente primaria, combinada con los antecedentes históricos y el material documental. Hasta aquí, la secuencia habitual de la investigación antropológica.
Con modestia y mesura, Garaño pronto se topó con el fuerte contraste en lo que se hallaba establecido como relato oficial de aquella campaña militar en que el Ejército, la Gendarmería y la Policía, reprimieron el foco de guerrilla rural establecido durante 1975 por el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) en el monte tucumano. Se trataba de un discurso épico, escolar, bastante torpe, más abocado a resaltar supuestos actos de arrojo de sesgo heroico individual, que a la verdad histórica. Ejemplo de ello era el desfasaje respecto al número de combatientes insurrecto, que oscilaba entre sesenta y cinco y tres mil. Por otro lado, el investigador obtuvo un ejemplar del texto redactado por el primer comandante del Operativo, general Acdel Vilas, del que al parecer están disponibles apenas tres ejemplares. Allí, el oficial del Ejército alude al hecho de que el núcleo activo de la guerrilla se hallaba mayormente operativo en las zonas urbanas —en especial la ciudad capital provincial— más que en el agreste monte. Razón por la cual los comandos castrenses en todo momento, aún durante las sucesivas jefaturas, desarrollaban el terrorismo de Estado de mayor virulencia en tales zonas. Al fin y al cabo, preámbulo y entrenamiento para un plan sistemático de represión, secuestro, tortura y exterminio que sería extrapolado al todo el territorio nacional, y aún más allá de sus fronteras.
Con estos simples datos, el antropólogo imprimió un sentido de mayor amplitud y profundidad a la tradicional caracterización del área de combate – la región selvática— como “teatro de operaciones”. Garaño adopta literalmente la nomenclatura, apartándola del aspecto bélico para aproximarla al artificio escénico propio del espectáculo público. No solo lo teoriza sino que lo demuestra en una sucesión de acontecimientos capaces de poner en cuestión historias parciales de combates, personajes y acciones, donde la guerrilla resulta cruel y sanguinaria mientras las fuerzas legales aparecen heroicas e impolutas, impregnadas de valores varoniles personificados en el monopolio del extremo uso de la violencia, así justificada.
Antonio Domingo Bussi.
No obstante el investigador logra rescatar abundantes situaciones que ilustran todo lo contrario. Reproduce, por ejemplo, el poco conocido testimonio periodístico del teniente coronel Jorge Mittelbach, al frente del operativo en que resultó capturada una guerrillera llamada Paula, herida y desarmada: “Mis soldados se desbocaron y la partieron por la mitad a balazos”. Una prisionera indefensa asesinada, un oficial incapaz de controlar a su tropa, el regocijo del acto sanguinario no parecen epítomes de moral cristiana, viril heroísmo y caballerosidad bélica. Actos que motivan al autor a concluir cómo, para las pretensiones ideológicas de las FFAA, tal “ritualización del ejercicio del terror cimentaba lazos grupales, acrecentaba el deseo de combate y cohesionaba la tropa en el ejercicio de la violencia contra un oponente, tan odiado como temido. (…) Esa imagen del enemigo no parecía guardar relación con la experiencia real de los soldados, sino que representaba algo más: era el ‘subversivo’ (en masculino) sobre el (la) cual previamente se habían proyectado sentimientos de venganza”.
Como puede observarse, para Garaño, coincidir con un testimonio donde se asegura: “Las fuerzas del Ejército estaban compuestas en su gran mayoría por dementes” no es en absoluto una tarea liviana. Antes de tamaña conclusión, con sistemática científica, revisa los antecedentes, contrasta declaraciones, chequea acontecimientos, sitúa marcos referenciales, practica la crítica de fuentes, entonces sí, despliega el abanico analítico. Como era de esperar, al echar por tierra el paradigma “teatro de operaciones” se exasperó el ánimo de los milicos defensores del carácter de epopeya. Como en el caso relatado de la guerrillera Paula, decenas, si no cientos de situaciones diversas son desplegadas en una disección puntillosa, donde incluso llega a poner en cuestión versiones cuasi mitológicas de enfrentamientos y actos de arrojo. Tragedia generalizada, crueldad sin discriminación, en breves secuencias alcanza ribetes cómicos, como la leyenda de que la guerrilla contaba con un helicóptero desarmable (de color negro) en tres bolsas, para ser trasladado de un lado para el otro.
