Ahora San Juan dialogó con Carlos Ureta, quien ha dedicado 10 años al registro de los juicios de lesa humanidad en la provincia, que penan a represores de la última dictadura cívico militar.
“Acá no se discute si estaban bien los montoneros o mal los montoneros . Acá se discute los delitos de lesa humanidad. Es un juicio penal, estos se juzgan sobre hechos y pruebas” afirma Carlos Ureta sobre los Juicios.
En la provincia no fuimos ajenos a ese periodo de la historia argentina. Varios hechos sucedieron con el mismo grado de impacto y atrocidad que en el resto del país o en las grandes urbes. Carlos Ureta, es una de las personas que más adentrado está en el tema. “Cuando empezaron a hacerse los juicios y tenían mucho público todos se quedaban sorprendidos por los relatos de las víctimas”.
Carlos Ureta- idea y dirección general de la web Juicios de Lesa Humanidad- San Juan, Diario de la Memoria y Justicia.
Ureta cuenta que cada uno de los juicios toma una etapa que comienza unos años antes que el gobierno de facto (desde 1976 a 1983), ya en 1971 ocurrió una de las primeras desapariciones forzadas en la región de Cuyo cuando el matrimonio Verd fue capturado. (Caso Marcelo Verd y Sara Palacio).
“Asesinatos como del diputado nacional justicialista, Pablo Rojas, marca una conexión de lo político con los intereses económicos en el accionar de la Triple A en San Juan” se cita en el sitio web lesahumanidadsanjuan.org y también lo detalla a este medio.
Una y otra vez los hechos históricos marcan de modo tangible que la provincia no era ajena a lo ocurrido durante los años anteriores y posteriores a la dictadura de Videla.
Durante el Gobierno de Facto, Ureta era adolescente– “Yo no sabía lo que había pasado, a pesar ser un adolescente ‘crecidito’. Hechos de una violencia inusitada para ser una provincia donde nunca habían ocurrido hechos armados” .
“Los hechos de lesa humanidad involucran, no sólo a la Iglesia, sino también a una buena parte del empresariado local“ remarca Ureta. Luego extiende esto explicando que “desmantelaron una empresa, que era propiedad de los obreros mineros que era una fábrica de cemento blanco, que era la única en el país en ese momento, con la excusa que era plata de los montoneros, lo que era mentira. La empresa la había comprado el sindicato con un financiamiento que le dio el gobierno de Camus. Esto termino en la tortura de cada uno de los accionistas porque cada obrero tenía el 1% hasta que transfirieron las acciones a Ricardo Basualdo”. “Esto es parte de las causas, está en las declaraciones testimoniales. Esto está acreditado en sede judicial” sumó.
“En San Juan se registran delitos de lesa humanidad desde antes del proceso, enlos años 74 a75′, que han sido juzgados y hubo condenados. A una parte del peronismo les cae muy incómodo” afirma quien ha estado abocado 10 años al registro de los juicios de lesa humanidad ocurridos en la provincia.
“Esto fue el resultado de un proceso de estandarización de la violencia por una puja que hubo en el poder en Argentina desde que derrocan a Perón”dijo Ureta, casi titulando el periodo del golpe.
“Al día siguiente que derrocan a Perón empezó la resistencia peronista, que desemboca en los 60′ con las primeras formas de guerrilla, iniciando así un proceso donde se se van perfilando una izquierda y una derecha dentro del peronismo”. Agrega que “es imposible pensar en los eventos tan violentos que sucederían como algo espontáneo”.
Muchas son los hechos que ocurrieron en la provincia durante el último gobierno de facto. Desgraciadamente una parte de la población avalando el accionar criminal desde el Estado o minimizando lo sucedido aún sigue diciendo “algo habrán hecho” o repitiendo un “esto a nadie le importa”. Más allá de estas visiones que aún niegan la historia tratando de ocultarla existen quienes continúan exigiendo verdad y justicia, base inalienable de un Estado de Derecho con una Democracia plena.
“En la represión, más del 90% de los desaparecidos eran de la Universidad Nacional de San Juan, trabajadores, estudiantes, muchos de Diario de Cuyo” profundiza Carlos Ureta.“La sangría en la universidad fue una cosa brutal y de una crueldad inédtia”.
“Otra cuestión, que es muy compleja, es que hay muchos policías que actuaron en esa época y que hasta hace poco tiempo tenían un cargo en la policía de la provincia y están acusados, Daniel Turón es un ejemplo” concluye Ureta.
San Juan no fue una isla de utopía durante el proceso de “reorganización nacional”, al contrario, y por ello para seguir mirando de frente a la historia continuaremos abordando estos temas. “Los crímenes no prescriben”, así como se plantea desde la justicia, también debe serlo desde la sociedad.
El dialogo con Ureta fue extenso, preciso y profundo, dejando muchas aristas que invitan a seguir develando los casos judiciales de lesa humanidad que sucedieron en nuestra provincia.
El 24 de marzo es el día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia, un día de 365 que nos permite conocer, rememorar la historia del país, pero poco se difunde de lo ocurrido en San Juan.
Veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de San Martín
Contraofensiva Montonera: prisión perpetua para Apa, el ex militar de inteligencia que simuló su estado de salud para evitar la sentencia
15.07.2021
en
Lesa humanidad
Fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos cuando ocupó el lugar de jefe de la División Inteligencia “Subversiva Terrorista”. El tribunal además revocó su prisión domiciliaria, previo a constatar que está en condiciones de salud de cumplir la pena en una cárcel federal.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de San Martín condenó hoy a prisión perpetua al ex militar de inteligencia Jorge Norberto Apa por crímenes de lesa humanidad perpetrados en 1979 y 1980 contra los y las militantes de la denominada “Contraofensiva Montonera”, tal como se conoció a la reorganización en el exterior de los y las militantes que regresaron al país en esos años para realizar actos de resistencia a la dictadura.
En el veredicto, el tribunal declaró que los hechos juzgados constituían crímenes de lesa humanidad, rechazó los pedidos de prescripción y de declarar la inconstitucionalidad de la ley 25.779 (que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida) formulados por la defensa y consideró a Apa coautor penalmente responsable de los siguientes delitos que concurren materialmente:
Homicidio con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en cuatro hechos.
Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y con abuso funcional, a su vez agravada por la duración de más de un mes y tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y homicidio premeditado por el concurso premeditado de dos o más personas en 72 hechos.
Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas con abuso funcional, tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas y homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas en dos hechos
Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y con el abuso funcional y tormentos en cinco hechos.
Privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas con abuso funcional y tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en cinco hechos.
El tribunal dispuso comunicar la sentencia al Ministerio de Defensa para que dé inicio al proceso de baja por exoneración y de la suspensión de todo goce, retiro o jubilación que goce el condenado.
Por otro lado, el tribunal dispuso la absolución del acusado por delitos en perjuicio de dos víctimas y la remisión a la primera instancia de constancias del juicio para que se investiguen delitos denunciados durante el proceso.
El tribunal además dispuso la revocación de la prisión domiciliaria al condenado, previo a constatar que su estado de salud no sea un impedimento para ello, y que sea trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal para que cumpla con la sentencia. Asimismo ordenó comunicar la sentencia al Ministerio de Defensa para que dé inicio al proceso de baja por exoneración y de la suspensión de todo goce, retiro o jubilación que goce el condenado.
La audiencia, que se realizó a través de la plataforma Zoom y que pudo verse por el canal de YouTube del medio de comunicación La Retaguardia, comenzó a las 9.30 con la resolución de un pedido de suspensión del debate por parte de la defensa y con las palabras finales del imputado. Posteriormente, el juicio se retomó a las 15.00, cuando el TOCF dio su veredicto en el proceso que comenzó el 9 de abril de 2019. El próximo 10 de agosto dará a conocer los fundamentos de la sentencia, junto con los del veredicto condenatorio dictado el 10 de junio pasado respecto de los restantes acusados de esta causa.
Pedido de suspensión por la defensa
Esta mañana a las 9.30, recién comenzada la audiencia, la defensa del imputado formuló un nuevo planteo para que se suspenda el debate, el cual fue rechazado, tras lo cual formuló un recurso de reposición (es decir, de reconsideración).
Ante la petición, la fiscal Sosti sostuvo, por un lado, que la reposición podía resolverse en ese momento y que no implicaba la suspensión del juicio. Agregó que habían tenido tiempo para hacerla en el momento que fueron notificados de la reanudación del debate, lo cual ocurrió anteayer.
Por otro lado, la auxiliar fiscal manifestó que la defensa “de manera artera intentó provocar una resolución del tribunal con elementos francamente fraudulentos” y agregó que iba a pedir la investigación por la actitud del profesional que armó ese informe falso por el cual Apa no pudo ser juzgado el mismo día que el resto de los acusados.
Después de un cuarto intermedio, los jueces Esteban Rodríguez Eggers, María Claudia Morgese Martín y Matías Alejandro Mancini ratificaron la reanudación del debate y no hicieron lugar al pedido de suspensión. Luego, el imputado no hizo declaración alguna en sus palabras finales y, finalmente, a las 15.00, el TOCF emitió su veredicto de forma presencial, desde la sala de audiencias de los tribunales federales de San Martín.
El 10 de diciembre pasado, en su alegato, la auxiliar fiscal Gabriela Sosti requirió que Apa sea condenado a prisión perpetua como coautor de genocidio.
Un pronunciamiento demorado
El 10 de junio pasado, el mismo día en que el TOCF N°4 dio lectura al veredicto condenatorio de otros cinco militares a la pena de prisión perpetua, Apa fue apartado del debate.
Durante la mañana de aquella jornada, cuando los acusados fueron convocados para que expresen sus últimas palabras, su abogado adujo que el ex militar no estaba en condiciones de salud para seguir afrontando el proceso, pues -explicó- no comprendía la situación. Por tal motivo, el tribunal dispuso cancelar la lectura del veredicto respecto de Apa y ordenó una junta médica, encabezada por profesionales del CMF, a la cual le dio diez días hábiles para concluir el examen. Ese plazo se extendió por las demoras en llevar a cabo el estudio, las posteriores oposiciones a las conclusiones del primer informe -que recomendó su apartamiento- y la realización de una segunda junta.
Apa se desempeñó durante el terrorismo de Estado como jefe de la División Inteligencia “Subversiva Terrorista”, dependiente la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. El 10 de diciembre pasado, en su alegato, la auxiliar fiscal Gabriela Sosti requirió que Apa sea condenado a prisión perpetua como coautor de genocidio. Lo acusó por privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en 88 oportunidades, homicidio agravado en 81 casos y allanamiento ilegal en 9 casos.
21-06-2021 | A 45 años de los procedimientos destinados a destruir totalmente la conducción de Montoneros en Mendoza, inauguramos diez baldosas en la explanada del EPM exD2 que recuperan la memoria de diez compañeras y compañeros desaparecidos.
Esta es lasegunda etapa del proyecto Baldosas por la Memoria que se propone instalar en la explanada del EPM exD2 baldosas con los nombres de todas las personas asesinadas y/ desaparecidas en Mendoza en el marco del terrorismo de Estado. La baldosa inaugural fue colocada en septiembre de 2020, en el quinto aniversario del Espacio. Las primeras diez se inauguraron en diciembre pasado.
La actividad se realizó sin convocatoria pública por resguardo ante la pandemia COVID-19. Solo participó la familia de Juan Carlos Charparín, que reside en la provincia.
Las historias de las baldosas que se inauguran
A principios de 1976, las fuerzas represoras desplegaron operativos para desbaratar las estructuras cercanas a Montoneros y algunos de sus cuadros. El Partido Peronista Auténtico —que intentaba la legalización— fue embestido, al igual que la corriente sindical de ATE de la cual participaban integrantes de la Juventud Trabajadora Peronista. Hacia junio y julio de ese año, con la dictadura ya consolidada, el aniquilamiento apuntó a la destrucción total de la conducción de Montoneros en Mendoza.
El 1 de junio fue secuestrado Dante Ángel Marchi, conocido como “el Gordo Pipi”, dirigente del Movimiento Villero Peronista de Córdoba que se encontraba oculto en Mendoza. Los procedimientos se extendieron a personas cercanas que consiguieron sobrevivir. A partir de sus testimonios fue posible reconstruir las posteriores desapariciones, entre ellas la de de Ricardo Luis Sánchez Coronel, detenido el 2 de junio.
