1-07-2022 | La fiscalía desarrolló por tercera audiencia consecutiva la lectura de la prueba documental ofrecida en las causas particulares. Resta una jornada de trabajo administrativo que tendrá lugar luego de la feria judicial, el viernes 29 de julio a las 9:30. Los alegatos comenzarán en agosto.

Daniel Rodríguez Infante continuó la lectura del listado que detalla la prueba particular propuesta por el Ministerio Público Fiscal. Los alegatos de las partes, anunciaron, comenzarán finalmente en agosto.

Respecto al operativo de mayo de 1976, además de documentación correspondiente a las víctimas —denuncias, habeas corpus—, Daniel Rodríguez Infante mencionó una nota del diario Los Andes  referida a los secuestros, publicada el 22 de mayo de ese año con el título “Detuvieron a integrantes de una célula extremista”. Del mismo modo, se incorporaron declaraciones indagatorias de autoridades militares y policiales con responsabilidad en Mendoza: Luciano Benjamín Menéndez, Julio César Santuccione, Jorge Alberto Maradona, Orlando Dopazo y Támer Yapur.

Fiscal Daniel Rodríguez Infante

En cuanto a la Comisaría Séptima, se incluyeron, entre otros, libros de novedades y libros de sumarios de la seccional, informes del Ministerio de Seguridad de Mendoza sobre autoridades de las comisarías 25 y 7 y del Cuerpo de Motorizada, datos laborales de Garro, Lorenzo y Lazo, órdenes del día y actas de reconocimiento de Seydell en distintas fechas —1986, 2006 y 2011—. Como prueba de la detención ilegal de las víctimas, la fiscalía mencionó también el informe de la Suprema Corte de Mendoza que refiere la inexistencia de una causa vinculada al robo de la sucursal Carrodilla del Banco Mendoza, supuesto delito por el cual se ordenaron los secuestros de Amaya, Moretti y Seydell. Los legajos CONADEP, prontuarios penitenciarios y habeas corpus presentados a favor de ellos y de Rubén Bravo —víctima desaparecida en esta dependencia policial— constituyen asimismo prueba en este juicio.

Otro grupo de documentos, referido al Campo Las Lajas —dependiente de la Fuerza Aérea—, contiene informes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, diversas pericias y excavaciones realizadas en el predio a lo largo de los años, fotografías aéreas y planos del terreno. También legajos CONADEP de las víctimas, notas sobre la desaparición de Mauricio López y una pericia de su caligrafía, listados de personal de la Fuerza Aérea, cartas personales de Carlos Santa María y certificados de sus horas de vuelo, entre otras pruebas.

Tribunal

Esta y otra numerosa prueba será el sustento de los alegatos de la acusación. La próxima audiencia tendrá lugar el 29 de julio a las 9:30, luego de la feria judicial.

Algunos datos de la “Responsabilidad empresarial en las violaciones de derechos humanos en Argentina”

Aportes de la investigación académica y científica y articulaciones entre el Estado y la sociedad civil: principales conclusiones del estudio sobre responsabilidad empresarial (2014-2015)

Entre 2014 y 2015 se logró un avance significativo en el tema a partir de un trabajo de investigación interdisciplinario llevado adelante por una confluencia de cuatro instituciones: dos de ellas estatales, la Secretaría de Derechos Humanos y el Programa Verdad y Justicia entonces dependiente en forma directa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y dos de la sociedad civil: el Área de Economía y Tecnología de FLACSO y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Un equipo de cerca de 20 integrantes estudió en profundidad 25 empresas de seis regiones del país, con una metodología y un abordaje sistemáticos, utilizando una base empírica que incluyó documentos de archivos públicos y privados, fuentes de prensa, documentación judicial y entrevistas orales, entre muchos otros.

A partir de una mirada de conjunto se logró identificar la incidencia porcentual de las formas de participación empresarial en la represión en los 25 casos abordados, los cuales mostraron patrones de funcionamiento repetidos. Se sistematizó la información relativa a diversas prácticas que implicaron tipos de aportes de las figuras y estructuras empresariales, incluyendo desde la provisión de recursos logísticos y materiales hasta la presencia de altos funcionarios corporativos en los procesos represivos.

PARA LEER COMPLETA la publicación “Responsabilidad empresarial en las violaciones de derechos humanos en Argentina”

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/07/unidad_24x17_18_04_2022_web.pdf

“Responsabilidad empresarial en las violaciones de derechos humanos en Argentina”

La Secretaría de Derechos Humanos presentó la publicación

El lanzamiento se realizó este jueves en el Archivo Nacional de la Memoria.


El panel de apertura contó con la participación del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, acompañado por la coordinadora de la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad Cometidos con Motivación Económica, Victoria Basualdo, y la directora nacional de Gestión de Fondos Documentales, Andrea Copani.

“Quiero destacar el compromiso de los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría que trabajaron en este proyecto” señaló Pietragalla Corti durante el encuentro y agregó que “es fundamental para nosotros poder llegar a través de esta publicación a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras, a los compañeros y compañeras de los barrios, para poder transmitir una mirada que permita comprender la vinculación entre el modelo económico que buscó instalar la dictadura y los proyectos neoliberales del presente”.