En tales situaciones, el investigador trabaja con lenguaje ameno, accesible, el mismo fervor metodológico y profundidad teórica, permitiéndose formular hipótesis secundarias, desprendidas de los aspectos nodales, sin perder matices ni percudir la veracidad de las fuentes. Para haber atravesado las mutaciones de paper a investigación, luego tesis doctoral, después documento jurídico, hasta convertirse en libro de divulgación antropológica/ histórica/ científica/ su ruta…, Deseo de combate y muerte cumple con lo que anuncia, y más. En sus páginas es factible rastrear las raíces de la falacia dentro de un discurso tan hegemónico en su momento como criminal en los actos que pretendía soslayar; también el germen que asocia machismo y violencia extrema, tanto como la arbitrariedad de las jerarquías asociada a la falacia de la camaradería. En un despliegue histórico pormenorizado, Santiago Garaño efectiviza los parámetros indispensables parar pensar una historia, no por sanguinaria capaz de ser reescrita.
FICHA TÉCNICA
Deseo de combate y muerte, el terrorismo de Estado como cosa de hombres
Ir a recorrer junto con sobrevivientes los lugares denunciados como centros clandestinos, que en 1984 seguían en manos de represores, fue parte de la tarea de la CONADEP. Foto: Enrique Shore. Muestra de Fotoperiodismo de ARGRA, 2017.
Era una tarde bella, 20 de septiembre de 1984. La Plaza y alrededores rebalsaban de gente. Teníamos 39 años menos. Esa tarde se entregaba el informe Nunca Más, nuestro informe (ya era nuestro), nuestro trabajo hecho con toda la honestidad y toda la pasión de las que un grupo humano pueda ser capaz.
Éramos unas decenas de personas en medio de millares. Algunos llorando, otros lagrimeando, como tantas veces durante esos meses mientras armábamos el rompecabezas del mayor horror que se hubiera producido en nuestro país.
Un informe hecho a fuerza de la valentía de familiares y sobrevivientes que iban a declarar y también de la prepotencia de trabajo y garra de quienes trabajamos allí, porque los represores de la dictadura estaban sanos, fuertes, vivos, libres y pisándonos los talones a la vuelta de la esquina. No voy a pecar de falsa modestia, no a esta altura de mi vida.
Estábamos juntos por una misma causa: Libertad y Derechos Humanos. Los que tomaron denuncias y los que las analizábamos e investigábamos para seguir los derroteros de los secuestrados; identificar a los represores y a las víctimas; detectar los lugares que los liberados describían por retazos: cuántos escalones habían subido o bajado al llegar; cómo era el baño; qué nombres escuchaban, ese era mi trabajo.
Había que calcular (yo debía calcular) a cuánto tiempo y cuántos giros a izquierda o a derecha podría situarse el sitio buscado del lugar donde los habían chupado; rastrear en grandes mapas de hule ese viaje infernal –que hacían tabicados y generalmente en los baúles de algún Falcon–, sin poder ver pero con el resto de los sentidos encendidos y alertas.
Había que seguir ese viaje, con el dedo sobre el gran mapa en la pared, adivinando el bullicio de las avenidas o el silencio de calles desconocidas que ellos recordaban. Había que dar, en ese camino, con una dependencia de alguna de las Fuerzas Armadas o de Seguridad que pudiera parecerse, y anotar que ese podría ser otro más de los cientos de centros clandestinos de detención (CCD) a chequear, a confirmar.