Avanzado junio se produjeron los procedimientos que descabezaron la organización: Jorge Vargas Álvarez, histórico militante de FAR-Montoneros, fue secuestrado el 12 de junio con su familia. El 17 de junio cayeron Francisco Urondo junto a su compañera Alicia Raboy, quienes fueron víctimas de una cita envenenada, es decir, conocida por los represores. En estos casos, niñas muy pequeñas fueron secuestradas junto a su padre y su madre y sometidas a terribles escenarios. Vinculados con estas capturas, desaparecieron —en un lugar indeterminado—, Rosario Aníbal Torres y Jorge Lubino Amodey.
Ya en julio el operativo recayó sobre militantes que se refugiaron en Mendoza provenientes de San Juan. A principio de mes cayó Domingo Britos, el 12 y 13 secuestraron y desaparecieron al matrimonio integrado por Rafael Olivera y Nora Rodríguez Jurado, dos sus hijas también sufrieron la detención.
A continuación repasamos sus historias y trayectorias de vida, a 45 años de su desaparición.
DANTE ÁNGEL MARCHI BENA – 26 AÑOS
Nació en Córdoba, lo conocían como «el Gordo Pipi”. Era soltero y se desempeñaba como obrero municipal. Según testimonios de sus compañeros y compañeras, era un muchacho grandote, criollo, que venía de cuna humilde. Se caracterizaba por ser una persona muy querible y respetada por su compromiso y dedicación al trabajo social en los barrios periféricos. Tenía gran llegada y capacidad de movilización de la gente de la zona. Era un líder natural que participó de la creación del Movimiento Villero.
Inició su actividad política a principio de los 70 como militante de base de la Juventud Peronista y luego se integró a Montoneros. Dada su exposición debió abandonar su ciudad en 1975 y se instaló en Mendoza. Aquí fue secuestrado en circunstancias imprecisas el 1 de junio de 1976, lo trasladaron a Córdoba y fue visto en el centro clandestino de detención La Perla.
JORGE VARGAS ÁLVAREZ – 33 AÑOS
Nació en San Juan, era un conocido abogado laboralista que prestaba sus servicios al sindicato minero local AOMA y en defensa de los derechos de las y los trabajadores de distintos sectores laborales.
Era de contextura mediana. Sus compañeras y compañeros lo recuerdan como una persona cuidadosa en su aspecto, que se expresaba con solvencia y evidenciaba su formación académica. Siempre dispuesto al diálogo, tenía amplios conocimientos generales y una sólida formación política. Integró las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y fue miembro de su conducción.
Después de un intento de secuestro en 1971, fue detenido por la dictadura de Lanusse y liberado con la amnistía de mayo de 1973. Regresó a San Juan y retomó su actividad profesional, pero cuando arreciaba la represión de la última dictadura se trasladó a Mendoza. Por esos días estaba casado con María Luisa Sánchez y tenía dos hijas; luego tuvieron a la tercera. La familia se alojó en la vivienda del matrimonio de Alicia Morales y Juan José Galamba, en la capital mendocina. El 12 de junio Jorge salió de la casa y nunca regresó. Ese día allanaron el domicilio y secuestraron a las mujeres con sus hijas e hijo: su destino fue el D2. En sus calabozos la esposa lo vio —herido y torturado— por última vez.
ROSARIO ANÍBAL TORRES – 36 AÑOS
Nació en Paso del Río, departamento de San Martín, San Luis. Provenía de una zona semirrural y se desempeñó como chofer de colectivos en la empresa provincial. Era soltero y llegó a Mendoza en 1975 debido a la persecución sufrida en su lugar de origen.
Poco se sabe sobre su vida personal pero trascendió su larga y conocida trayectoria política: formado al calor de la proscripción del peronismo, se abocó a la militancia en esa corriente. Fue integrante del Peronismo de Base y participó activamente en la campaña del Luche y Vuelve que llevó a Hector Cámpora a la presidencia de la Nación. En ese marco fue candidato a diputado por el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI). Fue designado jefe —civil— de Policía de San Martín por el gobernador Elías Adre pero, debido al avance de la derecha dentro del gobierno, tiempo después sufrió una detención. Entonces se integró a Montoneros y optó por salir de San Luis.
Según testimonios, en junio de 1976 compartía vivienda con una pareja también militante, en Godoy Cruz. Entre el 12 y el 17 dejó su moto Zanella en la casa de un amigo —coterráneo y también chofer—; desde ese momento está desaparecido. No se sabe dónde ni cuándo fue secuestrado. Sin embargo, sobrevivientes pudieron escucharlo dando vivas a Perón dentro del D2 cuando era castigado con ensañamiento por los policías. Presumiblemente murió en ese centro de detención a causa de las torturas.
DANIEL SOPRANO JARA – 35 AÑOS
Nació en el partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires. Vivía y militaba en Mar del Plata y llegó a Mendoza huyendo de la persecución en su ciudad de origen. Había formado pareja con María del Carmen Caballero a principios de 1975, se casaron y tuvieron una hija.
Hizo camino militante dentro del peronismo revolucionario. En 1974 lo sorprendieron haciendo una pintada de Montoneros y fue detenido. Al recuperar la libertad, la organización lo destinó a Mendoza junto con su compañera. Ella regresó a Buenos Aires cuando quedó embarazada. Él permaneció en Mendoza y fue secuestrado el 17 de junio de 1976, en coincidencia con los procedimientos contra varios cuadros políticos lanzados del peronismo por esos días.
FRANCISCO REYNALDO URONDO INVERNIZZI – 46 AÑOS
Nació en Santa Fe el 10 de enero de 1930. Era poeta, periodista, académico y militante de Montoneros. Tuvo dos hijas y un hijo: Claudia, Javier y Ángela. Claudia es una de las treinta mil desaparecidas.
Militante cultural, rupturista en su modo de pensar al arte y la función social de la poesía. Fue director de la sección Arte Contemporáneo del Instituto Social del Departamento de Acción Cultural de la Universidad Nacional del Litoral y Director de Cultura de su provincia, desde donde articuló con numerosas personas referentes y comprometidas de la arquitectura, pintura, escultura, teatro, cine, literatura.