El Secretario, además, señaló que “el proyecto político que llegó de mano de los militares quería instalar un modelo económico, y claramente la persecución a las trabajadoras y trabajadores organizados era un punto focal porque era el lugar donde estaba la resistencia”. En este sentido resaltó que “profundizar la discusión sobre la responsabilidad empresarial y su complicidad con la dictadura nos permite traducir el pasado y abordar las problemáticas del presente para que no ser engañados nuevamente por proyectos políticos neoliberales que sólo traen dolor y tristeza a nuestro pueblo”.

Por su parte, Andrea Copani sostuvo que el texto se enmarca en una línea de trabajo definida por la Secretaría desde el inicio de la gestión “que prioriza este eje de trabajo de delitos económicos vinculados a crímenes de lesa humanidad, y fundamentalmente la línea de responsabilidad empresarial”, promoviendo el trabajo articulado con diferentes áreas y equipos.

En tanto que Victoria Basualdo resaltó la voluntad de visibilizar a través de la publicación “el papel de los trabajadores y trabajadoras como sujetos centrales de la historia, lo cual tiene estrecha relación con la modalidad elegida para la presentación de esta publicación, a partir de un encuentro con representantes de organizaciones sindicales, que tienen una larga trayectoria de acciones e iniciativas en este campo que resulta muy valioso reconocer y profundizar”.

En ese marco, se compartieron además las líneas de trabajo que se llevan adelante desde la Secretaría de Derechos Humanos sobre el eje temático de la responsabilidad empresarial y en particular la tarea que desarrolla la Unidad especial de investigación, quien produjo la publicación presentada.

Una vez finalizado el panel de bienvenida, se dio inicio a un espacio de trabajo y debate que contó con la presentación del diputado nacional Hugo Yasky, quien expresó su reconocimiento por “el trabajo que ha realizado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a todo el equipo de trabajadores y trabajadoras que está haciendo una tarea que no tiene precedentes en ninguna parte del mundo”.

Durante su intervención, Yasky afirmó que “la clase trabajadora fue víctima desde primer momento de ese terrorismo, desde que se inventó la triste ´subversión fabril´, que apuntó a poner en la mira a los militantes sindicales y cuerpos de delegados. De hecho, la persecución se realizó antes de la instauración de la dictadura, con fuerzas paramilitares y financiadas por los grupos de empresarios”.

El diputado y referente de la CTA destacó además que “nuestros compañeros y compañeras van a poder y saber usar este trabajo, no para mirar al pasado sino para las disputas del presente, por eso les agradezco esta publicación”.

En esta instancia del encuentro, además, hubo dos rondas de exposiciones sobre los ejes temáticos sindicalismo y derechos humanos, responsabilidad empresarial y represión a trabajadores y trabajadoras y sindicalistas, con la participación de representantes de distintos organismos del estado, investigadores de la Secretaría y de distintos equipos académicos, integrantes de organismos de derechos humanos, periodistas y representantes sindicales, entre otros.

Expusieron sus experiencias trabajadores, trabajadoras y representantes de un amplio arco de organizaciones, incluyendo la Intersindical de Derechos Humanos, la Asociación Gremial de Trabajadores/as del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines, la Unión Obrera Metalúrgica, la Asociación del Personal Aeronáutico, la Federación Gráfica Bonaerense, La Bancaria, y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), contando además con la presencia de dirigentes de otras organizaciones, como la Organización Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA), y con el análisis de experiencias llevadas adelante con otras organizaciones como la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA).

ANULAN EL FALLO QUE IMPEDIA EXTRADITAR AL CURA TORTURADOIR

La Corte italiana abrió la puerta para extraditar a un cura represor argentino

La Corte italiana abrió la puerta para extraditar a un cura represor argentino

Ailin Bullentini

Por Ailin Bullentini

Anuló el fallo que impedía que el excapellán prófugo Reverberi Boschi fuera enviado al país para juzgarlo por torturas y homicidios perpetrados en la dictadura.

En una sentencia considerada histórica, la Corte Suprema de Casación de Italia reabrió el camino de extradición de Franco Reverberi Boschi, el excapellán del Ejército acusado de delitos de lesa humanidad, entre ellos secuestros, torturas y homicidios perpetrados en Mendoza durante la última dictadura cívico militar eclesiástica. La Justicia argentina solicitó en dos oportunidades a su par italiana que envíe al religioso, que vive desde hace una década en el centro-norte de Italia, para poder ser sometido a juicio en el país. Ambos pedidos fueron rechazados en primeras y segundas instancias, destino que ahora el máximo tribunal revirtió.