“Lugares y Métodos”. Ese era el subtítulo que yo escribía en cada nueva hoja de oficio que tomaba en blanco cada vez que identificaba o ponía bajo sospecha un nuevo lugar. Una anotación en birome, el nombre del posible CCD, su descripción física.
Y los “métodos”. ¿Los métodos? No voy a entrar en detalles aquí, todos los sabemos, los métodos eran el modo de la tortura, las perversas formas que iba adquiriendo la tortura, que no era la misma en todos lados.
Luego, en lápiz, distintas anotaciones, conjeturas, posibilidades para ser confrontadas más tarde con algún otro testimonio sobre ese mismo lugar, al igual que los listados de “gente vista”, que en general eran nombres escuchados, y los listados de represores, obtenidos del mismo modo.
Papeles, anotaciones manuscritas. Y la memoria que debía funcionar como una computadora porque no las había, no había sistematización posible, no había tecnología. Las computadoras comenzaron a llegar (creo que fueron dos) hacia el mes de agosto si mal no recuerdo, y se capacitó a dos compañeros para utilizarlas y cargar para el futuro los datos recabados, pero para ese informe no estarían a tiempo.
Así trabajamos en la CONADEP. Así hicimos el informe y todas las investigaciones que dieron lugar al Juicio a las Juntas y que, muchas décadas más tarde, servirían de base probatoria contra los represores cuando se reabrieron los juicios.
Tenía una máquina de escribir Lexicon 80 para pasar en limpio y resumir, complementando así junto a otros compañeros la tarea del gran editor del Nunca Más, el abogado y dramaturgo Gerardo Taratuto, que le dio forma al libro en su conjunto.
Así, de este modo rudimentario y voluntarista, se escribió el Nunca Más.
Nadie imaginó que los casi 100 CCD con que contábamos al inicio –producto del trabajo de los organismos de derechos humanos durante la dictadura– superarían los 350 en poco tiempo. Y mucho menos se imaginó la trascendencia que ese informe –hecho a fuerza de empecinamiento– tendría para la historia.
Cuando un CCD tenía varios testimonios coincidentes se armaba el llamado “paquete” y se convocaba al abogado de la Secretaría de Asuntos Legales para que comenzara a darle sustento jurídico, con el fin de armar la denuncia legal. El primer paso era ir a visitar los lugares denunciados junto con liberados y familiares, para “reconocerlo”. Eso lo hacía la Secretaría de Procedimientos.
Visitar esos lugares en el año 1984, cuando seguían estando bajo control y habitados por los mismos represores denunciados y a los que se iba a llevar ante la Justicia, no era nada fácil ni era para cualquiera. Con la democracia recién reconquistada, la seguridad no estaba garantizada.
Hasta el último día seguimos investigando y el 20 de septiembre a la tarde fuimos a la Plaza de la mano, un grupo de personas, unidas por una tarea y muchos principios.
Nunca tuve ni tendré un trabajo mejor que aquel. Lo hice con total entrega, sin haber sido víctima ni familiar y sin compartir, en la mayoría de los casos, la ideología o las opciones de las víctimas para quienes, desde mi modesto lugar, estaba colaborando para hacer Justicia.
No eran mis amigos, no eran mis compañeros, pero entregaba toda mi pasión, todo mi ser, por proteger cada papelito y cada anotación para defender así la libertad y los derechos humanos de aquellos desconocidos.
Apenas estábamos empezando a recuperar nuestra democracia representativa, republicana y federal, la vigencia de nuestra Constitución, y bien sabíamos lo frágil que era aquello.
Un cálido recuerdo a mis ex compañeros de la CONADEP, nunca mencionados.
* Anahí Abeledo integró la Secretaría de Denuncias de la CONADEP.
La candidata libertaria no es negacionista sino apologista de quienes desaparecieron, torturaron y mataron a 30.000.