Fue asesinado en una emboscada el 17 de junio de 1976, en Mendoza. Estaba junto a su pareja, Alicia Raboy; la hija de ambos –Ángela, de once meses– y la militante Renée Ahualli. Urondo murió de un culatazo en la cabeza; Alicia fue desaparecida. A Ángela, su madre la salvó dejándola en un corralón de donde la policía se la llevó, la entregó a Casa Cuna y luego la madre de Alicia logró recuperarla.
ALICIA CORA RABOY LISTINGART – 28 AÑOS
Nació el 14 de enero de 1948 en Buenos Aires. En la militancia le decían “Lucía”. Estudió Ingeniería Naval, militó en el Partido Comunista (PC). Luego se incorporó al peronismo combativo, militó en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y en la Juventud Universitaria Peronista (JUP). También pasó por la Agrupación Evita de la Rama Femenina. Finalmente formó parte de Montoneros. Era periodista, trabajó en el diario “Noticias”.
Junto a su compañero, Francisco “Paco” Urondo, y su hija Ángela, vinieron a Mendoza, enviados por la organización. El 17 de junio de 1976, Alicia fue secuestrada y desaparecida en una emboscada en Guaymallén. Estaban “Paco”, quien fue asesinado; y su hija, a la cual intentó salvar dejándola en manos de los dueños de un corralón. Pero la policía luego retiró a la niña, la llevó al D2 y la entregó a Casa Cuna, de donde la madre de Alicia la recuperó. También estaba la compañera de militancia René Ahualli, sobreviviente del operativo.
A Alicia la habrían llevado al D2, luego no se supo más de ella.
DOMINGO BRITOS GARRO – 24 AÑOS
Nació el 2 de noviembre de 1952 en San Luis. Era maestro en la Dirección Nacional de Educación del Adulto y estudiaba Ingeniería Civil en la Universidad de San Juan. Fue presidente del Centro de Estudiantes y realizaba tareas de alfabetización en barrios populares de esa provincia. Tenía un hijo y una hija. Ella relata que para “la gente que lo ha conocido era una persona muy justa, que siempre estuvo atenta a lo solidario, siempre le dolía en lo más profundo la injusticia…”. Ha sido reconocido tanto en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan como en la ciudad de Villa Mercedes, donde una calle lleva su nombre.
Era alto, morocho, delgado y de voz gruesa. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Montoneros. Cuando llegó a Mendoza, se unió al trabajo social con el cura jesuita Llorens en el Barrio San Martín. Fue secuestrado en esta ciudad el 2 de julio de 1976. Según el testimonios de sobrevivientes, habría estado en el D2 hasta su asesinato.
RAFAEL OLIVERA PALACIOS – 29 AÑOS
Nació el 16 de abril de 1946 en Capital Federal. Le decían “Palito”. Era el séptimo de los once hijos e hijas del matrimonio formado por Jorge Olivera —médico del Ejército— y Fanny Palacios —sobrina del socialista Alfredo Palacios—. Era buen deportista, jugaba al fútbol y al rugby y era hincha de Boca. Además, disfrutaba escuchar folklore.
Rafael fue parte de la Acción Católica Argentina y realizó sus estudios en sociología en la Universidad Católica Argentina, donde conoció a Nora Rodríguez Jurado, con quien se casó en 1969. Luego de graduarse, la pareja obtuvo una beca de estudios en Alemania. Allí nacieron dos de sus cuatro hijas: Ximena y Soledad. Luego vendrían las dos más pequeñas: Rosario y Guadalupe. Volvieron a la Argentina en 1972, se fueron a vivir a San Juan y trabajó como profesor de la Universidad Nacional de Cuyo.
Rafael tenía un carácter fuerte, opiniones claras y las expresaba con pasión. Él y Nora militaban en Montoneros y adherían a la teología de la liberación. A fines de 1974 la familia Olivera-Rodríguez Jurado fue trasladada a Mendoza, donde se vincularon con el sacerdote jesuita “Macuca” Llorens y su trabajo social en el barrio San Martín.
El 12 de julio de 1976 Rafael tomó la bicicleta de su casa y salió a la calle. Iba a una reunión cuando un hombre agazapado trató de detenerlo. Rafael intentó escapar pero fue herido en una pierna, golpeado en la cabeza y secuestrado en un auto. Al otro día fue secuestrada su compañera, Nora. Un tiempo después la familia de Olivera viajó a Mendoza y pudo recuperar a las cuatro niñas.
NORA ERCILIA RODRÍGUEZ JURADO BYRNE – 29 AÑOS
Nora nació el 11 de junio de 1946 en Puerto Belgrano, provincia de Buenos Aires. Vivió durante hasta su adolescencia en el barrio Colegiales. Jugaba al hockey, era muy sociable y tenía muchas amigas.
Estudió Sociología en la Universidad Católica Argentina. Allí conoció a quien sería su marido y padre de sus cuatro hijas: Rafael Olivera. Se casaron el 25 de octubre de 1969 en San Benito, Ciudad de Buenos Aires. Luego de recibirse, obtuvieron una beca de estudios y vivieron en la ciudad alemana de Bielefeld.
Cuando volvieron a Argentina, en 1972, se afincaron en San Juan. Allí Nora se desempeñó en la Secretaría de Economía. Militaba en la Juventud Peronista y Montoneros. La pareja era fuertemente perseguida por las fuerzas represivas, por lo que se mudaron a Mendoza. Aquí, Nora colaboró con el padre José María “Macuca” Llorens en el barrio San Martín, en el naciente proyecto de la escuela del barrio.
El 13 de julio de 1976 Nora fue secuestrada por un comando. Se hallaba a metros de su casa haciendo unas compras con su hija mayor, Ximena. En el automóvil pidió volver por Guadalupe, de once meses, que había quedado en la casa. Los secuestradores tenían a la bebé consigo. Nora y sus dos hijas fueron llevadas al D2 mientras que las otras niñas quedaron en el jardín al que acudían, bajo el cuidado de las docentes. Las niñas fueron recuperadas poco tiempo después por la mamá de Nora y los abuelos paternos.
JUAN CARLOS CHARPARÍN BENEDETTI – 32 AÑOS
Nació el 9 de junio de 1944 en Luján de Cuyo. Le decían “Chato” y trabajaba de chofer. Estaba casado con Isabel Membrive, ambos militaron en la Juventud Peronista, en el Peronismo de Base y se sumaron a Montoneros en Mendoza. Tenían una hija y un hijo: Claudia y Cristian. Juan Carlos estaba reconocido como ciudadano español.