“La Corte Suprema nos ha dado la razón. Reverberi Boschi no es un pobre curita anciano que ejerció en la legalidad durante los años de plomo en Argentina, como dijo la Cámara de Apelaciones, sino un tipo que pisó un centro clandestino en el momento en el que había personas cautivas que estaban siendo torturadas. Hemos logrado un paso fundamental, una victoria”, interpretó Jorge Ithurburu, presidente de la organización referente de derechos humanos italiana 24Marzo Onlus, que impulsa expedientes locales e internacionales contra represores latinoamericanos prófugos en Italia. La organización no ha logrado iguales resultados con otros represores, entre ellos el uruguayo Jorge Troccoli, que fue juzgado en Italia por su participación en el Plan Cóndor; o el represor argentino Carlos Malatto, al que se intenta juzgar por delitos de lesa humanidad perpetrados en Mendoza.

La audiencia ante el Tribunal Superior de Italia se llevó a cabo en Roma y contó con la participación de la Embajada argentina. En la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación consideraron el fallo supremo como una “muy buena noticia”. “La decisión habla de que el pedido de extradición de Argentina estaba sustentado en hechos graves”, evaluó el director de Asuntos Jurídicos, Federico Efron. Arturo Salerni, el abogado integrante de 24Marzo Onlus que representó a Argentina en el expediente de extradición de Reverberi Boschi, explicó que la Corte “aceptó” el recurso con el que se le reclamó que anulara la decisión de la Cámara de Apelaciones de Bologna de cerrarle la puerta a la extradición al represor argentino y “la devolvió a otra sección de ese tribunal para un nuevo examen”, indicó.

Horacio Pietragalla Corti@pietragallahora
Me reuní con la embajadora en el Vaticano María Fernanda Silva y el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, con quienes mantuve conversaciones sobre los archivos del período de la última dictadura que conservaría la Iglesia.

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Si bien no se conocen los argumentos del fallo supremo, la interpretación que realizan los abogados es que la decisión de la Corte significa un “reconocimiento de que Argentina tiene todos los elementos para indagar a Reverberi Boschi, que hay pruebas suficientes, que no hay argumentos excesivos”, analizó Ithurburu. En este sentido, Efron coincidió: “Para poder analizar el pedido de extradición de Reverberi Boschi es imprescindible comprender el contexto de terrorismo de Estado en el que actuó como capellán del Ejército, algo que la Cámara de Apelaciones de Bologna no tuvo en cuenta”.

 

La audiencia en Roma había comenzado con una buena señal. La procuración general ante la Corte apoyó la postura argentina. “En otras ocasiones se había pronunciado en contra de la solicitud de extradición, pero esta vez consideró que el recurso se basó en la existencia de pruebas suficientes en contra de Reverberi”, subrayó Salerni. La Procuración retomó los planteos presentados ante la Corte por Salerni. “Sostuvimos que Reverberi Boschi estuvo presente en La Departamental, que participaba en modo activo de las torturas a personas allí secuestradas, que por lo tanto era parte del grupo de tareas, y que uno de los destinos de las personas allí detenidas era el de su desaparición, o sea de su homicidio. Por último sostuvimos que está probado que Berón estuvo detenido en La Departamental en el período en que se lo vio a Reberveri Boschi allí”, detalló el abogado.

 

La Justicia federal argentina solicitó la extradición de Reverberi Boschi en dos oportunidades. Primero en 2013, sin éxito. Ocho años después lo reiteró, aprovechando un cambio en la legislación italiana, que incorporó el delito de tortura al Código penal local. La solicitud busca indagar al excapellán por su participación en el homicidio de José Berón y los secuestros y las torturas que padecieron otras diez personas durante su cautiverio en el centro clandestino que funcionó en San Rafael, Mendoza, conocido como “La Departamental”.

 

En 2012, Reverberi Boschi se fugó a Sórbolo, en la región de Parma, Italia, donde nació hace 85 años, tres meses antes de que la Justicia argentina lo citara a prestar declaración indagatoria por su participación en crímenes de lesa humanidad en San Rafael, Mendoza, donde ejerció como capellán del Ejército. Sobrevivientes del centro clandestino que funcionó en el Palacio de Justicia de esa ciudad cuyana durante la última dictadura, lo acusaron en el marco del juicio de lesa humanidad que se llevó a cabo en la provincia en 2010.

 

Roberto Flores testificó que el capellán era “habitué” de La Departamental durante las sesiones de tortura a las que eran sometidas las personas cautivas en ese centro y que les sugería a los secuestradores que “colaboraran” con los represores “para tener alivio espiritual”. Sergio Chaki también declaró haberlo visto durante su cautiverio y creyó que el capellán “andaba calzado” por los pasillos del lugar de detención ilegal. Mario Bracamonte en tanto, aseguró haberlo visto al cura “en cuatro oportunidades”, entre ellas el 9 de julio de 1976 cuando era sometido a “una paliza”. Hugo Riera, otro sobreviviente, aseguró haberlo visto en el centro clandestino que funcionó en la sede de Infantería de la Policía de Mendoza.

https://www.letrap.com.ar/nota/2022-6-30-12-9-0-cfk-2023-es-la-unica-dirigente-que-genera-esperanza-lanzo-larroque