Tengo claro que estamos ante una provocación de una persona que solo busca conseguir votos, pero también tengo clarísimo que en el caso que sea elegida, La Libertad Avanza puede poner en riesgo la democracia. Por eso y más que nunca, como dijo Estela, “no nos vamos a quedar calladas”.
Horas antes de sentarme a escribir estas líneas se desarrollaba la audiencia número 27 del juicio por mi apropiación. El imputado es mi tío: ex integrante del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, Adolfo Miguel Donda Tigel. A él le pido conocer dos datos que mi historia todavía no pude esclarecer: mi fecha de nacimiento, y dónde están mi mamá y mi papá.
María Hilda “Cori” Pérez y José Laureano Donda. El represor oculta el destino final de su hermano y su cuñada.
Este pedacito de historia personal es parte de la Historia de nuestro país, de un capítulo que intentamos esclarecer desde hace 40 años. De eso quiero hablar: de poder arrojar luz y asomarnos a ver.
Porque, entre otras cosas, que estas personas hagan hoy tanto ruido, consigan muchos votos y se animen a revindicar la dictadura a 40 años de recuperada nuestra democracia es consecuencia de que no supimos condenarlas a tiempo, antes de que pasen de ser panelistas de la TV a candidatos a Presidente. Independientemente de cómo decante el proceso electoral en curso, esta es una autocrítica profunda y le cabe, creo, a todo el campo nacional, popular y democrático.
Pero retornemos al punto. De dónde vengo es público: soy hija de María Hilda “Cori” Pérez y José Laureano Donda, que en los ‘70 formaban parte de Montoneros y que aún hoy se encuentran desaparecidos. Nací en el campo de concentración más importante de la Argentina, la ESMA. Gracias a Abuelas de Plaza de Mayo y su incansable búsqueda recuperé mi identidad en 2004. Soy una de las 133 nietas y nietos recuperados.
Victoria Villarruel, lejos de los flashes durante toda su vida, supo ser un títere de los represores que operó desde las sombras, visitándolos en las cárceles y haciendo lobby activo a favor de su impunidad.
Hoy lo hace a viva voz, salió de la sombra, pero ocultando ese pasado oscuro. Villarruel quiere hacerse conocida, pero hay muchas y muchos que ya la conocemos bien: sabemos quién es, los intereses y entramados que oculta y tiene detrás.
Primero, Villarruel oculta a su familia militar: Eduardo, padre de la candidata a Vicepresidenta, fue jefe compañía de Comando 602, y su abuelo contraalmirante. Pero el Villarruel que oculta particularmente Victoria es a su tío, Ernesto Guillermo.
Eduardo “Cachucha” Villarruel, el padre.
Ernesto Villarruel era oficial de Inteligencia y tenía oficina propia en el centro clandestino El Vesubio. Como jefe de la División II de Inteligencia del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada, el tío de la candidata ordenó operativos en los que desaparecieron personas. Cuando el juez Daniel Rafecas ordenó su detención, se dio a la fuga y estuvo prófugo, pero con trabajo: oficiaba de inspector de Higiene y Seguridad Alimentaria del gobierno porteño, comandado por Mauricio Macri. Fue detenido en 2015 cuando fue a votar. Logró eludir a la Justicia aduciendo que tiene Alzheimer, algo común entre los genocidas que en vez de pruebas entregan partes médicos.
Ernesto Villarruel, el tío. De El Vesubio al gobierno de Macri. Foto: @DanielPonzo
Así de cobardes son y así, cobardemente, siguen operando hoy, a través de personas como la candidata a Vicepresidenta de Milei: sin pruebas, porque la Justicia ya los condenó, y ahora organizando actos en lugares públicos y atacando a nuestras Madres y Abuelas. No nos tienen que preocupar, sino ocupar.
Queda claro que en vez de a Estela de Carlotto, Villarruel prefiere a los Etchecolatz (su nombre aparecía en su cuaderno), a los Videla y a otros genocidas que visitaba asiduamente.