El 19 de julio de 1976 un grupo de tareas atacó su casa, en Guaymallén. Logró resguardar a su su hija y a su esposa, Isabel Membrive, quien casi dos años después también fue secuestrada y desaparecida. Juan Carlos enfrentó a la patota desde atrás de un auto y finalmente fue asesinado a balazos. Hay datos de que habría sido ingresado al Cementerio de Ciudad como NN.
Videla le confesó a la Iglesia Católica en 1978 lo que recién hizo público 34 años después: que los detenidos-desaparecidos habían sido asesinados. La Comisión Ejecutiva le transmitió el pedido de Massera de informar sobre el tema. Videla respondió que era imposible, por las inevitables preguntas sobre cada asesinato, el responsable y el destino de los restos. Un diálogo sobrecogedor, contenido en una minuta para el Vaticano que se conserva en el archivo secreto del Episcopado.
Por Horacio Verbitsky
La política de desaparición forzada de personas que el ex dictador Jorge Videla acaba de admitir en varios reportajes y ante la justicia fue reconocida en 1978 ante la Comisión Ejecutiva de la Iglesia Católica. Videla dijo que le gustaría brindar la información pero que en cuanto se comunicara que los detenidos-de-saparecidos habían sido asesinados comenzarían las preguntas acerca de quién mató a cada uno, cuándo, dónde y en qué circunstancias y qué destino se dio a sus restos. La respuesta a esas preguntas sigue pendiente 34 años después. En el diálogo con el periodista Ceferino Reato, quien anuncia que no importa “tomar partido a favor o en contra del entrevistado”, Videla dice que la desaparición de personas no se debió a excesos o errores sino a una decisión de la pirámide castrense que culminaba en él. Pero también da a entender que la imposibilidad de informar sobre los desaparecidos obedece a que la información nunca estuvo centralizada, que cada jefe de zona sólo sabía lo sucedido en su jurisdicción y que muchos han muerto. “Los listados eran la puerta a un debate que conducía a la pregunta final: ¿Dónde están los restos de cada uno?, y no teníamos respuestas para ese interrogante, con lo que el problema, al dilatarse, se agravaba día a día y aún persiste.” Pero en su reunión con la Iglesia Católica Videla habló con mayor franqueza, como se hace ente amigos: dijo que “el gobierno no puede responder sinceramente, por las consecuencias sobre personas”, un eufemismo para referirse a quienes realizaron la tarea sucia de matar a quienes habían sido secuestrados y torturados y se encargaron de que de-saparecieran sus restos. Al elegir esa política que Videla calificó de cómoda, porque eludía las explicaciones, la Junta Militar puso bajo sospecha a la totalidad de los cuadros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, algo que recién comenzó a disiparse con la reapertura de los juicios, donde con las garantías del debido proceso se establecen las responsabilidades que la Junta ocultó. Hasta hoy se han pronunciado 253 condenas y veinte absoluciones, lo cual muestra que en democracia nadie está condenado de antemano y que puede ejercer su derecho a defensa. En el documento secreto sobre este diálogo, que el Episcopado conserva en su archivo, la afirmación de Videla sobre la protección a quienes cumplieron sus órdenes criminales está agregada a mano por el cardenal Raúl Primatesta, que presidía la Conferencia Episcopal y que fue acompañado en la reunión por sus dos vicepresidentes, Vicente Zazpe y Juan Aramburu. En abril de este año la jueza Martina Forns, titular del juzgado federal Nº 2 en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín interrogó a Videla en forma exhaustiva, a solicitud del abogado Pablo Llonto, quien representa a Blanca Santucho, hermana del jefe del ERP abatido en julio de 1976 por un pelotón del Ejército, y cuyos restos nunca fueron entregados a la familia. Un paso previsible en la investigación es solicitar a la Iglesia Católica acceso a los documentos que atesora sobre el tema. El que contiene las explicaciones de Videla lleva el número 10.949, lo que da una idea del volumen de la información que el Episcopado sigue manteniendo en secreto. Está guardado en la carpeta 24-II del Archivo de la Conferencia Episcopal. La Iglesia Católica eligió silenciar el contenido de la conversación en la que Videla les reveló que todos los desaparecidos habían sido asesinados. A continuación, la historia de ese encuentro público pero de contenido secreto.
Carta al cardenal
El 10 de abril de 1978, el diario Clarín tituló su página 3 “El presidente de la Nación almorzará hoy con la cúpula del Episcopado”. Emilio Fermín Mignone, cuya hija Mónica Candelaria había sido secuestrada en mayo de 1976, redactó sin pausa tres densas carillas a un solo espacio y las envió con un mensajero a la sede de la Conferencia Episcopal. También esa carta se conserva en el archivo secreto que el Episcopado guarda en su sede de la calle Suipacha, en la carpeta titulada “Personas detenidas y de-saparecidas, 1976-1983”. Mignone escribió que a dos años y medio del golpe, era indudable que la desaparición forzada de personas constituía “un sistema y no excesos aislados”. El fundador del CELS describió ese sistema: el secuestro, el robo, la tortura y el asesinato, “agravado con la negativa a entregar los cadáveres a los deudos, su eliminación por medio de la cremación o arrojándolos al mar o a los ríos o su sepultura anónima en fosas comunes”. Y se realizaba en nombre de “la salvación de la ‘civilización cristiana’, la salvaguardia de la Iglesia Católica”, colocando “como valor supremo la denominada ‘seguridad colectiva’ sobre cualquier otro principio o valor, incluso los más sagrados”. Añadió que “sobre la mentira nada perdurable puede fundarse”. Mignone insistió en la necesidad de que el gobierno informara “cuál ha sido la suerte de cada ‘desaparecido’, la inmensa mayoría de los cuales, todos lo sabemos y también los obispos, han sido arrestados por organismos de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Y esto, monseñor, es lo que le pedimos que ruegue, exija, obtenga del Presidente de la República esta mañana”.
La desesperación y el odio
Mignone decía que la desesperación y el odio iban ganando muchos corazones y que las exigencias de justicia impedirían cualquier intento de evolución democrática pese a que muchos dirigentes políticos, ansiosos por subirse al barco oficial, querrían echar un manto de olvido sobre lo ocurrido. También le informó a Primatesta que en marzo Emilio Massera le había dicho que la Armada exigía que se diera a conocer la suerte de cada desaparecido y preso no declarados, pero que el Ejército se oponía. “Nos pidió que solicitáramos a usted, al señor nuncio, a monseñor Tortolo, que insistieran ante el Presidente y comandante en Jefe del Ejército en el mismo sentido.” Mignone no ignoraba las tensiones internas en la Junta Militar y no experimentaba la menor simpatía por ninguno de sus integrantes. Pero trataba de explotar esas contradicciones para abrir una brecha en el muro de silencio sobre el destino de su hija y de miles como ella. También advirtió a Primatesta que la táctica del silencio, de la que el Episcopado participaba por sus propias razones, no era admisible. “El Pueblo de Dios necesita participar y ser informado. Necesitamos conocer lo que el Episcopado expresa al gobierno en sus comunicaciones. De lo contrario de nada sirven.”
Un diálogo franco
Al día siguiente, Zazpe le informó a Mignone que la Comisión Ejecutiva le había transmitido a Videla “todo lo que dice su carta”. Dijo que habían sido “tremendamente sinceros y no recurrimos a un lenguaje aproximativo” pero le advirtió, como si se tratara de una accesoria cuestión técnica, que había una “divergencia con su carta” acerca de la publicidad o reserva de esta entrevista. “En esta ocasión volvió a recurrirse a la reserva.” Primatesta informó luego a la Asamblea Plenaria que los obispos le plantearon a Videla los casos señalados en su carta por Mignone, de presos que en apariencia recuperaban su libertad pero en realidad eran asesinados; que se interesaron por sacerdotes desaparecidos, como Pablo Gazzarri, Carlos Bustos y Mauricio Silva, y por otros detenidos de los que pidieron la libertad y/o el envío al exterior. Pero el desarrollo completo de la reunión sólo está contenido en una minuta preparada por la propia conducción episcopal para informar al Vaticano y que nunca fue publicada. Primatesta, Zazpe y Aramburu la redactaron en la sede de la Conferencia Episcopal al terminar el almuerzo antes de que los detalles se desvanecieran en su memoria. El gobierno negaba que hubiera presos políticos porque todos los detenidos eran “delincuentes subversivos y económicos”, incluso los sacerdotes arrestados. Las desapariciones de personas eran obra del terrorismo para desprestigiar al gobierno, que compartía las inquietudes de los obispos. Los tres agradecieron a Videla por haber reconocido la existencia de excesos en la represión pero dijeron que no conocían que se hubiera castigado a los responsables, que era otra de las reflexiones de Mignone. En un clima que Aramburu describió como cordial, Primatesta lamentó que Videla no pudiera tomar “todas las medidas que quisiera”, con lo cual lo exculpaba de los hechos por los que le reclamaban. En un tono lastimero, Videla dijo que no era fácil admitir que los de-saparecidos estaban muertos, porque eso daría lugar a preguntas sobre dónde estaban y quién los había matado. Primatesta hizo referencia a las últimas desapariciones producidas durante la Pascua, en San Justo, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”. La minuta redactada al concluir el almuerzo reconstruye la réplica textual de Videla ante la solicitud: “El presidente respondió que aparentemente parecía que sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir los secuestradores y asesinos. Primatesta insistió en la necesidad de encontrar alguna solución, porque preveía que el método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Videla asintió. También él lo advertía, pero no encontraba la solución. Este diálogo de extraordinaria franqueza muestra el conocimiento compartido sobre los hechos y la confianza con que se analizaban tácticas de respuesta a las denuncias que ambas partes sentían como una amenaza. Primatesta también habló “sobre la actitud de alguna Fuerza Armada que urgía la publicación de las listas de presos, v.g. el almirante Massera”. En realidad, Mignone le había escrito que la lista de presos no tenía valor alguno, porque los familiares la conocían, y lo que Massera reclamó fue una lista de detenidos-desaparecidos. Videla se alzó de hombros. Aunque presidía la Junta y el gobierno, no tenía todo el poder y había fuerzas que no controlaba, dijo. Las actitudes de los eclesiásticos tenían sutiles matices. Zazpe preguntó: “¿Qué le contestamos a la gente, porque en el fondo hay una verdad?”. Según el entonces arzobispo de Santa Fe, Videla “lo admitió”. Aramburu explicó que “el problema es qué contestar para que la gente no siga arguyendo”, lo cual parece una fiel interpretación del propósito de Massera. Los jefes del Ejército y de la Armada descargaban su responsabilidad, cada uno en el otro, y la Iglesia les seguía el juego. Según Aramburu, cuando Videla repitió que “no encontraba solución, una respuesta satisfactoria, le sugerí que, por lo menos, dijeran que no estaban en condiciones de informar, que dijeran que estaban de-saparecidos, fuera de los nombres que han dado a publicidad”. Primatesta explicó que “la Iglesia quiere comprender, cooperar, que es consciente del estado caótico en que estaba el país” y que medía cada palabra porque conocía muy bien “el daño que se le puede hacer al gobierno con referencia al bien común si no se guarda la debida altura”. Tal como le dijo Videla al primer periodista que lo entrevistó, el español Ricardo Angoso, “mi relación con la Iglesia Católica fue excelente, muy cordial, sincera y abierta”, porque “fue prudente”, no creó problemas ni siguió la “tendencia izquierdista y tercermundista”. Condenaba “algunos excesos”, pero “sin romper relaciones”. Con Primatesta, hasta “llegamos a ser amigos”. Sobre el conflicto interno, que Videla llama guerra, “también tuvimos grandes coincidencias”. Zazpe murió en 1984, Aramburu en 2004 y Primatesta en 2006. Pero los documentos sobre ese diálogo entre amigos siguen hasta hoy en el archivo secreto del Episcopado.
Basta con ingresar a su canal de You Tube para poder acceder a la transmisión. Las audiencias, además, quedan grabadas y a disposición para ser vistas cuando se quiera o se pueda, organizadas por listas de reproducción.