No tengo dudas de qué lado estamos y estarán la mayoría de los argentinos en esta grieta que pretende instalar LLA: en el de la valentía de enfrentar, como Estela, al aparato represor del Estado. En el del amor de las Madres y las Abuelas que siguen buscando nietos e hijos, y no de la cobardía de quienes ni siquiera dicen qué les hicieron y dónde están. En el de la Memoria, Verdad y Justicia, para que el terror no avance Nunca Más.
Que no nos queden dudas desde dónde habla entonces Villarruel:
No es familiar de víctima, sino familiar y cómplice de represores condenados por la Justicia.
No quiere justicia, sino impunidad.
No quiere la libertad, sino el terrorismo de Estado.
No es negacionista, es apologista.
No quiere memoria completa, sino que oculta su pasado.
Y no habla por sí misma, sino que es un títere de quienes desaparecieron, torturaron y mataron a 30.000.
Vuelvo a decirlo: escribo estas líneas mientras sucede, en simultáneo, el juicio por mi apropiación, por si acaso quedaran dudas sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia sobre los genocidas de la última dictadura militar, proceso que aún no terminó.
Confirmo en este doloroso juicio cómo mis propios familiares ocultan la verdad descaradamente, no haciéndose cargo de sus actos e intentando cobardemente echar culpas a personas que fueron asesinadas y desaparecidas por el Estado. Lo mismo que hace Victoria Villarruel.
Confío y trabajo todos los días para que la Justicia termine condenando a los responsables de mi apropiación, así como se condenó a cientos de militares por la apropiación de otros bebés; para que los juicios en curso continúen y los genocidas cumplan sus penas en cárcel común y efectiva.
En algunos días más volveré a declarar. Porque estoy parada en el mismo lugar de siempre: en el del compromiso por la Verdad.
Y seguiré trabajando y militando para que la memoria alcance a aquellos que dudan de que los dinosaurios siguen presentes y que hay que combatirlos, ahora y siempre.
De ese modo personas como Villarruel también conocerán el fin de su impunidad.
Los orígenes del plan de impunidad que retoma Victoria Villarruel
Página/12 accedió a una propuesta hecha, en septiembre de 2004, por quien fue el mandamás de la inteligencia dictatorial, Carlos Alberto Martínez, en la que sugiere armar causas contra militantes de los ’70 para forzar una amnistía general que favoreciera a los militares. En ese contexto se conformó el grupo de Victoria Villaruel, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza que ahora se posiciona en la escena política con la misma propuesta.
Por Luciana Bertoia
Corría septiembre de 2004 y el general de brigada retirado Carlos Alberto Martínez sintió que la situación no daba para más: se estaban reabriendo causas por crímenes cometidos durante la dictadura y empezaban a producirse detenciones de sus camaradas. Martínez, que llevaba ya dos décadas fuera del Ejército, se sentó frente a la computadora y escribió una propuesta que consistía en hacer tantas denuncias contra militantes de los años ‘70 como fueran posibles hasta llegar a una situación de empate que sólo admitiera una salida posible: una amnistía general para antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad y para quienes habían sido parte de las organizaciones político-militares de izquierda. La iniciativa se basaba en buscar que los familiares de quienes habían muerto en “cruentos atentados terroristas” se presentaran ante la Justicia. La oficialidad superior se ocuparía de darles fundamentos y abogados. En casi 20 años esta estrategia no había tenido tanta centralidad como la que adquirió durante la semana pasada, cuando Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei a quien “no le constan” los crímenes de la última dictadura, protagonizó un acto en la Legislatura porteña con quienes definió como “víctimas del terrorismo”.