Por Ailín Bullentini 03 de mayo de 2021
. Imagen: Gentileza Natalia Bernades
La pandemia de coronavirus golpeó fuerte el poder reparatorio de los juicios por los crímenes de la última dictadura cívico militar. De un día para el otro, las audiencias ya no pudieron ser presenciales y privó, así, a sobrevivientes y a familiares de víctimas, de la posibilidad de contar su historia frente a jueces y fiscales; de poder pedir Justicia, cárcel común, nunca más, y tantas otras cosas a viva voz y frente a los responsables de que sus vidas nunca más fueran iguales. Pero también tuvo su sorpresa: desde que la presencialidad no puede ser la regla en estos procesos, un medio de comunicación comunitario, alternativo y popular, como lo definen sus fundadores y quienes hacen La Retaguardia, comenzó a transmitir vía streaming las audiencias de algunos debates y va camino a convertirse en lo que, si continúa ampliando pantallas, el Netflix de los juicios de lesa humanidad.
“En un principio lo pensamos como una manera de seguir haciendo lo que hacíamos en otro formato. Pero empezamos a vislumbrar que el valor presente y el valor futuro que tienen estos materiales que estamos generando son imposibles de considerar ahora en su verdadera dimensión”, cuenta Fernando Tebele, fundador de La Retaguardia y co-conductor de las transmisiones de los juicios de lesa que inauguraron a fines de abril del años pasado y multiplicaron al día de hoy.
Comenzaron a transmitir el juicio por los crímenes de lesa humanidad que sufrieron los militantes montoneros de la Contraofensiva hace un año. Siguieron con los juicios por los Vuelos de la Muerte en Campo de Mayo y las Brigadas de Banfield, Quilmes y Avellaneda. Tomaron la fase definitoria de Esma IV. Sumaron hace algunos meses el debate Contraofensiva II y, desde la semana pasada, el de la Megacausa Campo de Mayo y Puente 12 II, que está en las puertas de los alegatos. Nadie tiene más que ingresar al canal de You Tube del mediopara poder acceder a la transmisión. Las audiencias, además, quedan grabadas y a disposición para ser vistas cuando se quiera o se pueda, organizadas por listas de reproducción.
Para quienes hacen La Retaguardia, los juicios de lesa humanidad “son históricos, reparatorios e imprescindibles en la construcción de un futuro mejor”. Sin embargo, el medio no está dedicado a su cobertura de manera exclusiva, así como tampoco los ponderan por otros temas: “No podemos desligar las coberturas de los juicios de las causas de crímenes de Estado en democracia o del pedido de libertad a los 12 presos políticos de Andalgalá hoy”, remarcó Tebele.
Una agenda, casi 20 años de historia
Los juicios de lesa humanidad integraron la agenda informativa de La Retaguardia desde siempre, temática se encuentra englobada en “derechos humanos”, uno de los cuatro ejes que siempre están presentes –género, luchas sindicales y luchas en defensa del medioambiente–. “En diferentes momentos se va reformulando la agenda y por cuestiones de coyuntura fuimos más fuerte con uno u otro. Como ahora es con los juicios, en su momento fue con Andalgalá”, cuenta Tebele.
En realidad, la lucha por la memoria, la verdad y la justicia de los organismos fue la que siempre estuvo presente. Los primeros tiempos, cuando solo era un programa de radio y un blog que replicaba lo sucedido al aire, en 2003, solían cubrir los escraches a genocidas que gozaban de libertad e impunidad. Desde que las leyes que los mantenían libres dejaron de existir, comenzaron a “cubrir” los juicios. En 2010 inauguraron una emisora online en cuya grilla los juicios de lesa cuentan con un programa propio: Oral y Público fue y es un envío semanal que mantuvieron desde el primer día Tebele y Víctor Bazterra, sobreviviente de la Esma, que falleció en mayo pasado.
Las transmisiones
La pandemia se instaló y con ella un suspenso preocupante en el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. Pasaron algunos meses hasta que el universo judicial lograra ponerse de acuerdo en que de alguna manera había que seguir. La virtualidad ganó la partida: indagatorias, testimonios, interrogatorios, alegatos, sentencias mediadas por el famoso, y a esta altura en algunos espacios detestado, zoom.
Para entonces, LR cubría periodísticamente el juicio Contraofensiva cronicando audiencia tras audiencia en un blog especialmente diseñado para ese contenido. Fue al tribunal que dirige ese juicio, el Federal número 4 de San Martín, a quien solicitaron el primer permiso de transmisión cuando sabían que a mediados de 2020 las jornadas de testimonios retomarían su ritmo por la vía remota. Resaltó Tebele: “El TOF no solo nos habilitó a transmitir las audiencias sino que delegó en nosotros la publicidad del juicio. Solo nosotros lo haríamos”.
A fines de abril, el medio inauguró su transmisión vía streaming, que nunca fueron una simple repetición del Zoom del TOF. Las transmisiones relatan, introducen, aclaran, contextualizan audiencia a audiencia el avance del debate. Los comentarios de les conductores –Tebele y Martina Noailles o Diego Adur o Luis Angió o algune sobreviviente– se mezclan con movimiento de “cámaras”, menciones a otros juicios, entrevistas post audiencia para dar análisis a lo acontecido. “Apostamos a una cobertura periodística, nuestra apuesta va mucho más allá de hacer un juego de cámaras y hablar en los cuartos intermedios. Tomamos lo que se comenta en el chat de la transmisión –quien vea en vivo la transmisión puede participar del chat, los comentarios son cientos por jornada– entrevistamos al cierre, clarificamos los pasos procesales de cada audiencia”, puntualizó Adur.
Algunos de esos debates –Contraofensiva, Megacausa y Vuelos de la muerte– son transcriptos, luego, a artículos periodísticos gráficos, volcados en el sitio web del medio o en blogs armados especialmente. La desgrabación de cada jornada la llevan a cabo cuatro chicas: Agustina Sandoval Lerner, Noelia Laudisi De Sa, Mónica Mexicano. El equipo lo competan Paulo Giacobbe, Valentina Maccarone, Natalia Bernades, dedicado a los juicios es de unas 10 personas; en LR, en general, son unas 30.
La potencialidad
La decisión de hacerlo fue para darle continuidad a una tarea que ya venían desarrollando desde el medio. Descubrieron que su potencialidad excedía toda la cuestión de pandemia/presencialidad/virtualidad, al andar. “Ahora hay más chances de que los juicios superen la población de familias afectadas, sobrevivientes, militancia de derechos humanos, que son los que más o menos los venían siguiendo, y lleguen más allá”, destacó Tebele.
Entre los “youtubevidentes” encuentran cada vez más jóvenes que presencian estos juicios por primera vez –Tebele comentó incluso que las transmisiones fueron sostén del programa “La escuela va a los juicios” durante todo el año pasado–, sobrevivientes que viven en otros países, “lo que posibilitó aporten al debate, como pasó en Contraofensiva”, señaló Mexicano en relación a la identificación de un represor de Campo de Mayo durante el juicio de Contraofensiva.
Sin ir más lejos, fueron algunas de las querellas de familiares y víctimas de alguno de los juicios que el medio replica día a día quienes organizaron una campaña de aporte de fondos para apoyar el trabajo de quienes lo llevan a cabo. Les trabajadores de La Retaguardia hacen su labor diaria sin retribución económica alguna. Para elles es una cuestión de “militancia”. La colecta, reza el mensajito que recorre whastapp con el número de cuenta bancaria, es para “el medio alternativo que hoy hace posible que allí en donde estemos podamos seguir varios de los juicios de lesa humanidad” en transmisiones que “permite darle una publicidad inimaginada hasta antes de la pandemia”. Lo recogido, aseguraron, irá para “reequipamiento que mejore el trabajo”.
El Club Universitario de Mar del Plata se refirió así a la muerte del ex fiscal e integrante de la patota de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) marplatense Gustavo Demarchi, que murió ayer con prisión domiciliaria y condena a perpetua por los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado previo al golpe..
El presidente del club es el hijo de Demarchi, pero eso no es atenuante.
Nicolás Ayestarán
Al igual que Durquet, zafó de ser juzgado por el asesinato del diputado Rojas en San Juan
Daniel Cecchini
Nicolás Ayestarán Creo que no estaba imputado en ese.
Nicolás Ayestarán
Daniel Cecchini sí lo estaba, al igual que Federico Delgado. Con Demarchi hubo un problema con la extradición, ya que Colombia sólo la había concedido por los hechos del 5×1, y cuando la justicia federal de San Juan quiso indagarlo, la Defensa puso puso esta objeción. Se trabajaba para superar ese escollo
Carola Ochoa
El de,San Juan es DE MARCHI . No DEMARCHI.
“diario 13 san juan MEGAJUICIO POR DICTADURA Represor que cometió torturas en San Juan recibió prisión domiciliaria Gustavo De Marchi fue condenado por delitos de lesa humanidad e incluso estuvo prófugo. Fue condenado a 25 años de prisión y este jueves recibió el beneficio.”
Nicolás Ayestarán
Carola Ochoa ese es otro. Él se llama Gustavo Ramón De Marchi, y era militar. Su primo, Gustavo modesto Demarchi también es imputado en San Juan por el homicidio de Rojas, que fue encargado a la CNU por sus vinculaciones con el gremio vitivinícola
Los fachos marplatenses no tienen descanso ni pudor.
Aquí va otro homenaje al asesino Gustavo Demarchi, fallecido ayer mientras estaba cumpliendo prisión domiciliaria condenado a perpetua por los crímenes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en esa ciudad.
“Vamos a desistir de ese pedido de autorización para salir de la provincia por un viaje que tenía que realizar el Dr. Yanello” anunció Sandra Leveque, apenas se inició la sesión del viernes 4 de diciembre de 2020 de la Megacausa III que se ventila en el Tribunal Federal de San Juan, presidido por Alberto Carelli.
Al argumentar el motivo de este cambio, la letrada empezó diciendo el sr fiscal Dante Vega ya había haya contestado la vista en ese pedido,y que Juan Carlos Yanello “no se encuentra en condiciones médicas actualmente, pero tenía que hacer un trámite estrictamente personal fuera de la provincia que por motivos ajenos no se va a poder realizar no se va a poder concretar, por lo tanto desistimos del pedido de autorización”.
El ex fiscal federal de San Juan, Juan Carlos Yannello, acusado de 78 hechos de violación a los derechos humanos, había pedido a traves de su abogada Sandra Leveque una autorización especial para viajar a Cutral Co ( más de 1000 kilometros de esta provincia) para”vender un barco”.
Lo llamativo del caso era que la misma Leveque argumentó a principios de 2020 la “imposibilidad” de Yannello de viajar a Buenos Aires para someterse a un peritaje sobre su real estado de salud con los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La misma defensa insistió en negar la presencia de Yannello en las sesiones de la III Megacausa por Delitos de Lesa Humanidad, antes de la pandemia, ni siquiera por vía virtual, por su “delicado estado de salud”.
Ahora Leveque prometió acompañar una serie de constancia medicas del dr Yanello de acuerdo a lo solicitado por el tribunal. El presidente del TOF Alberto Carelli puntualizó que” en realidad las constancias que solicitábamos era en relación al pedido del viaje cuya autorizacion había solicitado..
Juan Carlos Yanello
Si en cambio el magistrado inquiririó sobre si los abogados imponían al acusado Yanello sobre la marcha del proceso, lo que pue respondido afirmativamente.
Instancia de revisión del reenvío dispuesto por Casación
En septiembre de 2019 la Sala IV hizo lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a prisión perpetua impuestas a los ex magistrados Luis Miret (fallecido en septiembre de 2017), Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Otilio Romano, condenados en julio de 2017 por el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad consistentes, según el caso, en los delitos de privación abusiva de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, incumplimientos de deberes y asociación ilícita, hechos que el tribunal consideró constitutivos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio. Además, el fallo del máximo tribunal penal hizo lugar al recurso de revision interpuesto por el Ministerio Público Fiscal -representado por el fiscal general Dante Vega y Daniel Rodríguez Infante- frente a la absolución de tres acusados, una serie de hechos y el monto de algunas de las penas dictadas, según el caso. Daniel Rodriguez Infante explica el significado de la revisión de sentencia.
PRECISAR LAS DETENCIONES ARBITRARIAS
LA CORRELACION DE PENAS Y DELITOS
EL TRATAMIENTO DE LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
Por Horacio Verbitsky
Juan Carlos Yanello