Posiblemente por su especialidad, Martínez siempre pasó inadvertido, pero es un engranaje clave del genocidio. Martínez estaba convencido de la lucha “antisubversiva”, tanto que había hecho saber a las autoridades del Ejército que él no autorizaba a ser “canjeado” si era secuestrado por alguna organización armada. Durante 1976 y 1977, estuvo a cargo de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército. En enero de 1978, desembarcó como director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y se quedó hasta el fin de la dictadura, pese a que durante la Guerra de Malvinas protestó porque nadie le había informado que se preparaba el desembarco.
El Juicio a las Juntas lo enfureció. Solía acudir a las actividades de Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS), que fue hegemónica en la posdictadura. Martínez estaba convencido de que había que responder con organización a los intentos por juzgar sus crímenes. En 1989, tuvo su oportunidad de volver a la actividad. Al asumir al frente de la SIDE, Juan Bautista “Tata” Yofre lo rescató del ostracismo y lo puso a dirigir la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Martínez pegó el portazo, indignado porque los indultos de Carlos Menem no habían sido tan abarcativos como él esperaba, según consigna el periodista Gerardo Young en su libro SIDE: la Argentina secreta.
Martínez nunca abandonó las mañas. Dos días después de que el juez Gabriel Cavallo declarara la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en marzo de 2001, le escribió al dictador Jorge Rafael Videla –de quien había sido uno de sus asesores más cercanos–. El “Pelusa”, como lo conocían en el Ejército, estallaba de ira porque creía que habían perdido la batalla comunicacional.
El dictador estaba, por entonces, en prisión domiciliaria por la causa de robo de bebés. Había recibido el año 2000 con una carta abierta en la que extendía sus deseos de tener una “Argentina grande, reconciliada y en paz”. En marzo de 2001, los periodistas María Seoane y Vicente Muleiro habían publicado El dictador, que se convirtió en un fenómeno de ventas. Entre los jerarcas de la dictadura empezó a correr un rumor: Videla había escrito sus memorias y pensaba hacerlas públicas cuando muriera. Martínez estaba interesado en que Videla hablara y refutara lo que él consideraba una “leyenda negra” sobre la dictadura.
La propuesta
El 25 de septiembre de 2004, Martínez le entregó en mano al general de brigada retirado Augusto Alemanzor su propuesta sobre cómo encarar la nueva etapa. Alemanzor era, para entonces, presidente del Foro de Generales Retirados (FGR), creado hacia finales de 1996 y que también integraba el exhombre fuerte de la inteligencia de la dictadura.
Martínez partía del diagnóstico de que solo el personal retirado de las más altas jerarquías podría dar una respuesta a las detenciones de camaradas que empezaban a producirse. No esperaba nada del Ministerio de Defensa porque era parte del Poder Ejecutivo, “empeñado en profundizar los desencuentros y los enfrentamientos”.
El fin último de Martínez era llegar a la aprobación de una amnistía general. Él estaba particularmente interesado en un proyecto de ley que había presentado ese año el exministro duhaldista Jorge Vanossi. Pero para llegar a la amnistía, necesitaba una situación de empate entre las denuncias que abrían contra militares y las que podrían abrirse contra militantes.
“Dado que difícilmente pueda lograrse que instituciones oficiales, entre ellas las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, destinatarias de cruentos atentados terroristas, denuncien como entidades damnificadas esos actos terroristas y a sus autores, entiendo que los esfuerzos deberían orientarse a lograr que sean los particulares damnificados, en número considerable y deseablemente agrupados, quienes sustancien las acciones legales apropiadas”, sugirió Martínez.
Entre las tareas que detallaba estaban:
Localizar a numerosos particulares damnificados, en su mayoría deudos;
Fundamentar las denuncias para implicar a exintegrantes de organizaciones político-militares;
Como iba a demandar la “intervención de asesoramientos legales del mejor nivel”, deberá definirse si es necesario algún tipo de recurso financiero;
Lograr que los particulares damnificados “consientan” su presentación. Para ello será “necesaria una bien programada acción psicológica para clarificar la opinión pública como para motivar a los particulares damnificados”;
Dar relevancia a las conmemoraciones de los “eventos principales de la agresión terrorista” y enfocarse en las acciones comunicacionales.
Martínez decía que otros ya estaban dedicados a estas tareas. “Existen grupos liderados por oficiales superiores que están trabajando en temas conexos con lo expuesto”, advertía. Él mismo había intercambiado impresiones con un subordinado, Jorge Norberto Apa, otro exintegrante de la Jefatura de Inteligencia, que le sugirió que los distintos grupos que se conformaran tomaran cada uno algún caso y que la oficialidad aportara recursos a cada uno.
“Dada la trascendencia que pueden tener este tipo de acciones en la búsqueda de una solución definitiva tanto para los procedimientos de nuestros camaradas detenidos como para que prevalezca la verdad completa de la guerra desatada por la agresión terrorista, creo que el FGR no debiera quedar al margen sino que debería jugar un rol acorde con su importante representatividad”, reclamó Martínez –a quien el juez Daniel Rafecas procesó por 1193 secuestros, 700 casos de torturas y 151 homicidios, pero murió antes de ser juzgado.
Pasar a la ofensiva
El24 de marzo de 2004, Néstor Kirchner hizo descolgar los cuadros de los dictadores del Colegio Militar de la Nación y protagonizó un acto en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a través del cual se materializaba la salida de la Marina y el puntapié inicial para la conformación de un espacio de memoria.
Como consigna el periodista Germán Ferrari en Símbolos y fantasmas, Arturo Larrabure afirmó públicamente que esos hechos lo determinaron a volver a denunciar el secuestro de su padre, Argentino Larrabure, por cuya muerte responsabiliza al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Para esos años se conformaron distintas organizaciones como la Comisión de Homenaje Permanente a los Muertos por la Subversión, la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Argentina (AVTA) y la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita).
El organismo que mejor cumplió con la consigna de reunir a deudos y abogados fue el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que se conformó en 2006 pero recién se inscribió formalmente en mayo de 2008. Su referente máxima es Victoria Villarruel, una abogada que se había recibido tres años antes, pero que tenía una trayectoria en los grupos pro-militares. Villarruel integró Jóvenes por la Verdad, conformado para 2003 y que, entre otras actividades, procuraba llevar solidaridad a los genocidas presos: así juntaban cartas para Ricardo Cavallo mientras estaba detenido en España. Para esa época,Villarruel empezó a coordinar visitas a Videla, con quien Martínez mantenía contacto. Según el mayor retirado Pedro Mercado, marido de Cecilia Pando, él llegó a conocer al dictador a través de Villarruel.
La abogada, como reconoció en un juicio en Tucumán, también integró la Asociación Unidad Argentina (Aunar), conformada en 1993 por militares que habían actuado en la represión. Su máximo exponente fue Fernando Exequiel Verplaetsen, exdirector de inteligencia en el Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo y último jefe de la Policía bonaerense durante la dictadura. Aunar se sumó formalmente al Celtyv a través del mayor retirado Jorge Alberto Scrigna, su presidente, según surge de la escritura a la que tuvo acceso este diario.
El Celtyv también se conformó con abogados ligados al Colegio de la calle Montevideo, reconocido reducto del conservadurismo y del establishment porteño, como informó el periodista Ari Lijalad en El Destape. Entre otros fundaron el Celtyv su expresidente Máximo Fonrouge, el exconsejero Alejandro Fargosi, Javier Vigo Leguizamón, Carlos Manfroni –que escribió un libro con Villarruel y fue funcionario de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad– y Jorge Pérez Alati, socio en el estudio que supieron montar Mariano Grondona (hijo) y el heredero de José Martínez de Hoz, ministro de Economía de Videla. En la conformación original aparecen también los abogados Horacio Adolfo García Belsunce –padre de María Marta García Belsunce, asesinada en 2002 en el country en el que vivía, y muchos años antes integrante del Grupo Azcuénaga, que le daba sustento ideológico a la dictadura– y Eugenio Carlos José Aramburu, hijo del dictador ejecutado por Montoneros en 1970.
Desde su creación, el Celtyv presentó pocos casos ante la Justicia. En ninguno consiguió pronunciamientos favorables. La organización que lidera Villarruel se introdujo como amicus curiae (amigo del tribunal) en dos causas emblemáticas: la de la muerte de Larrabure –que todas las instancias negaron que se tratara de un caso de lesa humanidad y que espera una resolución de la Corte, donde estuvo a punto de salir el año pasado pero retrocedió sorpresivamente– y la de la bomba en Coordinación Federal, donde funcionaba un centro clandestino y operaban los agentes de inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA).
Durante su declaración en el juicio por el Operativo Independencia, Villarruel balbuceó una explicación cuando el fiscal Agustín Chit le preguntó por qué no se habían presentado estos casos ante la Justicia en los años ‘80 y sí recién a partir del reimpulso del proceso de justicia, por ejemplo. Lo que no se conocía hasta ahora eran los pormenores de la estrategia para llevar estos casos a los tribunales, diseñada desde lo más alto de las jerarquías de la última dictadura. Una estrategia que adquiere mayor relevancia después de que Villarruel reclamara en la Legislatura porteña que los militantes de los ’70 “dejen de ser protegidos con la impunidad de la que gozan hasta el momento”.
Malos augurios para el profugo Malatto. La prensa italiana se hace eco del inminente juicio a Malatto en la peninsula ante la falta de avance de la justicia federal argentina, que aun no envio el pedido de extradición del militar traducido. Esto contrasta con lo actuado el caso de Reverberi, a punto de ser remitido a la Argentina.
Desaparecidos, el ex oficial argentino Carlos Malatto corre el riesgo de ser juzgado en Italia
editado por el equipo editorial de Roma
Desaparecidos, el ex oficial argentino Carlos Malatto corre el riesgo de ser juzgado en Italia
La fiscalía romana lo acusó de asesinato por la muerte de ocho personas. El exsoldado vive en Sicilia
12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 13.16
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La fiscal Gianfederica Dito ha cerrado la investigación sobre Carlos Malatto, el ex teniente coronel del ejército argentino con ciudadanía italiana que ahora corre el riesgo de ser juzgado por cargos de asesinato por la muerte de ocho personas.
Los hechos controvertidos están relacionados con el Plan Cóndor, la operación de finales de los años 1970 puesta en marcha por los militares de algunas naciones sudamericanas contra sus oponentes. Actualmente Malatto vive en Italia, en Sicilia, en la zona de Messina.
Desaparecidos / Desaparecidos, riesgos juicio teniente coronel Carlos Malatto
Los investigadores de la Fiscalía de Roma archivan los documentos
Roma, 12 de septiembre. (askanews) – Presentación de documentos y cierre formal
de las investigaciones sobre el ex teniente coronel del ejército argentino
Carlos Malatto, acusado del asesinato de ocho víctimas
del llamado ‘Plan Cóndor’, el acuerdo de las juntas militares
de América del Sur contra opositores políticos implementados en
finales de los 70. El paso formal dado por los investigadores
de la Fiscalía de Roma, coordinada por el fiscal
Gianfederica Dito, generalmente preludia la solicitud de remisión a
juicio. Enfermo desde hace algún tiempo vive en una residencia en
Portorosa, en la provincia de Messina.
En Argentina, durante los años de la dictadura, hubo al menos
30 mil ciudadanos desaparecidos por los militares. Del regreso a
democracia el país latinoamericano ha seguido un camino
pública de verdad y justicia para las víctimas de la dictadura que
Tiene pocos iguales en el mundo y hoy hay más de mil acusados
condenado por delitos cometidos durante el régimen. Para evitar
En los juicios, hay muchos ex militares que han decidido
escaparon al extranjero y algunos de ellos huyeron a Italia.